El proyecto de presupuestos de Castilla y León para el 2027 presentado por el gobierno de PP y Vox para su aprobación cuenta con una importante modificación del único impuesto propio de Castilla y León, el 'Impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos, por las centrales nucleares y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión'.

Los cambios en el impuesto suponen unos beneficios fiscales 8.930.000 euros, según las previsiones recogidas en el proyecto de cuentas de la Junta. El Ejecutivo autonómico, formado por PP y Vox, introduce cambios fiscales en el Impuesto sobre la Afección Medioambiental como la exención de pago durante dos años para las nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas. Las empresas no abonarán el impuesto durante el ejercicio en el que comiencen a funcionar sus parques y el siguiente ejercicio completo. En el caso de la energía eólica, el periodo supone una reducción respecto a la exención de cinco años que se había aprobado en 2017. El proyecto de ley presupuestario está pendiente de aprobación por el parlamento autonómico, aunque la mayoría parlamentaria de PP y Vox permitirán su aprobación.

La Junta justifica este cambio por la evolución del sector en la Comunidad, que se ha consolidado como una de las principales potencias nacionales en energía eólica. La Administración autonómica defiende que mantener incentivos durante la puesta en marcha de las instalaciones permite evitar que la fiscalidad ambiental se convierta en un obstáculo para atraer nuevas inversiones.

Según la documentación presentada por el Ejecutivo autonómico, no tributan las placas solares situadas en tejados o cubiertas de edificios ni los parques en suelo que ocupen menos de cinco hectáreas. A estas excepciones se suman las instalaciones destinadas principalmente al autoconsumo y las dedicadas a investigación y desarrollo.

Descuentos por renovar los molinos y por invertir en los pueblos

El proyecto de Ley contempla, además, una bonificación del 20% sobre el incremento de la cuota tributaria para los parques eólicos con más de diez años de antigüedad que sustituyan sus aerogeneradores por otros de mayor potencia y reduzcan el número total de molinos. El incentivo se aplica durante dos ejercicios.

El objetivo de esta medida es favorecer la modernización de las instalaciones para producir la misma cantidad de electricidad o incluso más con menos aerogeneradores, reduciendo así la ocupación visual del territorio y los efectos sobre el paisaje y la fauna.

Otro beneficio fiscal pasa por las inversiones en el medio rural. Las empresas podrán deducirse el 20% de las cantidades destinadas a programas socioeconómicos y actuaciones de lucha contra la despoblación en los municipios directamente afectados por sus instalaciones, con un límite máximo del 30% de la cuota del impuesto.

Para acogerse a esta deducción deberán formalizar convenios con las entidades locales o con la Administración autonómica. El mecanismo pretende que una parte de los recursos empresariales revierta en los pueblos que acogen las infraestructuras energéticas, mediante actuaciones destinadas al desarrollo económico y a la fijación de población.

La norma encuadra estos incentivos en el carácter extrafiscal del tributo, es decir, en su finalidad de influir en la actividad de las empresas y no únicamente de recaudar. La Junta argumenta que Castilla y León produce más energía renovable de la que consume y que, por tanto, el territorio soporta parte de los costes ambientales y paisajísticos asociados a estas instalaciones.

Nuevas tarifas para los grandes aerogeneradores y parques fotovoltaicos

La reforma también actualiza las tarifas aplicables a la generación de energía eólica, que, según la documentación presupuestaria, permanecían sin cambios desde 2012. La nueva estructura incorpora tramos para aerogeneradores de mayor potencia: 14.000 euros por unidad para los que se sitúan entre 3.001 y 5.000 kilovatios y 16.000 euros para los que superan los 5.000 kilovatios.

El sistema establece un importe por aerogenerador que disminuye en relación con cada kilovatio de potencia a medida que aumenta el tamaño de los molinos. La intención, según la Junta, es favorecer instalaciones más eficientes y de mayor capacidad de generación.

Este impuesto también alcanza otras infraestructuras con impacto ambiental o visual, con la afección nueva del impuesto a los parques fotovoltaicos, exceptuando los menores de 5 hectáreas que estarán exentos. Tampoco se gravarán los destinados al autoconsumo, tanto en viviendas como industriales de autoconsumo, así como los de otros usos como los educativos, sanitarios, deportivos.

La generación de afecciones e impactos visuales y ambientales adversos por los parques eólicos, por los parques fotovoltaicos, por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y por los elementos fijos de redes de comunicaciones telefónicas o telemáticas situados en el territorio de la Comunidad de Castilla y León“. La documentación de la reforma incluye asimismo las instalaciones de telecomunicaciones dentro del ámbito regulado.

El secretario general de UGT Castilla y León, Óscar Lobo, ha criticado que los presupuestos de Alfonso Fernández Mañueco para 2027 sean “barra libre para las empresas” con dinero público entregado “a fondo perdido”. En una rueda de prensa celebrada este viernes, Lobo ha calculado que casi el 20% de las ayudas directas que se recogen sirvan para apoyar la actividad empresarial.

Castilla y León tiene el quinto salario medio más bajo del país, por lo que Lobo ha calculado que esto supone una pérdida de 3.400 euros anuales respecto a la media nacional. El sindicalista ha tildado de“inaceptable” que “se riegue con dinero público a las empresas” mientras los salarios crecen por debajo de la inflación. “Crece la riqueza del conjunto de la comunidad, pero cobramos menos”, ha protestado.

Lobo, que ha negado que las cuentas planteadas por PP y Vox sean “buenas para los trabajadores” porque “no tienen en cuenta la realidad salarial y no resuelven ni corrigen la desigualdad salarial”. Por este motivo ha reclamado “ayudas directas a los trabajadores para mejorar los salarios igual que se le dan ayudas a fondo perdido a las empresas”. También ha pedido que las ayudas a las empresas se vinculen a la mejora del poder adquisitivo de los trabajadores.

Óscar Lobo ha considerado que a los Presupuestos les falta “ambición” para afrontar el principal problema de Castilla y León: la despoblación y la marcha de personas en busca de “nuevas oportunidades”. “Esta comunidad necesita más gente y no vemos una política pública capaz de atraer y retener población”, ha afeado.

Vivienda

El secretario general autonómico de UGT ha considerado que no basta con las medidas planteadas por el Ejecutivo autonómico. “No es suficiente con las ayudas al alquiler, ni construir unas pocas viviendas, algunas de las cuales van al parque público”, ha manifestado Óscar Lobo, quien ha exigido el Ejecutivo de Mañueco que aplique la Ley de Vivienda y tope los precios del alquiler.

También ha rechazado que las rebajas impositivas se traduzcan en unos mejores servicios públicos y ha considerado que las rebajas a herencias y patrimonios “genera desigualdad”, mientras que las rebajas del tramo autonómico del IRPF se traduce en “unos pocos euros” para la mayoría de los trabajadores.

Lobo ha defendido la importancia del Diálogo Social como herramienta que “garantiza el progreso y la cohesión social” y ha pedido sentarse a negociar y “hablar de cómo se distribuye el dinero público” para “beneficiar al conjunto de los trabajadores”.

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado en el pleno extraordinario de este viernes una moción del PSOE, enmendada por el PP, para favorecer la colaboración institucional y la implantación de la gigafactoría de baterías eléctricas de la empresa china Gotion en la ciudad.

En esta sesión, sólo se han aprobado las enmiendas de sustitución del grupo popular —con algunos votos a favor y la abstención de los grupos de la oposición (PSOE y Valladolid Toma la Palabra)— y se han rechazado las enmiendas de su socio de gobierno, Vox.

Entre las enmiendas aprobadas se encuentran la reclamación al Gobierno de España que designe un representante para el grupo de trabajo que ya forman Gotion, la Junta de Castilla y León y el Consistorio, y que el Ayuntamiento defenderá la viabilidad del acceso directo a la VA-30 recogido en el PGOU y rechazado por Carreteras del Estado.

Otra medida se centra en la colaboración del Ayuntamiento en la redacción de los instrumentos de planeamiento necesarios para la urbanización y reparcelación de la Vereda de Palomares, donde está previsto que se instalen las fábricas. Por último, el Consistorio se ha comprometido a colaborar con la Junta para que el proyecto de Gotion pueda ser declarado proyecto industrial prioritario.

Trabajo “discreto y sin fisuras”

Antes de la votación, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha insistido en la necesidad de la implicación de todas las administraciones, en particular del Gobierno de España que no se ha incorporado a la Mesa de Trabajo.

Asimismo, ha subrayado que “no hay fisuras entre los socios de gobierno” y ha valorado el trabajo de la teniente de alcalde que ha permitido que el informe de impacto ambiental “esté encarrilado”, a la espera de que concluya el informe de Carreteras del Estado sobre los accesos a la VA-30.

El regidor ha insistido en que el equipo de gobierno va a seguir trabajando sin fisuras y de manera “discreta, decidida y sin hacer ruidos” y ha destacado que esto “no va de medallas ni de campaña electoral, va del corto, medio y el largo plazo del futuro de Valladolid”.

Peticiones de liderazgo

Por su parte, el portavoz socialista, Pedro Herrero, ha justificado que su grupo solicitara este pleno extraordinario en la necesidad de facilitar la implantación de Gotion para que Valladolid “no pierda una inversión histórica” y ha recordado que la ciudad aspira “a tener la primera fábrica integral de vehículos eléctricos en Europa”.

“Debemos de estar todos a una, unida toda la Corporación”, ha señalado, antes de pedir liderazgo al regidor en la adquisición del suelo (la mayoría es de titularidad privada) y la declaración de proyecto industrial prioritario, que depende de la Junta de Castilla y León.

La portavoz de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Rocío Anguita, también ha pedido liderazgo a Carnero, ha criticado el hermetismo del equipo de gobierno y ha recordado que el Gobierno de España ya ha invertido 138 millones del PERTE VEC 5, ya que el plazo para ponerlo en marcha es de cinco años.

Críticas a Puente

Por parte del equipo de gobierno, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona (PP), ha explicado que tanto la Junta como el Ayuntamiento mantienen reuniones regulares con la empresa y ha insistido en que, para seguir adelante con este proyecto, se “necesitan muchas cosas”, como una red eléctrica adecuada al tamaño de la empresa.

Las críticas más duras han venido por parte de la teniente de alcalde, Irene Carvajal (Vox), que ha manifestado su apoyo al proyecto, aunque no una aceptación “acrítica” de las peticiones del Gobierno y ha criticado el oportunismo del PSOE.

En concreto, Carvajal ha criticado los “obstáculos” que a su juicio supone la intervención del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (PSOE), en la gestiones para la venta de terrenos de particulares y ha asegurado que negoció con Gotion un precio de 6 euros por metro cuadrado “a espaldas de los empresarios”.

El pleno de las Cortes de Castilla y León ha aprobado este miércoles, con los votos favorables de PP y Vox, el rechazo del PSOE, UPL y Por Ávila y la abstención de Soria Ya, un Límite de Gasto No Financiero -techo de gasto- para 2027 que asciende un 6,5% respecto al anterior y que deja ese umbral en 15.104,54 millones.

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido esta propuesta de la Junta ante el pleno, donde ha asegurado que este primer paso presupuestario para 2027 se asienta en un “escenario realista” de la macroeconomía y con muestras de crecimiento económico en la Comunidad, que se moderará en el próximo ejercicio pero permitirá seguir disminuyendo el paro, según su cálculo.

En concreto, en materia de empleo, este techo de gasto prevé que en 2027 la tasa de paro descendería al 8,1 por ciento, frente al 8,3 por ciento con el que la Junta piensa cerrar el actual ejercicio; en consonancia con la previsión de que el crecimiento económico ascienda el 2,7 por ciento al terminar 2026 -medio punto por encima de la previsión inicial- y que el crecimiento quede limitado al 2,3% en 2027.

Tras desgranar las cifras y reivindicar un cambio en la propuesta de modificación de la financiación autonómica, Carriedo ha pedido el respaldo de la Cámara a este techo de gasto, que en su opinión genera “estabilidad, seguridad y confianza al conjunto de la sociedad” y que es lo que los ciudadanos “esperan” de sus representantes.

Los grupos fijan posición

Tras escuchar al consejero, los grupos parlamentarios han fijado posición al respecto y en el caso del Grupo Popular ha sido la procuradora Marta Arroyo quien ha defendido la bondad de este techo de gasto porque “tras esos millones hay mucho más”, en referencia a una situación económica en crecimiento, unas previsiones de ingresos, una fiscalidad y una “decisión política” de afrontar 2027 con “ambición”.

Este límite de gasto permitirá a la Junta, según Arroyo, una “mejor y mayor disposición para hacer política pública, desde la responsabilidad, sin gastar por gastar”, pero para que Castilla y León “siga siendo una de las mejores comunidades de España”, con unos presupuestos “serios”.

Sin embargo, la representante del PP ha puntualizado que ese será un debate posterior, en el que ha dado por hecho que se plasmará el acuerdo de gobierno alcanzado por su partido y Vox.

En el caso del PSOE, ha tomado la palabra la procuradora María Isabel Fernández, crítica con que la Junta sea “optimista con el dinero de todos”, pero sea “parca en las explicaciones”, en un año en que recibirá un 7,8 por ciento más de recursos procedentes de la financiación autonómica.

La portavoz socialista ha esgrimido el informe del CES sobre las cuentas y las medidas fiscales previstas por la Junta para 2027, que en su opinión dibujan un “techo antisocial en vivienda y juventud”, con críticas a herramientas como la cuenta ahorro vivienda para jóvenes, ya que obvian que quienes están de alquiler no tienen capacidad de ahorro para ingresar en esa cuenta.

Además, ha alertado de la modificación de hasta 13 leyes autonómicas por la vía de la Ley de Medidas y en este punto ha afeado a Vox que ahora apoye esa dinámica tras criticarla en el ejercicio anterior.

En el caso de Vox, ha tomado la palabra el exconsejero y actual portavoz adjunto del Grupo, Mariano Veganzones, quien ha comparado el “fracaso socialista” en materia presupuestaria tras años sin aprobar cuentas a nivel nacional y lo que ocurre en Castilla y León, “gracias a Vox”, al estar convencido de que presentarán las cuentas a tiempo y serán aprobadas.

No obstante, Veganzones ha avisado de que el apoyo de hoy al techo de gasto “no es un cheque en blanco” sino un “contrato con 324 cláusulas”, en referencia a las medidas incluidas en el pacto de gobierno de PP y Vox.

En este sentido, Veganzones ha presumido de que Vox ha propuesto y sacado adelante recortes del 25 por ciento en la publicidad institucional de las Cortes y del 35 por ciento en las aportaciones del Consejo Económico y Social a sindicatos, patronal, organizaciones agrarias y consumidores. “Hay que dar ejemplo”, ha indicado, sobre lo que puede ocurrir en el presupuesto autonómico.

Sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que “ni tiene techo ni tiene casa” porque es “un desahuciado de la Moncloa”.

El Grupo Mixto, reticente

En el caso de la portavoz de UPL, Alicia Gallego, ha defendido que su partido no puede apoyar este límite de gasto porque llega “tarde”, contiene “mentirijillas” respecto a la realidad de las provincias y PP y Vox no han tenido la “cortesía parlamentaria” de contactar con los grupos para hablar de su contenido, por lo que ha quedado a la espera para “conversar” sobre el futuro proyecto de presupuestos.

El representante de Por Ávila, Pedro Pascual, ha pedido “respeto” y consideración hacia todos los grupos cuando se presenten enmiendas a los presupuestos, que es donde espera comprobar si “vuelven a poner a Ávila a la cola de las inversiones”.

Por último, el procurador de Soria Ya, Ángel Ceña, se ha preguntado por qué la Junta en esta ocasión no ha llamado a los pequeños partidos para hablar sobre el techo de gasto, algo que sí hizo el consejero el pasado año, cuando no tenía garantizado el apoyo: “No es revolucionario llamarnos”, ha ironizado, convencido de que no puede dar un “cheque en blanco” con la aprobación.

Renfe ha asegurado que el número de trabajadores en la Base de Mantenimiento de Miranda de Ebro (Burgos) se mantiene, cumpliendo el compromiso de la empresa de garantizar el empleo y la carga de trabajo tras el cierre del taller de Material Remolcado y el traslado del personal al de Motor.

En una nota de prensa, la empresa ha explicado que, a través del Concurso anual de Movilidad 2026 y de manera voluntaria, se suman a la Base de Mantenimiento un total de 8 trabajadores, y está previsto que se incorporen otros cuatro procedentes de la Oferta Pública de Empleo 2026 (3 eléctricos y 1 ajustador).

De este modo, se producirá la incorporación de 12 personas, que equivalen a los 12 trabajadores de Miranda que, a su vez, dentro del Concurso de Movilidad, han solicitado voluntariamente su traslado a otros talleres de la empresa, ha defendido Renfe tras las críticas de los sindicatos.

Además, la compañía también continúa impartiendo cursos de adaptación del personal al material 447, cuya última formación se celebró en septiembre y que tendrán continuidad para acompañar la progresiva renovación del parque ferroviario.

De cara al periodo 2027-2028, Renfe prevé la incorporación de personal adicional como respuesta al incremento de actividad en el área de Motor.

A estos proyectos se suma la futura planta de reciclaje de material ferroviario, que estará ubicada en Miranda de Ebro y que permitirá ordenar todo el proceso de fin de vida útil de los trenes y reforzará el papel de la localidad como enclave estratégico para la actividad industrial y de mantenimiento de la compañía.

La empresa ha recordado que los últimos cuatro años, Renfe Ingeniería y Mantenimiento ha destinado más de 3,75 millones de euros a la modernización de las instalaciones de Miranda de Ebro, principalmente en la Base de Mantenimiento de Motor.

Además, se han invertido más de 600.000 euros en la adecuación de espacios para albergar el mencionado Centro de Competencias Digitales (CCD).

El paro aumentó en septiembre en 2.394 personas en Castilla y León respecto al mes anterior, el cuarto mayor incremento autonómico que deja en 100.717 los desempleados en la comunidad, en un mes en el que se crearon 1.440 empleos, con lo que los afiliados a la Seguridad Social suman 1.020.528.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este viernes los datos de paro y afiliación de septiembre que dejan a Castilla y León con 21.399 cotizantes más que hace un año.

Más paro que hace un año

En cuanto al paro, también hay más parados en la comunidad que hace un año, en concreto 2.694 desempleados más, con un repunte anual del 2,75% frente al -1,74 de caída nacional.

El paro aumentó en todas las provincias respecto a agosto, hasta el 4,25% en Ávila, 3,81 en Segovia, 3,38 en Salamanca, 2,89 en León, 2,78 en Soria, y 2,55 en Burgos, por encima del 2,43 del dato autonómico, y con el 0,76% en Valladolid como menor subida.

Y subió en todas las actividades, con 1.391 parados más en el sector servicios, 538 en el colectivo de sin empleo anterior, 250 en la industria, 121 en agricultura y 94 en la construcción.

El paro bajó en dos comunidades Canarias (-4.156) y La Rioja (-135), con subidas en las 15 comunidades restantes, encabezadas por Andalucía (6.733), Comunidad de Madrid (2.773), Galicia (2.746) y Castilla y León (2.394).

El paro joven se dispara un 15%

En septiembre aumentó especialmente el paro en el grupo de menos de 25 años, con 1.168 desempleados más en Castilla y León que en agosto, con un aumento del 15,01%, frente al 1,35 que se registró en el de mayores de 25 años.

Y 1.332 fueron parados masculinos y 1.062 femeninos, con aumentos del 3,39 y 1,80% respectivamente.

16.722 contratos más en septiembre

En septiembre se formalizaron 70.820 contratos en la comunidad, 16.722 más que en el mes anterior con un repunte del 30,91%, por debajo del 39,55% nacional; de ellos 25.987 fueron contratos indefinidos, 9.188 más que el emes anterior, con un aumento del 54,69%, también por debajo del 60,57% de media autonómica.

En cuanto a las ayudas por desempleo llegaron, en este caso con datos de agosto, a 74.427 personas en la comunidad, con 41.596 prestaciones contributivas, 32.813 subsidios y 18 rentas activas de insercion.

 La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves una propuesta de Límite de Gasto No Financiero -techo de gasto- para 2027 de 15.104,54 millones de euros, el 6,5 por ciento más respecto al último aprobado, el de 2026, aunque en ese caso finalmente no tuvo reflejo en un presupuesto autonómico aprobado.

Ha sido el consejero de Economía y Hacienda y portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, quien ha detallado estas cantidades, que han sido pactadas en el seno del Consejo de Gobierno y que previsiblemente serán aprobadas en el próximo pleno de las Cortes de la próxima semana, al menos con el apoyo de los grupos parlamentarios de PP y Vox.

En materia de empleo, este techo de gasto prevé que en 2027 la tasa de paro descendería al 8,1 por ciento, frente al 8,3 por ciento con el que la Junta piensa cerrar el actual ejercicio; en consonancia con la previsión de que el crecimiento económico ascienda el 2,7 por ciento al terminar 2026 -medio punto por encima de la previsión inicial- y que el crecimiento quede limitado al 2,3% en 2027.

En este sentido, el consejero de Economía y Hacienda ha explicado que la Comunidad seguirá creciendo en 2027, apoyada en el crecimiento económico y que la recaudación de impuestos “está funcionando bastante bien”, “pero seguramente a un menor ritmo” que en el ejercicio actual, en un escenario macroeconómico avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

400 millones menos por fondos Next Generation

Como lastre de esa previsión de crecimiento económico y que tiene efecto en la contención del techo de gasto, Carriedo ha mencionado la finalización de los periodos de ejecución de los fondos europeos Next Generation, que fueron “muy intensos” en los últimos años, pero que harán perder unos 400 millones de euros al año.

En este sentido, la Consejería de Economía y Hacienda ha detallado que con los últimos datos disponibles la Junta ha ejecutado 1.873 millones de euros de esta vía de financiación en el último año, lo que equivale al 85 por ciento de lo disponible, aunque aún restan meses para justificar esas inversiones en determinadas materias como vivienda, con Castilla y León como la segunda autonomía con mayor grado de ejecución.

En la práctica, Carriedo ha comparado los 1.288 millones de euros de que dispondrá en 2027 con los 1.657 millones que fueron cuantificados en 2024, último presupuesto aprobado.

Un segundo motivo de contención del techo de gasto es la renuncia de la Junta de Castilla y León a ingresar unos 250 millones de euros por la vía impositiva, aunque Carriedo ha defendido que el hecho de que ese dinero esté en manos de empresas y ciudadanos contribuye a la dinamización de la economía y genera ingresos por otras vías.

Entregas a cuenta del Estado al alza

El principal pilar del techo de gasto y del futuro proyecto de ley de Presupuestos son los impuestos estatales sobre los que la Comunidad tiene participación -IRPF, IVA, entre otros- y las transferencias del Estado, articuladas a través del modelo de financiación autonómica, que suman 10.788 millones de euros para 2027 y que equivalen al 71% del total del techo de gasto.

Según los datos aportados por Carriedo, esas entregas del modelo de financiación han aumentado el 19,5 por ciento respecto a las últimas plasmadas en un presupuesto autonómico aprobado, el correspondiente a 2024, cuando fueron de 9.028 millones.

En total, los ingresos no financieros ascenderán a 15.011,75 millones, a los que la Junta suma los 85,01 millones de euros procedentes del límite de déficit permitido por el Estado y los 7,78 millones de euros correspondientes a ajustes de contabilidad nacional.

En el caso de la deuda pública que prevé la Junta para 2027, el consejero ha desgranado que el objetivo es reducirla hasta una cantidad equivalente al 17,3 por ciento del PIB autonómico, casi seis puntos por debajo del umbral más alto alcanzado en los peores años de la última crisis económica.

El proyecto de Presupuestos, en plazo

El portavoz ha detallado que la idea es que la próxima semana el pleno de las Cortes de Castilla y León debata y apruebe el techo de gasto y que el día 8 de octubre la Junta cuente ya con el informe del Consejo Consultivo sobre el proyecto de Ley de Medidas Financieras, Administrativas y Fiscales que acompañarán a las cuentas públicas.

Con el cumplimiento de esos plazos, Carriedo ha dado por hecho que la Junta podrá cumplir con los tiempos marcados por el Estatuto para la presentación del proyecto de ley de Presupuestos, antes del 15 de octubre.

Sobre la negociación del contenido de los presupuestos entre PP y Vox como socios de gobierno, el consejero ha celebrado el “espíritu de muy buena colaboración” entre los diferentes departamentos del Ejecutivo, para tener una “visión global” que permita avanzar en el cumplimiento del pacto de gobierno que suscribieron.

Pese a las preguntas al respecto, Carriedo ha descartado anticipar parte del contenido presupuestario, por ejemplo en materia de vivienda y ayudas al alquiler, y ha preferido esperar a ir cumpliendo los plazos.

Los representantes sindicales de UGT y CCOO en Renault, Adolfo Arnáez y Sergio García, han informado este martes de que la menor actividad y la bolsa de horas acumuladas llevarán a parar durante dos semanas la factoría de Palencia, mientras que la de Valladolid lo hará este jueves y viernes y, posteriormente, todos los viernes de octubre.

Los sindicalistas han explicado en una rueda de prensa que las plantas afrontan una “travesía en el desierto” que puede prolongarse durante unos dos años, hasta la llegada de los cinco nuevos vehículos adjudicados a Castilla y León para estas dos plantas. Renault Group ha atribuido los parones a un “hecho coyuntural” y ha defendido que la firma del convenio colectivo permite “adaptarse” a la demanda del mercado con “herramientas de flexibilidad”.

Pese a esta situación, Arnáez y García han puesto en valor el acuerdo alcanzado entre la empresa y la mayoría de la representación sindical, formada por UGT y CCOO, y los mecanismos de flexibilidad pactados para afrontar la caída de actividad y preservar los puestos de trabajo. “El acuerdo asegura que este valle no se convierta en un precipicio”, ha García, quien han defendido que la adjudicación de los cinco nuevos modelos garantiza un horizonte para las factorías y también para las empresas auxiliares que dependen de su actividad.

La compañía multinacional también ha valorado el acuerdo firmado, que posibilitará la llegada “de nuevos modelos que reemplacen a los actuales” que se fabrican en Valladolid y Palencia, lo que se traduce en un “horizonte asegurado” para estas dos factorías que se adaptarán al “futuro mercado”.

Los sindicatos conocían cuando se alcanzó el acuerdo que el desarrollo de los nuevos vehículos requeriría alrededor de dos años, aunque han reconocido que la principal incertidumbre se encuentra ahora en las previsiones de fabricación de los próximos meses, especialmente a partir de la primavera.

Ante ese escenario, han defendido continuar por la vía del acuerdo y recurrir a los mecanismos de flexibilidad pactados con Renault para atravesar este periodo de menor producción y tratar de mantener el empleo hasta la llegada de los nuevos modelos.

Renault Group ha garantizado a elDiario.es que ambas plantas tienen el “horizonte asegurado” tras el anuncio de inversión de 600 millones para la fabricación de cinco nuevos modelos, incluida una plataforma, “la más moderna del grupo”, que permitirá la producción de vehículos “cien por cien eléctricos de altísimo nivel”.

El PSOE pide anticiparse a la incertidumbre

Por su parte, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, ha reclamado a la Junta que se adelante a la incertidumbre que atraviesa la automoción y adopte medidas para acompañar los próximos dos años de menor actividad previstos en Renault, en lugar de actuar “a rebufo” de los acontecimientos.

Martínez ha mantenido este martes una reunión con representantes sindicales de UGT y CCOO en Renault tras la que ha agradecido la “responsabilidad” de trabajadores, sindicatos y empresa, pero ha considerado que las administraciones “no pueden estar permanentemente a verlas venir” ante un periodo de adaptación que puede generar tensiones.

Por ello, ha reclamado a la Junta que reactive la Mesa de la Automoción en la Comunidad y avance en un plan estratégico para el sector que permita “adelantarse a los acontecimientos” mediante políticas públicas, en lugar de limitarse a reaccionar cuando aparezcan los problemas.

La Dirección de Renault parará la producción de la factoría de Palencia entre el 1 y el 19 de octubre para adaptarla a las fluctuaciones de la demanda en Europa, ajustar los volúmenes fabricados a las necesidades del mercado y contribuir a mantener la competitividad y eficiencia de la planta.

La dirección de Renault ha confirmado oficialmente este lunes a los trabajadores esta decisión, que sospesaba desde la semana pasada, y que se hará efectiva desde este jueves, 1 de octubre, en la factoría palentina donde se fabrican los modeles Austral, Espace y Rafale, según ha confirmado CCOO.

La planta, en la que se trabaja desde junio a un solo turno, detendrá su producción temporalmente entre el 1 y 19 de octubre.

Al respecto, el sindicato CCOO pide “responsabilidad y tranquilidad ante el momento de incertidumbre que atraviesa el sector del automóvil, y en particular, en las plantas de Renault de España”.

Cambios en la industria

El sindicato reconoce que la transformación de la industria, la competencia internacional, los cambios tecnológicos y la evolución del mercado están generando un periodo de menor actividad, pero insiste en que esta situación debe entenderse como una etapa de transición y no como una pérdida estructural de empleo.

Sergio García, delegado de CCOO en Renault España, señala la apuesta industrial de 600 millones de euros que afecta directamente a las plantas de Valladolid y Palencia y que se acompaña de un nuevo plan industrial con cinco vehículos ya asignados.

Reconoce que los próximos meses estarán marcados por un descenso de la actividad productiva, una circunstancia que genera preocupación entre la plantilla por su impacto en los turnos, la carga de trabajo y el empleo.

Pero subraya que “existe un horizonte industrial definido que permite afrontar esta etapa con una perspectiva diferente”.

Medidas temporales y proporcionadas

Por ello, el sindicato exigirá que cualquier medida que pueda adoptarse en este periodo de transición tenga carácter temporal, sea proporcionada y esté orientada a mantener el empleo hasta la llegada de los nuevos productos comprometidos.

La organización sindical insiste en que la transición del sector no puede traducirse en un debilitamiento de la industria del automóvil en España, sino que es imprescindible aprovechar este proceso para reforzar la capacidad de las plantas españolas para fabricar los vehículos, componentes y tecnologías que demandará el mercado en los próximos años.

La organización pone en valor la experiencia, la cualificación y el compromiso de la plantilla de Renault, así como el peso industrial que mantienen los centros de Valladolid y Palencia dentro del Grupo Renault.

A su juicio, estos activos deben ser una garantía para afrontar el siguiente ciclo industrial con mayores y mejores oportunidades.

Actitud vigilante

CCOO ha advertido al respecto que mantendrá una vigilancia permanente sobre el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la empresa en materia de inversión y producto.

El objetivo, asegura el sindicato, es que “el actual valle de actividad sea un periodo transitorio que permita llegar al nuevo ciclo industrial preservando el empleo y el futuro de miles de familias en Castilla y León”.

La empresa ya señaló la semana pasada a EFE que este tipo de ajustes forman parte de la flexibilidad con la que opera la fábrica, como ya ocurrió con paradas en julio y septiembre para adaptar la producción a la demanda. 

El grupo de trabajo de Nissan, constituido el pasado 20 de julio después de que Renault anunciara que abandonará a finales de 2026 su relación con la planta de Ávila, sigue buscando proyectos encaminados a garantizar la continuidad de la factoría abulense, en la que trabajan unas 450 personas.

Para ello, este martes se ha celebrado una nueva reunión del grupo en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, con el objetivo de “dar continuidad a la estrategia de mantenimiento de la actividad de la fábrica de Nissan” y “avanzar en la búsqueda de nuevos proyectos que permitan garantizar su futuro industrial”, ha informado la Administración autonómica.

A la reunión han asistido de forma presencial el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero; el presidente de la Diputación Provincial, Carlos García González; el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, y representantes del comité de empresa de Nissan.

“Suplir la carga de trabajo”

De forma telemática han participado el viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina; el director general de Industria, Mariano Muñoz Fernández, y el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios Costa.

Durante el encuentro se ha incidido en “la necesidad de seguir trabajando para encontrar nuevos proyectos de inversión, especialmente vinculados al sector de la automoción”, que permitan “suplir la carga de trabajo y contribuyan a asegurar el compromiso de Nissan de mantener su actividad en Ávila”.

La colaboración entre administraciones y la representación de los trabajadores persigue “impulsar alternativas que permitan mantener la actividad industrial de la planta y preservar el empleo asociado a la fábrica”

En este sentido, los participantes han subrayado la importancia de que la carga de trabajo que actualmente desarrolla la planta “pueda ser complementada con nuevos proyectos de inversión en el sector de la automoción, generando nuevas oportunidades industriales y reforzando el posicionamiento de Ávila como enclave para la actividad vinculada a este sector”.

A su juicio, la estrategia pasa por “continuar identificando y trabajando sobre posibles proyectos de inversión que puedan implantarse o desarrollarse en la fábrica, de manera que contribuyan a garantizar su continuidad y permitan dar estabilidad a la actividad y al empleo”.

La próxima reunión del grupo de trabajo tendrá lugar el 23 de octubre en la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León, en Valladolid.

La Junta de Castilla y León ha iniciado la tramitación para declarar como Proyecto Regional el centro de datos hiperescalar orientado a inteligencia artificial que está previsto en el polígono industrial Zamora Norte, en el término municipal de Monfarracinos (995 habitantes). El proyecto, promovido por Edison Next Spain SLU y FRV-X Renewable SLU, contempla una capacidad total de 200 megavatios (MW) de tecnología de la información, distribuida en cinco edificios de 40 MW cada uno, además de las infraestructuras necesarias para garantizar su suministro energético.

La resolución del Comisionado para la Despoblación y la Ordenación del Territorio, fechada el pasado 11 de septiembre, aparece publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y abre un periodo de 45 días de información pública, audiencia y participación. El expediente había recibido previamente el informe favorable de la Consejería de Economía y Hacienda, emitido el 2 de marzo de 2026.

El proyecto regional no se limita al recinto del centro de procesamiento de datos. La documentación incluye también las instalaciones energéticas asociadas, entre ellas un parque fotovoltaico, una subestación y una línea de evacuación, que se desplegarían sobre terrenos rústicos de Monfarracinos, Molacillos, Gallegos del Pan, Benegiles y Aspariegos.

La propia Junta define la actuación como un campus hiperescalar 'off-grid', orientado a inteligencia artificial y diseñado para ofrecer alta disponibilidad y autonomía energética. El objetivo del Ejecutivo autonómico es dar respuesta tanto a las necesidades de este tipo de instalaciones como a las limitaciones del sistema eléctrico nacional.

El centro de datos se localizaría sobre dos parcelas del área industrial Zamora Norte, delimitada y ordenada mediante el Plan Regional de Ámbito Territorial aprobado en 2024. El proyecto incorpora las denominadas zonas de datos y zonas de energía y establece una capacidad IT conjunta de 200 MW.

La Junta ha calificado a esta iniciativa como figura de Proyecto Regional. Esto significa, según la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, que la aprobación de este tipo de instrumentos puede determinar la declaración de utilidad pública e interés social y la necesidad de urgente ocupación de los bienes y derechos necesarios para su ejecución, a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal o modificación de servidumbres.

El expediente también estará sometido a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. La resolución publicada en el Bocyl recuerda que este procedimiento resulta de aplicación conforme a la legislación ambiental estatal. La iniciativa ya había sido comunicada por la Junta antes de comenzar formalmente su tramitación. El Gobierno autonómico informó en marzo de que se disponía a tramitar como Proyecto Regional el centro de datos hiperescalar previsto en Zamora Norte. El proyecto prevé una importante inversión y la creación de alrededor de medio millar de puestos de trabajo.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan DORA III, el plan de inversiones y de tasas aeroportuarias de Aena entre 2027 y 2031, con inversiones en la red de aeropuertos española de unos 13.000 millones en esos cinco años, 58 de ellos para los cuatro aeropuertos de Castilla y León.

El Ministerio de Transportes ha detallado en un comunicado que en el aeropuerto de Burgos se invertirán 9,8 millones, con 16,3 en el de León, 12,7 en el de Salamanca y 18,5 en el de Valladolid.

En concreto, los 9,8 millones para el aeropuerto de Burgos se dirigirán a la mejora de la seguridad, con equipamientos de seguridad y vehículos SEI, control perimetral; el incremento de la seguridad operacional con la regeneración de calle de rodaje a hangares; sistemas de información y comunicaciones y actuaciones de sostenibilidad en calderas y climatización.

En León, los 16,3 millones permitirán actuaciones en campo de vuelo y plataforma; la mejora de los equipamientos de seguridad, el incremento de la seguridad operacional en vehículos y en sistemas de información y comunicaciones.

En cuanto a Salamanca, los 12,7 millones permitirán mejoras en el edificio terminal, en concreto en la sala de embarque y una nueva acometida de agua potable; también se invertirá en la adecuación de pavimento en zona SEI, la mejora del equipamiento de seguridad y sistemas de información y comunicaciones.

Y en Valladolid, esos 18,5 millones irán destinados a actuaciones de mejora de procesos y calidad en área terminal, con mejoras en sala de embarque, climatización, accesos peatonales, renovación de aseos.

También a actuaciones en campo de vuelo y plataforma, con instalación LED en pistas y rodaduras; la mejora del equipamiento de seguridad; el incremento de la seguridad operacional, con actuaciones en el pavimento plataformas SEI y hangares; y en sistemas de información y comunicaciones.

El Ministerio ha detallado que esos casi 13.000 millones saldrán de los ingresos del propio sistema aeroportuario español gestionado por la empresa pública Aena, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Al respecto, el ministro Óscar Puente ha explicado que el DORA III contempla prácticamente una congelación de las tarifas, con apenas un incremento de la tarifa aeroportuaria media de tres céntimos de euro por pasajero al año.

El índice de precios de consumo (IPC) se disparó al 4,7 por ciento en agosto en Castilla y León respecto al mismo mes del 2025, el tercer mayor dato autonómico junto a Castilla-La Mancha y Madrid, con un incremento mensual de la inflación de nueve décimas en el último mes.

Son datos que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que indican que la inflación aumentó más en la comunidad que en el conjunto nacional, donde el dato anual se situó en el 4,3 por ciento, por el aumento de carburantes y combustibles.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en agosto, Cantabria presentó el mayor aumento (5,1%) y Canarias el menor (3,8%).

En agosto subieron especialmente en la Castilla y León los precios de la electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 14,6 por ciento y el 2,3 mensual; un 7,9 por ciento los servicios de alojamiento, el 2,7 respecto a julio; y un 2,3 el alquiler de vivienda, dos décimas en dato mensual.

Burgos, la provincia más inflacionista de España con un IPC del 5,5%

Burgos fue la provincia de España que anotó un mayor IPC en agosto, con un 5,5 por ciento, en un mes en el que los precios subieron en todas las provincias de Castilla y León, con el 4,1 de Zamora como menor dato.

En León el IPC anual se situó en agosto en el 4,9 por ciento, con un 4,8 en Salamanca, el 4,7 en Soria, 4,5 en Ávila, 4,6 en Palencia y 4,4 en Valladolid y Segovia.

En cuanto al dato mensual, los precios subieron respecto a julio en todas las provincias de la comunidad, con un 1,2 por ciento en Ávila, el 1 por ciento en Burgos y León, nueve décimas en Salamanca, Segovia y Soria, ocho en Palencia, siete en Zamora y seis décimas en Valladolid.

El dato de agosto deja una inflación acumulada del 3,6 por ciento en esos ocho primeros meses del 2026, tres décimas más que el dato nacional, con un 4,2 en Burgos y 4 por ciento en León, y el 2,8 de Zamora como menor incremento.

Los alimentos, tres décimas más baratos que en julio

En cuanto a la cesta de la compra, el precio de los alimentos se ha encarecido un 2,4 por ciento en el último año en Castilla y León, con una bajada intermensual de tres décimas.

La carne de vacuno se ha encarecido un 10,6 por ciento en el último año en Castilla y León, y medio punto respecto a julio; la de ovino ha subido un 5,4 en doce meses y un 1,4 en el último; y la del porcino, aunque está un 2,4 por ciento más barata que en agosto del 2025, ha subido dos décimas en el último mes.

Los huevos se abarataron medio punto en agosto respecto a julio en la comunidad, aunque siguen estado un 15,4 por ciento más caros que hace un año.

El pan, un producto básico, está un 2,1 por ciento más caro que hace un año y seis décimas más que en julio; el pescado ha subido un 9 por ciento respecto a agosto del 2025, con un -0,1 mensual; y la leche anotó un aumento de ocho décimas en su precio en el último mes, y de medio punto en el último año.

Las patatas, el azúcar, el café y el cacao: más baratos

En el grupo de alimentos que están más económicos que hace un año figuran las patatas, cuyo precio ha caído nueve décimas en doce mese y un 2,8 en el último; el azúcar, que está un 2,6 por ciento más barato que hace un año, aunque ha subido una décima en el último mes; y el café y cacao, un 2,9 por ciento más barato que en agosto del 2025 aunque ha subido medio punto respecto a julio.

La fruta fresca se ha abaratado un 4,5 en el último mes aunque está un 5,7 por ciento más cara que hace un año; y el aceite y grasas han bajado cuatro décimas en dato mensual, aunque estás un 5,4 por ciento más caro que hace un año.

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves renovar la contratación del servicio de extensión de cobertura vía satélite del canal La7 de Castilla y León Televisión, por 605.000 euros, para dos años prorrogables hasta un máximo de 36 meses adicionales, que dará servicio a unos 6.000 hogares.

Este servicio, según ha explicado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, permitirá hacer llegar la señal a aquellas zonas donde no llega mediante la red de televisión digital terrestre (TDT).

Esta señal vía satélite llegará a través de la plataforma satelital de la compañía Hispasat, que también se encargará del mantenimiento de las infraestructuras necesarias para prestar este servicio.

El contrato también incorpora la gestión de los sistemas de acceso condicional que permiten autorizar los equipos receptores y garantizar la seguridad de los contenidos difundidos.

Castilla y León sumó en agosto 2.010 parados, lo que deja en 98.323 los desempleados en esa comunidad, un 2,09% más que en julio, frente al 1,92% de aumento a nivel nacional, a la vez que el número de cotizantes a la Seguridad Social ha bajado en 3.102, lo que supone una pérdida del 0,30%, hasta dejarlos en 1.019.088 afiliados.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este miércoles los datos de paro y afiliación de agosto en Castilla y León, que recogen que la Comunidad tiene 144 parados más que en el mismo mes del 2025, el 0,15% más, mientras que a nivel nacional se observa una bajada interanual del 2,91% (70.593 parados menos).

En cuanto a la Seguridad Social, en comparativa anual, Castilla y León cerró agosto con 18.946 cotizantes más que hace un año, el 1,89% más, por debajo del 3,13% registrado a nivel nacional.

El paro registrado en agosto subió respecto a julio en todas las autonomías, excepto en la ciudad autónoma de Ceuta, donde bajó el 1,76% (148 personas), con los peores datos en Cataluña (4,63% de subida), Baleares (3,31%) y Murcia (2,71%), con Castilla y León con el noveno incremento.

Afiliados extranjeros regularizados

La pérdida de afiliados a la Seguridad Social sería mayor en caso de no haber contabilizado en agosto las nuevas afiliaciones procedentes del proceso de regularización extraordinaria de trabajadores extranjeros, que ha aportado en Castilla y León hasta el momento 14.452 nuevas altas, que representan el 4,3% de total realizado en España (337.917).

En este registro, Castilla y León es la sexta autonomía con un más elevado número de trabajadores extranjeros regularizados, superada únicamente por la Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Canarias.

El paro subió en todas las provincias

El paro subió en agosto en todas las provincias respecto a julio, aunque lo hizo más en Burgos, con un incremento del 4,16%, seguido de Segovia (3,36%), Valladolid (2,46%), Zamora (2,40%), Palencia (2,30%) y Ávila (2,27%), todas ellas por encima de la media autonómica.

Por debajo del 2,09% de subida en Castilla y León se situaron los alzas del paro en Soria (1,47%), Salamanca (1,18%) y León (0,59%).

Y respecto a agosto de 2025, el desempleo aumentó más en Soria, hasta el 9,08%, seguida de Valladolid (2,32%), Palencia (1,74%) y Burgos (1,14%); mientras que descendió el dato interanual en Salamanca (2,16%), León (1,81%), Ávila (0,80%), Segovia (0,58%) y Zamora (0,42%).

Aumento en todos los sectores

El desempleo aumentó en todos los sectores, excepto en Agricultura, que presentó una ligera bajada de 6 trabajadores; mientras que en el resto de sectores se registraron subidas del paro, en especial en el de Servicios, que anotó 1.469 parados más que en julio, con 225 más en Industria, 128 en Construcción y 194 en el colectivo de sin empleo anterior.

Castilla y León cerró agosto con 2.071 mujeres más en las listas del paro y 939 hombres, con un aumento de 481 parados en el grupo de menores de 25 años.

Con esos datos, la Comunidad cierra agosto con 39.274 hombres desempleados y 59.049 mujeres; y 7.782 menores de 25 años sin empleo.

54.098 contratos en agosto: 2.018 más que en 2025

En cuanto a la contratación, Castilla y León anotó en agosto 54.098 contratos, que suponen 17.589 y un 24,54% menos que en julio, cuando se producen la mayoría de las contrataciones vinculadas al verano.

En cambio, a nivel interanual, el dato de Castilla y León mejora los resultados del pasado año, con hasta 2.018 contratos más, lo que representa un incremento del 3,87%.

Del total de contratos, 16.799 fueron indefinidos, 6.056 menos que el mes anterior, mientras que otros 39 fueron firmados con personas con discapacidad, 1.564 fueron conversiones de contratos y los restantes 37.299 fueron temporales.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, con datos de julio, fueron 73.165, 6.225 más que en el mes anterior, de las cuales 40.225 fueron prestaciones contributivas, 32.920 subsidios y 20 rentas activas de inserción.

El número de afiliados a la Seguridad Social sube en Castilla y León un 1,78% anual (17.830 cotizantes más), por debajo de la media nacional (2,94%). En un mes este número de cotizantes ha aumentado en 6,170 hasta 1.022.190 afiliados, un incremento especialmente vinculado a la regularización de migrantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de julio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 1.209 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -1,24%, por debajo del recorte nacional del 3,87%.

Además, Castilla y León sumó en julio 2.053 parados, el cuarto mayor dato autonómico, que deja en 96.313 los desempleados en esa comunidad, un 2,18% más que en junio frente al 0,85 de aumento nacional.

El paro solo baja en Ávila

El paro solo bajo en julio en Ávila respecto al mes anterior, con un -0,72%, con subidas del 6,27% en Soria, el 4,06% en Valladolid, 3,56 en Palencia, 2,74 en Salamanca, 2,01 en Segovia, y el 0,49% en León y 0,29% en Zamora.

Y el desempleo aumentó en todos los sectores, en especial en el de Servicios, que anotó 1.187 parados más que en junio, con 221 más en Industria, 116 en Agricultura, 33 en Construcción y 496 en el colectivo de sin empleo anterior.

El “problema estructural” para generar empleo en verano

El sindicato UGT ha alertado este martes de la “señal de alarma” que dejan los datos de desempleo de julio en Castilla y León, la mayor subida en ese mes, y que reflejan el “problema estructural grave” de que la comunidad no tiene capacidad suficiente para generar empleo durante los meses de verano.

El vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral de UGTCyL, Alberto Miguel Lorenzo, ha incidido en que el aumento del paro ha sido muy superior al de la media nacional. “Otras comunidades aprovechan el verano para crear puestos de trabajo y reducir el desempleo, pero Castilla y León encadena cuatro años consecutivos con aumentos del paro en julio”, ha explicado.

En cuanto a los afiliados a la Seguridad Social, aunque ha valorado la cifra récord, con más de un millón de cotizantes en la comunidad, en parte por el empuje de la regularización de migrantes, ha alertado que no puede ocultar “la realidad de fondo” de que la comunidad necesita “más industria, inversión productiva y políticas de empleo ambiciosas que permitan crear empleo de calidad durante todo el año”.

En un comunicado, CCOO ha pedido también reforzar la Inspección de Trabajo para combatir la precariedad, en un momento en el que Castilla y León se mantiene por debajo del umbral de los 100.000 desempleados y por encima del millón de cotizantes a la Seguridad Social. En el caso de las personas migrantes que acaban de tramitar su solicitud de regularización, una vez que es admitida pueden inscribirse como demandantes de empleo, lo que en opinión de CCOO puede haber influido en el incremento registrado en julio.

CEOE exige medidas ante los “preocupantes” datos del paro

La CEOE Castilla y León ha exigido medidas urgentes para proteger a las empresas, ante los “preocupantes” datos de paro de julio, que constatan “las serias dificultades y la falta de estabilidad que afronta el tejido productivo de la comunidad”, con el lastre añadido del efecto de los incendios forestales.

En un comunicado, tras publicarse este martes los datos de paro y afiliación de julio, con un aumento del desempleo mensual que rompe la tendencia del descenso estival, la patronal autonómica ha calificado de “mala noticia” esa evolución y ha incidido en que “la inversión y la retención del talento por parte de las empresas de Castilla y León se están viendo seriamente comprometidas debido a un entorno global e interno sumamente complejo”.

La CEOE ha advertido de que debe interpretarse esa evolución negativa como una señal de advertencia a largo plazo, y ha sostenido que para revertir la tendencia “es imperativo que las empresas cuenten con un entorno que fomente la inversión y la contratación, y que elimine de forma inmediata cualquier factor que actúe como freno”.

La Junta apela a un análisis plurianual

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), Jesús Blanco, ha defendido que el mercado laboral es “sólido, estable y avanza con seguridad”, puesto que el paro de julio es uno de los más bajos de la serie histórica. Blanco ha atribuido el incremento del paro al aumento del desempleo en el sector servicios y en Educación por el fin de contratos vinculados al curso académico. “Este aumento ha sido habitual en los años anteriores, es puramente estacional”, ha afirmado en un audio remitido a los medios. Blanco ha reconocido que otros años este incremento se ha compensado con el empleo en turismo, hostelería, comercio y actividades asociadas al verano dada la “moderación en el consumo de los hogares” por la inflación de los últimos años, algo que ha atribuido a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional, la evolución de los costes soportados por autónomos y pequeñas empresas o el adelanto de campañas comerciales y rebajas.

El gerente del Ecyl ha señalado que el paro femenino ha bajado un 2,21% respecto al año pasado y ha apelado a la “prudencia” en la interpretación de la evolución mensual del paro —un efecto “coyuntural”—, puesto que considera que la evolución interanual refleja “un mercado laboral sólido, dinámico y con una capacidad sostenida de creación de empleo” en Castilla y León.

Castilla y León redujo un 5,5% el número de desempleados en el segundo trimestre del año, con 5.700 parados menos con respecto al trimestre anterior, lo que deja la cifra total en 96.700 desempleados, y suma 28.500 ocupados, hasta alcanzar el 1.058.700, con una tasa de paro del 8,37%, por debajo de la media nacional y la novena más baja del conjunto autonómico.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre del 2026, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Comunidad también ha descendido en número de parados en relación con los datos de 2025, con 200 parados menos, y ha sumado 10.900 ocupados en un año.

Además, la tasa de paro ha bajado del 8,46% de hace un año, y del 9,04% con el que cerró el primer trimestre, quedándose prácticamente en el mismo porcentaje que al cierre del ejercicio 2025, cuando bajó hasta el 8,36%.

De los 96.700 parados del segundo trimestre, 46.400 son hombres, con 2.900 parados menos que entre enero y marzo pero 400 más que hace un año, con una tasa de paro del 7,5%; y 50.300 son mujeres, 2.800 menos que en el inicio del año y 500 menos que en 2025, con una tasa de paro del 9,38%.

En cuanto a la cifra de ocupados, crece un 2,7% en este segundo trimestre, al sumar esos 28.500 nuevos ocupados, para alcanzar el 1.058.700, impulsada tanto por un aumento de la ocupación entre la población española (que pasa de 918.600 a 939.000) como de la extranjera (de 111.600 a 119.700).

La cifra de ocupados entre los hombres en Castilla y León asciende a 572.500, 11.600 más que en el pasado trimestre, y 5.400 más que hace un año; en cuanto a mujeres, son 469.300 ocupadas, 16.900 más que al inicio del año y 5.500 que en 2025. Y la tasa de empleo se sitúa en el 49,91%, del 54,8% para los hombres y el del 45,10% para las mujeres.

Por sectores, Servicios, con 754.500 encabeza la cifra de ocupados, seguido por los 177.00 de Industria; son 66.400 en Construcción, y 60.700 en Agricultura.

La Encuesta de Población Activa del segundo trimestre deja también una cifra de activos de 1.155.400, superior a los 1.132.600 del primer trimestre, y a los 1.144.700 del año pasado.

Récord de ocupados en España

En el conjunto del país, el número de ocupados creció en 486.000 personas en el segundo trimestre y se situó en la cifra récord de 22.779.000, en un periodo habitualmente bueno para el empleo por la campaña de verano y en el que el paro descendió en 213.300 personas, hasta un total 2.495.300, lo que volvió a situar la tasa de paro por debajo del 10% (9,87%).

La ocupación subió en 246.000 personas entre los españoles y en 240.000 entre los extranjeros, en un trimestre marcado por el proceso extraordinario de regularización.

El mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Cataluña, con 130.800 ocupados más; y el mayor descenso en Canarias, con 25.100 menos. En términos relativos, el mayor aumento trimestral de empleo se dio Baleares (18,83%).

Cataluña también fue donde más bajó el paro, con 92.600 personas menos; mientras que Andalucía fue la comunidad donde más subió, con 5.400 parados más. Baleares cerró el trimestre con la tasa paro más baja, del 6,11%, frente a Andalucía que registró la más alta, 14,56%.

Sube el paro en Ávila, León y Segovia

Por provincias, la nota predominante es la subida de la cifra de ocupados con una caída en el número de desempleados, aunque con algunas notables excepciones.

Así, el paro subió en Segovia, con 8.600 desempleados en el segundo trimestre frente a los 5.600 del primer trimestre, y los 5.100 del mismo periodo de 2025.

También en León, con 17.700 parados, más que los 16.600 del primer trimestre, pero menos que los 18.000 de 2025; y Ávila, con 7.200, por encima de los 6.000 de enero a marzo, pero menos que los 8.600 de hace un año.

En Burgos, el paro bajó hasta los 13.600 (14.300 en el primer trimestre y 15.100 en el segundo de 2025); en Palencia se redujo hasta los 4.200 (5.500 y 4.500); en Salamanca hasta los 14.000 (15.600 y 13.900).

También en Soria cayó a los 2.800 (4.000 y 2.900); en Valladolid bajó a los 21.100 (26.800 y 21.800); y en Zamora, hasta los 7.600 (7.900 y 7.000).

Así, la tasa de paro más baja la registra Palencia, con un 5,5%, seguida de Soria, con un 6,35%. Luego van Burgos, con un 7,68% y Valladolid, con un 7,91%. Es del 8,82% en Salamanca y el 8,84% en León; del 9,90% en Ávila y Zamora; y del 10,21% en Segovia.

Más ocupados

En cuanto a los ocupados, subió la cifra en Ávila, que cerró el segundo trimestre con 65.300 ocupados, por encima de los 64.300 del primer trimestre pero algo menos que los 63.500 de 2025; en Burgos son 163.100, más que los 162.100 de enero a marzo y los 161.600 de hace un año.

León cuenta con 182.100 ocupados (173.200 primer trimestre y 177.800 del segundo trimestre de 2025); Palencia, con 71.100 (68.300 y 66.600); Salamanca con 144.900 (139.400 y 144.300); Segovia con 8.600 (5.600 y 5.100); Soria con 40.600 (39.300 y 43.300); Valladolid con 246.200 (234.300 y 248.200); y Zamora con 69.600 (68.600) y 68.500).

La mayor tasa de actividad la registra Segovia, con el 61%; le sigue Valladolid, con el 57,40%; y Soria y Burgos con el 55,51 y el 55,42%; Salamanca tiene una tasa del 54,49%, y Palencia del 54,06%; la de Zamora es del 52,16%; en Ávila es del 51,15%; y cierra la tabla León, con el 49,19%.

Nissan ha adjudicado a su planta de Ávila el eje trasero del Nissan Qashqai una semana después de que Renault anunciara que a finales de este año finalizará su relación con esta factoría, cuya plantilla cuenta actualmente con 450 trabajadores, de los que una cuarta parte podrían verse afectados por esta decisión de la marca del rombo.

La multinacional nipona ha dado a conocer este aumento de la carga de trabajo para la fábrica abulense en una nota de prensa en la que subraya el hecho de que, con esta medida, la planta abulense suministrará “por primera vez” un componente de producción en serie a su factoría en Sunderland (Reino Unido).

El proyecto permitirá realizar en Ávila “el proceso completo de fabricación de esta pieza, desde la estampación, hasta el ensamblaje final y la expedición, incorporando nuevos procesos y tecnologías que contribuirán a ampliar las capacidades industriales de la planta”.

La compañía señala que la fase de preparación de este proyecto arrancará a finales de septiembre de 2026, tres meses antes del adiós de Renault, de manera que las previsiones apuntan que la producción podría iniciarse en “el primer trimestre de 2028.

Nissan calcula que la carga de trabajo asociada a este nueva actividad industrial se situará “previsiblemente” entre 40 y 50 personas empleadas, “en función de la evolución de los volúmenes de producción previstos”.

La multinacional nipona considera que la incorporación de este proyecto a su factoría abulense ha sido posible “gracias a la experiencia de los equipos de Ávila, la flexibilidad de sus operaciones y su capacidad para integrar distintas fases del proceso productivo en una misma instalación”.

Así, señala que esta decisión “refleja la confianza de Nissan en las capacidades de la planta y en la profesionalidad de sus equipos”, al tiempo que dice seguir “trabajando activamente en la identificación y evaluación de nuevas oportunidades de negocio y alternativas industriales, incluidos proyectos con terceros, con el objetivo de contribuir al refuerzo de la actividad de la planta de Ávila”.

Este es uno de los principales objetivos que se marcó el grupo de trabajo constituido este lunes por la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Ávila, la Diputación provincial y el comité de empresa, invitando a la compañía y al Gobierno central a sumarse a esta iniciativa.

Según señalaron en su momento fuentes del comité de empresa, la marcha de Renault puede afectar al 50 por ciento de la producción actual y a unos 100 de los 450 trabajadores que componen la plantilla.

La planta de Nissan en Ávila inició en 2017 un proceso de transformación de una planta de vehículos industriales, a otra de fabricación de componentes del automóvil.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha asegurado este martes que la propuesta del Gobierno para reformar el modelo de financiación autonómica, sobre el papel, “la letra de la canción tiene sentido, pero la música no” y ha reclamando que este incluya criterios como despoblación, dispersión territorial o envejecimiento.

Preguntado en una rueda de prensa por esta propuesta del Gobierno, De la Rosa ha recordado que el debate sobre el modelo no se produjo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este lunes, sino que deberá abordarse en una futura reunión en una contraposición que no debe ser entre comunidades, sino entre Gobierno y autonomías, ha argumentado.

De la Rosa ha defendido que el sistema de financiación debe atender las singularidades de las comunidades autónomas y ha sostenido que el debate no debe plantearse como un enfrentamiento entre territorios como, en su opinión, está intentando hacer el PP. En este sentido, el dirigente socialista ha criticado la postura de los gobiernos autonómicos del PP, a los que ha acusado de instalarse en el rechazo al nuevo modelo sin plantear una alternativa.

Así, De la Rosa ha destacado el incremento de los recursos transferidos por el Estado a Castilla y León a través de las entregas a cuenta, que, según ha señalado, superan en un 6% las del ejercicio anterior y suponen 3.443 millones de euros más que los recibidos en 2018, durante el último Gobierno de Mariano Rajoy.

Encuentro bilateral con el PSC

De la Rosa ha anunciado además que una delegación del PSOE de Castilla y León mantendrá el jueves y el viernes de esta semana un encuentro de trabajo con el PSC para conocer de primera mano políticas públicas desarrolladas en Catalunya que, a su juicio, podrían adaptarse a la Comunidad.

Las reuniones abordarán materias como vivienda, educación, empleo, industria, sanidad, igualdad o servicios sociales, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre cuestiones como la gratuidad de la educación de 0 a 3 años, las políticas de vivienda pública, la captación de talento o la atención a la salud mental. La cita culminará con un encuentro entre el secretario general del PSC y presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el líder del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez.

El PP acusa al PSOE de “funambulismo político”

Por su parte, el Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León ha instado al PSOE a reclamar al Gobierno la retirada de la propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica acordada con ERC y le ha advertido que “o se está con Junqueras o se está con Castilla y León”.

En un comunicado, la portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha acusado a Martínez de practicar un “funambulismo político” al defender una financiación justa para Castilla y León sin, a su juicio, enfrentarse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

García ha recordado que el PSOE reivindica unos criterios de financiación similares a los que el PP lleva años reivindicando, por lo que ha pedido al PSOE que exija la retirada del actual modelo y que defienda un nuevo sistema negociado entre todas las comunidades autónomas. Asimismo, el Grupo Popular ha reclamado al PSOE de Castilla y León que rechace la condonación de deuda autonómica y que se oponga a que el Estado impute gastos a las comunidades “de forma unilateral”.

Castilla y León restó en junio 2.895 parados, el tercer mayor recorte autonómico, que deja en 94.260 los desempleados en esa comunidad, un 2,98% menos que en mayo, frente al -1,24% nacional; y sumó 9.641 cotizantes a la Seguridad Social y sigue por encima del millón de afiliados con 1.016.019.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este jueves los datos de paro y afiliación de junio en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 2.577 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -2,66%, ligeramente por debajo del -4,74% nacional. En comparativa anual, Castilla y León cerró junio con 17.279 cotizantes más que hace un año, el 1,73% más, por debajo del 2,77% nacional.

Castilla y León: la tercera mayor caída del paro

En España marcó en junio un nuevo récord de empleo, tras sumar 128.533 afiliados de media en el mes y superar los 22,46 millones, gracias al tirón del empleo extranjero con 86.630 afiliados más a la Seguridad Social en sectores como hostelería y comercio en el arranque de la campaña de verano.

En cuanto al paro, el Ministerio de Trabajo ha señalado este jueves que el número total de personas en desempleo registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) bajó en junio en 28.739 hasta los 2.291.982, por debajo de los 2,3 millones por primera vez desde enero de 2008.

El paro registrado en junio bajó en 11 comunidades autónomas. Las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía (-11.597 personas), Galicia (-3.587 personas) y Castilla y León (-2.895). Y subió en las otras seis, encabezadas por Región de Murcia (739), País Vasco (479) e Illes Balears (100).

El paro bajó en todas las provincias salvo en Soria

En términos mensuales, el paro descendió en junio en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-4,40%), Burgos (-1,67%), León (-2,86%), Palencia (-3,34%), Salamanca (-3,25%), Segovia (-4,34%), Soria (-7,37%), Valladolid (-1,11%) y Zamora (-5,71%).

Respecto a junio del 2025, el número de parados disminuyó en Ávila (-2,79%), Burgos (-2,29%), León (-2,22%), Palencia (-2,24%), Salamanca (-4,76%), Segovia (-3,84%), Valladolid (-2,13%) y Zamora (-2,82%) y aumentó en Soria (2,91%).

El desempleo bajó respecto a mayo en todos los sectores menos el de sin empleo anterior, que sumó 696 parados más. Y fue el sector Servicios el que capitalizó el descenso del paro en la comunidad el pasado mes, con 3.176 parados menos que en mayo; con 126 desempleados menos en Agricultura, 262 en la Industria y 27 menos en la Construcción.

Baja más el paro femenino

De esos 2.895 parados menos en la comunidad, 871 fueron hombres y 2.024 mujeres, el 2,26 y 3,45% de recorte respecto al mes anterior, que deja en 37.616 los desempleados en la comunidad y en 56.644 las desempleadas. Y, los parados de menos de 25 años eran al final de junio 7.303 en Castilla y León, 21 menos que el mes anterior y 181 menos que hace un año.

18.445 contratos más en junio, el 34,5% más

En cuanto a la contratación, Castilla y León registró 71.904 contratos en junio, 18.445 y un 34,5% más que en mayo; con 1.109 contratos más que hace un año y un repunte del 1,57%.

El dato mensual es mejor que el 24,60 de media nacional, mientras que el anual es inferior al 10,20 de mejora del conjunto autonómico. De esos contratos, 24.094 fueron indefinidos, 4.540 y un 23,22% más que en mayo (19,54% nacional), y 943 y un 4,07% más que hace un año (16,36%). De esos contratos, 19.823 fueron a extranjeros, 3.970 mas que el mes anterior y 3.146 más que hace un año. 69.216 prestaciones por desempleo

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de mayo, fueron 69.216 en Castilla y León, de ellas 34.868 prestaciones contributivas, con 34.320 subsidios y 28 rentas activas de inserción.