Todavía puedes realizar la declaración de la renta relativa a 2025 hasta el 30 de junio de 2026. Los contribuyentes tienen derecho a deducciones generales para todo el Estado o propias de Castilla y León, como las que se enuncian a continuación

Por circunstancias personales y familiares:

Sobre la vivienda

Por donativos y donaciones:

Otros conceptos deducibles:

La Junta de Castilla y León ha declarado como proyecto industrial prioritario la inversión prevista por Iveco España S.L. en su planta de Valladolid para el periodo 2026-2027, según ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la comunidad a raíz del acuerdo aprobado el pasado 9 de abril por el Consejo de Gobierno

La decisión, que se ampara en el artículo 30 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, otorga esta consideración a iniciativas que, por razones de interés general, contribuyan a la expansión o consolidación del tejido industrial. En este caso, el Ejecutivo autonómico ha indicado que el impacto económico, tecnológico e innovador del proyecto, así como su capacidad para dinamizar la actividad en el entorno es motivo para considerar prioritario el plan.

La empresa presentó la solicitud el 29 de enero de 2026, ampliada posteriormente el 26 de febrero, detallando un plan inversor que asciende a 233,76 millones de euros y que se ejecutará de forma progresiva hasta 2027. El proyecto contempla una transformación integral de la capacidad productiva de la planta vallisoletana, con el objetivo de reforzar su posición dentro del sector europeo del vehículo industrial.

Entre las principales actuaciones destaca la implantación de un nuevo proceso de soldadura completamente robotizado para las cabinas correspondientes al denominado Model Year 28 (MY28), que sustituirá a la actual generación. Para ello, se incorporarán 92 nuevos robots, elevando el total a 192 unidades en la factoría. Asimismo, se prevé la ampliación de las infraestructuras productivas, la introducción de nuevas tecnologías de fabricación y la reorganización de los flujos logísticos internos.

El plan incluye también la construcción de una nueva nave de pintura con procesos automatizados de última generación, así como sistemas avanzados de depuración de emisiones y tratamiento de aguas, entre ellos una estación depuradora físico-química. A esto se suma un nuevo almacén logístico vinculado al modelo MY28 Heavy Cab, estructuras para mejorar la conexión entre fases productivas y la adecuación de instalaciones auxiliares como vestuarios.

La inversión permitirá mantener la producción del modelo ligero Daily e incorporar una nueva gama de vehículos pesados, al tiempo que incrementará la capacidad hasta alcanzar un máximo de 111.000 cabinas anuales. Según la documentación recogida en el BOCyL, esto se reflejará en mejoras en la calidad del producto, reducción de retrabajos y mayor eficiencia energética, con descensos en el consumo de gas natural, electricidad y emisiones contaminantes como COV, NOx y CO.

En términos laborales, se prevé mantener cerca de 1.000 empleos directos durante el periodo de ejecución, junto con programas de formación y reciclaje profesional, y generar más de un centenar de empleos adicionales vinculados a la actividad inducida. Además, el proyecto contribuirá a ampliar la red de proveedores y reforzar el ecosistema industrial de la comunidad.

La declaración como proyecto industrial prioritario implica, entre otros efectos, la tramitación urgente de los procedimientos administrativos —con reducción a la mitad de los plazos—, la posibilidad de acceso a subvenciones directas y la consideración de utilidad pública en caso de ser necesaria la expropiación de terrenos.

El acuerdo aprobado por la Junta establece que las inversiones deberán mantenerse en su ubicación durante al menos cinco años tras la finalización del proyecto en 2027, al igual que los compromisos de empleo. Asimismo, fija un plazo máximo de un año para el inicio de las actuaciones y obliga a la empresa a facilitar las labores de seguimiento por parte de la Administración autonómica.

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la modificación sustancial en la Orden que autorizó en 2007 las instalaciones de la cooperativa azucarera Acor, que construyó un nuevo almacén y secado solar de pulpa de remolacha sin que hubiera evaluación ambiental previa por parte de la Administración.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este lunes la Orden que modifica la original (de 2007), para conceder la autorización ambiental para la fabricación de azúcar en sus instalaciones, en un proceso en el que se observa que la obra del nuevo almacén ya estaba realizada cuando la Consejería de Medio Ambiente acudió a realizar la evaluación ambiental.

No obstante, la normativa establece, según recuerda la Consejería en su publicación, que fue el Servicio de Evaluación Ambiental el que en su informe del pasado 17 de marzo del presente año el que consideró que el proyecto estaba ejecutado, por lo que correspondía aplicar lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En concreto, ese precepto habla de que “no se realizará la evaluación de impacto ambiental regulada en el título II de los proyectos incluidos en el artículo 7 de esta ley que se encuentren parcial o totalmente ejecutados sin haberse sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”.

En este sentido, la Consejería asume que no se realizará dicho informe de evaluación ambiental y envía el expediente al Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático “para que se regularice su situación administrativa”, en el sentido de autorizar la modificación de la Orden.

En la misma publicación, la Junta añade que la validez de esta resolución está condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones técnicas que se recogen en el Anejo, también publicado, con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Además, a partir de la notificación de la presente resolución, Acor dispondrá de un plazo de 5 años para la puesta en marcha de la actividad conforme a las condiciones recogidas en la resolución.

La Junta de Castilla y León ha declarado este jueves como Proyecto Industrial Prioritario el anunciado por la empresa fabricante de camiones Iveco España, con su factoría de Valladolid, donde prevé invertir entre 2026 y 2027 unos 233,76 millones de euros, gran parte para dotarse de 92 nuevos robots.

Esta declaración se debe, según ha explicado el portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, a razones de “interés general basadas en la magnitud de la inversión prevista”, ya que espera que pueda servir para dinamizar el tejido industrial de la Comunidad y el impacto tecnológico e innovador del proyecto.

La declaración como Proyecto Prioritario implica una agilización en los trámites de una inversión que, en palabras de la Junta, asegura la viabilidad de la planta y refuerza su posición como centro de referencia internacional en la fabricación de vehículos industriales, que emplea en Valladolid a un millar de trabajadores.

En este sentido, el proyecto contempla una transformación integral de la capacidad productiva de la factoría vallisoletana, orientada a la fabricación de una nueva gama de vehículos pesados y a la modernización de los modelos actuales.

Entre las actuaciones más relevantes destaca la implantación de un nuevo proceso de soldadura 100% robotizado con la incorporación de 92 nuevos robots, así como la construcción de una nueva nave de pintura de última generación dotada de procesos totalmente automatizados.

Se trata de mejoras tecnológicas que permitirán a la planta alcanzar una capacidad de producción de hasta 111.000 cabinas al año, según los datos aportados por la Junta de Castilla y León, que calcula que estas inversiones tendrán un impacto sobre el empleo indirecto de unos 100 puestos de trabajo.

La modernización de los procesos productivos también conlleva un avance en sostenibilidad, reduciendo el consumo de gas natural y electricidad, así como las emisiones a la atmósfera, lo que refuerza la compatibilidad de la instalación con el entorno, según la información aportada por la Junta.

Al ser considerado prioritario por la Junta, los plazos administrativos dependientes de esa administración pueden reducirse a la mitad.

Asimismo, la Junta de Castilla y León arbitrará los mecanismos de coordinación necesarios con otras administraciones públicas para agilizar las licencias necesarias, con el objetivo de que las actuaciones comiencen en el plazo máximo de un año.

Castilla y León anotó en marzo 1.673 parados menos que en febrero, el 1,60% de recorte, que dejó en 103.045 los desempleados en la comunidad, que ese mes sumó 6.321 afiliados más a la Seguridad Social, lo que deja en 990.981 los cotizantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este lunes los datos de paro y afiliación de marzo en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.624 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -5,18%, ligeramente por debajo del -6,2% nacional.

En el conjunto nacional, la Seguridad Social alcanzó un nuevo récord con 21.882.147 afiliados, tras registrar un incremento histórico para un mes de marzo con 211.510 ocupados más, gracias al tirón de la hostelería que sumó 79.701 trabajadores con la llegada de la campaña de Semana Santa. El paro bajó en España en 22.934 desempleados respecto a febrero, el -0,94%.

La cuarta mayor bajada del paro

El paro registrado en marzo de 2026 bajó en catorce Comunidades Autónomas respecto al mes anterior, las mayores caídas en cifras absolutas se producen en: Andalucía (-8.836), Cataluña (-3.777) y Comunidad Valenciana (-2.467).

Castilla y León anotó la cuarta mayor bajada del paro del conjunto autonómico tanto en dato absoluto, con esos 1.673 parados menos, con en absoluta, con ese -1,60%.

El paro subió en Soria y Ávila

En términos mensuales, el paro registrado descendió en todas las provincias de la comunidad salvo en Soria (0,51%) y en Ávila (0.47%).

Y bajó en el resto de las provincias: en Burgos (-2,62%), León (-1,71%), Palencia (-2,51%), Salamanca (-1,62%), Segovia (-0,87%), Valladolid (-1,74%) y Zamora (-1,69%).

En términos anuales, el número de parados registrados disminuyó en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-6,02%), Burgos (-5,90%), León (-5,28%), Palencia (-1,55%), Salamanca (-6,35%), Segovia (-6,45%), Soria (-0,29%), Valladolid (-4,70%) y Zamora (-5,24%).

El desempleo bajó en todos los sectores, más en servicios

El desempleo bajó además en todos los sectores, sobre todo en el de servicios, que anotó 1.205 parados menos que en febrero, con 47 menos en Agricultura, 136 en Industria, 268 en la Construcción y 17 en el colectivo de sin empleo anterior.

En menores de 25 años, la comunidad cerró marzo con 248 parados menos que el mes anterior, y con 1.027 mujeres menos desempleadas y 646 hombres.

Todas las provincia ganaron cotizantes

Todas las provincias de la comunidad sumaron cotizantes en marzo respecto al mes anterior, con incrementos del 1,18% en Segovia, el 1,05 en Burgos, y el 0,87% en Palencia.

En Ávila los afiliados subieron un 0,22%, el 0,60 en León, el 0,26 en Salamanca, con un 0,42 en Soria, el 0,52 en Valladolid y el 0,70 en Zamora.

En comparativa anual, todas las provincias tienen más afiliados que hace un año, con repuntes entre el 3% de Segovia y el 0,35% de Soria.

53.582 contratos en marzo: 9.415 más que en febrero

En cuanto a la contratación, en marzo se cerraron 53.582 contratos en Castilla y León, 9.415 más que en febrero, con un repunte del 21,32% (17,16 nacional) y 4.570 más que en el mismo mes del 2025, el 9,32% de incremento (12,38).

En marzo se formalizaron 20.230 contratos indefinidos en la comunidad, 3.055 más que en febrero, y 2.392 más que en el mismo mes del 2025.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de febrero, la comunidad sumó 58.200 beneficiarios, 40.405 pensiones contributivas; con 17.748 subsidios y 47 rentas activas de inserción.

La economía de Castilla y León creció un 3,3% en 2025, que son dos décimas menos que en 2024, empujada principalmente por la industria (+3,8 %), la agricultura (4,6 %) y servicios (3,4 %), que experimentaron un crecimiento “uniforme”, aunque ya se vislumbra una “retracción” en la economía debido a la guerra de Irán y sus consecuencias.

Así lo ha asegurado el consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, en una rueda de prensa en la que ha presentado los datos de la contabilidad regional de cierre de año y los del último trimestre de 2025, donde Castilla y León creció un 0,7 por ciento, un 1,1 por ciento menos que el trimestre precendente.

Como ha explicado el también portavoz de la Junta, este dato de crecimiento en 2025 es mayor al esperado cuando comenzó el año y superior también a la revisión que hizo el Ejecutivo autonómico en octubre, lo que demuestra la “buena evolución” que ha experimentado la economía de la Comunidad en el cierre del pasado año.

“El crecimiento se sigue manteniendo en niveles muy altos, especialmente en sectores como la industria y en la agricultura, que han superado las expectativas”, ha expresado Carriedo, que ha destacado cómo el sector primario ha incrementado su crecimiento a pesar de venir de un año “muy bueno” como fue 2024, cuando ya creció un 11,2 por ciento.

Asimismo, el consejero ha indicado que este crecimiento hubiera sido mayor de no ser por un contexto internacional “desfavorable”, marcado por la imposición de los aranceles de la administración estadounidense de Donald Trump, que ha tenido un impacto en el comercio exterior, especialmente en comunidades exportadoras como Castilla y León, ha detallado.

“Si no fuera por ese factor, el saldo exterior hubiera crecido”, ha argumentado Carriedo, que ha explicado que tanto las exportaciones como las importaciones descendieron en 2025, concretamente, un -0,3 y un -0,2 por ciento, respectivamente.

En cuanto a la construcción, esta creció en 2025 una décima menos que en el año anterior, un 2,1 por ciento y un 2,2 por ciento, respectivamente.

Sobre el consumo final, este creció un 2,6 por ciento en 2025 (3,1 % en 2024) con un mayor aumento del gasto en hogares (3,1 % en 2025 y 2,8 % en 2024) y menor incremento de las administraciones públicas (1,7 % y 2,4 %, respectivamente).

En cuanto al cuarto trimestre de 2025, la disminución en el crecimiento del consumo de los hogares y de las administraciones públicas afectó a su evolución, con un descenso en comparación al trimestre previo del 0,3 y el 1,4 por ciento, respectivamente.

El impacto de la guerra de Irán

En cuanto a las perspectivas económicas de este año, el portavoz de la Junta ha recordado que el escenario de crecimiento previsto es del 2,2 por ciento, lo que ya supone un crecimiento menor que en 2025, aunque “los últimos trimestres animan a pensar en una retracción” de la economía ha expresado Carriedo.

“Todo dependerá de la profundidad de esta situación (guerra de Irán) y de su duración, pero puede restar algunas décimas en una Comunidad claramente exportadora”, ha afirmado.

Sobre las medidas aplicadas por el Gobierno para mitigar esta situación, el consejero ha cifrado en 191 millones de euros lo que dejará de ingresar la Comunidad por la rebaja tributaria de los impuestos de hidrocarburos, generación eléctrica y la disminución del IVA.

De ellos 117,2 millones serán los que deje de aportar la Junta de Castilla y León y 73,8 el Estado, ha concretado Carriedo, que ha indicado que la Junta está valorando estas medidas, que tendrán un efecto de 35 millones de euros al mes, por si tuviera que implementar alguna ayuda propia a nivel autonómico.

La Junta de Castilla y León ha declarado proyecto industrial prioritario el plan estratégico de crecimiento de la empresa tecnológica Indra para el periodo 2026-2027 en Villadángos del Páramo (León) y Valladolid, una iniciativa que incluye la fabricación de drones militares en colaboración con la empresa EDGE, creada en 2019 por el gobierno de Abu Dabi.

El acuerdo, publicado este lunes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), forma parte del plan de expansión de Indra en el sector tecnológico y de defensa y contempla una inversión de 41,5 millones de euros y la creación de más de 300 empleos directos.

La declaración de proyecto prioritario se produce en un contexto internacional marcado por la guerra de Irán, país que precisamente ha atacado recientemente con sus misiles y drones a sus vecinos, como Emiratos Árabes Unidos.

Uno de los elementos centrales del proyecto es la puesta en marcha en León de una nueva fábrica de drones multipropósito, situada en el polígono de Villadangos del Páramo, que se plantea como el principal centro de producción de sistemas de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de la compañía en España.

En estas instalaciones se fabricarán sistemas tácticos TARSIS, el sistema aéreo multipropósito VALERO y también munición merodeadora, conocida comúnmente como “drones kamikaze”, desarrollada por Indra en colaboración con la empresa tecnológica EDGE, con sede en Emiratos Árabes Unidos, según detalla el Bocyl.

La iniciativa incluye además otras inversiones industriales en la Comunidad, como en Valladolid, donde Indra prevé crear un Centro de Ingeniería de Defensa y Seguridad, dedicado al diseño mecánico y eléctrico de sistemas de defensa y motores de combustión, así como un nuevo centro de fabricación de motores para drones.

La Junta justifica la declaración de proyecto industrial prioritario en el impacto económico y tecnológico de la iniciativa, que considera que contribuirá a ampliar el tejido industrial de Castilla y León y a fortalecer su competitividad en sectores de alto valor añadido.

La declaración como proyecto prioritario permitirá agilizar los trámites administrativos, ya que todas las actuaciones relacionadas con el plan tendrán carácter urgente y los plazos de tramitación se reducirán a la mitad.

Podemos recurre la declaración

Ante esta declaración, Podemos Castilla y León ha presentado este lunes un recurso administrativo, según ha informado el candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, en un acto de campaña junto a los medios para las elecciones del 15 de marzo en la Comunidad.

Según Podemos, estas iniciativas se enmarcan en “planes de rearme” impulsados a nivel estatal y europeo que, a su juicio, plantean implicaciones “éticas y de seguridad”.

Llamas ha explicado que el recurso solicita la suspensión de la ejecución del acuerdo, al considerar que “existen irregularidades en la tramitación y falta de información pública sobre el expediente”.

En su intervención, el candidato ha cuestionado además el impulso de este tipo de iniciativas durante la campaña electoral y ha reclamado un debate público sobre el modelo industrial que se pretende desarrollar en la Comunidad.

Ha criticado, asimismo, que el impulso de estas iniciativas coincida con posiciones políticas que defienden el rechazo a la guerra -en alusión al PSOE- al considerar que existe una “contradicción entre ese discurso y la promoción de proyectos industriales vinculados al ámbito militar”.

El recurso presentado abre ahora un proceso administrativo en el que la Junta deberá pronunciarse sobre la solicitud de suspensión y sobre las alegaciones planteadas por la formación.

La organización empresarial CEOE Castilla y León ha mostrado su “profunda preocupación” por una posible interrupción o límite a las relaciones con Estados Unidos, un “mercado estratégico” para numerosos sectores productivos de la Comunidad como la agroalimentación, la industria y los bienes de equipo.

A través de un comunicado remitido este miércoles, la patronal ha señalado que Estados Unidos “es un país amigo y socio fundamental para España” y ha mostrado su deseo que las relaciones entre ambos no se vean afectadas, después que el presidente norteamericano Donald Trump planteara “cortar el comercio con España” por la postura del Gobierno sobre el ataque a Irán.

CEOE CyL ha subrayado que en este momento de incertidumbre resulta “más necesario que nunca” reforzar la coordinación con la UE para adoptar decisiones que puedan afectar al comercio internacional.

“Esperamos que el Gobierno de España sea capaz de reconducir esta situación a través del diálogo y la cooperación institucional, preservando así la estabilidad de las relaciones económicas y comerciales con un ”socio clave como Estados Unidos“, apunta el texto.

A primera hora de este miércoles, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una declaración institucional en la que ha recuperado el lema del 'No a la guerra' (popularizado con la invasión de Irak de 2003), ha defendido el respeto al derecho internacional y ha reivindicado los valores fundacionales de la UE y de la Carta de las Naciones Unidas.

Castilla y León anotó en febrero 742 parados más que en enero, el 0,71 por ciento de incremento que dejó en 104.718 los desempleados en la comunidad, que sumó en ese mes 2.357 afiliados más a la Seguridad Social, un aumento del 0,24 por ciento que elevó a 984.660 los cotizantes.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de febrero en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.221 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,75 por ciento, por debajo del recorte nacional del 5,81 por ciento.

El sexto mayor aumento del paro autonómico

En España, el paro subió en febrero en 3.584 personas en relación con el mes anterior (0,15%) y respecto a febrero de 2025 descendió en 150.803 personas (-5,81%).

El paro registrado en febrero bajó en 6 Comunidades Autónomas en variación mensual, y las mayores caídas en cifras absolutas se producen en Andalucía (-2.629 personas), País Vasco (-1.146 personas) y Comunidad Valenciana (-1.102 personas). Castilla y León anotó el sexto mayor incremento del paro en dato absoluto del conjunto autonómico.

El paro bajó en Burgos y Segovia, y casi sin cambios en León

En términos mensuales, el paro registrado descendió en Burgos (-1,15%) y Segovia (-0,64%) y se mantuvo prácticamente constante en León (-0,01%).

 Y aumentó en Ávila (1,14%), Palencia (2,37%), Salamanca (0,91%), Soria (2,96%), Valladolid (1,50%) y Zamora (1,55%).

En términos anuales, el número de parados disminuyó en Ávila (-6,08%), Burgos (-4,84%), León (-5,94%), Salamanca (-6,31%), Segovia (-5,56%), Soria (-3,34%), Valladolid (-3,30%) y Zamora (-4,75%), y solo aumentaron en Palencia (0,65%).

Servicios anotó 662 de los parados

El paro subió en febrero en la comunidad en el sector servicios, que sumó 662 parados más que en enero, y en el colectivo de sin empleo anterior, con 157, y la industria, con un parado más.

Y por contra se registraron caídas en agricultura (-38) y la construcción (-40).

412 parados menores de 25 años y 645 mujeres

De los 742 parados que anotó en febrero Castilla y León, 412 fueron de menores de 25 años, con un repunte del 4,95 por ciento, en la línea nacional del 4,71 por ciento.

Y 645 de los parados en febrero fueron mujeres, el 1,05 por ciento, frente al 0,28 por ciento nacional.

Todas las provincia ganaron cotizantes salvo Ávila y Valladolid

Todas las provincias de la comunidad sumaron cotizantes en febrero respecto al mes anterior salvo Ávila (-0,14) y Valladolid (-0,01), con repuntes del 0,68 por ciento en Segovia y el 0,60 en Burgos.

En León el aumento fue del 0,24, con un 0,33 en Palencia, el 0,22 en Salamanca y Soria y el 0,10 en Zamora.

En dato anual todas las provincias sumaron afiliados a la Seguridad Social, entre el 2,19 por ciento de Segovia y el 0,13 de Soria.

44.167 contratos en febrero: 684 menos que hace un año

En cuanto a la contratación, en febrero se cerraron 44.167 contratos en Castilla y León, 2.644 menos que en enero (-5,65) y 684 menos que en el mismo mes del 2025 (-1,53).

En el conjunto autonómico la contratación se recortó un 3,83 por ciento respecto a enero, con un repunte del 1,87 respecto al mismo mes del 2025.

Más contratos indefinidos

En febrero se formalizaron 17.175 contratos indefinidos en la comunidad, 321 más que en enero; y 562 más que en el mismo mes del 2025.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de enero, la comunidad sumó 58.649 beneficiarios, 40.562 pensiones contributivas; con 18.025 subsidios y 62 rentas activas de inserción.

Emma Antolín asume la Presidencia de la multinacional Antolin en sustitución de Ernesto Antolin, que tras una década en el cargo deja las funciones ejecutivas para pasarse a una función institucional y de representación nacional e internacional, ha informado la compañía en nota de prensa.

El consejo de administración ha aprobado por unanimidad los nombramientos, con los que la firma inicia una nueva etapa, y que suponen además que Ernesto Antolin se convierte en vicepresidente y se incorpora al consejo en representación de su rama familiar.

La nueva presidenta se marca como prioridad impulsar un nuevo plan estratégico, que se sustentará en la solidez financiera de la compañía y en el plan de transformación ya en marcha, para fortalecer su posición financiera, maximizar la generación de valor y acelerar la mejora de márgenes y generación de caja.

Emma Antolín ha agradecido el esfuerzo y dedicación de Ernesto Antolín durante su mandato como presidente, “un periodo que ha supuesto un decidido impulso al liderazgo de la compañía”, así como la confianza depositada en su persona por parte del consejo de administración.

“Mi objetivo ahora es seguir trabajando para consolidar nuestra posición de liderazgo en el mercado y asegurar un crecimiento sólido y sostenible”, ha insistido la nueva presidenta.

Perfiles

Emma Antolín es licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, y MBA y Máster en Financial Management por el Instituto de Empresa.

Cuenta con 14 años de experiencia en la compañía, donde actualmente actúa también como consejera dominical, vocal de las comisiones de Auditoría y Nombramientos y Retribuciones.

Por su parte, Ernesto Antolín ha desarrollado funciones de Project Management en Antolin, coordinando equipos multidisciplinares e internacionales; y completó el Industrial Operations Rotational Program de la compañía en su planta de Besançon.

Es licenciado en Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad CEU San Pablo, y cuenta con experiencia internacional en el ámbito jurídico-corporativo.

Antolin, proveedor global de soluciones tecnológicas para el interior del vehículo, cuenta con 111 fábricas distribuidas en 23 países, en las que trabajan alrededor de 20.000 empleados; en 2024 alcanzó un volumen de negocio de 4.191 millones de euros.

Tebrio Group, la empresa de cría industrial de insectos de Salamanca, Premio Nacional Pyme del Año 2025, que le ha entragado el rey Felipe VI y que organizan el Banco Santander y la Cámara de Comercio. El premio lo ha recogido su consejera delegada, Adriana Casillas. Tebrio Group es una compañía biotecnológica de cría industrial del insecto Tenebrio Molitor y su transformación en ingredientes para alimentación animal, vegetal y usos industriales.

Esta pyme utiliza maquinaria y tecnología propia y patentada en más de 150 países, lo que le permite comercializar proteínas y grasas para consumo animal, fertilizantes orgánicos para nutrición de suelos y plantas, y polímeros para diferentes usos biotecnológicos industriales. Sus soluciones de “residuo cero” requieren hasta un 90% menos de agua y un 80% menos de tierra cultivable que los métodos tradicionales, sin generar emisiones de gases de efecto invernadero como metano o amoniaco, contribuyendo de manera tangible a la reducción de la huella de carbono global.

Además del Premio Nacional Pyme del Año, se han entregado los accésits nacionales: Internacionalización, a MiiN Cosmetics de Barcelona; Innovación y Digitalización, a Oncomatryx Biopharma de Vizcaya; Formación y Empleo, a Coco Solution de Gran Canaria, y Pyme Sostenible, a Quercus Sustainable Packing de Zaragoza.

El Premio Pyme del Año, que anualmente convocan Banco Santander y la Cámara de Comercio de España, reconoce el desempeño de las pequeñas y medianas empresas españolas, cuya actividad es fundamental para la creación de empleo y riqueza a nivel local. En esta novena edición del Premio Pyme del Año se inscribieron 1.770 empresas de las 50 provincias. En su organización han participado 54 Cámaras de Comercio Territoriales, 13 Direcciones Territoriales de Banco Santander y las principales cabeceras de la prensa española. Desde 2017, año de su lanzamiento, ya son 12.585 pymes las que han participado en este certamen.

La empresa Azucarera ha anunciado este miércoles, en un comunicado, la designación de Pablo Puerta como consejero delegado, en sustitución de Juan Luis Rivero, que dejará la compañía el día 27.

Puerta es ingeniero industrial y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en puestos de gestión operativa en Azucarera. Recientemente, en el Reino Unido ha ocupado el puesto de director de cadena de suministro en British Sugar, desde el que regresará a España. Por su parte, el actual consejero delegado, Juan Luis Rivero, dejará la compañía, en la que ha ejercido el cargo desde 2010.

Azucarera ha señalado que esta decisión “forma parte de un ajuste estratégico destinado a alinear el liderazgo de Azucarera con el nuevo modelo de negocio y las necesidades futuras (...)”.

“Rivero ha conducido con solvencia Azucarera a lo largo de numerosos cambios. Su compromiso, resiliencia y apoyo incondicional al negocio son profundamente apreciados. El equipo fuerte y cohesionado que conforma hoy la organización, así como los valores, son un reflejo de la cultura ha construido en este tiempo”, según el comunicado.

Después de que Azucarera cerrara su planta de La Bañeza (León), la compañía mantiene tres fábricas: Toro (Zamora), Miranda de Ebro (Burgos) y Jerez de la Frontera (Cádiz).

La dirección de Nissan y una amplia mayoría del comité de empresa —UGT y CCOO— han alcanzado un preacuerdo para desatascar las negociaciones en torno al convenio colectivo, caducado desde el 31 de diciembre de 2024, después de meses de movilizaciones que han llevado a la plantilla de la planta abulense -480 empleados- a concentraciones y huelgas parciales.

Tras retomar ambas partes las negociaciones el pasado enero, se ha producido un principio de acuerdo del que se ha desmarcado USO, el tercer sindicato con representación en le comité de empresa, según han confirmado a EFE fuentes sindicales.

No obstante, el preacuerdo deberá ser ratificado esta semana por parte UGT y Comisiones Obreras en asamblea, antes de que se firme el nuevo marco laboral en los próximos días. El principio de acuerdo incluye una paga única, correspondiente al año 2025, que equivale al 2,9 por ciento de subida del IPC, mientras que para 2026 el incremento de las nóminas por todos los conceptos se situaría en el 1,5 por ciento, a la espera de volver a negociar el convenio correspondiente al presente ejercicio.

Asimismo, se incluye la eliminación del tope de antigüedad para los empleados incorporados a partir de 2017, recuperándose ese complemento tras su eliminación ese año a raíz de la crisis que acabó con la reconversión de la factoría de vehículos industriales de Ávila en la actual de componentes del automóvil.

El acuerdo inicial prevé una actualización de los niveles de los empleados, cuando lleven 15 años en la compañía, han señalado fuentes sindicales, que han manifestado que la actividad en la planta abulense se encuentra detenida este lunes y martes. Dicho acuerdo entre dirección y la mayoría del comité de empresa —UGT y CCOO— deberá ser ratificado en asamblea esta semana, para que pueda ser rubricado en los próximos días

Cerealto ha llegado a un acuerdo para la venta de su negocio de pasta y el centro desde el que se fabrican estos productos, ubicado en Venta de Baños (Palencia, España), a Cerealis, una empresa especializada en pasta, según ha informado a travé sde un comunicado. El acuerdo está sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Autoridade da Concorrência de Portugal (AdC). Cerealto quiso cerrar su fábrica de galletas en 2023, aunque finalmente permaneció abierta con salidas voluntarias importantes recortes laborales.

La sede corporativa de Cerealto está en Venta de Baños, donde hasta ahora tenían tres fábricas. Siro y Cerealto se fusionaron en 2018, que en 2022 llegó a un acuerdo con dos fondos de inversión —Afendis Capital Management y Davidson Kempner Capital Management—, que se comprometieron a salvar a la empresa.

La transacción se enmarca en la decisión estratégica de Cerealto de concentrar sus esfuerzos en las principales familias de productos en las que opera, snacks y desayuno, en las que cuenta con una sólida experiencia y ha identificado el mayor potencial para su crecimiento futuro.

Cerealto considera que su negocio de pasta, un activo rentable que ha sido objeto de inversiones continuadas en los últimos años, contará con una mayor proyección y desarrollo bajo el liderazgo de una empresa especializada en pasta como Cerealis. La operación garantiza la continuidad de la actividad en la planta de Venta de Baños, así como el mantenimiento del empleo y de las condiciones laborales. No se prevén cambios en la plantilla, en las operaciones ni en la actividad habitual del negocio.

El CEO de Cerealto, Bosco Fonts, señala que este acuerdo supone “un paso importante en la estrategia de crecimiento” de Cerealto porque les permite “centrar nuestros esfuerzos en los negocios globales de snacks y desayunos”. “Nuestro negocio de pasta ha tenido un sólido desempeño y ha generado valor añadido gracias a las importantes inversiones de capital realizadas en los últimos años. Nos complace haber encontrado un nuevo operador especialista en pasta, con la capacidad de seguir desarrollando el negocio, al tiempo que se mantienen el empleo y las condiciones laborales de nuestros compañeros que pertenecen a la unidad de negocio de pasta”, ha garantizado el empresario, que espera iniciar una transición en el traspaso cuando se obtengan las autorizaciones necesarias.

Los precios arrancaron el 2026 en Castilla y León con un repunte del 2,1% en enero respecto al mismo mes del 2025, aunque en dato mensual cayeron medio punto, lo que no se notó en los alimentos que están un 3,2% más caros que hace un año y un 0,4 más que en diciembre.

De acuerdo a los datos del IPC de enero publicados este viernes por el INE, los precios moderaron su incremento en enero en Castilla y León con ese 2,1% de tasa anual, tras el 2,8% de diciembre y el 2,6% de media que registró la comunidad en el 2025.

En el conjunto nacional, el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha revisado una décima a la baja el índice de precios de consumo (IPC) de enero, hasta el 2,3 %, seis décimas menos que el mes anterior, debido a la menor subida de la electricidad y al abaratamiento de los combustibles y lubricantes.

El IPC registró tasas anuales positivas en todas las comunidades autónomas en enero, con Madrid con la tasa más elevada (3,0%) y Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Galicia, Región de Murcia y La Rioja las más bajas (1,9% todas), y Castilla y León, junto a Andalucía, en el grupo de las terceras menos inflacionistas.

El IPC subió en enero en tasa anual especialmente en Salamanca, con un repunte del 2,5%, seguida del 2,4% de Valladolid, 2,3 de Soria, con el 2% de León, Palencia y Zamora.Las menos inflacionistas fueron Ávila, con un 1,7%, y Burgos y Segovia con un 1,8%.

La Junta de Castilla y León ha solicitado este jueves al Gobierno de España ampliar la declaración de zonas afectadas gravemente por la emergencia de Protección Civil -zonas catastróficas- vinculada al paso de las borrascas, para añadir los efectos del 7 al 12 de febrero, a la vez que ha acordado declarar como “excepcional” la campaña agrícola 2025-2026 por estos mismos daños asociados a la climatología.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha detallado que en las últimas semanas se han contabilizado por parte de Protección Civil hasta 1.500 incidentes vinculados a las bajas temperaturas, la nieve, la lluvia, el viento y la crecida de ríos, con especial incidencia en las provincias de León y Salamanca.

En el caso de la declaración de zonas catastróficas, la Junta entiende que a las ya acordadas hasta el 7 de febrero deben unirse ahora las afectadas por las borrascas de alto impacto de la última semana, con “incidencias relevantes en bienes, infraestructuras y servicios esenciales, alterando de forma sustancial la normalidad en las zonas afectadas”, en palabras de Carriedo.

Como consecuencia de los efectos de las borrascas han sido activados planes autonómicos de protección civil, en particular el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León (PLANCAL) y el Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL), con el fin de garantizar la seguridad de las personas y minimizar los daños.

Mediante este acuerdo, la Junta solicita al Gobierno de España la adopción de las medidas previstas en el capítulo V de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, que permitan la adecuada recuperación económica y social de las zonas afectadas y la compensación de los daños producidos por las borrascas registradas entre el 7 y el 12 de febrero de 2026.

Flexibilización de las ayudas PAC

Del mismo modo, otro acuerdo adoptado en la reunión del Consejo de Gobierno ha servido para declarar como excepcional la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados desde el pasado noviembre, especialmente por la intensa lluvia.

En palabras de Carriedo, la declaración formal es un primer paso para la adopción de medidas acordes a las necesidades del sector agrario, entre otras cosas para flexibilizar las condiciones en las que los agricultores y ganaderos podrán acceder a las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC).

Para acceder a esa flexibilización, la Junta analizará si en cada explotación se ha producido un “fenómeno meteorológico grave que afecte seriamente a la explotación”, de acuerdo con la normativa europea.

La declaración de excepcionalidad de la actual campaña agrícola se produce tras los continuos episodios de lluvia registrados desde noviembre que han provocado efectos directos sobre las fincas de cultivo como la saturación del suelo, la imposibilidad de que la maquinaría pueda entrar en las parcelas para la siembra, el abono o los tratamientos y el incremento del riesgo de compactación, o mayor incidencia de asfixia radicular, entre otros.

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La dirección de Renault España y los sindicatos se distancian en la negociación del convenio 2026-2028, tras presentar la empresa medidas dirigidas a reducir el absentismo, aumentar la flexibilidad y contener los costes, frente a una plataforma sindical con propuestas centradas en la estabilidad, la recuperación de poder adquisitivo y mejoras laborales.

La Dirección de la empresa y los sindicatos UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF han mantenido este jueves la tercera reunión de la Comisión Negociadora del convenio colectivo para los próximos tres años (2026-2028), donde la representación de los trabajadores ha completado la presentación de la plataforma conjunta formada por 163 medidas y la empresa ha planteado la suya con 48 medidas.

La Dirección de Renault España ha asegurado en un comunicado que ha recogido las peticiones presentadas por los sindicatos y que, en una primera valoración, “las propuestas no acompañan a la actual situación crítica del sector de la automoción”

Renault ha señalado que con las condiciones que plantean los sindicatos “el acuerdo que permita atraer nuevos productos a las factorías españolas está muy lejos de ser posible”.

Por su parte, los sindicatos han rechazado la propuesta de la empresa porque consideran que las medidas contempladas están alejadas de las necesidades de los trabajadores ya que pretende ampliar la jornada, reducir el salario, introducir las ETTs , eliminar aspectos sociales o aumentar la flexibilidad, entre otras medidas, para seguir siendo productivos y optar a la adjudicación de un Plan Industrial.

Desde UGT la valoración es negativa, y han lamentado que las posturas entre la empresa y los sindicatos estén “muy alejadas”, han trasladado en un comunicado.

Al respecto, han incidido en que su mensaje es claro y han advertido de que si la empresa mantiene su postura, UGT no va a llegar a un acuerdo y lo único que va a conseguir Renault es conflictividad social.

También desde CCOO han trasladado su desacuerdo con la propuesta de la empresa y han reclamado un convenio justo que reconozca el esfuerzo sostenido de la plantilla durante los últimos años.

CCOO ha considerado imprescindible que el nuevo marco laboral garantice estabilidad, respeto y mejoras proporcionales al compromiso demostrado por las trabajadoras y trabajadores en los distintos centros de la compañía.

Y ha recordado que, especialmente en los momentos más difíciles, la plantilla ha demostrado responsabilidad y lealtad, asumiendo reorganizaciones, flexibilidad, cambios de turno, adaptaciones productivas, contenciones salariales, incrementos de ritmos y diversas medidas para garantizar la viabilidad y competitividad de la compañía.

“Cuando la empresa ha necesitado sacrificios, las personas trabajadoras hemos estado ahí”, ha asegurado Sergio García, delegado general CCOO Renault España.

García ha insistido en que la plantilla ha contribuido decisivamente a los resultados, la eficiencia y la reputación industrial de Renault y ahora exige garantías de estabilidad y empleo, recuperación del poder adquisitivo, medidas que dignifiquen las condiciones de trabajo y un marco de negociación basado en el respeto y la corresponsabilidad.

También desde CGT han sostenido que las condiciones propuestas “son inasumibles” y no se ajustan a lo que en la actualidad representa el grupo Renault en España: récord de beneficios, segunda marca más vendida en España en 2025 y una previsión de seguir creciendo en 2026.

Entre las medidas que solicitan los sindicatos figuran un aumento de los permisos, incrementar los salarios por encima del IPC, reducir progresivamente la jornada anual, mejorar pluses y días de antigüedad, y abordar aspectos relacionados con la movilidad interna, la desconexión digital y el empleo.

Por su parte, Renault plantea ampliar la jornada anual en tres días, eliminar los periodos generales de disfrute de vacaciones colectivas, un centro único entre Valladolid y Palencia y no ligar las subidas salariales al IPC.

También reducir la cantidad de los pluses que se cobra, pasar salario fijo consolidado de las pagas extras a salario variable, regular las contrataciones a través de ETT, la obligatoriedad del turno de tarde, y aumentar la flexibilidad o limitar conciliaciones y permisos.

La Dirección de Renault España ha considerado que el camino a recorrer para llegar a un acuerdo es largo y recuerda que las prioridades para asegurar el futuro de las factorías españolas son reducir el absentismo, incrementar la flexibilidad y contener los costes.

Los sindicatos han incidido en que seguirán defendiendo los intereses de los trabajadores en la próxima reunión de la comisión negociadora prevista para el 24 de febrero.

Galletas Gullón, la galletera centenaria y uno de los principales fabricantes de Europa, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 750 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,6% con respecto al año anterior, según informa en un comunicado.

En concreto, el 45% de la facturación procede de la exportación de sus productos, que ya están presentes en más de 125 países, siendo Oriente Medio, Asia-Pacífico y el norte de África algunos de los mercados en los que la galletera más ha crecido este año, y acercándose al objetivo de que en 2030 las exportaciones superen las ventas nacionales.

En el ámbito laboral, la galletera española ha alcanzado los 2.300 puestos de trabajo en 2025, siendo buena parte de ellos profesionales de la región, y prevé llegar a los cerca de 3.000 empleos en 2030.

La compañía ha señalado que estas cifras son el resultado de la combinación de eficiencia productiva, innovación, internacionalización y sostenibilidad.

El consejero delegado y director general de Galletas Gullón, Juan Miguel Martínez Gabaldón, ha indicado que estos resultados “suponen un espaldarazo” a su estrategia, “demostrando que Galletas Gullón es capaz de no dejar de innovar y exportar sus productos sin perder sus valores y su compromiso local, además de crear puestos de trabajo y respetar el planeta y su entorno”.

La galletera ha destacado su apuesta por la innovación, que es seña de identidad para la empresa, ya que fue pionera en el lanzamiento la primera galleta integral del mercado español en 1979, la elaborada con aceites vegetales en 1986 y cuenta con una experiencia de 30 años en el campo de las galletas sin azúcares.

Inversión de 20 millones

De esta forma, Galletas Gullón se mantiene como líder del sector galletero, con un 35% de cuota, del segmento sin azúcar con un 60%, y del de galletas ecológicas y BIO con un 32%.

En sentido, la compañía prevé que en 2026 vayan entrando en funcionamiento las cinco nuevas líneas de producción para la fábrica de VIDA 2 y se termine de ejecutar la inversión de 20 millones de euros destinados a ampliar su capacidad logística y almacenamiento de materias primas y material auxiliar.

“La historia de Galletas Gullón no se puede entender sin una apuesta continua por la innovación, un compromiso que nos ha permitido dar respuesta desde hace décadas a los diferentes gustos y necesidades de los consumidores. Continuamos invirtiendo en innovación para tener la capacidad de seguir respondiendo a las exigencias del mercado en el futuro”, ha señalado la presidenta de Galletas Gullón, Lourdes Gullón.

Los sindicatos CCOO, CSIF, STECyL y UGT han amenazado con movilizaciones e incluso recurrir a la vía judicial si no se avanza en un nuevo convenio colectivo para el profesorado universitario de Castilla y León, en lo que llevan más de 10 años, y que tiene a esos docentes en “la precariedad”, con “el salario más bajo y los complementos” peor remunerados de toda España.

En un comunicado, los sindicatos que conforman la parte social de las universidades han recordado que en mayo del 2023, y tras dos años de espera, fueron convocados para negociar el tercer convenio colectivo en el que siguen estancados en la actualidad, “en un proceso pasivo y contrario a avances” para su firma.

Los sindicatos han defendido que ellos han presentado una propuesta común de tablas salariales, aspecto fundamental para sentar las bases de un III Convenio colectivo del Personal Docente e Investigador (PDI) laboral con garantías.

Plantean la equiparación de Profesor/a Permanente Laboral a Titular de Universidad en términos retributivos, subidas salariales de los Profesores/a Ayudantes Doctores/as, Profesores/as Colaboradores, Profesores/as Sustitutos, Profesores Asociados y la regulación del Personal Investigador en el marco del convenio.

Con ello, pretender alcanzar unas retribuciones dignas para el PDI de las universidades públicas de Castilla y León ya que en estos momentos se sitúan como las más bajas, a la cola, comparativamente hablando, frente a esas mismas figuras en la mayoría de las universidades del ámbito nacional.

Los sindicatos han recordado que los procesos de negociación, que ya se dilatan durante más de 10 años, han presentado pocos avances, y por sentencia judicial, y muchas promesas no cumplidas.

A su juicio, “la estrategia de la Junta de Castilla y León de no asistir a las negociaciones, no tiene otro fin que evitar subir la financiación del Capítulo 1 -gastos de personal- que permitiría dignificar el salario del profesorado de las universidades públicas”.

Esta postura, según los sindicatos, “cuenta además con la connivencia de las universidades, quienes gestionan las retribuciones de su profesorado laboral creando desigualdad (existen figuras que tienen salarios inferiores en la misma comunidad autónoma) y se presentan a las reuniones de negociación del convenio colectivo sin ninguna propuesta”.

A ello se suma “que no tienen ningún afán de avanzar en la negociación de un convenio que, sin acuerdos salariales, lo único que haría sería favorecer el aumento de la brecha salarial entre las universidades públicas de Castilla y León y el resto de las universidades públicas de otras comunidades”.

Los sindicatos han sostenido que están “en los últimos puestos retributivos a nivel nacional, que la equiparación de PPL (o PCD anteriormente) al TU lleva años, e incluso décadas, siendo una realidad en la mayoría de las comunidades autónomas, que los complementos autonómicos son de los más bajos de España y que, sin un compromiso en esos aspectos básicos, resulta imposible construir un convenio adecuado y justo para el PDI laboral”.

“Seguiremos reivindicando una firma del convenio con tablas salariales dignas como base, igualmente le pedimos a los representantes de las universidades que negocien con nosotros de manera limpia, sin dilaciones y que dejen de ser cómplices de la Junta de Castilla y León en el deterioro de las condiciones retributivas del PDI de las universidades públicas de nuestra comunidad”, han demandado.

Y han reclamado un proceso de negociación justo, con reuniones productivas, propuesta serias a nivel retributivo y que hagan valer la autonomía universitaria para acordar con la Junta de Castilla y León la mejora de su profesorado.

Los sindicatos han advertido de que hasta que “no vean un cambio proactivo en la negociación, las organizaciones sindicales nos vemos en la obligación de utilizar todas las herramientas de presión a nuestro alcance, actuar administrativa y judicialmente en todos aquellos aspectos que la Junta y las universidades públicas no cumplan, a convocar movilizaciones del profesorado y a trasladar a la opinión pública ese menosprecio al personal que trabaja en las universidades públicas de Castilla y León.

Castilla y León arrancó el 2026 con 1.971 parados más en enero que en el mes anterior, el 1,93 por ciento de incremento, frente al 1,26 por ciento nacional, que deja en 103.976 los desempleados en la comunidad, que además se dejó en el primer mes del año 12.620 empleos, el -1,24 por ciento, hasta los 982.303 afiliados.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publican los datos de paro y afiliación de enero en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 6.202 parados menos que hace un año, el -5,63 por ciento, también por debajo del -6,17 de recorte nacional, y 14.474 cotizantes más, el 1,5 por ciento (2,26 nacional).

En España, el paro subió en enero en 30.392 personas en relación con el mes anterior (1,26%) y respecto a enero de 2025 descendió en 160.381 personas (-6,17%).

14.474 cotizantes más que hace un año

En cuanto al empleo, España cerró enero con 270.782 cotizantes menos que en diciembre, el -1,24 por ciento, con 477.818 más que hace un año, el 2,26 por ciento más.

En Castilla y León los cotizantes bajaron en 12.620 respecto al mes anterior, el -1,27 por ciento, con 14.474 más que hace un año, el 1,5 de mejora. Los afiliados bajaron en todas las provincias respecto a diciembre entre el 1,91 por ciento de Segovia y 1,73 por ciento de Ávila y el 1,02 de Valladolid.

Esos 103.976 parados de enero del 2026 es el menor dato para un mes de enero en los últimos seis años, ya que en enero del 2021 el dato se situó en 173.903 parados en Castilla y León, y en el 2025 en 110.178, según la estadística de la Consejería de Economía autonómica, recogida por EFE.

El paro registrado en enero de 2025 bajó sólo en Illes Balears en 1.260 personas, con subidas en las 16 comunidades restantes, encabezadas por Andalucía (8.046), Comunidad de Madrid (3.659) y Galicia (3.113). Castilla y León anotó el sexto mayor aumento del paro del conjunto autonómico en dato absoluto.

El paro aumentó más en Salamanca y menos en Valladolid

Y el desempleo subió en enero en dato mensual en todas las provincias de Castilla y León, en especial en Salamanca, con un 3,19 por ciento más que en diciembre, con un 2,87 por ciento en Zamora, y el 0,59 por ciento de Valladolid en el otro extremo.

En Ávila el paro aumentó un 1,17%, en Burgos el 2,04%, en León el 2,50%, en Palencia el 1,69%, en Segovia el 1,19%, en Soria un 1,48% y en Zamora el 2,87%.

En términos anuales, el número de parados registrados disminuyó en todas las provincias de la comunidad: Ávila (-7,28%), Burgos (-4,45%), León (-6,14%), Palencia (-2,52%),Salamanca (-7,52%), Segovia (-3,61%), Soria (-5,93%), Valladolid (-4,83%) y Zamora (-6,11%).

El sector servicios registró 2.002 parados

El paro subió especialmente en el sector servicios, que sumó 2.002 parados más que en diciembre en Castilla y León, con caídas en agricultura, que cerró enero con 77 parados menos, y la construcción, con 14 menos.

También aumento ligeramente el paro en el sector de la industria, con una decena más de desempleados que en diciembre, y medio centenar más se sumaron al grupo de sin empleo anterior.

1.256 mujeres más en el paro que en diciembre

El paro fue eminentemente femenino en enero en la comunidad, con 1.256 desempleadas más que en diciembre, el 2,08 por ciento de aumento (1,75 nacional); con 715 hombres más desempleados que el mes anterior (1,72 frente al 0,53 nacional).

En cuanto a los jóvenes, en enero se sumaron 181 menores de 25 años a las listas del paro de Castilla y León, y ya son 8.320.

46.811 contratos en enero, 3.049 menos que hace un año

En enero se formalizaron 46.811 contratos en Castilla y León, que suponen 1.515 y un 3,13 por ciento menos que en diciembre, con una menor caída que el 5,43 nacional.

Respecto a enero del 2025, la comunidad anotó 3.049 contratos menos, con una caída del 6,12 por ciento (-4,15 nacional).

1.808 contratos indefinidos más que en diciembre

De esos contratos, 16.854 fueron indefinidos, 1.808 más que en diciembre, con un repunte del 12,02, frente al 5,56 por ciento de promedio nacional,

Y esos contratos indefinidos suponen 346 menos que hace un año, el -2,01, frente al -4,71 nacional.

En cuanto a las prestaciones por desempleo, llegaron a 57.021 desempleados en la comunidad, con datos en este caso de diciembre; de ellas 38.666 prestaciones contributivas y 18.270 subsidios, con 85 rentas activas de inserción.