Renault España y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han suscrito este martes el convenio colectivo para el periodo 2026-2028 que asegura el empleo de más de 6.000 trabajadores en Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid, y refuerza el futuro industrial con la asignación de cinco vehículos a las fabricas de Palencia y Valladolid.

Renault ha calificado el acuerdo de “histórico”, ya que además de asegurar más de 6.000 empleos directos, supone el arranque de la producción de vehículos eléctricos en España, un nuevo hito histórico en los 75 años del grupo en el país.

“Este acuerdo convertirá a España en referente tecnológico del dispositivo industrial global del grupo, gracias a la adjudicación de la plataforma más moderna e innovadora de Renault Group, que permitirá la producción de vehículos eléctricos”, ha afirmado la empresa en un comunicado.

El convenio ha sido posible gracias al apoyo de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, que ratificaron en sus asambleas de este fin de semana su apoyo a un acuerdo con 63 medidas en materia de costes salariales, flexibilidad, empleo o aspectos sociales para el periodo 2026-2028.

Para UGT y CCOO el convenio suscrito este martes asegura el futuro de Renault y del tejido industrial, consolida el empleo de las plantillas y garantiza beneficios salariales y sociales para los trabajadores. Además, UGT destaca que las 63 medidas del documento incluyen casi el 70 % de sus propuestas.

“Hemos firmado un acuerdo responsable, que demuestra una vez más la competitividad de las factorías españolas, a la vez que ofrece una plataforma de medidas muy completa para responder a muchas de las necesidades expuestas por las organizaciones sindicales”, ha afirmado Reyes Torres, directora de Recursos Humanos de Renault Group España.

Cinco modelos, tecnologías punteras y coche eléctrico

Torres ha incidido en que el acuerdo refuerza el papel de las plantas españolas en la transformación hacia la movilidad eléctrica.

En ese sentido, el acuerdo hace posible la adjudicación de cinco nuevos modelos, tres vehículos para la factoría de Palencia, dos de ellos multienergy platform y un vehículo hybrid long life, y el mantenimiento de dos vehículos hybrid long life en la factoría de Valladolid.

Con ello se aseguran las condiciones necesarias para el futuro de la planta de Valladolid y por otro se introduce un cambio de paradigma en la factoría de Palencia con la adjudicación de la nueva plataforma eléctrica RGEV Medium 2.0.

Se trata de una plataforma al más alto nivel del Grupo en innovación tecnológica, capaz de ofrecer hasta 750 kilómetros de autonomía WLTP en eléctrico y hasta 1.400 kilómetros de autonomía WLTP en rango extendido.

Esta plataforma, presentada en el plan estratégico futuREady el pasado marzo, hará posible que Renault Group arranque la producción de vehículos eléctricos en España, consolidando el compromiso y el papel clave de las factorías españolas en la nueva era de la movilidad sostenible, generando valor añadido, empleo cualificado y oportunidades de innovación en toda la cadena de valor.

Reyes Torres ha sostenido que el Grupo “vuelve a confiar en el saber hacer de los equipos españoles, asignando cinco nuevos vehículos a España y adjudicando a la factoría de Palencia la plataforma más avanzada e innovadora a nivel mundial, situando a nuestro país como referente tecnológico”.

63 medidas con mejoras laborales

Esos acuerdos del Plan Industrial, con esa asignación de cinco vehículos, han pesado en la decisión de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO de suscribir el convenio, junto a otros puntos como el aumento del salario fijo y variable, las mejoras en flexibilidad y Bolsa de Horas, aumentando el plus, limitando el número de sábados laborales y asegurando descanso entre festivos, o los 300 trabajadores indefinidos.

También se ha valorado para la firma las mejoras en las condiciones de trabajo, con la creación de la comisión de absentismo, donde se trabajará en los ritmos o las salidas con contrato de relevo a los 61 años, así como las inversiones en la climatización y los descuentos en la compra de coches o el Plan de Salud incluyendo gimnasios gratuitos, entre los aspectos sociales.

Para Sergio García, delegado de CCOO de Renault España, esta firma garantiza un avance en materia salarial, condiciones laborales y aporta seguridad en una situación, especialmente compleja, para la industria de la automoción, marcada por la transformación tecnológica del sector y las incertidumbres geopolíticas internacionales.

CCOO ha defendido que durante toda la negociación ha primado la responsabilidad y la defensa del interés colectivo de las personas trabajadoras, buscando un equilibrio entre la mejora de las condiciones laborales y la garantía de futuro para las plantas de Valladolid y Palencia.

Los dos sindicatos mayoritarios han valorado el acuerdo y han agradecido el respaldo de los trabajadores que han participado en las asambleas y en las movilizaciones “para demostrar que no estaban dispuestos a un retroceso en sus derechos laborales”.

“Ahora toca trabajar, pero lo fundamental es que vamos a seguir teniendo trabajo y que van a entrar unas tecnologías que van a ser punteras para el coche eléctrico en Castilla y León y eso va a asegurar el trabajo a cientos de familias en España”, ha afirmado García.

SCP, CGT y CSIF: no al acuerdo

El acuerdo ha salido adelante sin el apoyo de los sindicatos SCP, CGT y CSIF que han considerado insuficientes las medidas salariales, laborales y sociales incluidas en el documento. Por su parte. CGT ha convocado concentraciones mañana miércoles para protestar contra la firma del convenio colectivo 2026-2028 de Renault España que se concretará este martes en Valladolid y que afectará a más de 6.000 trabajadores de Valladolid, Palencia, Sevilla y Madrid.

Bajo el lema “Concentraciones por un convenio digno”, la CGT ha hecho un llamamiento a los trabajadores a concentrarse en los centros de Valladolid y Palencia para exigir “más salario, más derechos y menos flexibilidad”. El delegado general de DGT Renault España, Miguel Ángel León, ha defendido que no se han cumplido con las “necesidades mínimas” y la recuperación del salario es “mínima”, de 400 euros en tres años.

Las concentraciones se celebrarán a las puertas de las plantas de Carrocerías y Montaje en Valladolid y de la fábrica de Villamuriel de Cerrato (Palencia) desde las 13:15 horas hasta las 14:45 horas, según informa la CGT. “Es la única herramienta que podemos poner al servicio de nuestros compañeros para poder mostrar ese descontento”, ha agregado León. De esta forma, la CGT quiere escenificar su rechazo al convenio que suscriben este martes la Dirección de Renault España y los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO. También se han opuesto a la firma de este convenio el Sindicato de Cuadros y Profesionales SCP y CSIF.

Castilla y León anotó en mayo 2.609 parados menos que en abril, con un 2,62 por ciento de recorte que dejó en 97.155 los desempleados en esa comunidad, que en ese mes sumó 9.815 cotizantes más a la Seguridad Social, para superar de nuevo el millón de afiliados, con 1.006.379.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de mayo en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 4.522 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,45 por ciento, ligeramente por debajo del -5,47 por ciento nacional.

En comparativa anual, Castilla y León cerró mayo con 17.876 cotizantes más que hace un año, el 1,81 por ciento más.

La Comunidad anota el segundo mayor recorte autonómico en dato relativo

En el conjunto nacional, el mercado laboral sumó en mayo 231.975 afiliados de media hasta superar los 22,33 millones; y en cuanto al desempleo, el paro bajo en mayo en 36.323 personas en España, el 1,54 por ciento, que dejó en 2.320.721 los desempleados

El paro registrado en mayo de 2026 bajó en todas las comunidades respecto al mes anterior y Castilla y León anotó el quinto mayor recorte en dato absoluto y el segundo relativo a la par que Galicia y sólo por detrás de Baleares.

Soria anotó la mayor bajada mensual y el único aumento anual

El desempleo bajó en todas las provincias de la comunidad, por encima del 3 por ciento respecto a abril en Ávila, Salamanca, Segovia, Zamora y Soria.

Destacó el recorte del 3,80 por ciento del paro en mayo respecto a abril en la provincia soriana, a la cabeza nacional.

Respecto a abril el paro bajo en Ávila (-3,35%), Burgos (-2,64%), León (-1,84%), Palencia (-2,59%), Salamanca (-3,29%), Segovia (-3,74%), Soria (-3,80%), Valladolid (-1,85%) y Zamora (-3,38%).

En términos anuales, el número de parados registrados disminuyeron en Ávila (-4,42%), Burgos (-5,71%), León (-4,85%), Palencia (-2,57%), Salamanca (-7,11%), Segovia (-5,78%), Valladolid (-3,61%) y Zamora (-1,11%) y sólo aumentaron en Soria (2,65% y 68 parados más en doce meses).

Bajada en todos los sectores salvo en el de sin empleo anterior

En mayo, el paro bajo respecto al mes anterior en todos los sectores salvo en el de sin empleo anterior, que anotó 74 parados más.

Bajó especialmente en Servicios, con 2.331 desempleados menos en un mes, y 2.565 menos que hace un año; con 134 parados menos en Agricultura, 120 en Industria y 98 en la Construcción.

Descensos en el paro juvenil y en el femenino

La comunidad también anotó recortes tanto en el desempleo de menores de 25 años, con 186 desempleados menos que en abril; como en el femenino, con 1.117 paradas menos que el mes anterior en Castilla y León, el -1,83 por ciento (-1,43 nacional).

En mayo la comunidad registró 53.459 contratos, 3.289 más que en abril, con un aumento del 6,56 por ciento, por encima del 5,20 por ciento nacional.

5.035 contratos menos que hace un año

Aunque la contratación fue menor que hace un año, en concreto en mayo del 2026 de cerraron 5.035 contratos menos que en mayo del 2025, el -8,61 por ciento, frente al -0,40 nacional.

La contratación aumentó en comparativa mensual en trece comunidades con caídas en el resto; y respecto a hace un año, sólo cuatro comunidades registraron aumentos: Aragón, Cataluña, Madrid (9,10 por ciento) y País Vasco (6,54).

Del total de contratos, 19.554 fueron indefinidos en el caso de Castilla y León, 2.032 más que en abril y 884 menos que hace doce meses.

75.029 prestaciones por desempleo

En cuanto a las prestaciones por desempleo, en este caso con datos de abril, Castilla y León contó con 75.029 prestaciones, de ellas 39.057 prestaciones contributivas; con 35.939 subsidios y 33 rentas activas de inserción.

El Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP) en Renault, que cuenta con tres representantes en la plataforma sindical encargada de negociar el convenio colectivo de Renault España, ha decidido finalmente no firmar el acuerdo para el periodo 2026-2028, pese a haber respaldado inicialmente el preacuerdo junto a CCOO y UGT.

La organización ha adoptado esta decisión tras analizar la última propuesta planteada por la empresa el pasado martes durante la reunión celebrada en el Ministerio de Industria, presidida por el ministro de Industria, Jordi Hereu.

El martes, la dirección de Renault España y los sindicatos CCOO, UGT y SCP suscribieron un preacuerdo para el convenio colectivo 2026-2028, pendiente de ratificar en asambleas de afiliados, mientras que CSIF y CGT se desmarcaron al considerar la propuesta insuficiente.

El órgano de Gobierno de SCP se ha reunido este jueves para analizar la situación y ha decidido que finalmente no firmará el convenio colectivo.

“La respuesta por mayoría del pleno ha sido un no a la firma del convenio”, ha manifestado la delegada general del Sindicato de Cuadros y Profesionales (SCP), Susana Cocho, en un vídeo remitido a los medios de comunicación, en el que ha explicado que la decisión se ha tomado de forma meditada después de “evaluar cada una de las líneas propuestas por la empresa”.

El principal argumento para no firmarlo ha sido el salario, la pérdida de poder adquisitivo y la eliminación de la contribución personal, pero también hay otros motivos que no convencen al sindicato en relación con el numero de sábados trabajados al año y la falta de concreción en lo referente a ritmos, saturaciones y temperaturas al considerar que la propuesta de la dirección “se queda solo en buenas intenciones”.

“Por todas estas razones la posición de SCP es un no a la firma del convenio”, ha concluido.

Los sindicatos que participan en la mesa de negociación son UGT con 4 representantes, CCOO con 3, SCP con otros 3, CGT con 2 y CSIF con uno.

CCOO que ha firmado el preacuerdo está celebrando asambleas de afiliados este jueves en la factoría de Palencia y mañana viernes lo hará en Valladolid, mientras que CGT someterá la decisión de no firmar el convenio en las asambleas convocadas el domingo.

Las empresas forestales que participan en el operativo de lucha contra incendios de Castilla y León han anunciado que dejarán de intervenir en la extinción de fuegos a partir de este jueves. La decisión, adoptada por unanimidad en la asamblea de la patronal ASEMFO celebrada el pasado 22 de mayo, afecta a cerca de 950 bomberos forestales y se justifica por lo que la patronal considera una situación de “absoluta falta de seguridad jurídica, laboral y operativa”. Las compañías toman esta decisión a las puertas de la temporada alta, que empieza 12 de junio, e inmerso el operativo en el proceso de reversión al sector público de forma parcial.

En el comunicado, han señalado que “la negligencia” de las administraciones públicas “pone en peligro vidas humanas y obliga a las empresas a dejar los incendios a su suerte”.

La decisión, que la organización califica de “límite e insostenible”, deriva de más de un año de requerimientos ignorados por la Administración autonómica y la campaña de acoso y derribo emprendida por la Inspección de Trabajo que provoca que, en la extinción de incendios, la Junta exige unas condiciones operativas propias de una emergencia, que la Inspección de Trabajo sanciona.

Según ha apuntado, mientras el operativo exige actuar bajo condiciones propias de una emergencia, las inspecciones consideran que esas intervenciones deben regirse por la normativa ordinaria en materia de jornadas, descansos y exposición a riesgos laborales.

ASEMFO ha asegurado asegura que las empresas han quedado “atrapadas entre dos criterios incompatibles” que hacen inviable prestar el servicio con garantías legales.

Inseguridad jurídica

Esta contradicción, como han señalado las empresas, ha derivado en una inseguridad jurídica “absoluta”, con sanciones continuas por aspectos como jornadas, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la propia extinción de incendios.

La patronal ha afirmado que lleva reclamando desde marzo de 2025 una solución para que se cumplan las condiciones mínimas necesarias para operar con seguridad sin haber obtenido respuesta por parte de la Administración autonómica. A su juicio, la actitud de la Junta ha sido “irresponsable, negligente y completamente incompatible con la gestión de un servicio esencial”.

Para ASEMFO la falta de medidas ha desembocado en un escenario “límite e insostenible” que impide seguir prestando el servicio con garantías legales.

Las empresas ha indicado que las sanciones derivadas de cuestiones relacionadas con jornadas laborales, tiempos de trabajo o exposición a riesgos inherentes a la extinción de incendios han convertido la prestación del servicio en una actividad jurídicamente inviable. También han recordado que la propia Inspección de Trabajo considera estas actuaciones como trabajo ordinario y no como una emergencia, por lo que no resultarían aplicables determinadas excepciones previstas en el artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Es por esto que la patronal ha instado a que las administraciones se pongan de acuerdo en cuanto a la interpretación de la legalidad y del propio sentido común.

ASEMFO insiste en que la decisión de retirarse del operativo no pretende ejercer presión sobre la Administración. “La retirada de la extinción de incendios forestales no responde a una estrategia de presión, sino a la imposibilidad real de trabajar en condiciones de seguridad jurídica”, señala la organización, que reclama una respuesta “urgente, concreta y verificable” por parte de las administraciones implicadas.

La sustitución por Tragsa no mejora el Operativo

Asimismo, ASEMFO ha afirmado que la sustitución de la participación privada en la extinción de incendios por Tragsa “no mejora el operativo”. Según han explicado, este reemplazo está generando “graves perjuicios” a los trabajadores, al no aplicarse derechos recogidos en la Ley del bombero forestal, como la subrogación, ni el mantenimiento de sus condiciones laborales.

La patronal también critica el proceso de sustitución de empresas privadas por Tragsa en algunas bases del operativo. Según ASEMFO, el cambio está generando perjuicios laborales para parte de los trabajadores al no reconocerse, a su juicio, derechos previstos en la legislación estatal de bomberos forestales, como la subrogación o el mantenimiento de determinadas condiciones laborales.

Pese a ello, la organización ha asegurado que no cuestiona que la gestión pueda ser pública o privada y defiende que la prioridad debe ser garantizar un servicio eficaz de prevención y extinción de incendios. Lo que ha reclamado, añade, es un marco legal y operativo que permita desarrollar el trabajo sin la incertidumbre actual.

Para la patronal, la prioridad debe ser “un servicio de calidad, con independencia de que su gestión sea pública o privada”.

“Tras más de 35 años de colaboración leal con el operativo de incendios, las empresas forestales consideran que la Administración ha quebrado las bases mínimas de confianza y funcionamiento. La asociación exige una respuesta urgente, concreta y verificable”, han concluido.

La Junta atribuye el problema con las empresas de incendios a un Decreto del Gobierno central

La Junta de Castilla y León ha asegurado que trabajará para encontrar una solución que permita mantener el servicio. El portavoz en funciones del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha señalado que el origen del conflicto radica en la aplicación del Real Decreto 612/2024, aprobado por el Gobierno central, que endurece las exigencias en materia de seguridad y salud laboral para las empresas dedicadas a la extinción de incendios forestales.

“Entendemos perfectamente la situación por la que atraviesan”, ha afirmado Carriedo tras el Consejo de Gobierno. El portavoz ha defendido que la nueva normativa incorpora “nuevos requisitos y nuevos costes” que preocupan a las adjudicatarias del operativo y ha asegurado que la Junta está dispuesta a colaborar para facilitar su adaptación. “Nuestra idea es ayudarles en el cumplimiento de esa nueva normativa”, ha indicado, apuntando incluso a la posibilidad de contribuir a sufragar parte de los costes derivados de su aplicación o prestar apoyo con medios y servicios de la Administración.

Lo que no ha concretado el portavoz en funciones es qué va a pasar si hay un incendio que necesite de los 950 empleados de las empresadas privada. La Junta ha recordado en que los contratos siguen vigentes y son de obligado cumplimiento para ambas partes. Carriedo ha eludido pronunciarse sobre posibles expedientes o sanciones y ha agregado que el objetivo del Gobierno autonómico es “buscar una solución” y mantener la colaboración con las empresas mientras duren las adjudicaciones.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ejecutivo de avanzar hacia un operativo íntegramente público conforme vayan venciendo los contratos actuales. “La idea es que en tres años el operativo sea completamente público”, ha apostillado.

Cambio a un modelo público con la incorporación de los efectivos a empresas públicas

Este plantón de la patronal llega en un momento de transición del modelo de gestión de incendios forestales en Castilla y León. Tras los grandes incendios registrados en los últimos años, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, se comprometió a avanzar hacia un operativo de carácter público mediante la incorporación progresiva de efectivos a empresas públicas como Tragsa o Somacyl conforme fueran venciendo los contratos con empresas privadas.

Sin embargo, la Consejería de Medio Ambiente ha seguido recurriendo a empresas privadas para cubrir parte del servicio. En los últimos meses, se han adjudicado o licitado varios contratos para brigadas y autobombas forestales por más de siete millones de euros, pese al compromiso del Ejecutivo autonómico de asumir progresivamente estas funciones desde el sector público.

Algunas de estas licitaciones han sido criticadas por no recoger expresamente la categoría profesional de bombero forestal contemplada en la Ley Básica de Bomberos Forestales, mientras que en otros casos, como la base de Las Casillas, en Segovia, la Junta optó finalmente por encomendar la gestión a la empresa pública Tragsa.

La continuidad de estos contratos privados, por lo menos hasta 2028, ha generado críticas tanto de sindicatos como de grupos de la oposición, que han reclamado acelerar la integración del operativo en el sector público. El Ejecutivo autonómico sostiene que el proceso se realizará de forma gradual a medida que concluyan los contratos vigentes, mientras que las empresas del sector defienden que el debate no debe centrarse en la naturaleza pública o privada de la gestión, sino en garantizar unas condiciones operativas y jurídicas que permitan prestar el servicio con normalidad.

 La dirección de Renault España y los sindicatos CCOO y UGT han suscrito este martes un preacuerdo para el convenio colectivo 2026-2028, a pesar de que tanto CSIF como CGT han considerado insuficiente la propuesta, anunciada en una reunión en el Ministerio de Industria, presidida por el ministro Jordi Hereu, han confirmado a EFE fuentes de la mesa negociadora.

La dirección de Renault España había propuesto este martes un preacuerdo a la mesa negociadora para el convenio 2026-2028 en el que se mantendrían las mismas condiciones que en el anterior para la revisión salarial.

Según han informado a EFE fuentes de la mesa negociadora, este preacuerdo estaría condicionado a la adjudicación de tres nuevos vehículos para la factoría de Palencia y a la continuidad en la factoría de Valladolid de dos coches híbridos 'long life', lo que posicionaría a la factoría como preferente para la adjudicación de nuevos vehículos.

Asimismo, para todos los trabajadores se abonarían 400 euros brutos en enero de paga única, otros 400 euros en 2027 y 200 euros en 2028, consolidando a partir de ese año este único importe para todas las personas trabajadoras.

Además se abonaría a la nómina de septiembre de cada año de vigencia del convenio un único importe de 145 euros brutos.

También se contempla incrementar en un 15 % el valor de la hora extra, mantener la jornada laboral anual, 300 contratos indefinidos durante la vigencia del convenio y una inversión mínima anual de 300.000 euros para el conjunto de las fábricas para mejorar sus condiciones.

La dirección de Renault España ha destacado que este preacuerdo, además de asegurar más de 6.000 empleos directos en los próximos años, convertiría a España “en punta de lanza tecnológica del dispositivo industrial global del Grupo, gracias a la adjudicación de la plataforma más moderna e innovadora de Renault Group”, que permitirá la producción de vehículos eléctricos por primera vez en España.

Renault asegura que es “un momento histórico”

En un comunicado, la directora de Recursos Humanos de Renault Group España, Reyes Torres, ha afirmado que este es “un momento histórico” para Renault en España, tras 75 años de trayectoria industrial y más de 19 millones de vehículos producidos de más de 30 modelos.

“El Grupo reafirma su apuesta por el saber hacer de nuestros equipos en Valladolid y Palencia con la adjudicación de la plataforma más avanzada e innovadora a nivel mundial para los modelos de los próximos años y la asignación de cinco nuevos modelos en España”, ha añadido.

Y ha subrayado Reyes Torres que con este acuerdo se asegura “el futuro de los más de 6.000 empleos directos que forman Renault Group en España y muchos otros que el Grupo genera de forma indirecta y reforzamos el papel de nuestras plantas en la transformación hacia la movilidad eléctrica”.

UGT considera “suficientemente atractivo” el convenio

Este preacuerdo se alcanza después de los paros parciales y las movilizaciones que tuvieron lugar el pasado viernes en las factorías de la firma en España.

Adolfo Arnáez, componente de UGT en la mesa negociadora, ha señalado tras la reunión que “nadie se ha guardado nada” en esta mesa, tampoco la dirección y ha agradecido “la postura y el apoyo” de todos los trabajadores de Renault que secundaron paros convocados la semana pasada y también a la dirección, que ha accedido a que ninguno de aquellos que pararon durante la semana pasada tengan “ningún tipo de descuento” en su nómina.

“Pensamos que es un convenio lo suficientemente atractivo para que sea ratificado por el conjunto de los trabajadores”; ha asegurado Arnáez.

CSIF y CGT ven insuficiente el preacuerdo

No obstante, para CSIF, el acuerdo es insuficiente al no recuperar poder adquisitivo dado que los años 2021 y 2022 los salarios estuvieron congelados, mientras que tampoco se da respuesta al problema de la carga excesiva de ritmos de trabajo. Asimismo, han lamentado que se haya modificado a la baja la prima por contribución individual. Todo ello, según han señalado en un comunicado, servirá para que siga “aumentando el absentismo a costa de la salud de las personas trabajadoras”.

Para CSIF, UGT y CCOO “se han rendido” a un convenio empresarial que “no responde al sentir y las reivindicaciones de la inmensa mayoría de la plantilla”.

Por su parte, CGT ha explicado en un comunicado que no han firmado el preacuerdo porque antes deben someterlo a debate de sus asambleas: “El preacuerdo, pese a los avances, sigue siendo insuficiente y alejado de lo que realmente merece la plantilla de Renault tras años de esfuerzos y sacrificios”. 

Hereu, satisfecho por el preacuerdo alcanzado en Renault

El ministro de Industria y Turismo ha mostrado este miércoles su satisfacción por el preacuerdo para la aprobación del convenio colectivo 2026-2028 de Renault, por la importancia “estratégica” de la empresa para la automoción española y también para la economía de Castilla y León.

El acuerdo, que ahora debe ser ratificado en asamblea por la empresa y los sindicatos, se alcanzó en una reunión que tuvo lugar ayer en el Ministerio de Industria, convocada y presidida por el propio ministro, que lo hizo, según ha explicado, por temor a que las conversaciones descarrilaran tras los paros parciales y las movilizaciones del pasado viernes en las factorías de la firma en España.

En una entrevista en Radio Nacional, Hereu ha insistido en que se trata de un preacuerdo, que tiene el apoyo de la “amplia mayoría” del comité de empresa, y ha reiterado su agradecimiento y su respeto “absoluto” al diálogo social y a la autonomía de las partes en la negociación.

Renault tiene una importancia que va mucho más allá de las 6.000 familias de los trabajadores, ya que detrás hay “todo un sector” de la automoción, que es “una de las tres grandes industrias” españolas y también tiene un gran peso en el desarrollo social y económico de Castilla y León, ha dicho.

Según el ministro, de la cultura industrial se pueden extraer grandes lecciones, que, ha admitido que le gustaría que se aplicasen en la política y es que se trata de “personas con pensamientos diferentes e intereses diferentes”, que “al final siempre se ponen de acuerdo porque hay que llevar adelante el proyecto de la empresa”. 

Parecía una reunión rutinaria. Responsables de Madrid iban a desplazarse hasta la oficina que BeBee mantiene en Miranda de Ebro para revisar proyectos y hablar de próximos objetivos. Era algo habitual dentro de la empresa. Entre algunos trabajadores había comentarios y bromas sobre posibles recortes, aunque nadie esperaba lo que terminó ocurriendo.

Aquella mañana de marzo la plantilla del área técnica fue convocada a una reunión interna. Allí se les comunicó que prácticamente todo el departamento de desarrollo dejaba de formar parte de la empresa. Nueve de los 11 trabajadores fueron despedidos, según adelantó Burgos Conecta, y tuvieron que recoger sus cosas esa misma tarde, algunos tras ocho años en la empresa y otros tan solo con unos meses allí.

“Pensábamos que quizá podían recortar uno o dos puestos por el aumento de productividad, pero no cerrar casi todo el equipo”, explica David de la Fuente, uno de los antiguos programadores de la compañía.

En plantilla solo permanecen los perfiles relacionados con sistemas y mantenimiento de servidores. Entre los despedidos había desarrolladores especializados y también responsables de coordinación técnica.

Este ajuste llama la atención. BeBee es una plataforma orientada al empleo y a la conexión entre empresas y trabajadores. Además, los despidos llegaron después de meses en los que la compañía había empezado a incorporar de forma intensiva herramientas de inteligencia artificial para programación.

La empresa niega que la IA haya sustituido directamente a trabajadores y enmarca el ajuste en un cambio de modelo dentro del sector tecnológico. También comentan que la decisión del despido fue “de la noche a la mañana” ante los buenos resultados y ha obligado a desdecirse en declaraciones públicas sobre aumentar la plantilla.

Los trabajadores despedidos, sin embargo, consideran que detrás de la decisión existe una lógica de reducción de costes.

“En dos tardes hacíamos lo que antes llevaba meses”

Según varios extrabajadores, el cambio comenzó a notarse a principios de año. Hasta entonces utilizaban sistemas de IA como apoyo puntual para buscar soluciones o revisar código, pero después empezaron a trabajar con herramientas capaces de analizar proyectos completos, detectar errores y generar partes enteras del desarrollo automáticamente.

“Hasta entonces utilizábamos la IA como apoyo, como quien antes buscaba soluciones en Google o en foros, pero cuando empezamos a trabajar con herramientas más avanzadas vimos que el ritmo se disparaba. En dos tardes hacíamos lo que antes llevaba meses”, relata este ingeniero.

“Hubo un momento en el que vimos que ciertas tareas salían muchísimo más rápido”, explica De la Fuente. “Cosas que antes podían ocupar semanas empezaron a resolverse en pocos días”.

Algunos empleados empezaron a percibir que el volumen de trabajo ya no justificaba un equipo tan amplio. Aun así, muchos pensaban que la empresa mantendría la plantilla y reorganizaría funciones.

“Lo extraño es que semanas antes todavía se hablaba de crecimiento”, comenta otro ex trabajador que prefiere no dar su nombre. “Habían llegado hasta alumnos en prácticas, que nos sorprende que los dejan así tirados, y seguíamos oyendo planes de expansión”, apunta.

Multiplicar ingresos con menos plantilla

La dirección rechaza hablar de sustitución de trabajadores por inteligencia artificial y defiende que la empresa se ha adaptado a un cambio tecnológico que afecta ya a buena parte del sector.

El CEO y fundador de BeBee , Javier Cámara-Rica, sostiene que la compañía ha modificado su sistema de desarrollo para trabajar con agentes de IA capaces de automatizar parte de las tareas técnicas. Según explica, eso ha permitido acelerar proyectos y lanzar nuevas funcionalidades en menos tiempo.

“Lo que hemos vivido nosotros muchas empresas lo van a vivir”, sostiene el CEO. El resultado, afirma, ha sido inmediato. “En dos meses hemos desarrollado funcionalidades que antes nos habrían llevado años”, asegura. La empresa sostiene que desde marzo ha multiplicado “por cinco” tanto el tráfico de la plataforma como sus ingresos.

Para Cámara-Rica, la clave no es la desaparición del trabajo, sino la transformación de determinadas funciones. “La IA no elimina el empleo; elimina tareas”, resume.

“Hay procesos que ahora hacemos de otra manera. Con equipos más pequeños puedes avanzar mucho más rápido que hace unos años”, apostilla.

En su opinión, el mercado laboral empieza a premiar perfiles capaces de combinar negocio y el manejo de herramientas de IA. Además, como comenta, son profesionales con mejores salarios por a su escasez. “Ahora mismo buscamos perfiles capaces de orquestar agentes de IA y es dificilísimo encontrarlos”, sostiene.

Los extrabajadores tienen otra lectura. Varios aseguran que el equipo ya estaba incorporando herramientas de IA a su trabajo diario y que el problema de fondo fue económico. “Llevábamos tiempo trabajando con estas herramientas. No nos pillaba de nuevas”, explica De la Fuente. “Por eso creemos que la decisión tenía más que ver con costes”, remata.

Coste económico y riesgos del uso de la IA

“Cuando haces números entiendes por dónde van los tiros”, apunta el otro extrabajador. “Al final comparas nueve salarios con una suscripción mensual de unos cientos de euros y entiendes por dónde va la decisión”, reconoce. La empresa defiende que el aumento de productividad hizo innecesario mantener un equipo tan amplio y que no hay un trasfondo económico.

Los exempleados reflexionan de los problemas a los que se enfrentan las empresas que les sustituyen por IA. Entre esas dudas se plantean la dependencia tecnológica respecto a empresas externas que proporcionan los modelos de IA. “El precio que se paga actualmente por la IA no es real”, comenta De la Fuente.

“Ahora parecen baratos porque están compitiendo entre ellos”, señala uno de los trabajadores, que, como apunta, ya ha encontrado trabajo. “Dependes completamente de terceros. Si cambian condiciones, suben precios o hay problemas de servicio, quedas expuesto”, afirma.

Para el CEO está cuestión es al revés, ya que ahora mismo se está viendo cómo las diferentes empresas proveedoras del servicio están rebajando los precios al irrumpir nuevas opciones en el mercado. “Es la ley del mercado, la oferta y la demanda”, resume.

Otro problema es la ciberseguridad y el manejo de información sensible. “La IA puede generar código muy rápido, pero luego alguien tiene que revisar todo eso”, señala un exdesarrollador. “Cuando trabajas con datos personales o accesos sensibles no basta solo con que funcione”.

De programador tradicional a supervisor de IA

Los despidos de BeBee coinciden con otros recortes recientes en grandes tecnológicas. Hace semanas Meta confirmaba un recorte de 8.000 trabajadores y la congelación de 6.000 contrataciones (de una plantilla de unas 80.000 personas); Amazon despidió a unos 30.000 empleados de oficina entre finales de 2025 y principios de 2026 (un área en la que empleaba a unos 350.000 en todo el mundo); mientras que Microsoft está ofreciendo bajas incentivadas a sus trabajadores por primera vez en su historia.

Los directivos de las empresas afectadas aseguraban la inteligencia artificial sustituía ahora a esos trabajadores. “Un equipo significativamente más pequeño, con las herramientas que estamos desarrollando, puede hacer más y mejor. Y las capacidades de las herramientas de IA se multiplican cada semana”, apuntaba Jack Dorsey, de Block —compañía financiera del fundador de Twitter—.

Según explicó el profesor de Innovación y Tecnología en IE Business School, Enrique Dans, a este medio, este fenómeno se conoce como “AI washing” y es una fórmula para atribuir a la inteligencia artificial una serie de reducciones de personal que se iban a hacer de todas maneras“. Buena parte de las grandes empresas tecnológicas ya estaban inmersas en un proceso de recortes de personal —y los costes derivados de la contratación— antes de la eclosión de estas herramientas. ,

Cámara-Rica considera, en cambio, que el mercado laboral está cambiando rápidamente y que empiezan a demandarse perfiles distintos, algo que ve en las ofertas que publica BeBee para Estados Unidos. Las empresas buscan profesionales más centrados en supervisar herramientas de IA y coordinar procesos automatizados. Según explica, encontrar profesionales especializados en este ámbito se ha convertido en algo cada vez más complicado y preciado.

Para los extrabajadores, esta tecnología flojea a la hora de realizar tareas más mecánicas o repetitivas a medio plazo, algo que necesita de humanos para controlar. Para ellos, seguirá siendo necesario personal humano para supervisar, revisar y dirigir sistemas automatizados aunque no niegan que tendrán que reconvertirse.

“Lo que desaparece es el programador que solo pica código”, reconoce uno de ellos. “Ahora el trabajo se parece más a supervisar, decidir y validar”.

Algunos de los despedidos continúan utilizando IA de forma intensiva en sus nuevos empleos o proyectos personales. Uno de los antiguos responsables técnicos incluso ha lanzado ya una iniciativa propia apoyándose en estas herramientas.

Pese al despido, seguirán utilizando inteligencia artificial en sus nuevos proyectos. Algunos reconocen que no ven posible dar marcha atrás. “Es una herramienta que ya forma parte del trabajo diario. No creo que tenga sentido intentar frenarlo”, admite De la Fuente.

El ministro de Industria, Jordi Hereu, ha convocado una reunión con la dirección y sindicatos de Renault con “la intención de ayudar a desbloquear la negociación”. El encuentro será el próximo martes 26 a las 17.30 en la sede del Ministerio de Industria y Turismo, en Madrid

En un comunicado, el ministro ha indicado que, tras seguir el conflicto entre empresa y trabajadores para negociar una mejora de condiciones, que ha desembocado en los primeros paros este viernes en las plantas de Palencia, Sevilla y Valladolid. El ministro Hereu, “consciente de la importancia de Renault en la comunidad, donde emplea a más de 6.000 personas”, ha trasladado tanto a empresa como a sindicatos su preocupación por esta situación.

Mientras tanto, en la mañana del viernes al grito de “Renault escucha la plantilla está en la lucha y la lucha es el único camino”, los trabajadores de Renault han exigido, desde las puertas de las factorías en España, que la dirección de la empresa se siente a negociar de nuevo el convenio colectivo o convocarán huelga indefinida, informa EFE.

Con unidad de acción, los cinco sindicatos sentados a la mesa de negociación -UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF- han logrado el respaldo de la plantilla en las concentraciones celebradas este viernes a las 13:00 horas durante el primero de los paros parciales convocado en todos los turnos y en todos los centros.

Todos los sindicatos convocantes han sido claros, y en declaraciones a los periodistas en las concentraciones en Valladolid, han advertido a la empresa de que si no se sienta a negociar, el martes 26 de mayo iniciarían los trámites para una huelga general, que según ha precisado el secretario General de CCOO en Renault España, Sergio García, seria la primera huelga general en Renault en más de cuatro décadas.

El pasado 7 de mayo, en la décima reunión de la mesa negociadora del convenio 2026-2028, la dirección de Renault España presentó su última oferta y, tras no alcanzar un acuerdo con las organizaciones sindicales, anunció que suspendía la adjudicación de vehículos a las fábricas españolas.

Adolfo Arnáez, delegado General de UGT en Renault España, ha insistido en que solo piden que la dirección de la empresa se vuelva a sentar a negociar, que vuelva a escuchales y “con una oferta que satisfaga a los trabajadores”, después de que las negociaciones encallaran principalmente en materia salarial, como ha reconocido el dirigente sindical, y en relación con los ritmos de trabajo.

Lucha unida como en los 70

Han explicado que desde que se rompieran las negociaciones la empresa no ha vuelto a ponerse en contacto con los representantes sindicales y ha recalcado que las medidas de presión se han acordado de forma conjunta por todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación.

“Nos tendríamos que remontar a los años 70 para ver cómo desde la representación se lucha de manera unida por mejorar las condiciones laborales y sociales de toda la plantilla en Renault España”, ha reflexionado Arnáez.

También se han referido a la situación de la fábrica de Palencia, donde a partir del día 30 habrá solo un turno de trabajo, por lo que “es importantísima la asignación del plan industrial unido a la mejora de las condiciones laborales y sociales que demanda la representación de los trabajadores”, ha afirmado el representante de UGT.

“Si no tenemos esto, será imposible que los compañeros de la sede de Madrid puedan seguir manteniendo sus puestos de trabajo”, ha añadido Arnáez.

Seguimiento masivo: paro de la producción en Valladolid

Los representantes sindicales han mostrado su satisfacción con el seguimiento “masivo” de la plantilla ya que, en el primer turno en la factoría de Valladolid se ha conseguido parar la producción.

El delegado General de Comisiones Obreras en Renault España, Sergio García, ha advertido de que los paros realizados este viernes son “el primer toque de atención” y ha insistido en que los sindicatos no dejarán de defender en la negociación un convenio colectivo justo “que reconozca los esfuerzos que han hecho todos los trabajadores de Renault los últimos años”.

El representante de CCOO ha lamentado que, de convocarse huelga indefinida, se vaya a hacer “historia”, pero ha aclarado que “será por culpa de la empresa que es quien se ha levantado de la negociación, no los sindicatos”.

Valladolid y Palencia: entre las más rentables y productivas

Susana Cocho de SCP, ha valorado el nivel de las factorías españolas y ha asegurado que las de Valladolid y Palencia están entre las más rentables para el Grupo y también entre las más productivas.

Cocho ha sostenido que los trabajadores no se merecen que la empresa, que tiene beneficios, trate así a la plantilla cuando solo se está reclamando un convenio justo que reconozca el esfuerzo realizado.

Por su parte, Miguel Ángel León, delegado General de CCT en Renault España, ha recordado, en ese sentido, que el poder adquisitivo de los trabajadores lleva bajando 20 años mientras que los beneficios de la compañía están continuamente aumentando.

Reclamaciones dignas y justas

“Nosotros solo reclamamos algo digno y justo para los trabajadores”, con la propuesta de mejoras salariales, flexibilidad y que bajen los ritmos de trabajo, ha analizado.

“Si la empresa decide no sentarse a negociar otra vez, continuaremos adelante con las movilizaciones”, ha advertido.

De igual forma, desde CSIC, Carlos Rodríguez, ha pedido a la empresa que respete a los trabajadores, que presente una oferta en condiciones, que sea justa y digna y que reconozca el esfuerzo diario de los trabajadores en las cadenas.

La Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA) de UGT en Ávila ha pedido una investigación “inmediata” y “exhaustiva” sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente en el que ayer miércoles perdió la vida un trabajador en Cebreros (Ávila), al precipitarse desde una torre eléctrica, a una altura de 25 metros.

Tras lamentar “profundamente” esta muerte y trasladar su “pésame” y “solidaridad” a la familia, amigos y compañeros del trabajador fallecido, el secretario general de UGT FICA Ávila, José Ramón Muñoz, ha calificado de “insoportable seguir recibiendo noticias de trabajadores que pierden la vida, simplemente por acudir a su puesto de trabajo”.

“Detrás de muchos accidentes laborales siguen existiendo fallos preventivos, falta de medios o una insuficiente cultura de seguridad laboral”, ha sostenido Muñoz, antes de reclamar que “se investiguen de manera inmediata y exhaustiva las circunstancias en las que se produjo este accidente mortal”.

Y ello, ha añadido, con el objetivo de “esclarecer si se estaban cumpliendo todas las medidas de seguridad”.

En esta línea, UGT FICA Ávila ha mostrado su “preocupación” por la evolución de la siniestralidad laboral en la provincia, ya que, en los primeros cinco meses de 2026 han fallecido tres trabajadores en accidente laboral, frente a los dos registrados en el mismo periodo de 2025.

Para el responsable provincial de este sindicato, esto demuestra que aún “queda mucho trabajo por hacer en materia preventiva, especialmente en sectores con mayor exposición al riesgo como el de mantenimiento y conservación de carreteras, los trabajos en altura y los trabajos en instalaciones eléctricas”.

Asimismo, ha reclamado “más recursos” para la Inspección de Trabajo, una “mayor implicación empresarial en materia preventiva” y “más formación” para las personas trabajadoras.

Para José Ramón Muñoz, hay factores que continúan estando detrás de muchos accidentes laborales como “la precariedad, la presión productiva, las prisas, la externalización y la falta de inversión en prevención siguen teniendo consecuencias”.

“La seguridad laboral no puede depender nunca de ahorrar costes”, ha apuntado el responsable sindical, antes de exigir a administraciones y empresas “una actuación firme y decidida para frenar la siniestralidad laboral y evitar que se sigan produciendo tragedias como la ocurrida en Cebreros”.

En torno a un 50 por ciento de los 320 trabajadores que tiene la firma sueca en el Contact Center de Valladolid se ha sumado este jueves a la huelga de 24 horas convocada por UGT en toda España para acercar posturas y negociar ante la supresión del teletrabajo a partir de septiembre o las incidencias informáticas que les impiden hacer su trabajo.

Varias decenas de trabajadores se ha concentrado este jueves frente a la sede la empresa en Valladolid, con el fin, según Francisco Martín, delegado de UGT en Intrum, de que la “empresa se siente a negociar de una vez”.

Si no lo hace, ya han anunciado que harán otra huelga de 24 horas el próximo 10 de junio, aunque Martín ha confiado en que “podamos sentarnos, dialogar, avanzar y que en el mes de septiembre, la medida regresiva de eliminación del teletrabajo, la empresa nos la revierta o podamos pactar entre todas las representación sindical otras medidas”.

También reclaman que “se sienten a negociar para que no afecten a la retribución variable las incidencias informáticas”, ya que tienen un salario fijo como teleoperadores del Contact Center, pero debido a “la casuística a la cual la empresa se dedica, tenemos unos objetivos que tienen que alcanzar cada mes, y sin ”las herramientas suficientes y programas informáticos“ no se pueden conseguir.

Los sindicatos han acordado realizar paros este viernes 22 de mayo en las fábricas de Renault en Palencia, Valladolid y Sevilla y el centro de trabajo de Madrid, para forzar a la empresa a retomar la negociación del convenio, que rompió el pasado 7 de mayo.

Los sindicatos que participan en la Comisión Negociadora del convenio de Renault (UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF), reunidos este miércoles, han decidido convocar paros “con el único objetivo de que la Dirección vuelva a la mesa de negociación con una nueva propuesta más acorde a las necesidades de las personas trabajadoras de Renault”, según han anunciado en sendos comunicados UGT y CCOO.

Además, han advertido de que si Renault no da una respuesta, el próximo martes día 26 de mayo iniciarán los trámites legales para la convocatoria de huelga indefinida.

Los paros parciales serán de una hora y afectarán a todos los turnos; y además han acordado realizar concentraciones en las puertas de entrada de las factorías.

Dispuestos a llegar a una huelga general de 24 horas

Los sindicatos han precisado que se trata de una primera medida de presión para reconducir la situación, pero han advertido de que están dispuestos a llegar a una huelga general de 24 horas la semana que viene si la empresa se niega a negociar.

“El inmovilismo de la empresa es una situación inadmisible que pone en riesgo el futuro industrial de la Comunidad”, ha manifestado Sergio García, delegado de CCOO de Renault España.

A su juicio, cualquier acuerdo de futuro debe pasar obligatoriamente por asegurar la viabilidad y el mantenimiento de la actividad productiva en los centros de trabajo de la comunidad, y por lograr mejoras salariales justas, una flexibilidad pactada y la dignificación de las condiciones laborales de las plantillas.

El calendario de movilizaciones planteado comienza este viernes 22 de mayo, con paradas de una hora en los tres turnos de trabajo, en el de mañana de 13.00 a 14.00 horas; de tarde de 14.00 a 15.00 horas y en el de noche de 22.00 a 23.00 horas.

Los sindicatos han hecho un llamamiento a los trabajadores a concentrarse a las puertas de acceso de los centros de trabajo, para demostrar una unidad ante la dirección.

Además, han advertido de que si tras la jornada del viernes la patronal no muestra una voluntad real de diálogo y mantiene el bloqueo, iniciarán de inmediato los trámites legales para convocar jornadas completas de huelga a partir de la próxima semana.

En la décima reunión de la mesa negociadora del convenio 2026-2028 celebrada el 7 de mayo, la Dirección de Renault España presentó a los sindicatos la última oferta que, según planteó la compañía a través de un comunicado, “hubiese permitido la adjudicación inmediata de nuevos vehículos y la nueva plataforma del Grupo a las factorías españolas”.

Al final de la reunión, y al no haber llegado a un acuerdo con las organizaciones sindicales, la Dirección rebajó las condiciones iniciales y anunció que se veía “obligada a suspender la adjudicación de vehículos a España, abriendo la posibilidad a otras ubicaciones en el aparato industrial global del Grupo”.

El Ministerio de Industria y Turismo ha aprobado la concesión provisional del PERTE VEC V de 2026 que incluye 92 millones de euros para la empresa tecnológica china Gotion para la puesta en marcha de dos plantas de baterías eléctricas en Valladolid.

Además de los proyectos en Castilla y León incluye una subvención para la cooperativa vasca Orkli por casi 8 millones de euros, según se desprende del listado de solicitudes estimadas provisionalmente por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES) publicado este jueves y que adelantó El faro de Vigo.

La primera subvención para Gotion, de más de 82,3 millones de euros, está dirigida a una nueva planta industrial de reciclaje avanzado de baterías de vehículos eléctricos para recuperación de 'black mass' (la mezcla de metales valiosos que se produce en el proceso de reciclaje de las baterías eléctricas) cuyo presupuesto total asciende a 411,53 millones de euros.

La segunda ayuda provisional para el gigante tecnológico chino asciende a 9,69 millones de euros para la construcción de una nueva fábrica de cátodos para baterías de vehículos eléctricos, un proyecto para el que la empresa tecnológica china ha previsto una inversión de 532,82 millones de euros.

Asimismo, a la cooperativa guipuzcoana Orkli se le ha estimado una subvención de 7,99 millones de euros para la puesta en marcha de un plan de inversiones industriales en Ordizia (Guipuzcoa), con un presupuesto total de más de 53,31 millones.

Prudencia en Valladolid

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha dado la bienvenida a “esta buenísima noticia”, aunque se ha mostrado prudente por la experiencia previa con la empresa Inobat, ya que, según ha recordado, “no se prestaron los correspondientes avales, se vino lógicamente abajo y fue una ayuda fallida”, pese a haber recibido una ayuda de casi 54 millones de euros.

“Lo que sí que queremos los vallisoletanos es que se materialice ya y, dado que estamos al lado de una ermita, y de una santa vez”, ha remarcado el regidor en declaraciones a los periodistas previas a participar en la misa dedicada a San Isidro, en la iglesia dedicada al patrón de los agricultores en Valladolid.

Carnero ha asegurado que el Consistorio hace el trabajo que le corresponde y que mantienen contactos con Gotion, así como ha planteado que ojalá este impulso desde el Gobierno de España se materialice. 

Renault España ha anunciado este jueves que pone “en suspenso” la adjudicación de nuevos vehículos a las plantas españolas de fabricación ante la falta de acuerdo en la negociación del convenio.

Durante la décima reunión de la mesa negociadora del convenio 2026-2028, celebrada este jueves, la dirección de Renault España ha presentado a los sindicatos la última oferta que, como ha precisado en un comunicado de prensa, “hubiese permitido la adjudicación inmediata de nuevos vehículos y la nueva plataforma del Grupo a las factorías españolas”.

Al no haber llegado a un acuerdo con las organizaciones sindicales, la dirección ha anunciado que “se ve obligada a suspender la adjudicación de vehículos a España, abriendo la posibilidad a otras ubicaciones en el aparato industrial global del Grupo”.

Esto supone un nuevo escenario de “bajada de producción, sin llegada de nuevos productos y sin compromiso de mantenimiento del empleo”, ha advertido.

Según la empresa, este jueves ha siso presentada “la última oferta posible” que recoge mejoras en aspectos salariales, de empleo y flexibilidad, así como en acuerdos complementarios, respecto a la anterior propuesta, “demostrando su intención de llegar a un acuerdo que posibilitase la adjudicación de vehículos”.

En concreto se había hablado de la adjudicación efectiva de tres nuevos vehículos para la factoría de Palencia -dos de los cuales serían multienergy platform y un vehículo hybrid long life- y de la continuidad de dos vehículos hybrid long life para la factoría de Valladolid. 

La Junta de Castilla y León apuesta por la robótica, la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías satélites para mejorar la gestión forestal, y que sea más adecuada a la nueva realidad climática, anticipando riesgos, evitando incendios y mejorando la respuesta ante los mismos, además de proteger la diversidad y el medio natural.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, junto con el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, han inaugurado este martes el I Congreso Internacional de Digitalización Forestal (Cidifor), que se celebra en el Fórum Evolución de Burgos hasta este miércoles.

El encuentro, impulsado por la Junta de Castilla y León y el Gobierno de Canarias dentro del proyecto Retechfor, reúne a más de 400 personas, entre expertos, instituciones y empresas, procedentes de todo el mundo, para analizar el impacto de la tecnología en la gestión forestal.

Suárez-Quiñones ha destacado que, gracias al proyecto Retechfor, dotado con un presupuesto de 28 millones de euros para toda España financiados con fondos europeos, se trabaja para transformar la gestión forestal desde la digitalización, la innovación y la investigación.

Se trata de aplicar las últimas tecnologías en inteligencia artificial, tecnología satélite o robótica para una mejor gestión, adecuada a los cambios derivados de una nueva realidad climática, y que afecta no solo a la respuesta ante los incendios forestales, sino a todo lo que engloba la gestión forestal.

El consejero ha insistido en que la Junta ya está aplicando estas innovaciones tecnológicas en el operativo Infocal, tanto en prevención como en extinción de incendios, pero el objetivo es “maximizar” esa aplicación, mejorando la planificación y la seguridad medioambiental.

A modo de ejemplo ha recordado que las tecnologías satélites ayudan a tener un inventario forestal continuo, porque permiten conocer a tiempo real el estado de las masas arbóreas, si tienen humedad o están secas o cuáles son los árboles que hay que cortar, o las zonas afectadas por algún problema.

Esa información ayuda tanto a identificar riegos de incendio forestal y anticiparse como a plantear una gestión forestal más sostenible, a través de la industria maderera; también la tecnología ayuda a disponer de información a tiempo real sobre los incendios para mejorar la planificación de la extinción.

“No podemos quedarnos mirando cómo ocurre un incendio, tenemos que prevenir más e invertir más en todos y cada uno de los medios tecnológicos que ayuden a proteger los pueblos, los montes y las personas que viven y trabajan en ellos”, ha indicado el delegado del Gobierno.

Nicanor Sen ha destacado esa inversión de 28 millones de euros, con fondos europeos, destinada ala digitalización forestal para prevenir incendios, anticipar riesgos, proteger la biodiversidad, y gestionar de una manera más inteligente el territorio.

El Congreso Internacional de Digitalización Forestal (Cidifor) reúne entre este martes y mañana miércoles en Burgos a 400 asistentes de perfil técnico -con 65 comunicaciones científicas- procedentes de España, Reino Unido, Países BAjos, Estados Unidos, Alemania, Pakistán, Ecuador o Uruguay.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha declarado improcedente el despido de Mercadona a un trabajador que realizaba actividades cotidianas mientras estaba de baja en León por una patología crónica, artritis reumatoide, una “patología de carácter inflamatorio y crónico”. El trabajador trabajaba para la compañía desde diciembre de 2010 en Villadangos del Páramo (León). El empleado ya había estado de baja, se había incorporado a trabajar y de nuevo tuvo que pedir la baja médica por el mismo motivo. Los investigadores que contrató la empresa notificaron que el empleado paseaba a su perro, de pequeño tamaño, además de ir a una lavandería, sentarse allí y manipular su móvil. También se le vio conduciendo una moto en “trayectos cortos”, acudía a un supermercado a comprar y cargaba algunas bolsas, según detallan desde CCOO.

La Justicia ha obligado a la empresa a readmitir al trabajador y a pagarle los salarios correspondientes o a indemnizarle con 39.845,25 euros. El TSJ revoca el fallo inicial del Juzgado de lo Social de León y considera que dichas actividades constituyen una “transgresión de la buena fe contractual ni una simulación de enfermedad”, según ha informado Comisiones Obreras a través de un comunicado.

Las limitaciones médicas que tenía el empleado incluían la dificultad para agacharse en cuclillas y arrodillado de forma repetitiva y mantenida, realizar prensión repetitiva o continuada con ambas manos, así como la prohibición expresa de exposición al frío o a bajas temperaturas, en particular el trabajo en cámaras de refrigerado o congelado, donde debía trabajar.

Mercadona defiende que ha acatado la sentencia e indemnizado al trabajador como correspondía según la sentencia, fechada en marzo de este año.

Actuaciones “compatibles” con su patología

La empresa contrató a unos detectives privados que siguieron y grabaron al trabajador durante dos días y después notificaron las actividades ordinarias que realizaba el trabajador, que el juzgado entiende como “compatibles” con su patología. “Se trata de actuaciones compatibles con el desarrollo normal de la vida cotidiana de una persona afectada por una patología que limita determinadas actividades laborales, pero que no exige una inactividad absoluta”, señala la sentencia.

El informe del detective privado, publicado parcialmente en la sentencia, refleja con qué mano el trabajdor sujetaba la correa o las heces del perro, o con qué mano se colocaba la capucha de la sudadera, entre otros, según la sentencia que ha remitido el TSJ.

El Alto Tribunal recuerda que es necesario que las actividades del trabajador interfieran en su curación o demuestren que se simula una patología para que el empresario pueda despedirle durante una baja médica. Sin embargo, ninguna de las conductas de ese trabajador cumplía con estas características.

Castilla y León anotó en abril 3.281 parados menos que en marzo, con un 3,18 por ciento de recorte que dejó en 99.764 los desempleados en esa comunidad, que ese mes sumó 5.583 cotizantes más a la Seguridad Social, hasta los 996.554.

Los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones han publicado este martes los datos de paro y afiliación de abril en Castilla y León, que recogen que la comunidad tiene 5.227 parados menos que en el mismo mes del 2025, el -4,98 por ciento.

15.558 empleos más en doce meses

En comparativa anual, Castilla y León cerró abril con 15.558 cotizantes más que hace un año, con un repunte del 1,59 por ciento; y con 5.227 parados menos, el -4,98 por ciento de bajada en doce meses.

En el conjunto nacional, el mercado laboral sumó en abril 223.685 afiliados de media hasta superar la barrera de los 22,1 millones por primera vez, animado por la hostelería, que anotó 111.335 ocupados con el tirón de la Semana Santa.

En cuanto al desempleo, el Ministerio de Trabajo ha detallado que el paro registrado bajó en 62.668 personas en abril en España hasta dejar el total en 2.357.044, por debajo de los 2,4 millones por primera vez desde junio de 2008.

La quinta mayor bajada del paro

El paro registrado en abril de 2026 bajó en todas las comunidades respecto al mes anterior, con Andalucía (-22.393 personas), Cataluña (-8.949 personas) y Comunidad de Madrid (-6.249 personas) en cabeza, y Castilla y León con el quinto mayor recorte en dato absoluto.

Palencia, la provincia en la que más bajó el paro con 5,38%

En términos mensuales, el paro registrado descendió en todas las provincias de la comunidad, sobre todo en Palencia (-5,38%).

En Ávila el desempleo bajó un 2,19% respecto a marzo, en Burgos el 3,84%), en León el 3,09%, en Salamanca un 4,37%, en Segovia el 3,53%, en Soria un 0,83%), con un 2,71 en Valladolid y el 1,20 por ciento de recorte en Zamora.

En cuanto a los cotizantes a la Seguridad Social, subieron en todas las provincias, entre el 0,89 por ciento de Ávila y 0,16 de Valladolid, con un 0,80 en León, 0,69 en Palencia, 0,66 en Salamanca, 0,65 en Burgos, 0,60 en Zamora, 0,58 en Segovia y el 0,52 en Soria.

El sector servicios: 2.507 parados menos

El paro bajó en abril en todos los sectores de la comunidad, especialmente en el de servicios (-2.507).

En agricultura, Castilla y León anotó 114 parados menos que en marzo, con 211 menos en la industria, 183 en la construcción y 266 menos en el colectivo de sin empleo anterior.

El paro bajó también tanto en los menores de 25 años, con 974 desempleados menos que en marzo, como en las mujeres, con 1.471 inscritas menos en las listas de la comunidad.

50.170 contratos en abril: 3.412 menos que en marzo

En abril se formalizaron 50.170 contratos en la comunidad, que suponen 3.412 menos que en marzo, con un recorte del 6,37%, frente al -4,03 nacional; con 815 contratos más que hace un año, el 1,65%, también por debajo del 10,31 de aumento del conjunto autonómico.

De esos contratos, 17.522 fueron indefinidos, 2.708 menos que en marzo y 566 más que hace doce meses.

 De los más de 99.000 parados que tiene la comunidad a final de abril recibieron alguna prestación, en este caso con datos de marzo, un total de 56.294, de ellas 38.906 prestaciones contributivas, 17.351 subsidios y 37 rentas activas de inserción.

Castilla y León perdió 22.500 empleos entre enero y marzo de este año respecto al trimestre anterior, que deja en 1.030.200 los ocupados, en un periodo en el que la comunidad sumó 6.300 parados más, hasta los 102.400 los desempleados, con una tasa de paro del 9,04%, la séptima menor autonómica.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre del 2026, publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en términos anuales, los datos también fueron negativos en Castilla y León, una de las tres comunidades, junto a Navarra y La Rioja, que perdió empleo en los últimos doce meses, con 3.300 ocupados menos que hace un año.

En cuanto al paro, también el dato respecto al mismo trimestre del 2025 fue negativo en Castilla y León, con 3.900 desempleados más en la comunidad que hace un año.

En el conjunto nacional, el número de ocupados disminuyó en 170.300 personas respecto al trimestre anterior y se situó en 22.293.000; aunque el empleo creció en 527.600 personas en los 12 últimos meses.

Y el paro subió en 231.500 personas, hasta 2.708.600, respecto al trimestre anterior, y en los 12 últimos meses se redujo en 80.600 personas.

El mayor incremento de empleo este trimestre se dio en Canarias (17.000 más), y el mayor descenso en Cataluña (–46.300); y en cuanto al paro, la mayor bajada se registró en Canarias (–14.400) y el mayor incremento en Cataluña (84.400 más). Cantabria (7,49%) registró la tasa de paro más baja este trimestre y Andalucía (14,66%), la más elevada.

Todavía puedes realizar la declaración de la renta relativa a 2025 hasta el 30 de junio de 2026. Los contribuyentes tienen derecho a deducciones generales para todo el Estado o propias de Castilla y León, como las que se enuncian a continuación

Por circunstancias personales y familiares:

Sobre la vivienda

Por donativos y donaciones:

Otros conceptos deducibles:

La Junta de Castilla y León ha declarado como proyecto industrial prioritario la inversión prevista por Iveco España S.L. en su planta de Valladolid para el periodo 2026-2027, según ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la comunidad a raíz del acuerdo aprobado el pasado 9 de abril por el Consejo de Gobierno

La decisión, que se ampara en el artículo 30 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, otorga esta consideración a iniciativas que, por razones de interés general, contribuyan a la expansión o consolidación del tejido industrial. En este caso, el Ejecutivo autonómico ha indicado que el impacto económico, tecnológico e innovador del proyecto, así como su capacidad para dinamizar la actividad en el entorno es motivo para considerar prioritario el plan.

La empresa presentó la solicitud el 29 de enero de 2026, ampliada posteriormente el 26 de febrero, detallando un plan inversor que asciende a 233,76 millones de euros y que se ejecutará de forma progresiva hasta 2027. El proyecto contempla una transformación integral de la capacidad productiva de la planta vallisoletana, con el objetivo de reforzar su posición dentro del sector europeo del vehículo industrial.

Entre las principales actuaciones destaca la implantación de un nuevo proceso de soldadura completamente robotizado para las cabinas correspondientes al denominado Model Year 28 (MY28), que sustituirá a la actual generación. Para ello, se incorporarán 92 nuevos robots, elevando el total a 192 unidades en la factoría. Asimismo, se prevé la ampliación de las infraestructuras productivas, la introducción de nuevas tecnologías de fabricación y la reorganización de los flujos logísticos internos.

El plan incluye también la construcción de una nueva nave de pintura con procesos automatizados de última generación, así como sistemas avanzados de depuración de emisiones y tratamiento de aguas, entre ellos una estación depuradora físico-química. A esto se suma un nuevo almacén logístico vinculado al modelo MY28 Heavy Cab, estructuras para mejorar la conexión entre fases productivas y la adecuación de instalaciones auxiliares como vestuarios.

La inversión permitirá mantener la producción del modelo ligero Daily e incorporar una nueva gama de vehículos pesados, al tiempo que incrementará la capacidad hasta alcanzar un máximo de 111.000 cabinas anuales. Según la documentación recogida en el BOCyL, esto se reflejará en mejoras en la calidad del producto, reducción de retrabajos y mayor eficiencia energética, con descensos en el consumo de gas natural, electricidad y emisiones contaminantes como COV, NOx y CO.

En términos laborales, se prevé mantener cerca de 1.000 empleos directos durante el periodo de ejecución, junto con programas de formación y reciclaje profesional, y generar más de un centenar de empleos adicionales vinculados a la actividad inducida. Además, el proyecto contribuirá a ampliar la red de proveedores y reforzar el ecosistema industrial de la comunidad.

La declaración como proyecto industrial prioritario implica, entre otros efectos, la tramitación urgente de los procedimientos administrativos —con reducción a la mitad de los plazos—, la posibilidad de acceso a subvenciones directas y la consideración de utilidad pública en caso de ser necesaria la expropiación de terrenos.

El acuerdo aprobado por la Junta establece que las inversiones deberán mantenerse en su ubicación durante al menos cinco años tras la finalización del proyecto en 2027, al igual que los compromisos de empleo. Asimismo, fija un plazo máximo de un año para el inicio de las actuaciones y obliga a la empresa a facilitar las labores de seguimiento por parte de la Administración autonómica.

La Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la modificación sustancial en la Orden que autorizó en 2007 las instalaciones de la cooperativa azucarera Acor, que construyó un nuevo almacén y secado solar de pulpa de remolacha sin que hubiera evaluación ambiental previa por parte de la Administración.

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publica este lunes la Orden que modifica la original (de 2007), para conceder la autorización ambiental para la fabricación de azúcar en sus instalaciones, en un proceso en el que se observa que la obra del nuevo almacén ya estaba realizada cuando la Consejería de Medio Ambiente acudió a realizar la evaluación ambiental.

No obstante, la normativa establece, según recuerda la Consejería en su publicación, que fue el Servicio de Evaluación Ambiental el que en su informe del pasado 17 de marzo del presente año el que consideró que el proyecto estaba ejecutado, por lo que correspondía aplicar lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.

En concreto, ese precepto habla de que “no se realizará la evaluación de impacto ambiental regulada en el título II de los proyectos incluidos en el artículo 7 de esta ley que se encuentren parcial o totalmente ejecutados sin haberse sometido previamente al procedimiento de evaluación de impacto ambiental”.

En este sentido, la Consejería asume que no se realizará dicho informe de evaluación ambiental y envía el expediente al Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático “para que se regularice su situación administrativa”, en el sentido de autorizar la modificación de la Orden.

En la misma publicación, la Junta añade que la validez de esta resolución está condicionada al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa medioambiental que resulten de aplicación y de las prescripciones técnicas que se recogen en el Anejo, también publicado, con independencia del cumplimiento del resto de la normativa sectorial.

Además, a partir de la notificación de la presente resolución, Acor dispondrá de un plazo de 5 años para la puesta en marcha de la actividad conforme a las condiciones recogidas en la resolución.

La Junta de Castilla y León ha declarado este jueves como Proyecto Industrial Prioritario el anunciado por la empresa fabricante de camiones Iveco España, con su factoría de Valladolid, donde prevé invertir entre 2026 y 2027 unos 233,76 millones de euros, gran parte para dotarse de 92 nuevos robots.

Esta declaración se debe, según ha explicado el portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, a razones de “interés general basadas en la magnitud de la inversión prevista”, ya que espera que pueda servir para dinamizar el tejido industrial de la Comunidad y el impacto tecnológico e innovador del proyecto.

La declaración como Proyecto Prioritario implica una agilización en los trámites de una inversión que, en palabras de la Junta, asegura la viabilidad de la planta y refuerza su posición como centro de referencia internacional en la fabricación de vehículos industriales, que emplea en Valladolid a un millar de trabajadores.

En este sentido, el proyecto contempla una transformación integral de la capacidad productiva de la factoría vallisoletana, orientada a la fabricación de una nueva gama de vehículos pesados y a la modernización de los modelos actuales.

Entre las actuaciones más relevantes destaca la implantación de un nuevo proceso de soldadura 100% robotizado con la incorporación de 92 nuevos robots, así como la construcción de una nueva nave de pintura de última generación dotada de procesos totalmente automatizados.

Se trata de mejoras tecnológicas que permitirán a la planta alcanzar una capacidad de producción de hasta 111.000 cabinas al año, según los datos aportados por la Junta de Castilla y León, que calcula que estas inversiones tendrán un impacto sobre el empleo indirecto de unos 100 puestos de trabajo.

La modernización de los procesos productivos también conlleva un avance en sostenibilidad, reduciendo el consumo de gas natural y electricidad, así como las emisiones a la atmósfera, lo que refuerza la compatibilidad de la instalación con el entorno, según la información aportada por la Junta.

Al ser considerado prioritario por la Junta, los plazos administrativos dependientes de esa administración pueden reducirse a la mitad.

Asimismo, la Junta de Castilla y León arbitrará los mecanismos de coordinación necesarios con otras administraciones públicas para agilizar las licencias necesarias, con el objetivo de que las actuaciones comiencen en el plazo máximo de un año.