La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP), que retire las nomenclaturas y vestigios franquistas, incluyendo la calle al padre de Fernández Mañueco. También ha acusado a los responsables municipales de estar cometiendo un delito de prevaricación administrativa al incumplir la Ley de Memoria Democrática, que obliga a retirar los vestigios de exaltación del franquismo, incluida la nomenclatura de cargos públicos durante la dictadura.

Entre otros, la ARMH ha pedido retirar las calles dedicadas al padre de Alfonso Fernández Mañueco, Marcelo Fernández Nieto, que fue alcalde de Salamanca, procurador en Cortes y gobernador civil entre los años 60 y 70. En Salamanca todavía se conservan varios escudos y emblemas franquistas en edificios públicos y en iglesias.

“En el año 2026, y con dos leyes estatales que obligan a su retirada, la ciudad de Salamanca mantiene numerosos vestigios de exaltación de la dictadura franquista”, ha reprochado la ARMH en el escrito enviado al Ayuntamiento. La asociación memorialista ha solicitado que se retire toda la simbología franquista y que “se democratice” la nomenclatura municipal para que la ciudad “deje de rendir homenaje” a los que accedieron a cargos públicos.

El presidente de la ARMH, Emilio Silva, lamenta que supone “una enorme falta de cultura democrática de exaltación de personajes y hechos de una dictadura”. “¿Alguien imagina una calle dedicada al dirigente de un grupo terrorista? La violencia de los pistoleros falangistas asesinó a miles de civiles, se quedó con las propiedades de miles de familias republicanas y aterrorizó a las víctimas durante cuatro décadas. Que un municipio democrático con un alcalde elegido democráticamente mantenga esos elementos que enaltecen esa sangrienta dictadura es un insulto a la democracia y un maltrato a las víctimas”, ha manifestado a través de un comunicado.

Algunos vestigios ya se han retirado, como el medallón con la edifie de Francisco Franco, que estuvo en la plaza Mayor de Salamanca hasta 2017 tras una batalla judicial y administrativa.

El medallón artístico con la efigie de Francisco Franco, esculpido en un sillar de la plaza Mayor de Salamanca, ya es historia. La imagen ha sido retirada a primera hora de la tarde de este viernes. Llevaba 80 años allí, desde 1937. Y al menos tres de batalla judicial y administrativa ha costado sacar la representación del dictador de ese lugar para dar cumplimiento a la Ley de Memoria Histórica de 2007.

El Grupo Municipal Socialista de Salamanca ha pedido en un comunicado de prensa que se retire cautelarmente la actividad institucional del concejal denunciado por sumisión química, Alejandro Pérez de la Sota, que ha seguido sin dar explicaciones. Los socialistas han exigido “una respuesta política e institucional acorde con la gravedad de la situación”.

El exconcejal de Vox, sigue en la corporación municipal como edil no adscrito después de que fuera expulsado a principios de 2025. Desde entonces, Pérez de la Sota, abogado, permanece en el Consistorio como concejal no adscrito, aunque está entre los impulsores de Avanza en Libertad Castilla y León, una formación conformada por exmiembros de Vox en la comunidad. Además, ha mostrado su apoyo a la formación Se Acabó La Fiesta, que preside Alvise Pérez y que también acogió a algunos de estos representantes para sus listas en las elecciones autonómicas.

El PSOE cree necesario aplicar medidas preventivas después de que las denuncias se hayan ratificado judicialmente y se hayan tomado otras medidas cautelares, como el Colegio de la Abogacía, que ha apartado de las prácticas y la actividad docente al concejal no adscrito. También baraja promover la reprobación del concejal y pedir su dimisión si este no se aparta temporalmente de la vida pública.

“Un ejercicio de responsabilidad”

Los socialistas han solicitado esta mañana al equipo de gobierno del PP que inste al concejal Alejandro Pérez de la Sota a apartarse voluntaria y cautelarmente de la actividad pública e institucional mientras se desarrollan las actuaciones judiciales en curso. El PSOE considera que corresponde al propio edil asumir esta decisión como “un ejercicio de responsabilidad” hacia las denunciantes, de respeto a las instituciones y de compromiso con la ciudadanía.

El PSOE también ha reivindicado el derecho a la presunción de inocencia, aunque considera igualmente imprescindible garantizar la protección de las denunciantes y evitar cualquier situación de revictimización. Por ese motivo, el Grupo Socialista ha solicitado al Ayuntamiento que ponga a disposición de las vícticas todos los recursos de información, asesoramiento, atención psicológica y acompañamiento.

El Colegio de Abogados de Salamanca ha apartado de las prácticas y la actividad docente al concejal no adscrito del Ayuntamiento que anteriormente perteneció a Vox, Alejandro Pérez de la Sota, tras ser denunciado por dos mujeres de Máster de Acceso a la Abogacía y a la Procura por una presunta sumisión química.

Tal y como explica el decano, Miguel del Castillo Alonso, en un mail al que ha tenido acceso elDiario.es, la decisión se ha tomado este martes al conocerse las denuncias. La Junta de Gobierno, dice, quiere trasladar su “máxima preocupación” por los hechos denunciados y el “apoyo total” a las personas afectadas. Así, la Junta adoptó “medidas inmediatas” para garantizar la seguridad, la protección y el acompañamiento de las alumnas así como el normal desarrollo de la actividad académica.

“Con carácter preventivo”, “sin prejuzgar los hechos” y “respetando la presunción de inocencia”, en Junta de Gobierno Extraordinaria celebrada el pasado lunes, se decidió “apartar temporalmente al profesor de la actividad docente y de prácticas externas en tanto se esclarecen los hechos denunciados.

Los hechos, presuntamente ocurrieron en un establecimiento de ocio donde se celebraba una cena de la Escuela de Práctica Jurídica, en la que en un momento dado una de las participantes, abandonó el lugar en compañía de Pérez de la Sota para ir a su casa y donde fueron vistos por una compañera de piso. La denunciante no recuerda nada. Pérez de la Sota regresó a la cena, donde se encontraba la segunda mujer que lo ha denunciado, según ha publicado Salamanca24horas.

Las dos mujeres han declarado este martes por la mañana ante el juzgado que está de guardia en Salamanca, según han informado a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL). El Tribunal de Instancia de Salamanca, sección instrucción plaza 3, en funciones de guardia, ha tomado declaración a las dos mujeres en el marco de la investigación abierta tras presentarse ambas en el hospital el pasado fin de semana y abrirse el consiguiente protocolo ante posible sumisión química.

Las dos mujeres se sintieron mal después de haber estado con el concejal y no recuerdan lo que ocurrió en una parte de la noche, aunque una de ellas ha declarado que el edil la acompañó a casa, según han indicado a EFE otras fuentes conocedoras del caso, que han añadido que los primeros análisis practicados no han detectado sustancias. Consultado por EFE, el entorno del concejal y abogado, ha manifestado que él aún no ha recibido ninguna denuncia y que no podrá hablar hasta que no conozca los hechos denunciados.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha exigido explicaciones públicas e inmediatas a Pérez de la Sota. La formación socialista ha manifestado su profunda preocupación y ha reiterado su apoyo absoluto a las posibles víctimas, cuya declaración en los Juzgados está prevista para este martes.

Los socialistas han subrayado que la ejemplaridad en la vida pública y la transparencia deben ser “principios irrenunciables para cualquier representante institucional”, por lo que han reclamado al edil del Grupo Mixto “una explicación clara, responsable y acorde con la relevancia” de su cargo.

El PSOE lamenta el silencio del concejal, “incompatible con la exigencia de transparencia”

La portavoz socialista, María Sánchez, ha reivindicado el derecho a la presunción de inocencia mientras se desarrollan las posibles diligencias judiciales, aunque ha lamentado que el silencio del concejal resulte “incompatible con la exigencia de transparencia que debe regir la actuación de cualquier cargo público”.

El PSOE considera que, ante la gravedad de los hechos denunciados y la relevancia pública del cargo que ocupa, el concejal debe ofrecer explicaciones claras a la ciudadanía y detallar las circunstancias que han dado lugar a la apertura de este procedimiento. Sin embargo, ha advertido que exigirá la dimisión de Pérez de la Sota si la investigación judicial avanza.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo (PP), ha pedido una manifestación pública aclaratoria del concejal, que entró en el Ayuntamiento en 2023 por Vox, y ha explicado que ha mantenido una llamada personal con él en la que éste le “ha negado tajantemente las acusaciones vertidas contra él”.

Vox expulsó a Pérez de la Sota después de que él y otro concejal críticos expulsaran a Ignacio Rivas a principios de 2025, cuando, le retiraron la portavocía y despidieron a dos asesores en contra de la dirección provincial y nacional. Desde entonces, Pérez de la Sota, abogado, permanece en el Consistorio como concejal no adscrito, aunque está entre los impulsores de Avanza en Libertad Castilla y León, una formación conformada por exmiembros de Vox en la comunidad. Además, ha mostrado su apoyo a la formación Se Acabó La Fiesta, que preside Alvise Pérez y que también acogió a algunos de estos representantes para sus listas en las elecciones autonómicas.

Izquierda Unida, que se quedó sin representación municipal en las elecciones de 2023, ha pedido directamente la dimisión del concejal a través de un comunicado, al considerar que las acusaciones “son suficientemente graves” al tratarse de “una forma de violencia contra la mujer”.

La empresa salmantina Perfumerías Avenida ha anunciado el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podrá afectar hasta un centenar de trabajadores, cerca del 15% de una plantilla compuesta actualmente por unos 700 empleados. La medida forma parte de un proceso de reestructuración con el que la compañía busca adaptarse a los cambios experimentados por el sector de la perfumería y la cosmética durante los últimos años.  

Según ha explicado el nuevo consejero delegado del Grupo Recio, Javier Alonso, la negociación con los representantes de los trabajadores ya ha comenzado y se prolongará aproximadamente durante un mes y medio. El ajuste afectará únicamente al personal de tienda y no alcanzará a otros departamentos como logística, almacenes o administración. Además, irá acompañado del cierre de varios establecimientos.  

La dirección de la empresa atribuye esta decisión a la caída sostenida de las ventas desde la pandemia y a la transformación de los hábitos de consumo, cada vez más orientados hacia la compra a través de canales digitales. La compañía pretende reforzar precisamente su presencia online para recuperar competitividad en un mercado cada vez más dominado por el comercio electrónico.  

Perfumerías Avenida es una de las firmas comerciales más reconocidas de Salamanca. Integrada en el Grupo Recio, una empresa familiar con sede en la capital salmantina, sus orígenes se remontan a principios del siglo XX y a la actividad farmacéutica iniciada por Manuel Recio Sánchez. La actual cadena de tiendas nació en los años 80, dentro de la expansión comercial impulsada por la segunda generación de la familia. Solo en Castilla y León cuenta con más de 80 establecimientos.

En la actualidad cuenta con más de 200 tiendas en toda España, con liderazgo en Castilla y León y Galicia, repartidos por diez comunidades autónomas y presencia en más de 90 municipios españoles, además de una importante red logística y de distribución. La empresa desarrolla actividad tanto en el comercio minorista como en la distribución mayorista de productos de perfumería, cosmética, parafarmacia y cuidado personal.  

La compañía también es ampliamente conocida por su vinculación con el deporte femenino a través del club de baloncesto salmantino Club Baloncesto Perfumerías Avenida, una de las entidades más exitosas del baloncesto español, patrocinada desde hace más de dos décadas por el Grupo Recio. Ese vínculo decayó hace escasas semanas después de 25 años, afectado por la situación económica de la distribuidora.

El puente romano de Salamanca, uno de sus emblemas patrimoniales, está cambiando de imagen por primera vez en más de dos décadas con la restauración de sus pretiles y un nuevo tono, entre amarillo claro y ocre, en un proceso que residentes y turistas pueden ver evolucionar a diario porque no se ha cortado este paso clave de la ciudad para las obras.

“Esta es una de las responsabilidades que tenemos: por una parte la suerte de disponer de monumentos de este tipo, pero por otra el reto de su conservación y mantenimiento”, explica a EFE el concejal de Fomento y Urbanismo, Fernando Carabias, mientras en el puente, el único que tuvo la ciudad hasta el siglo XIX, los albañiles trabajan en un lado y viandantes y ciclistas van y vienen del centro al arrabal.

La obra en marcha, que durará tres meses y culminará completamente con los últimos ajustes este verano, es una restauración de los pretiles del puente no solamente por cuestiones estéticas, sino también con el fin de facilitar el desagüe de las aguas de lluvia, ya que se obstruye con la vegetación que aflora y con otros elementos.

La Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de la Junta de Castilla León es la que tiene la última palabra a la hora de autorizar cualquier intervención, al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), y toda la restauración ha sido consultada como corresponde, incluida la tonalidad elegida, acorde con la característica piedra de Villamayor del patrimonio salmantino.

Una vez se termine esta intervención, se hará el sellado del adoquín del pavimento, ya que con el paso del tiempo el mortero ha ido desprendiéndose, para evitar que el agua de la lluvia se filtre hacia los arcos y produzca humedades no deseables.

“Este es un sitio de paseo muy habitual entre los salmantinos y destino de todos los visitantes, con las dos catedrales al fondo”, ha señalado el concejal, quien ha explicado que también se está haciendo una intervención para completar la accesibilidad de esta zona de la ribera del Tormes junto al puente romano, que tenía muchos escalones.

Un amarillo claro que terminará más ocre

Para elegir el color se hicieron varias muestras con pigmentos naturales y se optó por el mortero de cal, que da un tono más agradable y aporta calidez, explica a EFE José Manuel Rapado, arquitecto técnico municipal.

“Ahora hay una uniformidad en el color, que es el que nos ha marcado Patrimonio. No es un color de una carta como tal, sino que se han hecho muestras con morteros de cal, con pigmentos naturales color siena, con sombras”, ha indicado.

Al final, se ha elegido un color “que entone” con la piedra de Salamanca, que no destaque pero que tampoco “vaya a desentonar”, un color que ahora se aprecia más amarillo claro pero que irá haciéndose más ocre.

Intervención mínima

El criterio para la intervención en un monumento como este siempre es que sea la mínima posible, indica a EFE el arqueólogo municipal, Carlos Macarro, pero en este caso habían pasado ya más de veinte años desde la última gran restauración y era necesario evaluar lo que debía repararse.

“Los técnicos del área están haciendo un proyecto integral de la restauración, donde vamos a incorporar todas las observaciones y y análisis tanto del momento actual como a futuro con los últimos tratamientos que le vamos a aplicar”, detalla.

La obra podría estar haciéndose más rápido si se hubiera interrumpido el acceso a los viandantes pero, al no ser imprescindible, se priorizó mantener abierto este paso icónico y clave de la ciudad del Tormes, tanto para los salmantinos como para los turistas, desde donde captan la gran postal de Salamanca.

María Sánchez, concejal en el Ayuntamiento de Salamanca y secretaria general de los socialistas en esta provincia, releva a José Luis Mateos en la portavocía del grupo municipal para afrontar la nueva etapa política que marca las elecciones municipales del año que viene.

No obstante, para elegir al candidato o candidata socialista a la Alcaldía habrá un proceso que todavía no está convocado ni perfilado, y que serían primarias si se presentan varias personas, según han explicado a EFE fuentes socialistas.

María Sánchez es la actual secretaria general de los socialistas salmantinos desde mayo del año pasado y asumirá ahora la portavocía del grupo municipal, en el marco de una renovación acordada por la ejecutiva local de la Agrupación Socialista Jaime Vera.

La socialista, licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, es además concejala desde el año 2019 y ha desempeñado la función de viceportavoz desde 2023.

Asimismo, desarrolla su carrera profesional como abogada desde el año 2003, especializada en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, y ha sido letrada de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras en Salamanca durante más de dos décadas y desempeña desde inicios de este año la coordinación técnica del servicio jurídico del sindicato en Castilla y León.

A Mateos, que continuará como concejal, el partido le ha agradecido su labor durante sus años al frente de la oposición municipal, con una labor centrada en los problemas reales de los salmantinos, que ahora deberá continuar Sánchez para que el partido sea útil a los ciudadanos.

La Guardia Civil ha detenido este miércoles al exalcalde de Trabanca (Salamanca) José Luis Pascual (PSOE) como investigado por delitos económicos, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria bajo supervisión de la Fiscalía Europea.

El operativo se ha desarrollado desde primera hora de la mañana con un registro en su domicilio de la calle Alfonso de Castro y ha llamado la atención de los viandantes por las diferentes unidades desplegadas, según ha podido comprobar EFE.

La investigación sigue abierta, según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Salamanca, por lo que por el momento la Guardia Civil no ofrecerá más datos al respecto de la detención de Pascual, quien fue alcalde del PSOE en Trabanca y presidente del sindicato penitenciario ACAIP-UGT.

Protección Civil ha enviado un mensaje a la población a través del sistema Es-Alert por una fuga de gas natural de uno de los depósitos del matadero El Navazo de Fuentes de Béjar (Salamanca), aunque no hay personas heridas ni atrapadas.

Se han desalojado de la instalación a unos 300 trabajadores y se ha establecido un perímetro de seguridad de 1 kilómetro, según ha explicado por teléfono a EFE el alcalde del municipio, Gustavo Rodríguez Sánchez (PSOE).

El sistema Es-Alert, que ha enviado el mensaje a todos los teléfonos móviles en un radio de unos siete kilómetros alrededor del matadero, “ha funcionado perfectamente”, ha indicado el alcalde de este pueblo de unos 240 habitantes de la comarca de la Sierra de Béjar, donde la población se mantiene “tranquila” a pesar del suceso.

Se ha recomendado a los ciudadanos mantenerse alejados a un kilómetro, dejar cerradas puertas y ventanas, así como no circular por las proximidades.

La Junta de Castilla y León ha activado el plan de protección civil en situación dos y están interviniendo los Bomberos de la Diputación de Salamanca y la Guardia Civil, aunque pasada la una del mediodía aún no se había accedido al punto de la fuga, ha precisado el alcalde. 

Salamanca finalmente no optará a albergar la Agencia Estatal de Salud Pública a la que han concurrido otras ciudades españolas como León, además de Toledo, Granada, Zaragoza, Murcia, Barcelona, Oviedo y Lugo. A pesar de que Salamanca había manifestado su interés por intentar acoger esta sede y, de hecho, la Junta había mostrado su respaldo tanto a su propuesta como a la de León, hoy, cuando terminaba el plazo para presentar las candidaturas, el Ayuntamiento de Salamanca no ha presentado su candidatura.

“Estuvimos valorando presentar la documentación, pero decidimos no hacerlo ante las nulas posibilidades que teníamos de resultar elegidos, dada la experiencia muy negativa de anteriores convocatorias”, han explicado a EFE fuentes municipales.

Entre esas experiencias han citado las de la Agencia Española de Inteligencia Artificial o el Centro de Competencia Digital de Renfe, en las que se les trató “como meros comparsas”, según dichas fuentes. “Como uno de los criterios al que el Gobierno de España le da un peso específico para la elección de las nuevas sedes es la buena conexión ferroviaria con la capital de España; aprovechamos para reivindicar una vez más la mejora de las comunicaciones ferroviarias con Madrid, que cada día resulta más inaplazable para Salamanca”, han añadido.

La Agencia Estatal de Salud Pública desempeña sus funciones en los ámbitos de vigilancia en salud pública, en preparación y respuesta frente a futuras emergencias, en asesoramiento y evaluación, en salud pública internacional y en información y comunicación de riesgos para la salud. En el caso de León, ha sido su ayuntamiento el que ha presentado la candidatura, mientras que en el caso de Salamanca debería haberse postulado oficialmente su consistorio, pero no lo ha hecho.

La propuesta de Toledo parte de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha; la de Granada ha sido solicitada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía; la Diputación General de Aragón ha presentado la candidatura de Zaragoza. En cuanto a Murcia, la aspiración parte de la Consejería de Salud de la Región de Murcia. Barcelona ha sido auspiciada por el propio Ayuntamiento de la Ciudad Condal; en Lugo ha sido el Concello el organismo proponente ,y en cuanto a Oviedo, ha sido presentada por la Consejería de Salud del Principado de Asturias.

El procedimiento fomenta que las asambleas legislativas y los consejos de Gobierno de las comunidades autónomas, así como los órganos plenarios de las entidades locales, puedan postular distintas localidades para albergar sedes de las entidades que componen el sector público institucional estatal.

El proceso, que se enmarca dentro de la política de descentralización de sedes iniciada por el Gobierno de España, continúa ahora con la realización de un informe por parte del Ministerio de Sanidad, en el plazo de diez días. A continuación, la Comisión Consultiva elaborará y emitirá un dictamen. Finalmente, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros, con un plazo máximo hasta el 17 de febrero, y su posterior publicación en el BOE el 18 de febrero.

Vecinos de Castellanos de Villiquera han convocado una concentración el próximo 24 de enero de 2026, a las 12.00 horas frente a la casa consistorial del municipio para mostrar su rechazo al proyecto de implantación de una planta de biometano en la localidad. Según han explicado los convocantes, la ciudadanía tuvo conocimiento de la iniciativa de forma indirecta, a través de asociaciones de otros municipios del entorno y de una reunión informativa celebrada el pasado 16 de enero en Calzada de Valdunciel, en la que se abordó la implantación de este tipo de infraestructuras en la comarca. Los vecinos han señalado que, hasta el momento, el Ayuntamiento no ha ofrecido información pública alguna sobre el proyecto.

Ante esta situación, los ciudadanos han presentado alegaciones a la solicitud de autorización ambiental, que todavía se puede presentar hasta el 20 de enero, y al estudio de impacto ambiental del proyecto ante la Dirección General de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León. Según los datos facilitados por los promotores de la movilización, a fecha 18 de enero se habían registrado más de 300 alegaciones, una cifra significativa ya que la localidad cuenta con 727 habitantes censados. El Ayuntamiento de Calzada de Valdunciel ha tenido que habilitar de manera extraordinaria su registro municipal para facilitar la presentación de estos escritos, según han explicado los vecinos en un comunicado

Paralelamente, los vecinos han anunciado la creación de una plataforma ciudadana bajo el nombre “Stop Biogás Castellanos de Villiquera”, cuyo objetivo es obtener información sobre el proyecto, “defender los intereses de los municipios afectados, exigir información clara y promover un debate público real antes de que se adopten decisiones que puedan tener un impacto irreversible”.

Asimismo, ha advertido sobre el incremento del tráfico pesado vinculado al funcionamiento de la planta, tanto para el transporte de materias primas como de subproductos. Este aumento de circulación de camiones podría provocar un mayor deterioro de las infraestructuras viarias, un incremento del ruido y mayores riesgos para la seguridad vial en una zona de carácter rural.

Otro de los aspectos señalados es el posible riesgo de contaminación del suelo y de los acuíferos, un recurso que consideran especialmente sensible en el entorno. También mencionan posibles efectos sobre la salud y el bienestar de la población, asociados a emisiones, olores y a la gestión de los residuos generados durante el proceso de producción de biometano.

La oposición vecinal incluye igualmente la preocupación por la degradación del entorno rural y la pérdida de valor paisajístico, lo que, según indican, podría afectar a la imagen del municipio y a su potencial agrícola, residencial y turístico. En este sentido, destacan la afección al trazado del Camino de Santiago, que discurre por la localidad, y cuestionan el retorno económico real del proyecto para la población local, al considerar que los principales beneficios podrían recaer en empresas privadas externas.

Exigencias al Ayuntamiento y a la Junta

En su comunicado se han dirigido al Ayuntamiento de Castellanos de Villiquera, al que han reclamado información pública “inmediata, completa y accesible” sobre el proyecto. Asimismo, han solicitado conocer, entre otros aspectos, la identidad del promotor, la ubicación exacta de la planta, los itinerarios previstos para el tráfico pesado, la fase administrativa en la que se encuentra la iniciativa y los informes técnicos y ambientales existentes, así como las decisiones adoptadas en el ámbito municipal.

También han pedido explicaciones sobre la falta de información previa a la ciudadanía, las gestiones realizadas hasta el momento y los contactos mantenidos con la empresa promotora. Además, han reclamado la paralización de cualquier actuación o trámite municipal relacionado con el proyecto hasta que se garantice un proceso de participación ciudadana con reuniones informativas públicas y espacios de debate abiertos.

En relación con la Junta de Castilla y León, como administración competente en materia ambiental, territorial y energética, la plataforma vecinal ha exigido “transparencia total” sobre la tramitación del proyecto, incluyendo el estado administrativo real, la empresa promotora, los informes técnicos disponibles y las autorizaciones solicitadas o concedidas. Asimismo, solicitan que se garantice una evaluación de impacto ambiental rigurosa, independiente y exhaustiva, que contemple tanto los efectos ambientales como las repercusiones sociales y territoriales.

Por último, los vecinos instan a la administración autonómica a aplicar el principio de precaución ante la falta de información clara y el potencial impacto ambiental y social del proyecto, así como a evaluar la capacidad real del territorio para acoger este tipo de instalaciones, especialmente en municipios rurales de pequeño tamaño,

La faceta como rector de la Universidad de Salamanca (USAL) de Miguel de Unamuno ha sido el motivo que Salamanca y la Asociación de Amigos de Unamuno han elegido para recordar al escritor en la tradicional ofrenda floral que se lleva a cabo durante esta fecha desde hace años.

Como cada 31 de diciembre, cuando falleció el autor en la capital salmantina, y por undécima vez, se han depositado las flores a los pies de la estatua de Unamuno en la calle Bordadores del centro histórico de Salamanca, obra de Pablo Serrano, frente a la casa que habitó uno de sus vecinos más ilustres.

Debido al objetivo de homenajear su función como rector de la USAL, ha sido la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la institución académica, María Rosario Arévalo, la encargada de realizar la ofrenda en el 89 aniversario de su fallecimiento, acompañada por el alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo.

El acto, como cada año, ha estado precedido de una recepción en el Ayuntamiento de Salamanca y una visita al medallón de Unamuno en la Plaza Mayor de Salamanca con la asistencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Como es habitual, ha tenido lugar una dramatización de uno de los pasajes de la vida de Miguel de Unamuno. Este año ha sido el turno para ‘Diálogo con el maestro’, con guión de Francisco Blanco Prieto, en una iniciativa presentada por el periodista Francisco Gómez Bueno e interpretada por el actor Jesús Sanabria Cauce.

La Banda Municipal de Música, bajo la dirección de Mario Vercher, puesto la nota musical en la cita, con piezas del folclore salmantino como ‘Apañando aceitunas’, ‘En casa del tío Vicente’, ‘La Clara’, ‘Las esquilitas’ y ‘A la Virgen de la Ermita’, entre otras.

Entre los presentes se ha repartido una tarjeta conmemorativa del homenaje con la imagen de la escultura de Pablo Serrano en el anverso y el retrato de Unamuno como rector pintado por Vidal González Arenal en 1924 en el reverso.

Junto a este último se ha incluido un extracto del discurso pronunciado por Unamuno en la inauguración del curso académico 1934-35 en la Universidad de Salamanca con motivo de su jubilación enseptiembre de 1934.

La capital salmantina ha amanecido este viernes, 26 de diciembre, con la caída de quince metros de paño de muralla, a la altura del paseo del Rector Esperabé 67, junto al hotel Palacio de San Esteban.

Bomberos y Policía Local han actuado en el desprendimiento antes de las 7 de la madrugada y no ha habido heridos, han informado a EFE fuentes municipales.

Al lugar del suceso han acudido también los técnicos de Urbanismo, quienes darán cuenta de lo sucedido al titular de la muralla, que es el Ministerio de Hacienda.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por el alcalde de una localidad salmantina y ha confirmado íntegramente la condena de nueve años de inhabilitación para cargo público por prevaricación impuesta en marzo de 2025 por la Audiencia de Salamanca al alcalde de la localidad salmantina de Villarino de los Aires, Julián Martín Jiménez (PP).

La sentencia ratificada establecía que el regidor había contratado a un familiar de segundo grado, en concreto un hermano, para realizar labores de obra y servicio en el Ayuntamiento, inicialmente por un periodo de dos meses. Sin embargo, el contratado continuó trabajando durante tres años, sin tramitar procedimiento administrativo alguno para prorrogar o justificar la continuidad del puesto. Según el tribunal, esta prolongación se realizó al margen de cualquier control, vulnerando los principios de legalidad, igualdad y transparencia que rigen la contratación pública.

Los hechos se remontan a 2015, cuando Martín encargó a su hermano las tareas de montaje y desmontaje de la plaza de toros portátil en las fiestas patronales durante tres años, siendo este jefe de la cuadrilla de obras públicas y recibiendo un plus de plena dedicación.

El TSJ considera acreditado que el alcalde actuó de forma “arbitraria” y con pleno conocimiento de que su decisión carecía de cobertura legal. La Sala subraya que la ausencia de un procedimiento administrativo no constituye una simple irregularidad, sino la base misma del delito de prevaricación, al eludir los mecanismos de control fijados por la normativa.

El condenado había solicitado su absolución alegando errores procesales, falta de valoración adecuada de la prueba y ausencia de dolo, además de pedir la nulidad de actuaciones. La Sala rechaza todos los motivos, concluyendo que no se vulneró su derecho de defensa y que existió suficiente prueba de cargo.

La pena impuesta —que continúa vigente tras la resolución del TSJ— consiste en inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante nueve años. El tribunal mantiene además la apreciación de una atenuante simple de dilaciones indebidas, pero descarta elevarla al grado muy cualificado, como pedía la defensa.

La resolución, contra la que aún cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, declara de oficio las costas de la apelación.

Los hechos se remontan a 2015, cuando Martín encargó a su hermano las tareas de montaje y desmontaje de la plaza de toros portátil en las fiestas patronales durante tres años, siendo este jefe de la cuadrilla de obras públicas y recibiendo un plus de plena dedicación.

Un hacker identificado como 'ballistic' afirma haber accedido a datos informáticos del al Ayuntamiento de Béjar, en Salamanca, según informan varios portales especializados. Según explica el atacante en un foro de darkweb, la intrusión fue posible por un servidor de terceros vulnerable que se conectaba con el Ayuntamiento. A través de este punto de acceso, el atacante alega haber obtenido documentos municipales internos y haber accedido temporalmente a una base de datos que contenía información ciudadana relacionada con la policía. Aunque el alcance completo de la violación aún está bajo evaluación, la combinación de archivos administrativos internos y la exposición de datos de las fuerzas del orden marca este incidente como un compromiso de alta gravedad para una entidad gubernamental local, según el portal de seguridad informática Botcrawl.

El municipio de Béjar depende de una red híbrida de sistemas internos y proveedores de servicios externos para trabajo administrativo, almacenamiento de documentos y servicios públicos.Los proveedores externos desempeñan un papel importante en el apoyo a la infraestructura local, especialmente en repositorios de documentos, portales de comunicación y aplicaciones administrativas especializadas. Cuando uno de estos sistemas externos no está adecuadamente protegido o carece de parches actualizados, los atacantes pueden aprovecharlo para ampliar su acceso a entornos municipales más amplios. Este es el escenario descrito por el actor de la amenaza, quien afirma que la brecha ocurrió debido a un servidor externo mal configurado o desactualizado vinculado al ecosistema digital del ayuntamiento.

El riesgo ahora está en el uso indebido de los datos personales y policiales a los que se ha logrado acceder.

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Béjar (Salamanca), Jonathan Sánchez, ha sido detenido este lunes por la Guardia Civil por un delito de insolvencia punible, según han confirmado a EFE fuentes del instituto armado.

El edil del Consistorio bejarano ha sido detenido al tener una orden judicial de búsqueda y detención contra él y ya ha declarado en los juzgados de Béjar.

La insolvencia punible se refiere en el Código Penal a infracciones en las que una persona, ya sea física o jurídica, que tiene la obligación de pagar una deuda pactada con un acreedor, realiza una serie de movimientos ilegales para evitar el pago del dinero que adeuda.

Fuentes de Vox en Salamanca han señalado a EFE que por el momento se encuentran en un punto de recabar información debido a que es una situación ajena a la propia formación y a su puesto como concejal en al Ayuntamiento de Béjar.

El alcalde del municipio, Antonio Cámara (PSOE), ha manifestado su total desconocimiento del caso y haberse enterado gracias a los medios de comunicación por lo que ha evitado pronunciarse.

Lo que sí ha mostrado el primer edil bejarano es su “tristeza” por la “mala imagen” que esto significa para aquellos que trabajan por el bien común de la localidad.

Un menor de 15 años participó el año pasado en el bolsín taurino de Ledesma (Salamanca) pese a que lo prohíben las bases. El alumno fue seleccionado por la Escuela de Tauromaquia a pesar de que el menor no cumplía con la edad requerida para participar en el certamen, según ha podido confirmar elDiario.es.

El Ayuntamiento reconoció la participación del adolescente en agosto de 2024 en un escrito oficial. Se trató de un “error administrativo” que atribuyó a “un fallo en la comunicación y gestión de la Escuela de Tauromaquia”. “Se produjo un error administrativo que llevó a la inscripción de un participante que no cumplía con la edad mínima requerida de 15 años al haber sido confirmado por la Diputación un error en el cómputo del cálculo de la edad”, ratifica el alcalde en el escrito.

Este alumno estaba en la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, donde los padres de dos menores han denunciado que sus hijos han sufrido acoso sexual por parte de compañeros y acoso de un profesor hacia un alumno. La Escuela sigue sin tener un protocolo antiacoso y tampoco obligará este curso a los alumnos mayores de 14 años a presentar un certificado de delitos de naturaleza sexual pese a las reiteradas peticiones de la familia de una de las víctimas.

Las normas del bolsín obligaban a que los más pequeños tuvieran como mínimo 15 años cumplidos el último día de la inscripción y las candidaturas de los novilleros debían ir acompañadas de su “currículum taurino” con fotocopia del DNI o pasaporte, copia del carnet de novillero del Ministerio de Cultura y el documento de afiliación a la Seguridad Social. Los menores de edad también deben presentar una autorización escrita de los progenitores o tutores legales. El alcalde de Ledesma, Exuperancio Benito (PP), asegura a elDiario.es que, a pesar de que en la normativa establece que la documentación debe enviarse al Ayuntamiento, se encarga de todo la Diputación de Salamanca (PP). “El bolsín se organiza a instancia de la Diputación para promocionar a sus alumnos y nosotros solo nos encargamos de que haya ambulancias y personal de Protección Civil, pero no lo organiza directamente el Ayuntamiento”, ha reiterado el regidor de Ledesma. Este periódico se ha puesto en contacto con el diputado de Carreteras, Escuela de Tauromaquia y Deportes, Jesús María Ortiz, pero no ha contestado a las preguntas formuladas, como tampoco hizo cuando se hicieron públicas las denuncias por acoso y por acoso sexual.

En las tientas, cada novillero debe lidiar con una vaquilla sin muerte. Las normas establecen la entrega del trofeo de la Rosquilla de Oro para el ganador del Bolsín, y la posibilidad de ser incluido en caso de ser realizada en una novillada picada que se celebre en la siguiente fiesta del Corpus de Ledesma. El alcalde del municipio, de 1.500 habitantes, asegura que ellos desconocen si los participantes cumplen con sus propias bases y tienen “14, 15, 16 o 17 años”. Sin embargo, las bases del concurso establecen que el DNI, el “currículum taurino” y la autorización del tutor responsable del menos deben enviarse al correo electrónico del Ayuntamiento.

La Diputación da una subvención anual de 3.000 euros a la “Asociación Bolsín Taurino Ayuntamiento de Ledesma” porque considera que estos bolsines, “y concretamente el desarrollado por el Ayuntamiento de Ledesma”, son “parte importante de la identidad” de Salamanca y “un escaparate sin igual para que los jóvenes novilleros se muestren su buen hacer y así conseguir oportunidades que les validen en su camino y formación como matadores de toros, siendo esta la meta y aspiración de todos ellos”. El área de Cultura de la Diputación de Salamanca entrega 21.900 euros anuales en subvenciones directas (para los bolsines de Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Ledesma, Parada de Rubiales y el Museo Taurino de Salamanca) y otros 190.000 euros en concurrencia competitiva para que los Ayuntamientos organicen novilladas con la participación de alumnos de la Escuela de Tauromaquia.

“El Ayuntamiento cumple las normas a su manera”

La oposición municipal asegura a elDiario.es que esto es “una muestra más del funcionamiento del Ayuntamiento”. “El equipo de gobierno actual cumple las normas a su manera, incluso en un certamen como este. Metieron a un menor y les dio igual, dijeron que no se habían dado cuenta y ahí quedó”, señala la portavoz socialista en Ledesma, Patricia Martín. La concejala del PSOE considera que el Ayuntamiento podría haber emitido una declaración o haber explicado públicamente la situación porque el Bolsín Taurino es un certamen “importante” y “debería ser serio”.

En la Diputación de Salamanca, el PSOE preguntó al equipo de gobierno, que consideró que enviar a un alumno menor de 15 años fue un “error administrativo” de la Escuela y que debía ser el Ayuntamiento el que debería haber rechazado la candidatura al revisar su DNI, puesto que aún no había cumplido los 15 años.

El reglamento de la Junta de Castilla y León, la edad mínima de los participantes para los bolsines taurinos es de 14 años previa autorización por escrito de los padres o tutores. Sin embargo, varios municipios, como Candeleda (Ávila), Alba de Tormes o Ciudad Rodrigo (Salamanca), han decidido ampliar la edad mínima de participación a 16 años.

El exconcejal en el Ayuntamiento de Salamanca Fernando Castaño, cesado en 2023 por impulsar el fallido proyecto para convertir Salamanca en una “pequeña Dubái”, regresa a la política como coordinador provincial de Ciudadanos Salamanca.

“A mí no me sacan de aquí ni con agua caliente”, ha dicho Castaño en rueda de prensa, para reivindicar después que Ciudadanos es “absolutamente imprescindible” porque tanto España como Castilla y León “son ingobernables sin una opción de centro”.

Ciudadanos excluyó a Castaño de su lista para las municipales de mayo de 2023 en Salamanca tras el fiasco del proyecto que impulsó como concejal de Turismo y el escándalo mediático consiguiente, momento en el que él dijo: “Yo no me he bajado de las listas, me han quitado. Me ha vetado Ana Suárez”, en referencia a la entonces candidata del partido y teniente de alcalde por Cs.

Castaño ha considerado este viernes que desde que Ciudadanos no está en el Gobierno (en los últimos comicios el PP gobierna Salamanca con mayoría absoluta) “la ciudad ha retrocedido veinte años, todo está apolillado y sin pulso político”.

Por otro lado, el ahora coordinador ha confirmado además que la dirección provincial ha solicitado el acta a los concejales tránsfugas de Doñinos y Carbajosa de la Sagrada, Manuel Hernández y Jesús Luis de San Antonio.

Fernando Castaño se hizo conocido fuera de la provincia cuando estalló a nivel nacional el escándalo por el congreso inversionista Peace City World a finales de enero de 2023, en el que se anunció la participación de grandes empresas que luego negaron ese vínculo y cuyo impulsor principal, José María Fuentes, acabó despedido y denunciado por ganar un concurso público de asesoría municipal con un título universitario falso.

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado hoy la cesión a favor de la Universidad de Salamanca de una parcela en Huerta Otea para la construcción de la nueva Facultad de Veterinaria.

Se trata de una parcela de 15.737 metros cuadrados entre las calles Manuel Ramos Andrados, John Dalton, Eugenio de Castro y José de Lamano Beneite, donde ahora hay un aparcamiento gratuito en superficie con 139 plazas, con alta demanda de uso por parte de personas que trabajan tanto en el campus universitario Miguel de Unamuno como en el Hospital Universitario de Salamanca.

El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Universidad establece el mantenimiento de este párking público, a las que se sumarán otras 190 de aparcamiento privado, o las que resulten de la superficie realmente construida.

La cesión de esta parcela se suma a otras dos cedidas por el Ayuntamiento en el año 2019 en La Platina a la Universidad de Salamanca para la nueva Facultad de Ciencias Agrarias y Ambientales y al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para la nueva sede del Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA), ambas en construcción.

En esta misma zona, cercana al Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG), ya está en funcionamiento la Incubadora de Empresas Biotecnológicas de Salamanca (Abioinnova), construida por el Ayuntamiento.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca ha presentado una moción para debatir en el próximo Pleno con el objetivo de promover una modificación urgente del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que regule las viviendas de uso turístico en la ciudad. La iniciativa llega tras las recientes sentencias judiciales que obligan al Ayuntamiento a reabrir varios pisos turísticos.

Según el portavoz socialista, José Luis Mateos, las resoluciones judiciales ponen de manifiesto la necesidad de actualizar el marco normativo. Mateos ha defendido que la Justicia ha determinado que el Ayuntamiento aplicó una interpretación retroactiva del PGOU de 2007 “sin respaldo normativo”, lo que ha derivado en una situación de inseguridad jurídica.

El grupo socialista plantea que la modificación del Plan General permita definir con claridad los usos residenciales y turísticos, establecer límites por zonas, regular la densidad de viviendas turísticas y ofrecer mayor seguridad jurídica tanto a los vecinos como a los propietarios.

El socialista ha indicado que “lo más grave es que pisos turísticos que deberían haber sido ilegales pueden acabar siendo legales por culpa de la inacción del PP”. Asimismo, ha recordado también que el Plan General “ya establece que no puede situarse ningún uso no residencial en la misma planta o superiores a las ocupadas por viviendas, pero el equipo de gobierno no ha aplicado esta norma y ahora cambia su criterio”.

Mateos ha señalado que una actualización del PGOU “habría evitado la actual falta de claridad y las resoluciones judiciales adversas”, y ha recordado que el alcalde, Carlos García Carbayo, fue concejal de Urbanismo cuando el problema comenzó a surgir.

Por su parte, el concejal Álvaro Antolín ha recordado que el PSOE lleva desde 2017 solicitando una regulación más estricta. El edil ha señalado que la propia ordenanza municipal desveló que “más del 40%” de las viviendas turísticas de Salamanca funcionaban al margen de la normativa, “con más de 200 pisos irregulares y sin sanciones”, una cifra que “evidencia la falta de gestión y la pasividad del Ayuntamiento”.

Los socialistas se ha preguntado “por qué no quiere el PP modificar el Plan General” y si “su negativa tiene que ver con que una revisión del PGOU podría paralizar nuevas licencias”. Asimismo, han considerado que la revisión del PGOU es una cuestión de modelo urbano y no solo urbanística, y pide una actuación “estructural” que garantice el equilibrio entre la actividad turística, el derecho a la vivienda y la convivencia vecinal.

Antolín también se ha referido a la situación que van a sufrir muchos residentes: “cientos de salmantinos van a tener que convivir con pisos turísticos que, de haberse aplicado correctamente las normas, no deberían existir.

El PSOE ha reclamado una actuación estructural y no cosmética. “El debate no es solo urbanístico, sino de modelo de ciudad. Modificar el PGOU es poner orden en la ciudad, proteger el derecho a la vivienda, garantizar la convivencia y evitar que los tribunales sigan desautorizando al Ayuntamiento”.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, ha detectado la circulación del serotipo 8 de la lengua azul en Salamanca, Almería y Alicante y el serotipo 3 en Teruel.

Desde el pasado 1 de abril, cuando comenzó la temporada, los laboratorios regionales de sanidad animal y el Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) han confirmado la presencia de la enfermedad en las provincias y Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura, Toledo, Ciudad Real, Guadalajara, Murcia, Madrid, Burgos, Ávila, Segovia, León y Soria.

También en Salamanca, Zamora, Palencia, Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja, Aragón, Lleida, Valencia, Alicante y Mallorca con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.

Agricultura ha recordado que España se encuentra sin estatus sanitario al no contar en la actualidad con programa de control y erradicación, a excepción de Baleares que cuenta con programa de control y erradicación, y Canarias que tienen estatus de libre de la enfermedad.

Asimismo, el MAPA ha precisado que es “necesario” que todas las regiones comuniquen las sospechas de nuevos serotipos detectados a nivel provincial en la presente temporada y aquellos casos de especial gravedad o que tengan características no esperadas.