El Juzgado de Menores de Salamanca ha condenado a uno de los menores acusados de agresión sexual (por pedirle fotografías de carácter sexual) a una compañera suya de 12 años, según una sentencia a la que ha tenido acceso elDiario.es. Ambos se conocían de la Escuela de Tauromaquia, financiada por la Diputación de Salamanca. El condenado -y sus padres- deberán abonar 1.500 euros a la víctima por estos hechos, que se produjeron en 2025. El tribunal también ha absuelto al otro menor acusado del mismo delito contra dos menores (de 11 y 12 años) porque no se ha considerado probado que fuera él quien utilizara ese perfil de Instagram desde el que se incitó a enviar fotografías de carácter sexual.

El fallo impone al primer menor -ya mayor de edad- cien horas de servicios comunitarios “para que reflexione sobre la gravedad de su actuación” y establece una medida de libertad vigilada durante dos años, en los que recibirá formación de educación sexual y educación en igualdad, además de una orden de alejamiento hacia la menor.

El menor condenado -le faltaba un mes para cumplir los 18 años- contactó con su compañera de la Escuela Taurina, de 12 años. “Empezó a comentarla que sus conversaciones no debía verlas nadie, pidiéndole que las borrara a diario y diciéndole, entre otras cosas, que cuando él tuviera 18 años debían cortar las mismas”, señala la sentencia, que considera probadas sus insinuaciones sexuales y peticiones de fotografías pedófilas. Esta situación se prolongó hasta que los padres de la niña descubrieron la situación y presentaron una denuncia.

“Desprecio a los sentimientos de la víctima”

El condenado defendió que creía que la niña tenía 16 años, algo que no se cree el juzgado porque entonces no tendría sentido que le dijera que borrara las imágenes o que las conversaciones debían terminarse cuando él cumpliera los 18 años. “Si adoptaba estas precauciones era porque conocía que estaba actuando de forma inapropiada”, señala el Juzgado de menores. Además, en el ámbito de la escuela taurina no se puede torear novilladas hasta los 16 años, una actividad que no podía realizar la menor. El juzgado establece que el condenado “embaucó” a la niña, aunque niega que esta fuera coaccionada o amenazada con hacer públicas las conversaciones previas que había tenido con el otro compañero, hoy absuelto.

El Juzgado ha establecido una libertad vigilada durante dos años dado el “absoluto desprecio a los sentimientos de la víctima” y su inconsciencia sobre “la gravedad de los hechos”. Además, esta no es su primera condena, por hechos con “una analogía importante”, aunque no de la misma naturaleza.

Absuelto el otro menor

La Justicia ha absuelto al otro menor encausado porque, ha considerado que no se ha demostrado lo suficiente que fuera él quien utilizaba esa cuenta de Instagram desde la que se pidió vídeos y fotos a otra niña de 11 años, a la que conocía de vista y de su entorno cercano. Fiscalía pedía que se dedujera la titularidad de la cuenta porque la fotografía del perfil era del menor y en las conversaciones con una de las víctimas se mencionaba su proximidad, algo que el Juzgado considera insuficiente porque son “datos fácilmente accesibles para cualquier persona”. También se le absuelve de un delito similar hacia su compañera de la Escuela de Tauromaquia -cuya conversación se borró- y cuyas conversaciones por Whatsapp no acreditan el contenido de las conversaciones previas aunque sí se hace referencia a ellas.

Aun así, defiende que no duda de que una de las víctimas y su madre hayan dicho la verdad en el proceso. “No se quiere manifestar con lo anterior que la menor o su madre falten a la verdad, pero como se han señalado hechos muy graves, sería necesario conocer exactamente el contenido de las conversaciones que fueron borradas y no se conservaron”, señala la sentencia.

La sentencia absuelve a la Diputación de Salamanca de la responsabilidad civil solicitada porque los hechos se produjeron fuera de la escuela taurina, que no podía tener “ningún control” sobre las actividades externas que realizaran los menores. El Juzgado también destaca que, cuando se tuvo conocimiento del problema, se separó a los menores acusados de la víctima “para que no coincidieran en las clases”. La Escuela de Tauromaquia no tenía un protocolo antiacoso para este tipo de situaciones a pesar de las peticiones realizadas por el Grupo Socialista en la Diputación de Salamanca.

Ya hay (de nuevo) fecha para el juicio oral por la muerte de Esther López, cuya desaparición se identificó en la madrugada del 13 de enero en 2022, y cuyo cadávez fue localizado 25 días después: será el 2 de febrero del próximo año, según ha informado la Audiencia Provincial de Valladolid a través del gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

La magistrada ha dictado el auto por el que se fijan los hechos justiciables que serán sometidos al veredicto del jurado popular. Serán sus integrantes quienes consideren qué delitos han sido probados o no tras la celebración de la vista oral.

La Fiscalía considera responsable a Óscar S.M. de un delito de asesinato con alevosía, por el que pide 18 años de prisión. La acusación particular le ponsidera responsable de los delitos de asesinato (o subsidiariamente homicidio), detención ilegal, daño moral y omisión del deber de socorro. La defensa, en cambio, mantiene que la conducta atribuida al acusado no es constitutiva de infracción penal alguna.

Juicio con jurado

El juicio oral arrancará el 2 de febrero de 2027 a las 10:00 horas, cuando se constituirá el Tribunal del Jurado y comenzarán las sesiones, que se alargarán hasta principios de marzo “dada la complejidad de la causa y el elevado volumen de prueba admitida”.

La jueza ha resuelto también sobre las pruebas propuestas por las partes, declarando pertinentes, con determinadas salvedades, distintas testificales, testificales-periciales, periciales y documentales que serán practicadas durante el juicio. El auto no es firme y contra él cabe recurso de súplica en el plazo de tres días, salvo en lo relativo a la admisión de pruebas, extremo respecto del cual la resolución es firme.

A finales de 2025, el Juzgado ya abrió juicio oral contra Óscar S.M. hasta que se ordenó la devolución del caso al Juzgado de Instrucción después de que el actual propietario de la vivienda que utilizaba el acusado -que había comprado recientemente- encontrara un habitáculo del que la Guardia Civil no tenía constancia. Las pesquisas no localizaron ningún resto biológico de Esther López en esa zona.

El Tribunal de Instancia 5 de Segovia ha dictado un auto en el que acuerda continuar las diligencias previas contra el exalcalde del Real Sitio de San Ildefonso (Segovia) entre 2007 y 2019 y exprocurador en las Cortes de Castilla y León, José Luis Vázquez, investigado como supuesto autor de delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Vázquez renunció a su escaño de diputado autonómico en octubre de 2025 tras el anuncio de esta investigación.

En una comunicación remitida este martes por el Tribunal Superior de Justicia, este señala que investiga algunos nombramientos de empleados municipales, la asignación de funciones y retribuciones y la contratación de determinados servicios.

También analiza la ordenación de pagos pese a los reparos de la Intervención del Ayuntamiento y otras diversas decisiones adoptadas durante el tiempo en que fue alcalde, según se desprende del texto.

En la parte dispositiva del auto, el Tribunal ha señalado que, a la vista de las diligencias practicadas, procede continuar el procedimiento y dar traslado al Ministerio Fiscal para que solicite la apertura de juicio oral mediante escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

El auto no es firme y cabe recurso de reforma ante el propio tribunal y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial, o bien recurso de apelación directa

Archivo para el alcalde actual

Por otra parte, la magistrada ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones respecto del actual alcalde del municipio, Samuel Alonso (PSOE), al que se le investigaba por la supuesta autoría de un delito de falsedad documental inicialmente investigado.

El Tribunal ha concluido que no existen indicios de que los informes emitidos por el regidor contuvieran afirmaciones contrarias a la realidad ni que hubieran servido para realizar los nombramientos objeto de investigación.

Tampoco ha quedado acreditado que Alonso suscribiera los contratos investigados ni que conociera una posible ilegalidad de los mismos cuando se efectuaron pagos derivados de esos contratos durante su mandato, por lo que se descartan posibles delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía y la acusación particular piden entre 18 y 30 meses de prisión por un delito de maltrato animal para el propietario de un criadero de perros de Melgar de Fernamental (Burgos), huido de la justicia desde 2020 y que el pasado febrero fue detenido en Venezuela y extraditado para ser juzgado en España.

Este martes ha arrancado el juicio en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Burgos, seis años después de que la Guardia Civil desmantelara en febrero de 2020 el criadero, en el que había un centenar de perros -el doble de los autorizados- en pésimas condiciones higiénico-sanitarias, y algunos muertos desde hacía veinte días.

El acusado, que había abandonado España apenas cinco días antes del registro de la Guardia Civil, se enfrenta a un delito de maltrato animal, por el que la Fiscalía pide 18 meses de cárcel, y de 25 a 30 en el caso de la acusación particular ejercida por la asociación Justicia y Defensa Animal de Burgos.

También a otro delito de alzamiento de bienes, con una petición de 3 años; la acusación insiste en la reincidencia del detenido, que ya había sido condenado a un año por maltrato animal en octubre de 2019, en un juicio rápido, y que mantuvo el criadero sin mejorar las condiciones en las que mantenía a los perros.

Por su parte, la defensa ha solicitado la absolución, y ha alegado vulneración de derechos fundamentales del acusado por no disponer en todo momento de abogado. Ha cuestionado también la extradición desde Venezuela al no existir, a su juicio, delitos correlativos en la legislación venezolana.

Estado “deplorable”, animales desnutridos y evidencias de canibalismo

Los hechos por los que ahora se le juzga se remontan al periodo entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, y derivan de una denuncia de septiembre de 2019 de Justicia y Defensa Animal, pero también de las inspecciones realizadas por la Guardia Civil y la Junta de Castilla y León tras la primera condena.

Los agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han confirmado que el criadero de perros, autorizado en 2015, no reunía las condiciones adecuadas ni cumplía con la normativa, y que los animales se encontraban abandonados, sin alimentación ni agua y en pésimas condiciones.

Han calificado la situación del criadero de “deplorable” han descrito a animales desnutridos, enfermos, heridos y algunos con evidencias de canibalismo, único recurso que llegaron a tener a su disposición para alimentarse ante la ausencia de comida: poca, de mala calidad y mezclada con excrementos.

La misma valoración han realizado los veterinarios y técnicos de la Junta de Castilla y León que, entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, realizaron visitas a las instalaciones, sin ver una mejoría “suficiente”, y que fueron los que instaron en varias ocasiones a sacar animales por el riesgo que corría su vida.

Animales muertos durante viente días

Uno de los agentes del Seprona que intervino en la operación que sirvió para desmantelar el criadero a finales de febrero de 2020 considera que el acusado “había abandonado a su suerte” a los animales: “decidió dejarlos morir”, ha indicado, pues se marchó sin haberles dejado ni comida ni agua.

En el registro encontraron 31 animales vivos, y otros siete muertos, algunos fallecidos hacía casi veinte días; además, registraron otras dos propiedades, entre ellas, un piso en el que hallaron otros 37 perros vivos y dos más muertos, uno de ellos oculto en un congelador.

“Si hubiéramos tardado más habrían muerto todos. Había riesgo vital”, han insistido los agentes, lo mismo que los veterinarios y técnicos de la Junta, que han recordado que había varios expedientes sancionadores abiertos y que en diciembre de 2019 dieron orden de retirar todos los animales y cerrar el criadero.

Condenas previas y sin enmienda

En la primera sesión del juicio, que continuará el viernes con testificales de peritos, ha declarado también la representante de Justicia y Defensa Animal, Judith Sánchez, quien ha explicado que ofrecieron ayuda al acusado para atender a los animales, e incluso le pidieron su cesión, pero no aceptó.

También que se encargaron de los perros supervivientes, tanto los que se rescataron tras la última intervención de la Guardia Civil en febrero de 2020 como en otras previas, y ha confirmado el grave estado en el que se encontraban: “He visto muchas barbaridades pero como esta nunca antes”, ha admitido.

En declaraciones a las puertas de los juzgados, Sánchez ha reconocido que confía en que se haga justicia, después de que la madre y la expareja del acusado fueran juzgadas el pasado año, también por maltrato animal, y se las condenara a un año de prisión -por conformidad-

Mientras, el abogado de la asociación, Luis Oviedo, ha explicado a los medios que sea cual sea la condena ahora “es muy difícil” que el acusado ingrese en prisión porque ha pasado ya casi 24 meses en preventiva -ocho en Venezuela-, y está en libertad.

La Fiscalía de Valladolid ha denunciado al neonazi Alberto Pugilato, alias de Alberto González de Juan, por instigar al acoso desde sus perfiles de redes sociales contra figuras mediáticas vinculadas a la izquierda, como el cómico Héctor de Miguel, Quequé, o la periodista Sarah Santaolalla.

La denuncia, interpuesta por un particular y a la que ha tenido acceso EFE este lunes, incide en que González de Juan habría incitado, legitimado y reforzado el acoso contra personas por razones ideológicas a través de sus perfiles de X, @albertopugilat y @pugilato2014, que suman más de 85.000 seguidores y su canal de YouTube.

Asimismo, señala que en esas publicaciones se jalean estos actos, se emplea un lenguaje exhortativo que llama a la acción colectiva de terceros, se normaliza la violencia política, se validan los actos de acoso y se insertan en un contexto real de movilización ideológica.

En concreto, indica que el denunciado habría compartido fechas y localizaciones de las actuaciones de Quequé a través de X, donde invitaba a “aplaudirle” como “eufemismo de agresión”, y que se jactaba, en publicaciones posteriores y en su propio canal de YouTube, de que el cómico salmantino hubiera cancelado parte de su gira por las presiones recibidas.

Hace dos años, Pugilato agredió al cómico Jaime Caravaca durante una actuación. Antes ya había sido condenado por el Tribunal Supremo a un año de prisión y una multa de 1.800 euros. Hace menos de un mes, Pugilato conducía el coche de una empresa de cobros que un candidato leonés del PP destrozó con su tractor, motivo por el que fue detenido en El Burgo Ranero. También está vinculado a Núcleo Nacional, que este verano se ha constituido como partido político.

“Apreteu, que funciona”

La denuncia enumera numerosas publicaciones, también dirigidas a la comunicadora Elena Reinés y a la periodista Sarah Santaolalla, ambas vinculadas a posturas de izquierdas, así como la apelación a insistir en la presión contra estas figuras con comentarios como “Apreteu” o “Apreteu, que funciona”.

Por todo ello, la Fiscalía vallisoletana concluye que estos hechos podrían ser constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución, previsto y penado en el artículo 510 1.a) y 1.b) párrafos 3º y 5º del Código Penal.

Los delitos de odio, recogidos en el artículo 510, tienen penas de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

El texto indica que el Ministerio fiscal remitió su denuncia a la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid y que el pasado 24 de julio incoó diligencias previas para investigar delitos que podrían haberse cometido desde su perfil de X.

La Fiscalía de Menores, la Junta de Castilla y León y la organización Nuevo Futuro investigan una posible agresión sexual a un menor de once años por parte de uno de catorce en un piso tutelado en la capital burgalesa.

Así lo ha confirmado a EFE fuentes de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales (que dirige Vox de la mano de Carlos Pollán). La consejería ha indicado que la madre de la víctima puso una denuncia y que han separado a los dos menores mientras se realizan las pesquisas.

El menor agredido ha sido reubicado en otro piso, en el que conviven menores más cercanos a su edad, según estas mismas fuentes, que indican que la Consejería tuvo conocimiento el pasado fin de semana.

En el piso en el que tuvieron lugar los hechos, convivían seis menores, cuenta con la atención todo el día y con la presencia de al menos un “guardador” de la ONG, aunque la tutela depende de la Junta de Castilla y León.

Nuevo Futuro cuenta con tres pisos tutelados en la provincia de Burgos, dos en la capital y otro en Aranda de Duero, que acoge a menores que no pueden vivir con sus familias y que tienen algún grado de protección de la Junta de Castilla y León.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha condenado a la Administración autonómica y a la aseguradora a abonar 28.000 euros a un paciente del Complejo Asistencial de Ávila, por los daños sufridos tras una intervención quirúrgica de vesícula.

El fallo dado a conocer este viernes por el alto tribunal, estima parcialmente una reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por un paciente, que inicialmente solicitaba 62.240,33 euros de indemnización, tras la desestimación de la misma desde la administración, por silencio administrativo.

Con la posición contraria de la Junta y la aseguradora a la demanda del paciente, la Sala ha apreciado una infracción de la 'lex artis médica' -conjunto de reglas técnicas y criterios profesionales exigibles en cada actuación clínica-.

Y ello, según el TSJCyL, al estimar acreditado que durante una operación programada de colecistectomía laparoscópica, practicada el 15 de junio de 2023, se produjo “el atrapamiento y posterior perforación de un asa de yeyuno en el proceso de cierre de la intervención”, lo que derivó en “graves complicaciones”.

No obstante, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León descarta que existiera una actuación negligente en el diagnóstico y tratamiento de la complicación, una vez que aparecieron los síntomas.

Según el tribunal, tanto las pruebas diagnósticas, como la reintervención quirúrgica -efectuada al día siguiente, el 16 de junio de 2023-, se realizaron en un plazo de tiempo “adecuado” y “conforme a la práctica médica exigible”.

Por ello, el TSJCyL declara la responsabilidad patrimonial de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, al tiempo que reconoce al paciente una indemnización de 28.000 euros, que deberá ser abonada solidariamente junto con la aseguradora codemandada.

Por todo ello, el daño al paciente se concreta en queda concretado en las lesiones temporales; las dos cirugías -laparotomía el 16 de junio de 2023 y traqueotomía, así como las secuelas, que se han traducido en un “perjuicio psicofísico -yeyuno ilectomía sin trastorno funcional- y ”perjuicio estético“.

El Ayuntamiento de Burgos ha puesto en conocimiento de la Fiscalía la existencia de posibles pagos irregulares en la nómina de un empleado municipal, que ascenderían a 25.000 euros, tras una investigación interna por la que han suspendido de funciones a la persona supuestamente relacionada con el caso.

En un comunicado remitido a los medios, el Ayuntamiento ha explicado que fueron los servicios municipales los que identificaron una serie de pagos que podrían no contar con el correspondiente respaldo administrativo en la nómina de un empleado, por lo que se inició una investigación interna.

El importe actualmente sometido a comprobación se sitúa en torno a 25.000 euros, una cantidad provisional que deberá ser confirmada una vez concluya la revisión de toda la documentación, de los conceptos afectados y de las cantidades efectivamente abonadas, han explicado.

La información disponible ha sido trasladada a la Intervención General Municipal y a la Asesoría Jurídica, y se han iniciado las comprobaciones para determinar con exactitud las cantidades afectadas y, en su caso, adoptar las medidas oportunas para su recuperación.

Suspensión de otro trabajador relacionado

Entre las medidas adoptadas está también la suspensión cautelar de todas sus funciones de la persona supuestamente relacionada con la situación, mientras se esclarece lo sucedido.

Además, el Ayuntamiento de Burgos ha decidido poner a disposición de la Fiscalía Provincial de Burgos toda la información disponible, para que la valor y, en su caso, acuerde la oportuna investigación judicial.

Paralelamente, el Ayuntamiento llevará a cabo una auditoría específica para establecer el alcance exacto de las posibles irregularidades, revisar las operaciones relacionadas con este caso y analizar el funcionamiento de los procedimientos municipales de autorización, tramitación y control.

Ha recordado que la investigación está en fase preliminar, por lo que es pronto para establecer conclusiones sobre lo ocurrido y responsabilidades.

Cuatro de las exmonjas de Belorado han declarado este lunes en el juzgado de Briviesca (Burgos) en la causa que investiga la venta de obras de arte y bienes catalogados como patrimonio histórico del convento, hechos que tuvieron lugar en 2023, antes del cisma que protagonizaron en mayo de 2024, y que han defendido como algo habitual en los cenobios como medida de subsistencia.

Las exreligiosas, que desde que fueron desahuciadas del convento de Belorado este marzo residen en La Puebla de Montalbán (Toledo), han insistido antes de declarar en que son víctimas de una persecución por parte del Arzobispado de Burgos, y consideran “rastreras” las acusaciones, y propias de un acto “vil” y “ambicioso”.

Sor Paloma, que ha llegado junto con sor Isabel, sor Sion y sor Israel, ha recordado en declaraciones a los medios que la causa que se investiga —y por la que ella y sor Isabel fueron detenidas en noviembre de 2025— tiene que ver con la venta de bienes en 2023, antes del cisma, y después de esa fecha no han vendido nada.

La exreligiosa ha insistido en que “tenían todo el derecho a hacerlo” y no tenían que pedir autorización al arzobispo, dado que si la venta no supera los 750.000 euros solo requieren del permiso de los propios órganos de gobierno de la comunidad religiosa, y lo tenían “con el voto unánime”, por lo que ha defendido la legalidad de esas ventas.

Por su parte, sor Sion ha recordado que “es una cosa que hacen los monasterios”. “Cuando tienen que restaurar otros bienes, venden cosas que no están inventariadas ni catalogadas”, ha precisado, y ambas han afirmado que después de 2023, y en especial después del cisma, no han vendido nada del monasterio.

Una figura localizada en una tienda de antigüedades

El origen de la causa fue la detección en el mercado especializado de antigüedades de varias piezas que podían corresponder al patrimonio histórico del convento, y al menos una figura de San Antonio de Padua del siglo XVII fue localizada en una tienda de antigüedades de Madrid.

La exabadesa del convento —sor Isabel—, sor Paloma y un anticuario de León fueron detenidos el 27 de noviembre de 2025 y al día siguiente quedaron en libertad provisional.

La investigación está abierta por posibles delitos de apropiación indebida agravada, apropiación indebida de bienes de interés cultural y receptación.

Cuatro casullas por “menos de mil euros”

La declaración en el juzgado de Briviesca se extiende también a una investigación por apropiación indebida la venta de cuatro casullas, a través de internet en 2024, por valor de “menos de mil euros”, ha indicado sor Paloma, quien ha asegurado que no tenían ningún valor y como esas han quedado otras en el convento.

Sor Sion ha explicado que se trataba de casullas antiguas, que ya no usaban, y que vendieron para obtener el dinero con el que adquirir ornamentos litúrgicos nuevos tras su decisión de separarse de la Iglesia católica, y ha insistido en que no tenían que pedir permiso al arzobispo porque no lo reconocían ya como su superior.

“Me parece vil, me parece de una ambición y un poco rastrero”, ha apuntado sor Paloma en referencia también a la denuncia del Arzobispado por apropiación indebida por el uso tras el cisma de los entre cinco y seis vehículos propiedad del monasterio de Belorado.

Ha recordado que, entre esos vehículos, se encuentran además de dos de renting que ya se devolvieron, uno que entregaron a las víctimas de la Dana en Valencia, otro donado por un benefactor y otro más regalado por un padre a una de las monjas: “en mi opinión es un rasca, rasca”, una persecución del arzobispo.

El Tribunal de Instancia Sección de lo Social plaza número 4 de Valladolid ha condenado al consistorio de esta ciudad por no formalizar el contrato de una trabajadora que se encontraba embarazada, lo que supuso vulnerar el derecho fundamental de la demandante a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo.

“La decisión del Ayuntamiento de Valladolid de no formalizar el contrato de sustitución para el que la demandante había sido llamada desde la bolsa de empleo de peón de limpieza viaria vulneró su derecho fundamental a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo reconocido en el artículo 14 de la Constitución Española”, afirma el fallo de la sentencia.

Al estimar parcialmente la demanda planteada, el Juzgado ha declarado la nulidad de la decisión administrativa consistente en la no formalización del contrato de sustitución para el que la demandante había sido llamada desde la bolsa de empleo.

Condena en concreto al Ayuntamiento de Valladolid a abonar a la demandante las cantidades equivalentes a las retribuciones que hubiera percibido incluidos los efectos económicos inherentes a dicha contratación de haberse formalizado la contratación para la que fue llamada, correspondientes al período comprendido entre el 26 de noviembre de 2025 y el 26 de enero de 2026.

Establece además la deducción, en su caso, de las prestaciones o percepciones incompatibles que hubiera percibido durante dicho período y que tuvieran por finalidad sustituir las rentas salariales dejadas de percibir.

El Juzgado condena al consistorio a abonar a la demandante la cantidad de 2.500 euros en concepto de indemnización por daño moral derivado de la vulneración del derecho fundamental.

Desestima sin embargo otras pretensiones de la demandante, entre ellas la de condena a la formalización actual del contrato de sustitución inicialmente ofertado y al mantenimiento de la demandante en la bolsa de empleo.

También desecha la conservación de su posición en la misma, su situación de llamamiento conforme al orden que le correspondiera, así como las relativas a la adaptación del puesto de trabajo y a la situación de riesgo durante el embarazo, al no resultar procedente pronunciamiento adicional alguno sobre las mismas en atención a las actuaciones administrativas posteriores acreditadas en autos y a la desaparición sobrevenida de la situación de embarazo.

Tras la decisión del Juzgado, el Grupo Municipal Socialista, “ante la gravedad de esta resolución judicial”, ha recordado en un comunicado que advirtió de esta ilegalidad y ha solicitado al alcalde, Jesús Julio Carnero, que pida perdón a la mujer trabajadora por los daños morales.

Estos daños fueron provocados por una decisión que el equipo de gobierno PP-Vox mantuvo en el tiempo a pesar de las advertencias que hicieron los concejales del PSOE sobre la discriminación a una mujer que siempre debe estar protegida, en lugar de ser penalizada laboralmente por el hecho de estar embarazada, ha sostenido el Grupo Socialista.

La sentencia razona que la declaración de “no apta temporal” estaba directamente vinculada al embarazo y que la consecuencia adoptada (no formalizar el contrato) hizo recaer sobre la trabajadora una pérdida profesional y económica derivada de una circunstancia especialmente protegida, ha añadido.

La Trama Eólica, el caso de corrupción más grave de Castilla y León, junto en el de Perla Negra, con el que comparte acusados, sigue sin sentencia cuando se cumplen seis meses exactos desde que acabó el juicio. La Audiencia Provincial de Valladolid no se ha pronunciado aún ni para aproximar en qué fecha resolverá un caso en el que la investigación judicial se prolongó a lo largo de diez años. El juicio duró cuatro meses y los acusados pasaron de 15 a 11.

El caso se descubrió en 2015, cuando un funcionario de la Agencia Tributaria inspeccionaba el impuesto de sociedades de varias empresas y descubrió presuntas mordidas para autorizar parques eólicos con un modus operandi que consistía en forzar a las eléctricas asociarse con empresarios locales elegidos por la Junta. En ese año, según datos de Red Eléctrica Española (REE), Castilla y León era la Comunidad con mayor potencia eólica en España, 5.560,01 megavatios instalados, el 24,2% del total nacional repartido en 241 parques.

Mediante la trama, parques que habían permanecido paralizados durante años, conseguían los permisos cuando en el accionariado entraba una compañía de la Comunidad. En la Consejería de Economía se manejaba una lista con los empresarios (que formaban parte del sector de la industria, la construcción o la alimentación) con los que Endesa e Iberdrola debían asociarse. Una vez conseguida la autorización, la eléctrica se hacía mediante la compra de las acciones con el 100% de la sociedad. El papel de los empresarios era, también según las declaraciones judiciales, figurar, ya que no realizaron ningún trámite administrativo. Así es como, según el fiscal anticorrupción, se pagaron 75 millones en mordidas. Lo único que no ha quedado claro es dónde acabó el dinero.

El acusado principal es el exviceconsejero de Economía, Rafael Delgado, de quien el fiscal dijo que estuvo “de continuo, delinquiendo todo el tiempo, desde el año 2004 hasta el último acto de blanqueo de capitales que se le imputa”. Se enfrenta a una petición de pena de 42 años de cárcel y multas por valor de 239 millones de euros por delitos de prevaricación, cohecho, extorsión, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Por detrás de Delgado van los empresarios Alberto Esgueva y Germán José Martín Giraldo, ambos con 12 años y 68 y 14,5 millones de multa, respectivamente y el abogado y presunto testaferro de Delgado, Jesús Rodríguez Recio, con diez años y medio y más de 25 millones de multa. Se juzga la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública, tráfico de influencias y extorsión.

Delgado siempre ha mantenido que cumplía órdenes del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, que murió poco antes de declarar como imputado, en 2017. Rafael Delgado aportó una serie de correos electrónicos en los que tanto las eléctricas como los empresarios se dirigían directamente a Villanueva para agilizar la autorización de parques y comunicarle las alianzas son los empresarios afines.

El principal beneficiado de la trama es Alberto Esgueva, que fue consejero delegado de una de las sociedades públicas de la Consejería de Economía entre los años 2003 y 2006. Según la querella, en 2004, mientras Esgueva formaba parte de la Junta y siendo el administrador de la mercantil San Cayetano Wind, Delgado “decidió que se le asignaran parques cuya potencia eólica sumara 500 megavatios” y que fueran “de los que estuviesen más avanzados”. De la venta de las acciones de una sociedad que formó con Iberdrola y en la que aportó 24.400 euros, sacó 47 millones. Pero hubo alguna más que le hizo ganar 6 millones.

El Juzgado que se ocupa de las diligencias sobre la muerte de Esther López, hallada sin vida el 5 de febrero de 2022 en la localidad vallisoletana de Traspinedo, ha remitido el procedimiento a la Audiencia Provincial de Valladolid para su enjuiciamiento.

El procedimiento será enviado nuevamente a la Audiencia, una vez recibidas todas las muestras remitidas por la Guardia Civil, según la provincia del Tribunal de Instancia Sección de Instrucción Plaza Número 5 de Valladolid facilitada este martes por fuentes del TSJCyL.

El pasado abril, la Audiencia de Valladolid, competente para juzgar al único investigado por la muerte de Esther López devolvió la causa al Juzgado para que resolviera lo que estimase oportuno tras recibir un oficio de la Guardia Civil en el que se comunicaba el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en el chalé que había pertenecido a la familia del investigado, Óscar S.M.. La Guardia Civil no encontró restos biológicos de Esther López.

La Guardia Civil presentó un atestado sobre ese hallazgo en el órgano que instruyó la causa y su titular, que ya no tenía competencia sobre el procedimiento desde el momento en que, meses atrás, lo elevó a la Audiencia para el enjuiciamiento, remitió el escrito de la Benemérita a dicho tribunal, para poner los hechos en conocimiento de este órgano.

Fiscalía pidió devolver las actuaciones

La Audiencia también recibió un escrito de la Fiscalía pidiendo la devolución de las actuaciones a los efectos de que se practicaran las diligencias de información suplementarias “indispensables”.

En un auto, la magistrada presidenta del jurado popular, que solo tiene competencia para juzgar, resolvió devolver la causa a la magistrada instructora, que es la que tiene competencias para investigar.

Ahora la instructora ha remitido el caso a la Audiencia de Valladolid, que fijará fecha para la celebración de juicio mediante el sistema de jurado popular.

Los cuatro detenidos por tratar de interrumpir la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España el 11 de septiembre de 2025 en Valladolid en protesta por la participación de un equipo israelí, han rechazado este viernes cualquier acuerdo de conformidad e irán a juicio el próximo 10 de noviembre.

Así lo han comunicado en declaraciones a los periodistas tras la vista previa celebrada en los juzgados de la capital vallisoletana y a la que ha precedido una concentración convocada por la plataforma 'Apoyo a los Encausad@s de la Vuelta Ciclista en Valladolid', en la que han participado unas setenta personas.

Por su parte, la Fiscalía mantiene las penas de 21 meses de prisión por un delito de desórdenes públicos y por alteración del espectáculo deportivo para los cuatro procesados, mientras que para dos de ellos suma cuatro meses de cárcel más por resistencia a la autoridad.

La acusación particular, ejercida por la organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), a la que los encausados consideran un “lobby sionista”, eleva las penas a 26 y 31 meses de cárcel, respectivamente. En ambos casos, al superar el umbral de los 24 meses, cabe la posibilidad de que los acusados ingresen en prisión.

El abogado de la defensa ha reiterado la petición de absolución, ya que reconocen los hechos, pero no los consideran un delito, y ha pedido a la jueza que retire a la acusación popular del proceso, ya que es “extemporánea” al haberse solicitado fuera de plazo. La magistrada estudiará la petición

“No reconocemos legitimidad a que esta gente se persone en el proceso, ya que responde a intereses extranjeros, y no vamos a responder a las preguntas de la acusación popular si se mantiene”, ha asegurado Jorge Lebrero, uno de los encausados, que ha afirmado que sí responderá a la jueza, a la fiscal y a su abogado.

Lebrero ha reconocido sentirse “muy tranquilo” y ha asegurado que “no les queda espacio para tener miedo” tras las imágenes del “genocidio” en Gaza, así como ha señalado que sabían que sus acciones podían traducirse en penas de prisión y que las asumen.

Concentración ante los juzgados

Media hora antes, la plataforma de Apoyo a los Encausad@s de la Vuelta Ciclista en Valladolid ha congregado a unas setenta personas frente a los juzgados vallisoletanos, donde tres de los encausados -Jorge Lebrero, Javier Lázaro y Eva Minayo- han tomado la palabra.

Junto a una pancarta en la que se podía leer '¿8 años de cárcel por denunciar el genocidio en Palestina?' y con numerosas banderas palestinas, Lebrero ha enmarcado su irrupción en el recorrido de La Vuelta en las protestas registradas en toda España contra la participación del equipo israelí Israel Premier Tech, al considerarla un “blanqueo” de las actuaciones del ejército israelí en Gaza.

Una respuesta social, que ha calificado de éxito tras la suspensión de la última etapa de la prueba en Madrid y la disolución del conjunto ciclista. Los tres procesados han justificado sus acciones en un ejercicio de “honestidad” y de “dignidad”.

Tras la vista previa, también han asegurado que volverán a concentrarse antes del juicio, previsto para las 10.00 horas del 10 de noviembre, y que en este tiempo realizarán diversas actividades reivindicativas.

El número de abogados adscritos al turno de oficio en Castilla y León ha bajado casi un 30% el año pasado , 693 menos que en 2024. Según los últimos datos del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, en 2025 solo hubo 1.643 abogados en el turno de oficio, con una tendencia decrecimiento muy superior a la media nacional, cuyo número de letrados adscritos ha bajado un 2,68%. Desde 2020, el número de letrados adscritos al turno de oficio en España ha bajado un 14,1%, mientras el número total de abogados ejercientes en España aumentó un 0,4%.

El Consejo autonómico de la Abogacía destaca que hay muchas diferencias de retribuciones entre territorios: la compensación por un procedimiento abreviado en el territorio Ministerio asciende a 291 euros (por ejemplo, en Castilla y León), frente a los 398 euros en Euskadi, 442,21 euros en Galiza, 440 euros en la Comunitat Valenciana y 427,51 euros en Catalunya; y en casos de violencia de género en Castilla y León pagan 87,63 euros, frente a los 122 en Canarias o los 139 euros de Galiza.

A pesar del descenso de los profesionales, el turno de oficio mantuvo su actividad, con 39.23 casos tramitados (un 0,59% más que en 2024). La mayor subida se registró en los asuntos de violencia de género, que aumentaron un 14,25% hasta los 3.078. Por el contrario, la asistencia en materia de extranjería descendió de 172 a 162 asuntos, un 5,81% menos.

Una “diáspora” que puede provocar el “colapso”

“La justicia gratuita no puede sostenerse sobre el sacrificio silencioso de miles de abogados. Si el Turno de Oficio garantiza derechos fundamentales, su reconocimiento y retribución deben estar a la altura de esa misión constitucional”, lamenta el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando Rodríguez Santocildes a través de un comunicado. Santocildes ha reivindicado una nueva legislación que apueste por la “dignidad de quien defiende y de quien necesita ser defendido”.

El responsable del turno de oficio del Consejo de la Abogacía, Javier Martín, advierte de que el turno de oficio podría ser “obligatorio” si no se ofrecieran voluntariamente suficientes profesionales, algo que no sería “deseable” porque se perdería “en vocación y calidad”. “La diáspora progresiva de abogados del turno penal y de las guardias va a provocar el colapso del sistema de justicia gratuita”, ha augurado Martín

Suben los casos penales

La jurisdicción penal concentra el mayor volumen de actividad en el turno de oficio en Castilla y León. Durante 2025 se tramitaron 24.061 asuntos penales, 728 más que el año anterior, lo que representa un crecimiento del 3,12%.

Los asuntos civiles descendieron de 7.718 a 7.297 (-5,45%), los sociales pasaron de 2.294 a 2.283 (-0,48%) y el apartado de otros procedimientos bajó de 4.057 a 3.948 (- 2,69%). Por el contrario, la jurisdicción contencioso-administrativa registró un ligero incremento del 2,62%, al pasar de 1.603 a 1.645 asuntos.

Las exmonjas de Belorado han iniciado la campaña #Noalacárcelparalasmonjas para intentar evitar entrar en prisión tras conocer que tanto la Fiscalía como la acusación particular piden doce años de cárcel para cada una de las siete religiosas cismáticas, que están acusadas maltrato a las monjas mayores, en concreto: abandono, omisión del deber de socorro, trato degradante, coacciones, administración desleal y apropiación indebida.

En un comunicado, señalan que viven su momento más difícil tras años dedicadas a la oración, vida religiosa y servicio porque se enfrentan a una situación “que muchos consideran inimaginable: la posibilidad de acabar en prisión por un conflicto que ha traspasado las puertas de un convento y ha llegado al corazón de miles de personas”.

Recogida de firmas

La campaña de recogida de firmas en Change.org nace con el objetivo de movilizar a la opinión pública y poner de manifiesto el respaldo ciudadano que las monjas de Belorado están recibiendo. Esta iniciativa comienza este jueves su recorrido y permanecerá activa durante los próximos seis meses, dando la oportunidad a la ciudadanía de expresar su apoyo y participar en este proceso.

Aseguran que no se trata de pedir privilegios ni para situarse por encima de la ley, sino para reclamar “algo que debería ser irrenunciable en cualquier sociedad: justicia, proporcionalidad y respeto por la dignidad de cada persona”.

Escuchar antes de juzgar

Advierten de que detrás de cada expediente hay una historia, vidas humanas y la necesidad de escuchar antes de juzgar y recuerdan que el pasado año, cuando su comunidad se enfrentó al riesgo de un desahucio, miles de ciudadanos alzaron la voz en la campaña “Salvemos a las monjas de Belorado”“, que consiguió el apoyo escrito de 2.464 personas para una solución basada en el diálogo y el respeto.

Las exmonjas apelan a una justicia “verdaderamente humana” e insisten en que una sociedad fuerte no es aquella que castiga con más dureza, sino la que sabe escuchar incluso en los momentos más difíciles. Aseguran que han decidido dar este paso para que su voz no sea silenciada y para que cada ciudadano pueda expresar libremente su posición.

“Para quienes piden una alternativa a la cárcel, enviar a prisión a unas mujeres cuya vida ha estado marcada por la renuncia personal y la entrega supone una imagen que interpela profundamente a la sociedad”, indica el comunicado.

Las religiosas, concluyen, no pueden cambiar las rejas de la clausura por las rejas de un centro penitenciario porque hacerlo sería “una medida injusta y desproporcionada ante la vida de entrega y servicio que han llevado durante años”.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha desestimado el recurso interpuesto por la Seguridad Social contra una sentencia del Juzgado de lo Social de Valladolid que reconoció el derecho de una mujer una pensión de viudedad por violencia de género sin necesidad de condena penal por la acumulación de indicios.

El letrado de la Seguridad Social había interpretado que la mujer solo había presentado el requerimiento la pensión de viudedad por violencia de género “como un intento de incrementar su pensión actual”, que ya cobraba desde 2018, cuando se había jubilado.

El matrimonio se divorció en noviembre de 2003. Durante el proceso de divorcio, ella presentó una denuncia ante la Policía Nacional en la que expresó que su entonces marido destrozó “parte del mobiliario de la vivienda” y mostró una “actitud agresiva y violenta” hacia ella, su madre y su hija. La causa se archivó y no se tuvo en cuenta en la sentencia de separación.

Ella pidió la pensión cuando murió su ex

Una vez había fallecido su exmarido, la mujer pidió que se reconociera su pensión de viudedad, que fue aceptada, aunque sin efectividad económica porque era menor de la que ya percibía. Ella presentó una reclamación y también solicitó la pensión de viudedad derivada de violencia de género, aunque la Seguridad Social no resolvió expresamente ninguna de las dos peticiones. La mujer volvió a recurrirlo y terminó presentando un recurso de suplicación.

El Juzgado de lo Social estableció que no era necesario contar con una condena penal por violencia de género para acceder a la pensión, porque había otros “indicios” que podían considerarse: la solicitud de medidas de protección, la denuncia o las declaraciones de testigos. La jueza concluyó que, aunque no se acreditaron episodios concretos de maltrato, existían suficientes indicios que permitían inferir la existencia de una situación de violencia de género en el momento de la separación.

 La Fiscalía y la acusación particular han solicitado 12 años de prisión para cada una de las siete monjas cismáticas de Belorado (Burgos) acusadas de seis delitos en la causa por un supuesto maltrato a cinco religiosas ancianas.

La juez del Tribunal de Instrucción 5 de Bilbao emitió el pasado mes de mayo un auto con el que acordaba dar por cerrada la fase de instrucción y continuar con el procedimiento para que las partes presentaran los escritos de acusación y la solicitud de apertura de juicio oral.

Según han hecho público las propias religiosas este miércoles en un comunicado, tanto el Ministerio Público como la acusación particular han solicitado ahora un total de 12 años de prisión para cada una de ellas, unas peticiones contra las que han mostrado su “desacuerdo”.

Las religiosas, que califican la situación que viven de “caza de brujas”, se declaran “plenamente inocentes” y niegan haber cometido los hechos que se les imputan. “Todo lo que estamos viviendo supone una persecución y un castigo por haber desafiado a la autoridad eclesiástica”, aseguran respecto a las acusaciones de Fiscalía y el Arzobispado de Burgos.

Las monjas de Belorado, que residen ahora entre La Puebla de Montalbán (Toledo) y el monasterio de Orduña (Bizkaia) tras ser desahuciadas del convento burgalés, están acusadas de abandono a las cinco religiosas ancianas, omisión del deber de socorro, trato degradante, coacciones, administración desleal y apropiación indebida.

Las cinco monjas mayores, con edades entre los 87 y los 101, fueron sacadas por la Guardia Civil el 18 de diciembre de 2025 del monasterio de Orduña (Bizkaia), al que las de Belorado las habían trasladado desde Burgos a finales de julio, unos días antes de que el Juzgado de Briviesca dictara sentencia de desahucio del monasterio burgalés.

La vista preliminar por los cuatro encausados que protestaron durante la contrarreloj de la Vuelta Ciclista a España del pasado 11 de septiembre de 2025 en Valladolid se celebrará el próximo 10 de julio en los juzgados de la capital vallisoletana y estará precedida por una concentración de apoyo. Según han explicado, no van a aceptar ningún acuerdo de conformidad ni reducción de pena y aceptarán la condena. “Si la prisión es el precio por haber dicho que caen bombas sobre niños, lo pagaremos con orgullo”, han defendido.

Así lo han explicado este miércoles tres de los procesados (uno de ellos no ha acudido a la rueda de prensa por motivos laborales, pero asume la propuesta), su abogado y un portavoz de una nueva plataforma de apoyo.

La Fiscalía pide para cada uno de ellos penas de 21 meses de prisión (un año y nueve meses) por un ilícito de desórdenes públicos y otro de alteración del espectáculo deportivo, mientras que dos de ellos enfrentan cuatro meses más por un delito de resistencia a la autoridad.

La organización Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), a la que los encausados se han referido como “lobby sionista”, también se ha personado en la causa y ha elevado la petición de penas a 26 y 31 meses de cárcel, respectivamente.

En ambas peticiones de penas, al superar el umbral de los 24 meses cabe la posibilidad de que los acusados ingresen en prisión.

Por su parte, la defensa pide la libre absolución de los cuatro acusados, que han reconocido los hechos -irrumpieron durante la carrera en el casco histórico de la ciudad, aunque fueron retirados de la vía por parte de la Policía Nacional sin que afectara a la prueba- pero rechazan que sus actos supongan un delito.

No aceptarán la suspensión de cárcel

Los encausados han enmarcado sus acciones en el derecho a la protesta, al considerar que la participación del equipo Israel Premier Tech blanqueaba las acciones del gobierno israelí en Gaza, que han calificado como “genocidio” o “masacre”.

Además, han criticado al “gobierno más progresista de la historia”, en referencia a la coalición entre el PSOE y otros partidos de izquierdas, por criticar al ejecutivo de Bejamín Netanyahu en público, mientras las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y la Fiscalía actúan sobre los manifestantes.

“No pedimos perdón frente a ese castigo ejemplarizante y hemos tomado colectivamente la decisión de que en el caso de que, finalmente haya una sentencia firme que nos condene a menos de 24 meses de prisión, no vamos a solicitar la suspensión de entrar en la cárcel, aunque la ley nos lo permita por carecer de antecedentes penales”, ha advertido Carlos Gómez, uno de los encausados.

Jorge Lebrero, uno de los procesados, ha destacado el éxito de las movilizaciones a favor de Palestina durante La Vuelta con la retirada del equipo israelí de la competición y ha reiterado que no se produjeron daños materiales ni humanos durante la contrarreloj en Valladolid, mientras que su abogado, Erlantz Ibarrondo, ha subrayado que el derecho a la protesta “es esencial para cualquier estado democrático”.

Plataforma de apoyo

Por otra parte, este miércoles han anunciado la creación de una plataforma de apoyo -se constituyó formalmente el 11 de junio con cuarenta activistas- y su primera acción será una protesta frente a los juzgados de Valladolid en la fecha de la vista preliminar, el 10 de julio, a la que seguirán charlas, concentraciones y la puesta en marcha de un mecanismo para recaudar fondos.

“Si la prisión es el precio por haber dicho que caen bombas sobre niños, lo pagaremos con orgullo. Esta lucha termina cuando se termina el sionismo”, ha zanjado Eva Valentín, la única mujer procesada por las protestas del 11 del septiembre en Valladolid.

El traslado que Montserrat González y Triana Martínez, madre e hija condenadas por el asesinato de la presidenta de la Diputación de León Isabel Carrasco habían solicitado en abril se hará efectivo mañana miércoles, cuando está previsto que abandonen la prisión de Villabona, en Asturias, para seguir cumpliendo su condena juntas en la cárcel madrileña de Alcalá Meco.

La madre, que confesó el crimen ocurrido en mayo de 2014, fue condenada a 22 años de cárcel como autora material, y su hija Triana a 20 años como cooperadora necesaria al ser consideradas culpables del asesinato de la presidenta de la Diputación y del PP de León, Isabel Carrasco, por parte de un jurado popular.

El traslado, solicitado por las presas y concedido hace tres meses, no se ha paralizado pese a haber sido penalizadas por la prisión asturiana tras su participación en un documental audiovisual desde el interior de las instalaciones, algo que la penitenciaría consideró una falta grave según han confirmado a EFE fuentes judiciales.

A lo que sí ha afectado esa sanción ha sido a los permisos de salida de tres o cuatro días al mes de los que Triana Martínez ya disfrutaba desde noviembre después de habérsele negado hasta en catorce ocasiones desde 2022 y que fueron suspendidos.

La prisión consideró que habían puesto en riesgo la seguridad del centro porque en la grabación aparecen los locutorios, una sanción que ambas condenadas recurrieron alegando derecho de creación artística.

Cuarta prisión

La de Alcalá Meco será su cuarta prisión, después de que las condenadas hayan pasado por las cárceles de Villabona, en Asturias, de Villahierro, en León, y de Villanubla, en Valladolid, en las que fueron consideradas internas conflictivas.

La petición de cambio de prisión se debe a criterios laborales y académicos, puesto que Triana Martínez, ingeniera de comunicaciones, ha expresado su deseo de realizar un máster en el área de la ingeniería aeroespacial.

Además, la madre, Montserrat González, confía que en el nuevo destino pueda obtener alguno de los permisos penitenciarios que le han negado en numerosas ocasiones desde el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Oviedo, han precisado las mismas fuentes.

Un crimen “casi perfecto” resuelto por un testigo

 Durante el juicio, el crimen llegó a calificarse como de “casi perfecto” de no ser por un testigo, un policía jubilado, que siguió a la autora de los disparos hasta su detención a los pocos minutos de cometerse.

Precisamente en ese juicio Montserrat González confesó el crimen y afirmó que había matado a Isabel Carrasco y que volvería a hacerlo porque la había tomado con su hija, a la que había echado de la Diputación donde tenía un puesto interino como ingeniera de comunicaciones y estaba cercenando sus aspiraciones políticas, ya que pretendía hacer carrera en el PP.

En el juicio resultó condenada a catorce años de cárcel Raquel Gago, una agente de Policía Local que también participó en el crimen, quien ocultó el arma durante más de 30 horas y que ya disfruta del tercer grado.

La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a catorce años de prisión a un hombre por un delito de agresión sexual cometido contra su expareja y a tres años por descubrimiento y revelación de secretos.

Según la sentencia, facilitada este lunes por fuentes del TSJCyL, el procesado mantuvo una relación sentimental con la víctima, quien puso fin a la relación en julio de 2024.

Posteriormente, durante la madrugada del 24 de agosto del mismo año, el procesado realizó varias llamadas de teléfono a su expareja, quien en esos momentos se encontraba de fiesta con unas amigas y, como ella no quería hablar con el acusado, contestó una amiga y dijo que la víctima no quería saber nada de él y que la dejara en paz porque si la seguía molestando le iban a denunciar.

Sobre las 05:30 horas de la misma fecha, cuando la mujer regresó a domicilio, fue abordada por la espalda en el portal de su casa por el procesado, accediendo ambos por la fuerza a la vivienda de la afectada, tras lo que se entabló entre los dos una discusión en la que el acusado se mostró celoso porque ella había salido de fiesta.

El encausado cogió un cuchillo de la cocina y de forma intimidatoria le siguió recriminando que saliera de fiesta con sus amigas y con otros hombres, exigiéndole que le enseñara el teléfono y la contraseña para desbloquearlo, a lo que se negó la denunciante.

El procesado la condujo por la fuerza hasta su habitación, sin soltar el cuchillo. Cuando estaban en el dormitorio sostuvieron un forcejeo y la víctima comenzó a gritar, momento en el que el procesado cometió la agresión sexual.

Tras finalizar la agresión bajo la presión de lo ocurrido y, ante la insistencia del procesado, la mujer accedió a entregarle su teléfono móvil desbloqueado, hecho que aprovechó el acusado para revisarlo y acceder al contenido de sus conversaciones privadas entre las que se encontraba una con un hombre pudiendo ver su número de teléfono.

Antes de abandonar la vivienda el acusado cogió una maleta y metió en ella parte de la lencería de la perjudicada diciéndole: “yo te la he comprado y no te la vas a poner con ningún otro hombre”, “esto te pasa por salir de fiesta y estar con otros hombres”, “cada vez que lo hagas esto es lo que volverá a pasar.”

Cuando el procesado abandonó el domicilio, valiéndose de la información que había obtenido tras acceder a las conversaciones privadas de su expareja, sobre las 8,15 horas llamó por teléfono al hombre cuyo número había visto y le preguntó por la relación que mantenía con la mujer.

Le advirtió de que habían retomado la relación sentimental y que tuviera cuidado porque sabía por dónde salía de fiesta.