El Gobierno culmina el proceso para ampliar la justicia gratuita a todas las víctimas de violencia sexual

El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes la tramitación de urgencia de un real decreto que recoge las nuevas retribuciones para los abogados del turno de oficio. El nuevo reglamento, al que ha tenido acceso elDiario.es, supone la culminación de la ampliación del derecho a la justicia gratuita, con independencia de su nivel de renta, para las mujeres y menores víctimas de violencia sexual. La llamada ley de eficiencia, que entró en vigor hace un año, les reconoció este derecho, pero todavía no se habían publicado los baremos que se utilizan para retribuir a los profesionales que asumen estos casos, así como los de las víctimas de terrorismo y de trata y las personas con discapacidad necesitadas de “especial protección”.

En el catálogo que acompaña al texto se recoge la retribución que tendrán a partir ahora los abogados de oficio que representen a estas víctimas, que están exentas de todo el coste judicial (tasas, abogado y procurador) en aquellos pleitos que tienen que ver con su condición de víctima. La cuantía se fija en 87,63 euros, que se eleva hasta los 131,22 euros si el letrado acompaña a la víctima al formular la denuncia o solicitar una orden de protección después de haberla asesorado. La estimación del Ejecutivo es que esté aprobado dentro de dos meses y que, entonces, entre en vigor.

Esa cantidad es similar a la recibida por asesorar a las mujeres que han sufrido maltrato, que también gozan de este derecho con independencia de que tengan o no recursos para litigar y cuya remuneración fue actualizada hace un año. “La modificación asimila a todas estas víctimas con las víctimas de violencia de género con el mismo nivel de protección y garantizando la asistencia inmediata”, afirman fuentes del Ejecutivo. La asistencia a estos nuevos colectivos de víctimas tendrá un coste estimado de 144.000 euros en 2026. 

Audiencia Nacional

Por otro lado, el Ministerio de Justicia busca con este real decreto reducir la tensión existente con los letrados adscritos al turno de oficio en la Audiencia Nacional, donde se instruyen casos de terrorismo, narcotráfico, crimen organizado o corrupción. En los últimos meses se ha producido la renuncia de algunos profesionales ante la falta de medios para garantizar una defensa adecuada en procedimientos de especial complejidad, según un comunicado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). Según esta organización, los letrados reciben apenas 244,95 euros netos por asunto en procedimientos que pueden alargarse durante meses o años. La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha llegado a expresar su “preocupación” por esta situación. 

El nuevo reglamento incrementa un 38% el importe de las guardias de 24 horas ante la Audiencia Nacional que perciben los abogados del turno de oficio: pasa de 170,25 a 235,40 euros. También hay un aumento en la remuneración de los procedimientos penales “de especial complejidad” que se instruyen en este tribunal, que sube de 408,24 a 642 euros, lo que supone un incremento de más del 50%. El coste estimado de esta partida es el más elevado de todas las medidas que contempla el reglamento y supera los 250.000 euros. 

Acuerdo extrajudicial

La introducción del Real Decreto advierte de que el trabajo de los abogados de oficio “ha ido evolucionando” con el tiempo, sobre todo a partir de la Ley Orgánica 5/2024 que regula el Derecho de Defensa. Entre las novedades del reglamento está la inclusión de una “compensación superior” para el letrado a la que ofrece el propio procedimiento judicial si este culmina en acuerdo. Se trata, dice el texto, de “promover una cultura de diálogo y acuerdo que beneficie al conjunto de la ciudadanía y al buen funcionamiento de la administración de justicia”.

Así, se incentiva económicamente la negociación y el acuerdo extrajudicial con el objetivo de reducir la litigiosidad. Con la nueva norma, si el profesional logra un acuerdo —a través de los medios adecuados de solución de controversias (MASC) o de una transacción extrajudicial— percibirá el 125% de la cuantía aplicable al procedimiento judicial. Si se participa en un MASC pero no se logra acuerdo, se establece una compensación de 30 euros. La citada ley de eficiencia establece que para admitir una demanda civil es requisito probar un intento previo de acuerdo mediante MASC. 

Por otro lado, el Real Decreto también modifica el momento en el que los profesionales cobran sus honorarios. El nuevo marco normativo reestructura el calendario de cobros e implanta, como regla general, un sistema de pagos fraccionados como regla general. Los profesionales percibirán el 70% de los honorarios al inicio del proceso —tras la admisión de la demanda, recurso o apertura de juicio oral— y el 30% restante al finalizar la instancia con la sentencia. 

No obstante, el reglamento contempla excepciones para garantizar una retribución ágil en actuaciones específicas. En los nuevos MASC y transacciones extrajudiciales, se tramitará un expediente único y se abonará la totalidad tras acreditar el resultado de la negociación. En las visitas a prisión y los expedientes de extranjería devengarán el 100% del importe una vez certificada la actuación o resolución administrativa.