Àngela Valeiras, una médica jubilada de Badalona, ha acogido durante tres noches a dos de los desalojados del instituto abandonado B9. Son Serigne Babacar y Abdou Ngom, de 24 y 30 años. Llegaron al asentamiento hace pocas semanas y apenas se expresan en castellano. Tampoco se conocían entre ellos y la aparición de Àngela al día siguiente del desalojo los ha convertido en una “familia” en cuestión de horas.

La mujer les ofreció su casa sin pensarlo demasiado. “Me dejé llevar por el corazón ante una situación muy desesperada”, explica en declaraciones a la ACN. Los jóvenes han mostrado su gratitud limpiándole la casa y cocinándole platos típicos senegaleses antes de marcharse el domingo a un espacio habilitado por entidades y la Generalitat para darles cobijo.

Mientras Serigne cocina una receta senegalesa de pollo con arroz con la ayuda de otro compatriota a quien Àngela ha invitado a casa, Abdou se sienta con la mujer en el comedor. La médica le revisa la herida que el joven se hizo en la mano mientras trabajaba con chatarra.

Es una escena de la cotidianidad de las últimas 72 horas en casa de Àngela, que ha visto momentáneamente alterada su normalidad. Vive sola con dos perros en un pequeño bajo en el centro de Badalona. Entre jueves y sábado, sin embargo, ha trasladado allí una pequeña parte del campamento del B9.

Es un pequeño grano de arena en la lucha contra el sinhogarismo, que Àngela ya ha practicado en otras ocasiones. Hace dos años, cuando el Ayuntamiento de Badalona cerró el albergue de Can Bofí Vell, ya acogió a uno de los damnificados. Su sensibilidad hacia las personas vulnerables, sin embargo, le viene de lejos.

Su relación con Serigne y Abdou no es la primera conexión que tiene con Senegal. De joven, esta médica ahora jubilada estuvo precisamente en Senegal en un proyecto humanitario. “Lo llevo en el ADN; mi madre fue una mujer que siempre ayudó”, explica.

Ahora, ante la situación del B9, la mujer se muestra muy crítica con la actuación del gobierno municipal y considera que el desalojo fue una medida “irracional” que no ha servido para resolver el problema de fondo que había llevado a los 400 migrantes a malvivir en las instalaciones del antiguo instituto.

Al día siguiente del desalojo, Àngela fue a la plaza donde durmieron la primera noche las personas del B9 para intentar ayudar. “No pude moverme de allí en todo el día”, relata. Según explica, fueron los propios hombres de la comunidad senegalesa quienes le pidieron ayuda para Serigne.

“Me dijeron que era muy joven, que no sabía desenvolverse y me insistieron mucho”, explica la mujer. Aunque en un primer momento no reaccionó, esa misma noche empezó a sentir la “desesperación” de la acampada. “Me salió un impulso y le ofrecí una noche”, comenta la médica.

En ese momento apareció también Abdou, pidiendo ayuda para curarse la herida, que se le estaba infectando y le había provocado incluso fiebres altas. “No podía dejarlo allí”, relata. Aquella noche del jueves ambos durmieron en casa de Àngela de manera “totalmente improvisada”. Y se quedaron hasta el sábado.

“Yo tengo un techo y puedo elegir lo que como aunque no me sobre el dinero. Ellos no tienen nada”, lamenta la mujer, que justifica así su impulso para acoger a los jóvenes senegaleses. Durante estos tres días han podido comer, ducharse y dormir bajo techo.

Esta última noche, sin embargo, Abdou y Serigne ya han dormido en un centro que diversas entidades y el Departamento de Derechos Sociales han habilitado para ofrecer cobijo a una quincena de personas en situación de vulnerabilidad procedentes del B9.

Ninguno de los dos, sin embargo, olvida el gesto de Àngela y quieren seguir agradeciéndoselo en los próximos días, ayudándola en las tareas de limpieza del hogar. “Se me saltan las lágrimas. Tenemos que aprender mucho de ellos”, asegura la mujer, visiblemente emocionada, antes de poner la mesa para comer juntos el plato senegalés de despedida que han estado preparando.

Mamá Lulú es el apodo que recibe María de Lourdes Ruiz Bravo, activista, defensora de los derechos humanos y buscadora de personas desaparecidas en México. Nacida en el estado Jalisco, esta mujer empezó su investigación cuando secuestraron a sus dos hijos, al primero en 2015 y a la segunda en 2020. Hoy no sólo les busca a ellos, también a los familiares de otras mujeres. Por eso el apodo. La comunidad mexicana empezó a llamarla así porque, de alguna manera, ha “adoptado a todos los desaparecidos”, como ella misma dice. 

En abril de 2024, publicó el libro Hasta encontrarles. Crónicas de una esperanza en Jalisco: Lulú, madre buscadora, en el que relata el proceso de desaparición de sus hijos a través de un texto íntimo que plasma el dolor y la esperanza de centenares de miles de familias en México. Durante el mes de octubre, ha estado presentando su libro en varias salas de Barcelona y Madrid. 

Más de 130.000 personas han desaparecido en México en los útimos 20 años, según el informe Nacional de Personas Desaparecidas del Instituto Mexicano para los Derechos Humanos y Democracia (IMDHD). Jalisco, el estado donde vive Lulú, es el que lidera la lista (sólo en 2025 se perdió el rastro a más de 15.000 personas). 

Mamá Lulú es una de las miles de familiares que busca a los suyos y, como la mayoría, sigue sin saber por qué desaparecieron. Busca respuestas y, por eso, incluso llegó a dirigirse a miembros del cártel La Barredora, respaldado por el cártel de Sinaloa y que opera en la región. Pero ellos le confirmaron que su hija no se encontraba en las listas de personas perseguidas por estos grupos. Respecto a su hijo, Lulú no sabe si tenía alguna vinculación con el cártel o no. De todas maneras, aunque fuese así, remarca, “no tienen derecho a hacerlo desaparecer, por algo existe la ley”. 

En busca del olor a descomposición

Mamá Lulú forma parte del colectivo de búsqueda 'Entre Cielo y Tierra', en el que la mayoría de sus miembros son mujeres, como es común debido a “los roles tradicionales del hogar”, explica. Dedican gran parte de su tiempo a buscar a las personas desaparecidas, lo que impide que muchas de ellas puedan trabajar. Quienes traen dinero a casa son los padres; ellas buscan día sí y día también. Siempre a la espera de alguna pista. Estas, a veces, vienen de los mismos cárteles. Ocasionalmente, las buscadoras reciben llamadas anónimas de antiguos o actuales criminales, quienes les confiesan en qué zonas podría haber cuerpos enterrados.

Esto se debe a que, frecuentemente, los miembros de estos comandos son chicos jóvenes que han sido reclutados y que no quieren estar allí. O que se arrepienten de lo que han hecho y buscan algún tipo de redención. Es por esto que muchos se disponen a ayudar a estas familias, eso sí, ocultando su identidad. 

Cuando las mujeres reciben información sobre una posible fosa común, se dirigen de inmediato al lugar. Una vez allí, emplean varas de entre 1,5 y 1,8 metros de longitud que clavan en las áreas donde se sospecha que puede haber restos humanos. Al retirarlas, las examinan, las huelen y buscan rastros de descomposición.

Si creen que puede haber cuerpos bajo tierra, inician la exhumación con sumo cuidado y utilizan una pequeña pala para cavar minuciosamente alrededor de la bolsa que envuelve el cadáver, evitando así dañar o contaminar los restos. Una vez extraído, el cuerpo es enviado al Instituto de Ciencias Forenses para su análisis.

Una de las situaciones con las que se encuentran frecuentemente es encontrar animales enterrados, como perros y gatos, en lugar de personas. Según cuenta Mamá Lulú, “esta es una técnica que utilizan los criminales para desviar el olor del cuerpo humano y evitar que las buscadoras encuentren a sus seres queridos”. Cuando aún desconocían esta técnica, dejaban de buscar. Ahora, si encuentran algún animal, siguen buscando, ya que saben que es posible que también hallen algún cuerpo humano cerca. 

Culpable de ser víctima 

A raíz de la desaparición de su hija María Lourdes, Mamá Lulú fue despedida de la escuela donde trabajaba la misma semana del secuestro. Le hicieron firmar una hoja de renuncia sin ella entender lo que estaba firmando. Llevaba nueve años trabajando allí. “Por esta situación me quedé sin trabajo, sin nada”. Piensa que, probablemente, “los directivos tenían miedo de que los criminales fueran a buscarla al centro educativo y les involucrarse”. 

Este es el pan de cada día de las buscadoras, que tienen que sufrir que sus comunidades asuman que, si sus seres queridos han desaparecido, es porque algo turbio tenían. “Seguramente estaba vinculado al cártel” o “si lo hicieron desaparecer, fue por algo”, son algunas de las frases que ha tenido que oír Lulú respecto a sus hijos.

Una vez que estaba por la calle pegando carteles con fotos de sus niños y una mujer vino a juzgarla por, supuestamente, no haberlos protegido lo suficiente. Un mes más tarde, la misma mujer acudió a la asociación porque también habían secuestrado a su hijo.

Lulú explica que, en ocasiones, dentro de los propios colectivos, surgen tensiones entre las familias y que, “en lugar de apoyarse mutuamente, algunas terminan criminalizando a otras”. Hay mujeres que llegan a vivir las desapariciones “como si fueran una enfermedad contagiosa”, al punto de culpar a otras que también han sufrido el secuestro de sus hijos por la tragedia que atraviesan. En su opinión, la situación es tan desesperante que, a veces, las familias “ya no saben ni a quién culpar”.

Las situaciones pueden llegar a ser “desesperantes” y van mucho más allá de la mera desaparición. Las buscadoras no sólo deben cargar sobre sus espaldas la responsabilidad de la búsqueda -que, aseguran, las administraciones no asumen-, sino que muchas veces deben hacerse responsables de las personas que dejan los desaparecidos atrás.

A la hija María de Lourdes se la llevaron delante de su hija Allison, que en ese momento tenía 8 años. Así que Lulú también se ocupa ahora del cuidado de la niña, que ahora tiene 14, y sus hermanos: Cristofer, de 20 años y Valeria, de 17.

El mayor y la pequeña viven actualmente con su abuela, pero la mediana está ingresada en un centro psiquiátrico. El secuestro de su madre le generó un trastorno depresivo y ha intentado quitarse la vida en distintas ocasiones. Teme que su abuela algún día halle a su madre, ya que lo más probable es que la encuentre sin vida, y se niega a ello. “Prefiero morir antes que encontrar a mi madre en pedacitos dentro de una fosa clandestina”, le reconoció a su abuela. 

Las buscadoras actúan frente a la “negligencia”

El Estado mexicano cuenta con mecanismos específicos para hacer frente a las desapariciones forzadas, como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y por Particulares (aprobada en 2017) o la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos.

Sin embargo, Mamá Lulú piensa que las instituciones “trabajan de manera negligente. Por algo existen los colectivos de búsqueda”. Asegura que, “por culpa de la administración”, su hijo Marcos desapareció tres veces. “La primera cuando se lo llevaron, la segunda cuando se perdió su expediente y la tercera cuando su ADN se perdió en el centro forense por cinco años”, explica. 

El Gobierno de México negó hace dos semanas que las desapariciones en el país fueran sistemáticas, en respuesta a las recientes afirmaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, alegando que “carecen de sustento y no son admisibles”. Además, remarcaron que el gobierno ha implementado una Estrategia Nacional de Construcción de Paz y Seguridad.  

Este plan se refiere a un paquete de medidas para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas que aprobó el Senado de México a finales de junio. Principalmente, las reformas buscan fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda e implementar nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la coordinación institucional.

Sin embargo, para Lulú, todas las medidas que el gobierno ha intentado llevar a cabo para combatir el problema de los secuestros, “son puros intentos fallidos”. Asevera que, actualmente, “en México se han normalizado las desapariciones” y, en su opinión, “no interesa trabajar en ello”. 

Lulú pone ejemplos concretos y asegura el trabajo de las buscadoras puede llegar a entorpecer proyectos de Gobierno. Desde el colectivo Entre Cielo y Tierra, dónde ella trabaja, confirman que hay fosas clandestinas alrededor de las vías de la próxima línea 4 del tren ligero, que irá de Tlajomulco a Tlaquepaque y que debía conectar el aeropuerto con el estadio de fútbol, una infraestructura pensada ad hoc para el Mundial.

En total, los colectivos de búsqueda han encontrado más de 400 bolsas con restos humanos en varias zonas de los municipios por los que pasará este tren, como Lomas del Sur, Zapopán, Tlaquepaque o Tlajomulco, pero Lulú sostiene que a los dirigentes del Gobierno “no les importa”. E, incluso, llegan a culpar a la misma administración de las desapariciones.

Un informe de Amnistía Internacional advierte que “en ocasiones, los perpetradores [de la violencia] son funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal)” y destaca “la negación por parte de las autoridades mexicanas de la situación”. Además, señala que las desapariciones “ocurren en un ambiente de impunidad casi absoluta que genera una idea de permisibilidad, a la vez que revictimiza a las víctimas”.

Este escenario ha provocado que sean las propias familias quienes realicen las búsquedas y las investigaciones por su cuenta, “enfrentando diversos riesgos y violaciones a sus derechos humanos”, según muestra el mismo estudio. Solo en 2025, al menos 16 mujeres buscadoras fueron asesinadas. “Sabemos que las buscadoras estamos en riesgo desde el primer momento”, reconoce.

La investigación también recoge que el 97% de las mujeres buscadoras ha sufrido algún tipo de violencia mientras desarrollaba su labor, como amenazas, ataques, secuestros, tortura e incluso violencia sexual, y que solo el 17% de las mujeres buscadoras acudieron a las autoridades para denunciar actos de violencia en 2025. 

Frente a todos estos riesgos y amenazas, encontrar un cuerpo representa un pequeño alivio en medio de la impunidad que domina el país. Los hallazgos devuelven algo de sentido al esfuerzo de las buscadoras. Mamá Lulú no sabe si algún día encontrará a Marcos y a María de Lourdes, pero asegura que seguirá buscando mientras tenga fuerzas: “Solo quiero encontrarles, ya no quiero culpables”, remacha.

Los Bomberos han detectado cinco edificios o infraestructuras con daños estructurales graves como consecuencia del temporal de lluvias en la comarca del Montsià, al sur de Tarragona, a los cuales se ha prohibido el acceso. Hay ocho más a los que se puede acceder con precaución y una decena con pequeñas afectaciones. De los cinco edificios críticos, cuatro están en el pequeño pueblo de Godall, según ha detallado el inspector de los Bomberos, Oriol Corbella.

El trabajo del cuerpo de emergencias, junto con voluntarios, se centra este martes en recuperar las vías de transporte. Continúan cortadas la C-12, entre los kilómetros 0 y 5, y la TV-3443a, entre el kilómetro 5 y el 9. Tanto Corbella como el delegado del Govern en las Tierras del Ebro, Joan Castor Gonell, han señalado que harán falta varios días para recuperar la normalidad en la C-12.

Los cinco edificios catalogados como críticos han sido precintados y no se puede acceder a ellos. Durante el día, los Bomberos hablarán con los alcaldes y técnicos municipales para hacerles el traspaso de toda la información y que puedan hacerse cargo de las infraestructuras afectadas. Entre ellas hay algunos puentes que tienen daños que, aunque no sean muy graves, requerirán actuaciones.

Corbella ha asegurado que se está trabajando a “buen ritmo” en las tareas de recuperación de la normalidad en las zonas más afectadas por el temporal. Actualmente, una de las prioridades es la recuperación de las vías tanto urbanas como interurbanas, donde reconoce que hay “mucho trabajo” y donde se está actuando con maquinaria pesada, excavadoras y camiones cisterna. En estas tareas se cuenta con la colaboración de voluntarios que disponen de maquinaria con capacidad de carga, transporte y limpieza.

Por otro lado, el Govern ya ha aprobado el primer paquete de ayudas urgentes para paliar los daños materiales y económicos provocados por las lluvias torrenciales. Este contará con un presupuesto incial de 60 millones de euros, 10 de los cuales irán destinados a ayudas directas a los ayuntamientos y sectores más perjudicados. Los 50 restantes serán préstamos gestionados por el Institut Català de Finances (ICF) para empresas, administraciones locales y entidades que hayan sido afectadas por cualquier clase de situación de emergencia.

La C-12, “muy afectada”

En el caso de la C-12, Corbella ha apuntado que está “muy afectada” y por ello no prevé que pueda reabrirse ni este martes ni el miércoles. Ha añadido que la vía paralela, la TV-3443a, “ha quedado completamente destruida” y será necesario reconstruirla.

Los Bomberos también están trabajando para habilitar el acceso a zonas que hayan podido quedar aisladas, como le ha ocurrido a una familia en el pueblo de Roquetes. Con todo, ha dicho que su labor es abrir camino para que la gente pueda salir, pero ha añadido que después habrá que hacer una actuación más específica para reabrir esos caminos rurales.

El delegado del Govern en las Tierras del Ebro ha afirmado que “es difícil” hacer previsiones de tiempo sobre la C-12, porque la afectación “es muy grande”, pero ha hablado de al menos “unos días”. Ha reconocido que este es un punto “crítico” cuando hay lluvias torrenciales y ha planteado la necesidad de realizar actuaciones “a futuro y definitivas” para evitar que se repitan episodios como este. Ha añadido, sin embargo, que se trata de infraestructuras con diferentes titularidades y que será necesario hablar con distintas administraciones.

El delegado pide “paciencia y unidad”

En este sentido, Gonell ha pedido “paciencia y unidad” a todos los municipios, ya que ha explicado que se va trabajando según el grado de afectación, centrándose primero en aquellos que han recibido con más fuerza el temporal. Lo mismo ocurre con las ayudas previstas. “Nadie quedará excluido”, ha afirmado. El delegado ha asegurado que el Govern, y los diferentes consejeros, están actuando de manera “muy rápida”.

El delegado también ha dicho que, a pesar de los daños estructurales en algunas viviendas, no ha sido necesario reubicar a nadie, ya que los propios inquilinos se han trasladado a casas de familiares o amigos. Con todo, ha reconocido que se trata de viviendas “muy afectadas” y donde “será difícil” que se pueda seguir viviendo.

Por último, Gonell ha afirmado que aún no se puede confirmar si el miércoles ya se podrá recuperar la normalidad en la zona, con la reapertura de los centros escolares. En cualquier caso, ha expresado su deseo de que, si finalmente es así, también pueda volver a la normalidad la escuela de La Ràpita, que ha sido la más afectada.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, se ha reunido este viernes en Estambul con activistas LGTBI y les ha trasladado su apoyo ante la “represión y la vulneración de derechos” que sufre el colectivo en el país.

Según informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado, el alcalde también ha podido conocer las dificultades con las que trabajan las entidades en defensa de la comunidad LGTBI, entre ellas, el Comité del Orgullo de Estambul o BATOÇA (Asociación para los Estudios Sociales de la Paz).

Turquía ocupa actualmente la posición número 47 de 49 países europeos en el Rainbow Map 2025 en cuanto a derechos del colectivo LGTBI, solo por delante de Rusia y Azerbaiyán. El Ayuntamiento de Barcelona recuerda en su comunicado que las marchas del Orgullo están prohibidas en Turquía desde 2015 y que los miembros de la comunidad son víctimas de acoso y detenciones por parte de la policía.

El pasado mes de junio, el alcalde ya participó en la Pride Freedom Celebration de Budapest, la manifestación en defensa de los derechos LGTBI, que este año cumple 30 años y que había sido prohibida por el gobierno del primer ministro húngaro Viktor Orbán.

Durante su visita, Collboni participó este jueves en los actos de apoyo al alcalde Ekrem Imamoglu, encarcelado por motivos políticos. Frente a la prisión de Silivri, Collboni defendió “la diplomacia de las ciudades”. “Unidos, podemos arrojar luz sobre los principios que defendemos y reforzar las instituciones. Continuaremos al lado de nuestro colega, su valentía nos inspira y nos compromete a seguir defendiendo la democracia”, señaló el alcalde.

En una visita al Ayuntamiento Metropolitano de Estambul (IMM) Collboni proclamó que las ciudades son el espacio donde la democracia se hace realidad. “Nos unimos en defensa de la democracia en estos tiempos difíciles”, añadió.

Tiziano, que ronda los sesenta, lleva medio año viviendo en Barcelona, a donde llegó después de que su vida diera un giro personal. A pesar de haber trabajado prácticamente siempre, gran parte de su vida en Latinoamérica, ahora vive en la calle y está solo. De media, recorre unos 15 km diarios o más caminando por la ciudad, donde por primera vez en su vida se ha visto viviendo en la calle.

“Mi rutina es caminar mucho”, explica en una conversación con la ACN. Empieza el día muy temprano en la estación del Nord y prácticamente no vuelve hasta que anochece. Durante el día sobrevive moviéndose y usando servicios como los de la parroquia Santa Anna, Arrels o los comedores sociales mientras busca trabajo. “Intento ser fuerte”, dice con la esperanza de algún día salir de la calle.

Fátima Sánchez, miembro del equipo de calle del Programa Acogida de la fundación Arrels, afirma a ACN que las personas que viven en la calle difícilmente pueden mantener una misma rutina, ya que pocas veces pueden tener todas sus necesidades cubiertas en un mismo lugar. Según relata, normalmente tienen que desplazarse kilómetros sin disponer de dinero o documentación, lo que les impide conseguir, por ejemplo, una tarjeta de transporte público. Incluso cuando pueden utilizar el transporte público, añade, las personas sin hogar “pueden sentirse juzgadas”, ya sea por cómo las percibe la gente, por sentirse discriminadas o porque en general los espacios públicos “no son amables con ellas”.

Empezar el día en el suelo y entre autocares

La luz del día, el ruido de los autocares y el movimiento de la estación hacen que Tiziano y el resto de hombres que duermen en la estación del Nord empiecen el día muy temprano. Duermen en las escaleras más próximas a la calle Nàpols con algunos cartones, junto a las dependencias de la Guardia Urbana. Después de comprar el periódico para un compañero con problemas de movilidad, Tiziano se echa a la espalda la mochila con sus pertenencias más básicas y comienza a andar.

La primera parada es la parroquia de Santa Anna, donde, si tiene suerte, puede desayunar. Intenta estar allí temprano, sobre las 8 de la mañana, para no quedarse sin café. El goteo de personas que entran es constante. Lo hacen en silencio, casi pasan desapercibidos. Hasta llegar allí, Tiziano ha atravesado el barrio de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, y se ha cruzado al menos con cinco o seis personas que también viven en la calle y que, a esa hora, todavía duermen.

Después de pasar por Santa Anna —donde la espera del desayuno puede hacerse algo larga— continúa por el Gòtic y se dirige al local de Arrels, en el corazón del Raval. Desde antes de las 9 h, cuando abre, ya hay personas esperando para entrar. Algunos —la gran mayoría, hombres— van un rato al centro de día; otros, a descansar unas horas o a ducharse, por ejemplo.

En Arrels, Tiziano tiene guardada una maleta grande desde hace un tiempo. Hay un espacio custodiado por la entidad con capacidad para guardar maletas de cerca de 200 personas. Así, las personas sin hogar no tienen que preocuparse y pueden guardar allí documentación importante que no quieren perder o que les puedan robar. Mientras se ducha o carga el móvil, ha dejado la mochila en una consigna que hay en la entrada.

Fátima Sánchez denuncia que en Barcelona solo hay dos consignas públicas y gratuitas, lo que obliga a muchas personas a cargar con sus pertenencias mientras caminan más de nueve kilómetros diarios para cubrir necesidades básicas como comer o ducharse. “Muchas personas tienen que guardar sus cosas en lugares donde pernoctan o incluso en una alcantarilla”, denuncia. Además, señala que en muchas ocasiones la propia Guardia Urbana les echa directamente de la zona donde duermen, haciendo que tengan que desplazarse. “Por lo tanto, ya caminan mucho, porque se están ‘mudando’ en directo”, apunta.

Así, señala que es “muy complejo” encontrar una consigna, lo que provoca que las personas sin hogar vayan con sus “casas figuradas” encima mientras caminan más de 9 kilómetros al día solo para poder ducharse, ir al baño o comer. “Las personas que tenemos una casa normalmente tardamos 5 minutos; no es justo”, concluye.

Cambiar el itinerario para comer y buscar trabajo

Cuando se acerca el mediodía, Tiziano se va de Arrels y hace uno de los desplazamientos largos del día. Camina hasta la Rambla Prim, en Sant Martí, para poder comer en el comedor social Gregal, donde cada día de lunes a viernes se ofrece comida entre las 13 h y las 15 h. Tiene seis kilómetros por delante hasta llegar. Aunque le queda lejos, explica que va a este comedor y no a otro porque allí a veces se encuentra con personas que ofrecen trabajos puntuales en negro, como vigilar unas obras por la noche. “En base a donde tengo oportunidades, me acerco allí para poder comer”, explica.

Así, todo depende de las circunstancias. “Me voy moviendo, así es la vida en este momento”, indica. Confiesa que no siempre hace la misma ruta, sino que la varía y cambia el itinerario en función de si habla con gente o ve más probabilidades de conseguir trabajos. “Así pasamos el día, ocho, nueve horas de pie, caminando y descansando en algún lugar”, explica.

De hecho, destaca que durante el día cada uno va a lo suyo. “De noche estamos en grupo”, dice. Se sienten más protegidos si no están solos y por eso duermen cerca unos de otros. Durante el día, sin embargo, muchos son “grandes caminantes”. “Es lo único que en este momento puedo hacer, ir dando vueltas y esperar salir de esta”, afirma.

En algunos casos, además, a estos desplazamientos diarios —que ya de por sí son una dificultad en el día a día— se suman personas sin hogar con problemas de movilidad. “Es un tema muy grave que afecta a mucha gente”, dice Fátima Sánchez, que explica que hay casos en que las personas van en silla de ruedas o con muletas, como uno de los compañeros nocturnos de Tiziano, un hombre que solo tiene una pierna y se mueve lentamente con muletas. La profesional de Arrels advierte que, más allá de los casos de movilidad reducida, también la salud mental o las adicciones dificultan el día a día de muchas personas sin hogar, y critica que la ciudad no está pensada para estas personas.

“Estoy muerto por dentro”

Tiziano espera que su situación en la calle sea “pasajera” y admite que no está siendo fácil. “Estoy muerto por dentro”, relata, añadiendo que “cuesta”. Y no habla de los kilómetros que hace cada día, que también, sino del deterioro psicológico que sufre al pensar que “ya no sirve para la sociedad”. “Intento ser fuerte”, señala. En su caso, comenta que Arrels le “salvó la vida” porque allí puede dejar la maleta, ducharse, cargar el móvil y sentirse atendido y acompañado. “Una buena palabra dicha en el momento justo a veces es muy reconfortante”, dice.

Frente a la realidad de las personas sin hogar, Arrels reivindica que los recursos estén mejor distribuidos por la ciudad —lo que aliviaría la “sobrecarga” en el centro— y pide que, como mínimo, haya un lugar habilitado para dormir en cada barrio de Barcelona. Según explica Fátima Sánchez, esto provoca la concentración en el centro de la ciudad, sobrecarga de servicios y colas imposibles de sostener, con personas que acaban rindiéndose porque “nadie las reconoce como personas”.

Desde la fundación, alertan que el problema de fondo es que Barcelona se está acostumbrando a ver personas durmiendo en la calle. “Ahora mismo no hay lugares públicos y disponibles para dormir a los que puedas derivar a una persona directamente”, expone. Las adversidades diversas hacen que, en algunos casos, las personas acaben sin querer caminar. “A veces es porque ya se han cansado de caminar”, dice. Otras, porque “ya no pueden más y creen que es inútil luchar por sus derechos porque nadie las reconoce como personas”. “A nadie le importan y nadie las mira”, concluye.

Richard Sennett es un hombre afable con un tono de voz sereno. A sus 82 años, con una trayectoria que le ha llevado a ser reconocido como uno de los grandes pensadores de la segunda mitad del siglo XX, ha seguido dando guerra ya bien entrado el XXI, ya sea hablando sobre arquitectura, economía, arte o sociología, el ámbito que siempre se ha considerado su campo de acción y desde donde parten muchos de sus trabajos, que han estudiado a fondo la relación de las personas con las ciudades que habitan y las relaciones de esas mismas ciudades con las personas que viven en ella.

Un espejo muchas veces incómodo, siempre afilado, a veces engañoso, sobre el modo en el que nos mezclamos con el prójimo, como transitamos por lugares sin ser conscientes de la naturaleza de los mismos y cómo vivimos en un caos del que es muy difícil huir pero contra el que debemos luchar: una batalla contra esa plaga llamada ‘planificación urbana’ que arrasa con el tejido social y crea ejércitos de extraños y en cuyas raíces se encuentra la primera piedra de la deshumanización que ahora asola cada rincón del planeta. 

El de Chicago recibe a elDiario.es en los cuarteles generales de Anagrama (su editorial en España), situados en el corazón la capital catalana, con la excusa de hablar de su última criatura, 'El intérprete' (Anagrama y Arcàdia, en catalán). Acaba de pedirse un café y en cuanto termine esta entrevista volverá a casa, después de una charla la noche anterior en la que puso de manifiesto la legión de referentes que maneja y su facilidad para tejer hilos entre disciplinas aparentemente inconexas, una habilidad que se pone de manifiesto en su última obra, tremendamente profética y profundamente bella.

Aunque el libro se publicó originalmente en abril de 2024, al lector le sorprenderá que ya en sus primeras líneas el autor mente a Trump, uno de esos personajes que los anglosajones llaman, ‘bigger than life’, que acaba de ganar las elecciones en su país y que encaja perfectamente con el/los sujeto/s de este ensayo, en el que arte, política y vida se mezclan una y otra vez en una suerte de puzles diminutos que el lector debe resolver sobre la marcha. 

Esta entrevista tiene lugar en los primeros días del segundo mandato presidencial de Donald J. Trump y Sennett se aclara la voz y muestra su disgusto por los caprichos del azar que convierten 'El intérprete' en un libro que puede leerse de cabo a rabo mirando por el rabillo del ojo todo lo que sucede en un mundo que parece haber sido tomado por una niebla espesa en la que nadie es capaz de ver más allá de sus propios pies: “Desafortunadamente, no estoy orgulloso de ello” recalca el sociólogo cuando se le recuerda la relevancia de su trabajo en tiempos oscuros. “Lo que está pasando es que Trump, como Putin, usa todas esas técnicas teatrales y hace lo que quiere y va donde quiere ir y hoy habla de una cosa y mañana habla de otra. Y hoy habla de Estados Unidos y mañana de Gaza, que probablemente ni sabe dónde es, pero que quiere convertir en un parque temático”.

“¿Qué si está todo calculado?” (Sonríe) Creo que todo está calculado e improvisado al mismo tiempo, pero en general creo que no es sincero y que en su discurso subyace algo sobre la raza, que nunca se dice en voz alta, que permanece en la sombra, pero que le conecta profundamente con sus seguidores. Todo eso de lo woke es en realidad un discurso racista, una bomba visceral, que no solo se limita al sur de Estados Unidos. Es un hombre que se presenta abiertamente como una mala persona, que legitima las malas acciones de los demás y que es un experto en la manipulación de los sentimientos y el odio al otro, en un discurso con el que podemos remontarnos hasta la guerra civil’ reflexiona el estadounidense.

En 'El intérprete', Sennett aboga por no responder con buenos modales o fría corrección a aquellos que usan el lenguaje como arma arrojadiza y apelan a los bajos instintos como el payaso malo que te atiza con un pastel en la cara o el villano Bondiano. “El arte debe encontrar la manera de revelarse con métodos que resulten igualmente atractivos porque ese es su rol” afirma. Así, su última obra recorre el camino que va desde los filósofos renacentistas a los bares de Greenwich en Nueva York, con una agilidad que le coloca -con total seguridad- en el Olimpo de los grandes ensayistas modernos junto a Eliot Weinberger o Gore Vidal, tipos que en la misma página podrían, como hace él, hablar de Wagner, Boris Johnson, la Antigua Grecia, la comedia del arte o la comida basura sin que haya una sola palabra que rechine.

“El arte es un instrumento, puede hacer bien y mal, la noción de que solo puede hacer el bien es muy naife. Como cualquier otra forma de expresión la puedes usar de un modo u otro”, cuenta Sennet, que en el libro -a veces críptico; otras de una claridad meridiana- parece dudar sobre el papel real del arte en la vida diaria. “Nada es bueno o malo en esencia, lo que es malo muchas veces se disfraza de nuevo, Hitler y Trump no dijeron nunca: ‘somos malignos”.

En este ensayo, sobrevuela a menudo la impresión de que aquella frase de Shakespeare, ‘el mundo es un escenario’, nunca ha sido tan veraz: “Todos estamos actuando continuamente, a diario, pero a mí me interesa como esa performance de cada día se transforma en lo que podríamos llamar arte: cuando los rituales cotidianos se manipulan, se transforman, para conseguir algo realmente artístico. Y no se me ocurre mejor ejemplo que el mundo de la música, un mundo cada vez más banal especialmente ahora, pero en el que las canciones pueden ser transformadas en algo que es emocionante. Es en esa manipulación del ritual en que de repente notas algo, algo que no habías sentido antes, o que no habías oído antes” cuenta.

El intérprete es el primer libro de una trilogía que se centra en los tres pilares del ADN humano: la interpretación, la narrativa y la imagen (“que intentaré acabar si la salud me respeta”, dice Sennet con una sonrisa). “¿La chispa de este libro? Pues yo empecé siendo un intérprete, tocando el chelo, para después dedicarme a la sociología, un plan B que no recomiendo a nadie (risas). En mi mente, y aunque pueda parecer extraño, siempre hubo una relación entre esas dos partes de mi vida aparentemente inconexas. Y la base de este libro es algo que considero fundamental y que siempre se ha dado por sentado y es el hecho de que si tengo un buen argumento voy a convencerte. Ese convencimiento es una cosa de niños y tenemos que lograr sobrepasarlo: los buenos argumentos no son el arma definitiva y es algo que vemos constantemente: no vas a llegar a ningún sitio simplemente con eso”, afirma Sennet.

Pero, sobre todo, el sociólogo parece en 'El intérprete' (casi) convencido de que nadie pueda impedir esta apropiación de las grandes herramientas del universo del arte y en especial del teatro para servir a los nuevos tiranos: desde el aspecto, la vestimenta y la actitud de los que asaltaron el Capitolio hasta los métodos y la estética de las dictaduras y el rol de la tecnología en el mundo que nos rodea. “Este el nuevo instrumento para moldear el mundo”, dice Sennet mientras observa el móvil del periodista que descansa sobre la mesa:“La forma definitiva de soledad que las personas están experimentando ahora es on-line”.

La forma definitiva de soledad que las personas están experimentando ahora es on-line

“El universo online es una gran cámara hiperbárica en la que puedes eliminar rápidamente y de forma sistemática todo aquello que no quieres escuchar. Si imaginas una ciudad física, cualquier ciudad física, es imposible apretar un botón y que la gente desaparezca. No solo eso: puedes eliminar cualquier cosa que no te guste, cualquier cosa que no quieras ver o escuchar. Puedes evitar cualquier exposición o interacción con personas distintas, personas que no piensen como tú, por eso calle es al mismo tiempo un lugar y una metáfora. Es lo mismo que escuchar un disco o una canción en Spotify o escuchar esa misma canción en un concierto: es totalmente distinto”. Y concluye, “no lo estamos estudiando lo suficiente y lo estamos documentándolo, pero todo este universo de tik-toks y demás está desempoderando a los adolescentes y los jóvenes, que ahora prefieren estar a solas con su teléfono. Las llamas redes sociales, pero son todo lo contrario: son antisociales”.

Rachel Aviv es una periodista del New Yorker. También es una mujer que a los seis años sufrió anorexia. ¿A los seis años? Sí, a los seis años, de un día para otro, dejó de comer. Ella no buscaba información sobre cuerpos delgados ni sabía de qué hablaban las chicas con trastornos de la conducta alimentaria hasta que la ingresaron. No lo sabía porque tenía solo seis años.

El psicólogo que le asignaron les explicó a sus padres que en el equipo de médicos no tenían constancia de que se hubiera diagnosticado anorexia a ningún niño con esa edad. Las jóvenes con las que compartía ingreso la consideraban como una especie de “mascota”, una anoréxica en prácticas. Ellas hablaban de su peso en gramos mientras Rachel casi no sabía ni lo que era una báscula.

“Tuve una cosa que era una fermedá que se yama anexorea”, recogió en su diario cuando todavía estaba aprendiendo a escribir, en segundo de primaria. Y añadió: “Uve anexorea porque quería ser alguien mejor que yo”.

Si hubiese que buscar algo parecido a una explicación a su trastorno podría encontrarse en la separación de sus padres. Tras entrevistarlos, el médico apuntó en su informe que la madre había declarado que el padre se burlaba de las personas obesas y que este no lo había negado.

La experiencia que sufrió a tan temprana edad ayuda a entender por qué esta periodista se especializó en informaciones relacionadas con la sanidad y la educación y por qué ha escrito un libro que a partir de casos reales como el suyo sitúa a la medicina pero también a la sociedad ante un espejo incómodo, el de las desigualdades, la precariedad o el racismo.

De las distintas historias que Rachel Aviv relata en (Somos) extraños para nosotros mismos (editorial Lunwerg) probablemente la más sobrecogedora es el de Naomi Gaines, una joven que el 4 de julio de 2003, tras un paseo con dos de sus hijos pequeños durante la celebración anual de la fiesta del Taste of Minnesota, se subió a la acera de un puente que da al río Misisipi, caminó un poco, levantó a los dos niños, uno por uno, los besó y los soltó. Luego trepó a la barandilla y se lanzó mientras gritaba “libertad”. Un hombre logró salvar a una de las criaturas y a la madre. 

Antes de llegar a ese momento, esta mujer negra iba buscando entre la multitud a alguien como ella. Pero solo veía a familias blancas. Estaba enferma aunque no lo sabía o no quería reconocerlo. Y porque estaba enferma empezó a preguntarse si el hecho de que no hubiese más mujeres como ella significaba que no quedaba ninguna más, que el resto habían sido aniquiladas. “Sintió que ella y sus hijos tenían dos opciones: una muerte misericordiosa o una llena de sufrimiento”, señala la autora tras reconstruir el caso.

La historia de Naomi Gaines no empezó en ese puente. Se crio en unos edificios de Chicago, 28 bloques idénticos, una de las urbanizaciones sociales más grandes de Estados Unidos. “El mundo nos considera a todos nosotros ratas de viviendas públicas, que vivimos en una reserva, como si fuéramos intocables”, declaró a un diario local uno de sus primeros residentes.

Gaines creció en ese “agujero infernal” (así lo definió un agente de la Autoridad Urbanística de Chicago). Solo salía del edificio para ir a la escuela. El 99% de los residentes eran negros y el 96% no tenían trabajo. Los vecinos explicaban que para sobrevivir tenías que “estar loco o saturado de químicos”. Su hermana acabó en una familia de acogida. Ella no tuvo tanta suerte. Supo qué era escapar en medio de la noche huyendo de la pareja que maltrataba a su madre y que en la nueva escuela la insultasen llamándola “Negra Medianoche”. La práctica totalidad de sus compañeros también eran negros, pero se reían de ella porque tenía la piel más oscura que la mayoría de ellos. 

Esta joven empezó a leer sobre la historia de mujeres negras. “Estaba buscando… no sé… alguna continuidad; librarme de la soledad”, explicaría tiempo después. Añadió que quería saber sobre personas que sintiesen lo mismo que ella. La misma pena. Llegó el intento de suicidio y en el hospital le diagnosticaron un “trastorno de adaptación”. Solo eso. Para entonces ya era una madre soltera con dos hijos. “Cree que su depresión se debe a ‘todo el odio del mundo’ y a su desaliento por la discriminación”, escribió una trabajadora social en el informe.

Con un antidepresivo la devolvieron a su casa. A las dos semanas dejó de tomarlo. Decía que le angustiaba el mundo y que eso no se resolvía con sertralina. Nadie hizo un seguimiento de su estado mientras sus familiares se limitaban a rezar para que mejorase.

Tiempo después se le diagnosticó un trastorno bipolar, pero ella se negaba a asumir que estuviese enferma. Tras tirar a sus hijos al río, pasar por el hospital e ingresar en una celda, su situación no mejoró. Corría desnuda por la cárcel para que el resto de reclusas viesen sus “cicatrices de la maternidad”. Finalmente, se la trasladó a un centro psiquiátrico. Ella no quería y se la etiquetó como “enferma mental peligrosa”. Gracias a los fármacos entendió por qué estaba ahí. Por primera vez fue consciente de quién era y qué había hecho. “La persona que hoy está aquí jamás habría lastimado a sus hijos”, reconoció.  

Aceptó un pacto de culpabilidad que suponía 18 años de cárcel y cuatro de libertad vigilada. Trabajaba en la biblioteca y coleccionaba citas que apuntaba en un tablero. Una de sus preferidas era esta: “Las prisiones no hacen desaparecer los problemas; hacen desaparecer a los seres humanos”.

16 años después salió. Una vez fuera las medicinas le han permitido no solo mantenerse estable sino ayudar a otras personas con enfermedades mentales. Pero el riesgo de recaída sigue allí y aunque ha pagado la deuda con la sociedad sabe que se pasará “la vida entera” sin saldar lo que le debe a su familia.

La autora cita a Frantz Fanon, un psiquiatra y filósofo nacido en la Martinica, que defendía que los tratamientos de salud mental tendrían que practicarse con “una conciencia brutal de las realidades sociales y económicas”. Testimonios como el de Naomi Gaines y tantos otros desconocidos le dan la razón. 

Cuando Patricia Barroso, enfermera clínica de la unidad del dolor del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, entra en la habitación de una paciente que acaba de dar a luz, no le toma solo la presión arterial, el oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca y la temperatura. También saca una pequeña regla numérica y le pregunta qué nivel de dolor siente. La madre primeriza responde con un tres. “Incorporamos el control del dolor como una quinta constante vital”, explica Barroso.

Los ocho hospitales que forman parte del Institut Català de la Salut (ICS) han incorporador el uso del ‘mapa del dolor’, un sistema informático que recoge los datos de la percepción del dolor de todos los pacientes ingresados en tiempo real y que permite un mejor uso de los analgésicos y de los cuidados pertinentes. Este proyecto nace de una iniciativa del Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona, que en 2016 ya realizó un primer “mapa del dolor” y ahora lo han extendido al resto de hospitales. 

A pesar de que el dolor es una constante vital, es la única que no tiene una medición biológica. Por ello, este mapa del dolor permite a los especialistas poder ajustar la pauta analgésica a cada paciente según el dolor que perciba y a su vez ver en tiempo real la efectividad de su implementación. También, al ser una herramienta compartida entre hospitales, permite comparar los tratamientos y valorar su efectividad para futuros pacientes.

Esta medición se hace con una Escala Visual Analógica (EVA), que consta de una línea de 10 centímetros donde el paciente puede indicar su nivel de dolor. En el extremo izquierdo encontraríamos la absencia de dolor y en el derecho el mayor dolor imaginable. Si el paciente indica su dolor entre los centímetros 0 y 4 se considerará un dolor leve, entre 5 y 7 un dolor moderado y a partir del 7 un dolor severo.

La más usada en el centro médico tiende a ser la Escala Visual Numérica, donde los números ya están indicados, de forma que el paciente solo tiene que señalar la cifra correspondiente al nivel de dolor que padece. En casos como los infantes o las personas que sufren alguna condición que no les permite comunicar su dolor, se usa una escala de comportamiento, donde el guardián del paciente puede indicar, a través de ilustraciones de expresiones faciales, que nivel de dolor ve en el paciente. 

“Hemos aprovechado el trabajo del Hospital Germans Trías i Pujol como una herramienta cooperativa para que todos los hospitales puedan tener datos con el mapa del dolor”, explica Javier Medel, jefe de la unidad del dolor del Hospital Vall d’Hebron y coordinador del PADEICS del dolor, el programa asistencial de experiencia del dolor del ICS. 

La gran diferencia entre el proyecto de 2016 y el actual, además de la incorporación de todos los hospitales del ICS, es que la herramienta pasó de ser analítica, es decir de recoger los datos del día anterior, a clínica, con mediciones a tiempo real. Eso permite realizar una actuación inmediata y trabajar más eficientemente. “No es solo la valoración del dolor, sino que tiene que estar muy vinculada con la pauta analgésica de los pacientes”, afirma el doctor Medel.  

Las personas que hemos trabajado la historia desde abajo sabemos que ningún cambio social lo provoca una sola persona. Pero también es verdad que a veces hay personas que, acompañadas por muchas otras, juegan un papel muy significativo. A Armand de Fluvià, fallecido la madrugada de este viernes a los 92 años, hay quien lo conoce como el padre del movimiento gay en el España, y no le faltaron méritos para ese título.

Su nombre aparece como referente en los relatos de muchas personas que empezaron su activismo LGTBI en la clandestinidad. En una conversación reciente, Lluís Rambla recordaba que llegó al Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH) porque, en plena dictadura, escuchó a dos personas hablando de manifestaciones y congresos en un bar de ambiente. Eran Armand de Fluvià y Germà Pedra discutiendo las consecuencias de los disturbios de Stonewall en Nueva York, y le abrieron las puertas del activismo político.

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, cuenta que poco después de la creación del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) leyó una entrevista con Armand, con el pseudónimo Roger de Gaimon, en la revista El Viejo Topo, y llamó a la redacción desesperada por hablar con él. Él la recibió en Barcelona y al volver fue una de las fundadoras del Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria andaluz.

En una entrevista en Vilaweb con motivo de sus 90 años, recordando la influencia del FAGC para la creación de otros frentes en el País Valencià, las Baleares o el País Vasco, De Fluvià se comparaba con Santa Teresa de Jesús: “Fundaba conventos gays allí donde iba”.

Armand de Fluvià nació en 1931 en una familia acomodada. Por parte de su padre, venía de un legado de artistas, por parte de madre, de una familia de la industria metalúrgica catalana. Estudió derecho, pero se dedicó a la genealogía y a la heráldica, un campo del que fue el gran referente en Catalunya y en el que también obtuvo reconocimientos internacionales. Su primer activismo político, poco tuvo que ver con los derechos LGTBI. Pasó dos veces por la prisión durante el franquismo, pero nunca por homosexual. La primera fue por monárquico; su antifranquismo pasaba por la defensa de Juan de Borbón como jefe del Estado, aunque con el activismo gay también fue girando sus posturas políticas. La segunda fue en la revuelta estudiantil de 1957 en el paraninfo de la Universidad de Barcelona.

En 1969, las Cortes franquistas empiezan a debatir la propuesta de Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que debía sustituir la Ley de Vagos y Maleantes de la República, a la que el régimen incorporó la homosexualidad en 1954. En ese momento, recordaba De Fluvià, la homosexualidad era “la condición que daba asco y repulsión a todo el mundo”. En febrero de 1970, junto a Francesc Francino, envía una carta anónima a todos los obispos, que eran procuradores en las Cortes, firmada por “un grupo de homófilos españoles”, contra la criminalización de “gran número de hombres y mujeres españoles, cuya única falta es la de haber nacido con, o la de poseer, una característica sexual cuya antigüedad se remonta a los orígenes de la humanidad”.

También se articulan con André Baudry, director de la revista homófila francesa Arcadie, para que envíe materiales sobre la homosexualidad a todos los procuradores de las Cortes. Fruto de ese primer activismo, y aunque hoy nos pueda saber a poco, Armand de Fluvià celebraba la que fue, a sus 38 años, una primera victoria de la lucha por los derechos LGTBI en el estado: la versión finalmente aprobada de la ley ya no perseguía el simple hecho de ser homosexual, sino que se cometieran actos —en plural— de homosexualidad.

Ese mismo año fundaron el Movimiento Español de Liberación Homosexual, “para hacer proselitismo entre amigos y conocidos”, que en la clandestinidad se reunía en distintos grupos, uno de ellos en el piso de Rambla Catalunya donde vivió Armand toda su vida. En enero de 1972 empezaron a editar un boletín, Aghois, que imprimían con una multicopista que había instalado en la carbonera de su casa y enviaban desde Francia. “Siempre recordaré las primeras vueltas a la manivela, me temblaban las piernas y le dije a Francesc: alea iacta est, ¿te das cuenta de que a partir de ahora somos delincuentes?”, recordaba en una entrevista en 2017 para el proyecto El Fil Rosa.

Del Aghois se publicaron 18 números, y llegó a tener 209 suscriptores, que Armand de Fluvià insistía en calificar como héroes. Un amigo suyo, que en esa época tenía unos 70 años, se negaba a suscribirse y le decía: “Por favor no me envíes nada, porque vivo con mi hermana y si se entera…”. “Me siento impotente para transmitir la atmósfera de pánico que había en aquella época”, enfatizaba Armand durante la entrevista. “Es imposible que hoy en día vuestra generación pueda entender el clima que vivíamos los homosexuales, vivías con pánico y autoodio”.

Un movimiento revolucionario

Fue también en el MELH donde Armand hizo un giro político, en gran medida influido por la activista lesbiana Amanda Klein, por ese entonces militante del PSUC. “Empezó a venir a las reuniones del MELH y nos contó que había una ideología dominante en el mundo, tanto en el capitalista como en el socialista, que era sexista, machista y heterosexista”, recordaba. Les hizo empezar a leer otras cosas, empezando por Engels, y para Armand representó un cambio radical: “Yo venía de un mundo conservador, y mi homosexualidad cambió radicalmente mi manera de pensar; era católico y ahora soy ateo, era muy españolista y ahora soy independentista, era muy pudoroso y ahora soy nudista, también soy vegetariano… todo lo que te convierte en un bicho raro”, apuntaba en la conversación.

Ese cambio no lo vivió sólo Armand, sino todo el movimiento, y con la muerte del dictador el MELH dio paso al Front d’Alliberament Gai de Catalunya, una organización de carácter revolucionario, que ya no buscaba sólo la aceptación de la homosexualidad sino subvertir el orden establecido. Repasar las actas de las primeras reuniones del FAGC, cuidadosamente preservadas por Armand y depositadas en el Archivo Nacional de Catalunya, mostraba una generación de militantes comprometidos que dedicaban horas y horas de sus semanas en la clandestinidad —ya que el FAGC no se legalizó hasta 1980— a construir una organización homosexual revolucionaria. El 26 de enero de 1977 convocaron la primera manifestación por la liberación homosexual en el Estado español. Armand de Fluvià estaba en la manifestación de Nueva York, representando al FAGC con una senyera, y pudo comprobar el éxito de sus compañeros a través de la prensa estadounidense.

En paralelo al FAGC, Armand de Fluvià también fue fundador del Institut Lambda, hoy Casal Lambda, para crear un espacio seguro también para las personas homosexuales que no tenían un interés en el activismo. Años más tarde, en 2008 fue uno de los impulsores de la Fundació Enllaç, que defiende los derechos de las personas mayores LGTBI.

Una memoria preservada

La última vez que tuve la oportunidad de entrevistar a Armand de Fluvià, el año pasado, su memoria ya era frágil. Sin embargo, seguía recitando como una epopeya los grandes hitos del movimiento por la liberación homosexual. En la conversación grabada para el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, lamentaba no acordarse de cosas. “Ya me falla la memoria, la suerte es que tengo un diario que va desde las primeras cosas que sé desde que nací, por lo que me contaron, hasta hoy, que lo continúo”. Los estaba digitalizando, y quedarán depositados, con todo su archivo y su biblioteca en el Archivo Nacional de Catalunya. “Cumpliré 92 años, y tengo que ir preparando estas cosas, porque si no, después los que vivan harán lo que les dé la gana, aunque sé que mi esposo se cuidará de esto”.

Consultar el fondo del movimiento gay depositado por Armand en el archivo es una experiencia emocionante. La carta enviada a los obispos en 1970, el primer boletín de AGHOIS de 1972, las actas de las reuniones del FAGC, publicaciones de temática homosexual de todo el mundo… “A mí no me gusta destruir, me gusta conservar, y gracias a conservar estas cosas podemos escribir la historia”, reivindicaba. Su preocupación por esa historia no se limitaba a su archivo personal y los de las organizaciones en qué participó. Hace pocas semanas, descubrí que cuando falleció Patricio Peñalver, activista gay y vecinal del barrio de Ca n’Oriach de Sabadell, Armand se encargó de recuperar sus papeles para depositarlos también en el archivo. Se empeñó en qué tuviéramos un fondo completísimo para que nadie pueda negar nuestra historia.

En un movimiento marcado desde sus inicios por divergencias y por el reto de reconocer distintos ejes de desigualdad dentro de la diversidad sexual y de género, Armand ha sido, más allá de las diferencias, un referente incontestable. En la conversación del año pasado, decía que en el año 1970 no podían imaginar lo que se ha conquistado hasta el día de hoy, “pero es lo que queríamos”. Sobre el futuro, se mostraba optimista, “creo que el mundo va siempre dos pasos adelante y uno atrás, pero al final, siempre va adelante”. ¿Y sobre su trayectoria? “Hemos hecho lo que teníamos que hacer, claro que podríamos haber hecho más, pero hemos hecho todo lo que hemos podido”.

El aumento del cultivo de marihuana en Catalunya —y en España— no solo afecta a las autoridades policiales: se ha convertido también en un dolor de cabeza para las empresas que comercializan energía por el fraude a la red eléctrica de los cultivos. Solo en la primera mitad del año, las filiales de Endesa desconectaron en municipios catalanes 425 plantaciones de cannabis que estaban enchufadas ilegalmente.

La cifra, que supone más de 16 desconexiones a la semana por este motivo, se ha convertido en un “problema persistente” que “amenaza la seguridad física de los vecinos” y el suministro en zonas con alta concentración de cultivos de marihuana, según ha informado la empresa este miércoles.

El alto número de fraudes detectados confirma que Catalunya es a día de hoy uno de los grandes hubs del cultivo de marihuana en el país: el 42% de la energía defraudada en la red catalana está vinculada al cultivo de cannabis. Seis de cada diez plantaciones con la luz pinchada en todo el país estaban en esta comunidad.

Las estadísticas tanto de entes públicos como de consultoras privadas llevan ya tiempo avisando de que España se ha convertido en el mayor productor de esta planta en Europa. El mercado ilícito no deja de aumentar en el país, en un momento en el que varios Estados europeos, como Alemania, República Checa o Suiza, han iniciado procesos regulatorios de la marihuana en parte para luchar contra el mercado negro y su violencia asociada.

Según el European Drug Report de 2024, elaborado por la Unión Europea, el 47% de toda la marihuana requisada en la unión en 2022 estaba en nuestro país. La cifra, con todo, incluye grandes incautaciones de cannabis no psicoactivo —el llamado CBD— que no está fiscalizado y suele acabar con los acusados absueltos una vez llegan a juicio.

Riesgo para el suministro

Según Endesa, el alto consumo de electricidad que suponen estas plantaciones y la “manipulación devastadora” de las instalaciones es tan grande que se llegan a originar incendios en las líneas subterráneas y en los centros de transformación.

“Se han registrado picos de 15 fusibles fundidos al día en un mismo centro de transformación”, informa la distribuidora, que asegura que en algunos puntos de la red se ha tenido que incrementar la potencia hasta 12 veces para evitar interrupciones en el suministro a los vecinos.

La energética asegura que las conexiones ilegales a la red provocan incendios tanto en las instalaciones generales como en los edificios y viviendas donde se ubican las plantaciones, originando “graves riesgos” tanto para los cultivadores como para los vecinos del entorno de las plantaciones que pueden sufrir, además, problemas en su suministro.

90.000 inspecciones en seis meses

La empresa ha llevado a cabo alrededor de 90.000 inspecciones en Catalunya durante los primeros seis meses del año para detectar conexiones ilegales, en una tarea en la que cada vez tiene más influencia la Inteligencia Artificial. La actividad inspectora detectó 11.170 casos de fraude eléctrico a nivel general, un 30% más que durante el mismo periodo de 2023.

Según Endesa, las inspecciones vinculadas a los cultivos de marihuana suponen cada vez un mayor riesgo para los inspectores debido a la “violencia creciente” de las redes criminales dedicadas a esta tarea. “En determinadas zonas [los inspectores] deben trabajar con la cara cubierta para evitar su identificación e ir siempre acompañados por fuerzas policiales cuando van a desconectar plantaciones”, informa la compañía.

Las coacciones y amenazas a los empleados de la distribuidora, sin embargo, no solo están relacionados con el cultivo de cannabis: en los últimos tres años los trabajadores de la empresa y de sus contratistas han sufrido medio centenar de agresiones en todo el Estado.

La sociedad catalana es más tolerante con la inmigración que la de hace veinte o treinta años. El aumento de los extranjeros —de unos 100.000 a principios de siglo a más de un millón en la actualidad— no ha supuesto un aumento de las posturas xenófobas, según un estudio del Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS), adscrito a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Este organismo, que realiza sondeos anuales desde hace décadas, ha comparado las respuestas actuales sobre los fenómenos migratorios con las que obtuvo entre 1992 y 2007, año en que dejó de preguntar por la cuestión.

El resultado, en líneas generales, es un aumento significativo de las respuestas favorables a la inmigración: aumenta el desacuerdo en limitar la llegada de extranjeros, en la justificación de las acciones violentas contra estos o con la gravedad asociada a tener un vecino migrante o una mezquita cerca de casa. Todo ello coincidiendo con la irrupción de la ultraderecha —Vox en 2021, Aliança Catalana en 2024—en el Parlament.

Casi el 60% de los entrevistados está de acuerdo con la inmigración y un 22% en contra, un porcentaje que ha bajado respecto al 30% de rechazo de principios de siglo. En treinta años, el acuerdo con la limitación de la entrada de migrantes ha caído 20 puntos y el desacuerdo ha crecido 23 puntos. Sigue habiendo, sin embargo, un 44% que actualmente está de acuerdo con limitar la llegada de este colectivo a Catalunya. 

Prácticamente toda las personas entrevistadas no consideran grave tener un vecino migrante (96%) y la mayoría (73%) no ve grave que se edifique una mezquita cerca de su domicilio. Las respuestas positivas ante esta última hipótesis han aumentado más de 20 puntos porcentuales respecto a principios de siglo, un porcentaje similar al retroceso de las respuestas negativas.

El estudio sirve también para desmontar algunas ideas preconcebidas que se tiene sobre los segmentos más xenófobos de la población como, por ejemplo, que los hombres jóvenes son los más contrarios a la inmigración.

Los más reacios, según el informe, son hombres de más de 64 años o mujeres de más de 49, con estudios secundarios o inferiores, pertenecientes a la clase de propietarios —que incluye “agricultores con empleados o sin”, “empresario con asalariados” o “autónomo”— o trabajadores manuales, con especial incidencia entre las personas que llevan a cabo tareas del hogar no remuneradas.

Las mujeres jóvenes son las más tolerantes con la inmigración, especialmente las que tienen entre 18 y 34 años. El desacuerdo en limitar la entrada de migrantes está más extendido entre los encuestados con estudios universitarios. En general, apunta el documento, cuánto mayor nivel académico, más tolerancia se tiene con la llegada de extranjeros.

Cambio del eje del debate acerca de la migración

Entre las notas negativas respecto a la evolución de la tolerancia ante la inmigración, el estudio destaca cómo se ha modificado el eje del debate sobre la llegada de extranjeros. Si hace 20 o 30 años el principal motivo para el rechazo era económico —“nos van a quitar el trabajo”— ahora los motivos que se aducen son eminentemente culturales: “Porque no aceptan nuestras costumbres” o “porque tienen religiones distintas”.

“Es un cambio muy significativo porque modifica el eje del debate acerca de la inmigración desde una perspectiva eminentemente económica, por tanto resoluble, o como mínimo, negociable”, apunta el estudio, “a una perspectiva de raíz cultural, que propicia una dialéctica de choque, de confrontación irresoluble”.

El informe, con todo, considera que “dice mucho de las actitudes de la ciudadanía catalana” que la multiplicación por diez del número de extranjeros no haya venido acompañada de un aumento de la xenofobia sino al contrario. “Es un hecho que se debe subrayar”, concluye el documento, “sobre todo si se tienen en cuenta los discursos que se escuchan últimamente”.

La encuesta considera que, vistos los resultados, el “debate” sobre la inmigración “parece responder” más a una “voluntad de crear una opinión” desde algunos partidos que a una “auténtica demanda social” sobre el asunto.

El Colegio de Periodistas de Catalunya y el Consejo de la Información (CIC) de esta misma comunidad han pedido a los medios que utilizan el término 'mena' para designar a los menores extranjeros no acompañados que dejen de hacerlo y busquen otras expresiones que definan “con más sentido” la realidad de los niños y adolescentes que han llegado aquí sin familia.

Como órgano de autorregulación de la profesión, el CIC hace esta recomendación para evitar el uso de unas siglas que “la ultraderecha ha convertido en un término xenófobo, que deshumaniza a los chicos y chicas de este colectivo, los asocia a una supuesta delincuencia y los convierte en el blanco del discurso de odio”.

“El periodismo siempre hace suyos los neologismos que sintetizan un concepto. Fijan la idea y, sobre todo, ayudan a describir con brevedad nociones que requieren de varias palabras. Esto es especialmente importante en los titulares de la prensa escrita y por eso los medios han usado el acrónimo 'mena' desde que la inmigración entró en la agenda informativa”, señalan ambos entes en un comunicado.

Tanto el Colegio de Periodistas como el CIC consideran que utilizar el concepto 'mena' despersonaliza la realidad de unos menores en una situación de máxima vulnerabilidad y lo vinculan al hecho de que la ultraderecha ha conseguido otorgar al término la connotación de delincuencia y de falsos privilegios. Vox no se refiere nunca a menores no acompañados sino que de manera despectiva siempre utiliza la palabra 'mena'.

Los menores migrantes no acompañados son el objetivo de la mayor parte de los discursos de odio en las redes sociales, con contenidos que les deshumanizan y les presentan como una amenaza para la sociedad.

El informe Anual de Monitorización del Discurso de Odio en Redes Sociales que presentó hace unas semanas la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, señala que el 45,5% del discurso del que son objeto les vincula directamente con la inseguridad ciudadana. Se usa además hacia ellos un lenguaje agresivo (en el 65,09% de los contenidos en los que se les menciona) que pasa por alto que se trata de niños y niñas sin la tutela de sus progenitores o familiares y en una situación de extrema vulnerabilidad.

La única crisis de fentanilo que ha habido en España ha sido mediática. Solo en 2023 se publicaron en nuestro país más de 1.000 noticias con el nombre de este opiáceo en el titular —muchas de ellas con tono apocalíptico— e incluso la Fundéu nominó el término como posible vocablo de 2023. Ningún dato, sin embargo, indica que en España pueda haber una crisis de salud pública relacionada con este potente analgésico. 

Así lo asegura un detallado informe financiado por el Ministerio de Sanidad presentado este miércoles. Los resultados del estudio, dirigido por el doctor en psicología social David Pere Martínez-Oró, descartan que en España se pueda vivir una situación similar a la de EEUU e incluso reprocha a los medios de comunicación la alarma informativa sobre la sustancia.

“Del fentanilo se ha hablado demasiado sin que represente una amenaza real”, esgrime una de las conclusiones. “España mantiene unos estrictos controles en la dispensación de fármacos opioides y los desvíos hacia los mercados ilegales son, por ahora, anecdóticos”.

El fentanilo ni está ni se le espera en España, concluye el informe, que cita diversos motivos para descartar la alarma acerca de una droga que solo en 2021 generó más de 70.000 muertes por sobredosis en EEUU. El estudio incluso apunta a que la sustancia va en retroceso en Europa en detrimento de otros opiáceos sintéticos.

Los principales motivos que esgrime el informe son cuatro: la persistencia de la oferta de heroína procedente de Afganistán, el retroceso de los fentanilos y la irrupción de otras alternativas, la casi nula demanda de opioides sintéticos en nuestro país y el factor de protección que supone la robusta red española de atención a las adicciones.

El fentanilo no está sustituyendo a la heroína

El estudio asegura que, a diferencia de lo que puede haber ocurrido en EEUU, la heroína “tradicional” procedente de Afganistán continuará abasteciendo el mercado europeo y las bandas organizadas que la introducen disponen de suficientes reservas de opio. 

La reducción del 95% de los cultivos de opio en Afganistán que se anunció tras el retorno de los talibanes al poder se está revirtiendo, asegura el texto, y los campesinos afganos han vuelto a cultivar la adormidera con la que producen opio durante esta temporada. 

Por esto el autor descarta que se lleve a cabo una sustitución de la heroína por este opioide sintético entre los consumidores españoles. “La reconversión del negocio de la heroína hacia opioides sintéticos es una quimera mientras dispongan de heroína con la que traficar”, afirma el texto.

“El objetivo era evaluar si habría una sustitución de una sustancia por la otra y si estábamos en la antesala de una crisis de salud pública”, explica Martínez-Oró, autor del informe, en conversación telefónica. “Es algo que vemos muy improbable”.

Cada vez se detecta menos fentanilo

El segundo motivo que esgrime el informe es el retroceso del fentanilo en los principales mercados mundiales, consecuencia de la fiscalización internacional y de la prohibición en China, a partir de mayo de 2019, de la sustancia y de sus principales precursores. 

“El desplazamiento de toda la producción a industrias ilegales ha provocado que los escasos fentanilos y precursores que produce China se empleen para abastecer los mercados norteamericanos”, apunta el informe. 

El estudio alerta, sin embargo, de otros opiáceos sintéticos que podrían sustituir al fentanilo y suponer una amenaza mayor. Los reportes a las autoridades de presencia de fentanilo van a la baja pero suben otros como el nitazeno, cuyos precursores son de uso habitual en economías lícitas y por tanto es a día de hoy más fácil de producir.

“Las detecciones de nitazenos en Europa han sido una constante desde junio de 2023, especialmente en las islas británicas, Países Bajos, las repúblicas bálticas y algunos países de Europa oriental”, explica el texto, que sin embargo considera que en España el espacio para opioides sintéticos “es mínimo” mientras el mercado esté abastecido de heroína afgana.

El documento pone como ejemplo el caso de Estonia, donde hace 30 años que circula el fentanilo, con graves consecuencias para la salud pública, y otros opioides sintéticos como el mencionado nitazeno. “Sirve para evidenciar que el fentanilo circula hace décadas por Europa sin haber impactado en los mercados españoles”, afirma.

El autor del estudio, en conversación con elDiario.es, alerta sin embargo del aumento de la presencia de otros opioides sintéticos alternativos. “El fentanilo es una sustancia de los más de 400 opioides sintéticos que existen”, avisa. “Lo hemos tenido mucho en la cabeza, pero hay que estar atentos a otros productos similares”.

Martínez-Oró avisa de que, más que el fentanilo, la sustancia a la que hay que seguir de cerca durante los próximos años es la metanfetamina. “Conecta con los distintos fenómenos a nivel mundial”, señala. “Emerge mucho en África, en Asia central y oriental, en EEUU y también en el cono sur y en Europa aumenta el consumo”.

Ausencia de sobredosis y red asistencial fuerte

Otros de los elementos que se destacan para rechazar la presencia de fentanilo en nuestro país es el número de sobredosis por opiáceos, que se mantiene estable en España desde hace años. “Es un indicador clave para afirmar que las calles españolas están libres de fentanilo y otros opioides sintéticos”, reza el texto. 

El perfil de los consumidores de opioides —60.000 en España, 50.000 de ellos en situación de extrema marginalidad— también podría influir en evitar la crisis. La mayoría de ellos son policonsumidores, explica el estudio. “Si se producen alteraciones de la heroína, las personas podrían emplear otras drogas y rechazar los consumos de heroína”.

El informe también considera que, en caso de que llegara este analgésico al mercado español, la “excelente red española de atención a las adicciones” puede ofrecer respuestas “eficaces, efectivas y de calidad” a los retos que puede suponer la llegada de estas sustancias.

“La mayoría de las personas adictas mantienen contacto con la red asistencial”, prosigue el texto, “que está atenta a las innovaciones de los mercados de drogas y a las necesidades emergentes de las personas usuarias”. En EEUU, por ejemplo, los toxicómanos apenas tienen contacto con redes de este tipo.

Tres hipótesis de la llegada del fentanilo

Para acabar, el documento plantea tres hipótesis de cómo el fentanilo podría llegar a España. La primera es la de personas que demandan heroína y se les vende adulterada con fentanilo o directamente una sustancia con opioides sintéticos. “Este escenario es remoto porque los mercados de heroína están desconectados de los mercados de opioides sintéticos”, sostiene el autor. 

El segundo escenario es el de la compra de estimulantes (cocaína, éxtasis, metanfetamina…) que sin saberlo están adulterados con opioides sintéticos. Esta hipótesis es “muy improbable” porque en estos mercados tiene más valor el fentanilo proporcionalmente que la cocaína. 

El tercer escenario, que se define como el más probable, es el de personas consumidoras que demandan explícitamente fentanilo y compran a algún traficante una sustancia cuya composición es desconocida, aunque en mayor o menor porcentaje contiene algún opioide sintético. 

El documento apunta respecto a este escenario a los medios de comunicación. “La tormenta mediática ha provocado que algunas personas quieran consumir esa droga tan potente de la que tanto se habla”, apunta. “Algún pequeño traficante puede pensar que es sensato empezar a vender fentanilo porque piensa que las personas consumidoras lo demandan”.

El estudio concluye que estos pequeños camellos, sin embargo, solo pueden conseguir el fentanilo en la dark web o mediante desvíos de fármacos. “Descartamos, por el momento, que el crimen organizado proporcione opiáceos sintéticos a los mercados españoles de drogas ilegales”.

Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú.

Lastesis

Liliana Rivera Garza era lista, buena lectora, sagaz, con el carisma de las líderes naturales, puntual, una estudiante de arquitectura metódica en los estudios y en sus anotaciones en forma de cartas. Una joven de 20 años que amaba la libertad pero no era libre. Una mujer que hasta el último momento pensó que podía ganar. Hasta la madrugada del 16 de julio de 1990. 

Liliana fue víctima de un feminicidio cuando en México la palabra no existía (no se tipificó hasta junio del 2012). Cuando las asesinadas eran consideradas víctimas del amor y no del odio. Pero las mataban por desprecio, no por la pasión con las que se justificaban socialmente estos crímenes.  

Cristina es escritora de ensayo, cuentos y poesía. Además es traductora y crítica literaria. Y también, o sobre todo, es la hermana mayor de Liliana. Su única hermana. Es la mujer que 29 años, tres meses y dos días después del asesinato, tras 29 años, tres meses y dos días recordándola, se armó del valor necesario para reclamar el expediente de investigación del asesinato de Liliana.

El verdugo, Ángel González Ramos, sigue huido, pero esta escritora ha conseguido que el nombre de Liliana no caiga en el olvido del silencio tras un duelo de tres décadas sin la honra merecida ni las respuestas pendientes. Su libro 'El invencible verano de Liliana' (Random House), en el que relata el feminicidio de su hermana y excava sobre su vida, le ha hecho merecedora del Pulitzer 2024 en la categoría 'Memorias y Autobiografías'.

La autora mexicana estuvo este martes en la Casa Amèrica Catalunya. Habló del libro que había tratado de escribir desde que empezó a escribir. Lo intentó muchas veces y confesó que incluso hay dos manuscritos guardados que nunca verán la luz. Como admiradora de Juan Rulfo planteó la obra de manera interdisciplinar, como la archivera que accede a unas cajas que llevaban tres décadas cerradas y en las que encontró los textos en distintos formatos de su hermana, pero también como la exploradora de una vivencia personal dolorosa cuyo duelo había llegado a un punto que le permitía ya relatarlo públicamente. 

La pandemia hizo que todos nos percatásemos de nuestra finitud vital y en el caso de la autora esa concienciación implicó tener claro que ella no quería morirse sin haber relatado la historia de su hermana.

El otro empujón, el punto en el que Cristina Rivera fue consciente de que había llegado el momento, se lo dieron Lastesis con una performance que dio la vuelta al mundo. Ese cántico en el que se denunciaba que el patriarcado es un juez que juzga a las mujeres por nacer, que clamaba contra la violencia que no se veía, contra la impunidad de los asesinos, que llamaba feminicidios a los feminicidios y que con indignación proclamaba que la culpa de una violación es siempre y solo del violador. “Son las palabras que necesitaba para escribir este libro. Supe que mi duelo personal estaba en un punto que me permitía escribir esto”.  

Esta no es solo la historia de un feminicidio, es también una historia de vida y de futuro.

“¿Por qué tardé tanto? Pasan tantas cosas en treinta años. Pasa la muerte, sobre todo. No deja de pasar. La muerte de miles y miles de mujeres. Sus cadáveres aquí, rondando. Atrás del hombro. En los pliegues de las manos, que se aprietan. En la comisura de los labios. Atrás de las rodillas, cuando se flexionan. Pasan aquí, al lado, a mi lado; no dejan de pasar (...) El tiempo se agolpa y se contrae. Luego se distiende otra vez. Un año. Tres años. Once años. Quince años. Veintiuno. Veintinueve. Luego se contrae de nueva cuenta”, escribe la autora.

Este fragmento, como el resto del libro, es la prueba de cómo la escritora buscó y consiguió describir la violencia con otras palabras, cambiando la narrativa impuesta en la que las preguntas eran incriminadoras para ellas, como en tantos juicios por violación o en los casos de feminicidios, y se les exoneraba a ellos. Lo hizo de la mano de Liliana porque la autora quería tener una presencia discreta. “Mi dolor no era el protagonista”. Reconstruyó la vida de su hermana a través de sus textos, cartas en las que experimentaba con el lenguaje y en las que Cristina descubrió a una escritora en ciernes, una joven capaz de copiar una carta entera porque a la primera versión le faltaba una coma. 

Así que este es un Pulitzer que ha recibido Cristina pero de la mano de Liliana y en nombre de todas las mujeres asesinadas y silenciadas a las que no se hizo justicia.

El reconocido ginecólogo Santiago Dexeus ha fallecido este viernes a la edad de 88 años. Miembro de una saga de prestigiosos médicos especializados en ginecología, fue uno de los pioneros en la prescripción de pastillas anticonceptivas y también en el impulso de las técnicas de fecundación in vitro. Además impulsó técnicas pioneras en el diagnóstico precoz de distintos tipos de cáncer.

Junto a su hermano José María fundó en 1973 el Instituto Dexeus, uno de los primeros centros privados de maternidad y famoso por sus técnicas de reproducción asistida. El nacimiento en Barcelona del primer bebé probeta de España le convirtió en una clínica de referencia. Tres décadas después de haberla fundado, Santiago Dexeus abandonó sus cargos en el centro.

Entre los múltiples reconocimientos que recibió a lo largo de su vida destacan la Medalla de Oro al mérito al trabajo del Gobierno, la Creu de Sant Jordi y también la Medalla President Macià.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha destacado que Dexeus dedicó su vida a la innovación en la ginecología, a la humanización de la atención médica y a “la defensa ferviente” de los derechos de la mujer. “Su influencia va más allá de las fronteras de Barcelona, convirtiendo a nuestra ciudad en un referente mundial en salud e igualdad. Su legado seguirá inspirando y guiando a futuras generaciones”, ha añadido.

¿Pedro Vivancos lideraba una secta o solo era el padre de una familia atípica? Francesc Bellart, autor de ‘Raschimura’ (Ediciones B) plantea la pregunta y opta por no responderla, aunque tras leer la historia de este bailarín de flamenco que acabó teniendo 40 hijos es fácil concluir que fue un tipo que hizo de la ficción una manera de vivir tan atípica como rentable.

Vivancos era un joven que aspiraba a convertirse en un gran bailarín y casi lo consiguió. Eran los años 60 y este barcelonés, entonces un veinteañero alto, muy guapo, con los ojos de un castaño verdoso y un hoyuelo en la barbilla, logró actuar por toda Europa. Lo que más le gustaba era el flamenco a la guitarra. Como pareja -y no solo en el escenario- de una bailarina consagrada, Pastora Martos, actuó en distintos países. Vivancos llegó a ganarse el nombre de Séneca entre los compañeros del circo con el que viajaban porque, además de ser un artista formidable, era un tipo con inquietudes científicas y culturales. Con el tiempo se comprobaría que tal vez fueron demasiadas inquietudes y lo que es seguro es que fueron equivocadas. 

Regresaron a Barcelona y empezó a dar clases. Vivancos no se comportaba como un típico profesor. Actuaba como consejero de unos alumnos con muy pocas perspectivas vitales. Cuando se separó de Pastora, muchos de esos chavales se fueron a vivir con él. Se convirtieron en sus primeros discípulos. 

Ella obtuvo la custodia de los tres hijos y eso a él le cambió la vida. Emprendió un viaje del que se sabe muy poco, pero que fue decisivo para Vivancos y para mucha otra gente. No se sabe si estuvo en China, Japón o Corea (o en los tres), aprendió a meditar y abrazó la medicina china. Cuando regresó a Barcelona ya era otra persona. Se había rapado la cabeza, vestía un keikogi negro (el atuendo para practicar artes marciales) y pasó de llamarse Pedro a convertirse en Raschimura. 

Las artes marciales comenzaban a estar de moda en España y él convirtió un gimnasio de Sant Cugat en la Escuela de Cuatro Artes. A sus alumnos les exigía una vida monacal. La alimentación era vegetariana y gran parte del día la dedicaban a meditar y entrenar. Vivían allí. Durmiendo en el suelo y duchándose con agua fría. Raschimura se presentaba como un servidor de Dios y les hablaba de amor. 

Es entonces cuando empieza a construir lo que sus partidarios consideran una familia atípica y otros definen como la primera secta de España. Acabó teniendo siete mujeres (él las llamaba madres), entre las cuales había dos hermanas y una madre y una hija. Bellart relata en el libro las liturgias que se llevaban a cabo durante los coitos, siempre en una sala de rituales. En total, más de 40 hijos. No todos con el apellido Vivancos. Incluso inscribieron en el Registro Civil a una hija inexistente. “A ellos la legalidad les daba bastante igual y tampoco les preocupaba que les pudiesen calificar de estafadores”, afirma el autor del libro, que insiste en que su propósito no es el de hacer juicios de valor, sino limitarse a explicar la historia. Seis de esos hijos, todos con nombres bíblicos, acabarían creando un grupo de baile cuyos espectáculos hoy dan la vuelta a medio mundo: Los Vivancos.  

Su padre fue tejiendo una red de empresas y sociedades basadas en promover dietas milagrosas, curaciones que en realidad no lo eran o comida que se anunciaba como macrobiótica y que más tarde se descubrió que eran verduras y frutas que recogían en el vertedero de Mercabarna. Como bien relata el autor, a modo de resumen, “nada era lo que parecía”.  

¿Fue un santo, un genio, una persona que estaba por encima del resto, un narcisista, un farsante o un manipulador? Ballart, tras haber radiografiado a Vivancos, prefiere no dar una respuesta tajante. “Me cuesta definirlo. Hablas con unos y te dicen que era una persona muy respetuosa y dispuesta siempre a ayudar. Hablas con otros y te responden que era un caradura, un narcisista que solo pensaba en él”.

Pero siempre hay alguien que abre los ojos. En este caso fueron una pareja, José y Rosa. Convivían en una masía con 24 adultos y una veintena de niños, casi todos hijos de Vivancos. Tenían una hija pero no se les permitía actuar como sus padres. Los hijos eran hijos de todos. La niña se puso enferma y tuvieron que escaparse para poder llevarla al hospital. Antes de salir, el padre cogió los papeles que después permitieron sacar a la luz qué estaba pasando ahí dentro. Los entregó a la Guardia Civil, al juzgado de guardia y una parte se la dio a 'El Periódico de Catalunya'. El titular del reportaje que el domingo 24 de abril de 1983 firmó Joaquim Roglan en este diario era una bomba: ‘Raschimura, una peligrosa secta que opera en Catalunya’.

Había fotos de la casa, de los niños, de los falsos médicos…y la vida de Vivancos volvió a cambiar. El titular del día siguiente no fue menos espectacular: ‘Atribuyen dos misteriosas muertes a la secta de Reus’. Al final se acabaron investigando ocho muertes aunque no se pudo probar que tuviesen relación directa con las dietas presuntamente curativas que se aplicaban en estos centros.

Vivancos acabó huyendo mientras los exámenes forenses concluyeron que los seguidores del grupo que había creado presentaban un cuadro psiquiátrico en el que aparecía lo que los médicos denominaron como “síndrome de persuasión colectiva”. Si esta manera de funcionar hay que calificarla de secta o no es más complejo de lo que pueda parecer porque no existe una tipificación como tal, aunque si se aplican los patrones de captación, perjuicio económico a sus miembros e incluso violencia física, la familia y seguidores de este grupo podrían encajar en lo que los medios de la época definieron como una secta.

Junto a las siete madres y 18 de los hijos, Vivancos se instaló en Canadá y también allí acabó saliendo en la prensa por conformar una comunidad que, como mínimo, era particular y a la que algunos definían como “una familia criminal organizada en forma de pirámide”. En 1995 abandonaron el país. Él ya estaba enfermo y se instalaron en Ámsterdam. Falleció de cáncer en abril de 1996, a los 57 años, aunque nunca reconoció que padecía esta enfermedad. Incluso en eso mintió, puesto que se rumoreó que en un viaje a México unas larvas le habían implantado huevos bajo la piel y estas le habían devorado el cerebro.

Cuando Bellart preguntó por la muerte de Vivancos para documentarse se encontró con versiones distintas. Un personaje con tantas vidas probablemente no podía tener una muerte como el resto. O eso debió pensar él.

Catalunya empezará este miércoles el curso escolar 2023-2024, que contará con 81.335 docentes (1.190 más), 1.605.243 alumnos matriculados (8.440 menos que el anterior) y los sindicatos Ustec·Stec, Intersindical-CSC y CGT Ensenyament en una jornada de huelga.

Como novedad, este curso comienza con jornada completa lectiva, a diferencia del pasado que se inició con las tardes de ocio educativo, y este miércoles iniciarán las clases la etapa de Infantil, Primaria y ESO y el 12 de septiembre lo harán Bachillerato y FP.

De los matriculados, 1.330.428 alumnos son de régimen general, que engloba Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y grados de FP; 125.885 de régimen especial, que incluye las enseñanzas de música y artes; 68.100 de formación de adultos, y 80.830 de enseñanzas a distancia.

La consellera de Educación de la Generalitat, Anna Simó, señaló este lunes que este curso habrá 20.000 alumnos menos en Infantil y Primaria, según apunta debido al descenso demográfico, pero defiende que “a pesar” de esto han incrementado la plantilla de profesorado y de personal de atención educativa.

Del incremento de 1.190 docentes, 190 son maestros y 1.000 son profesores, y se han estabilizado un total de 27.097 profesionales.

El curso comienza con la convocatoria de una jornada de huelga este miércoles por parte de los sindicatos educativos Ustec·Stes, CGT Ensenyament e Intersindical-CSC para reclamar un “sistema educativo público catalán de calidad” tanto para los alumnos como para los profesionales ante las carencias que, a su parecer, tiene el sistema actual.

Los sindicatos convocan la huelga para mostrar su “disconformidad con las políticas de educación por la regresión en la recuperación de las condiciones laborales” previas a los recortes, e instan a aumentar la inversión en educación.

En este sentido, la consellera Simó reiteró el lunes que su objetivo es revertir los recortes en la educación pública de Catalunya y que lo hará “en función de lo que los escenarios presupuestario permitan”, en referencia a los Presupuestos de la Generalitat de 2024.

Para la jornada de huelga, el Govern ha previsto, como servicios mínimos, que debe haber una persona del equipo directivo por cada centro --en las guarderías un miembro del claustro--, y un docente por cada 3 aulas en Infantil, Primaria y ESO, y el 50% de las plantillas en educación especial y guarderías.

En el complejo educativo de Tarragona el 50% de personal de comedor y cocina, una persona de mantenimiento por turno y mantenimiento del servicio habitual en enfermería, vigilancia y el turno de noche de los tutores.

Además, en el ocio educativo, tendrá que haber el 50% de monitores de comedor, de servicio de cocina, de acogida, de extraescolares y de atención al alumnado con necesidades educativas especiales en guarderías y centros de Infantil, Primaria ESO y educación especial.

Entre las novedades del curso, se pondrá en marcha la figura del referente de coeducación, convivencia y bienestar emocional en los centros educativos, con 3.400 referentes en toda Catalunya; y se fusionarán en uno los protocolos de violencia machista, LGTBI, acoso, ciberacoso y odio y discriminación, de manera que se simplifique y facilite la detección de las violencias.

Este año entra en funcionamiento el Registre de Violències contra l'Alumnat (REVA), que “permitirá mejorar la trazabilidad al departamento”; se reducen por segundo año consecutivo las ratios en la etapa infantil, y se compartirán con los ayuntamientos los datos sobre abandono escolar.

También se desplegarán medidas de compensación en competencias básicas para mejorar la comprensión lectora y las matemáticas; 50 centros comenzarán el Plan piloto de mejora de las bibliotecas escolares, y se ha ampliado el presupuesto para la escuela inclusiva en 25 millones de euros.

El Departament d’Educació de la Generalitat concedió el pasado 21 de julio una plaza como profesor funcionario de carrera a un docente imputado por abusar sexualmente de una menor, según ha podido comprobar elDiario.es.

El maestro, que ha seguido dando clases a pesar de su proceso judicial, ha obtenido su plaza tras presentarse a una convocatoria para estabilizar a personal interino mediante un concurso de méritos. La conselleria, atada de manos en un procedimiento administrativo de este tipo -donde no hay condena ni tampoco se han impuesto hasta ahora medidas cautelares- no ha querido hacer ningún comentario a esta redacción.

Pero horas después de la publicación de este artículo, la consellera de Educación, Anna Simó, ha anunciado en rueda de prensa que la Generalitat estudia, ahora sí, aplicar medidas cautelares a este docente y reubicarlo o cambiarle las funciones hasta que se resuelva el proceso judicial.

La Fiscalía pide para este docente de Filosofía dos años y seis meses de cárcel por haber realizado tocamientos indeseados a una exalumna de 17 años en agosto de 2020. Cuando se hizo público el caso, otra antigua estudiante declaró ante los Mossos haber pasado por una situación similar con el mismo profesor años atrás.

Según el escrito de la Fiscalía, al que tuvo acceso Europa Press, el docente del Instituto Màrius Torres de Lleida se encontró por la calle con una joven que había sido su alumna durante el curso anterior. El profesor la invitó a visitar su casa con la excusa de regalarle algunos libros que tenía duplicados. 

La tarde siguiente, la que había sido su alumna se presentó en su domicilio “confiada”, según el escrito del Ministerio Público. El profesor la invitó a sentarse en el sofá y le entregó los libros. La estudiante se llevó la mano a la espalda y le dijo que tenía una contractura. El profesor le propuso hacerle un masaje y fue a buscar un aceite.

Según la Fiscalía, el acusado, “sin decir palabra y guiado por el ánimo de satisfacer sus instintos sexuales” realizó diversos tocamientos a la estudiante. La menor se quedó “bloqueada y sorprendida”. Acto seguido se fue al baño y envió mensajes a su pareja pidiéndole que la llamara. Después abandonó el domicilio del docente con la excusa de la llamada. 

La víctima denunció los hechos al cabo de tres días ante los Mossos d’Esquadra. El docente, sin embargo, se reincorporó al cabo de pocas semanas al instituto para empezar el siguiente curso. La familia de la víctima pidió al Departament d’Educació que apartase de manera cautelar al profesor, algo a lo que no accedió el departamento alegando que no había sentencia firme. Al curso siguiente cambió de centro educativo, pero continuó dando clases.

El entonces director de los Servicios Territoriales de Educación en Lleida, Carles Vega, señaló en ese momento que los hechos habían ocurrido en periodo no lectivo, fuera del centro y cuando la víctima ya no era su alumna, con lo que solicitó prudencia a la hora de actuar respecto a este docente. 

“No hemos ido más allá porque hay una instancia externa al Departamento y no se actuará hasta que haya, si hay, intervención de la Fiscalía”, dijo a principios de curso de 2020 en declaraciones recogidas por la agencia ACN. Pocos días después el profesor declaraba ante el juzgado de instrucción.

La Generalitat ha decidido intervenir ante el aumento de casos de abuso sexual y de poder en el seno de las universidades catalanas, buena parte de ellos revelados en una serie de investigación de elDiario.es. El conseller de Universidades, Joaquim Nadal, ha anunciado este miércoles en una rueda de prensa la creación de un censo único para centralizar las denuncias de estos abusos sexuales que ocurran en las distintas facultades.

Según ha anunciado el conseller, será el Departamento de Igualdad y Feminismos del Govern quien liderará el mencionado registro, que estará operativo al inicio del curso siguiente y colaborará con los responsables de Igualdad de cada universidad.

El objetivo es hacer un censo conjunto para controlar los casos y “centralizarlos” para poder vigilar y garantizar que cada centro cumple con sus respectivos protocolos, ha explicado Nadal, que ha defendido que este tipo de casos deben aflorar públicamente. “Nos garantizará la trazabilidad de la denuncia hasta la resolución final”, ha dicho del censo.

Nadal ha defendido que la “proliferación de casos” no debería “afectar negativamente” a la reputación de las universidades catalanas. Por esto apuesta para que los casos se resuelvan de manera rápida y con “las sanciones pertinentes”.  Según un recuento que publicó El Periódico, desde 2018 hasta la fecha se han abierto más de 150 expedientes por acoso y se han sancionado al menos 28 docentes.

Las universidades públicas catalanas ya se han sumado al protocolo y Nadal espera que las privadas también lo hagan durante los próximos meses. Precisamente la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pidió en mayo “coordinación” con el resto de universidades catalanas para abordar las crecientes denuncias de acoso después de que este periódico desvelara los abusos de poder de de dos de los catedráticos más prestigiosos del centro.

Las decenas de víctimas de abusos sexuales y laborales en las universidades catalanas entrevistadas por este periódico, tanto de la Universitat de Barcelona (UB) como de la UPF o la Autònoma (UAB) se han quejado de que los protocolos existentes dificultaban las denuncias, dejaban en evidencia a los denunciantes y protegían a los denunciados.

El censo que ha anunciado este miércoles el Govern pretende revertir esta desprotección que han sentido las víctimas. También buena parte de las universidades catalanas están debatiendo o han anunciado la revisión de sus protocolos de denuncia por acoso sexual o laboral.

Puedes leer aquí todos los reportajes sobre abusos en la universidad publicados por elDiario.es

El Hospital Clínic de Barcelona ha confirmado una nueva filtración de datos secuestrados a principios de marzo con un ataque de tipo ransomware. Desde que el 30 de marzo apareció publicado el primer paquete de datos, el Clínic ya alertó de que se irían publicando otros nuevos. La entidad sanitaria y la Agencia de Ciberseguridad de Catalunya trabajan desde ese momento de forma coordinada y recuerdan que la publicación total o parcial de los datos es un delito.

El ataque tuvo lugar a principios de marzo y afectó a los servicios de laboratorio, farmacia y urgencias. Los responsables del hospital tardaron semanas en volver a restablecer todos los sistemas informáticos. Desde un primer momento aseguraron que no pagarían a los secuestradores por recuperar los datos.

En marzo los piratas informáticos agrupados en el colectivo RansomHouse publicó el primer paquete de datos y amenazó con difundir más si no recibían rescate. En ese momento aseguraron que tenían 4,4 Terabytes de datos y pidieron 4,5 millones de dólares para devolverlos.

Los Mossos d'Esquadra lograron bloquear el pasado 14 de abril el acceso de los ciberdelincuentes a los datos, pero dos días más tarde los ciberatacantes contraatacaban amenazando con publicar datos sobre pacientes con enfermedades infecciosas así como también sobre el uso de fármacos experimentales por a la gente mayor.

Dos días después, RansomHouse aseguraba que habían publicado más datos confidenciales con un enlace que permitía descargar toda la información. A través de diversas redes sociales facilitaban, además, detalles para realizar la bajada de forma anónima y segura, para no dejar rastro.

Mediante el canal de Telegram del grupo de ciberdelincuentes, el 27 de abril se aseguraba que había habido una nueva publicación de datos. Por esa misma vía publicaba los enlaces para descargar la información.

En paralelo, el 22 de junio la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) anunció la apertura de un expediente informativo al Clínic y sus entidades vinculadas para determinar si el hospital debe ser sancionado por incumplimiento de la normativa de protección de datos después de que éstos se filtraran a raíz del ciberataque.