“… todos estos que tienen tanto interés en la fosa Monumento, la de Pico Reja se está cayendo". Fueron éstas unas declaraciones que, a propósito de la tardanza y la poca información oficial sobre el inicio de los trabajos de exhumación de la fosa Monumento, ofreció José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, a los medios de comunicación.

Declaraciones un tanto chulescas y absolutamente imprecisas que no se corresponden con el cargo que ostenta el declarante que, como alcalde de la ciudad, es el máximo responsable de los espacios públicos, como el cementerio de San Fernando, donde se ubican la fosa Monumento y el columbario que recoge los restos exhumados de la fosa Pico Reja.

Hace tiempo que dejó de sorprenderme la insensibilidad y la falta de empatía que muestran los políticos de la derecha española cuando se trata de la reparación y el recuerdo de las víctimas del franquismo. Pero en esta ocasión, el desatino del alcalde ha evidenciado una absoluta falta de conocimiento de lo que acontece en su ciudad, y de hasta qué niveles de dependencia política mantiene con la ultraderecha que lo sostiene en el poder, al menos cuando se trata de estos asuntos.

Todos esos condicionantes no hacen más que provocar situaciones donde el primer edil de la ciudad raya el ridículo, como en el caso que nos ocupa.

Esto es, no se me ocurre la forma en que se pueda caer una fosa. Quizás el alcalde se esté refiriendo al memorial que se construyó en su lugar, cuyo mantenimiento y conservación, como construcción pública, pasó a ser de responsabilidad municipal desde el primer momento, como no puede ser de otra forma.

Tiene razón el alcalde, porque el estado en que se encuentran los columbarios, donde reposan los restos exhumados de la fosa Pico Reja, es de absoluto abandono, carentes de una mínima conservación y con riesgo de derrumbe en cualquier momento. ¿A qué está esperando el alcalde para asumir su responsabilidad?

En ese sentido, tiene razón el alcalde, porque el estado en que se encuentran los columbarios, donde reposan los restos exhumados de la fosa Pico Reja, es de absoluto abandono, carentes de una mínima conservación y con riesgo de derrumbe en cualquier momento. ¿A qué está esperando el alcalde para asumir su responsabilidad?

A la finalización de los trabajos de exhumación en la fosa Pico Reja, en febrero de 2023, los cuerpos recuperados de los 1.786 represaliados pasaron a ocupar ese memorial, no sin antes obtener muestras biológicas para su posterior identificación genética. De la que no se sabe nada nuevo, por cierto, ante la escasísima dotación económica con que la Junta de Andalucía, gobernada por el mismo partido que el Ayuntamiento de Sevilla, pretende desbloquear el colapso provocado por los cuerpos que se “amontonan” en el centro de investigación biomédica GENyO.

También acierta el alcalde cuando hace referencia al interés mostrado por muchos ciudadanos y entidades por el inicio de los trabajos de exhumación de la fosa Monumento, donde se esperan encontrar los cuerpos de 2.600 víctimas de la represión franquista en la provincia de Sevilla. Al menos así es en lo que se refiere a la Federación Andaluza de Memoria Democrática y sus asociaciones.

Así, conoce la FAMD que en el pasado junio se rubricó el Protocolo de exhumación de la fosa Monumento entre la Junta de Andalucía, la Diputación de Sevilla, el Gobierno de España (SEMD) y el Ayuntamiento de Sevilla. Cuya financiación se desarrollará en convenios posteriores entre las cuatro instituciones.

El Gobierno de España ya ha comprometido para tal fin y a consecuencia de ese protocolo, una subvención de 200.000 euros, que el Ayuntamiento de Sevilla acepta formalmente. Igual ocurre con la Diputación de Sevilla, que ha anunciado el “deber moral” que tiene de realizar una aportación por una cantidad similar. En cambio, de las aportaciones del Ayuntamiento de Sevilla y de la Junta de Andalucía nada se sabe aún, ni nada se recoge en los borradores de sus respectivos presupuestos para 2026.

Supongo que alguna explicación tendrá que dar el titular de la institución promotora del proyecto de exhumación de la fosa Monumento, el alcalde de Sevilla. ¿Es mucho suponer o seguirá prisionero de la voluntad de Vox, donde no parece estar muy a disgusto?

Hace unos días asistí en representación de mi organización al acto inaugural del programa España en libertad, 50 años. Memorias de dictadura y democracia. Unas actuaciones organizadas por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que se están llevando a cabo con una importante representación institucional, académica, política y social desde su presentación. Y con las que, en líneas generales, se pretende conmemorar el 50º Aniversario de la finalización de la dictadura franquista y la restauración de la democracia y las libertades en nuestro país.

Una acertada iniciativa del Gobierno de España que, sin duda, sabrá poner en valor aquellos acontecimientos que se produjeron en nuestro país y que supuso el cambio de nuestro sistema político de la dictadura a la democracia y, como consecuencia, permitió el salto definitivo a la modernización de España y la mejora de nuestras relaciones internacionales.

Este salto cualitativo trajo consigo la superación del período mas negro de la historia reciente de nuestro país: la dictadura del General Franco. La cual se había caracterizado por la pérdida generalizada de derechos y libertades de la población española y por la represión que se ejercicio contra ella desde todos los ámbitos del Estado. Una dictadura que fue la consecuencia de un golpe militar promovido por un grupo de militares desleales con su propia patria y apoyados por ejércitos de otros países europeos dirigidos por otros autócratas fascistas.

En todo momento, durante el periodo histórico de la dictadura, imperó en nuestro país un relato histórico pervertido por la mano de los vencedores/represores, cuyo sesgo siempre ocultó el relato de los perdedores, el de los oprimidos

Un golpe militar que, a su vez, provocó un conflicto civil con miles de pérdidas y una cruel represión posterior que facilitó las condiciones para instaurar esa dictadura que, entre otras muchas consecuencias, dividió el país entre una clase dominante, los vencedores; y un sector de población oprimido, los vencidos. En todo momento, durante el periodo histórico de la dictadura, imperó en nuestro país un relato histórico pervertido por la mano de los vencedores/represores, cuyo sesgo siempre ocultó el relato de los perdedores, el de los oprimidos.

Ese relato sesgado aún permanece en gran parte de la sociedad española y sus instituciones. Lo que hemos pasado a llamar el “franquismo sociológico” que de manera muy calculada ha permitido que aún se conserven muchos aspectos que protegen y blanquean aquella “gesta militar” y sus atroces actuaciones contra la población y contra sus derechos y libertades.

Desgraciadamente, 50 años de historia tras la dictadura parecen no haber sido suficientes para recuperar ese relato oculto de las víctimas ni reparar el dolor causado en ellas. Así como tampoco se ha profundizado lo suficiente en este tiempo en los valores y virtudes democráticos que fueron ultrajados durante el periodo dictatorial.

Es seguro que se debería de haber incidido más durante estos últimos años en la profundización en esos valores y principios democráticos de lo que se ha hecho. De haber ocurrido así, es muy probable que la cultura democrática colectiva de nuestro país hubiera evitado de forma preventiva el auge de los posicionamientos neofascistas que ya tenemos en nuestras instituciones. Al igual que hubiéramos avanzado mucho más en la consolidación de nuestra democracia y en el respeto a sus instituciones.

Es triste comprobar hoy día cómo muchas comunidades autónomas gobernadas por partidos de derechas se resisten a desarrollar e implementar leyes de recuperación de la memoria histórica y democrática previamente aprobadas por sus respectivos parlamentos, sin tener en cuenta aquel principio tan reiterado como que “el pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo”. Precisamente en un país que conoció en su historia reciente cómo el fascismo acabó con un sistema democrático, implantando una dictadura militar sostenida por un poder oligarca y opresor de los sectores sociales más humildes.

Las leyes memorialistas reservan un apartado importante dedicado a la importancia de conocer cómo se perdió aquella democracia y las consecuencias que eso provocó para evitar que episodios similares vuelvan a ocurrir

Así, es conveniente que nos rearmemos permanentemente con esos valores y principios democráticos porque así sabremos defender y preservar nuestra democracia actual ante amenazas involucionistas. Y por eso esas leyes memorialistas aún en vigor, reservan un apartado importante dedicado a la importancia de conocer cómo se perdió aquella democracia y las consecuencias que eso provocó para evitar que episodios similares vuelvan a ocurrir. Y para ello, incluye en sus articulados de forma prioritaria la necesidad de aprovechar nuestros sistemas públicos educativos para incidir en estos objetivo y asumir nuestro derecho a conocer y el deber de transmitir para desarrollar nuestra cultura democrática.

Es alarmante que muchos de estos gobiernos autonómicas no estén respondiendo a estas obligaciones legales adecuando los contenidos curriculares al conocimiento completo de nuestra historia reciente, renunciando a la formación del profesorado en el mismo sentido y la traslación a las aulas de esos conocimientos.

Siendo así, no es de extrañar la aproximación de nuestros jóvenes a ideas ultras, el desconocimiento generalizado que presentan respecto a nuestra propia historia y el alarmante déficit que, según los últimos informes sobre estudios de población del CIS, presentan sobre el conocimiento de principios y valores democrática. Ausencia de Cultura Democrática que nos hace vislumbrar un preocupante futuro para nuestra propia democracia. Lo cual, inevitablemente, comprometería seriamente nuestros derechos y libertades.

La derecha y la ultraderecha están reaccionando con evidentes muestras de rechazo a estas leyes memorialistas como también lo están haciendo con estas conmemoraciones por el cincuentenario de nuestra democracia y la restauración de las libertades. Y, verdaderamente, no sé si las razones que motivan esta postura de rechazo están relacionadas con la añoranza y nostalgia por aquel viejo régimen dictatorial o, quizás, se deban a un claro déficit de cultura democrática... o, probablemente, a ambas cosas.

No obstante, debemos tener en cuenta que la democracia no es algo estanco. Si no la cuidamos y la preservamos, cada vez estará más expuesta a sucumbir ante esas amenazas involucionistas. Entonces, lo lamentaremos todos.

Según la Ley Andaluza 02/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía en su artículo 17 establece el 14 de junio como el Día de recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar y la Dictadura en Andalucía.

Se espera una vez más que el actual Gobierno de la Junta de Andalucía abandone la desconsideración que demuestra permanentemente con la Ley y, a su vez, con las víctimas de la represión franquista y de sus familiares cono así lo demuestra con la dejación de las obligaciones y actuaciones que les dicta la vigente ley de Memoria andaluza, sólo paliadas por las iniciativas de colectivos de familiares y del Gobierno de España amparadas por la Ley 20/2022, de 19 de octubre de Memoria Democrática.

No han sido pocos los desplantes a los que ha sometido a las víctimas de la represión franquista y sus familias desde la llegada de las derechas al Gobierno de Andalucía como se puede recordar. Cierre de oficinas de atención a víctimas en las distintas delegaciones provinciales de la Junta, abandono de los programas de formación del profesorado en lo referente al estudio de la Guerra Civil, la Dictadura y la represión franquista; así como la interrupción de la modificación de los contenidos curriculares para la introducción de temas referentes a esto como indican las leyes memorialista de Andalucía y la del Estado; freno de los trabajos de localización y exhumación en fosas comunes y de identificación genética de restos, … por citar algunos de los numerosos ejemplos que demuestran el desinterés que tiene el Gobierno andaluz por cumplir y hacer cumplir la Ley 02/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Pero centrándonos en el capítulo de acciones de homenaje y recuerdo a las víctimas de la Guerra y la Dictadura, hay que decir que tras la irrupción de los partidos de derechas durante la legislatura pasada en el ejecutivo andaluz estos actos han desaparecido de la agenda política de las diferentes Consejerías a pesar de que en noviembre de 2021 más de 5.000  personas, entre víctimas, familiares y memorialistas denunciaron públicamente en las calles de Sevilla el abandono del Gobierno Andaluz de la citada Ley Andaluza y de las políticas de recuperación de la memoria histórica y democrática.

Durante los días 10 y 20 de noviembre pasados pudimos presenciar directa y personalmente hechos que ni creíamos que pudieran repetirse a estas alturas

Con esto, desaparecieron cualquier rastro de actos oficiales de recuerdo y homenaje a las víctimas, ni tampoco se llevaron a cabo en el ámbito escolar a pesar de que desde la Consejería de Educación dirigida por el socio de Gobierno, Ciudadanos, se dieron las oportunas instrucciones para que se acometieran, cosa que no se acompañó de un seguimiento quedando por tanto en el olvido aquellas instrucciones.

En cambio, si pusieron especial empeño desde la Consejería de Cultura, donde habían retornada unas mutiladas competencias en políticas memorialistas, en cuestionar, dilatar y entorpecer la salida del genocida Queipo de Llano del lugar preeminente con exposición pública que tenía su sepulcro en la Basílica de la Macarena, actuando una vez de forma contradictoria a lo marcado en la ley andaluza de Memoria. Suerte que la posterior intervención del Estado aplicando la recién aprobada ley estatal de Memoria, fue la que consiguió la exhumación de los restos de Queipo y del General Auditor de Guerra Francisco Bohórquez el pasado 3 de noviembre y su posterior traslado a otro lugar.

En esa ambigüedad con respecto al franquismo es donde se ha movido la derecha española desde la Transición hasta nuestros días que siempre se ha traducido en un permanente “blanqueo” de las atrocidades franquistas durante la Guerra y la Dictadura, tolerando cualquier manifestación de exaltación de aquel “glorioso” Movimiento Nacional y de sus victimarios y el desentendimiento absoluto del dolor de las víctimas y sus familiares, incluso obviando las leyes.

Pero con la aprobación entrada en vigor de la nueva ley estatal de Memoria Democrática, la creación de una Secretaría de Estado y de una Fiscalía Especial de Memoria Democrática, ha provocado un cambio radical del escenario. Y en este nuevo contexto, la Coordinadora Andaluza de Memoria Histórica y Democrática (COAND-MHD), la entidad memorialista más importante de Andalucía ha decidido y anunciado que actuará directamente o a través sus entidades federadas ante cualquier incumplimiento de la normativa vigente sobre Memoria Democrática tanto en el ámbito comunitario como en el ámbito estatal.

Por poner un ejemplo reciente, durante los días 10 y 20 de noviembre pasados pudimos presenciar directa y personalmente hechos que ni creíamos que pudieran repetirse a estas alturas y que, como familiares de víctimas del golpe de estado de 1936, de la guerra que provocó y de la posterior dictadura franquista, nos llenó de estupor y de dolor.

En las calles de Madrid asistimos con perplejidad y pudimos ver directamente como un grupo de manifestantes exaltaban las organizaciones que sustentaron la criminal represión de un régimen que asesinó y represalió a personas por el mero hecho de sus ideas a favor de un sistema democrático legítimamente constituido. Luciendo toda la simbología de la Falange, con sus camisas azules, sus himnos y banderas, exaltaban a la organización que en alarde de sus siglas colaboró y ejecutó en toda España el más macabro plan de exterminio de compatriotas.

En el Valle de Cuelgamuros, en la mañana del 20 de noviembre, volvieron a repetirse actos tan dolorosos, en los que los asistentes entonaban el “Cara al sol” con el brazo derecho levantado y extendido a modo de saludo fascista, y en los que hubo discursos de los propios organizadores donde se proclamó que “no hay ley que prohíba ensalzar a los héroes, por eso estamos aquí”. O en la Plaza de Oriente, donde se glorificaba al dictador con “Vivas a Franco”.

No hubo atisbo alguno de que sus organizadores adoptaran medida alguna para para impedirlo o poner fin a su realización, dándole por el contrario la mayor divulgación y publicidad.

Estos actos de exaltación de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura, de enaltecimiento de sus dirigentes y de las organizaciones que participaron activamente en el sistema represivo, sustentando al régimen dictatorial, se hacen en sangrante menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y no hubo atisbo alguno de que sus organizadores adoptaran medida alguna para para impedirlo o poner fin a su realización, dándole por el contrario la mayor divulgación y publicidad.

Lo que supuso a nuestro juicio una clara y reiterada provocación a víctimas y familiares en esa exaltación de los autores y directores de un macabro plan para acabar con un modelo de Estado legitimado en las urnas y que venía garantizando la alternancia democrática en el Gobierno como fue el de la II República Española y con el Gobierno entonces vigente del Frente Popular que salió de las últimas elecciones legislativas de febrero de 1936.

Con estos actos de exaltación se produce una clara muestra de reconocimiento precisamente de los culpables de aquel golpe de estado militar protagonizado por una banda de militares traidores del Ejército de España durante la IIª República y que fue promovido e impulsado por los sectores más retrógrados y conservadores de la sociedad española del momento (en el ámbito social, religioso, militar, político y económico). Una sociedad que previa y recientemente había elegido libertad, democracia, progreso, justicia e igualdad.

Este vergonzante golpe militar fascista se convirtió en uno de los episodios más tristes de la historia reciente de este país que fue, además, apoyado por el nazismo alemán y el fascismo italiano de Mussolini, los cuales utilizaron junto al ejército sublevado de Franco el territorio nacional y su población como banco de pruebas de las técnicas de guerra y de represión que luego fueron utilizadas durante la posterior II Guerra Mundial. Esto es: el autoproclamado “salvador de España” masacrando a sus propios compatriotas.

Así se acabó para décadas posteriores con el sistema democrático, de progreso y de libertades que había alumbrado la aniquilada II República Española. Como también acabó con la vida y la libertad de muchas personas inocentes de España, especialmente y mayoritariamente los más ilustrados o los pertenecientes a los sectores más vulnerables y desfavorecidos: los trabajadores y trabajadoras de este país y sus familias.

Sin olvidar a los que se identificaban con los principios y valores republicanos, ni a las mujeres ni a los que manifestaban una personalidad sexo-afectiva diferente a lo que los represores señalaban como “normalidad”, mal entendida por supuesto. A todos estos le fue aplicado un proceso cruel y desproporcionado de exterminio ideológico exentos de garantías procesales que en la mayoría de los casos se producían de forma extrajudicial, una persecución sistemática por las mismas razones y una política carcelaria brutal en prisiones masificadas o campos de concentración en todo el territorio español en los que entrar solía ser sinónimo de muerte.

120.000 desaparecidos, 300.000 expedientes de responsabilidades políticas, 2.400 fosas comunes, 20.000 muertos en prisiones, 1 millón de personas sometidas a trabajo esclavo en campos de concentración, 60.000 bebés robados a sus padres biológicos, 700.000 exiliados y/o refugiados, depuración de profesionales, apartheid sanitario, incautación de bienes familiares,… fue una parte del triste balance de esta cruel política represiva fascista y cuya mayor responsabilidad recaía en la figura de Francisco Franco.

Pretender en estos tiempos revisar la historia blanqueando estas atrocidades, perpetuando el olvido injusto de sus víctimas, exaltando y homenajeando a sus culpables no solo supone una falta de respeto y de humanidad ante las víctimas de esta brutal represión y sus familias sino que también hace peligrar el derecho de las nuevas generaciones a conocer la verdad de lo que ocurrió durante aquel período y de establecer las oportunas garantías para que nunca se vuelvan a repetir sucesos similares.

Solo aquella tradición que tenga en cuenta la memoria puede aportar una mirada nueva y creativa a los problemas contemporáneos

Se trata sencillamente de reparar el daño causado y hacer justicia con las víctimas que desgraciadamente sufrieron aquella crueldad y que en la mayoría de los casos fueron condenadas también al olvido eterno.

Homenajear a los verdaderos culpables de estas atrocidades o, simplemente, ponerse de perfil ante esos relatos y realidades de las víctimas que comienzan a resurgir no hace más que mutilar la historia reciente de este país desde un revisionismo perverso que obvia el sufrimiento y la dignidad dañada de los que sufrieron directamente la represión franquista.

Porque sólo aquella tradición que tenga en cuenta la memoria puede aportar una mirada nueva y creativa a los problemas contemporáneos, puesto que defiende una justicia que se apoya en esa memoria y rescate a los vencidos siempre ocultos tras el implacable muro de los vencedores.

Recurrir a la memoria no es estar contra el futuro, sino que es una posibilidad de construcción de futuro. El pueblo que olvida o desconoce su pasado está condenado a repetirlo.

“La memoria es una lectura moral del pasado, no sólo quiere contar hechos, sino que busca el sentido de ellos, el sentido que tiene que tener el pasado para nosotros. Por eso mismo, el que recuerda, de alguna manera, se siente interpelado por la responsabilidad de ese pasado.”  (Reyes Mate, 2016).

El concepto de Memoria es algo enigmático que incomoda para algunos porque tiene que ver con lo olvidado. Nos hace ver sobre qué está construido nuestro presente, que hay debajo de él, todo el sufrimiento, todo el sufrimiento anónimo de las víctimas y, en consecuencia, es un concepto molesto.

La memoria se enfrenta a la historia, la historia es el relato oficial, la memoria es, en el fondo, la experiencia de los vencidos.

Así pues, el deber de memoria nos debe hacer repensar todo a la luz de la experiencia de barbarie para evitar que se repita y también para, de alguna manera, hacer justicia a las víctimas del pasado.

Por lo tanto, el deber de memoria no consiste en recordar sino tener en cuenta lo que hemos hecho y qué henos aprendido para que no se repita. Para nada poniendo el énfasis en el victimario y su castigo, sino en la víctima y su reparación. La memoria, por tanto, no debería disgustar a nadie, sino interesar a todos.

Creemos que ésta debe ser objeto de un pacto de Estado, sin discusión, porque lo único que importa ahí es la ética y la verdad.

Por todo eso, mantenerse al margen y desentendiéndose del sufrimiento de las víctimas y de sus familias y de la grave regresión que se provocó con los principios democráticos tras la II República por la irrupción en España de esos militares fascistas, no sería otra cosa que un grave error que cometeríamos como ciudadanos al eludir la responsabilidad de transmitir a las generaciones más jóvenes la verdad de lo que ocurrió durante el golpe militar y la posterior Dictadura, puesto que son ellas las encargadas de preservar la democracia y la libertad en un futuro que les pertenece.

Pero, además, cuando se produce la exaltación pública de los victimarios ante el dolor y el olvido de sus víctimas, como ocurrió, por ejemplo, el pasado 20 de noviembre, nos demuestra que el fanatismo, casi siempre, viene cargado de miseria y con ello, lejos de actuar con una actitud respetuosa y reparadora con el daño sufrido por las víctimas, no persiguen otra cosa que perpetuar un relato preñado de épica pero pervertido por la mano fascista de los represores.

Y este es un problema que debe comprometernos a todos porque en nada contribuye a `paliar el dolor sufrido y lo que no es menos grave, tampoco a la consolidación democrática y de libertades en nuestro país.

Soy de esos que suele reiterar aquel viejo argumento sobre que “el pueblo que desconoce su historia, está condenado a repetirla”.

Es esta la razón por la que es tan importante conocer lo que ocurrió durante la represión franquista en la Guerra Civil y posterior Dictadura como clave para garantizar que nunca vuelvan a repetirse hechos similares. El relato histórico que nos quedó de aquel episodio fue el que heredamos de los que ganaron aquel conflicto bélico y que, por ello, fueron primados durante la Dictadura, los victimarios. Sin embargo, apenas hemos recibido durante años la percepción de los que perdieron, el relato de las víctimas, plagado de sufrimiento y muerte silenciados por la mano represora y carentes de una justicia reparadora.

Alemania es un país que siempre estará marcado por la época de Adolf Hitler, precursor del nacionalcatolicismo, una ideología que llevó a la persecución y asesinato de judíos y otras minorías desde mitad de los años 30 del siglo pasado. Las cifras que manejan los dos principales centros de documentación del Holocausto, el Yad Vasen de Jerusalén y el Museo del Holocausto de Washington, hablan del exterminio de 17´6 millones personas (6 millones de estas, judías).

Casi un siglo después de uno de los mayores crímenes contra la humanidad, el currículo escolar alemán habla de que se debe enseñar convenientemente a los alumnos en los colegios lo terrible de la época de Adolf Hitler, de cómo se forjó el antisemitismo y del papel de los nazis durante la II Guerra Mundial. El conocimiento de la Verdad desde edades tempranas a través de las políticas educativas.

De esta forma, el Decreto de Berlín dice textualmente que “la misión de las escuelas es llevar a los estudiantes a su máximo potencial (…). El objetivo debe ser el desarrollo de personalidades capaces de oponerse decididamente a la ideología nacionalcatolicista y a todas las doctrinas destinadas a la tiranía”. Por eso no es posible que se deje para final de curso o aborde parcialmente un tema como el nazismo. Como, por el contrario, sí ocurre en España con el estudio de la Guerra Civil y la Dictadura franquista en la enseñanza del bloque de contenidos referentes a la historia contemporánea española.

La diferencia es que en Alemania el nazismo perdió la guerra y en España, el franquismo la ganó. Por ello, existen grandes diferencias en cómo se enseña el franquismo en las aulas españolas

Las leyes educativas son diferentes en cada Estado Federado pero en todos hay consenso sobre lo horrible que fue el Holocausto y así se debe enseñar.

Junto al nazismo en las aulas alemanas también se estudian otros totalitarismos como el fascismo italiano y el franquismo español.

La diferencia es que en Alemania el nazismo perdió la guerra y en España, el franquismo la ganó. Por ello, existen grandes diferencias en cómo se enseña el franquismo en las aulas españolas: sus contenidos curriculares actuales suelen ser excesivamente “neutrales” con el franquismo. Lo tratan como una época más y no podemos olvidar que nació de un Golpe de Estado que se dio contra una República votada por el pueblo. Todo esto teniendo en cuenta que es habitual tocar estos temas relegados a finales de curso y obviados por el profesorado. Como se obvia la formación del profesorado en estos temas junto al relato histórico de las víctimas, prevaleciendo el relato de los victimarios que ganaron la guerra.

La educación, por tanto, es importante. Se debe enseñar para recordar que nunca debe volver a ocurrir. Los países que menos memoria histórica tienen son los que poseen una extrema derecha más fuerte.

La izquierda española ha dado varias muestras de que esto lo tiene muy claro con el reciente impulso de normas donde, entre otras cosas, se hace referencia a la enseñanza escolar de la memoria histórica y democrática, así como a las medidas para la formación del profesorado en sus articulados (Ley Andaluza 2/2017 de 28 de marzo de Memoria Histórica y Democrática -Art. 47- y Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática -Art. 44-).

Ambas normas se fundamentan en los principios de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres.

No ocurre lo mismo en la derecha española que habitualmente anuncian su futura derogación cuando les sea posible u obvian sus mandatos legales en las comunidades autónoma donde gobiernan.

Así ocurre con la enseñanza de la memoria histórica y democrática en las aulas escolares públicas andaluzas donde, desde que entró el Partido Popular en el Gobierno Andaluz, apenas se oferta al profesorado formación específica en materia de memoria histórica ni se desarrolla este tema en los contenidos curriculares.

De esta forma, sólo el 0,13 % de los 107.000 profesores andaluces se ha servido de las actividades formativas que los 32 centros que componen el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado ofrecen a través de proyectos de formación.

Sólo 85 certificaciones en los tres cursos de 2019 a 2022, en los que gobierna el PP en Andalucía, han sido expedidas por la participación en grupos de trabajo en este caso a propuesta de profesores con inquietudes en la materia. Las certificaciones de grupos de trabajo en los tres últimos años a propuesta de los propios docentes casi superan las que ofrece la Junta de Andalucía para celebrar cursos y jornadas en materia de Memoria Histórica. Quedando prácticamente excluida esta materia de los planes de formación del profesorado pese a que la ley le obliga.

Se le fueron cerrando puertas a la huida de la derecha de este mandato legal. Ante lo cual, ésta ideó una nueva “tropelía institucional

La Junta, pese a que la Memoria Histórica ha desaparecido de las líneas estratégicas de formación del profesorado de los centros docentes, ofrece casi la misma formación a los profesores que la que estos mismos se proponen en grupos de trabajo de no más de 10 docentes. El director general de Tecnologías Avanzadas y Transformación Educativa reconoció que en los cursos de 2019 a 2022 sólo se han expedido 135 certificaciones individuales de asistencia a cursos de Memoria Histórica y 85 certificaciones también individuales mediante grupos de trabajo en su centro, éstos últimos a petición del interesado ante el correspondiente centro del profesorado.

Debemos recordar que, con motivo del mandato de la Ley Andaluza, en marzo de 2018 se creó un Equipo de Coordinación Pedagógica de Memoria Democrática por varios departamentos de la Junta para la elaboración de recursos didácticos en la materia con el fin de su inclusión transversal en el currículo escolar y que se encargaría de desarrollar el trabajo y de formar el profesorado tal y como se expresaba en aquellas líneas estratégicas de formación de agosto de 2018. Pero con la llegada del PP al gobierno andaluz todo se paralizó.

Con la aprobación de la Ley 20/2022 de 19 de octubre de Memoria Democrática, este mandato legal adquiere rango de normativa estatal. Ésta en el Art. 44.1 dice textualmente que “El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la Memoria Democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura.

A tal efecto, se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para ESO, FP y Bachillerato“.

Así, se le fueron cerrando puertas a la huida de la derecha de este mandato legal. Ante lo cual, ésta ideó una nueva “tropelía institucional” que supone un golpe a la autonomía pedagógica de los centros escolares públicos andaluces y ataques a la libertad de expresión y de cátedra en éstos.

El pasado 19 de enero de 2023, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a través de sus Delegaciones Territoriales, traslada una circular a los directores de centros escolares públicos andaluces en la que les advierte que ante las peticiones de visitas a los centros docentes públicos por entidades y personalidades públicas o privadas ajenos a la Consejería, tendrán que ser comunicadas por las direcciones de los centros, siempre que sea posible, con suficiente antelación a las Delegaciones Territoriales.

Desde el mismo momento de la comunicación, la organización de la visita, como el contacto con la entidad o personalidades que la realizan se llevará a cabo desde las Delegaciones Territoriales que establecerán las directrices oportunas y trabajarán de forma coordinada con las direcciones de los centros docentes públicos. Advirtiéndoles entre otras cosas que en ningún caso se podrán realizar visitas a las aulas, salvo que estén enmarcadas en actividades de carácter pedagógico previamente autorizadas por el Consejo Escolar del Centro.

Cambios legales

Volverá a ser el Gobierno de España, como ya viene ocurriendo con las exhumaciones de fosas comunes quien tendrá que darle salida a esta situación ante la inacción del PP en las comunidades donde gobierna, entre las que se encuentra Andalucía.

Así, ya se han hecho los cambios legales pertinentes para que la Memoria Democrática entre en la escuela. La aprobación de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, en cuyo articulado (art. 26), respecto a lo referido en líneas anteriores, se hace referencia a la autonomía pedagógica de los centros.

Y el R.D. 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato, en las competencias específicas de la materia sobre Historia de España, se hace referencia a la IIª República, a sus grandes cambios estructurales y a la transformación democrática. Y, por otro lado, se hace referencia al Golpe de Estado contra esta y que dio paso a la Guerra Civil y posterior dictadura franquista, equiparándola a otros sistemas autoritarios y totalitarios que utilizó la represión y motivó la resistencia y el exilio.

Además, este Real Decreto incorpora entre estas materias específicas la Memoria Democrática y el reconocimiento de las acciones y movimientos en favor de la libertad en la Historia contemporánea de España, la conciencia de los hechos traumáticos y dolorosos del pasado y el deber de no repetirlos. Así como el reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas y el conocimiento de los Lugares de Memoria.

Por último, en su Artículo 26 también hace referencia a la Autonomía Pedagógica de los Centros.

Tras la llegada de la derecha al poder en Andalucía, con los apoyos de la ultraderecha y con sus exigencias a cambio, era de prever que la subsistencia de las políticas de recuperación de Memoria Histórica corrieran un serio peligro.

De hecho, desde los primeros momentos de la actual legislatura ya se vieron muestras de que esto ocurriría cuando un Decreto sobre simbología y actos contrarios a la Memoria que había completado toda su tramitación parlamentaria fue olvidado por la Consejería competente con la falsa promesa de que sería sustituido por una Orden cuya tramitación y puesta en marcha sería más rápida que la del propio Decreto.

Al final de la actual legislatura no existe ni Orden ni Decreto que regule estos asuntos. El Comité de Expertos que debe resolver los diferentes casos, fue creado el 27 de julio de 2020 pero aún no se conocen sus integrantes.

En consecuencia, aún se mantienen en Andalucía numerosos vestigios franquistas destacando las sepulturas con exposición pública en la Basílica de la Macarena del genocida Queipo de Llano o del auditor de guerra, el sanguinario Francisco Bohórquez.

Pero también se están produciendo regresiones en el callejero de muchas de nuestras ciudades y pueblos (Córdoba o, más recientemente, El Puerto de Santa María) a nomenclaturas franquistas.

Todo ello ha venido acompañado por una permanente revisión del relato sobre aquel periodo de la historia reciente de España que, en contra de lo que indica la Ley 02/07 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía y las Resoluciones de Derechos Humanos de los organismos internacionales, se está llevando a cabo sin la necesaria formación de su profesorado ni la inclusión en los contenidos curriculares de educación secundaria del estudio de la II República Española, la Guerra Civil y la Dictadura franquista.

Manteniéndose así un imperecedero relato histórico pervertido por la mano de los represores.

Justicia invertida

Nada se ha hecho por la revisión de las sentencias condenatorias de los Consejos de Guerra perdurando hoy día las consecuencias de aquella justicia invertida que castigó a quienes defendieron la legalidad vigente y encumbró a los que la agredieron tras el Golpe de Estado contra la IIª República y sus instituciones democráticas.

Por lo demás, la derecha española jamás ha reconocido a las víctimas del franquismo que sufrieron aquel episodio histórico como ha venido demostrando el Gobierno Andaluz durante la presente legislatura. Por ejemplo, no celebrando ningún acto oficial de homenaje y recuerdo de éstas en la fecha que la Ley Andaluza de Memoria establece como oficial para esta conmemoración.

A finales de la legislatura pasada, en noviembre de 2018, el Gobierno Andaluz aprobó, con una dotación presupuestaria de 9.492.000€, el I Plan Andaluz Cuatrienal de Memoria Democrática (2018-2022). Sin embargo, el desarrollo que este ha tenido durante la vigente legislatura ha sufrido año tras año una reducción de aquellas previsiones presupuestarias en torno al 50%.

Además de recortar a la mitad lo presupuestado, el Gobierno Andaluz sólo ejecutó en el último ejercicio el 15´38% (el 4´48% en intervenciones en fosas del franquismo), lo que viene a constatar que el desmantelamiento de las políticas públicas de memoria histórica en Andalucía también se está produciendo a través de su inanición presupuestaria.

Esto conduce a la escasez de intervenciones financiadas por la Junta de Andalucía para la exhumación de cuerpos en las fosas del franquismo y en la reparación de la memoria de sus víctimas.

Con este fin, la Junta de Andalucía sólo ha aportado fondos directamente en los trabajos en la fosa de “Pico Rja” del Cementerio de Sevilla. No ha tenido otras actuaciones directas y sus participaciones se han limitado a cumplir sus competencias de autorizar y anunciar intervenciones promovidas por ayuntamientos o Diputaciones pero financiadas por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática a través de convocatorias de la FEMP.

En definitiva, el Gobierno de España entre 2020 y 2021 ya había invertido en trabajos de exhumación de fosas un 35% más que todo lo presupuestado (que no ejecutado) por el Gobierno Andaluz para tal fin en toda la Legislatura.

Dignificación de las víctimas

A estas evidencias se suman otros incumplimientos de la Ley 02/17 de Andalucía por parte del Gobierno Andaluz y en lo referente al Banco de ADN y al Censo Oficial de Víctimas, a la ausencia de convocatorias de ayudas públicas a entidades memorialistas sin ánimo de lucro para el estudio y la investigación, a los proyectos de monumentalización, al Mapa de fosas, al Instituto Andaluz de la Memoria, …

Demostrándose así que el Ejecutivo Andaluz no incluye ni en su agenda política ni de gobernanza actuaciones orientadas al conocimiento de lo ocurrido durante la represión franquista en nuestra tierra ni a la dignificación de sus víctimas. Manteniéndose así al margen de los principios fundamentales del Derecho Internacional de protección a los Derechos Humanos como son los de Verdad, Justicia, Reparación y Deber de Memoria.

Junto a todo esto habría que añadir el anuncio del Gobierno Andaluz de pretender derogar la Ley Andaluza de Memoria Histórica y Democrática y su sustitución por una “Ley de Concordia”. Pretensión concretada hasta en tres ocasiones a través de iniciativas de la ultraderecha en el Parlamento de Andalucía que no prosperaron por haberse salido del guión preestablecido por el conjunto de las derechas con representación parlamentaria en Andalucía, dijeron.

En definitiva, la derecha española debe dejar claro definitivamente cuál es su posición respecto al franquismo y sus víctimas, así como con los planteamientos respecto al fascismo de gran parte de la derecha europea actual.

Por tanto, urge que aclare indubitadamente sobre qué bases se asienta su supuesta identidad democrática mientras no se desvincule definitivamente del franquismo y abrace esos principios de protección internacional de los derechos humanos de las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

En los recientes acuerdos de gobierno entre las derechas en Castilla y León se han comprometido a revisar las normas que regulan en esa Comunidad las políticas de Memoria Histórica desde el revisionismo histórico y la equidistancia entre la víctima y el represor. Esperemos que en Andalucía este próximo verano no tengamos que lamentar ni una cosa ni la otra. Aunque el desmantelamiento de las políticas públicas de Memoria Histórica y Democrática haya comenzado ya.

A pesar de las brutales atrocidades y la magnitud que consiguió alcanzar la represión franquista durante la Guerra Civil y la Dictadura, la derecha española jamás ha tenido el menor interés en implementar políticas públicas que faciliten el conocimiento de lo que ocurrió con sus víctimas, con la reparación de la memoria de éstas o en impulsar medidas para garantizar las condiciones que eviten que se vuelvan a repetir episodios similares a los ocurridos en aquella oscura etapa de nuestra historia reciente.

Una circunstancia extraña si tenemos en cuenta cómo actuó y sigue actuando la derecha en aquellos países europeos que también sufrió los efectos del fascismo.

Una represión y una Dictadura a la que había dado paso un levantamiento de militares fascistas de una parte del Ejército español que, traicionando los elementales principios de lealtad con el propio ejército y con su país, diseñó, dirigió y ejecutó una sublevación que contó con la “bendición” de los sectores más conservadores de la Iglesia y, desde sus orígenes, con la financiación de los más poderosos oligopolios de nuestro país.

Todo aquello condujo inexorablemente a destruir un modelo de Estado democrático y de Derecho, el de la IIª República Española, sustituyéndose por un régimen militar, oligárquico y fascista que benefició a muy pocos a costa del sacrificio y el sufrimiento de muchos. Arrebatándole el futuro del país a la ciudadanía y dejándose en manos de los nuevos jerarcas fascistas, crueles y ultraconservadores que nos había traído el Golpe Militar en su cruzada pseudo-evangelizadora de “salvación nacional”. 

Ciertamente, cuesta trabajo entender las razones por las que en pleno siglo XXI y en el marco de lo que hoy es España a nivel interno y en el de su integración plena en la comunidad internacional y sus organismos, los partidos de la derecha española tengan dificultades y complejos para romper con aquella Dictadura condenando sus excesos como demuestran una y otra vez con su boicot permanente a las políticas públicas para la recuperación de la memoria histórica y democrática.

Excesos de una Dictadura que alcanzaron tal calibre que justifican suficientemente la necesidad de conocer lo que realmente ocurrió, la reparación de la memoria de sus víctimas y la condena de sus culpables. Ni siquiera un abordaje equidistante de la cuestión sería justo. Mucho menos aún un silencio cómplice o su justificación.

Represión económica

Fueron 120.000 los desaparecidos, miles de presos y torturados, 700.000 presos esclavos en campos de concentración, 2.400 fosas comunes, hambruna y enfermedades en la población, 60.000 bebés robados a sus padres biológicos, persecución y represión por razones sexo-afectivas, apartheid sanitario, depuración de profesionales (especialmente maestros y médicos), 80.000 exiliados, persecución y exterminio ideológico, … fue parte del atroz balance represor franquista y que no ha sido capaz de despertar en la actual derecha española la menor sensibilidad por el dolor ajeno.

Quizás sea porque aún sobreviven muchos vínculos familiares, políticos, ideológicos y económicos entre esta derecha de hoy y aquella de la cruel Dictadura fascista del franquismo. 

A pesar de que una parte de esta barbarie vino “avalada” por Bandos de Guerra o por sentencias condenatorias de fingidos Consejos de Guerras en Tribunales Militares, el objetivo principal era la intimidación y el sometimiento de la población mientras se edificaba una estructura de poder político, militar y económico del que se beneficiaron principalmente los golpistas y sus principales cómplices e instigadores: la oligarquía franquista.

Además, el Poder Judicial durante la Dictadura adaptó el modelo opresor y los objetivos de la Justicia Militar con el propósito de seguir controlando la población para sofocar cualquier intento de revuelta popular contraria a la implantación del nuevo modelo fascista.

Pero si todo lo dicho no fuera suficiente, las víctimas también sufrieron una represión económica que dejó a sus familias en el abandono de la más absoluta miseria. Ya fuera a través de la incautación de sus bienes durante los primeros momentos del Golpe Militar, ya fuera en ejecución de sentencias condenatorias de los Tribunales de Excepción en aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas a la finalización de la Guerra (desde 1939 hasta 1945 se aplicaron 300.000 sentencias condenatorias en toda España, a muchos de ellos ya previamente asesinados). 

Una maquinaria represiva que se completó con una red de 296 campos de concentración y trabajos forzados repartidos por toda la geografía española y por los que, para evitar la muerte, las inhumanas cárceles del franquismo o para redimir penas, pasaron 700.000 presos sometidos a trabajos forzados en régimen de esclavitud, hacinados, hambrientos, torturados y que, para colmo de males, también sufrieron como consecuencia de todo esto los efectos psicopatológicos del llamado “síndrome de la alambrada de púas” que tan bien describió Víktor Frankl, psiquiatra y prisionero de Auschwitz durante el holocausto nazi. Aun así, 10.000 presos fueron asesinados en los campos de concentración franquistas.

Esta mano de obra gratis sirvió a la reconstrucción de las infraestructuras del país mermadas tras la guerra, y a la Iglesia. Pero también para apuntalar el indigno enriquecimiento de grandes fortunas que, de alguna manera, habían participado como cómplices en un golpe militar que instauró una Dictadura de la que se sirvieron para consolidar su inmenso poder económico. Esta implicación en la sublevación militar y en la represión que trajo consigo es en la actualidad objeto de investigación judicial en Argentina en la instrucción de la Causa 4591/2010 contra los crímenes franquistas y las agresiones a los Derechos Humanos de sus víctimas.

Mano de obra gratis

De las entidades que solicitaron esta mano de obra esclava y gratuita el 33´3´% de los penados fueron utilizados para atender las demandas planteadas por organismos e instituciones oficiales, el 12´2% las de la Iglesia, el 8´8% las del Ministerio del Ejercito, el 2´2 % las Fundaciones “benéficas” y el resto, el 54´4%, las de empresas privadas.

Esta concesión de mano de obra gratis unido a numerosos y suculentos contratos de obra pública facilitó el crecimiento de sus imperios económicos. La oligarquía franquista cogía forma y comenzaba a nutrirse rentabilizando sus grotescas “inversiones” para implantar un modelo totalitario y fascista del que se sirvió económicamente.

Debe resultar, por lo tanto, muy incómodo para la derecha española el conocimiento de lo que ocurrió durante la represión franquista y la búsqueda de garantías para que nada igual se vuelva a repetir como les reclaman cuando gobiernan desde diferentes organismos internacionales en cumplimiento del Derecho Internacional de protección a los Derechos Humanos. Al tiempo que debe resultarles muy interesante la continuidad de un modelo consolidado ventajoso con sus intereses económicos.

Así pues, aún resoplan de añoranza por el dictador en muchas salas o cantinas de oficiales en demasiados cuartes españoles; muchos altos cargos de la Dictadura continuaron en las Instituciones democráticas y en los puestos de alta Dirección de aquellas grandes empresas o sus herederas, a la muerte del dictador.

Por otro lado, los vínculos con la judicatura fueron tan fuertes que ésta boicoteó muchos intentos de reforma política democrática tras la Dictadura. No en vano, durante décadas los jueces y magistrados juraban sus cargos al tiempo que su lealtad a los principios del “glorioso” Movimiento Nacional.

Oligarquía franquista

Y la propia Jefatura del Estado sigue ocupada a pesar de sus escandalosos devaneos por la misma dinastía familiar que eligió el dictador.

Así las cosas, hemos llegado a la democracia actual con unos vínculos muy aquilatados entre la derecha y la Corona como máxima autoridad del Estado, con el poder económico y con un Poder Judicial necesitado de una profunda renovación y regeneración. Pero con la muerte del dictador y tras la Ley de Reforma Política, con la llegada de la democracia habían perdido la exclusividad en el ejercicio de otros pilares del Estado como son el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

Aunque no del todo, se había difuminado aquel control absoluto de un modelo de Estado muy generoso con los intereses económicos de aquella siempre poderosa oligarquía franquista que ni siquiera había muerto con el dictador.

Para recuperar lo que se habían dejado en el camino hacia la democracia sólo bastaba un partido político conservador, de ámbito nacional, un partido de gobierno que se prestase a anteponer la defensa de aquellos intereses económicos a los intereses generales de la ciudadanía en su conjunto. Y de eso se ocupó el luego destacado como Presidente Fundador de ese partido, máximo exponente de la derecha parlamentaria española, y cuyo referido Fundador había sido Ministro durante la Dictadura franquista y firmado numerosas sentencias de muerte.

Así se garantizaba la perpetuidad de un sistema que para esa oligarquía franquista ni había que revisar y ni mucho menos desmantelar. Con el que existe en la actualidad le sigue yendo muy bien… como siempre.

Nuestra añorada Almudena Grandes dejó escrita esta sabia reflexión, como corresponde a su genialidad: “La derecha piensa que España les pertenece y que los demás somos unos realquilados”.

Escribió el filósofo Reyes Mate refiriéndose al Holocausto nazi: “No nacemos inocentes. Cada generación tiene una responsabilidad heredada. Sobre nosotros, los nacidos tras Auschwitz, pesa el deber de memoria, que no es acordarse de lo mal que lo pasaron los judíos en los campos de exterminio sino es la obligación de reflexionar sobre la historia política europea que llevó a la catástrofe”.

Basta con hacer un análisis retrospectivo sobre lo que ha sido la historia reciente europea y, en concreto, la de España durante el siglo pasado y lo que llevamos del actual, para poder comprobar cómo durante este período histórico se han ido sucediendo de manera cíclica etapas donde se han ido produciendo grandes avances en la consecución de derechos y libertades individuales y colectivas con otras donde una involución regresiva de éstos han socavado radicalmente los pilares y valores democráticos comunitarios.

La II República Española, a través de la Constitución de 1931, impulsó multitud de derechos fundamentales y libertades que sirvieron para consolidar la estabilidad democrática de los españoles y las españolas convirtiéndose en un claro ejemplo de lo que vino a ser una de esas etapas de prosperidad democrática. 

En cambio, el Golpe Militar del 36, promovido y ejecutado por los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad española del momento y la posterior dictadura franquista, cercenaron todos los logros sociales y políticos conseguidos durante la anterior etapa democrática republicana. Y, por ende, la persecución y la eliminación sistemática de todo aquel que siguió defendiendo aquellos valores democráticos que el nuevo régimen no permitió.

Gran parte de la ciudadanía de nuestro país asiste perpleja al resurgir del neofascismo/neofranquismo en las instituciones públicas democráticas desde donde proclaman exaltaciones de los protagonistas de aquel golpe militar y de la dictadura.

Han pasado más de 80 años de aquello y, tras haberse recuperado aquellas libertades y derechos fundamentales con la aprobación de la Constitución del 78, gran parte de la ciudadanía de nuestro país asiste perpleja al resurgir del neofascismo/neofranquismo en las instituciones públicas democráticas desde donde proclaman exaltaciones de los protagonistas de aquel golpe militar y de la dictadura.

Al tiempo, realizan un revisionismo torticero de ese periodo de la historia reciente de España, obviando a su vez el relato de la víctima de la represión franquista. Deslegitiman de manera sistemática los resultados electorales cuando le son adversos y cuestionan permanentemente las instituciones democráticas españolas de las que paradójicamente se nutren y participan.

Además, con la profusión de un modelo económico global neoliberal, hace años que los españoles y las españolas asistimos a un proceso erosivo de nuestro llamado “Estado del Bienestar” a través de un continuado deterioro de los servicios públicos y derechos colectivos ya consolidados desde hace años, o a la pérdida de libertades colectivas e individuales con la aprobación de leyes bajo el pretexto de la seguridad para la ciudadanía.

Esta alternancia cíclica de claroscuros, de periodos de avances en la consecución de derechos fundamentales y de libertades para la ciudadanía con otras etapas de involución, nos debe hacer llegar a la conclusión de que la Libertad, los Derechos y la Democracia no son algo que se consiga de una manera definitiva, sino que requieren de una defensa y un cuidado permanente, que debe de partir de ese deber de recordar lo que cuesta avanzar y lo fácil que resulta perderlo todo por el camino.

Un Deber de Memoria Democrática que nos asegure conocer y transmitir el valor de la defensa y la reivindicación de los valores y principios democráticos, hasta el punto de que se convierta en una garantía y un compromiso de futuro que no permita la involución a posiciones anteriores de absoluto déficit democrático.

Estamos en la obligación de saldar una deuda con éstas, porque aprender de nuestra Historia nos evitará caer en la tentación de volver a cometer los errores del pasado

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado el pasado 15 de Septiembre en Consejo de Ministros, y que en breve comenzará su tramitación parlamentaria, reconoce en su primer artículo como primera finalidad de ésta a “... la recuperación, la salvaguarda y la difusión de la memoria democrática, como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España”.  

Y esto se plantea con la finalidad “... de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales”.

La aprobación y aplicación de esta Ley, de producirse en los términos planteados en su anteproyecto, supondrá un hito en la consolidación democrática de nuestro país. No debemos renunciar a esta oportunidad. Motivos tenemos para ello sin la necesidad de escarmentar por cabeza ajena.

Como españoles y españolas nos lo merecemos y a las generaciones futuras se lo debemos. Estamos en la obligación de saldar una deuda con éstas, porque aprender de nuestra Historia nos evitará caer en la tentación de volver a cometer los errores del pasado: el Deber de la Memoria como garantía de No Repetición.

Porque la Memoria Democrática no sólo debe reivindicarse como una manera de conocer nuestro pasado colectivo. Ni tampoco como un proceso para revisar nuestro presente. Sino como la mejor fórmula de construir el futuro de un país sobre la base de unos valores y principios democráticos sólidamente consolidados.

Hagámoslo posible. Seguro que nos vendrá bien.