En el momento en que los representantes del Gobierno de Colombia firmaron el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), a finales de 2016, Enith Moreno salió a la luz. Había estado un tercio de su vida en la clandestinidad. “En aquel momento el movimiento guerrillero estaba en auge, todo el mundo quería ser guerrillero, era la oportunidad de cambiar las cosas”, cuenta a elDiario.es desde su casa de Medellín.

Enith es una de los muchos de los combatientes que se alistaron siendo adolescentes mientras otros tantos fueron reclutados por la guerrilla.

En ese momento, la familia de origen campesino de Enith vivía en la región antioqueña de Urabá, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado. Junto a ella, dos de sus hermanos participaron en la organización guerrillera. Según cuenta Enith, con cinco años ya observaba cómo su padre llevaba comida a los combatientes de las FARC en el monte y presenciaba reuniones en casa a altas horas de la noche. Pero no fue hasta 1984 cuando dio el paso y entró a formar parte de la organización. 

Por más de 15 años, Enith vivió “internada en el monte”, alimentándose a base de cuchuco, una sopa de maíz molido y una colada de harina de trigo con sal. La rutina diaria de una combatiente como ella se basaba en “hacer guardia de día y de noche”, control del territorio y del campamento, aportar leña y “estudiar” el reglamento de la organización y las noticias del día. 

En el año 2000, abandonó las FARC por problemas de salud. A partir de ahí ella, sus dos hijos y su pareja “se inventaron la vida” trabajando de lo que podían, sobre todo labores del campo. “Fue una etapa muy difícil. No teníamos ni ropa, ni casa, ni dinero”, cuenta.

Se desplazaron por el territorio colombiano escondiéndose del paramilitarismo y huyendo de la violencia. “Tampoco podíamos volver al lugar donde nacimos, porque allí todos sabían el camino que habíamos cogido y eso suponía una sentencia de muerte. Así que fuimos moviéndonos por Colombia. Nos manteníamos silenciosos, trabajando en el campo con algunas familias que nos acogían y nos daban trabajo, intentando pasar desapercibidos”.

Aun con todas las precauciones no evitó que se cumpliera el peor de sus temores, “un día, en una de las fincas, los paramilitares mataron al padre de mis hijos”, dice.

Las conversaciones entre las FARC y el Gobierno significaron un cambio drástico para ella y otros compañeros que vivían en la clandestinidad o que aún seguían en la organización guerrillera. Entre ellos están quienes siguen extrañando aspectos de la vida antigua y otros, como Enith, que a veces se preguntan si fue una buena decisión entregar “sus mejores años de vida” a la causa. “Las decisiones que se toman cuando una es tan joven a veces no son las mejores”, reflexiona.

La paz y el camino de la reincorporación

Uno de los grandes temas que se discutieron en La Habana, donde tuvieron lugar las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), fue cómo garantizar que los excombatientes pudieran sostenerse económicamente. Este era uno de los puntos fundamentales para que los desmovilizados se mantuvieran en la legalidad.

Para ello, el Acuerdo dispuso una renta básica por dos años, un pago único de dos millones de pesos y la puesta en marcha del componente educativo, salud, vinculación social e institucional y proyectos productivos colectivos e individuales. 

Una vez firmado el acuerdo, parte de las FARC acudió a las “Zonas Veredales”, unos espacios de transición donde se inició el proceso de abandono de las armas. Después, el primer paso, fue la acreditación de pertenencia por parte de la organización. Con una lista de unos 13.997 excombatientes comenzó el camino de la reincorporación de los exguerrilleros y se inició el proceso hacia la legalidad.

Sin embargo, la organización no acreditó la identidad de algunos exguerrilleros debido a conflictos internos. Son personas que, al no estar acreditados, ni recibir el aval por parte de las FARC, no tienen acceso a ayudas por parte del Estado.

Según Andrés Steppar, director de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), el 91% de los excombatientes, unas 13.200 personas, están en proceso de reincorporación. El resto se encuentra en paradero desconocido. De esa población, la mayoría recibe una asignación mensual que supone el 90% del salario mínimo vigente, unos 195 euros. 

De las armas a los proyectos productivos

María Páez alias Maricela, de 36 años, vive en el Espacio Territorial Antonio Nariño, a 134 kilómetros de Bogotá, junto con otras 200 personas entre excombatientes, amigos y familiares. Es uno de los 24 espacios donde viven alrededor de 2.500 exguerrilleros se encuentran asentados en las zonas donde antes operaba la organización. Actualmente, en estos lugares se produce café, cerveza artesanal, pescados, carnes, verduras y frutas. 

Ella pertenece a la cooperativa Tejiendo Paz donde víctimas y excombatientes confeccionan ropa. Hace poco lanzaron su propia marca: Avanza. “Cuando llegué aquí no sabía coser. Nos dieron formación y nos donaron una Singer [nombre de la marca de una maquina de coser], así es como empezamos a hacer las primeras prendas”, dice Maricela que al igual que Enith se unió a las FARC con 14 años.

Cuando se firmó el Acuerdo, Maricela seguía en las FARC. De un día para otro su vida cambió. Si bien aclara que ahora está centrada en su hijo Julien y en sacar adelante el proyecto de ropa, a veces echa de menos “el sentido de unión y colectividad que había en la organización”.

La participación política y la promoción de la vida comunitaria fueron algunos de los objetivos de la guerrilla en La Habana. En el marco del Acuerdo fue creada la red de Economías Sociales del Común (Ecomún), con el objetivo es construir economías solidarias en Colombia. 

Hasta mediados de año, la agencia para la reincorporación había aprobado más de 3.000 proyectos productivos que benefician a la mitad de los excombatientes. Pero, según la información obtenida, muchos aún no son sostenibles y no cubren las necesidades vitales de los excombatientes.

“Nos encontramos con muchas trabas burocráticas para que se pudiera aprobar nuestro proyecto, además, el Estado aún no ha desembolsado la parte que le corresponde. Tenemos contratos cortos, la producción aún es muy limitada”, cuenta Maricela. 

Este es uno de los puntos que la Fundación Ideas para la Paz señaló como preocupante. “La disonancia entre los tiempos del Acuerdo y los tiempos de la realidad”. La falta de definición presupuestaria, la dilatación de los procesos o la falta de seguridad de los excombatientes son aspectos que muestran una gestión deficitaria.

Para varios de ellos, vivir en un antiguo espacios de reincorporación es más seguro que hacerlo en resguardos indígenas, comunidades afrodescendientes o zonas rurales donde habitan cientos de excombatientes. Éstas son áreas, aún hoy, marcadas por la presencia de grupos armados, redes de narcotráfico y una fuerte militarización.

Desde la firma del Acuerdo hasta la fecha, 285 excombatientes han sido asesinados, en un contexto de aumento de la violencia que tuvo como resultado 1.229 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados, según Indepaz.

Para el senador Iván Cepeda, experto en negociaciones de paz y en derechos de las víctimas, la gestión de Duque está más próxima a soterrar el Acuerdo que a su cumplimiento. “Lo que hay es una retórica de preocupación pero no acciones concretas que apunten a una implementación de forma integral y satisfactoria”, sostiene en diálogo con elDiario.es

La segunda vida de Enith

Enith tuvo que esperar 16 años hasta la firma del Acuerdo para empezar de nuevo. En el 2017 se mudó a Medellín para iniciar el proceso de reincorporación. Al principio lo vivió con alegría, “muchos de los que habíamos estado en la zozobra de una guerra que parecía no tener fin, empezamos a encontrarnos”, cuenta.

Fundó el Mercado de Mujeres Construyendo Paz donde venden, gracias al apoyo de la ONU, productos como café, cerveza y otros alimentos que producen otros exguerrilleros. Sobrevive con la asignación mensual para excombatientes, que apenas le alcanza para vivir. “Si ese mes pago los servicios y el alquiler, la canasta se me queda muy ajustada”, dice.

Su sueño es poder ser trabajadora comunitaria y aportar cada día a la sociedad colombiana. De momento, está sacando un emprendimiento con otras mujeres ex integrantes: Mujeres Origen.

La historia de Enith, como la de muchos, está marcada por la guerra. Enith es parte y víctima del conflicto armado que mató a la mitad de su familia. Pero también, es una historia de resiliencia y de entrega.

“En una finquita en Urabá donde nacimos 11 hermanos a la antigua, surgió esta mujer, con una historia llena de encrucijadas dolorosas, alegrías y aprendizajes, que acompañaron estos largos 50 años. A pesar de las dificultades y los asesinatos de nuestros compañeros, seguimos apostándole a la paz y a la reconciliación en Colombia”, sintetiza.

“No somos ni de derechas ni de izquierdas, somos los de abajo y vamos a por los de arriba”, dice un graffiti en las calles de Bogotá. Una frase que, para muchos, sintetiza el clima de las protestas que llevan diez días reclamando cambios en la economía, la reforma de la policía y el cumplimiento del Acuerdo de Paz firmado con las FARC-EP. Organizaciones no gubernamentales, mandatarios y organismos internacionales se han manifestado estos días pidiendo el cese de la represión de las movilizaciones, que ya han dejado al menos 24 muertos, miles de heridos, casos de violencia sexual y desaparecidos.

Para entender qué hay detrás de las protestas, elDiario.es ha hablado con el senador Iván Cepeda, referente en la defensa de la paz y los derechos humanos en el país. Cepeda es co-presidente de la Comisión de Paz del Senado colombiano, facilitador de las conversaciones de paz entre el Gobierno y las FARC y fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, una de las organizaciones de víctimas más influyentes del país sudamericano. 

El pueblo colombiano lleva movilizándose diez días consecutivos. El detonante de estas protestas fue una nueva reforma tributaria. ¿Por qué desató tanta polémica?

Fue una sumatoria de factores. Todo empieza en el 2019 cuando se aprobó una reforma tributaria muy regresiva que creaba importantes exenciones a los grandes capitales y cargaba de impuestos a las capas medias y sectores vulnerables. Esto despertó indignación y hubo fuertes movilizaciones en contra de la asfixia que suponía la reforma, pero también porque, no solo la población tenía que hacerse cargo de los impuestos sino que además ese dinero terminaría yendo a la corrupción, al ámbito financiero y a pagar la deuda externa. 

Para aplacar las protestas de 2019, el presidente Duque llamó a una “conversación nacional”, que en realidad era una estrategia para dividir y apaciguar la movilización. En ese momento llegó la pandemia, todo el mundo se confinó y vino el descalabro económico: desempleo del 15%, destrucción de la economía informal, más de un 40% de la población en la pobreza y el cierre de pequeñas empresas. A esto se suma la lenta vacunación, la profundización de la desigualdad durante la pandemia, y que el Gobierno, siguiendo al ex-presidente Uribe, del Partido Centro Democrático, de extrema derecha, que es el partido del Gobierno, ha decidido atacar el Acuerdo de Paz, lo que aumentado la violencia en muchas zonas rurales. 

Esa sumatoria de problemas hizo que, cuando se presentó la nueva reforma tributaria que es todavía más regresiva, porque ataca la economía básica de los hogares —que son los alimentos—  y les pone un impuesto de valor agregado a la papa, a la carne, a los huevos, a la leche, esto detona la indignación de la ciudadanía y por eso, desde el 28 de abril hasta ahora, cada vez las movilizaciones son más grandes.

¿Cómo ha reaccionado el presidente Iván Duque ante la movilización ciudadana?

El Gobierno creyó que lo iba a resolver con los mismos métodos de siempre, profundizando la represión violenta, un modelo que se ha ido extendiendo por la región latinoamericana y que considera las protestas como actos terroristas urbanos o como actos vandálicos. Entonces, la violencia que han desatado algunos sectores de la delincuencia común y la propia violencia que puede ser inducida por las fuerzas policiales encubiertas, se intenta homologar a la movilización ciudadana, lo cual es una fórmula terrible, es echarle gasolina al fuego. La gente no está para soluciones tibias, cuando alguien sale a la calle, en medio del tercer pico de la pandemia, y se moviliza en grandes aglomeraciones públicas es porque está desesperado, es decir, porque la indignación es tal, que ni siquiera la pandemia lo frena. 

Ni siquiera la retirada de la reforma tributaria ni la renuncia del Ministro de Hacienda, cerebro de la reforma, fueron suficientes. ¿Qué está pidiendo la población?

El retiro de la reforma no resuelve el problema, porque retirarla es no seguir asfixiando, pero lo que la gente quiere es una renta básica, quiere tener un ingreso. Ya no basta con que no la sigan estrangulando con impuestos, necesita que haya algún tipo de solución y eso es lo que el Gobierno no está ofreciendo. Ahora ha propuesto un nuevo diálogo. El temor que tenemos es que sea lo mismo de antes, una nueva sentada para hablar eternamente y por separado de asuntos que no van a tener una repercusión en medidas concretas mientras se prepara el nuevo proyecto de reforma tributaria y mientras la policía sigue atacando a los jóvenes en las calles. 

Uno de los reclamos de las manifestaciones tiene que ver con reformar la policía y desmantelar el Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia (ESMAD), que ha dejado hasta ahora, al menos 24 muertos, miles de heridos y otros abusos. ¿Por qué se da este nivel de represión?

El problema es que, a diferencia de otros comportamientos policiales que son violentos y brutales, en Colombia, por efectos del conflicto armado, desde hace décadas la policía no es un cuerpo de seguridad cívica sino que es un cuerpo militarizado. Participa en operaciones bélicas y ha participado en lo que se ha llamado la guerra contra el narcotráfico. Entonces, la policía emplea métodos que a veces traslada de la confrontación armada al control de la protesta pública y estos son hechos muy graves. 

Existen registros de cómo hombres, aparentemente civiles, dispararon a algunos manifestantes durante las protestas, ¿quién está detrás de estos sucesos?

En algunos casos se ha visto que fue la misma policía vestida de civil la que cometió acciones vandálicas e ilegales. Pero también, algunos pueden ser civiles, armados por la propia policía; lo que supone volver a lo que en Colombia se ha conocido como el paramilitarismo, que se dio desde la década del 90 hasta principios de este siglo impulsado por el expresidente Álvaro Uribe. Él implementó un modelo de seguridad que consistía en que los ciudadanos podían crear cooperativas de seguridad a las que se les otorgó licencia para portar armas. Esto dio lugar a la conformación de un ejército paramilitar que fue el responsable de asolar regiones enteras. 

¿Lo que estamos viendo en Colombia apunta a una vuelta de este tipo violencia?

El temor es que con el pretexto de que las movilizaciones están salidas de madre y que hay actos de vandalismo, se proceda a armar a los civiles nuevamente. Esto lo hemos estado viendo en algunas partes de Colombia. Por ejemplo, en la ciudad de Cali, aparecieron unos señores descendiendo de un camión que era de la policía y empezaron a  disparar contra unos manifestantes. Comienzan a verse este tipo de situaciones, por lo que en relación a  este tema, cualquier precaución y denuncia es poca.

Otro de los descontentos que se expresan en las protestas tiene que ver con el incumplimiento del presidente de los Acuerdos de Paz firmados con las FARC-EP. ¿Qué fundamenta esta perspectiva?

El Gobierno tiene un doble discurso, fuera del país dice que quiere implementar el Acuerdo, ¿pero qué está haciendo? Por ejemplo, en estos días, la Canciller dijo que el hecho de que existan grupos disidentes de las FARC, es culpa de los excombatientes de esta guerrilla. Lo cual es un abierto desafío a la legalidad del proceso. Si a los que están ahora desarmados se les acusa de que haya otros que se están armando, se les convierte en un blanco de agresión. En este momento, hay 270 firmantes de paz que han sido asesinados y un número muy alto de familiares de ex guerrilleros asesinados. Hay también un ataque continuo contra la instancia de justicia que creó el Acuerdo: la Jurisdicción Especial para la Paz y tampoco se ha implementado la reforma agraria. 

¿Qué nivel de responsabilidad tiene el Gobierno en los asesinatos de los ex combatientes de las FARC y familiares?

Nadie dice: “los está matando el Gobierno”, pero discursos como el de la Canciller sí estimulan la situación de altísimo riesgo para estas personas. Hace unos días el Insituto Kroc de la Universidad de Notre Dame - una de las instancias de la sociedad civil, aprobadas en el Acuerdo de Paz para verificar su implementación -, concluyó que, el 27% de las disposiciones del Acuerdo se han implementado y que solo el 4% se ha implementado bajo este Gobierno, lo cual demuestra el nivel de compromiso que tiene el Gobierno con el Acuerdo de Paz. 

La consecuencia más grave de todo es que, en las zonas donde estaban las FARC y donde se había logrado disminuir la violencia por efecto del Acuerdo, como el Estado no ha hecho presencia, ha permitido que esas áreas se vayan llenando de grupos disidentes, narcotraficantes y otros grupos ilegales, por lo que la violencia ha aumentado. Si bien no tiene la misma fuerza, pues ciertamente el Acuerdo ha tenido un efecto muy importante, sí se están volviendo a ver fenómenos violentos, como el desplazamiento forzado, las masacres, el reclutamiento de menores de edad y la instalación de minas antipersona. 

Las comunidades indígenas están fuertemente presentes en las movilizaciones, ¿tiene que ver con el aumento de la violencia en las zonas rurales que menciona?

Exactamente. Estas comunidades son las principales víctimas, son las que están en los territorios que tienen mayor riqueza petrolera, por ejemplo, o donde se cultiva la hoja de coca. Muchas de esas comunidades quieren salir de la economía del narcotráfico, sustituyendo cultivos de coca por cultivos agrícolas; pero como el Gobierno no apoya esta sustitución y cree que la solución es fumigar los cultivos de coca con glifosato - un herbicida- , eso les genera a las comunidades indígenas una situación insoportable. Están entre medias de los grupos de narcotraficantes y las fuerzas militares y policiales que muchas veces actúan en connivencia con esas organizaciones. Esa situación sumada a que no se han cumplido las disposiciones del Acuerdo para con ellos, ha conllevado a una movilización permanente, conocida como La Minga.

¿Cuál es el perfil de las personas que se están manifestando?

Son indígenas, transportistas, maestros y maestras de la educación escolar y preescolar, jueces y sobre todo los jóvenes de las barriadas populares. Estos jóvenes de bajos recursos son el alma de estas protestas. Ellos son los que están soportando el peso más grave de esta crisis, los que se enfrentan a una situación de no futuro. En las barriadas populares no hay opción: o te dedicas a la delincuencia o al microtráfico para sobrevivir. Los pocos que llegan a la universidad también tienen que trabajar en situaciones muy difíciles. Ellos están teniendo un rol protagónico y son los que además están poniendo los muertos. Convertir a los jóvenes en terroristas urbanos como el discurso oficial pretende, es seguir ahondando en el problema y no buscar una solución a esta crisis social tan profunda. 

Nora Osco y su pareja habían logrado conciliar el sueño. Al rato, ella escuchó lo que parecían golpes en la puerta. El susto le despertó y le hizo saltar de la cama. No podía imaginar que segundos después una horda de policías irrumpirían a la fuerza en su casa y les llevarían, tanto a ella como a su marido, detenidos con su bebé de 8 meses en brazos.

El destino de ambos fue la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote), una unidad especializada de la Policía dedicada a operaciones de lucha contra el terrorismo, pese a que la Comisión de la Verdad y Reconciliación señala en su informe final que el conflicto armado cesó en el año 2000. Nora y su pareja no estaban solos. 

A medida que transcurrían las horas, más personas eran detenidas y trasladadas a la misma sede policial. Ese día sumaron un total de 77 arrestados. Los agentes no pudieron localizar a otras 10 personas que también forman parte de la investigación –son 87 los investigados–. A todos se les acusa de pertenencia o afiliación a organizaciones terroristas. Este lunes, el juez Rafael Martínez ha ordenado prisión preventiva para 51 de ellos, ocho en arresto domiciliario y 18 en régimen de libertad restringida.

Desde aquel día, los familiares de los detenidos permanecieron, por turnos, frente a la sede policial a la espera de que el juez resolviera su situación. La hermana de Nora, Natalia Osco, asegura que su sobrino -un bebé de ocho meses- estuvo junto a su madre casi todo un día en uno de los calabozos de la Dircote.  

“Esta es una de las situaciones que nosotros denunciamos como abusivas”, cuenta Natalia, una de las portavoces del Comité de Familiares por la liberación de los detenidos del operativo policial  “Olimpo”. 

El Olimpo de Sagasti 

Según la versión del exministro de Interior Rubén Vargas, el operativo Olimpo pretendió dar “el tiro de gracia” a Sendero Luminoso, una guerrilla que estuvo activa entre 1980 y 2000, y que dio inicio al llamado “conflicto armado interno” que dejó al menos 69.000 fallecidos. Para ello, la Dircote, con apoyo de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad de la Policía, solicitó abrir una investigación preliminar a supuestos integrantes de los brazos políticos de Sendero, según el informe presentado a la Fiscalía. Dicha petición implicaba la detención, incomunicación y el allanamiento de sus viviendas. 

Esta detención ocurrió en medio de la crisis política y social vivida en el país. Francisco Sagasti, presidente transitorio tras la renuncia de Manuel Merino, llevaba tan solo 15 días al mando de un país que todavía estaba en vilo. Las protestas sociales, ocurridas tras el golpe parlamentario y la destitución de Martín Vizcarra hicieron tambalear a todo un país. Además, dejaron un saldo de dos muertos, 300 heridos, detenciones arbitrarias y tortura sexual, según afirma Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. 

Al comienzo de su Gobierno, Sagasti retiró a 18 generales para sofocar las críticas que acumulaba la institución policial, quienes, desde el 2003 hasta la actualidad, llevan a sus espaldas 163 muertos en contextos de conflicto social. Pero días más tarde, el presidente interino respaldó la detención masiva.

La clase política no se manifestó públicamente excepto Marité Bustamante y Lucía Alvites, integrantes del partido Juntos por Perú, formación que disputará la presidencia el próximo 11 de abril de la mano de Verónika Mendoza.

Acusados y estigmatizados

Mireya Torres, una joven de 22 años, fue detenida en su casa de Huancayo, en la región de Junín. El día que la detuvieron, sus padres habían viajado. Tanto ella como su hermana menor dormían cuando, a medianoche, escucharon fuertes golpes en su puerta. Alrededor de diez policías habían ingresado en su hogar para detenerla. 

Mireya se encontraba en el último curso de sus estudios en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A las siete de la mañana, el padre de Mireya, Rude Torres, recibió la noticia de su detención. Se apresuró a ir a la delegación policial de Huancayo pero no logró ver a su hija. Horas después, fue trasladada a Lima, concretamente a una de las celdas de la Dircote, donde permaneció hasta que el juez le ordenó arresto domiciliario por motivos de salud.

Tanto en el caso de Mireya como en el de Nora, la acusación se basa en la participación de estas en reuniones, actos públicos, manifestaciones o acciones como la difusión de sus actividades o la autogestión de los colectivos, que la fiscalía califica como fachadas de Sendero Luminoso. “A mi hermana la acusan de terrorista por participar en actos públicos como actos en defensa de los derechos de las mujeres o por asistir a una conferencia llamada el derecho penal del enemigo”, asegura Natalia. 

Su hermana pertenece a la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Víctimas de Genocidio, militancia que hereda de su familia. Ella participa en la organización porque su tío fue uno de los asesinados por el Estado peruano en el penal del Frontón en 1986. Uno de los fines del colectivo es buscar a sus seres queridos y darles una sepultura digna. En Perú, según el registro oficial, hay al menos 20.000 personas desaparecidas, producto del conflicto armado. 

Entre los detenidos también figuraban miembros del Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), como Alfredo Crespo, abogado defensor del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Este colectivo busca la liberación de los presos del conflicto armado interno, la restitución de sus derechos y una nueva constitución para el país. También hay miembros del Frente de Unidad y Defensa del Pueblo Peruano, estudiantes, el dirigente de la Central Nacional de Jubilados y Pensionistas de Perú, varios profesores, algunos artistas y siete abogados de los cuales cinco de ellos habían realizado la defensa de otros denunciados por terrorismo en el operativo Perseo, precedente del Olimpo, en 2014, donde fueron detenidas 28 personas. 

¿Penalización del respaldo ideológico?

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Mar Pérez, ha tenido acceso al informe policial y afirma a elDiario.es que “no había ninguna prueba que indicara que iban a cometer actos de violencia”. También dice que no intervienen en casos en los que haya miembros del Movadef por su simpatía con Sendero Luminoso. Pese a esto, mostró reservas sobre la detención masiva, las condiciones de reclusión y planteó la necesidad de ampliar la discusión sobre las organizaciones que tienen ideologías similares a Sendero Luminoso, pero que no han cometido ningún acto de violencia. 

“Más allá de la posición que tenemos como movimiento de derechos humanos, creo que ha llegado el momento de plantear la discusión de si el simple respaldo político o ideológico, sin acciones de violencia concretas, debería ser penalizado”, añade.

A petición de los familiares del Olimpo, una reconocida organización de derechos humanos del país ha elevado el tema a una de las oficinas de los relatores especiales de Naciones Unidas Unidas y al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. “Varios llevan más de dos meses en dependencias policiales que están pensadas para albergar a las personas solo unos días como las comisarías, esto constituye un trato degradante e inhumano”, afirman.

Wilfredo Robles es uno de los más de 30 abogados a cargo de la defensa de los 77 acusados en el operativo Olimpo. Es profesor de la Universidad de San Marcos, un centro al que pertenecen varios alumnos y profesores detenidos en el operativo. Según el abogado, la Fiscalía argumenta el delito de pertenencia o afiliación terrorista sobre la base de que Movadef es parte de una estrategia para mantener Sendero Luminoso. “Pero al mismo tiempo sostiene que desde 1992 Sendero Luminoso abandonó la lucha armada. Si abandonó la lucha armada no puede ser considerado terrorista ni Sendero Luminoso, ni organizaciones simpatizantes que buscan participar políticamente en la sociedad”, dice Robles. Movadef intentó inscribirse como partido político, pero fue rechazado por el Jurado Nacional de Elecciones en el 2011.  

Uno de los problemas que algunos juristas detectan es que la legislación peruana no especifica qué actos concretos son considerados como terroristas y “aprovechan este vacío legal para acusar a cualquiera por delito de terrorismo”, argumenta Robles. Un informe del relator especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de 2010 mostró su preocupación por la situación en Perú y recomendó modificar la legislación antiterrorista para que no se cometan vulneraciones de derechos como el de reunión, opinión o expresión. 

Para el abogado, que ha llevado otros casos de terrorismo, se usan tipos penales de terrorismo y otras figuras legales para criminalizar las protestas: “A veces es terrorismo, otras son disturbios, desacato a la autoridad o delito contra el patrimonio” y lo atribuye a la persecución de la discrepancia política que aún se da en Perú.

Debate sin conclusión

Dynnik Asencios, sociólogo e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP),  comenta que este operativo sirve como termómetro para evaluar el grado de preparación que tiene Perú para discutir temas pendientes del conflicto armado, por ejemplo, “qué hacemos como sociedad con los presos del conflicto que ya han cumplido su pena y han sido excarcelados durante los últimos años”, señala en alusión a que varios de los detenidos también son expresos políticos.   

El país andino, que conmemora este año su bicentenario, aún no logra remontar del posconflicto, y a eso se suma una de las  crisis políticas más graves desde el retorno a la democracia, escándalos de corrupción, una campaña electoral incierta y la emergencia sanitaria.