Verónika Mendoza, líder de la izquierda peruana: “Con un gobierno ilegítimo como el que se ha impuesto hay un alto riesgo de que vuelva la violencia de Estado”

Estaba aún en Bolivia, invitada a la toma de posesión de Luis Arce, cuando se enteró de la noticia. Verónika Mendoza, la única precandidata presidencial de la izquierda peruana, dice que estaba “compartiendo la alegría del pueblo boliviano por la recuperación de su democracia” cuando supo que en su país “ocurría todo lo contrario”. En Perú, el Congreso de la República consiguió el lunes su ansiado proyecto de vacar al presidente Martín Vizcarra, ahora investigado por graves denuncias de corrupción. Lo hicieron pese a que casi el 80% de la población estaba de acuerdo en que, no obstante las investigaciones en marcha, se le dejara acabar su mandato.

Solo quedaban cinco meses para las próximas elecciones y el país, sumido en una crisis económica galopante y con la cifra oficial de 70.000 muertos por COVID, no estaba para otra debacle más. Aún así el Congreso lo hizo, nombró a Manuel Merino como nuevo presidente y el estallido popular no se ha hecho esperar. Ayer, desde la mañana hasta la noche, por todas las ciudades del Perú, miles de personas expresaron su repudio en medio de la represión y las detenciones arbitrarias.

En los medios internacionales se ha hablado casi exclusivamente de que hay un cambio de gobierno por la incapacidad moral de Vizcarra, pero poco se sabe de quiénes están detrás de esta jugada política que, según la mayoría de peruanos entre los que se incluye Mendoza, se ha disfrazado de compromiso con la lucha contra la corrupción cuando se trata de algo muy distinto. La presidenciable de Juntos por el Perú desde Cuzco, su ciudad natal y a donde voló de inmediato para ser partícipe “de la indignación y de la movilización de la gente”, asegura que no reconoce a este gobierno al que considera ilegítimo y propone un cambio de constitución para acabar de una vez por todas con el legado del dictador Alberto Fujimori.

¿Qué está pasando en Perú?

Lo que está pasando es que efectivamente se han destapado una serie de denuncias contra el señor Martín Vizcarra que según nuestro punto de vista ameritan investigación, pero que, como señalaba la gran parte de la ciudadanía, correspondía en plena pandemia y a cinco meses de las elecciones que el señor Vizcarra concluyese su mandato y que al día siguiente se enfrentara a la justicia. Sin embargo, de espaldas a la ciudadanía, de manera absolutamente cínica y desvergonzada, un Congreso que tiene una mayoría de congresistas igualmente procesados por corrupción e inclusive por asesinato, decidió vacar al presidente de la Republica, configurándose en un gobierno ilegítimo.

Pero esto se enmarca en una crisis más profunda y más grave que podríamos calificar de crisis de régimen que lleva 30 años desde que en 1992 Alberto Fujimori decidiera imponer una constitución neoliberal con un golpe de Estado que precarizó el Estado, que mercantilizó derechos como la salud y la educación, que dejó a los peruanos sin un sistema de pensiones, que dejó la política y la democracia en las manos de los grupos de poder económico, que permitió que fuera capturada por grupos de presión, mafiosos y corruptos, que nos ha llevado a esta situación de descomposición política dramática y que se revela en estos síntomas sucesivos: todos nuestros presidentes vivos están procesados por corrupción, vacados o renunciaron.

¿Se ha quebrado el orden constitucional? ¿Estamos ante un golpe de Estado y un gobierno ilegítimo? 

Claramente, porque todos los argumentos usados para consumar la vacancia se basan en falacias. Y aunque sus ejecutores se han llenado la boca con lucha por la democracia y la lucha anticorrupción, más de la mitad de ellos también están siendo investigados por corrupción. Quien ha quedado a la cabeza del Parlamento, Luis Valdez, cuenta con más de 50 procesos de investigación abiertos. Dentro de sus intereses está reformar la ley de educación para poder seguir con sus negocios de universidades truchas sin regulación del Estado. Y controlar el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder judicial para frenar las investigaciones que varios de estos políticos tienen en su contra, poder seguir apoyándose en su inmunidad parlamentaria y así evadir la justicia. Pero también están los que buscan sabotear el proceso electoral para atornillarse en el poder.

¿Qué hay detrás de estos actores políticos que parecen nuevos y no lo son?

No hay un programa común entre los que han echado al presidente, sino una confluencia de intereses particulares y corporativos. Sin embargo detrás de los actores directos, sí que hay una serie de sectores de la ultraderecha, conservadores, neoliberales, que han sido cómplices. Prueba de ello es el eventual nombramiento de Antero Flores Araoz como presidente del Consejo de Ministros, que es el mejor representante de la vieja política: conservador, de ultraderecha, racista, machista, quien hace algunos años calificó a los ciudadanos del Ande como llamas o vicuñas incapaces de emitir opinión. Es, además, abogado de quienes defienden los negocios universitarios de parte de la bancada. Merino es solo un títere de éstos.

¿Qué se puede hacer ante este escenario y qué le corresponde hacer ahora a la ciudadanía?  ¿Cuáles son los pasos a seguir legal, social y políticamente? ¿Cuál es la salida? 

Yo creo que corresponde que el Tribunal Constitucional analice esta decisión y evalúe su constitucionalidad, pero más allá de lo formal. Para la ciudadanía este Gobierno es ilegítimo, por lo tanto hay decisiones fundamentales para el país que no puede tomar, como la elección del Tribunal Constitucional, que tendrá que resolver además la constitucionalidad de este acto de vacancia. Querrán intervenir el Ministerio Publico y el Poder judicial para frenar investigaciones contra sus propios miembros, cuando deberían levantar la inmunidad de los que ya están pedidos por la justicia. Querrán modificar los plazos y procedimientos del calendario electoral.

Lo que deberían hacer es preocuparse en primer lugar por la salud de los peruanos y por la economía de las familias. La única manera de fiscalizarlos es la ciudadanía organizada y movilizada de manera permanente. Y, por otro lado, este es el momento de que los ciudadanos, colectivos, organizaciones sociales, sindicales, feministas, indígenas, iniciemos un diálogo desde abajo y desde adentro respecto a qué tipo de Estado, qué tipo de democracia, de economía creemos que merece nuestro país, de cara a una nueva constitución que debería ser la que construyamos en el bicentenario de nuestra independencia que se conmemora el próximo año. Esa nueva constitución no la va a promover esta clase política de espaldas a la gente. Nos corresponde a los ciudadanos impulsarla y empezar a construir desde ya ese nuevo pacto social que refunde el Perú.

¿Quién lidera ahora mismo las movilizaciones?

La gente, los jóvenes que han salido movidos por su indignación, por un lado, pero también por su amor a la patria. Eso es lo correcto. A quienes aspiran a ser líderes o conductores de la movilización, lo que hay que responderles es que quien está conduciendo la movilización es la propia ciudadanía. Y me parece absolutamente legítimo y lo mas adecuado para recordarnos que la democracia no es solamente procesos electorales, no es solamente partidos y líderes políticos; la democracia es esencialmente protagonismo popular y ciudadano. Y esto es lo que estamos empezando a ver en el Perú y a mi me llena de esperanza. Seremos parte de esa ola democrática en defensa de nuestros derechos.

Ningún gobierno ha reconocido todavía a Merino como presidente. La economía está maltrecha. En este contexto, ¿qué es lo primero que toca cuidar o garantizar?

Lo primero y más urgente es cuidar la vida y cuidar la paz. Lo digo porque ayer ya ha habido una dura represión. Y me temo que por las características de este Gobierno ilegítimo y por el perfil del que va a adoptar su presidente de consejos de ministros hay un alto riesgo de que la represión y la violencia de Estado se recrudezcan, razón por la cual hago un llamamiento a la comunidad internacional para cuidar la vida y exigir que se respete el legítimo derecho de protesta. Que sea el pueblo peruano con su voto el que elija su próximo gobierno y no como pretenden ellos ahora con leguleyadas desde el Parlamento.

Como candidata mujer, la única feminista, ¿ve riesgos para los derechos de las mujeres con este Gobierno de facto? 

Me preocupa que el señor Merino haya juramentado en nombre de la Iglesia católica, institución que yo respeto, pero que creo que no debe mezclarse en lo absoluto con los asuntos de Estado. Y me preocupan los sectores conservadores que se están aupando a este Gobierno ilegítimo que probablemente también pretendan retroceder a nivel de derechos humanos y en particular en materia de derechos de las mujeres.

Lo que vamos a tener es un Gobierno ortodoxo en materia económica que no va a contribuir a reactivar los bolsillos de las familias que es lo que ahora los peruanos necesitamos. Es un Gobierno que va a reprimir, que va a criminalizar, que no va a defender la salud y la educación como derechos, sino como negocios, pero además son conservadores, homófobos y machistas y amenazan los derechos de las mujeres y pueblos indígenas –negando la participación ciudadana en los asuntos ambientales–. Existe el riesgo de que ese Gobierno comandado por Flórez Araoz empuje irresponsablemente la reactivación de actividades económicas sin los cuidados y protocolos necesarios para cuidar la salud y la vida.

¿A quién hace responsable de la represión de este martes? 

Al no haber un ministro del interior nombrado, toda la responsabilidad le atañe al señor Merino, de lo que ocurrió ayer y de lo que podría ocurrir en lo días siguientes porque la movilización va a continuar. Se tendrán que señalar las responsabilidades políticas y el mayor responsable político es él.

Parece momento para hablar de proceso constituyente con el impulso chileno.

Nosotros lo veníamos plateando desde la campaña anterior en el 2016. Lo que vemos es que se va convirtiendo cada vez más en un sentido común. Mucha de la gente que se manifestó ayer no solo expresó su repudio al Gobierno, sino también demandaba nuevas reglas de juego en una nueva constitución. La crisis política de los últimos años evidenciaba casos de corrupción que involucran a prácticamente toda la clase política. Por otro lado, la pandemia ha desnudado la perversidad del modelo neoliberal, que ha evidenciado la inviabilidad de este Estado decrépito, atado de pies y manos para defender derechos. Creo que esto hace que mucha más gente tome conciencia y se plantee la posibilidad más temprano que tarde.

Se reunió en los últimos días con los presidentes de Bolivia, Argentina y el vicepresidente español. ¿Qué le dijeron?

Lo que todos coinciden es en la expectativa de que el Perú también recupere su democracia y se impulse un proceso constituyente. Nos corresponde a nosotros los peruanos definirlo e impulsarlo.

¿Parece que en esta campaña ya no le van a hablar de Venezuela? 

Van a seguir estigmatizándonos con estos temas, pero la diferencia es que hoy calan mucho menos en la ciudadanía. La gente se da cuenta de que este tipo de ataques sin sustento, como vincularnos a regímenes con los que no tenemos ningún vínculo o pretender tacharnos de terroristas o enemigos del desarrollo, son simplemente intentos de la clase política tradicional para silenciar las voces que planteamos un cambio.

¿En qué tiene usted que trabajar para ser la alternativa de izquierda de estas elecciones?

Hace tiempo venimos haciendo esfuerzos por dialogar y debatir con distintas fuerzas políticas de izquierda y progresistas, distintas organizaciones sociales y sindicales para construir un programa común, reconociendo nuestra diversidad de historias, nuestros énfasis programáticos pero poniendo por delante la necesidad de un cambio profundo en el país. Hemos logrado un importante proceso de articulación en Juntos por el Perú en torno a la bandera de una nueva constitución y esperamos seguir confluyendo en torno a estas banderas.

¿Elecciones anticipadas sí o no?

Estamos a cinco meses de las elecciones y el calendario electoral ya es bastante apretado. Por procedimiento me parece difícil ya adelantarlo, lo que corresponde es garantizar que sea un proceso electoral lo mas limpio y libre posible. Pero para nosotras esto trasciende el proceso electoral. Ayer estuve en Puno conversando con unos comerciantes que me decían que para ellos un presidente u otro da igual, porque ahí no hay Estado, solo supervivencia. Y eso es expresión de lo que el Perú necesita: no solo un cambio de Gobierno sino un nuevo pacto social.