“Desde que se presentó el proyecto de ley en contra de las personas LGBTQ+ hemos visto aumentar muchos tipos de violencia (contra los miembros de esta comunidad)”, indica Leila, una activista queer de Ghana, al hablar del impacto de un proyecto de ley en contra de las personas LGBTQ+ presentado en el parlamento hace un año: “Ataques por parte de personas, comunidades, así como un aumento de las llamadas violaciones correctivas”.

Leila describe un caso reciente en el que ha trabajado, en el que seis hombres robaron y violaron a tres mujeres de unos 30 años. También explica el caso de una niña de 15 años que fue violada por hombres que afirmaban que era lesbiana. Muchas de estas violaciones no se denuncian porque los agresores son familiares de las víctimas o miembros de su comunidad.

“La mera presentación del proyecto de ley ha hecho que muchas personas ignorantes se comporten como si esta iniciativa ya hubiera prosperado y la ley se hubiera aprobado”, lamenta la activista: “Y creen que esto les da carta blanca para asesinar, cometer abusos o detener, de la forma que estimen oportuno, a las personas LGBTQ+”.

Una de las más duras

De aprobarse, esta iniciativa legal contra las personas LGBTQ+ presentada ante el parlamento de Ghana en agosto pasado y que está siendo revisada por una comisión parlamentaria, sería una de las leyes más duras y radicales del continente africano.

El borrador actual del proyecto de ley, propuesto por parlamentarios de la oposición y respaldado públicamente por miembros del Gobierno de la presidenta Nana Akufo-Addo y el Partido Nuevo Patriótico en el poder, criminaliza los actos homosexuales y queer, así como identificarse como una persona LGBTQ+, con penas de hasta cinco años de cárcel.

También está castigado defender a las personas LGBTQ+, con penas de hasta 10 años de cárcel. Cualquier persona que auspicie grupos o reuniones para defender los derechos de las personas LGBTQ+ en un lugar físico o en un sitio web que le pertenezca también incurre en un delito. Cualquier persona que sea testigo o tenga conocimiento de actos tipificados como delito en el proyecto de ley tendrá la obligación de denunciarlos.

Detenciones

Los activistas han denunciado que este proyecto de ley tiene por objetivo extinguir y acabar con la identidad gay y queer en Ghana, así como crear las condiciones para que sea posible un mayor control y ataques contra las minorías sexuales. El “travestismo” también sería perseguido. En virtud del borrador del proyecto de ley, el Estado “orientaría” a las personas intersexuales para que se sometan a una cirugía correctiva.

Se espera que la comisión de revisión constitucional que examina el proyecto de ley recomiende enmiendas en las próximas semanas, por lo que es posible que algunos artículos del actual borrador sufran modificaciones. Sin embargo, el contenido del borrador ha hecho que cale un determinado mensaje en el país. La histeria de masas contra las personas LGBTQ+ -y quienes defienden los derechos de este colectivo- se ha intensificado en los últimos 18 meses.

En febrero del año pasado, un centro comunitario -que ofrecía un lugar de reunión y brindaba apoyo a personas homosexuales y queer- se vio obligado a cerrar tras recibir ataques por parte de políticos, grupos civiles y religiosos, y medios de comunicación. Si bien no fue el primer centro en ofrecer un servicio de este tipo sí fue el que alcanzó una mayor notoriedad, ya que anunció su ayuda sin la discreción habitual que los grupos que defienden los derechos de las personas LGBTQ+ suelen emplear para poder operar en Ghana.

La presencia de diplomáticos extranjeros y europeos en la inauguración del centro se consideró un acto de provocación, ya que a menudo se afirma que la identidad gay y queer va en contra de la cultura africana y que es promovida por Occidente.

Redadas

Alex Donkor, fundador del grupo Derechos LGBTQ+ Ghana ha indicado que han aumentado los ataques denunciados, especialmente fuera de Accra, con redadas periódicas en reuniones en las que presuntamente participan personas LGBTQ+.

“En una fiesta celebrada el mes pasado la policía detuvo a 30 personas por ser homosexuales, fueron detenidas y extorsionadas por la policía”, señala. “Es solo un ejemplo del tipo de situaciones que vemos con frecuencia”.

Leila es una de las 21 personas que fueron detenidas en marzo en la ciudad de Ho, en un evento de formación para personas que prestan asesoramiento legal a las minorías sexuales. Estuvieron detenidas durante meses y algunas sufrieron abusos por parte de la policía antes de ser liberadas.

“Ha pasado más de un año y todavía lucho por recomponerme”, lamenta: “Salimos de la cárcel y nos golpearon con un proyecto de ley en contra de las personas LGBTQ+, siento que mi vida se ha parado. Si eres una persona queer, es como si este proyecto de ley tratara de borrar tu existencia”.

Desde finales del año pasado, la comisión de revisión constitucional ha estado celebrando audiencias públicas para escuchar la opinión de grupos que están a favor y en contra de esta iniciativa.

Debate legislativo

Rita Nketiah, experta sobre los derechos de las mujeres y personas LGBTQ+ en Human Rights Watch, indica que, aunque es previsible que se apruebe el proyecto de ley, las audiencias han sido importantes ya que contribuirán a dar forma al contenido final de esta ley.

“Ha dado a los grupos de defensa de las personas LGBTQ+ la inusual oportunidad de presentar sus argumentos de manera directa y abierta en el parlamento”, indica.

“La comisión de revisión constitucional ha dejado claro que el proyecto de ley no se va a detener, pero lo que sí es objeto de debate es el contenido del mismo. Quieren asegurarse de que el texto final resista bien el paso del tiempo”.

El proyecto de ley ha evidenciado la ignorancia de los parlamentarios sobre cuestiones de género y sexualidad; también la ignorancia en torno a lo que significa ser una persona intersexual. De hecho, en el último año se ha hecho muy evidente la situación de vulnerabilidad de este grupo.

El año pasado, la policía de Ho detuvo a una mujer intersexual. Los agentes la desnudaron en público en la comisaría y cuestionaron su género. Los policías la acusaron de negar su condición de hombre, le asignaron una celda de hombres y animaron a los presos a violarla “porque dice que es mujer y tal vez así deja de tener esta duda en su mente enferma”.

Sam George, diputado y destacado defensor del proyecto de ley en los medios de comunicación del país, ha apoyado esta iniciativa y el derecho del Estado a obligar a las personas intersexuales a someterse a una cirugía correctiva.

Traducción de Emma Reverter.

En la televisión pública, los militares leen con calma un comunicado en el que anuncian la toma del poder. En las calles de la capital, las multitudes celebran y vitorean, mientras que, fuera de su país, el golpe de Estado es rotundamente condenado.

Esta escena se ha repetido en múltiples ocasiones en África occidental durante los últimos tiempos: en Mali en 2020 y de nuevo en agosto del año pasado; en Guinea en septiembre; y en Burkina Faso hace dos semanas. También se han producido golpes en el este, en Chad y Sudán. Hace tan solo unos días, el martes de la semana pasada, hubo un intento de golpe en Guinea-Bisáu.

En una cumbre urgente de líderes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), celebrada el pasado jueves, el presidente de Ghana, Nana Akufo-Addo, puso de manifiesto la alerta en las capitales de la región. “La amenaza emergente en nuestra región (...) resulta de la injerencia militar en Mali y de su influencia contagiosa en Guinea y Burkina Faso”, dijo.

La CEDEAO no impuso sanciones de forma inmediata contra Burkina Faso, como sí hizo tras los golpes de Estado en Mali. Su falta de oposición a los controvertidos cambios constitucionales y a los fallos democráticos ha alimentado las dudas sobre su eficacia a la hora de apoyar regímenes democráticos y evitar los golpes de Estado.

En Mali, Chad, Burkina Faso y Guinea, militares jóvenes, de entre 38 y 41 años y procedentes en su mayoría de unidades de fuerzas especiales, tomaron el poder que estaba bajo control de líderes envejecidos y elegidos democráticamente. Aunque los contextos específicos difieren en cada país, son numerosos los factores subyacentes y los grandes desafíos a los que se enfrentan algunos países de la región.

El conflicto yihadista

En todo el Sahel, el conflicto yihadista que comenzó en Mali hace más de una década ha dejado a millones de personas expuestas a ataques incesantes y ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo. Los yihadistas se han aprovechado de los fracasos de los gobiernos a la hora de atajar la corrupción y facilitar una gobernanza inclusiva en países de bajos ingresos y diversidad étnica. El impacto de la crisis climática ha acrecentado la incertidumbre en una región que depende de la agricultura. Otros factores son la falta de oportunidades para las poblaciones jóvenes, en rápido aumento, y la proliferación de armas.

Los líderes golpistas de Burkina Faso y Mali citaron el incremento de la inseguridad. En Guinea, los militares criticaron la corrupción política tras unas reñidas elecciones.

En Burkina Faso, antes del reciente golpe de Estado, había un enfado generalizado con el Gobierno, especialmente a causa de la magnitud de los asesinatos en masa perpetrados por grupos yihadistas durante el último año. La insurgencia ha dejado 1,5 millones de personas desplazadas en el país.

“Está muriendo gente todos los días. Los soldados están muriendo. Hay miles de desplazados”, dijo a la agencia AP un manifestante que festejó la toma de poder de parte de los militares. “Esta es una oportunidad para que Burkina Faso conserve su integridad”, indicó.

En noviembre, 53 personas, incluidos 49 miembros de la gendarmería, murieron tras el ataque yihadista a un campamento en Inata. Se informó que muchos de los efectivos murieron de hambre, ya que la base se había quedado sin suministros de alimentos, dice Ibrahima Maiga, activista y cofundador de Movement to Save Burkina Faso (Movimiento para Salvar Burkina Faso), un destacado grupo de protesta.

“El presidente [Roch Kaboré] no ha ido nunca al entierro de ningún soldado muerto en los últimos seis años. Rara vez ha visitado a los soldados que resultaron heridos en combate. La gente tenía la sensación de que jamás le había importado”, dice, y sostiene que los cambios efectuados por Kaboré en los altos cargos del Gobierno y del Ejército a finales del año pasado no fueron suficientes.

Los manifestantes del grupo liderado por Maiga celebraron el golpe. El nuevo régimen tiene planeado conversar con grupos de la sociedad civil en los próximos días, tras haberse reunido con grupos opositores.

“Los militares cuentan con la confianza de mucha gente”, indica Maiga, y defiende que la cuestión “democracia o dictadura militar” se ha vuelto menos importante a causa de la crisis de seguridad. “Amamos la libertad, la democracia, sí. Pero aquí estamos intentando sobrevivir. Lo más importante es proporcionar seguridad y protección”, apunta.

Los años de insurgencia yihadista han llevado a la población de la región a cuestionar la influencia militar, política y económica de la antigua potencia colonial, Francia, que está reduciendo la operación Barkhane, iniciada contra la insurgencia en agosto de 2014.

¿Y la población?

Idayat Hassan, directora del think-tank Centre for Democracy and Development (Centro para la Democracia y el Desarrollo) en Abuja, cree que los golpes de Estado han obligado a la población a reflexionar sobre si la democracia se ha traducido en beneficios tangibles.

“En África occidental, las personas se han vuelto bastante republicanas. Se abastecen de su propia comida, generan su propia electricidad e infraestructuras. A pesar de que esperan poco y nada del Estado, este sigue sin cumplir sus expectativas”, dice. “No pueden ver lo que la democracia ha traído consigo, así que vienen militares oportunistas que ven estos vacíos de gobernanza y tratan de llenarlos”, apunta.

También hay una frustración generalizada porque la comunidad internacional suele dar la voz de alarma cuando se producen golpes de Estado, y no cuando las democracias son debilitadas de forma habitual.

“Se hace hincapié en que las elecciones sean libres y justas, pero no se presta suficiente atención al modo en que se debilitan las democracias”, dice Hassan. “La CEDEAO y la Unión Africana siguen supervisando las elecciones sin impedir de manera alguna que se produzcan episodios como lo ocurrido con [Alpha] Condé y [Alassane] Ouattara”, dice, en referencia a los cambios constitucionales en Guinea y Costa de Marfil para permitir a los líderes de esos países ejercer un controvertido tercer mandato. Ambos ganaron referéndums que fueron rechazados por los grupos de la oposición por considerarlos fraudulentos. “Fueron golpes de Estado constitucionales”, apunta.

A los analistas les preocupa que el apoyo a los golpes de Estado signifique que la población los ve cada vez más como la respuesta a los gobiernos impopulares. Por ejemplo, en la capital de Mali, Bamako, muchos miles de personas se han manifestado en apoyo de la junta, incluso después de que se impusieran las sanciones impopulares de la CEDEAO.

Pero el apoyo a los regímenes militares no ha sido universal. Las operaciones de los Ejércitos nacionales contra los grupos yihadistas han dado lugar a una serie de abusos a los derechos humanos, a menudo en zonas rurales, donde el conflicto es más agudo y donde es probable que la gente no sea tan favorable al Ejército, dice Oumar Bâ, profesor adjunto de Relaciones Internacionales en la Universidad de Cornell.

“Muchas de las manifestaciones de apoyo a estos regímenes militares se producen en zonas urbanas. Pero la gente que vive en las ciudades tiene una percepción diferente a la de la gente que vive en las zonas rurales, donde es más probable toparse con un mayor grado de preocupación”, dice.

Según un diplomático de África occidental, a la CEDEAO le resulta difícil mantener la presión sobre los regímenes militares para que se comprometan con una transición a la democracia que no aliene a las poblaciones locales. “Algunas de las sanciones han sido duras, pero han generado situaciones complicadas, como en Mali, donde ahora están padeciendo de verdad esas sanciones, pero la gente parece apoyar aún más a la junta. Creo que, definitivamente, se está haciendo un examen de conciencia respecto a cómo impedir estos golpes de una forma más eficaz”.

Traducción de Julián Cnochaert.

En el histórico puerto senegalés de San Luis, 12 mujeres, azotadas por el sol, abandonan la calle, atraviesan una puerta tapizada con seda rosa y pasan a una habitación en penumbra.

Tras saludarse, cuentan sus historias. Lo hacen de una en una. Comienzan compartiendo los recuerdos más recientes de maridos, hijos y hermanos perdidos en el mar. Se muestran valiosas fotos guardadas en sus teléfonos. De aquel último abrazo al bebé o del último beso como madre. 

“Me ayudó toda la vida, cada día, siempre se ocupó de mí”, dice Sina Ndiaye, de 51 años, sobre Omar, su hijo de 19. En octubre de 2020, una embarcación con 200 migrantes a bordo explotó cerca de la costa de Senegal. Omar murió junto a 139 personas más. “Se ha ido. No me queda esperanza alguna”, dice la madre. 

La angustia de esta docena de madres tiene un hilo conductor. Perdieron seres queridos en una de las rutas marítimas más peligrosas del mundo, cada vez más transitada a medida que migrantes y refugiados de toda África Occidental tratan de llegar a través del Océano Atlántico hasta las Islas Canarias, a 1500 kilómetros al norte de Senegal.

La ruta había quedado en desuso desde 2006, cuando la cruzaron 31.000 personas. Pero cuando Marruecos y Libia, con apoyo de a Unión Europea, decidieron cerrar otras rutas, en una decisión muy controvertida por la naturaleza de los gobiernos con los que Europa llega a acuerdos, la vía senegalesa por el océano se reactivó. Si en 2019 llegaron a las Islas Canarias menos de 2.700 migrantes y 210 murieron en camino, en 2020,. llegaron a las costas insulares más de 20.000 personas. 

A medida que aumenta el número de embarcaciones, sobrecargadas y sin las condiciones necesarias para navegar por el océano, el número de fallecidos crece. Se sabe que el año pasado murieron unas 600 personas tras emprender la ruta. Es muy probable que la cifra real sea mucho más alta según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La recurrencia de las tragedias es continua. Cada tragedia sume en el duelo a una serie de familias, a una comunidad de la costa senegalesa. 

Las historias de estas mujeres en San Luis responden al mismo esquema. Según Ndiaye, los jóvenes como Omar se van tras exprimir todas las opciones disponibles. 

La ruta de la desesperación

Ndiaye dice que su hijo “era carpintero y lo dejó”. “Se quejaba de que no daba para vivir. Pasó a la albañilería, a poner ladrillos, pero se despertaba en medio de la noche con dolor de huesos y espalda. Poco a poco, un día ya estaba listo para hacer cualquier cosa”. 

Se van de repente, según esta madre. No dicen adiós para evitar que alguien trate de convencerlos de que no lo hagan. “Una mañana me desperté, fui a su habitación y ya se había ido. Después me llamó y me dijo que estaba en Mbour”, cuenta.

Esa localidad pesquera es conocida porque desde allí se zarpa rumbo a Europa. Está a 200 kilómetros al sur de San Luis, lo que se suma a la distancia del trayecto por mar. Muchos de los cuerpos nunca aparecen, pero los supervivientes son quienes informan sobre los que han muerto. 

“Si tuviésemos su cuerpo, al menos podríamos verlo y enterrarlo”. Mariatu Diouf es la viuda de Bouya Fale, que murió en octubre en el mismo naufragio que Omar. 

“Los políticos llegan con sacos de arroz, ostras y otras cosas. Estamos hartas. No queremos su arroz, queremos oportunidades, trabajos. Nos dan el arroz, se acaba y entonces ¿qué queda?”.

El golpe de la pandemia

Las consecuencias económicas de la pandemia son malas en muchos países de ingresos medios y bajos en África. Ahondan una desesperación que empuja a migrar en busca de un futuro mejor. 

Ndiaye tiene miedo de que sus otros cuatro hijos puedan irse sin avisar.

Algunas ONGs, con apoyo de la Unión Europea, dan ayudas a las empresas pequeñas para personas que hayan regresado de Europa después ser detenidos o deportados y para quienes hayan sobrevivido a naufragios.

Pero Ndiaye cree que las ayudas no son suficientes: “Deberían ayudarnos con algo más práctico. Si tuviéramos un espacio para tener una tienda y pudiéramos comprar algunos alimentos frescos, yo podría empezar mi propio negocio y mantenerme por mí misma”.

El pasado turístico

En la costa, a pocos kilómetros, los edificios, el color y la fachada marítima de una ciudad que antes de la pandemia atraía el turismo. El golpe a Senegal como destino de vacaciones se suma a la crisis provocada por la sobrepesca y los grandes barcos europeos que esquilman los caladeros locales con permiso de la autoridades.  

Existe resentimiento contra el Gobierno por parte de quienes creen que no ha asumido responsabilidad alguna por el alto número de muertes ni ha hecho nada para cortar los motivos que empujan a abandonar el país. Muchos están muy enfadados por culpa de las políticas migratorias de la Unión Europea, que los fuerza a emprender viajes que nadie debería emprender. 

“Nuestro Gobierno debería pelear por nuestra dignidad”, dice Hadi Diop, de 45 años. Perdió a un sobrino el año pasado. El bote zozobró. “Y se limitan a pegarse a sus sillones. ¿Por qué tienen que subirse a esos botes para viajar a España? ¿Es justo? No debería ser ilegal, pero lo es. Nuestro presidente debería hacer más”. 

Después de los naufragios más notables frente a las costas senegalesas, hubo peticiones al presidente Macky Sall para que declarara jornadas de luto nacional. “Dijo algo, pero en realidad no le importa”, dice Diop. “No tenemos ningún apoyo psicológico ni emocional”. 

Diop y otras 100 mujeres han creado una asociación para desarrollar proyectos comerciales conjuntos y crear sistemas de apoyo. 

“Hicimos lo que teníamos que hacer, apoyarnos las unas a las otras porque vimos que aquí tendríamos pocas oportunidades”, dice, rodeada de otras 10 mujeres. El grupo no ha dejado de crecer desde entonces y cada vez apoya a más familias en duelo, a quienes han perdido a alguien de quien dependían. 

En las elecciones municipales de 2019, los políticos pagaron a los hombres para que salieran a mostrar en público el apoyo a sus campañas. “Nuestros maridos seguían a los políticos, iban a mítines descalzos, llegaban tarde a casa y al final ¿de qué les sirvió? Prometieron mucho: desarrollo, trabajo, promesas, promesas. En cuanto son elegidos, desaparecen”, dice Diop.

En Point Sarène, una ciudad anodina a 100 kilómetros al sur de la capital, Dakar, Mohamed Faye, de 46 años, repara su barco en compañía de otros hombres. “Si hubieras estado aquí hace unos años a esta misma hora no nos habrías encontrado. No habría aquí ni un solo bote. Estaríamos todos en el mar. Ahora la situación es tan dura que ese es el único motivo por el que esos barcos se quedan en la playa”. 

Dice que sus ingresos son hoy apenas un tercio respecto a lo que ganaba en 2015. No le llega para alimentar a sus seis hijos. “Han vendido el mar a los barcos de las grandes empresas internacionales. La situación nunca había sido tan mala”, dice Faye. 

El joven senegalés lleva 20 años buceando en busca de ostras y explica: “Ahora, cuando pescas ostras muchas están podridas, alógicas ha cambiado en las condiciones del mar”.

Decenas de pescadores abandonaron Pointe Sarène el año pasado. Faye dice que por ahora, él se queda. “Vengo, salgo al mar, pesco algunas horas, regreso. La situación es dura. Me gusta estar cerca del mar aunque ahora gane menos”. 

Traducido por Alberto Arce.