Durante meses, un presidente en funciones con inclinaciones autoritarias puso en duda la democracia de su país. Sus simpatizantes protagonizaron una violenta marcha sobre la capital para negar su derrota electoral por un estrecho margen. Pero las instituciones de la democracia fueron más fuertes que los ataques y el día de la investidura, el legítimo vencedor asumió el cargo en una ceremonia pacífica.

Los paralelismos entre las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos y en Brasil son sorprendentes. El presidente saliente de Brasil, Jair Bolsonaro, apoyaba a Donald Trump y este, a su vez, apoyó a Bolsonaro en la campaña. Aunque Joe Biden no fue tan lejos y no apoyó a nadie durante la campaña, no tardó nada en reconocer la victoria del presidente entrante, Luiz Inácio Lula da Silva, desoyendo las denuncias de fraude electoral proferidas por su rival.

“Estados Unidos ha vuelto”, dijo Biden en vísperas de su propia investidura en 2021. “Brasil ha vuelto”, dijo Lula dos años después.

Pero más allá de los puntos en común de sus campañas presidenciales, hay diferencias fundamentales en la visión que Lula y Biden tienen del mundo, así como del papel que sus países deben jugar en él. Son diferencias que deberían servir de base para construir a partir de ellas un entendimiento mutuo, y no para convertirse en puntos de conflicto entre las mayores potencias del hemisferio occidental.

El multilaterismo de Lula

Pensemos en sus discursos de victoria. ¿Qué significa para Biden y para Lula que sus países hayan “vuelto”? Joe Biden lo tiene claro: un regreso a una campaña global para “defender la democracia en todo el mundo, frenar el avance del autoritarismo” y unir a los países del “mundo libre” frente a rivales como Rusia y como China. Pero la visión de Lula de un orden global “basado en el diálogo, el multilateralismo y la multipolaridad” va en contra de estas divisiones y sus llamadas a la confrontación. “Tendremos relaciones con todos”, dijo Lula en su discurso este domingo.

¿Qué significa, en términos reales, el compromiso de Lula con “el diálogo, el multilateralismo y la multipolaridad”? Por “diálogo”, Lula entiende pasar de una política exterior que trate de aislar a los adversarios a otra que busque soluciones diplomáticas. Por ejemplo, cuando la Administración Biden pidió al mundo que se uniera a su campaña sanciones duras contra Rusia, hubo personas vinculadas a Lula que pidieron prudencia. “Estoy en contra las sanciones”, dijo su ex ministro de Asuntos Exteriores, Celso Amorim. “No ayudarán a resolver nada, sino que crearán problemas en todo el mundo”.

El enfoque también es valido para los adversarios de Washington en el continente.

Mientras que Bolsonaro se unió a Estados Unidos en el rechazo a reconocer a Nicolás Maduro como líder legítimo de Venezuela, el presidente Lula intentará ahora tener relación con el Gobierno de Maduro. Entretanto, Lula apoya de manera habitual a la Asamblea General de la ONU en su votación de condena del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

La resistencia de Lula a estas medidas unilaterales coercitivas define lo que significa el “multilateralismo” para él. Desde el principio de su primer mandato presidencial Lula trató de reforzar el papel de organismos multilaterales como Naciones Unidas para resolver los desafíos mundiales. En ocasiones, eso ha significado enfrentarse al Gobierno de EEUU. Como cuando en 2003 rechazó la decisión unilateral de Estados Unidos de invadir Irak. “Falta al respeto a las Naciones Unidas”, dijo entonces Lula sobre la decisión.

Reequilibrar el orden mundial

Pero su compromiso con el multilateralismo va más allá de una mera preferencia por el consenso. El Gobierno de Lula abogó entonces, como volverá a hacer ahora, por una reforma fundamental en el sistema multilateral que “refleje la distribución actual de poder en el mundo”, en palabras de Amorim. Es posible que Washington celebre el fin del aislacionismo de Bolsonaro en temas como la lucha contra el cambio climático, pero la clave sigue siendo cómo responderá al intento de Lula de darle protagonismo al llamado sur global cuando la Administración Biden ha prometido mantener a Estados Unidos en la “cabecera de la mesa”.

Lo que define la visión de “multipolaridad” de Lula es esta ambición de construir nuevos bloques para reequilibrar el orden mundial. Un proceso de reequilibrio que comienza en el hemisferio occidental. Durante mucho tiempo, Lula trató de unir a los vecinos latinoamericanos de Brasil en un bloque común que tuviera autonomía de EEUU. Durante su presidencia, Bolsonaro se marchó de mala manera de estos organismos regionales. Pero Lula tiene ahora gobiernos afines en países como Colombia, Argentina, Bolivia y Chile, y su administración buscará integrar las políticas regionales de sanidad, defensa, infraestructura y medio ambiente para construir un nuevo “polo” en lo que Biden llamó “el patio delantero de Estados Unidos”.

Pero el compromiso de Lula con otro bloque es lo que supone un mayor riesgo de colisión con EEUU. Desde el principio de su presidencia, Biden ha hablado de un conflicto de civilizaciones creciente entre “democracias” y “autocracias”, con Rusia y China como representantes del bando autocrático. Sin embargo, Lula presidió en 2008 la creación de un nuevo bloque global que rompía con esta división de civilizaciones uniendo a Brasil con Rusia, India, China y Sudáfrica (Brics). De nuevo en la presidencia, Lula ya ha dicho que apoyará las propuestas de ampliación del bloque y el desarrollo de un nuevo sistema de pagos Brics que facilite el comercio entre sus miembros sin el uso de dólares.

Nueva oportunidad

Estados Unidos tiene un funesto historial de intervenciones en los países que consideraba demasiado cercanos a sus rivales y Brasil no es ninguna excepción. Ya en 1964, y para evitar que Brasil se convirtiera en “la China de los años 60”, Washington ayudó al golpe militar contra el Gobierno democráticamente elegido de João Goulart. No han pedido disculpas. Y las últimas administraciones estadounidenses respaldaron el encarcelamiento de Lula durante 580 días en el que se considera ampliamente como el golpe judicial de 2016.

Ahora que Lula asume la presidencia, Biden tiene la oportunidad de escribir un nuevo capítulo de las relaciones entre Estados Unidos y Brasil que se base en el respeto mutuo de la soberanía nacional. También es una oportunidad para revisar los principales supuestos de la política exterior estadounidense. Ni Lula ni sus aliados se identifican con su concepto de “mundo libre” o con la idea de que sea Estados Unidos el país que lleve el timón. Lo que sí creen es que hay un mundo multipolar en formación y que su responsabilidad es desempeñar un papel positivo en él con una política exterior activa, independiente y firme. Brasil no necesita a un Estados Unidos que “lidere el mundo”. Lo que necesita es que Estados Unidos encuentre su nuevo lugar en la mesa.

David Adler es coordinador general de la Internacional Progresista. Guillaume Long es un analista senior de política en el CEPR.

Traducción de Francisco de Zárate

El 2 de octubre –siete meses y más de dos millones de muertes por COVID-19 atrás– los gobiernos de India y Sudáfrica solicitaron a la Organización Mundial del Comercio (OMC) que suspendiera temporalmente el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) para asegurar un “intercambio global de tecnología y conocimientos sin obstáculos... para afrontar la COVID-19”.

Por aquel entonces, no había vacunas aprobadas para prevenir la propagación del virus. Pero los 100 países que se sumaron a la petición en los meses siguientes ya sabían lo que ahora es evidente: el sistema de las patentes farmacéuticas es una máquina de matar.

Ahora, el apoyo a la exención del acuerdo sobre los ADPIC es amplio y crece entre médicos, premios Nobel, senadores y la gran mayoría de la población estadounidense. Hace dos semanas, el Gobierno de Biden anunció finalmente su intención de apoyar una versión de la propuesta, un cambio de rumbo en medio del aumento global de casos de COVID-19. “Las circunstancias extraordinarias de la pandemia de COVID-19 exigen medidas extraordinarias”, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, quien se comprometió a “negociar por escrito en la OMC”.

Pero la suspensión temporal es solamente una solución provisional a la crisis permanente del sistema de salud global. Cuando el sida estalló en todo el mundo en la década de los 90, las farmacéuticas respondieron con amenazas y demandas a las peticiones de medicamentos antirretrovirales genéricos y asequibles para frenar la pandemia en África. Y la pandemia de COVID-19 no es desde luego el final de esta crisis: desde el SARS hasta el ébola, pasando por las variantes de COVID-19, los epidemiólogos advierten de que hemos entrado en una nueva era de pandemias.

Para aprender las lecciones de un año perdido por la COVID-19 –y prepararnos para un siglo largo de emergencias sanitarias recurrentes– la suspensión temporal del acuerdo sobre los ADPIC debe dar pie a una transformación total del sistema de patentes farmacéuticas. Detener los engranajes de la máquina de matar no es suficiente. Nuestra obligación es desmantelarla.

Esa obligación atañe más a Estados Unidos que a cualquier otro país. El Gobierno estadounidense ha sido arquitecto y guardián del régimen de propiedad intelectual, amenazando con sancionar a países como Brasil, Tailandia y Sudáfrica por atreverse a promover la producción de genéricos que salvan vidas.

Pero una mayoría abrumadora de los votantes estadounidenses apoya una transformación radical del sistema de patentes farmacéuticas. Una nueva encuesta de Data for Progress y Progressive International revela que el 59% de los votantes estadounidenses apoya la renuncia de todas las protecciones de patentes para producir versiones genéricas de medicamentos que salvan vidas contra enfermedades críticas, desde la COVID-19 y el VIH/sida hasta afecciones cardíacas y diabetes.

Estas preferencias no son muestras de caridad. Los ciudadanos de Estados Unidos están entre las mayores víctimas del sistema de patentes: según una encuesta reciente, uno de cada cuatro estadounidenses no puede comprar los medicamentos que le son recetados por los precios astronómicos de los fármacos. Puede que la vacuna contra la COVID-19 se haya administrado gratuitamente a los ciudadanos estadounidenses esta vez, pero no hay razón para esperar que el Gobierno continúe pagando las cuentas cuando las variantes resistentes a los fármacos vuelvan a entrar en el país y manden a millones de familias sin seguro al hospital para recibir tratamiento.

Las farmacéuticas presionarán a nuestros representantes para que digan que son las mejores posicionadas para gestionar estas pandemias – y que lo que es bueno para los Investigadores y Productores Farmacéuticos de América (PhRMA, en inglés) es bueno para Estados Unidos. “Más que en cualquier otro momento de la historia, la sociedad entiende y se beneficia de las innovaciones basadas en la propiedad intelectual'', escribieron en una carta a Joe Biden donde le piden que rechace la exención del ADPIC ante la OMC.

Pero para los votantes estadounidenses –cuyos impuestos financiaron el avance médico de la vacuna de Moderna contra la COVID-19, tal como los de los votantes británicos financiaron la de AstraZeneca– son chorradas. Al preguntarles si el Gobierno estadounidense debería obligar a Moderna a compartir la tecnología de su vacuna con los productores de otras partes del mundo, el 59% de los votantes está de acuerdo, mientras que solo 27% se opuso, según la encuesta de Data for Progress y Progressive International.

Estos hallazgos reflejan la frustración creciente por la primacía del beneficio en el sistema de salud pública, no solo por los beneficios obtenidos por las farmacéuticas en el transcurso de la pandemia (Pfizer ganó más de 3.500 millones de dólares con su vacuna solamente en el primer trimestre de 2021), sino también con la resistencia a invertir en medicamentos que salvan vidas pero no resultan en estas enormes ganancias. “Cuando los precios son tan bajos que impiden producir beneficios, las empresas abandonan el mercado'', informó la OMS en 2017.

El sector farmacéutico puede alegar que un retroceso en la protección de las patentes afectará negativamente la producción de medicinas en el futuro. Pero fueron los gobiernos los que han tenido que intervenir para catalizar la producción de vacunas, y la población carga con los riesgos.

No hay que hacerse ilusiones con respecto a las perspectivas de una reorientación tan radical en la política exterior estadounidense. Mientras la agenda de Biden en casa ha buscado romper con los dogmas del pasado sobre la disciplina fiscal y la desinversión pública, su política exterior ha conservado el marco heredado de Donald Trump y Barack Obama.

Esto no es una coincidencia: la arquitectura de la gobernanza global fue diseñada para aislarse de las presiones democráticas. Jan Tumlir, el arquitecto del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de la ONU, describió el proyecto muy claramente: “Las reglas internacionales protegen al mercado mundial de los gobiernos”.

Pero el poder no otorga nada sin demandar algo, y en momentos como este –cuando el paradigma está cambiando, y el presidente de EEUU parece estar dispuesto a ejercer presión contra el viejo tercer riel de la política nacional– identificar la demanda correcta es tan importante como su articulación. La suspensión de las patentes de la COVID-19 puede ser un primer paso esencial. Pero, como parecen entender los votantes estadounidenses, el camino para salir de esta pandemia es largo. Necesitaremos dar grandes pasos para llegar.

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David Adler es economista político y coordinador general de Progressive International

La doctora Mamka Anyona es investigadora de la gobernanza sanitaria mundial y asesora de diversas organizaciones internacionales en asuntos sanitarios mundiales

Traducción de Ignacio Rial-Schies.