Evens Delva cruzó el Río Grande con su mujer y sus dos hijas con el sueño de empezar una nueva vida en Florida. Menos de una semana después, él y su familia pisaban el asfalto de Puerto Príncipe, la sofocante y caótica capital de Haití, sin nada más que amargos recuerdos y un sentimiento de rabia a flor de piel.

Delva, junto con otros casi 2.000 haitianos, fue deportado esta semana a Haití desde el estado sureño de Texas, a pesar de haber vivido en Chile durante los últimos seis años y de tener pocas conexiones con su país de origen. Su hija menor, de cuatro años, no tiene la nacionalidad haitiana, ya que nació en Chile, y su español es mejor que su criollo haitiano.

“No sé qué vamos a hacer, no tenemos dónde quedarnos ni a quién llamar”, explica el hombre de 40 años, momentos después de bajar del avión, en medio del sofocante calor caribeño. “Sólo sé que éste es el último lugar en el que quiero estar”.

No es difícil entender por qué. Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, está sumido en crisis que se superponen. La escasez de gasolina y los apagones son una realidad cotidiana, mientras que las bandas callejeras rivales raptan sistemáticamente para pedir rescates y se pelean en las calles.

La situación empeoró cuando Jovenel Moïse, el presidente, fue asesinado en su casa el pasado 7 de julio, lo que desencadenó una lucha por el poder político, y una mayor inestabilidad y violencia callejera. El 14 de agosto, un terremoto de magnitud 7,2 sacudió la pobre península del sur del país, con un balance de más de 2.200 víctimas mortales y decenas de miles de personas sin hogar.

Las reacciones

La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de deportar a miles de haitianos en tales circunstancias ha suscitado rechazo a nivel mundial y ha llevado al enviado de Estados Unidos a Haití a dimitir en señal de protesta. Haití es “un país en el que los funcionarios estadounidenses viven confinados en recintos cerrados debido al peligro que representan las bandas armadas que controlan la vida cotidiana”, escribió en su carta de dimisión. “El aumento de la migración hacia nuestras fronteras no hará más que aumentar la inaceptable miseria de Haití”, decía.

La semana pasada, el mundo se conmocionó con las imágenes de policías estadounidenses montados a caballo que cargaban contra migrantes haitianos desesperados cerca de un campamento de 12.000 personas, instalado bajo el puente fronterizo en Del Río, Texas, y Ciudad Acuña, Coahuila. De hecho, Delva se dirigía a comprar comida y agua para su familia cuando la carga de la caballería hizo que él y docenas de sus compatriotas corrieran en desbandada.

“Nos acorralaron como si fuéramos ganado y nos encadenaron como a delincuentes”, explica, tras haber pasado las seis horas de vuelo desde San Antonio con las manos y las piernas atadas. “Nos trataron como animales”, lamenta María, su mujer. “Nunca olvidaremos cómo nos hemos sentido”.

Un angoleño deportado a Haití

Las autoridades estadounidenses fueron tan torpes en su deportación de los emigrantes que también arrastraron a un angoleño que nunca había pisado Haití. “Les dije que no soy haitiano”, indica Belone Mpembele, al salir, aturdido, de la terminal: “Pero no me escucharon”.

Fuera del aeropuerto, varias decenas de haitianos deportados esperaban, inquietos y enfadados, a que les ayudaran. “¡Que se joda Biden!”, gritaba un deportado mientras dos mototaxistas se peleaban por los clientes. De una pila de basura ardiendo salían columnas de humo blanco y maloliente.

Cada deportado recibió unos 50 dólares en efectivo, así como un kit de higiene con papel higiénico, jabón y un cepillo de dientes, con el logotipo de USAID y el lema: “Un regalo del pueblo estadounidense”.

“Este es mi país y no me asusta, pero es un país sin futuro, aunque quieras trabajar”, señala Fanfan Clerveaux, que desde que llegó hace unos días ha estado durmiendo en la casa de un primo cercano. “No entiendo por qué han tenido que deportarnos así”.

Desde Chile y Brasil

La gran mayoría de los deportados llevaban varios años viviendo en Chile y Brasil tras el terremoto de 2010, que arrasó gran parte de Puerto Príncipe, mató a más de 200.000 personas y sumió a Haití en una espiral de inestabilidad de la que nunca se ha recuperado.

Los que llegaron a América del Sur intentaron rehacer sus vidas, pero cuando la pandemia de COVID-19 acabó con muchos trabajos de la clase media y trabajadora de América Latina, volvieron a sumirse en la pobreza. Fue entonces cuando muchos haitianos decidieron dirigirse a Estados Unidos. La larga ruta hacia el norte los expone a bandidos, traficantes y funcionarios de inmigración que se aprovechan de los migrantes.

Tal vez la peor parte del viaje sea el temido Paso del Darién, una zona de selva montañosa sin ley entre Colombia y Panamá. “Por el camino te encuentras con muchos cadáveres, y los ríos engullen a un montón de gente”, dice Delva. “Y luego están los ladrones, que roban a todo aquel que pasa por allí”.

Después de que llegara el último avión del día, una joven se abrió paso entre una multitud de taxistas y rompió a llorar cuando vio a su madre, de la que se separó en Texas: “¡Estás aquí!”.

Más atrás, un conductor escuchaba las noticias de la radio y se enteraba de otro secuestro en la capital, mientras la familia Delva empezaba a amontonarse en un maltrecha camioneta.

“No sé si Biden sabe lo que nos pasó, pero nos trataron como a objetos”, lamenta Delva. A pesar de lo traumático que ha sido este viaje está muy seguro de que el futuro de su familia no está en Haití: “Nos quedaremos un mes, más o menos, y luego lo volveremos a intentar”.

Cada noche, Guy se iba a dormir con el ruido de disparos. Eran las bandas de Puerto Príncipe, la capital de Haití, librando batallas campales en el centro de la ciudad. Durante el día, era el momento de las protestas violentas por la escasez de alimentos y de combustible.

Las carreteras bloqueadas con neumáticos en llamas se convirtieron en algo habitual. La policía utilizaba las porras y gases lacrimógenos para reprimir las protestas. “Salir a la calle daba miedo”, dice Guy, que comenzó entonces a planificar su viaje hacia Estados Unidos. “No había más remedio que irse de Haití”. 

No ha sido el único en pensarlo. Las autoridades de la ciudad texana de Del Río declararon el viernes el estado de emergencia local después de que unos 12.000 migrantes, en su mayoría procedentes de Haití, se congregaran bajo un puente en la frontera con México.

La afluencia de migrantes ha desbordado la capacidad de respuesta de las autoridades locales. Se trata de un nuevo desafío para Joe Biden que pone de relieve la creciente crisis migratoria originada en Haití, tras las múltiples y superpuestas calamidades que han asolado el país.

Para muchos migrantes, cruzar el Río Grande es sólo el último tramo de una odisea que se extiende por el Caribe y Sudamérica. Una mayoría vuela desde Haití hasta Ecuador, donde los haitianos no necesitan visado, para buscar trabajo en Chile o en Brasil.

Otra opción es dirigirse al norte cruzando las peligrosas selvas del golfo de Darién para viajar hacia Centroamérica y México. En todas las etapas están a la merced de las fuerzas de seguridad, de los grupos criminales organizados que han puesto a los migrantes en su punto de mira, y de la enclenque infraestructura del negocio del contrabando de personas.

Guy es uno de los miles de emigrantes, en su mayoría haitianos, que quedaron varados recientemente en Necoclí, una ciudad costera colombiana donde los transbordadores locales hacia Panamá no dan abasto para satisfacer la demanda.

Como muchos otros estuvo viviendo en Brasil, donde trabajó de manera informal en el sector de la construcción. Pero la falta de trabajo y la idea de que el Gobierno de Biden sería más acogedor le empujaron a iniciar su camino hacia el norte. “Seguimos a los que fueron antes que nosotros”, dice Guy. “No importa si es peligroso”.

Otros eligen el viaje más directo pero igual de peligroso de cruzar por alta mar hacia Estados Unidos. Este lunes, los guardacostas estadounidenses interceptaron una embarcación de 35 pies a 18 millas de Florida y con 103 personas a bordo. Llevaban seis días en el mar.

Las razones

Hay muchas razones para huir de Haití. Acosada desde hace tiempo por la violencia, la corrupción y la escasez, la nación más pobre del hemisferio occidental sufrió en julio una crisis de inestabilidad aún mayor, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse en circunstancias que aún no han sido aclaradas.

Exacerbadas por el cambio climático y por la mala planificación, las catástrofes naturales también azotan regularmente al país. El pasado 7 de agosto un terremoto catastrófico sacudió el sur de Haití provocando al menos 2.200 víctimas mortales y dejando sin hogar a más de 30.000 personas.

En Puerto Príncipe reina la inseguridad. Las bandas han lanzado una campaña de violencia -en muchas ocasiones con apoyo político-, que ha sido comparada con una guerra civil. Los civiles pueden quedar atrapados en el fuego cruzado, sufrir robos en cuestión de un instante, o ser secuestrados para exigir rescates. Los servicios públicos casi no existen, con la basura sin recoger y miles de hogares sin agua corriente ni retrete.

Como dice Louis Henry Mars, que en los barrios marginales controlados por las bandas de la capital promueve iniciativas de pacificación. “Ya no hay vida normal en Puerto Príncipe. Hay 165 bandas en Puerto Príncipe y están mejor armadas que la policía, por lo que no es posible acabar con ellas sin daños colaterales”, dice.

Según Michelle Mittelstadt, del estadounidense Instituto de Política Migratoria, la impresión de que el gobierno de Biden trataría con más amabilidad que Donald Trump a los migrantes es tanto un error como una clave para explicar el aumento de llegadas.

“Se pasó de una Administración Trump que básicamente hizo todo lo que pudo en la frontera para restringir la migración, legal o ilegal, a una Administración que en general ve a la inmigración como un activo, que no ve a los inmigrantes como una amenaza económica o de seguridad”, dice Mittelstadt. “La gente lo ha entendido como una oportunidad”.

Pero los haitianos que esperan una alfombra de bienvenida cuando termine su procesamiento pueden tener un duro despertar. El Gobierno de Biden había suspendido las deportaciones a Haití tras el terremoto que sufrió el país, pero ya ha revocado esa decisión. Esta semana comenzaron a salir los vuelos a Puerto Príncipe llenos de migrantes y ocho más están programados para la próxima semana.

William Martínez, que trabajó de niño en un cultivo de caña de azúcar en el campo nicaragüense, aprendió por las malas lo que muchos comienzan a ver hoy en Estados Unidos, Canadá y otros países: el ascenso de las temperaturas causa muertes y destrucción del modo de vida.

Martínez, junto a sus vecinos de La Isla, comenzó a enfermar con frecuencia hace dos décadas después de trabajar durante largos días agotadores bajo el duro sol de Nicaragua. Los trabajadores del molino cercano, que provee de melaza a productores de alcohol, comenzaron a sufrir fallos renales, lo cual les alejó del trabajo y les forzó a caros y largos tratamientos de diálisis. Su padre y sus tíos, que sufrieron la misma aflicción, murieron cuando Martínez era un niño, lo que le obligó a empezar a trabajar.

Con el paso del tiempo murieron tantos hombres trabajadores en la aldea que la comunidad llegó a adoptar un nuevo nombre: La Isla de las Viudas. 

La enfermedad que devastó a generaciones de trabajadores ha llegado a conocerse en la literatura académica como enfermedad crónica de los riñones de origen desconocido, pero para quienes trabajan en las plantaciones de caña de azúcar sin resguardo del sol, la causa es tan clara como el cielo despejado.

“Aquí, a nivel comunitario hemos perdido mucho y es una pérdida con la que todavía cargamos”, dice Martínez, que ahora, a los 29 años, es investigador especializado en salud laboral y seguridad operativa. “Pero esto no es algo que afecte solamente a Nicaragua: tendrá efectos en otros lugares también, si no se hace nada para mitigar o prevenir el estrés térmico”.

Más de 5 millones de personas mueren cada año en todo el mundo por condiciones excesivamente calurosas o frías, según un estudio reciente de los últimos 20 años. Las muertes vinculadas al calor están aumentando. Otro estudio ha averiguado que el 37% de las muertes vinculadas al calor en el mundo durante las temporadas cálidas están vinculadas con la emergencia climática.

Cuando llega una ola de calor como la que golpeó parte de Norteamérica a finales de junio y principios de julio llegando a superar los 49 grados en Canadá y sometiendo a 31 millones de personas, el dolor se siente también en los países más poderosos.

Los registros oficiales de los estados de Oregón y Washington sumaron casi 200 muertes como resultado de las temperaturas abrasadoras, que se estima que también causaron más de 500 muertes en la provincia de Columbia Británica, en Canadá. Mientras tanto, los incendios forestales encendidos por la ola de calor devastaron la región.

Kate Brown, la gobernadora demócrata de Oregón, describió la ola de calor como un “mensaje de advertencia” en una entrevista con CBS y dijo que los más golpeados pertenecen a grupos minoritarios y otras comunidades vulnerables, como aquellos que realizan trabajos físicos –campesinos, obreros, agricultores, etc–. “Debemos ubicar también las voces de las personas negras e indígenas al frente de nuestra labor de preparación para la emergencia”, dijo.

En el sudeste asiático, las fábricas urbanas de ropa son literalmente focos de calor y sus trabajadores enferman constantemente.

“Las fábricas cerradas, donde los trabajadores usan equipo de protección y donde no siempre hay aire acondicionado –ya sea por razones económicas o vinculadas a la producción–, son lugares donde uno puede fácilmente sufrir un golpe de calor”, dice Jason Lee, profesor de la Escuela de Medicina Yong Loo Lin de la Universidad Nacional de Singapur y autor principal de un estudio sobre el efecto del estrés térmico en trabajadores en Singapur, Vietnam y Camboya.

Lee dice que pagar a los trabajadores de fábricas por hora, en lugar de por su producción, reduciría el incentivo a evitar que se tomen pausas regulares de descanso.

En Oriente Medio, los trabajadores migrantes de la construcción –muchos de Nepal– han estado particularmente en riesgo. En Qatar, se estima que cientos mueren anualmente por el estrés térmico mientras trabajan en la construcción de infraestructura para la Copa Mundial de Fútbol, como demostró una investigación de The Guardian en 2019.

“Nos dan una pausa de 30 minutos cada ocho horas”, dijo en ese momento un hombre de Bangladesh que trabajaba en una construcción cerca de Doha. “Si nos tomamos otra pausa de 20 minutos, nos dicen que trabajemos 20 minutos más”.

Volviendo a Nicaragua, Martínez –que vive todavía en La Isla y trabaja como organizador comunitario– y otros investigadores han encontrado un modelo que dicen que vale la pena exportar.

Martínez, que trabaja con La Isla Network –un grupo de científicos dedicado a proteger a los trabajadores de los impactos más peligrosos de la crisis climática– trabajó con la azucarera nicaragüense Ingenio San Antonio, donde él mismo fue empleado, en la implementación de un programa para que los trabajadores beban agua, descansen y se resguarden del sol. Desde entonces, los índices de aflicciones renales se han reducido. Dos ingenios en México son candidatos para realizar una versión piloto del programa en 2022, conocido como la Iniciativa Adelante.

“El estrés térmico expulsa a la fuerza a las personas del mundo laboral, matándolas directamente o causándoles muchas veces enfermedades que requieren tratamientos muy costosos. En el contexto de Nepal o Nicaragua, eso obliga a los niños a comenzar a trabajar en sus sitios de origen o en el extranjero para reemplazar a sus padres y fomentando el trabajo infantil”, dice Jason Glaser, director ejecutivo de La Isla Network. Glaser añade que las empresas de EEUU deberían implementar prácticas similares. “Lo que estamos haciendo en Nicaragua y en México debería suceder en casa”.

Para Martínez, la urgencia de actuar es clara. “Es sentido común. El planeta se está calentando y más personas estarán en riesgo, lo que significará más abandonos laborales y la sobrecarga de los sistemas de salud”, dice. “Lo más importante es proteger a los trabajadores y eso vale para todas las industrias”.

Traducción de Ignacio Rial-Schies