La vivienda es el principal problema para la opinión pública y una de las vertientes en las que se expresa este problema es en el fuerte encarecimiento de los alquileres. Sin embargo, la forma en que la subida de los alquileres se traslada a las estadísticas y después al debate público es un fenómeno complejo. Como botón de muestra, el gráfico adjunto muestra tres perspectivas sobre el crecimiento acumulado de los alquileres desde 2018 hasta la actualidad. A primera vista parecen hablar de tres países distintos. Si nos fijamos en el indicador sintético que produce un gran portal inmobiliario como Idealista, los precios del alquiler han subido un escalofriante 47% desde 2018. La situación opuesta se produce si tomamos el componente del alquiler que se integra en el IPC, que apunta a una moderada subida de los alquileres (casi un 12%) y que es inferior al incremento general de los precios (22,5%). Un tercer indicador lo ofrece la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que, en su última edición permite cifrar el incremento del alquiler medio en un 28%.

Si estamos asistiendo a una crisis sin precedentes con el encarecimiento de los alquileres, ¿qué indicador deberíamos tomar como referencia? Lo cierto es que las tres métricas presentadas apuntan a distintos segmentos del mercado y, por tanto, sirven para fines diferentes. Como argumentaremos, los precios de Idealista son solo una aproximación parcial a las subidas de precios que se producen con el pequeño segmento de contratos que se renuevan cada año. Se podrá tomar como un indicador anticipado de la futura inflación de los alquileres, pero sería equivocado ver estos precios como representativos de los hogares en alquiler de mercado. El alquiler medio que refleja una encuesta como la ECV se aproxima a la media ponderada que pagan los hogares, es una medida por tanto de stock. Esta cifra, sin embargo, se ve influida por el cambio en la composición de las viviendas alquiladas. Por último, el IPC trata de medir el incremento de precios de viviendas con unas características homogéneas y, como argumentaremos, potencialmente está dejando sin recoger la mayor parte de las subidas provocadas por los nuevos contratos.

Los alquileres de contratos nuevos vs contratos existentes

Los precios medios de los portales inmobiliarios —como los publicados por Idealista, Fotocasa u otros— son los que reciben mayor atención de los medios y en los debates públicos. A menudo se citan como si reflejaran directamente los precios de mercado actuales y es frecuente compararlos con la renta (o salarios) del momento. No obstante, conviene recordar que las cifras de Idealista son precios de oferta y los que se mantienen en el portal son precisamente los más caros, los que no encuentra fácil demanda. Los datos realmente útiles serían los de los contratos recién firmados, ya que permitirían medir el incremento de los nuevos alquileres respecto a los ya existentes. Además, tienen otros problemas. Estos precios deberían ponderarse, bien por el volumen y el número de contratos firmados, o ponerse en relación al stock de los ya existentes.

En suma, Idealista lo que ofrece es un producto relacionado con su servicio inmobiliario, es decir, un precio como mediana de los anuncios y que, por tanto, resulta sensible a cambios en la tipología de las viviendas ofertadas. Por último, y no por ello menos importante, la información es privada y el acceso es de pago. Sin que los investigadores y la opinión pública pueden verificar y hacer los ajustes antes mencionados, estos precios no dejan de ser una señal parcial y algo distorsionada.

La mejor alternativa sería elaborar una estadística pública que mida directamente los precios de los nuevos contratos de alquiler. Hasta la fecha, lo más parecido es el nuevo Índice de Precios de Vivienda en Alquiler (IPVA), que el INE elabora con registros de la Agencia Tributaria procedentes de las declaraciones de la renta de los propietarios de viviendas. Esta estadística distingue entre la evolución de los contratos existentes y los nuevos, e incluso indica el peso relativo de cada tipo en cada año.

En el último periodo, los contratos nuevos han representado aproximadamente un 15% de los vigentes cada año. Se confirma también la intuición de que los alquileres de los nuevos contratos crecen más rápido, con tasas dos o tres puntos superiores a los existentes. Sin embargo, estos datos requieren tiempo para procesarse y, por ahora, solo están disponibles hasta 2023. Además, y esto es de gran importancia, no ofrecen información sobre el nivel de los precios. Sólo informa de su variación.

Una estadística muy similar y con la misma base informativa es el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda (SERPAVI), utilizado como indicador del alquiler en las zonas tensionadas y que recoge información de los contratos existentes para cada año. El sistema está pensado para servir como referencia para los nuevos contratos a partir de lo que sucede con los precios del alquiler de todas las viviendas alquiladas en un año y con un nivel muy detallado (la sección censal). El hecho de que no solo se ofrezcan datos medios, sino también intervalos alrededor de esa media, refuerza esa función de orientación sobre los precios de los nuevos contratos. Sin embargo, el SERPAVI no sirve para saber lo que está ocurriendo con los nuevos alquileres.

La Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) que elabora cada año el INE ofrece una perspectiva distinta. Como señalábamos antes, la ECV sitúa el incremento del alquiler medio en torno al 28% durante estos 7 años, o incluso el 32% si se atiende a la mediana. Se trata también de los precios del alquiler del stock de viviendas arrendadas, no de los nuevos contratos firmado. Pero, a cambio, ofrece ventajas adicionales al relacionar el alquiler con la renta disponible de los hogares, estimada principalmente a partir de registros administrativos. De este modo puede estimarse el esfuerzo que representa el alquiler para los hogares inquilinos y aparece entonces un resultado, en apariencia, sorprendente: la ratio ha descendido ligeramente. En 2018 el alquiler suponía casi el 26% de la renta disponible y en 2025 había bajado hasta el 24%.

Aunque pueda parecer contradictorio, la explicación es sencilla: en promedio, la renta de los hogares inquilinos ha crecido más rápido (casi un 36%) que los alquileres. Parte de esta mejora puede atribuirse a factores señalados por otros analistas y también por nosotros, como es el aumento de los salarios, la mayor intensidad del empleo o la expansión de nuevas prestaciones sociales, y que habrían beneficiado al colectivo de inquilinos. También ocurre que, durante este periodo, la proporción de hogares en alquiler ha aumentado, en parte debido al encarecimiento aún mayor de la vivienda en propiedad. Así, los nuevos arrendatarios pueden pagar alquileres más altos que los existentes, pero también cuentan con rentas superiores, lo que mantiene relativamente estable el esfuerzo agregado.

En todo caso, la mejora en la ratio del esfuerzo no debería obviar que sigue habiendo muchos hogares que dedican una proporción muy elevada de sus ingresos al pago de los alquileres, como se documentaba en elDiario.es hace un año. Utilizando el indicador de sobreesfuerzo que publica Eurostat, puede cifrarse en torno al millón de hogares en España (el 26,8% de los 3,3 millones que pagan alquiler de mercado) los que dedican más del 40% de su renta a pagar la vivienda. La buena noticia es, también aquí, que este porcentaje de hogares sobrecargado por el alquiler se cifraba en un 38% en 2018. Se ha producido una convergencia con la media de la Unión Europea (19% en el último año disponible), aunque todavía queda mucho recorrido por delante.

El alquiler de vivienda en el IPC

Si la ECV recoge los alquileres que en promedio pagan los hogares, y las incipientes estadísticas públicas tratan de recoger la diferencia entre contratos nuevos y los ya existentes, ¿cómo se mide la vivienda en el IPC? ¿Por qué la tasa de crecimiento de los alquileres es tan baja en este indicador de síntesis? La explicación es que el INE, al elaborar el IPC, no busca establecer los niveles de los precios en España. Más bien busca medir los cambios en el precio de los bienes y servicios (el alquiler de viviendas en este caso) manteniendo constantes sus características. Por analogía con la ECV, en el IPC no sería correcto recoger simplemente el incremento que se observa en España entre el alquiler medio en un año y el siguiente. Este cambio es el producto de una modificación en el mercado de alquiler: cada año entran y salen viviendas del mercado de alquiler.

Este cambio en la composición debe excluirse del IPC y ello obliga a aislar el cambio de precios manteniendo constante la tipología de las viviendas. En la práctica, como se explica en la última guía metodológica, o en unas recientes jornadas sobre estadísticas del sector inmobiliario, el INE utiliza una muestra de viviendas correspondientes a hogares entrevistados para la EPA, a los cuales se les continúa preguntando sobre el precio del alquiler cada tres meses. De este modo, el IPC recoge los cambios en el precio de todos los contratos de la muestra, pero solo una parte de ellos son nuevos contratos. Además, no se recogen bien las viviendas que hayan empezado a alquilarse.

La lógica de este sistema puede aproximarse de forma sencilla. Como también la ECV vuelve a entrevistar a parte de los mismos hogares de un año a otro, los microdatos permiten calcular la variación del alquiler entre quienes mantienen el mismo contrato. El gráfico adjunto muestra una evolución parecida con la recogida en el IPC, lo cual incide en que este indicador aproxima la situación de los hogares de inquilinos que prorrogan sus contratos. No es una perspectiva sin valor, pues la ECV confirma que buena parte de la reducción del esfuerzo que representa el pago del alquiler se produce por esta vía. Utilizando la muestra longitudinal se confirma que muchos de los hogares que en el año de partida empiezan en una situación de sobre esfuerzo, se reduce de forma notable al año siguiente al aumentar más rápido sus ingresos.

Sin embargo, también puede argumentarse que al optar por este procedimiento el IPC está potencialmente dejando fuera la subida de los alquileres asociada a los nuevos contratos. Una explotación más sistemática de los registros administrativos, que dotara de un marco muestral al IPC, permitiría abordar esta laguna y medir la contribución real que supone la crisis de la vivienda al incremento del coste de la vida.

Entonces, ¿en qué nos fijamos?

El gobierno central y algunas autonomías (Catalunya es un caso paradigmático) han buscado contener las subidas de los alquileres. Estas medidas han tenido un primer ámbito de actuación sobre los contratos ya firmados, por la vía de la extensión de su duración y contención de las subidas anuales. Por sí solas, estas políticas acrecientan la diferencia entre los precios medios de los alquileres en vigor y los precios de oferta (vía portales inmobiliarios) o de los que se firman cada año. Esta brecha hace compatible que los nuevos alquileres hayan subido con fuerza y con que se reduzca el esfuerzo económico de los inquilinos para pagar el alquiler.

La fuerte diferencia entre alquileres en vigor y contratos nuevos tiene, sin embargo, una lógica que puede terminar siendo perjudicial. En la actualidad, muchos inquilinos no dejan de contar los años que faltan para que termine su contrato y, mientras tanto, miran de reojo los precios en Idealista. Solo este hecho explica una importante diferencia en las perspectivas sobre el bienestar actual y las expectativas futuras. Además, como en España estamos viviendo un notable crecimiento demográfico y un encarecimiento del precio de compra de la vivienda, más personas tienen que enfrentarse por primera vez al pago de alquileres más elevados.

Pensando en este escenario, diversas administraciones han puesto en marcha medidas para reducir la presión al alza de los precios, que van desde la contención del alquiler turístico y la ampliación del parque de vivienda pública hasta la declaración de zonas tensionadas. El propósito de este artículo no era valorar estas políticas, pues ya habrá tiempo y espacio para que muchas voces se sumen al análisis. Lo que sí invitamos es a pensar la forma en que se mide el éxito o fracaso de estas políticas. Como mínimo, se debe completar el marco estadístico para medir los precios de los alquileres, tanto de los viejos como de los nuevos. Además, se debe analizar el peso que representan los alquileres sobre la renta disponible de los inquilinos y abordar el coste implícito que incurre los hogares con su vivienda en propiedad, como señalaba un reciente estudio del departamento de la Generalitat de Catalunya.

Se puede hacer, están los elementos para hacerlo. Solo así se podrá hacer un análisis de las políticas de vivienda sobre el bienestar de las personas.

El nuevo sistema de cotización a la Seguridad Social (SS) de los trabajadores autónomos que introduce el Real Decreto-ley 13/2022 vincula las cotizaciones con los ingresos reales. El objetivo es evitar la infracotización y los desequilibrios e injusticias que eso genera en el sistema público de pensiones y conseguir en 2032 una cotización similar en asalariados y autónomos. La solución adoptada es utilizar la información declarada a Hacienda para determinar los ingresos. Pero, ¿es esa renta declarada una buena medida de la renta de los autónomos?

Los primeros efectos del nuevo sistema se manifiestan en 2023 con una cuota media por autónomo de 3.588€ anuales, que representa un incremento del 3,6% respecto al año anterior. La subida más importante de los últimos diez años si se excluye la anomalía de 2021 provocada por la pandemia.  Pero el horizonte de igualación de cuotas queda todavía muy lejos e incluso se aleja, como ilustra la figura adjunta. En 2023, la cotización media de un asalariado era ya 2,4 veces la del autónomo y el crecimiento prácticamente el doble.

Con el nuevo sistema, los autónomos se distribuyen en 15 categorías según sus rendimientos netos mensuales y cada autónomo puede elegir su base de cotización entre la mínima y la máxima establecidas para cada tramo. La cuota es el 31,4% de la base de cotización. El rendimiento neto anual de cada autónomo se calcula con las normas del IRPF que pueden consultarse en la web de la AEAT, que está obligada a transmitir a la SS la información necesaria para el cálculo del rendimiento neto computable de cada autónomo.

Para responder a la cuestión de la veracidad de la renta declarada por los autónomos es preciso asomarse a las estadísticas de la AEAT para estudiar el rendimiento neto medio declarado por sus actividades económicas y su renta media total. Y aquí nos encontramos con un problema o una laguna informativa importante.

Como se sabe por la estadística de personas trabajadoras por cuenta propia afiliadas a la SS, hay, en 2025, 3,4 millones de autónomos, un 7% de los cuales cotizan también en el régimen general como trabajadores por cuenta ajena (ver AEL Tabla AFI-5). Este número de autónomos es muy cercano a los 3,2 millones de empresarios personas físicas que declararon en IRPF en 2023 y cuyos rendimientos se estudian con detalle en la estadística del Rendimiento de Actividades Económicas (RAE) de la AEAT.  Pero esta proximidad es engañosa. 

Los 3,4 millones de autónomos de la estadística de la SS se desglosan en dos grandes categorías: dos millones de autónomos personas físicas, que sí pueden equipararse a los empresarios personas físicas de la estadística de la AEAT, y 1,4 millones de autónomos societarios y familiares. 

Los autónomos societarios son personas que han constituido una sociedad, generalmente de responsabilidad limitada, de la que poseen el 33% o más del capital social o más del 25% si al mismo tiempo son los directores o gerentes. Su rendimiento neto computable a efectos de la cotización social se obtiene sumando el rendimiento de su actividad económica a título individual, su participación en beneficios (rendimientos del capital mobiliario) y sus rendimientos del trabajo, ya sea como asalariado o como administrador de la sociedad de la que son propietarios. Sobre este colectivo de autónomos societarios no existe información en las estadísticas de la AEAT y se desconoce, salvo por lo que se expone más adelante, su rendimiento computable a efectos de cotización y su renta media declarada en IRPF.  

Los autónomos personas físicas

Sobre los rendimientos de la actividad económica de los empresarios personas físicas y sobre su renta media total declarada en IRPF, la fuente principal es la estadística antes mencionada de actividades económicas (RAE), que se publica desde 2007 y cuya edición de 2023 acaba de publicarse.

Pero antes de entrar en la RAE conviene fijarse en los datos sobre el rendimiento empresarial que aparece en la más conocida Estadística de los declarantes de IRPF, ya que estos datos se utilizan a menudo como demostración de una fuerte ocultación de rentas por los autónomos. Usando la estadística de 2023, última publicada, y estudiando el Resumen del Impuesto, puede verse que el rendimiento medio del trabajo (asalariados, pensionistas y desempleados) es de 24.342€ mientras que el rendimiento medio en actividades económicas es de 14.826€. Esta desproporción entre los rendimientos medios declarados por trabajadores y empresarios, reflejada en el siguiente cuadro, se observa en cada edición de la Estadística del IRPF y se suele interpretar como reflejo de una baja tributación de los empresarios asociada a una superior ocultación de rentas.

La preocupación es pertinente porque es un hecho bien establecido que en las rentas sujetas a retención e información por los pagadores (salarios, pensiones, rentas del capital mobiliario) la posibilidad de ocultación es nula o muy reducida. Pero en el caso de los empresarios personas físicas solo los profesionales que sirven a empresas, los agricultores y una parte de las ventas en estimación objetiva no agraria (clave H), están sujetos a retención. En conjunto, aproximadamente un 30% de los ingresos de los empresarios.

Sin embargo, han de tenerse en cuenta tres circunstancias:

La primera es que todos los empresarios están obligados a declarar en IRPF mientras que los declarantes con rendimientos del trabajo solo declaran si superan el umbral establecido, lo que deja fuera a unos 8 millones de perceptores de rentas del trabajo. (Hay 29,8 millones de personas con salarios, pensiones o desempleo según MTPFT de 2023 y 21,8 declarantes con ingresos por esos conceptos). Si todos los perceptores de rendimientos del trabajo declararan en IRPF, el rendimiento neto reducido (RNR) se reduciría a unos 20.500€. 

La segunda es que un millón de empresarios se benefician de un régimen muy beneficioso de determinación del rendimiento: la estimación objetiva o por módulos.  No son incumplidores, pero no pueden compararse con los asalariados, pensionistas y parados, que declaran todas sus retribuciones del trabajo. Así que deberíamos restringir la comparación a los casi dos millones de empresarios en Estimación Directa (ED) que declaran sus cuentas de pérdidas y ganancias, lo mismo que las sociedades, según el Plan General Contable.  Este núcleo duro de las empresas del IRPF, que representaba en 2010 menos del 50% de los empresarios, supera ya el 63% y su RNR se cifra en 20 mil euros.

La tercera es que los empresarios arriesgan y pueden incurrir en pérdidas. Esto ocurre principalmente en las empresas en ED, ya que en la estimación objetiva, por la naturaleza del procedimiento de cálculo del rendimiento, la presencia de un RNR negativo es marginal.  Y en las empresas personas físicas en ED solo un 15% declara pérdidas, lo que contrasta con el 33% en las PYMES societarias. La comparación de los empresarios personas físicas con las PYMES societarias es el objetivo de la Estadística de PYMES societarias y no societarias que comenzó a publicarse en 2017 y cuya última edición, con datos provisionales de 2023, ya se ha publicado.

En resumen, si limitamos la comparación a los 1,6 millones de empresarios en ED con beneficios, únicos que pueden compararse razonablemente, su rendimiento declarado en IRPF iguala o supera al rendimiento neto de los asalariados y pensionistas declarantes. No obstante, en el proceso de igualación de asalariados y autónomos que inaugura el nuevo sistema habría que reducir al mínimo o eliminar la estimación objetiva y mejorar el control de los ingresos de los empresarios y profesionales que sirven mayoritariamente a las familias. Estos autónomos pueden ocultar, con la complicidad del cliente, ingresos a efectos de IRPF e IVA. La deducibilidad en IRPF de un porcentaje de los gastos en obras en viviendas o los que permiten algunas comunidades en los gastos médicos o deportivos, siempre documentados con el NIF del empresario y la factura correspondiente, son un paso en la buena dirección.

La estadística RAE proporciona una información extraordinariamente rica sobre la empresa personal cuyo mayor activo son las cuentas de pérdida y ganancias (CPYG) de los dos millones de empresas en estimación directa. Además, como saben los lectores de este diario, la RAE es una fuente muy detallada, una auténtica radiografía de los autónomos personas físicas que muestra para cada colectivo, desde los registradores a los letristas de canciones, su número, el porcentaje que declara pérdidas, su rendimiento medio y el tipo de tributación.

Pero para la cuestión de la renta total de los autónomos, su gran aportación es que presenta la declaración de IRPF agregada de los empresarios comparada con la del resto de los declarantes. En el Módulo de Integración IRPF-RAE de la estadística se encuentra la Presentación de los colectivos declarantes, en la que se establece esta comparación. 

La estadística RAE estudia específicamente a los empresarios individuales, pero, como es sabido, las comunidades de bienes, sociedades civiles de personas y otras sociedades sin personalidad jurídica, tributan también en IRPF en régimen de atribución de rentas a los socios o comuneros. Y los 160 mil declarantes en atribución de rentas (EAR) pueden considerarse la élite de las empresas personales, aunque estén, como veremos, un escalón por debajo de los autónomos societarios, los que han decidido dar el salto a la forma societaria y tributan por beneficios en el impuesto de sociedades.

Usando la base liquidable en el IRPF como medida de la renta podemos concluir con claridad que los 3,1 millones de empresarios individuales declaran más que los declarantes no empresarios: 28 mil euros anuales o un 12,7% más que los no empresarios. Además, el tipo efectivo de IRPF supera en 4,4 puntos al de los no empresarios. Una diferencia que se acrecienta en el tiempo (3 puntos en 2017) y que cabe atribuir a la mayor concentración o desigualdad de la renta empresarial.

Pero no siempre la renta de los empresarios ha superado a la de los no empresarios. Otra ventaja de la RAE es que ya tiene unos años y permite estudiar la relación de rentas con un horizonte temporal amplio.

En 2007, cuando se inició la publicación de la RAE, estábamos en el máximo cíclico asociado al boom de la construcción y la renta de los empresarios superaba en un 7% a la de los no empresarios. Desde 2009 a 2017 la renta media empresarial ha estado por debajo y en 2019 volvió a estar por encima. El gráfico muestra que la renta de los empresarios es más sensible al ciclo, y a shocks puntuales como el de la pandemia, que la renta de los no empresarios. En los últimos dos años la renta de los empresarios supera holgadamente la de los no empresarios, lo que dibuja una coyuntura favorable para el cambio del sistema de cotización que impone el Decreto-Ley 13/2022.

En los últimos ocho años cubiertos por la RAE la renta de los declarantes no empresarios ha crecido un 23,1%, lo que representa un crecimiento real del 3%, ya que el IPC ha crecido un 20,1% en ese periodo. Sin embargo, la renta de los empresarios individuales ha crecido más del doble, un 50%, lo que significa un crecimiento real del 30%. El caso de las EAR merecería un estudio específico porque su renta media ha crecido un 75% en el mismo periodo.

¿Cómo es posible que la renta declarada de los empresarios sea superior a la de los no empresarios si hemos visto (en el Cuadro 1) que el rendimiento medio declarado por actividades económicas es inferior al rendimiento medio del trabajo?

La clave se encuentra al estudiar el detalle de las declaraciones de ambos colectivos que proporciona la RAE. Y el dato más relevante, que nos invita a pensar en estos empresarios individuales desde otra perspectiva, es que el 45% perciben en el mismo año rentas del trabajo que aportan el 34% de su renta. Casi la mitad de los empresarios individuales trabajan también por cuenta ajena. Y en el Resumen de la declaración de IRPF según el carácter principal o secundaria de la actividad económica como fuente de renta se establece que solo en el 54% de los empresarios la actividad económica es la principal fuente de renta. Y hay otras circunstancias que explican la mayor renta de los empresarios. El 47% declaran rentas por inmuebles, con un valor medio de 2.230€ anuales, frente al 37% de los no empresarios que declaran además, un importe medio inferior. Y lo mismo ocurre con las rentas del capital mobiliario como intereses y dividendos.

Una consecuencia de lo expuesto es que puede aventurarse que solo un 60% de los 3,2 millones de empresarios individuales o en EAR cotizan como autónomos a la SS. La RAE no indica el número de empresarios que cotizan por RETA, pero sí publica el importe total de las cotizaciones sociales a cargo del titular (4.230 millones de euros) para los dos millones de empresarios en ED. Usando una cuota media de 3.500€ anuales, solo 1,2 millones de empresarios en ED estarían en el RETA. Por otro lado, la SS contabiliza solo 270 mil autónomos en el sector agrario mientras que la RAE cifra en 840 mil los empresarios agrarios, el 95% en estimación objetiva. Aquí las ayudas de la PAC, que en su mayor parte deben declararse en IRPF, podrían explicar en parte la diferencia.  

Autónomos societarios

Sobre el rendimiento neto computable de los autónomos societarios no tenemos ninguna información oficial, pero utilizando la distribución del total de autónomos por tramos de ingresos netos publicada el 22 de octubre en eldiario.es, en la que se cita como fuente a la Seguridad Social, estimamos que el rendimiento neto medio computable (RNC) en 2023 (último año para el que se dispone de información del IRPF) para los 3,27 millones de autónomos declarantes se sitúa en torno a los 2.200 € mensuales o 26.400 € anuales.

Y puede calcularse con la RAE que los empresarios personas físicas con rendimiento positivo (el RNC no puede ser negativo) tienen un rendimiento medio de actividades económicas de 16.900€ que se elevaría a unos 19.000€ si se aplican las normas para el cálculo del rendimiento neto computable a efectos de la cotización social. En los empresarios en ED, por ejemplo, esto significa sumar al rendimiento neto las cuotas sociales del titular de la actividad.

Pues bien, si a los 2 millones de autónomos personas físicas les asignamos un RNC medio de 19.000€, los 1,2 millones de autónomos societarios y familiares deberían tener un RNC medio situado en torno a los 39 mil euros anuales. Más del doble del RNC de los autónomos individuales. Y su renta media total debe ser superior. La élite estaría formada por los 486 mil autónomos con ingresos netos superiores a 4.050€ mensuales, que tendrían un rendimiento neto medio mensual de unos 6.600€ o casi 80.000€ anuales. El 15% de los autónomos con el 45% de los rendimientos. Una élite que puede cotizar entre 544 y 605€ mensuales, “casi lo mismo que abona un asalariado con un salario bruto de 1.500€ mensuales”.

Concluimos que para el éxito del nuevo sistema la sociedad debe conocer mejor la renta y la tributación de los autónomos, lo que exige un esfuerzo estadístico de la AEAT y la SS en esta dirección. Es preciso que la RAE incluya, en las siguientes ediciones, el detalle de los empresarios que cotizan como autónomos, pero, sobre todo, necesitamos una estadística conjunta SS-AEAT dedicada a los autónomos societarios, con la declaración de IRPF agregada de cada colectivo y con el balance y las cuentas de pérdidas y ganancias agregadas de las sociedades de las que son propietarios.

Las infraestructuras informativas de un país no tienen la visibilidad de las autopistas o los puentes, pero pueden tener igual o mayor impacto sobre el bienestar de los ciudadanos. De las existentes en España, las bases de datos de Hacienda (AEAT y Catastro) son probablemente las de mayor extensión y profundidad, ya que abarcan no solo la información económica de todos los contribuyentes, personas físicas y empresas, sino también las relaciones entre ellos a través de los modelos informativos de clientes y proveedores y de retenciones.

Esta ingente infraestructura informativa, bien gestionada por la Agencia Tributaria (AEAT), revierte en beneficio de la sociedad española de múltiples formas. Genera primero un alto cumplimiento fiscal en España, como demuestran desde hace muchos años los informes de la Comisión Europea sobre el cumplimiento en IVA. La información también apuntala la resistencia y capacidad de recuperación de los ingresos tributarios, que se han convertido en un pilar fundamental de la economía en estos años de pandemias, guerras y desastres naturales. El valor de los datos de Hacienda, y en particular del Suministro Inmediato de Información (SII) y del modelo 347 de operaciones con terceros, se ha convertido también en una herramienta única de los tribunales españoles en la lucha contra la corrupción, vital para la calidad de la democracia española. Por último, la estadística tributaria constituye un aporte al esfuerzo estadístico del país, bien a través de las propias estadísticas de la AEAT o de las que realiza el INE con información de Hacienda.

El artículo de hoy se centra en la aportación de la información de Hacienda a las estadísticas del INE y, en particular, a uno de los más espectaculares por su extraordinario detalle territorial: el Atlas de Renta. El Atlas, basado en la renta declarada a Hacienda, que acaba de publicar el INE con los resultados de 2022, presenta datos de renta, desigualdad y pobreza para las 19 comunidades y ciudades autónomas, las 52 provincias, los 8.000 municipios, los 10.000 distritos y las 36.500 secciones censales en que se divide el territorio español a efectos estadísticos y de organización electoral. Una sección censal es la unidad administrativa más pequeña que cabe imaginar, pues tiene de media 1.300 habitantes o 510 hogares. Los productos del Atlas de Renta son bien conocidos por los lectores del elDiario.es gracias a las presentaciones que realiza cada año cuando el INE publica, a finales de octubre, el Atlas de Renta del último año disponible. En el mapa que presentan Victòria Oliveres y Raúl Sanchez puede verse para cada municipio y para cada calle, entre otras informaciones, la renta media en 2022, la posición relativa y el crecimiento desde 2019 a 2022.

Pero hay algunos aspectos del Atlas que conviene destacar para valorar adecuadamente su valor informativo. En primer lugar, el Atlas abarca a la totalidad de los 18,8 millones de hogares españoles. No solo los 12,8 millones de hogares que presentan declaración por IRPF, sino también los seis millones de hogares que no presentan declaración por no estar obligados, pero cuya renta se declara a hacienda por los empleadores y entidades que retienen un porcentaje de sus salarios, pensiones, prestaciones o intereses de cuentas. Todos los que hacemos la declaración de renta en la web de la Agencia Tributaria nos quedamos asombrados al ver la cuantiosa información de rentas e inmuebles que contiene nuestro borrador de renta. Pero no somos conscientes de que esos datos fiscales están disponibles para la totalidad de los perceptores de rentas, con independencia de si presentan o no la declaración de IRPF. El Atlas de Renta del INE es una magnífica ilustración de la utilidad o la otra vida de los datos fiscales, más allá del servicio a la gestión del IRPF y el control del cumplimiento.

En segundo lugar, el Atlas de Renta abarca, desde la edición anterior de 2021, la totalidad del territorio español. No sólo el territorio de régimen fiscal común cubierto por la AEAT sino también los territorios de régimen foral, cubiertos por las tres diputaciones vascas y Navarra. Esta capacidad de integración del INE es tanto más relevante cuanto que las diputaciones de Euskadi no tienen un programa de estadísticas tributarias tan completo como el de la AEAT. De hecho, de algunas diputaciones como la de Álava sólo se conocen los datos de IRPF gracias a la labor de coordinación y difusión del Informe anual integrado de la Hacienda Vasca (IAIHV) elaborado por el Órgano de Coordinación Tributaria de Euskadi (OCTE).

Esta labor del INE de integración de la información tributaria de todas las haciendas del Estado cobra especial relevancia en momentos, como el actual, en que existe el riesgo del desgajamiento de la información de Cataluña del ámbito de la AEAT. Y sería muy encomiable que esta labor integradora del INE en el campo de la renta personal y el IRPF se extendiera al patrimonio de las personas físicas, a la renta de las sociedades y al gasto sujeto al IVA.

En tercer lugar, la aportación del INE al patrimonio informativo español con el Atlas de Renta cobra mayor valor cuando se constata la escasez de estadísticas de renta con la misma resolución territorial en otros países. Las Income estimates for small areas: England and Wales del Reino Unido ilustran las dificultades con que se encuentran los Institutos de Estadística para obtener medidas de renta con alto detalle territorial incluso en países con una larga tradición de estadísticas fiscales. En EEUU, la hacienda federal (el IRS) publica desde 1998 los Individual Income Tax ZIP Code Data que sería comparable a la Estadística de los declarantes de IRPF de grandes municipios por código postal y a la Estadística de los declarantes de IRPF por municipios, pero no puede compararse al Atlas de Renta al no incluir a las personas que no presentan declaración por IRPF. En Francia, donde todos los mayores de 18 años están obligados a declarar, sería comparable el conjunto de indicadores de Revenus localisés sociaux et fiscaux. También en los países nórdicos, con sistemas estadísticos basados casi enteramente en registros públicos incluidos los de Hacienda y la Seguridad Social, pueden encontrarse datos de renta personal y su distribución con alto detalle territorial.

Todo este avance informativo abre múltiples vertientes para los investigadores y para la acción de la administración, pero como botón de muestra indagaremos en dos ideas fundamentales: el crecimiento de la renta personal en los últimos años y el valor que tiene disponer de varios indicadores sobre renta y pobreza según la escala del territorio.

El Atlas confirma el importante crecimiento de la renta personal

El Atlas de Renta es una fuente que demuestra una gran consistencia y complementariedad con la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), que es la fuente de información oficial, en España y en la Unión Europea, sobre la desigualdad y la pobreza. La ECV de 2023 tiene un tamaño de muestra de 30 mil hogares y, por tanto, el mayor detalle territorial que puede proporcionar es a nivel de comunidad autónoma. En este sentido, el Atlas puede verse como una versión censal de la ECV, proporcionando indicadores de pobreza y desigualdad para comunidades, provincias e islas, municipios, distritos y secciones censales.

Un resultado notable es que el Atlas y la ECV coinciden en 2022 en la magnitud de la renta disponible (RD) de los hogares: 667.000 millones de euros.  

Un resultado notable es que el Atlas y la ECV coinciden en 2022 en la magnitud de la renta disponible (RD) de los hogares: 667.000 millones de euros. En el gráfico adjunto, que presenta este agregado para varios años, destacan dos circunstancias. La primera es que ambas fuentes coinciden en que la renta de los hogares resistió en 2020 el embate de la pandemia. Este extraordinario resultado debe atribuirse casi enteramente a los ERTE, cuyo impacto en el mercado de trabajo está bien documentado en las ediciones de 2020 y 2021 de Mercado de Trabajo y pensiones en las fuentes tributarias. No sólo se mantuvieron vivas las empresas y los puestos de trabajo, sino que la reducción de la masa salarial pagada por los empleadores se compensó con las prestaciones de desempleo por ERTE que inyectaron más de 13.000 millones de euros a las familias. La segunda circunstancia notable es el mayor dinamismo de la ECV en 2021 y 2022. Como ya se advirtió en nuestro artículo del 5 de octubre, la ECV captura la información de rentas no sólo de los registros de Hacienda y la Seguridad Social sino también de las respuestas de las familias lo que permite captar rentas de la economía informal e ilegal que no se declaran a Hacienda. En este capítulo de rentas no declaradas están las de los 500.000 extranjeros no comunitarios que trabajan en la economía informal, pero también algunas percibidas por jubilados europeos que residen en España y han sido retenidas en los países de procedencia.

Al comparar las rentas del Atlas y la ECV debe notarse que en la ECV de un año se consignan los ingresos del año anterior de modo que la renta media por hogar de la ECV23, por ejemplo, se obtiene dividiendo los ingresos de 2022 por el número de hogares de 2023. En 2023 la renta disponible de los hogares en la ECV se divide entre 19,15 millones de hogares que arroja una renta por hogar de 34.821 euros. En el Atlas de Renta la misma renta de 0,67 billones de euros se divide por 18,75 millones de hogares arrojando una renta por hogar de 35.585 euros. Por eso, al comparar ECV con el Atlas es preferible usar las magnitudes agregadas en lugar de las rentas por persona o por hogar.

Finalmente nos preguntamos si la evolución de la renta de los hogares entre 2019 y 2022 que arroja el Atlas es consistente con la que proporciona la Contabilidad nacional tras la revisión de septiembre de 2024. El gráfico adjunto contesta a la pregunta.

La revisión de la Contabilidad Nacional de septiembre de 2024 eleva ligeramente el crecimiento de la renta neta disponible de los hogares en 2021 y algo más en 2022 de forma que el crecimiento entre 2019 y 2022, antes estimado en un 5,4% se eleva al 7,2%. Pero la revisión ha sido incapaz de reconocer el verdadero impacto de los ERTE y el dinamismo de las rentas de los autónomos, que avalan el Atlas de Renta, la ECV y las estadísticas de renta de País Vasco (Eustat) y Navarra (Nastat). El Atlas de Renta cifra además el crecimiento de la renta de los hogares entre 2019 y 2022 en un 12,7%, superando el crecimiento del 11,1% registrado por el IPC en el mismo periodo.

La renta y la pobreza por Comunidades Autónomas

El Atlas proporciona también una perspectiva inédita sobre los niveles de renta, la desigualdad y la pobreza en nuestro país. El instrumento predilecto hasta el momento, la ECV, proporcionaba resultados para todo el país y también para las Comunidades Autónomas, si bien en este último caso los resultados podían verse aquejados por pequeños sesgos debido a la falta de tamaño de la encuesta (que tradicionalmente incluía a 1.000 hogares por CC.AA.). Esta limitación se había buscado superar en los últimos años ampliando el tamaño de la muestra. El nuevo Atlas, al depender directamente de los registros administrativos, no se ve impedido por esta cuestión.

¿En qué aspecto puede ser relevante este mayor detalle? En el siguiente gráfico se representan la renta media, la mediana y el umbral de pobreza para todas las Comunidades y en el total nacional. Todas estas cifras han sido estandarizadas en términos de unidad de consumo o, dicho en otras palabras, para tener en cuenta las diferencias en la composición de los hogares entre adultos y menores de edad. Como el Atlas no proporciona las cifras de renta para el total nacional, tomamos el de la ECV bajo el supuesto, ya demostrado, de que las cifras son prácticamente idénticas.

A primera vista, los resultados no deben sorprender a los lectores que conozcan los patrones de desigualdad regional en nuestro país. El Atlas confirma que País Vasco, Navarra, Madrid, Baleares y Cataluña presentan los mayores niveles de renta, tanto en la media como en la mediana. En este grupo, sin embargo, destaca la situación de Madrid, en donde se producen las mayores diferencias entre renta media (26.141 euros) y mediana (21.350 euros). En otras palabras, el fuerte crecimiento económico de esta comunidad es compatible con los mayores niveles de desigualdad en nuestro país. Y, por aclarar un aspecto clave, esta desigualdad no se explica fundamentalmente por la competencia fiscal a la baja que ejerce la Comunidad de Madrid, sino por la mayor concentración de trabajadores con salarios elevados, autónomos con mayor renta y grandes patrimonios en la región.

El segundo resultado a destacar es que en el gráfico los umbrales de pobreza han sido calculados en relación a la mediana de cada región para así enfatizar dos vertientes inherentes de las políticas públicas. El umbral nacional, que se sitúa en aproximadamente 11.000 euros en 2022, es una referente obligatorio para la política del Estado y de la Seguridad Social que busca aliviar la pobreza en todo el país. Esta acción naturalmente tenderá a beneficiar proporcionalmente a más habitantes de comunidades con niveles de renta (y umbrales de pobreza) más bajos. Así, por ejemplo, basta destacar que la renta mediana de Extremadura (14.350 euros) no dista excesivamente del umbral de pobreza en el País Vasco (13.650 euros). Pero, por otra parte, en nuestro país las autonomías y las administraciones locales (como las Diputaciones o los Ayuntamientos) tienen un protagonismo especial en el diseño de múltiples políticas sociales, como las rentas mínimas complementarias, las becas, la política de vivienda o los servicios sociales. En estos casos, es normal que se tome como referencia los umbrales del territorio en cuestión, sea la comunidad autónoma (como hace Navarra (Nastat) o Cataluña (Idescat)), la provincia, el municipio o el barrio. El Atlas se convertirá así en un instrumento idóneo para las administraciones que busquen guiar su acción con indicadores solventes y detallados.

Primero con motivo del mantenimiento de rentas durante la pandemia y posteriormente con distintas medidas que van desde la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la actualización automática de las pensiones y las subidas del salario mínimo, han sido numerosas las actuaciones de política económica desde 2019. ¿Qué efecto han tenido estas medidas en la renta de las familias? Si se atiende a la descripción de la situación que hace la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, cuya última edición se publicó a finales de febrero, la respuesta es que las medidas han sido un éxito. De 2019 a 2022 la renta media por persona creció un 14,6% y casi un 3% si se ajusta por la inflación, el número de hogares creció un 2%, disminuyó la desigualdad y la población en riesgo de pobreza se redujo a pesar del extraordinario crecimiento (14,2%) del umbral de pobreza. Sin embargo, cuando el análisis se hace utilizando las Cuentas de los Hogares de la Contabilidad Nacional, del mismo INE, el resultado es un sombrío escenario con un crecimiento de sólo un 5,9% de la renta media por persona en ese periodo y una caída del 4,9% a precios constantes. Una diferencia de 9 puntos. ¿Con qué España debemos quedarnos?

Como saben los lectores de nuestros artículos, creemos que la Contabilidad Nacional (CN) ha subestimado seriamente el crecimiento de la economía española entre 2019 y 2022. Y la reciente revisión de septiembre de 2024 sólo ha paliado levemente el problema. Una consecuencia de este bajo y anómalo crecimiento del PIB entre 2019 y 2022 es la imposibilidad de apreciar, en el marco de la CN, los avances que se observan en la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) tanto en la renta de las familias como en la reducción de la desigualdad y de la pobreza.

Como ilustra el gráfico adjunto, hasta 2019 la renta disponible por persona de la ECV y la de la CN se movían en paralelo, pero a partir de la pandemia la sintonía se pierde: en la CN la renta disponible por persona crece un 5,9% (antes de la última revisión, un 4,1%) mientras que según la ECV crece un 14,6%.

 ¿Por qué utilizar la ECV? El objetivo principal de la ECV es el conocimiento de la desigualdad y la pobreza en España y las Comunidades Autónomas, pero para ese análisis precisa de información sobre la renta de los hogares, además de otras variables personales de interés como la edad, el sexo, la relación con la actividad, el nivel de formación, la nacionalidad o el tipo de hogar.

Aparte de la riqueza informativa, hay varias razones para confiar en los resultados de la ECV. Destacaremos tres. La primera se encuentra en el origen de la información que captura la ECV. Desde 2013 la encuesta combina la información declarada por las personas y hogares entrevistados con la información aportada por la Agencia Tributaria, las Haciendas Forales y por el Registro de Prestaciones Sociales Públicas que gestiona la Seguridad Social. Esto quiere decir que no debemos considerar a la ECV solo como una encuesta a los hogares más, sino como un instrumento de integración, monitorizado por el INE, de la información de Hacienda y de la Seguridad Social combinada con la aportada directamente por las familias. La segunda razón es la transparencia sobre el origen de la información, sin parangón en la CN anual (que, recordemos, no publica sus fuentes ni sus métodos de estimación). Cada dato de renta en la muestra de la ECV se acompaña de una variable que indica su origen (cuestionario, registro o imputación). Y la tercera es que se puede disponer, para cada componente de la renta, no solo el importe agregado, sino también su distribución por persona o por hogar, elemento imprescindible para el análisis, pero también como instrumento de calibración de su fiabilidad al poderse comparar con otros registros disponibles (por ejemplo, con las distribuciones salariales que proporciona la Agencia Tributaria).

Los principales resultados que ofrece la ECV sobre la evolución de los hogares españoles desde 2019 a 2022, resumidos en el cuadro adjunto, son los siguientes:

La renta disponible media por persona crece un 14,6% y un 13,5% la renta por hogar. Para valorar adecuadamente estas tasas debe recordarse que el IPC crece un 11,4% en este periodo, así que estamos ante una mejora real en la renta de las familias, una ganancia en el poder adquisitivo de la renta. La renta por persona a precios constantes crece un 2,9% y la renta por hogar un 1,9%. La diferencia entre el crecimiento por persona y por hogar se debe a que la población crece un 1% en este periodo mientras que el número de hogares crece un 2% y este dinamismo en la creación de hogares puede verse como un reflejo de la mejoría de las condiciones económicas de las personas.

La desigualdad en la distribución de la renta, medida por la ratio S80/S20 (renta media del quintil superior sobre la del quintil inferior) o por el Índice de Gini, se reduce en este periodo. El porcentaje de población en riesgo de pobreza, con ingresos inferiores al 60% de la renta mediana, se reduce desde el 21% al 20,2%. Además, el porcentaje de población (de 0 a 65 años) viviendo en hogares de baja intensidad en el empleo se reduce del 10% al 8,4%. Para entender este resultado hay que tener presente que la propia ECV permite aproximar la ocupación con el número de personas que en cada año perciben retribuciones por cuenta propia o/y ajena. Esta población crece un 4,2% entre 2019 y 2022, en sintonía con el crecimiento del 3,9% en la ocupación que arroja la EPA. Esta es otra gran diferencia entre la ECV y la CN ya que, incluso tras la reciente revisión, el número de personas ocupadas crece en la CN sólo un 1,5% en el periodo (0,6% antes). En conjunto, el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) se reduce del 27% al 26,5%: unas 100 mil personas. Sólo el porcentaje de población con carencia material severa, estudiado con detalle en FUNCAS, crece en este periodo. Pero debe recordarse el carácter subjetivo de este componente de la tasa AROPE, y también el desfase entre el crecimiento de los precios (mayor en 2022) y de la renta personal (superior en 2023).

Como se ha dicho, la ECV no tiene como objetivo principal publicar estimaciones de renta, aunque esta variable es fundamental para sus fines. Por ello, en los resultados publicados solo se dan algunos datos sobre la renta (renta disponible por hogar, por persona y por unidad de consumo). Sin embargo, es posible conocer el importe y la composición de la renta de los hogares gracias a los microdatos de hogares y personas que el INE pone en su página web a disposición de los interesados. Esto es lo que permite comparar los datos de la ECV con los publicados por la CN (Cuentas anuales no financieras de los sectores institucionales, sector Hogares) que acaban de revisarse. Los resultados se muestran en el siguiente cuadro.

 Los resultados indican que, en todos los componentes de la renta, salvo en las prestaciones sociales, los crecimientos entre 2019 y 2022 de la ECV superan ampliamente los estimados por la CN. Y no solo eso: en la CN el componente más dinámico entre 2019 y 2022 son las prestaciones sociales, mientras que en la ECV son las rentas ligadas a la actividad económica (salarios y renta de la empresa y el arrendamiento). De hecho, la diferencia en estas rentas es abrumadora: según la ECV crecen un 21% entre 2019 y 2022 y según la CN un 10,2%. Dos datos de un mismo organismo que describen Españas completamente distintas, una en la que las políticas se traducen en una mejora de la actividad y de las condiciones económicas de los hogares, y otra en la que solo funciona la transferencia de rentas. ¿Con cuál nos tenemos que quedar?

Una última reflexión se puede hacer a partir del último gráfico, que recoge el crecimiento nominal de la renta bruta entre 2019 y 2022, incluyendo la contribución de las principales partidas (salarios, prestaciones sociales, etc.). Además, se incluyen las diferencias entre los hogares en función de su nivel de renta, agrupándolos por deciles. Ya habrá espacio en otro artículo para desmenuzar esta información, pero por el momento basta incidir en una idea fundamental. Para el decil más pobre, la creación del IMV ha sido el motor fundamental para aumentar su bienestar. Sin embargo, para el 90% restante la contribución decisiva ha venido de la mano del aumento de los ingresos salariales, de las pensiones y de las rentas de los autónomos. Crecimiento y redistribución han ido de la mano durante estos tres años.  

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha vuelto a revisar al alza el dato de crecimiento de la economía española en 2021. Este miércoles, publicó un avance de los resultados de la Revisión Estadística 2024 sobre las Cuentas Nacionales en el que se comunicó el impacto que este nuevo cálculo tendrá sobre el PIB nominal en 2021, el año de referencia de las nuevas series que se publicarán próximamente. Aunque esta revisión tiene características distintas de las realizadas hasta le fecha, no deja de sorprender que de nuevo haya una subida sustancial del PIB, modificando una vez más la interpretación que de la salida de la pandemia se había hecho hasta el momento.

En una inesperada y escueta nota de prensa, el INE ha anunciado otra revisión al alza de las estimaciones del PIB. El cambio se limita por el momento al PIB de 2021, cuya magnitud ahora se cifra en un 1,1% superior hasta alcanzar el nivel de 1.235 mil millones de euros. Puede parecer una pequeña magnitud, pero ésta es la tercera revisión al alza. Para valorar correctamente este cambio debe ponerse en relación al crecimiento originalmente estimado y al efecto de las revisiones posteriores. En el gráfico adjunto se recoge este proceso.

En su primera estimación, a inicios de 2022, el INE cifraba el crecimiento nominal en un 7,2%. Las siguientes revisiones han aumentado esta tasa, primero de forma tímida (una subida del 0,7% en septiembre de 2022) y en los siguientes dos años, añadiendo un 1,3% en septiembre de 2023 y un 1,1% ahora. En total, 3,2 puntos más del PIB en 2021: equivalen a 32.480 millones de euros que, hasta ahora, el INE no había medido correctamente.

Aunque esta última revisión obedece a otras razones distintas de la mera disponibilidad de nueva información, como se ve, el INE ha seguido un camino largo y tortuoso para finalmente cifrar en un 10,4% el crecimiento nominal de la economía en un año tan decisivo como 2021. Conviene recordar que en aquel momento nuestro país estaba saliendo de los efectos del confinamiento provocado por la crisis del COVID y estaba en el aire saber si España iba a ser capaz de recuperarse rápidamente de una caída inédita en la actividad. Con las cifras publicadas entonces era difícil no caer en el pesimismo. Un crecimiento 3,2 puntos superior recoge ya un panorama bien distinto. Y eso de momento. porque aún habrá que ver la serie completa que se publicará el día 18 de septiembre. Es posible que la subida sea aún mayor.

La revisión constituye, por tanto, una confirmación de nuestras tesis, tal como hemos venido señalando en innumerables artículos en elDiario.es. Como se refleja también en el gráfico, desde enero de 2022 uno de nosotros ya adelantó que las cifras del INE eran imposibles de casar con el cuadro macroeconómico que se obtenía con otras fuentes, principalmente las relacionadas con las bases imponibles de los principales impuestos. Al lector interesado en revisar las hemerotecas le recomendamos leer lo publicado en aquel momento: estimábamos en un 11,8% el crecimiento nominal, lo cual parecía totalmente descabellado frente al 7,2% que proporcionaba el INE en esos momentos. En aquel momento, ningún otro medio de comunicación cuestionaba el cuadro económico que ofrecía la Contabilidad Nacional del INE y a lo sumo solo había algunos analistas que apuntaban a determinadas incongruencias. Las instituciones públicas independientes que han estado tradicionalmente encargadas del análisis económico (el Banco de España y la Airef) no realizaron entonces, ni tampoco durante estos dos años, objeción alguna. 

Desde entonces, el procedimiento de revisión ha estado lejos de seguir un cauce transparente y a la altura de las circunstancias. En un primer momento sus responsables se excusaron en razones técnicas de dudoso valor para no utilizar los registros tributarios referidos a salarios, beneficios empresariales o ventas. Después, la revisión se ha acometido dando una de cal y otra de arena: se negaba cualquier razón de quienes cuestionaban sus cifras, pero después se introducían los cambios sin autocrítica. Incluso en fecha tan reciente como abril de este año, la responsable de cuentas nacionales anunciaba en el Congreso de los Diputados ante un auditorio de casi 100 personas que “no habría una revisión significativa” en septiembre. Las cifras de hoy desmienten esta afirmación y confirman el mal camino emprendido por el INE durante estos años. 

Todo este asunto no pasaría de ser una pequeña disputa académica si no fuera por la enorme trascendencia política y social que tienen las cifras del PIB. Todavía en vísperas de las elecciones de julio de 2023, la opinión pública de nuestro país era sometida al martilleo de que España era el último país en haberse recuperado de la crisis del COVID, el peor de toda Europa. El mayor crecimiento en la recaudación fiscal era interpretado en el mejor de los casos como un extraño afloramiento de la economía sumergida y, en el peor, como una prueba del “infierno fiscal” impuesto por las autoridades. Hoy todas esas interpretaciones quedan en gran medida cuestionadas o invalidadas por los datos, pero las percepciones económicas de la ciudadanía tardarán más tiempo en actualizarse. 

Aunque el ciclo económico es ahora notablemente mejor, lo ocurrido constituye un importante aviso sobre la salud de las cuentas nacionales de nuestro país. En unas semanas conoceremos las cifras definitivas del crecimiento real (es decir, descontando el efecto del aumento de los precios), pero hoy podemos adelantar una primera idea importante: la revisión de 2021 es la mayor que, para un año en particular, ha realizado el INE en su historia más reciente. Esta conclusión podemos afirmarla con los registros disponibles en su web para los últimos veinte años, pero posiblemente haya que remontarse hasta principios de la década de 1980 para encontrar un cambio de igual magnitud.

Ante un escenario inédito, la transparencia del INE ha estado siempre por debajo de las expectativas. A modo de ejemplo, en la revisión publicada este miércoles, el INE despacha la revisión del 1,1% en un par de líneas, señalando que son el resultado de una revisión por partida doble. La incorporación de nuevas fuentes estadísticas, como los datos del Censo de 2021, aumenta los niveles en un 0,7%. Por otro lado, el nuevo procedimiento de clasificación de determinadas partidas del gasto contribuye a un incremento del 0,4%. Este mutismo palidece con la revisión mucho más detallada y transparente que proporcionó hace unos meses la Encuesta de Población Activa (EPA) también provocada por la revisión del Censo. Mucho nos tememos que el próximo 18 de septiembre, cuando se publiquen las series completas, el INE continuará con la senda habitual de publicar un escueto comunicado de prensa y seguirá sin rendir cuentas ante la opinión pública. 

Como conclusión, cabría recomendar a la Contabilidad Nacional del INE que se mantenga siempre atenta a la marcha de las bases imponibles de los impuestos que publica trimestralmente la Agencia Tributaria. Es un magnífico ejemplo del incalculable valor de la información que todos los contribuyentes, familias y empresas, declaramos a Hacienda. La base imponible agregada de los impuestos es una síntesis casi censal de la actividad económica española y el crecimiento que la AEAT publica al final de cada trimestre registra revisiones de magnitud muy reducida. A modo de ejemplo, en el informe mensual de octubre de 2021 las bases imponibles de los nueve primeros meses de ese año crecían un 12,4%, no muy lejos del 13,3% en que se cifra hoy el crecimiento de las bases en 2021. Si a principios de 2022 la Contabilidad Nacional del INE hubiera usado esta información, el PIB de 2021 casi habría recuperado el nivel de 2019 y todo el discurso económico postpandemia habría sido distinto, inyectando a la ciudadanía un merecido optimismo que entonces se le hurtó.

La semana pasada se produjo una excelente noticia que, desafortunadamente, pasó desapercibida en el fragor de los titulares. La Encuesta de Población Activa (EPA), una de las principales fuentes de información sobre la evolución del empleo en España, publicó una revisión que eleva el número de trabajadores ocupados en 177.000 personas en el año 2023 (una subida del 0.8%). Como indica la nota de prensa publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este cambio es el resultado de que “La EPA ha incorporado a sus estimaciones de 2021 a 2023 las cifras del Censo de Población y Viviendas de 2021".

En 2023 los nuevos datos censales elevan en 415.000 personas (un 0,9%) la población residente en viviendas familiares. El principal incremento (el 68% del total) se localiza en los extranjeros no comunitarios, cuyo número se eleva en 284.000 personas o un 6,5%. Esto hace que dos terceras partes del incremento de los trabajadores ocupados tiene como protagonistas a los trabajadores no comunitarios, cuyo número se eleva en 120.000 personas o un 5,8%.

Esta noticia tiene dos importantes consecuencias. Primero, confirma la buena marcha de la economía española y refuerza las tesis de aquellos que venimos sosteniendo que el crecimiento registrado en 2021 y 2022 fue más intenso que el estimado por la Contabilidad Nacional. En segundo lugar, este aumento del número de trabajadores extranjeros no comunitarios indica, como veremos, que no se ha producido una reducción del trabajo irregular. Este extremo también lo apuntábamos en otro artículo hace poco más de un año. La nueva perspectiva sobre el mercado laboral indica un mayor protagonismo del sector privado de la economía, especialmente de los asalariados y los autónomos que trabajan por si solos.

El gráfico adjunto muestra la magnitud de la revisión: el incremento en el número de ocupados alcanza las 200.000 personas en el tercer trimestre de 2022 y el segundo trimestre de 2023. Asimismo, el aumento supera ampliamente las 200.000 personas en el sector privado de la economía entre esas dos fechas. Por el contrario, el número de asalariados del sector público se revisa a la baja en unas 25.000 personas.

La revisión al alza de la ocupación no resta protagonismo al sector público en la recuperación tras la pandemia, pero reduce algo su importancia y, sobre todo, enfatiza la vigorosa recuperación del empleo privado. Entre 2019 y 2022 el número de trabajadores independientes no se redujo, sino que creció un 1%. El número de empresarios que emplean trabajadores creció más de un 4% y los asalariados del sector privado crecieron un 3,4%, más de un punto por encima de la tasa antes estimada. Estas cifras corroboran la buena salud del tejido empresarial en nuestro país.

El empleo equivalente a tiempo completo

Cuando se considera la aportación del empleo al crecimiento de la economía interesa atender no sólo al número de personas sino también la proporción que trabaja a tiempo parcial. Una de las evidencias que aportaba las anteriores series de la EPA era, precisamente, que el porcentaje de trabajadores a tiempo parcial se reducía significativamente desde 2019 a 2022. La revisión de la EPA no altera estos resultados. Si se mira en particular el empleo asalariado cabe destacar que la proporción de empleo a tiempo parcial se reduce desde el 15,8% del total en 2019 a un 14,4% en 2022, como ocurría antes. El número de personas asalariadas crece ahora un 4,2% entre 2019 y 2022 frente al 3,5% anterior y los asalariados a tiempo completo crecen un 5,8% frente al 5,2% anterior.

Para medir la intensidad del empleo se recurre frecuentemente al concepto de empleo equivalente a tiempo completo, que combina las horas de trabajo para expresarlas en términos del empleo a jornada completa. Esta estimación puede hacerse de dos maneras. La más sencilla, utilizada por la Encuesta Estructural de Empresa (EEE) del INE, es sumar los trabajadores a tiempo completo y a tiempo parcial, ponderando estos últimos por la fracción de jornada semanal que trabajan respecto a la jornada completa. Si las horas semanales trabajadas por los asalariados a jornada completa es de 32,5 horas y las de los trabajadores a tiempo parcial es de 17 horas la ponderación de estos trabajadores será 0,52. Con este procedimiento obtenemos que el empleo asalariado a tiempo completo ha crecido un 5,2% entre 2019 y 2022, un punto más que el número de asalariados.

Otra manera de medir el empleo equivalente a tiempo completo, recomendada por el Sistema Europeo de Cuentas (SEC), consiste en dividir las horas totales trabajadas de los empleados por la jornada a tiempo completo. Con las nuevas series de la EPA el número total de horas semanales trabajadas en 2023 por los asalariados es de 525 millones. Dividiendo por 30,2 horas, que es la jornada semanal efectiva media de los asalariados en 2023, obtenemos la misma cifra que con el procedimiento anterior: 16,18 millones de asalariados a tiempo completo, con un crecimiento del 5,2% sobre 2019.

Una perspectiva que completa estos resultados es que, con la revisión de la EPA, las horas efectivas totales trabajadas por los asalariados no caen un 0,6% entre 2019 y 2022, sino que crecen un 0,1%. No obstante, la jornada semanal efectiva media sigue cayendo, a pesar de la revisión, un 4% entre 2019 y 2022. Esta diferencia constata una flagrante contradicción con el práctico mantenimiento de las horas mensuales trabajadas que arroja la Encuesta Trimestral de Costes Laborales (ETCL) del propio INE, consistente con la Estadística Trimestral de Horas Cotizadas (ETHC) del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. Esta anomalía en la medida de las horas trabajadas es, a nuestro juicio, la asignatura pendiente de la EPA.

El empleo irregular: EPA y Seguridad Social

La EPA no es la única fuente sobre el empleo en España y suele ser habitual acudir a los datos de afiliación a la Seguridad Social –el mejor registro administrativo– y la Contabilidad Nacional, la estadística de síntesis.

La comparación entre la EPA y la afiliación no es sencilla dado que la serie de afiliados que publica la Seguridad Social no se refiere a personas afiliadas sino a situaciones de afiliación. Una persona puede estar afiliada en diversos regímenes y contada más de una vez. Además, los funcionarios de mutualidades (MUFACE y otras) no están afiliados a la Seguridad Social. Pero existe una metodología establecida por el INE que calcula una afiliación ajustada usando precisamente el número de personas afiliadas y sumando los funcionarios de mutualidades. Con esta misma metodología calculamos una afiliación ajustada usando las series de plurafiliación, publicadas en el Anuario de Estadísticas Laborales, y las medidas del colectivo de funcionarios en Clases Pasivas (MUFACE, MUJEJU e ISFAS) en 2018 y finales de 2020, publicadas por el INE. 

La tabla muestra estos resultados. La afiliación ajustada del empleo asalariado se mueve entre 2019 y 2022 en estrecha sintonía con la ocupación asalariada de la EPA revisada, de manera que podemos estar razonablemente seguros de que en 2021 se recuperó el nivel anterior a la pandemia. En cambio, las estimaciones de la Contabilidad Nacional (CN) lo sitúan un 2,3% por debajo. Otra diferencia se registra entre 2019 y 2020: el empleo asalariado creció más de un 4% entre 2019 y 2022 según las dos fuentes, frente al 0,7% estimado por la Contabilidad Nacional. Por último, entre 2019 y 2023 el crecimiento del empleo asalariado es el doble del que estima la Contabilidad Nacional.

La combinación de fuentes arroja también otra perspectiva relevante. Tradicionalmente se ha interpretado la diferencia entre la EPA, que es una encuesta dirigida a las familias, y la afiliación ajustada, que recoge el empleo que cotiza a la Seguridad Social o Mutualidades, como un indicador del empleo irregular relacionado con la economía sumergida. En las anteriores series de la EPA podía existir algún pequeño indicio de una reducción de este tipo de situaciones, pero con las nuevas series podemos concluir que no ha existido un proceso de afloración de trabajo sumergido tras la pandemia. El número de trabajadores por cuenta ajena en situación irregular se mantenía en 2022 en el nivel de 2019, sumando más de medio millón de personas. Y en 2023 se incrementaron en 100.000 personas hasta las 630.000. Dado que cabe suponer que la gran mayoría son personas extranjeras en situación irregular, principalmente no comunitarios, resulta cabal pensar que los posibles beneficiarios de la futura regularización son más que las 550.000 personas inicialmente estimadas.

El fuerte crecimiento de la población extranjera y, en particular, de los extranjeros no comunitarios, es uno de los rasgos más llamativos de la coyuntura actual. El novedoso Censo Anual de Población, que desglosa a los extranjeros por nacionalidad, indica que a principios de 2023 los extranjeros no comunitarios, cifrados en 4,4 millones de personas, crecían a una tasa anual del 14% que se reduce al 12,1% excluyendo a los ucranianos.

En el mismo sentido, la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE indica que en 2023 los trabajadores extranjeros no comunitarios han crecido un 14,7%.

Por su parte, las estadísticas de extranjeros del Observatorio Permanente de Inmigración (OPI) basadas en el Registro Central de personas extranjeras gestionado por la Policía Nacional muestran crecimientos también muy fuertes pero inferiores a los que arroja el Censo anual del INE. En particular, el número de extranjeros no comunitarios con documento de residencia, cifrado en 3,7 millones de personas a finales de 2022, crece a una tasa anual del 10,3%.

Los trabajadores extranjeros no comunitarios afiliados a la Seguridad Social han crecido en 2023 un 12%. Un ritmo también muy fuerte pero inferior al de los ocupados no comunitarios medido por la EPA de manera que la dimensión de la economía informal, sea cual sea, debe estar creciendo.

Extranjeros no comunitarios empadronados sin autorización de residencia

La comparación entre los datos de población extranjera de las estadísticas del INE y los del Registro Central de personas extranjeras no es fácil y puede conducir a interpretaciones erróneas. Afortunadamente, el Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) ha presentado recientemente unos Indicadores migratorios por nacionalidad en España, que cuantifican, entre otros asuntos de interés, el número de extranjeros empadronados y que carecen de documentación de residencia. La comparación del OPI está referida al 1 de enero de 2022 debido a que las últimas cifras del Padrón se refieren a esta fecha. Pero la comparación puede actualizarse al 1 de enero de 2023 con el Censo anual de Población de esta fecha, que está basado esencialmente en el padrón municipal y presenta datos de extranjeros por nacionalidad.

El cuadro adjunto presenta un resumen de la comparación del OPI para el 31 de diciembre de 2021 y su actualización para la misma fecha de 2022.

En el bloque superior que resume el cuadro comparativo publicado por el OPI, que usa el Padrón, se han incluido los datos del Censo anual de igual fecha para ilustrar la práctica coincidencia con el Padrón.

El dato más llamativo es el millón de ciudadanos comunitarios - o de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) como Noruega y Suiza- que figuran con documento de residencia en España en el Registro Central y no están empadronados. Como se indica en la nota explicativa de los indicadores, los extranjeros de la Unión Europea (UE) y la AELC tienen derecho de residencia en España gracias al régimen de Libre Circulación aplicable aunque deben solicitar la documentación de residencia (certificado de registro). Como la no renovación de estos documentos no anula su vigencia puede ocurrir que personas de la UE con documento de residencia en vigor no estén residiendo en España y no figuren, por tanto, en el Padrón municipal gestionado por el INE. El Padrón tiene mecanismos de control y actualización específicos para estas personas de la UE que no tienen obligación de renovar cada dos años su inscripción padronal.

La inscripción en el Padrón municipal acredita que la persona extranjera vive habitualmente (más de la mitad del año) en un domicilio del municipio y es vecina del mismo aunque no posea documentación de residencia. El empadronamiento sirve al extranjero no comunitario para acreditar tiempo de residencia a efectos de la solicitud de la tarjeta de residencia y para adquirir derecho al uso de servicios sanitarios y a algunas ayudas sociales. Además, los extranjeros no comunitarios tienen la obligación de renovar cada dos años su inscripción en el Padrón. De acuerdo con el OPI, el 31 de diciembre de 2021 había casi 400 mil extranjeros no comunitarios empadronados y sin documentación de residencia, es decir, en situación irregular. Y el 31 de diciembre de 2022 el número de extranjeros no comunitarios censados como residentes y sin permiso de residencia se eleva a 520 mil personas, con un crecimiento anual del 30%.

 La magnitud obtenida coincide con la estimación de FOESSA:

 “Según los últimos datos disponible aportados por Cáritas Diocesanas de toda España, en el año 2022 aproximadamente el 31% de la población acompañada a través de sus programas y recursos se encuentra en situación administrativa irregular (500.000 personas) y necesitan del apoyo de Cáritas un periodo medio que oscila entre 1 y 2 años. Esta cifra representa un incremento del 43% con respecto del dato estimado en el año 2019, que se situaba en torno a 350.000 personas”.

El estudio de FOESSA no sólo proporciona la dimensión de este colectivo sino que estudia el impacto de la irregularidad en sus condiciones de vida, en la situación laboral, el acceso a la vivienda y en la atención sanitaria.

Trabajadores extranjeros sin papeles

En el segundo semestre de 2023 la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE estima el número de trabajadores extranjeros en tres millones de personas. La Seguridad Social cifra el número de afiliados extranjeros en 2,7 millones de personas en el mismo periodo. Cabría estimar, entonces, en 300.000 personas el número de trabajadores extranjeros en situación irregular.

Pero esto sería incorrecto. El dato de afiliados que publica la Seguridad Social no se refiere realmente a personas afiliadas sino a afiliaciones ya que las personas con pluriempleo o pluriactividad figuran dos o más veces.

La Seguridad Social no publica el número de personas afiliadas pero las oficinas de estadística de algunas CCAA si lo hacen. En particular, el IDESCAT de Cataluña publica mensualmente el dato de afiliaciones y personas afiliadas por nacionalidad y en el segundo semestre de 2023 el número de personas afiliadas extranjeras se cifra en un 95% de las afiliaciones de extranjeros. Dicho de otro modo: el 5% de las afiliaciones de extranjeros corresponden a personas con pluriactividad.

Aplicando el ratio de Cataluña al total de afiliados extranjeros se obtienen 2,55 millones de personas extranjeras afiliadas.

Los extranjeros de países de la Unión Europea, el 29% del total, pueden trabajar libremente en España y, para este colectivo, la cifra de la EPA sólo difiere un 4,1% de la cifra de personas afiliadas.

Los únicos trabajadores extranjeros que pueden carecer de permiso de trabajo son los no comunitarios. En este caso, la medida de la EPA -en la que sólo se pregunta al entrevistado si ha trabajado de forma remunerada en la semana de referencia- supera en casi 430.000 personas el número de trabajadores extranjeros no comunitarios dados de alta en la Seguridad Social. Por tanto, el número de trabajadores extranjeros en situación irregular, sin derechos laborales y con salarios inferiores al mínimo legal, puede estimarse en torno a las 430.000 personas.

Con su regularización el número total de afiliados (afiliaciones) se incrementaría un 2% superando los 21 millones.

Como referencia cabe recordar que la regularización de finales de 2004 incorporó 565.000 trabajadores a la Seguridad Social.

El trabajo irregular por CCAA y actividad económica

Los trabajadores extranjeros no comunitarios (TXNC) representan el 10% de los ocupados españoles pero en algunas CCAA superan el 13% como en Murcia, Cataluña y Baleares, en donde se alcanza el 16%, y en otras no llega al 6%, como en Cantabria, Castilla-León, Galicia, Asturias y Extremadura en donde representan el 3,4%. Madrid, con un 12,6% se sitúa por encima de la media.

Si aplicamos el mismo criterio del 95% para estimar las personas afiliadas a partir de las afiliaciones en cada CCAA se concluye que el 80% de los trabajadores extranjeros no comunitarios en situación irregular (TXNCSI) se localiza en cinco comunidades: Cataluña, Valencia, Madrid, Andalucía y Canarias. Esta última destaca por el alto porcentaje de ocupados extranjeros no comunitarios no afiliados a la Seguridad Social.

Al estudiar las actividades en que se concentran los trabajadores extranjeros no comunitarios nos encontramos que la EPA sólo publica datos por nacionalidad a nivel de gran sector económico (agricultura, industria, construcción y servicios), de manera que hay que acudir a las estadísticas de afiliaciones, con mayor detalle de actividades, para saber en que trabajan los extranjeros no comunitarios.

Los afiliados extranjeros no comunitarios representan el 8,7% de los afiliados. La diferencia con el 10% registrado por la EPA, que abarca el trabajo irregular, ilustra la dificultad de estos trabajadores para entrar en la economía formal.

La actividad con mayor proporción de afiliados extranjeros no comunitarios es la de los empleados de hogar con más de una tercera parte de extranjeros no comunitarios que, en más de un 90% son mujeres. Este colectivo, que se ocupa también del cuidado de las personas mayores, es probablemente el más conocido y apreciado por la envejecida sociedad española.

La segunda actividad, a mucha distancia, es la hostelería, con casi un 19% de afiliados extranjeros no comunitarios, seguida de cerca por las actividades agrarias con un 17,4% de extranjeros no comunitarios.

En la construcción trabajan 172.000 afiliados extranjeros no comunitarios, uno de cada 8 afiliados del sector. Según la EPA trabajan en este sector 255.000 extranjeros no comunitarios así que si aplicamos el criterio del 95% para traducir las afiliaciones en personas afiliadas cabría estimar en unos 90.000 trabajadores los extranjeros no comunitarios en situación irregular en la construcción.

En las actividades de la sección N de la CNAE el 10,7% de los afiliados son extranjeros no comunitarios. Este alto porcentaje se debe a la limpieza industrial, de edificios y la jardinería que concentran el 43% de los afiliados de la sección N. En estas actividades el 60% de los trabajadores son mujeres. También se encuadran en esta sección los riders o repartidores.

Finalmente, en los Otros servicios que integran la sección S de la CNAE, también más del 10% de los afiliados son extranjeros no comunitarios. En este caso se debe a la presencia de los servicios de lavandería y peluquería con un 70% de mujeres.

Efecto de la regularización en los ingresos públicos

Usando el salario mínimo anual de 2023 (15.120 euros) y un 30% como tipo de cotización (4.536 euros), la regularización de estos trabajadores incrementaría las cotizaciones en un mínimo de 1.940 millones de euros en 2024 elevando en un 1% los ingresos por cotizaciones sociales.

Estos nuevos trabajadores afiliados, con una masa salarial en torno a 6.500 millones euros, no estarían obligados, en general, a presentar declaración de IRPF pero sus empleadores ingresarían en Hacienda un 2,5% en concepto de retenciones sobre salarios a juzgar por la estadística de Mercado de Trabajo y Pensiones en las fuentes tributarias.

Los 2.000 millones de euros de ingresos públicos que se obtendrían representan dos tercios de los esperados para 2023 de los gravámenes extraordinarios sobre la banca y las empresas energéticas.

Además, este proceso de regularización proveería de los derechos básicos a estos trabajadores, de los que ahora están desprovistos. No solo de los más obvios, como son la protección social (desempleo y pensiones) o laboral (cumplimiento de la legislación sobre salarios, jornada, etc), sino también de condiciones que cualquier ciudadano considera normales, como comprarse un coche o alquilar una vivienda por agencia. Naturalmente, la regularización tendría también un impacto positivo en estos mercados.

Finalmente, en relación con el posible efecto llamada de esta regularización conviene recordar que no se produjo en la regularización de finales de 2004, de mayor magnitud, como puede verse en un estudio de 2020 de la BSE (Barcelona School of Economics).

El tiempo de trabajo es un tema de creciente relevancia. El gobierno está dando los primeros pasos para aprobar una reducción gradual de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales y ya han comenzado las negociaciones con empresarios y sindicatos. Por otro lado, un número creciente de economistas están interesados por la evolución de la jornada efectiva de trabajo, es decir, considerando no solo el máximo legal, sino también el empleo a tiempo parcial y los periodos en que los trabajadores no están trabajando por diversos motivos (vacaciones, bajas, permisos, ERTEs, etc.). El FMI y la OCDE han destacado que, en las últimas décadas, las horas efectivas de trabajo han descendido de forma gradual y que la pandemia de 2020 ha podido acentuar este proceso. En España, el Banco de España y Fedea también han llegado a conclusiones similares dado que, en apariencia, la jornada efectiva de trabajo se sitúa todavía por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Ambas cuestiones tratan sobre aspectos ligeramente distintos –en un caso es el máximo legal, en otro la jornada efectiva– pero existe una evidente relación. Si las horas efectivas vienen descendiendo, es legítimo preguntarse por el impacto que tendría la reducción de la jornada legal en el desempeño de la economía. La mayoría de las veces este interrogante se resuelve argumentando en términos de una posible mejora de la productividad. El sentido de este artículo es bien distinto. En realidad, buscamos poner de manifiesto que, en España, la reducción en la jornada efectiva producida desde 2019 está lejos de ser un proceso claro. Esta caída solo se refleja en una encuesta –la EPA– pero no en otras fuentes, entre ellas, una encuesta dirigida a las empresas (la Encuesta Trimestral de Coste Laboral o ETCL), la nueva estadística de horas de la Seguridad Social y la estadística de convenios de trabajo. Como argumentaremos, tras un examen en detalle, hay razones para dudar de que realmente se hayan reducido las horas efectivas de trabajo lo que sitúa, por tanto, el debate sobre el cambio en la jornada legal en términos sustancialmente distintos. Además, como veremos en un próximo artículo, el análisis de las horas de trabajo proporciona una imagen más completa sobre la recuperación económica experimentada en nuestro país a partir de 2021.

Antes de entrar en detalles, conviene situar las tendencias generales a partir de los registros disponibles. En España contábamos hasta hace poco con dos fuentes de información sobre el tiempo de trabajo, ambas del INE: la Encuesta de Población Activa (EPA), dirigida a las familias, y la ETCL, dirigida a las empresas. En fechas muy recientes –noviembre de 2023– ha aparecido la Estadística Trimestral de Horas Cotizadas (ETHC) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) que presenta la información de todos los cotizantes al régimen general de la Seguridad Social. En el gráfico adjunto se compara la jornada efectiva de trabajo de los asalariados según estos tres registros. A primera vista se comprueba que existen pequeñas diferencias en niveles. Estas son el resultado de utilizar distintas perspectivas sobre el empleo, principalmente sobre el pluriempleo, tal como detallamos en la nota metodológica. Sin embargo, el hecho relevante está en la gran similitud en las tendencias registradas en la EPA y la ETCL durante casi veinte años. Ambos registros señalan un descenso gradual en la jornada efectiva entre el 2000 y el 2014, de forma que en este periodo la jornada semanal efectiva se redujo en cerca de dos horas. Ambas estadísticas constatan que el tiempo de trabajo se mantuvo prácticamente sin cambios de 2014 a 2019 y también la fuerte caída en 2020, fruto de la paralización de muchas actividades a raíz del estallido de la pandemia. La gran diferencia se manifiesta en el periodo más reciente. Según la EPA, en los años 2021 a 2023 la jornada efectiva se sitúa todavía por debajo de los valores previos a la pandemia. La ETCL y la estadística de horas de la Seguridad Social, por el contrario, indican que las horas efectivas sí han recuperado los niveles de 2019. Explicar estas diferencias obliga a entender las diversas definiciones del tiempo de trabajo y las diferencias en las metodologías.

¿Cómo se miden las horas de trabajo?

Medir las horas de trabajo es un procedimiento complejo y, en ocasiones, los agregados pueden ser difíciles de interpretar. La ETCL constituye el mejor punto de partida debido a que proporciona el mayor detalle sobre el tiempo de trabajo y el coste laboral por hora trabajada en España. El siguiente cuadro expresa la jornada en horas semanales, que es la referencia más habitual para muchas personas. La variable protagonista son las horas efectivas trabajadas que se definen como las horas pactadas entre trabajador y empresa (incluyendo lo acordado por vacaciones y fiestas) más las horas extraordinarias y/o complementarias, menos las horas no trabajadas por vacaciones y fiestas, incapacidad temporal (I.T.), permisos, motivos económicos y otras causas. Las evidencias muestran que el tiempo de trabajo efectivo se mantuvo en 2022 en los niveles de 2019: 29,6 horas semanales, 128 mensuales y 1.540 horas anuales. Estos niveles pueden parecer bajos con respecto al máximo legal de 40 horas a la semana, pero reflejan las importantes diferencias en el tiempo efectivo según el tipo de jornada, que también recoge la ETCL. En 2022, los trabajadores a tiempo completo tuvieron una jornada efectiva de 1.705 horas al año frente a las 962 horas de aquellos en jornada parcial.

Una perspectiva muy parecida se obtiene en la nueva estadística trimestral de horas cotizadas de la Seguridad Social (ETHC). Este registro proporciona las horas cotizadas y las trabajadas a partir de los datos de las cotizaciones abonadas por las empresas. Las horas cotizadas proceden de los registros de la SS para los trabajadores a tiempo parcial y los fijos discontinuos, mientras que para el resto de trabajadores se utilizan las pactadas en los convenios. A grandes rasgos, pueden asimilarse a las pactadas de la ETCL. En 2022, según la ETHC las horas cotizadas anuales por trabajador -incluyendo tanto a tiempo completo como parcial– se cifran en 1.737. Son niveles similares a la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo que, en 2022, registra una media de 1.743 horas al año pactadas para los trabajadores a tiempo completo. De hecho, esta última estadística añade un punto relevante. Al transformar las horas anuales en una media semanal es habitual tomar como referencia 52 semanas, pero es más preciso dividir por 45,6 semanas para descontar los periodos de vacaciones y festivos. Una vez hecho este ajuste se obtiene la jornada semanal pactada que, en los últimos años, se sitúa en torno a las 38 horas.

Estos registros son muy distintos de la EPA, la fuente habitualmente más citada por los economistas para estudiar la evolución de las horas trabajadas. Es una gran encuesta (recoge a 60.000 hogares al trimestre) en donde primero se pregunta a las personas si tienen un empleo y, además, si estuvieron trabajando en la semana de referencia. Los asalariados se considera que están ocupados cuando tienen un empleo, aunque en esa semana no hayan trabajado por causas económicas, por disfrutar de las vacaciones, por estar de baja (enfermedad, accidente), o con permiso para el cuidado de niños o familiares. Finalmente, a los ocupados se les pregunta también por sus horas de trabajo, tanto de las habituales, como de las que efectivamente han desempeñado –incluyendo las horas extra– en la semana de referencia.

¿Qué ha pasado en los últimos años?

El primer punto de comparación debe hacerse entre las horas habituales o pactadas. Como se ve en el gráfico, la EPA, la ETCL y la nueva estadística de horas muestran una gran coincidencia en las tendencias durante los últimos quince años. De esta forma, en 2023, los asalariados trabajaron habitualmente 37 horas en su empleo principal, según la EPA, mientras que de acuerdo con la ETCL las horas pactadas alcanzaban las 35 horas a la semana. No hay indicio alguno de que se produzca una caída de las horas pactadas a partir de la pandemia. Al contrario, según la ETCL, las horas acordadas han subido un 1,4% desde 2019, o lo que equivaldría aproximadamente a media hora más a la semana. La tendencia creciente en los años más recientes se aprecia también en las horas cotizadas en promedio a la Seguridad Social.

No obstante, el indicador económico más relevante es el de las horas efectivamente trabajadas y, tal como se mostraba en el primer gráfico de este artículo, en años recientes se registran una brecha creciente entre la EPA, por un lado, y la ETCL y ETHC, por otro. Resulta lógico que, si se coincide en cuantificar las horas habituales o pactadas, pero no en las efectivas, la discrepancia está en el cómputo de los periodos en que los asalariados no están trabajando. Sin embargo, la comparación plantea el problema de que la EPA no proporciona las horas semanales no trabajadas (por vacaciones, enfermedad u otros motivos), pero sí el número de asalariados que no han trabajado en la semana desglosados por el motivo de la ausencia. Lo más útil, por tanto, es analizar los principales motivos por los que habrían podido aumentar las horas no trabajadas.

La primera causa que pudo afectar a la jornada efectiva ha sido la suspensión de la actividad fruto de los ERTEs. Las dos encuestas –EPA y ETCL– coinciden en constatar la enorme caída (un 8%) en las horas trabajadas en 2020, lo cual es un gran mérito teniendo en cuenta los enormes problemas derivados del volumen inédito de horas pérdidas y los asociados a la recogida de datos en medio de una pandemia. La nueva estadística de horas coincide en la intensidad de la caída y arroja, además, un dato hasta ahora poco conocido: en 2020 los ERTE ascendieron a un total de 2.156 millones de horas (o el 8% de las pactadas ese año). Desde una óptica distinta, la EPA registró en ese año a un 6% de los asalariados en ERTE o suspensión de empleo. La pandemia fue un hecho inédito en nuestra economía y, sin embargo, todos los registros constatan que el shock no ha tenido efectos perdurables después de 2021.

La segunda causa potencialmente más importante son las bajas por enfermedad y permisos para el cuidado de los hijos. Como se puede ver el siguiente gráfico, todos los registros indican un fuerte incremento del tiempo no trabajado debido a estos motivos. Sin embargo, también se debe poner en contexto estas cifras. Aunque las horas no trabajadas por enfermedad, accidente o incapacidad temporal han subido bastante en tres años (entre el 30-37%), su peso sobre el total de horas pactadas sigue siendo pequeño, en torno a un 5%. La ausencia de discrepancias entre la EPA, la ETCL y los registros de la Seguridad Social permite además descartar que esta sea el foco de la diferencia.

La brecha más importante se debe a un tema que en apariencia debería ser tan fácil de medir como son las vacaciones. La EPA es el único registro que señala un extraordinario crecimiento de los asalariados con vacaciones. De hecho, como se observa en el gráfico, antes de la pandemia un 5% de los asalariados en nómina declaraban estar de vacaciones, mientras que en los dos últimos años este porcentaje ha subido hasta cerca del 7%. Una subida de esta magnitud eclipsa todas las otras causas. Además, es un patrón extraordinario que no tiene reflejo en otros registros. La ETCL apunta en un sentido contrario: las horas correspondientes a vacaciones se han mantenido estables (o ligeramente reducido).

Conclusión

Este artículo no puede resolver este enigma, pero sí proponer alguna forma de aclararlo. La pandemia de 2020 no parece que haya alterado el ritmo de desarrollo de la economía española, pero sí ha supuesto un reto sin precedentes para las estadísticas económicas en nuestro país. Este reto no es único y muchas otras economías desarrolladas también han visto perturbaciones en sus indicadores de referencia, fruto de diversos procesos como es el aumento del teletrabajo o el breve pero intenso periodo de inflación. En este contexto, la solvencia de los principales indicadores sobre el empleo –la EPA y los registros de la Seguridad Social– están fuera de toda duda. Sin embargo, en un aspecto clave como son las horas efectivas de trabajo, la EPA, dirigida a las familias, y la ETCL, dirigida a las empresas, muestran la mayor discrepancia desde que existe un marco comparable de análisis. Esta diferencia no es un mero detalle y, dado que es previsible un intenso debate sobre las posibilidades y oportunidades que ofrece la reducción de la jornada legal, es más importante que nunca tener un diagnóstico certero. Hoy es más urgente que nunca que las autoridades estadísticas aclaren las discrepancias entre las fuentes y establezcan un marco informativo sólido sobre el tiempo de trabajo en España.

A corto plazo, sería factible explorar tres vías para solucionar esta paradoja. Primero, se debería retomar el ejercicio de conciliar las cifras de empleo en la EPA y los registros administrativos para así convertirlo en una práctica regular. Como señalamos hace tiempo, los últimos estudios al respecto datan del año 2018 y, en este caso, podrían ampliarse para analizar las diferencias en horas pactadas y, también, en las efectivamente trabajadas. Otro avance importante se obtendría si la ETCL publicara, además de las ratios por trabajador (costes salariales y horas), la cifra de asalariados y los datos de horas totales trabajadas. La principal limitación de la ETCL en la actualidad es esta ausencia de “elevación a población” de sus registros. Este rasgo resulta particularmente sorprendente porque la ETCL es también la fuente de referencia sobre el número total de puestos de trabajo vacantes por sectores y por comunidades autónomas. Por último, sería idóneo que el INE recuperase, como un módulo de su Encuesta anual de Coste Laboral, la Encuesta sobre el tiempo de trabajo en España, que dejó de publicarse en el año 2000. El salto informativo sería mayor si pudiéramos conocer la jornada pactada y la efectiva en función de variables tan relevantes como el sexo, la edad, la nacionalidad, la ocupación, el nivel de estudios, la antigüedad en la empresa o el tipo de contrato. Para ello sería preciso investigar no sólo los centros de cotización sino una muestra de trabajadores de esos centros como hace el INE para los salarios por persona en su magnífica Encuesta de Estructura Salarial.

El IVA representa el 26% de los ingresos por impuestos en los países de la Unión Europea y un 28% en España. Es también un importante recurso propio de la Unión, dado que los países transfieren una parte de la recaudación para financiar el presupuesto común. Debido a su importancia, la Comisión Europea publica todos los años un informe que compara la brecha del IVA en los países de la Unión, siguiendo una metodología común. En el último informe, publicado este último mes de octubre, España aparece con una brecha prácticamente nula en 2021. Ya avisamos en un artículo del 2 de enero de 2023 que este escándalo iba a producirse, razón que motiva que en este artículo repasemos todos los ingredientes que dan lugar a un titular tan sorprendente como anómalo.

Al igual que en otros impuestos, con el IVA se puede aproximar el grado de cumplimiento utilizando agregados macroeconómicos (en una metodología top-down). Básicamente, existen dos métodos para estimar el fraude en el IVA. El primero, que es el utilizado en el Informe de la Comisión Europea que acaba de publicarse, usa los datos de la Contabilidad Nacional y otras fuentes estadísticas para estimar el gasto final sujeto a IVA, aplica a cada producto el tipo impositivo vigente y obtiene así un tipo medio ponderado. Con estas cifras, se estima la recaudación teórica, es decir, si todo el sistema funcionara a la perfección, y, después, se compara con el IVA efectivamente recaudado. La diferencia es la brecha del IVA (VAT gap, en inglés), un concepto que aproxima las pérdidas “debido a fraude fiscal, evasión fiscal, prácticas de optimización y elusión fiscal, quiebras, insolvencias financieras, así como errores de cálculo y administrativos”.

El otro método es el declarativo. En este procedimiento se compara directamente el gasto final sujeto a IVA de la Contabilidad Nacional (también llamado gasto contable), con el procedente de las declaraciones de los contribuyentes (o gasto declarado). La diferencia recoge la infradeclaración en las bases imponibles por las mismas razones antes aducidas. Este procedimiento es el más robusto, ya que no requiere estimaciones del tipo impositivo de cada actividad (o producto) para obtener como resultado un tipo medio de IVA. El método declarativo exige, sin embargo, que los países cuenten con estadísticas detalladas en las que los contribuyentes reflejen sus compras y ventas. España es uno de los pocos países que mantiene este tipo de registros y, por ello, fue este el procedimiento usado por nosotros en artículos anteriores.

En aras de la transparencia y el debate, en este artículo presentamos los resultados obtenidos con ambos métodos. Pero la primera conclusión relevante es que, en el caso español, los resultados no cambian en lo fundamental si se opta por uno u otro. Como muestra el gráfico, ambos coinciden en señalar una reducción inédita en la brecha del IVA entre 2019 y 2021. En el resto del artículo analizamos, punto a punto, los factores que podrían estar motivando este cambio para terminar señalando los déficits en las cifras actuales del PIB.

La brecha en la recaudación

El último informe de la Comisión Europea recoge el fraude en la recaudación del IVA para España en los últimos años. En el periodo de 2017 a 2019 se estimaba en torno al 7,5%, en 2020 la brecha se reduce al 5,5% y desaparece prácticamente en 2021 (un 0,8%). En cifras absolutas el cambio resulta impresionante: en 2019 el fraude en IVA se estimaba en 6.800 millones de euros y en 2021 sólo en 662 millones. ¡Una prodigiosa reducción del 90%!

Los resultados del caso español son más relevantes si se ponen en relación con los otros países de la Unión. En el siguiente gráfico se muestra el tamaño de la brecha en IVA en 2021. Según esta comparación, España se situaría, junto con Finlandia y los Países Bajos, entre los países con mayor grado de cumplimiento. Por el contrario, economías más parecidas a la española por su marco institucional y nivel de desarrollo, como son Portugal o Italia, muestran niveles muy superiores de fraude. Incluso las dos grandes economías de la eurozona –Francia y Alemania– saldrían con una brecha superior en la recaudación de IVA.

En la Europa de los 27, la brecha del IVA también se ha reducido de forma notable durante estos años. Para toda la Unión, se ha pasado del 10,7% en 2019 al 5,3% en 2021. Las reducciones, en términos porcentuales, han sido muy importantes en España, Holanda, Alemania, Italia, Polonia, y Chequia. Parte de este fenómeno puede deberse a la infraestimación del PIB. De hecho, los datos utilizados en el informe no recogen la última revisión realizada para el caso español, ni tampoco modificaciones importantes para otros países (Italia, Chequia, Chipre, etc.). A fecha actual, sabemos que la revisión del PIB en España fue bastante tímida y puede afirmarse que con los nuevos datos el IVA teórico se elevaría dos puntos aproximadamente. La brecha del IVA en nuestro país seguiría siendo increíblemente baja: 2.100 millones de euros, o un 2,5% de la recaudación teórica.

Otra razón sería la mejora en los niveles de cumplimiento. En este caso, cabe destacar que si España figura, desde hace tiempo, entre los países de reducida brecha del IVA es debido a la existencia de las declaraciones de operaciones con terceros. Desde 2017, además, con la implantación del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) que obliga a las grandes empresas al envío diario de las facturas de compras y ventas, este control es más eficaz. Pero estas mejoras no eliminaron el fraude antes de 2019 y, resulta muy dudoso, que aumentaran su eficacia en estos años. Las autoridades también han señalado que el fraude podría haberse reducido por un mayor uso de tarjetas de crédito en los últimos años. El problema de este argumento es que obvia que no todas las compras (sea con tarjeta o en efectivo) se registran por igual a efectos del IVA. Todavía en la actualidad ocurre que importantes colectivos de contribuyentes (empresarios en módulos y los pequeños comercios regentados por personas físicas) tienen unas ventas declaradas en el IVA determinadas por sus compras (u otros indicadores), y no por sus ingresos reales. Como señalamos en la nota metodológica, la importancia relativa de estos grupos no se ha reducido. Además, el fraude puro y simple sigue ahí. De acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Fiscales, casi una tercera parte de las personas reconoce que le han ofrecido no incluir el IVA al pagar algún producto o servicio.

La extraordinaria caída de la brecha del IVA en 2020 y su práctica desaparición en 2021 debe atribuirse, sin ninguna duda, a la subestimación, por parte de la Contabilidad Nacional del gasto final sujeto a IVA en 2020 y 2021. Para entender el alcance de este fenómeno, resulta más útil analizar los puntos clave desde la perspectiva de las bases imponibles.

Gasto declarado y gasto contable

La comparación del gasto sujeto a IVA requiere establecer una referencia homologable entre las bases imponibles declaradas y la base teórica que se desprende de las cuentas nacionales. En España, el cálculo de la base imponible teórica lo realiza el propio INE para obtener la base uniforme del IVA que exige la Unión Europea y para la construcción del indicador para el reparto de la recaudación del IVA entre las Comunidades Autónomas. Desgraciadamente, la breve nota metodológica que publica el INE solo recoge el reparto territorial, pero no la base imponible teórica que elabora. Como alternativa, hemos calculado una base teórica con los últimos datos de la Contabilidad Nacional, según se detalla en la nota metodológica. Este indicador puede después compararse con el gasto final sujeto recogido en las estadísticas de la Agencia Tributaria si se tienen en cuentas las diferencias territoriales (es decir, entre el territorio nacional y el administrado por la AEAT que excluye País Vasco, Navarra y Canarias). Los datos que subyacen a estas estimaciones están asimismo disponibles para los lectores interesados.

El hecho más importante se reproduce en el siguiente gráfico, que compara esta base teórica sujeta a IVA y las bases imponibles declaradas a Hacienda. Entre 1995 y 1997 la diferencia entre el gasto contable y el declarado rondaba el 18%, en línea con los índices de fraude superiores al 20% que estimaba el Instituto de Estudios Fiscales en la primera parte de esa década. Pero desde 1998 a 2016 se ha mantenido en torno al 10% del gasto contable y en el trienio 2017-2019 anterior a la pandemia se cifra en un 8,5% o unos 50.000 millones de euros anuales. En 2020 se reduce a un 3% y en 2021 y 2022 se hace negativo, de manera que el gasto declarado a Hacienda supera el estimado por la Contabilidad Nacional, lo que es imposible. El fraude negativo no puede darse porque el PIB recoge actividades informales e ilegales que, por definición, no aparecen en las estadísticas tributarias (aunque sea ocioso señalarlo, los narcotraficantes no presentan declaraciones de impuestos). El tratamiento generoso que se hace en términos fiscales de determinadas ventas (como señalábamos antes sobre empresarios en módulos y pequeños comercios) empujarían de forma adicional a que esta diferencia fuese positiva. En suma, para corregir esta anomalía, la Contabilidad Nacional debería elevar el gasto sujeto a IVA en 2020 en unos 30.000 millones de euros y en 2021 y 2022 en unos 60.000 millones de euros. De lo contrario, España seguirá apareciendo como un imposible fraude negativo en 2021 y 2022 como se observa en el gráfico.

¿Suben o bajan los impuestos?

La discusión sobre las cuentas nacionales y el gasto en el IVA debe continuarse, pero también es cierto que para muchos ciudadanos este tema siempre resultará lejano y complejo. Sin embargo, los datos que se utilicen también deben responder a preguntas relativamente sencillas como, por ejemplo, si los impuestos han subido o bajado en los últimos años. Con las cifras anteriores (ver la nota metodológica para más detalles) se puede calcular un tipo medio de gravamen en el IVA de acuerdo con la Contabilidad Nacional y con los registros de la Agencia Tributaria. Los resultados aparecen en el gráfico adjunto.

El hecho decisivo está en las tendencias relativas. Si nos atenemos a los datos del PIB del INE, en España se ha producido un aumento muy considerable del tipo implícito en el IVA. Este habría pasado de estar en torno al 13,5% entre 2015 y 2019 al 15,2% en 2021. Una subida de 1,8 puntos en apenas dos años en los que no se han producido cambios normativos relevantes resulta un misterio se mire como se mire, ya que es casi tan fuerte como la que se produjo a partir del incremento de tipos de septiembre de 2012, cuando el tipo general pasó del 18% al 21% y el reducido del 8% al 10%. Por el contrario, los informes de recaudación de la Agencia Tributaria indican que en 2020 el tipo medio de IVA no varía y en 2021 se registra un descenso de una décima de punto fruto de una primera bajada del tipo de la electricidad de los hogares (desde el 21% al 10%), que compensa sobradamente la subida en el tipo de las bebidas azucaradas. La tendencia descendente se acentúa en 2022 al añadirse la bajada adicional del tipo de la electricidad, junto con otras en el gas natural, la madera y los pellets.

¿Es la brecha fiscal una brecha estadística?

Esta breve nota sobre la situación del IVA y el alcance del fraude ponen de nuevo de manifiesto el desajuste entre las cuentas nacionales y las estadísticas tributarias en nuestro país. La razón última de esta diferencia se debe a un problema latente y no resuelto en sistema europeo de cuentas nacionales. En la Unión Europea, el cálculo del PIB y del resto de las magnitudes macroeconómicas debe hacerse según una serie de reglas comunes. Estas reglas vienen acompañadas de unas recomendaciones en las que se hace explícito el uso de los registros fiscales (referidos al valor añadido, salarios o beneficios) como una posible fuente de información. Sin embargo, lo cierto es que los institutos estadísticos de cada país gozan de un considerable grado de autonomía para operar con las fuentes que convengan. También existe un margen considerable para detallar con mayor (o menor precisión) el sentido de sus estimaciones.

En el caso español, el INE dispone desde la década de los 90 de información fiscal para realizar sus estimaciones, pero no se conoce cómo se emplean estos registros. El documento metodológico clave de las cuentas nacionales (la llamada guía-inventario) no es público y en su lugar solo disponemos de referencias parciales en donde sí se menciona al uso de fuentes fiscales como, por ejemplo, las ventas declaradas a Hacienda. No es cierto, como algunos han querido señalar durante el último año, que las bases imponibles declaradas a Hacienda sigan una lógica propia que les hace inservibles para tomar el pulso a la economía. Lo que sí ha sucedido es que, en España, nadie se ha preocupado de hacer un ajuste adecuado entre ambos registros que explique las diferencias y la evolución de estas en el tiempo. El gran shock económico de 2020 hizo saltar por los aires las pequeñas diferencias que existían hasta entonces y todavía tres años más tarde estamos preguntándonos por cuestiones básicas sobre la salud de nuestra economía y el verdadero alcance de la presión fiscal.

La experiencia de estos años ha puesto de manifiesto los errores que se producen cuando no se utilizan las estadísticas tributarias que proporcionan en España, con razonable rapidez, las magnitudes de salarios, rentas y gastos que declaramos la totalidad de los contribuyentes. Hace ya casi treinta años, Begoña Sanz, una experta en Contabilidad Nacional que trabajaba en el Instituto de Estudios Fiscales recordaba en un artículo titulado “Acerca de la exactitud de la Contabilidad Nacional” que las estadísticas tributarias constituyen, por su naturaleza, un suelo, una cuantificación mínima. En ese momento, el comentario venía motivado porque los salarios declarados a Hacienda en 1992 y 1993 superaban en un 7% los salarios publicados por la Contabilidad Nacional. El asunto llegó a ser publicado en El País, pero tuvieron que pasar varios años, con sucesivas rondas de revisión, para que el INE terminara por realizar el ajuste necesario.

¿Les suena este problema? Nuestros lectores habituales recordarán que durante los dos últimos años hemos puesto de manifiesto este mismo asunto con los salarios y que solo ha sido resuelto con la última revisión del PIB. Pero en el caso del gasto sujeto a IVA, que está estrechamente relacionado con el consumo de los hogares, la necesaria revisión está todavía pendiente. Un paso en la buena dirección sería que el INE publicara, como apéndice a sus estimaciones, la medida del gasto final sujeto a IVA que ya realiza para el reparto territorial de la recaudación. Otra medida, sin coste alguno, sería la publicación de la guía-inventario en donde los responsables de las cuentas nacionales detallan el sentido de sus estimaciones. Estas dos sugerencias van acordes a las recomendaciones de la AIReF en 2019 y las realizadas por una comisión de expertos en 2022. Esta mejora en la transparencia serviría para encauzar un debate sin tener que esperar a la próxima revisión de septiembre de 2024.

Los seguidores de la coyuntura en España tenemos la posibilidad, única en Europa, de analizar trimestralmente la evolución económica de las empresas con un grado de detalle inédito. Los nuevos registros del Observatorio de Márgenes Empresariales (OME) proporcionan una panorámica coyuntural muy completa sobre la salud del sector empresarial de nuestro país en lo referente a las ventas, compras, empleo, salarios y beneficios.

Estos mismos registros, una vez realizados los ajustes necesarios, deberían mejorar también la información de coyuntura de la economía, tal como se mide a través de la Contabilidad Nacional Trimestral de España. Este artículo proporciona un repaso de estas variables en la coyuntura actual y también indica algunas sugerencias con vistas a la mejora en el futuro.

Durante años, las ventas han sido el principal indicador que ofrecía la Agencia Tributaria para conocer la marcha de las empresas. Y también para el INE que, como principales indicadores mensuales de coyuntura, publica el Índice de Cifra de Negocios, el Índice de comercio Minorista o el Índice de Producción Industrial. Las ventas proporcionan lo que comúnmente se llama la facturación, es decir, el valor de los bienes y servicios que las empresas suministran a sus clientes.

Estudiar las ventas constituye el mejor punto de partida para conocer el negocio empresarial y es una buena aproximación en contextos de normalidad, en los que las ventas y las compras tienen evoluciones paralelas. Ahora bien, cuando esto no sucede, como ha sido el caso de los dos últimos años, la imagen que proporcionan las ventas puede llevar a equívocos.

Es en estos casos cuando cobra mayor importancia el valor añadido, la diferencia entre las ventas y las compras realizadas por estas mismas empresas de bienes y servicios para el normal funcionamiento de la producción. En una empresa es una de las variables más relevantes, como también lo es para analizar la economía de un país (el PIB no es otra cosa que el valor añadido).

Hace algo menos de un año, en otoño de 2022, la estadística tributaria de Ventas de Grandes Empresas y Pymes societarias (VESGEP) añadió las compras a la serie de ventas ya publicadas, ambas con el mismo detalle sectorial. Este verano de 2023 se ha dado un paso trascendental con la aparición del OME que desarrollan conjuntamente el Ministerio de Asuntos Económicos, el Banco de España y la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). El Observatorio proporciona una información mucho más sistemática de la cuenta de resultados de las empresas, al combinar tanto las declaraciones trimestrales de IVA y salarios con la información –mucho más completa, aunque se conoce con mucho retraso– del Impuesto sobre Sociedades.

Las dos estadísticas –VESGEP y el Observatorio– permiten ilustrar este contraste entre ventas y valor añadido. En el último trimestre disponible, el crecimiento interanual de las ventas se cifraba en un 1,1% según la primera estadística (VESGEP), mientras que el Observatorio indica que las ventas caen un 3,3% en el mismo periodo. La diferencia se debe, entre otras cosas, a la inclusión en este último del sector eléctrico, ausente en VESGEP.

Estos indicadores invitarían a pensar que el sector empresarial de nuestro país se encuentra en una situación de débil crecimiento o estancamiento. Sin embargo, la atonía de las ventas se acompaña de una atonía superior de las compras, arrastradas por las caídas en el refino del petróleo y la generación de electricidad, de manera que la diferencia entre ventas y compras, que aproxima el valor añadido generado por las empresas, registra un crecimiento nominal del 7%.

Esta magnitud es similar a la estimada por el INE en la Contabilidad Trimestral para el valor añadido del sector mercantil no financiero. Nótese también en el gráfico, que refleja la evolución de las ventas menos compras, que el 7% es el menor crecimiento de los 9 últimos trimestres, pero es también el crecimiento medio del año 2019, antes de la pandemia.

Con esta información se puede calcular una primera ratio; el margen de ventas que expresa el valor añadido en porcentaje de las ventas. Este margen estaba situado en el segundo trimestre de 2022 en torno al 22% y se ha elevado al 23-24% en el segundo trimestre de 2023, como puede verse en la tabla adjunta. Puede parecer una pequeña diferencia, pero este cambio indica una mejora en el uso de los recursos, es decir, que las empresas generan un mayor valor añadido sobre su facturación. El crecimiento del margen de ventas en 2023 es una de las características más relevantes de la coyuntura reciente.

El margen de ventas varía notablemente según la actividad productiva. Con los datos trimestrales del Observatorio puede estudiarse hasta para 73 actividades, aunque con vistas a simplificar el análisis, el cuadro adjunto presenta su valor en 2022 para 13 grandes sectores. El margen ronda el 16% en la industria manufacturera y el comercio, pero supera el 30% en las restantes actividades de servicios alcanzando el 40% en las actividades de transporte y almacenamiento. El segundo bloque del cuadro, que presenta las tasas de variación anual de las ventas, las compras y de la diferencia, ilustra ampliamente las limitaciones de las ventas como señal de la coyuntura de los sectores. La industria es la principal beneficiaria de las caídas de compras en el segundo trimestre de 2023: las ventas caen casi un 4% en la industria manufacturera, pero crece un 34% la diferencia entre ventas y compras.

A modo de conclusión, no debe causar alarma que las ventas estén registrando tasas de crecimiento negativas en los últimos meses. Este indicador, bien como lo publica la Agencia Tributaria o en los Índices de Cifra de Negocio que elabora el INE, se ve afectado por el mismo fenómeno que señalábamos: la fuerte caída en las compras. La atonía en las ventas no indica necesariamente el enfriamiento de la economía española, sino más bien la normalización en la escalada de los costes de producción.

Los márgenes empresariales

El Observatorio de Márgenes Empresariales pone el foco en el Resultado Económico Bruto de Explotación (RBE) que obtienen las empresas al restar de la producción los consumos intermedios y los gastos de personal (salarios y cotizaciones sociales). Expresándolo de otro modo, podríamos decir que el valor añadido bruto generado por la empresa como diferencia entre la producción y los consumos intermedios se distribuye entre los gastos de personal (que retribuyen el factor trabajo) y el RBE (que retribuye al capital). 

El Observatorio define los márgenes empresariales como una ratio entre el RBE y las ventas (o la producción) o entre el RBE y el valor añadido bruto (producción - consumos intermedios). En el primer caso, se habla de margen empresarial sobre ventas (o sobre producción), y en el segundo, de margen empresarial sobre valor añadido.

La información sobre el RBE y los gastos de personal que proporciona el Impuesto de Sociedades es la más fiable por su exhaustividad y el rigor contable, dada la relación de la declaración anual de Sociedades con el Plan General Contable. Sin embargo, como las cuentas completas tardan tiempo en presentarse, resulta necesario disponer de información más actualizada sobre los últimos trimestres.

El Observatorio de Márgenes ha optado por una solución ingeniosa para conocer los costes laborales y los excedentes empresariales de las empresas en los trimestres más recientes. Con la información de las declaraciones mensuales y trimestrales de IVA y Retenciones, el RBE se aproxima con un Indicador de Resultado Bruto de Explotación (IRB) que se obtiene al restar de las ventas las compras y los salarios. En este escenario, el valor añadido bruto se aproxima con la diferencia entre ventas y compras. El primer margen empresarial se obtiene como ratio entre el IRB y las ventas, y el segundo, como ratio entre el IRB y la diferencia entre ventas y compras.

El último gráfico permite comprobar la fuerte subida en el margen empresarial sobre las ventas, desde 2021 hasta la actualidad. En 2021 y, sobre todo, en 2022 y el primer trimestre de 2023, este margen empresarial creció por la contención de los salarios; en el segundo trimestre de 2023 la subida se debe al crecimiento del margen de ventas que se ha comentado en la primera parte del artículo. 

La principal limitación de la información trimestral que aporta el Observatorio de Márgenes Empresariales se encuentra en la ausencia de las cotizaciones sociales satisfechas por los empleadores que forman parte, junto a los salarios, de los gastos de personal. Esta limitación podría subsanarse con la incorporación de la Seguridad Social al Observatorio. De este modo, se obtendría una estimación coyuntural mucho más precisa tanto de los gastos de personal como del Resultado Bruto de Explotación.

En estos meses previos a las elecciones del 23 de julio se sigue citando, a menudo como demérito de la labor del Gobierno, el retraso de la economía española en superar el nivel del PIB previo a la pandemia. Aquellos que presentan una imagen más positiva insisten, en cambio, en que la legislatura ha dejado más empresas, más empleo, menos temporalidad y mayor protección social. Sin embargo, este balance se hace antes de que el INE presente la revisión que hará en septiembre de los datos del PIB referidos a estos últimos años. Dentro de un margen de razonable seguridad, se puede avanzar que este cambio será muy sustancial y, para el año 2021, esperamos que se sitúe en una horquilla de entre el 3 y el 4,2%. Si es así, la fuerte recuperación era ya un hecho incontestable en aquel momento y el indicador coyuntural de referencia –la Contabilidad Nacional Trimestral del INE– habría cometido un error histórico, ocultando a la sociedad española el verdadero vigor de la recuperación económica tras la crisis del COVID. Solo entonces, con la revisión de septiembre, se podrá constatar la fortaleza del tejido productivo de nuestro país (es decir, de los trabajadores y de las empresas) y el éxito de las políticas públicas que buscaron sostener el empleo y las rentas.

Nuestra convicción de que el año 2021 y, en general, todo este ciclo ha sido mucho más positivo se debe a una atenta lectura de las estadísticas. Para sostener nuestro razonamiento, en este artículo presentamos dos tipos de estimaciones sobre el PIB para este año decisivo. Una está basada por completo en estadísticas producidas por el INE (o bajo su dirección, como es en el caso de la construcción), la otra utiliza los datos de la Agencia Tributaria referidos a los salarios, ventas y compras declaradas por los contribuyentes. Aunque pueda parecer que los dos enfoques son muy distintos, en realidad tienen muchos puntos en común y se complementan en gran medida. Como veremos, esta similitud permite descartar algunas explicaciones que han venido barajándose hasta la fecha, entre ellas, la excesiva dependencia de España con respecto al turismo o el supuesto afloramiento de la economía sumergida. Al mismo tiempo, permiten señalar que en estos años se ha consolidado un pequeño cambio en nuestra economía, con el avance de actividades que generan mayor valor añadido.

La primera estimación tiene como fuente principal la Estadística Estructural de Empresas que el INE realiza sobre la industria, el comercio y los servicios no financieros del sector privado. Como su nombre indica, esta estadística busca proporcionar la imagen más completa de la economía preguntando directamente a las empresas –sociedades o autónomos– sobre las variables básicas de su negocio (compras, ventas, costes laborales, personal ocupado, etc.). Estos resultados se extrapolan después a escala nacional haciendo uso de los registros administrativos (Hacienda y Seguridad Social), de forma que son representativos de la actividad que desarrollan 2,5 millones de empresas y unos 12 millones de trabajadores. Gracias a este diseño tan exhaustivo, la estadística estructural del INE proporciona una de las radiografías más completas de la economía española.

La estadística estructural indica que en 2021 se produjo una recuperación mucho más fuerte que la estimada por el PIB. Si se mira el indicador económico por excelencia –el valor añadido bruto–, se comprueba que las tasas de crecimiento fueron sustancialmente superiores a las que había apuntado la Contabilidad Nacional, pues en el total de actividades sujetas a comparación la diferencia es de casi 4,5 puntos (14,9% frente a 10,5%). El lector interesado puede comprobar en los gráficos que estas diferencias son generalizables a un buen número de sectores, desde la industria hasta los servicios. Las divergencias son especialmente remarcables en la hostelería, el sector inmobiliario, las actividades administrativas, las artísticas y los servicios personales. Este balance proporciona una imagen mucho más ajustada y permite avanzar una importante conclusión: la crisis se superó gracias al dinamismo y la heterogeneidad del sector servicios. Así, aunque en 2021 algunas actividades más ligadas al turismo (la hostelería, las agencias de viaje o el transporte aéreo) seguían por debajo de su potencial, otras en cambio han mostrado una notable pujanza (como, por ejemplo, el comercio, el sector de la información o los servicios profesionales). Solo así se entiende que la economía española ya se hubiera recuperado, aun cuando en 2021 el nivel de visitas (y gasto) de los turistas extranjeros estaba lejos de la situación previa a la pandemia. España no es solo un país de bares, hoteles y comercios para el disfrute de nuestros visitantes.

Esta imagen sobre el sector privado no sería completa si no se incorpora la actividad en la construcción, que está excluida de la encuesta estructural. En este caso se debe acudir a dos estadísticas distintas de Ministerio de Transportes (el MITMA): una de coyuntura que aproxima la actividad mes a mes y otra de carácter estructural que proporciona un balance anual más detallado. Hace unos meses apareció la estadística estructural de la construcción para 2021 y sus resultados arrojan un vuelco sustancial en este sector. En 2021 no hubo un tímido avance (2%) en la producción, como indicaba la estadística coyuntural, sino un fuerte repunte (un 9%) que permitió recuperar los niveles previos a la pandemia. Este asunto no pasaría de la anécdota si no fuera porque la Contabilidad Nacional del INE ha venido realizando estimaciones muy similares a la errónea estadística de coyuntura del MITMA, dando así una imagen totalmente distorsionada del sector. Todavía hoy en día, si tomamos las cifras oficiales del PIB, la construcción sigue sin haber recuperado los niveles de 2019 y, además, indican una caída inaudita en la productividad dado que el empleo sí se ha mantenido. Este hecho, desafortunadamente, no es más que un error colosal e indica las carencias de algunos de los indicadores de coyuntura manejados.

La segunda estimación toma como pieza fundamental las estadísticas tributarias, principalmente del IRPF, el Impuesto sobre Sociedades y el IVA. En artículos anteriores ya hemos detallado cómo las estadísticas relacionadas con estos impuestos permiten hacer una aproximación razonable al PIB por la vía del gasto y de las rentas. En este artículo hemos actualizado simplemente la información disponible que permite confirmar las ideas fundamentales que expusimos en su momento. La ventaja de estas estadísticas es que se actualizan con mucha más frecuencia, de forma que los datos provisionales de 2022 están ya disponibles y confirman la buena marcha de la economía.

Si nos fijamos en 2021 desde la óptica del gasto, se constata una diferencia inédita entre el consumo de los hogares sujeto al IVA y sus conceptos equivalentes en la Contabilidad Nacional. El gasto sujeto a IVA medido por las estadísticas de la Agencia Tributaria aumentó en más de un 20%, mientras que el PIB lo cifra en algo menos de un 13%. Esta divergencia tiene implicaciones muy importantes, pues la recaudación por IVA supera con creces el que teóricamente se podría obtener en España si uno creyera en los datos del PIB. Teniendo en cuenta que la Comisión Europea vigila de cerca la recaudación de este impuesto podemos adelantar que, si no cambian las cifras, España aparecerá con fraude negativo en el próximo informe sobre la brecha en la recaudación del IVA (el VAT gap). Esto sería un hecho estadístico inédito tan absurdo que de producirse, causará vergüenza de propios y extraños. En la misma óptica del gasto se registra también una anomalía importante en la inversión en viviendas, infraestructuras y otros activos inmobiliarios como resultado de la infraestimación en la actividad de la construcción que comentábamos antes.

Por la vía de las rentas la discrepancia se produce cuando se comparan las rentas de mercado sujetas al IRPF y al Impuesto sobre Sociedades. Ya se ha destacado en anteriores artículos que los salarios declarados a la Agencia Tributaria superan a los estimados por la Contabilidad Nacional cuando se ajustan por territorios forales y empleados del hogar. Teorizar sobre el afloramiento de la economía sumergida da lugar a múltiples conjeturas, pero en los salarios asistimos a otro caso más de supuesto fraude negativo. Las discrepancias en el PIB también se producen en las rentas empresariales, tanto de aquellas que reciben los autónomos como de los beneficios brutos de las sociedades. En ambos casos se produjo una fuerte recuperación en 2021 cuya magnitud fue muy superior a la registrada en la Contabilidad Nacional del INE. Esta valoración se ve reforzada por una tercera fuente como es la Central de Balances del Banco de España, que también constata la recuperación de los excedentes empresariales en las 500.000 sociedades que investiga. El lector interesado en comprobar las diferencias en cada tipo de renta, según cada estadística, puede consultar la base de datos adjunta.

Según estas distintas estimaciones, cuando se publique en septiembre la revisión de la Contabilidad Nacional, el crecimiento nominal del PIB en 2021 se cifrará entre el 11% y el 12,2%, superando con creces el 7,9% que arrojan las series actuales del INE. La divergencia con respecto a la estadística oficial se refleja en el gráfico adjunto. El hecho incontestable es que, incluso en el escenario más conservador, el crecimiento en 2021 fue 3,1 puntos superior al estimado hasta ahora. Ello equivale a un incremento en el PIB de 35.000 millones de euros al año. La nueva estimación apunta además que la recuperación era una realidad en la primera mitad de 2022. El hecho realmente sorprendente es que esta noticia se va a certificar, como muy pronto, ¡casi un año y medio después! La nueva perspectiva implica también que toda la diferencia en la evolución económica de España frente a otros países europeos, la famosa brecha que a menudo se cita, prácticamente desaparece a día de hoy. La recuperación de España habría seguido, por citar un ejemplo cercano, una pauta similar a la observada en Portugal.

Después de que se confirme este escenario, seguirán quedando por explicar muchas cuestiones. En el plano macroeconómico, es muy significativo que el empleo y el número de empresas en activo siga marcando máximos. Desde la perspectiva fiscal, el aumento relativo en la presión impositiva y en el gasto público se verá como un hecho más atenuado al cambiar el denominador del PIB. Algo parecido ocurrirá con respecto al peso de la deuda pública. Por último, también queda por explicar por qué las estadísticas tributarias siguen dando un mayor crecimiento que otros indicadores económicos. Una revisión sistemática de la Contabilidad Nacional, lo que en la jerga se llama un “cambio de base”, sería un paso en la buena dirección, tal como apuntaba José Manuel Naredo. Una mayor claridad en los escuetos comunicados de prensa del INE sería también otro paso en la buena dirección. En todo caso, todas estas cuestiones no deberían hacernos perder de vista que la economía española se encuentra en una situación mucho mejor de la que se ha ofrecido hasta ahora.

En las últimas semanas se han publicado diversos indicadores sobre la situación económica de los hogares que han servido para construir una narrativa particularmente sombría. Las cuentas macroeconómicas que elabora el INE mostrarían que, en 2022, se produjo una caída importante de la renta disponible de los hogares una vez descontado el efecto de la inflación. Por otro lado, la publicación de las estadísticas tributarias solo ha interesado para certificar que el tipo medio de gravamen ha subido a su máximo histórico, hasta alcanzar el 14% de la renta antes de impuestos. Si de verdad la situación es esta, las cosas van de mal en peor desde el inicio de la pandemia: los españoles ganan cada vez menos y pagan más impuestos.

En un plano muy distinto, la reciente publicación de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), del INE presentó una imagen que estaba lejos de ser tan catastrófica. Los datos de renta, referidos al 2021, muestran que en promedio la renta por persona creció un 6% (mientras que según la contabilidad nacional el aumento es de solo un 3,1%) y la valoración media de la satisfacción respecto a la situación económica se situaba al mismo nivel (6,3 sobre 10) que en 2018. Pues como han señalado otros autores, se ha producido una importante caída en la pobreza y en la desigualdad. Y esta tendencia parecida continuarse en el momento actual, pues el Eurobarómetro del invierno 2022-2023 el 70% de los entrevistados en España consideraba buena la situación financiera de su hogar. 

Como analizaremos en este artículo, la situación efectivamente es mucho mejor de la que presentan las cuentas macroeconómicas. En 2022, la materialización de una elevada inflación amenazó el bienestar de los hogares. Sin embargo, la inflación tiene un efecto desigual entre las personas, dependiendo del tipo y nivel de ingresos. En líneas generales, si se toman las mismas estadísticas tributarias se observa que las rentas de las economías domésticas crecieron a un ritmo muy superior de las que registra el INE. De esta forma, los problemas de subestimación del PIB que vienen produciéndose en los tres últimos años (y que hemos detallado en artículos anteriores referidos a producción, gasto y rentas) se manifiestan en este ámbito con igual o mayor crudeza. Incluso después de la fuerte subida del IPC, las fuentes tributarias indican que los hogares habrían mantenido el poder adquisitivo de 2019, mientras que las cifras del INE presentan un dramático escenario por el cual la renta real en 2022 era un 6% inferior al año anterior a la pandemia.

Analizar las rentas antes de impuestos es decisivo, pues solo así se entiende que el tipo medio del IRPF haya subido hasta alcanzar el máximo antes señalado. Esta subida no se puede explicar en exclusiva debido al efecto de la progresividad en frio, es decir, a que los tramos de imposición en el IRPF no se han actualizado de acuerdo con la inflación. El crecimiento real de las rentas de los hogares desde 2019 que muestra las estadísticas tributarias, en oposición a la caída que indica el INE, es un factor más relevante. El mejor comportamiento de las rentas altas sometidas a la escala progresiva (básicamente, los asalariados y autónomos con ingresos elevados) y la pequeña subida en 2021 en los tipos marginales explican también este aumento.

Este balance debe por tanto empezar por las rentas, restar después la carga fiscal (impuestos y cotizaciones sociales) para así llegar a la renta disponible. Con estos recursos las personas deciden sus gastos, bien sea en el consumo de bienes y servicios, o destinándolo a la inversión (como supone la compra de vivienda). Por simplificar el análisis, todas las variables las expresamos en términos constantes y utilizando el IPC como deflactor. Como el Índice de Precios de Consumo puede enmascarar diferencias entre grupos sociales (no todas las personas tienen la misma cesta de la compra) y además no recoge el incremento en los precios de los activos (por ejemplo, del coste de compra de una vivienda), proporcionamos en un apéndice los resultados en términos nominales para aquellos interesados en utilizar parámetros más precisos.

Nuestro punto de partida son las cuentas nacionales que elabora el INE y que incluyen toda esta información. Comparamos, además, determinadas partidas decisivas con las estadísticas tributarias para así ilustrar la fuerte divergencia entre unos y otros registros. Cotejamos cuatro grandes partidas de la renta antes de impuestos: los salarios, las prestaciones monetarias (como pensiones, prestaciones por desempleo y rentas mínimas), los ingresos procedentes de los negocios de los autónomos y del alquiler inmobiliario, y, por último, las rentas de activos financieros (intereses y dividendos). En este análisis contabilizamos por separado algunas partidas que el INE registra, pero de las cuales la Agencia Tributaria carece de información al no estar sujetas al IRPF (por ejemplo, los alquileres imputados a las personas que habitan viviendas en propiedad). Asimismo, analizamos por separado las ganancias patrimoniales obtenidas por la venta de acciones o inmuebles. Estas rentas sí son declaradas a Hacienda, pero, en cambio, no se incluyen en el marco conceptual de las cuentas nacionales elaboradas por el INE. Su estudio siempre es relevante dado su extraordinario grado de concentración entre los grupos más ricos. Sin embargo, las diferencias en uno y otro caso no explican la creciente divergencia y, de nuevo, en aras de la transparencia ponemos a disposición del lector interesado todas las variables utilizadas.

Los gráficos adjuntos muestran esta comparación desde 1999. A grandes rasgos se observa una notable coincidencia en algunos casos y en otros una inusual divergencia desde 2019. Las mayores similitudes ocurren en las prestaciones sociales tales como las pensiones contributivas, las prestaciones por desempleo y los programas de rentas mínimas (como las pensiones no contributivas, el IMV, etc.). Ello se debe a que las administraciones públicas son las responsables de la inmensa mayoría de estos pagos y, aunque hay pequeñas diferencias conceptuales entre los registros del INE y de la Agencia Tributaria, la divergencia es mínima. Ambas señalan un notable crecimiento en 2020 asociado a los ERTE y de las que se beneficiaron casi cuatro millones de asalariados. Después, su magnitud total se ha reducido en la medida en que la economía española ha protagonizado una notable recuperación y hoy en día hay menos personas dependiendo de prestaciones sociales.

En las rentas de los activos financieros –los intereses y dividendos– también se produce una notable coincidencia en las tendencias, tanto antes como después de la pandemia. Los dividendos son muy sensibles al ciclo económico, por lo que cayeron con fuerza en 2020 y solo ahora están a punto de recuperar sus niveles previos. Más importante es el hecho de que los intereses que perciben los particulares por sus depósitos bancarios han seguido en 2022 en mínimos históricos.

Las divergencias se concentran en los salarios, en las rentas de los autónomos y en el alquiler inmobiliario. Los salarios tienen una importancia decisiva, pues son la principal fuente de renta hasta el punto de representar el 50% de los ingresos antes de impuestos de los hogares. Como ya hemos señalado en diversas ocasiones, la contabilidad nacional del INE mantiene desde la pandemia una persistente tendencia a su subestimación, un hecho que luego solo corrigen de forma parcial en las revisiones. Hace más de un año, el 27 de febrero de 2022, sosteníamos que la caída del 7,2% de los salarios en 2020 que estimaba entonces el INE era exagerada. Y en septiembre de 2022 la contabilidad nacional revisó los salarios de 2020 y 2021 en un total de 12 mil millones de euros. Incluso después de esta revisión, como habrá ocasión de ver en un próximo artículo, la comparación detallada sugiere que la caída de 2020 estimada por el INE sigue siendo exagerada y que el débil crecimiento de los salarios en 2021 y 2022 registrado es también inferior al ocurrido realmente. No es una cuestión menor porque, si se realizan los ajustes necesarios (contabilizando por separado los salarios de los empleados del hogar y los pagados en País Vasco y Navarra), la Agencia Tributaria termina registrando más salarios que la contabilidad nacional. Ello equivaldría a suponer que vivimos en un país con fraude negativo, un absurdo que nadie se ha atrevido a teorizar.

Un caso relativamente parecido ocurre con las rentas declaradas por los autónomos y los arrendadores de inmuebles (viviendas, oficinas, locales). Según las estadísticas tributaria, estas rentas cayeron un 11,4% en 2020, pero después registran una recuperación tan intensa en 2021 y 2022 que han superan con creces los niveles de 2019, después de descontar la inflación. Estas cifras provienen, por cierto, de las declaraciones anuales que presentan millones de empresarios y arrendadores, pero también de los modelos que muchos de ellos presentan con frecuencia trimestral. Las declaraciones suelen ir acompañadas de pagos a cuenta del IRPF, por lo que de nuevo la estadística tributaria tiene un especial valor porque los interesados (Hacienda y los contribuyentes) cuidan al máximo sus intereses. La relativa buena salud de este sector decisivo de la economía española se explica tanto porque su número sigue creciendo (hoy hay más empresas personales que en ningún otro momento) como por el dinamismo y diversificación de su actividad (medida en términos de su facturación, valor añadido o empleo generado).

Las rentas de los autónomos y del alquiler según la contabilidad nacional (i.e. la renta mixta bruta) registraron en 2020 una caída de mayor intensidad que la observada por Hacienda y la recuperación posterior, descontada la inflación, ha sido muy débil. Así, según el INE, la crisis para este sector de empresarios estaría lejos de haber finalizado. Obsérvese que estas diferencias tan notables podrían haberse explicado en el pasado porque en la estadística tributaria se recogían un amplio número de actividades en el llamado sistema de módulos, una modalidad en donde los aumentos (y caídas) de renta se minimizaban con respecto a las fluctuaciones reales. Pero esta peculiaridad ya no puede ser una razón de peso, teniendo en cuenta que, entre 2007 y 2020, se ha reducido en aproximadamente 500.000 el número de empresarios en módulos de forma que su peso sobre el total es mínimo en la actualidad.

Si se suman estas cuatro fuentes de ingresos se obtiene una razonable aproximación a la renta antes de impuestos. En el gráfico adjunto se observan su evolución en términos reales, según Hacienda y el INE, durante el mismo periodo. El lector podrá rápidamente observar que nunca en veinte años se había producido una divergencia en las tendencias como las que se están manifestando desde 2019. Antes de esta fecha, entre 1999 y 2019, la contabilidad nacional y las estadísticas tributarias coincidían en las tendencias y solo había pequeñas diferencias en las tasas de crecimiento anual. Desde el inicio de la pandemia, una y otra parece que se refieren a sociedades distintas. De acuerdo con la Agencia Tributaria, en 2022 la renta real, antes de impuestos, se situó un 3% por encima de la registrada en 2019. La contabilidad nacional afirma lo contrario, hasta el punto de que la caída acumulada alcanza, en términos reales, casi el 4%. ¿De qué país hablamos?

A partir de este punto, el resto de las tendencias son fáciles de interpretar. El pago de impuestos y cotizaciones que recoge el INE es prácticamente idéntico al que refleja la Agencia Tributaria y las pocas diferencias se refieren a diferencias en los criterios contables (por ejemplo, de caja frente a devengo). Al medir la presión fiscal relacionada con el IRPF, las estimaciones que subyacían a las series del INE indicaban hasta 2019 una menor presión fiscal que en el caso de la Agencia Tributaria, pues siempre ha existido un margen de rentas procedentes de la economía sumergida que ni se declaran ni tributan. Desde la pandemia, la presión fiscal asociada al IRPF de acuerdo con las cifras del INE habría aumentado a un ritmo sin precedentes, incrementándose en casi dos puntos (del 12,25% en 2019 al 14,25% en 2022). Con los registros de Hacienda no solo no se produce una subida tan llamativa, sino que, además, se termina, por primera vez desde 1999, con un tipo medio inferior al del INE (14,07%).

Además, cabría recordar que los análisis que se preocupan en exclusiva por el peso de la carga fiscal obvian el crecimiento sostenido de las transferencias en especie que realizan las administraciones públicas para mejorar el bienestar de los ciudadanos. El aumento en la presión fiscal tiene como reverso un récord histórico en prestaciones en especie (como es el pago del gasto farmacéutico, los conciertos educativos, etc.) y del consumo público en servicios colectivos, como la educación y la sanidad. Solo midiendo el efecto neto de los impuestos y transferencias se puede tener una visión completa sobre el bienestar de los hogares, tal como argumentaron hace unos años algunos de los economistas más reputados.

Los interesados en conocer la salud de las economías domésticas, entre ellos las propias autoridades, tienen que convivir con estas anomalías estadísticas. La incertidumbre se irá disipando y, probablemente, desaparecerá por completo si la nueva revisión de la contabilidad nacional que se realizará en septiembre de este año aproxima las estimaciones contables a los agregados procedentes de la estadística tributaria, pero también a la información de otras fuentes tan solventes como la Encuesta de Población Activa o la Central de Balances del Banco de España. La sociedad española podrá entonces reconocer el efectivo vigor que ha mostrado la economía española en su respuesta a la pandemia y a las consecuencias negativas de la guerra de Ucrania.

2022 fue un buen año para la economía española: el PIB registró un crecimiento anual del 5.5%. Sin embargo, las mismas series indican que la economía española no se habría recuperado del shock ocurrido por la pandemia del COVID-19, de forma que sería el único de los 27 países de la Unión Europea que no habría pasado página de esta crisis. En artículos anteriores, ya señalábamos que la razón de esta anomalía está en la infraestimación del crecimiento económico ocurrido en 2021. Este error se pone de manifiesto cuando se constata el incremento mucho más vigoroso de las bases imponibles (en rentas, producción y gasto) en los principales impuestos.

En este artículo no volveremos a incidir en los mismos argumentos, pero sí queremos rebatir una idea que se ha convertido en un lugar común entre muchos analistas: el afloramiento de la economía sumergida y, en particular, del empleo irregular. Según este razonamiento, el incremento en las bases imponibles y la recaudación se debe a que una parte muy considerable de la economía sumergida habría aflorado por muy diversas razones (el aumento de los pagos electrónicos, mayor control de las autoridades o como efecto indirecto de los nuevos esquemas de protección al empleo). El PIB, que mide tanto la economía legal como la sumergida, no habría seguido la misma trayectoria y ello explicaría la divergencia. Sin embargo, como argumentaremos, este supuesto afloramiento de la economía sumergida apenas puede encontrase con las fuentes disponibles. En el mejor de los casos es más un deseo que una realidad y, en el peor, un error de interpretación bastante fácil de rebatir.

Hasta la fecha, el esfuerzo más elaborado por presentar este argumento ha venido, curiosamente, de una dependencia del propio gobierno. Los autores del Plan Presupuestario de 2023 se lanzaron en octubre de 2022 a afirmar que “las medidas adoptadas durante la crisis del COVID habrían facilitado el afloramiento de unos 285.000 afiliados a la Seguridad Social”. Esta conclusión vendría del estudio de la relación histórica entre la ocupación de la Encuesta de la Población Activa “que recoge parte del empleo en la economía sumergida a través de su encuesta” en relación con la afiliación a la Seguridad Social, en particular, con el régimen general. El afloramiento del empleo sumergido habría permitido, según los redactores, aumentar los ingresos por cotizaciones sociales en 0,2 puntos de PIB, es decir, unos 2.400 millones de euros. La noticia saltó a varios medios (entre ellos periódicos de amplio prestigio como Cinco Días o Financial Times) e, incluso hoy en día, se sigue citando como prueba del pretendido fin de la economía sumergida.

Estas conjeturas quizá sean algo apresuradas, como podremos ver. El empleo en nuestro país tradicionalmente se mide a través de dos registros: la EPA y la afiliación. Sin embargo, la comparación entre ambos no se puede hacer tomando simplemente las cifras publicadas por los respectivos organismos. La comparación es algo más compleja y, en un ejemplo de buena práctica estadística, el INE ofrece de forma periódica una manera de contrastar ambas fuentes.

El último informe, referido a 2018 y resumido en el cuadro adjunto, concluye que, en el segundo trimestre de ese año, la ocupación EPA superaba en unas 400.000 personas a la afiliación ajustada.

Para la realización del Informe, la Seguridad Social proporciona al INE el número de personas afiliadas a la Seguridad Social en el trimestre de referencia en un informe con un gran detalle. Esto implica que las cifras de afiliados a la Seguridad Social que se publican no pueden utilizarse sin depurar el efecto del pluriempleo que resulta cuando una misma persona está dada de alta en varios regímenes. En otras palabras, los afiliados no se corresponden necesariamente con las personas ocupadas, pues un individuo se contabiliza tantas veces como situaciones de cotización tenga por tener varias actividades laborales (por ejemplo, si es asalariado y autónomo). En 2018, de los 18,8 millones de afiliados, casi 700.000 estaban en pluriactividad. El segundo ajuste tiene el efecto contrario y busca incorporar a los trabajadores que no están afiliados a la Seguridad Social sino a mutualidades. Incluyen principalmente a los funcionarios en el régimen de clases pasivas y que sumaban en ese año un total de 860.000 personas. Finalmente, hay un tercer ajuste muy pequeño que consiste en restar a los trabajadores que viven en viviendas colectivas (como los religiosos en conventos o penados que realizan trabajos) al no estar recogidos en la EPA. Tras estos ajustes, la afiliación ajustada alcanzaba a 18,9 millones de trabajadores frente a los 19,3 millones de ocupados en la EPA. La diferencia de 400.000 trabajadores puede interpretarse como un razonable indicador de la economía sumergida en 2018.

No existen informes oficiales que comparen ambos registros a partir de 2019, por lo que hemos elaborado nosotros mismos las estimaciones con la información disponible. El lector interesado puede consultar los detalles en la nota final. El gráfico (grafico 1) muestra los tres indicadores obtenidos: la afiliación a la Seguridad Social (sin ajustar), la afiliación ajustada y el empleo de acuerdo con la EPA. A primera vista se comprueba que la Seguridad Social ha registrado una mayor creación de empleo (1,3 millones) que la afiliación corregida (1,1 millones). La diferencia se debe fundamentalmente a la jubilación de funcionarios en el régimen de clases pasivas y su reemplazo por empleados públicos que cotizan a la Seguridad Social. Esta tendencia seguirá ocurriendo en las próximas décadas y debería tenerse en cuenta para cualquier análisis futuro.

Para medir el cambio en el empleo irregular, lo óptimo es medir las diferencias entre la EPA y la afiliación corregida. Desde esta perspectiva, los cambios no son tan llamativos. En 2018 había, en media anual, 370.000 trabajadores no recogidos en ningún sistema de cotización, en 2021 eran casi los mismos (368.000) y en 2022 eran 284.000. Si se toma la media de los dos últimos años, 2021 y 2022, se produce un descenso de unas 50.000 personas. Como porcentaje de la población ocupada de la EPA es una caída ínfima: un 0,25% del total. El famoso afloramiento de la economía sumergida se reduciría a este pequeño cambio.

Incluso esta última cifra debería tomarse con muchas cautelas. La EPA, como su nombre indica, es una encuesta. Su diseño radica en una extensa entrevista a unos 65.000 hogares cuyos resultados después se extrapolan al total de la población (18,8 millones de hogares en España). Esta cifra final de la población tiene una importancia decisiva, pues tal como señalan los propios responsables de la encuesta: “son la base para calcular los pesos o ponderaciones de la muestra que permiten elevar los resultados muestrales a estimaciones que representan el total de la población”. Uno de los grandes retos en los tiempos actuales es establecer con precisión estas cifras de población y, en particular, de los trabajadores extranjeros que residen en nuestro país.

Si volvemos a las estimaciones de empleo sumergido en 2018, del total de ocupados que recoge la EPA y que no aparecen como afiliados a la Seguridad Social (u otra mutua), un 95% son personas de nacionalidad extranjera (gráfico 2). En 2022 no se conocen todavía a este nivel de detalle. Cuando se publiquen, habrá que ver si, además, se produce una revisión del número de trabajadores extranjeros residiendo en España con respecto a los registros oficiales del padrón. De ser así, la EPA tendría que revisar sus estimaciones al alza. La reducción en 50 mil personas que se ha producido entre la afiliación ajustada y los ocupados en la EPA dejaría de existir y volveríamos a un margen similar de economía sumergida al que existía en 2018.

Este escenario no es en absoluto descabellado, si tenemos en cuenta que los resultados del censo nacional de 2021 están empezando a ser publicados en estos momentos. Como precedente, ya ocurrió hace una década que la revisión procedente del censo de 2011 derivó en un cambio importante en la magnitud estimada de la economía sumergida. En aquel momento, cuando se analizaba las diferencias para el año 2012 entre la ocupación según la EPA (17,417 millones de trabajadores) y la afiliación ajustada (17,408 millones) se constaba que la discrepancia era de solo 9.000 personas. Un margen tan escaso podía interpretarse como la práctica desaparición del empleo informal. Pero en 2014, al incorporarse las nuevas cifras del censo, se constató un aumento en casi 400.000 ocupados en la EPA. El siguiente informe revisado, para el mismo periodo de 2012, elevaba entonces la diferencia con la afiliación ajustada en 352.000 personas.

No hay nada anómalo en que las magnitudes económicas, incluso aquellas referidas a personas, estén sujetas a procesos de revisión cada cierto tiempo y, de hecho, en otros países también ocurre un fenómeno similar. Hace unas semanas, en EEUU, el Bureau of Labor Statistics revisó la cifra de trabajadores ocupados, aumentándola en casi un millón (un incremento del 0.5%). En suma, antes de asegurar la reducción del empleo informal entre 2018 y 2022 convendrá esperar al informe del INE correspondiente a 2022 y con los datos de población del censo de 2021.

Mientras tanto, debe recordarse que sí se llegan a producir cambios en el empleo irregular, deberá establecerse cuál es su impacto en las bases imponibles y en la recaudación por tipo de impuesto. A modo de ejemplo, basta con traer a colación de nuevo el trasvase de trabajadores entre sistemas de cotización para indicar cuán fácil es caer en errores de interpretación. El incremento extraordinario de los ingresos por cotizaciones de la Seguridad Social en estos años podría interpretarse como el resultado del afloramiento de empleo sumergido cuando responde, en realidad, a la entrada de los nuevos empleados públicos en el régimen general.

La experiencia histórica, tanto en España como en otros países, indica que los trabajadores con empleos irregulares suelen tener ingresos inferiores a la media. Este rasgo debe tenerse en cuenta si se analiza el aumento tan notable de los salarios y las rentas de los autónomos en el IRPF, de los beneficios empresariales en el Impuestos sobre Sociedades y del gasto en el IVA durante los últimos años (2020-2022). En algunos casos muy llamativos, los ingresos (o gastos) declarados superan los registrados en las cuentas del PIB. ¿De verdad pueden achacarse todos estos cambios al comportamiento de unos trabajadores que se encuentran en los márgenes del mercado de trabajo? Mucho nos tememos que a la economía sumergida le puede ocurrir como a Mark Twain y que las noticias sobre su muerte hayan sido tremendamente exageradas.

En artículos anteriores analizábamos cómo el PIB por la vía de la producción y de las rentas ha sido infraestimado en estos últimos años. Lo mismo se observa desde la perspectiva del gasto y, en particular, en el consumo e inversión de los hogares. Mostraremos cómo la débil recuperación en la compra de bienes y servicios para uso personal que apuntan las series del INE no guarda relación con uno de los mejores indicadores que existen en este ámbito: el IVA. De esta forma, argumentaremos que la economía española protagonizó una recuperación más intensa en 2021 impulsada por el gasto de las familias. Es una conclusión relevante porque descarta la idea de que la plena recuperación del turismo extranjero fuese decisiva para el sostenimiento de la economía española.

El PIB por la vía del gasto mide la suma del consumo, la inversión y las exportaciones netas. En el primer ámbito, lo más importante son los bienes y servicios que compran los hogares, como los alimentos, el alquiler de la vivienda, la ropa o el ocio. A ello se añade el consumo que provee directamente el Estado en servicios como sanidad, educación o seguridad. En la inversión se contabiliza la adquisición de activos destinados a la producción (la vivienda, infraestructuras o maquinaria). Por último, las exportaciones netas son la parte más pequeña del PIB y registran las ventas (exportaciones) al resto del mundo menos las compras (importaciones). Desde esta perspectiva, el turismo forma parte de las exportaciones netas. El gasto de los turistas extranjeros en nuestro país se considera como una exportación y, por analogía, cuando vamos de vacaciones al extranjero realizamos una importación.

El gráfico representa el PIB (sin ajustar por la inflación) en estos últimos años. A primera vista se comprueba cómo la crisis más reciente ha producido una situación muy distinta a la vivida en España en los años de 2008 a 2013. En aquel momento, la fuerte caída en la inversión, especialmente en vivienda e infraestructuras, marcó la dura recesión que se vivió. En cambio, el grueso de la caída en 2020 se debe al descalabro en el consumo de los hogares y del turismo. El gasto de ambos grupos –que podemos llamar consumo interior por analogía con el PIB– se redujo en más de un 15% y después solo se recuperó de forma parcial en 2021.

Para entender mejor esta situación, el INE detalla el consumo interior de forma similar a las cuentas que cualquier hogar hace a final de mes. Desde esta óptica, grosso modo, el consumo personal se divide en dos grandes bloques: las partidas con una demanda casi invariable (alimentación, vivienda, salud y educación) y el gasto más influido por el ciclo económico (ocio, viajes, compra de electrodomésticos o coches). Curiosamente, en los años anteriores a la pandemia ambas partidas tenían un peso parecido (es decir, se repartían casi al 50%). En 2020, el segundo tipo de gasto protagonizó un desplome sin precedentes debido a las medidas de confinamiento y a la incertidumbre que existía sobre el futuro económico. En la recuperación de 2021, las series oficiales del INE apuntan a un aumento muy tenue de estas formas de gasto. Estaríamos en teoría muy lejos de los niveles previos a la pandemia.

Al igual que hacíamos en el anterior artículo, estas estimaciones también se pueden contrastar con los datos del IVA. Al estimar el PIB por la vía de la producción, argumentábamos que el valor añadido (medido como diferencia entre ventas menos compras) era una buena forma de aproximar la actividad económica en sectores como la industria, la construcción o los servicios de ocio. En el gasto, seguimos una lógica ligeramente distinta. Como el IVA es un impuesto que busca gravar el consumo final de los hogares, el valor añadido en términos agregados es también un excelente indicador del consumo personal.

En la práctica, la comparación solo se puede hacer después de practicar una serie de pequeños ajustes que detallamos en la nota metodológica al final de este artículo. Estos cálculos buscan reflejar fundamentalmente que no todas las formas de consumo personal están sujetas a IVA. Asimismo, ajustamos los datos de la Agencia Tributaria para tener en cuenta la inversión en vivienda y las diferencias en la cobertura del territorio nacional (i.e. la estadística fiscal no recoge País Vasco, Navarra y Canarias). En cada paso hemos seguido un criterio conservador, de forma que cualquier cambio difícilmente altera el resultado final.

El gráfico adjunto refleja estos dos indicadores sobre el consumo sujeto a IVA, uno aproximado con las series del PIB y el otro de acuerdo con la Agencia Tributaria. La comparación la hacemos desde que empiezan los registros en 1995, para así ilustrar la enorme similitud en los niveles y tendencias. Hasta el año 2019, el consumo sujeto a IVA, según Hacienda, era de una magnitud muy próxima al estimado por el INE. La diferencia, como reflejo del fraude fiscal, era aproximadamente un 12% del volumen y decrecía de forma progresiva desde 2015. Esta reducción, que puede explicarse por diversas causas, no afecta a que las tasas de variación anual fuesen muy parecidas y apenas se desviaran por un margen muy estrecho (entre un 1% y un 2%). En pocas palabras, si uno quiere saber qué hace el consumidor en España, el IVA aporta una perspectiva muy completa.

La sorpresa viene entonces en 2021, cuando el consumo declarado a la Agencia Tributaria sobrepasa al recogido por el INE. La diferencia no es pequeña se mire en términos absolutos (45 mil millones) o relativos (un 10% más en nivel). Es una anomalía tan grande como la que señalábamos sobre los salarios en otro artículo. ¡Los consumidores en España están adquiriendo más bienes y servicios de los que registra la estadística oficial! Este cálculo no es una mera anomalía estadística, sino que está respaldado por millones de transacciones que generan el pago final de este impuesto.

Solo así se entiende que en 2021 (y también 2022) se hayan registrado máximos históricos en la recaudación del IVA cuando el consumo, según el INE, no ha recuperado los niveles de 2019.

Esta anomalía, más pronto que tarde, va a terminar generando muchas preguntas más allá de nuestras fronteras. La razón estriba en que el IVA es una pieza clave en la Unión Europea dado que, indirectamente, financia parte del presupuesto común. La Comisión Europea elabora por ello un informe anual sobre el fraude en el IVA en cada país siguiendo unos cálculos parecidos a la que hemos presentado antes. En su caso, no miden el gasto sujeto a IVA, sino la diferencia entre una hipotética recaudación perfecta (es decir, sin fraude alguno) y la efectiva. El informe más reciente, referido a 2020, indica que España tiene uno de los niveles más bajos de fraude en el IVA (un 4,7%). Solo Holanda, Finlandia, Suecia, Estonia y Letonia tienen una menor brecha. Lo más curioso vendrá cuando se hagan las estimaciones de 2021. Si el INE no cambia sus cifras sobre el consumo, estamos seguros de que España saldrá como un país con brecha negativa, es decir, que recauda más IVA del que teóricamente podría. Sería una distinción única, jamás alcanzada por ningún país de la Unión.

La deficiente medición del consumo por parte del INE es un misterio que no podemos resolver, aunque sí podemos aportar una pista. Sabemos que el INE calcula primero, cada trimestre, el consumo en base a diversos indicadores. Tiempo después, corrige estas cifras cuando elabora la contabilidad anual con registros más completos y detallados. En un ámbito tan importante como el consumo personal, el INE ha utilizado tradicionalmente la Encuesta de Presupuestos Familiares para refinar sus estimaciones. Este procedimiento descansa sobre la presunción de que no hay mejor alternativa que preguntar directamente a una amplia muestra de hogares cuáles fueron sus gastos. Este método ha podido ser efectivo en el pasado, pero claramente no está pensado para una situación anómala como la pandemia, cuando la Encuesta de Presupuestos Familiares no pudo realizarse de forma presencial. A cambio, el INE tuvo que recabar la información por teléfono y, además, hizo una serie de ajustes por “métodos estadísticos”. El problema fundamental estriba en que si la encuesta de estos dos años está sesgada (porque la muestra elegida no es representativa, o por las dificultades para obtener respuesta de los entrevistados), el PIB también lo va a estar.

Nuestra sospecha es que aquí está la principal base del error del INE, probablemente porque no está recabando la información de los hogares con mayor renta. Para ilustrarlo basta comprobar un gasto cada vez más importante: los alquileres. En las cifras del PIB se recogen el total de pagos por alquileres, es decir, el efecto combinado del número de casas alquiladas por su precio. Los alquileres según esta serie han descendido un 7% entre 2019 y 2021, una magnitud sorprendente, pero que curiosamente es parecida a la recogida en la Encuesta de Presupuestos Familiares (un descenso del 5,2%). El problema es que esto es imposible de cuadrar con la variación en los precios del alquiler que el propio INE calcula en el IPC (un incremento del 1,7% en estos años). Por si se lo estaban preguntando, Hacienda también tiene un registro muy completo. Los alquileres declarados por los propietarios de viviendas a efectos del IRPF no han caído, sino que han crecido ligeramente (un 0,4%). Como se ve, tener un PIB fiable es decisivo por sus implicaciones para millones de inquilinos y para determinar el sentido de las políticas públicas.

El problema de los alquileres nos conecta al último aspecto a revisar en el PIB: la inversión inmobiliaria. Como apuntábamos antes, la inversión durante estos años se ha sostenido en mejores términos que en la crisis de 2008. Sin embargo, si se indaga en las cifras del INE, se comprueba que la compra de vivienda nueva y otros activos inmobiliarios (oficinas, infraestructuras, etc.) ha tenido, según el INE, un mal comportamiento durante estos años, acumulando en total una caída de casi el 7%. La razón de esta mala evolución se debe de nuevo, probablemente, al error del INE al estimar la actividad en la construcción usando la estadística del Ministerio de Transportes. Según sus series, el sector ha pasado dos años de caída ininterrumpida. Por el contrario, si acudimos a los datos declarados (a Hacienda o a la Central de Balances del Banco de España) sobre ventas, empleo y beneficios por parte de las empresas constructoras, la conclusión es la opuesta. Con vistas a aportar una prueba adicional de esta enorme brecha, en el gráfico final comparamos dos indicadores de la inversión en vivienda: la serie oficial del INE y las ventas de vivienda nueva según el IVA. Las diferencias hablan de nuevo por sí solas. Los datos fiscales indican que solo hubo una pequeña caída en 2020 y desde entonces la compra de viviendas nuevas continúa una marcha ascendente. Por el contrario, según el INE, la inversión en vivienda entró en barrena en 2021 y todavía no ha recuperado los niveles previos a la pandemia. Paradójicamente, la propia estadística del INE sobre transmisiones de propiedad indica que las compras de vivienda nueva experimentaron un boom en 2021, superando en un 22% los niveles registrados en 2019.

Nuestra propuesta final de revisión del PIB obliga por tanto a revaluar varias partidas: el gasto de los hogares sujeto al IVA, los alquileres y la inversión inmobiliaria. Por el contrario, en las otras partidas del PIB (el consumo público, la inversión en otros activos, las exportaciones netas) no cuestionamos la fiabilidad de las series oficiales. El resultado queda resumido en la tabla final. En relación con las anteriores estimaciones, hay una diferencia ligeramente superior con respecto al PIB oficial del INE (un 7% más, en lugar de un 5% estimados en los otros artículos). Pero incluso si se tomase este último escenario, la conclusión fundamental sigue siendo la misma. La economía española se habría recuperado en 2021 del shock sufrido en el año anterior con una sorprendente rapidez y sin que hubiese sido necesario recuperar los niveles de gasto de los turistas extranjeros (que en 2021 se situaron a menos de la mitad que en 2019). La recuperación del consumo de los hogares ha sido el motor fundamental que permitió a España superar la crisis de la pandemia.

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En el anterior artículo señalábamos cómo el PIB por la vía de las rentas está siendo mal estimado. Unas inconsistencias parecidas se pueden observar en el PIB por el lado de la producción. Un análisis detallado de estos registros muestra que las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) no siguen una lógica consistente con el efecto económico que cabría esperar de la pandemia de la COVID-19. En este artículo analizaremos con más detalle los defectos más visibles en las cifras del PIB y, en particular, cómo la lenta recuperación de la economía española en 2021 se debe a claras anomalías en sectores poco sospechosos de haber quedado afectados por las restricciones. El caso de la construcción es el más paradigmático.

El PIB por el lado de la producción mide la actividad generada en los distintos sectores de la economía de nuestro país. Separar el PIB por actividades es útil porque cuando ocurre una crisis económica es fácil identificar aquellas que más sufren los efectos de la recesión, pero también cómo otras pueden compensar este shock negativo. En marzo de 2020, con la crisis de la COVID-19, vivimos uno de los episodios con mayores diferencias en el comportamiento entre sectores. Con un confinamiento muy restrictivo, algunas actividades quedaron paralizadas durante semanas, entre ellas la hostelería, el comercio, la industria y la construcción. Por el contrario, los servicios esenciales (sanidad, seguridad, agricultura, etc.) y aquellos que podían desarrollarse con normalidad a través del teletrabajo (finanzas, educación, comunicaciones, etc.) apenas notaron la crisis. Esta lógica tan sencilla era fácil de observar en aquel momento y las cifras posteriores del INE lo confirman en gran medida. Como se puede observar en el gráfico, las actividades afectadas por las restricciones experimentaron durante el primer estado de alarma una gran caída (entre un 10% y un 45%), mientras que el resto pudieron operar a plena actividad durante ese año. En términos agregados, como las industrias afectadas por la COVID representaban cerca de un 80% de la economía en tiempos normales, era de esperar una fuerte contracción en el PIB.

El hecho sorprendente que se desprende de las cifras del INE no está, sin embargo, en los meses de confinamiento estricto, sino en los trimestres posteriores. En un momento en que cabría esperar una recuperación de los sectores afectados, uno encuentra entonces diferencias cada vez mayores entre sectores. Como se observa, la construcción y los servicios personales se recuperaron solo de forma puntual en la segunda mitad del 2020 y, después, experimentaron una fuerte caída durante 2021. Si nos atenemos a las estimaciones oficiales, ambos sectores terminaron el año con un nivel de actividad un 16% inferior al registrado antes de la pandemia. En otros casos (servicios profesionales, comercio, transporte y hostelería), sí se observa una recuperación, pero sin que se alcancen los niveles previos a la pandemia. Ambas tendencias son sorprendentes porque el empleo en casi todos estos sectores sí que ha recuperado la situación de 2019, generando así el famoso misterio de la productividad al que nos referíamos en otro artículo.

Las estimaciones del INE se pueden cotejar con otra pieza decisiva del sistema fiscal español: el IVA. Como su nombre indica, el Impuesto sobre el Valor Añadido mide la diferencia entre las ventas y las compras (mercancías, suministros, bienes de inversión) realizadas por los empresarios. La base del impuesto coincide en lo fundamental con el valor añadido bruto que mide el INE cuando estima el PIB por la vía de la producción. El IVA tiene la ventaja de ser un impuesto aparentemente sencillo, pero que descansa sobre un sistema de control muy efectivo. La norma general es que una empresa solo puede descontarse compras si hay otra que declara estas como ventas suyas. La información relativa al IVA es de hecho bien conocida por los analistas de la economía española. A modo de ejemplo, la AIReF incorpora en sus modelos de proyección del PIB las ventas diarias sujetas al IVA realizadas por las grandes empresas.

En este artículo ampliamos el foco de análisis para recoger a todos los empresarios en la estadística anual del IVA. En 2021, por cierto, se registró un máximo histórico de declarantes (3.5 millones), superando con creces el anterior récord de 2007. Su uso plantea solo dos limitaciones. Primero, que no incluye información referente a País Vasco, Navarra, Canarias, Ceuta y Melilla debido a las particularidades o exenciones que afectan a estos territorios. Segundo, que algunos sectores (bancos y seguros, la sanidad, la educación, los servicios sociales y el alquiler de vivienda) están exentos del IVA. La comparación entre las cifras del PIB y las del IVA debe por tanto hacerse solo para el resto de ramas de actividad. En este caso, esto no es un gran problema pues buena parte de las anomalías del PIB estimado por el INE se producen en actividades sujetas al IVA.

Los gráficos siguientes recogen las estimaciones antes de ajustar por la inflación. El primero muestra la comparación incluyendo todos los sectores sujetos a IVA, según el INE y la Agencia Tributaria. La tendencia es similar a la que ya señalábamos en múltiples ocasiones. De acuerdo con el INE, en 2021 todavía se estaba lejos (-5.9%) de haber recuperado los niveles de actividad previos a la pandemia, mientras que los registros fiscales indican lo contrario (+ 3.3%). Además, esta diferencia no se produce en 2020, el año de mayores restricciones en la actividad, sino con la recuperación de 2021. Los otros gráficos detallan esta comparación para los sectores que concentran el peor comportamiento en estos dos años de crisis: la construcción y los servicios inmobiliarios de mercado, los servicios a las empresas (consultoría y asesoría legal, investigación, etc.) y el ocio (incluyendo la hostelería). En total, estas actividades representaban un 30% del PIB de España en 2019.

La comparación ilustra una serie de pautas comunes. Por un lado, las estimaciones por sectores elaboradas por el INE y las que pueden establecerse a partir del IVA muestran una similitud considerable en los cinco años previos a la pandemia. Esto indica que los datos fiscales han sido tradicionalmente un buen indicador de la actividad económica. El segundo punto más importante es que, de nuevo, la diferencia no surge tanto en el año de confinamiento como en la recuperación de 2021. En otras palabras, da la sensación de que los indicadores que el INE utiliza para aproximar la actividad económica están dando señales cada vez más equivocadas en este contexto. 

Para entender esta divergencia tan fuerte, conviene por un momento entrar en los detalles de cómo calcula el INE el PIB para una actividad en particular, por ejemplo, la construcción. Según el manual del INE, el valor añadido es este caso se calcula sintetizando tres indicadores: 1) las ventas reportadas por las sociedades a la Agencia Tributaria 2) el índice de producción elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre la base de una encuesta 3) el consumo de materiales (cemento y ladrillos). Como podrá imaginar el lector, los dos primeros indicadores son más complejos y refinados, mientras que el tercero es algo más simple.

Por ilustrar las discrepancias, en el gráfico adjunto mostramos la evolución de acuerdo con la Agencia Tributaria, el Ministerio y la estimación final del PIB. Los resultados hablan por sí solos. De 2014 a 2019 las tendencias marcadas por la Agencia Tributaria eran casi idénticas con las que establecía la contabilidad nacional en su resultado final. Ello significa que, de forma implícita, los estadísticos del INE daban una menor importancia (o incluso prescindían en la práctica) de la encuesta sobre la construcción elaborada por el Ministerio. En cambio, desde el inicio de la pandemia, la situación es la contraria. Las series del INE coinciden casi a la perfección con las estimaciones del Ministerio y se distancian cada vez más de los resultados proporcionados por Hacienda. Las implicaciones de este cambio metodológico son enormes. Según el INE, la construcción no levanta cabeza desde la pandemia, mientras que de acuerdo con la Agencia Tributaria la actividad (sin ajustar por la inflación) es un 20% superior a 2019. Por si se lo estaban preguntando, el consumo de cemento también ha recuperado los niveles previos a la pandemia.

Las diferencias en la actividad de la construcción son aún más clamorosas cuando se ven en relación con el empleo. Si acudimos de nuevo al manual oficial del PIB, se comprueba que los trabajadores ocupados se miden a partir de la Encuesta de Población Activa (EPA) después de realizar algunos pequeños ajustes. Sin embargo, por fortuna para los investigadores, tanto la Agencia Tributaria como el Ministerio también informan del número de trabajadores en sus respectivas estadísticas. La comparación en el gráfico muestra que los datos de la Agencia Tributaria, la EPA y el PIB coinciden en mayor medida que con los Ministerio en todo el periodo y sin que la pandemia marque una diferencia. De forma inevitable surgen entonces múltiples interrogantes que nadie ha respondido hasta la fecha. ¿Por qué razón el INE hace depender sus resultados de una encuesta que claramente no concuerda con los indicadores que utilizaban hasta 2019? ¿Acaso no es un sinsentido que la actividad decrezca y el empleo se recupere? Incluso si hubiera razones fundadas para no utilizar los registros fiscales a partir de 2020, ¿por qué no se explica esta divergencia?

Aunque la construcción es un caso extremo de las anomalías del PIB, no es en absoluto una situación única. Una comparación detallada para cada industria puede establecerse con otros indicadores externos como, por ejemplo, las estadísticas de cifra de negocios que publica el INE o los resultados reportados a la Central de Balances. No obstante, por mantener en este artículo una comparación restringida a las fuentes fiscales, la tabla final recoge el efecto que resultaría de revaluar el valor añadido en cada caso de acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria.

El balance final que puede establecerse es similar a la estimación a través de las rentas: el PIB en 2021 es un 5% superior al que estima el INE. En este caso la divergencia se explica porque en las actividades sujetas al IVA, que en total representan algo más del 60% del PIB, la recuperación ha sido mucho más intensa que lo que apuntan las series oficiales. Además, estas pautas siguen el orden lógico que cabría suponer en este contexto de crisis y recuperación. Las actividades industriales y la construcción se habrían recuperado de un shock puntual ocurrido durante el primer confinamiento de 2020. Pero lo más importante se observa en el sector servicios, el verdadero motor de nuestra economía. El empuje de los servicios a las empresas, junto con el sostenimiento de la actividad en los servicios públicos, la educación y la sanidad habrían sido más que suficientes para contrarrestar la dura caída experimentada en los servicios de ocio. Pero incluso en este último caso es evidente que la hostelería y otros servicios personales estaban ya participando de una importancia recuperación en la segunda mitad de 2021. España habría así superado el duro bache que ha supuesto dos años de pandemia. 

Como señalamos en nuestro primer artículo, el PIB está dando señales equivocadas en los últimos años. Una forma de comprobarlo es partir de la renta. En este enfoque el PIB se obtiene como suma de los ingresos que generan trabajadores y empresas en la producción económica, más los impuestos indirectos netos. De acuerdo con las series oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la renta de ambos se ha visto mermada en estos dos años de pandemia, pero el efecto habría sido mayor en el caso de las rentas empresariales.

El peso de las rentas de autónomos y sociedades no financieras habría caído cuatro puntos (del 33% al 29% del PIB) en 2020 para así situarse en su nivel más bajo en décadas. La razón de esta caída es fácil de entender dado que la economía sufrió un parón imprevisto y sin precedentes. Lo sorprendente es que, en 2021, con una economía que se recuperaba rápidamente, el peso de las rentas empresariales se mantuviera en unos niveles relativamente muy bajos (ver en el siguiente gráfico). No obstante, esta paradoja solo existe en las estadísticas oficiales del PIB. Si se cotejan las rentas del trabajo y de la empresa con otros registros, como los que proporcionan la Agencia Tributaria y el Banco de España, es fácil mostrar que ambas están siendo infraestimadas por el INE. Esta revisión indica, además, que el error de medición es mayor en las rentas de la empresa.

El cálculo del PIB por el lado de las rentas tiene la siguiente lógica. En las rentas de los trabajadores, el PIB registra el total de los costes laborales, es decir, los sueldos y las cotizaciones sociales. En las sociedades, las rentas que se contabilizan se denominan excedente bruto de explotación y es asimilable al resultado bruto de explotación en la contabilidad empresarial. No son los beneficios finales de las sociedades, aunque sí la mayor parte y la que recoge el resultado estricto de su actividad productiva. Por último, en el caso de los trabajadores autónomos, su aportación se mide como una renta mixta como reflejo de que su renta procede, de forma difícil de separar, de su propio trabajo y capital.

Para revisar estas cifras lo importante es fijarse en determinadas partidas. En el lado de las rentas del trabajo, lo decisivo es estimar los sueldos o, mejor dicho, la masa salarial que perciben los trabajadores en muy diversos sectores (desde la agricultura a las administraciones públicas). Las cotizaciones sociales son bien conocidas a través de la Seguridad Social y apenas hay margen para un error. En las rentas empresariales se incluyen magnitudes de muy diversos sectores, pero la diferencia fundamental con las cifras oficiales ocurre en los autónomos y en las sociedades no financieras. En otras palabras, en todas las otras variables (el excedente de explotación de administraciones públicas, instituciones financieras, etc.) no hay necesidad de revisar las cifras del INE. Estas tres partidas controvertidas –sueldos, rentas de autónomos y beneficios de sociedades no financieras– representaban hasta 2019 casi un 70% del PIB.

El examen de los salarios es muy fácil de realizar. La Agencia Tributaria obliga a todos los empleadores a informar de las retribuciones pagadas a los trabajadores con independencia de su importe o concepto. Se incluyen, por tanto, desde el salario que percibe un camarero que solo ha trabajado un fin de semana hasta los sueldos de los directivos del IBEX. Estos registros no son solo informativos, sino que son la base para el pago de las retenciones a cuenta del IRPF, por lo que existe un interés de todos los implicados (trabajadores, empresarios y Hacienda) en que la información sea fidedigna. La excelente cobertura de la estadística fiscal presenta importantes ventajas frente a otros registros –como las encuestas– que pueden no recoger situaciones atípicas o las retribuciones extraordinarias. Las cifras de la Agencia Tributaria solo tienen dos pequeñas lagunas referidas a los sueldos del empleo doméstico y de los trabajadores en el País Vasco y Navarra. Sin embargo, como señalábamos en un artículo anterior y documentamos en el apéndice, ambos factores son fáciles de enmendar para asegurar una comparación perfecta con el PIB.

La masa salarial según la Agencia Tributaria y según el PIB se recogen en el gráfico siguiente. En los años que precedieron a la pandemia los salarios eran de una magnitud muy parecida y solo existía una pequeña diferencia dado que los sueldos que recoge el INE eran sensiblemente superiores. Esta diferencia refleja que el PIB debe incluir la economía sumergida y se deben calcular, en teoría, los salarios no declarados (propinas, pagos en especie no registrados, actividades ilegales, etc).

Y, sin embargo, estas diferencias han desaparecido en los tiempos actuales y, en 2021, los salarios declarados a la Agencia Tributaria son mayores que los estimados en el PIB. Es una situación sin precedentes en donde los empleadores declaran que pagan más salarios de los que mide la estadística oficial. La diferencia, además, es fácil de rastrear en tanto que Hacienda detalla los salarios por actividades. En el siguiente gráfico se recoge la masa salarial en cinco grandes sectores de nuestra economía: agricultura, industria, construcción, servicios públicos y servicios de mercado. En algunos, como la construcción o la administración pública, existe una coincidencia perfecta en los salarios. En cambio, en la agricultura y, especialmente, en los servicios de mercado las cifras de la Agencia Tributaria muestran una evolución mucho mejor que las del INE. Estas diferencias permiten hacer una de las primeras revisiones. La masa salarial creció de 2019 a 2021 un 3,6% (según lo declarado a Hacienda) y no cayó un 0.2%, como estima el INE.

El segundo ámbito de la comparación se refiere a lo que comúnmente se llaman las rentas de los autónomos. Este concepto puede llamar a engaño pues es un sector extraordinariamente amplio y diverso. La Agencia Tributaria ofrece, de nuevo, unos registros muy detallados y sin parangón con otras estadísticas administrativas. Por un lado, están las actividades de más de 3 millones de empresarios, profesionales y agricultores. De ellos se puede estimar con bastante precisión su cuenta de resultados en tanto que, para un grupo significativo de los mismos, Hacienda fiscaliza sus ingresos, gastos y beneficios. Por otro lado, están los ingresos que cobran las personas por los apartamentos, pisos turísticos y locales que tienen en propiedad. Esta actividad a efectos del PIB es también una actividad empresarial, aunque fiscalmente no se trate así. Por razones bien documentadas, el alquiler de inmuebles ha crecido a un ritmo vertiginoso en los últimos años de forma que, en 2019 hubo 2,7 millones de personas que cobraron alquileres por sus inmuebles.

Utilizar los datos fiscales sobre los ingresos de los autónomos puede generar algunas dudas por razón de su fiabilidad. El principal obstáculo estriba en que, a diferencia de los salarios, una parte no desdeñable de las rentas empresariales no están sujetas a retención y hay un mayor margen para la evasión. Asimismo, y de forma más importante, las normas referidas a los gastos deducibles son más flexibles que en el Impuesto sobre Sociedades. De esta manera, durante los años 2010-2019, las rentas mixtas registradas por Hacienda eran aproximadamente un 61% de la magnitud equivalente en el PIB. Lo relevante, sin embargo, está en que el sesgo fue casi constante durante este tiempo. De esta manera, es útil comparar las tendencias relativas. Como se indica en el gráfico siguiente, ambas series coinciden en señalar que 2020 fue un año con una fuerte pérdida de ingresos para los autónomos, mientras que en 2021 hubo una considerable recuperación. Sin embargo, el hecho fundamental está en las diferencias de intensidad. Según Hacienda, la caída de 2020 fue menos pronunciada y la recuperación de 2021 más intensa. Así, en 2021, la suma de los beneficios de los autónomos y de los ingresos netos de los arrendadores superaban con creces –de nuevo, sin ajustar por la inflación– los niveles de 2019. En cambio, de acuerdo con el INE, las rentas mixtas cayeron con más fuerza en 2020 y se recuperaron de forma muy tímida durante 2021. Los autónomos estarían, de acuerdo con la estadística oficial, todavía muy por debajo de la situación previa a la pandemia.

Los beneficios de las sociedades no financieras son la última fuente de ingresos a analizar. En este caso, las cifras del INE se pueden comparar con las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades (IS). Existe, además, otro punto de referencia en la excelente encuesta que realiza el Banco de España a través de la Central de Balances. En la estadística del IS se recogen las principales variables contables de todas las empresas (aproximadamente 1.3 millones) que operan en nuestro país. En la Central de Balances se realiza por el contrario un amplio muestreo (incluyen a unas 500.000 entidades para 2020-2021), pero a cambio los investigadores pueden analizar las cuentas con mayor grado de detalle. Como se señalaba antes, el excedente que recoge el PIB y los beneficios de una sociedad son conceptos distintos y para la comparación es necesario hacer una serie de ajustes. Aunque estas modificaciones nunca llegan a ser totalmente perfectas, el análisis sigue siendo útil dada la importancia que tienen los beneficios empresariales para comprender la marcha de nuestra economía.

En el gráfico siguiente se recogen las principales partidas contables de cualquier empresa: producción, consumos intermedios, gastos de personal y excedente bruto de explotación. Aunque para la estimación del PIB lo decisivo es este excedente, conviene recordar que es un saldo que resulta de restar a la producción los consumos intermedios (básicamente, los costes operativos) y los gastos de personal (es decir, sueldos y cotizaciones sociales). Como se puede ver, en el periodo anterior a la pandemia las cifras de Hacienda, del Banco de España y del INE mostraban una enorme similitud. En cambio, desde el 2020 las diferencias son de una magnitud inédita. A modo de ejemplo, tanto la Agencia Tributaria como el Banco de España coinciden en que durante 2021 la producción de las sociedades recuperó los niveles previos a la pandemia, mientras que el INE afirma que estaba todavía un 7% por debajo. Con los beneficios ocurre algo parecido. El Impuesto sobre Sociedades y la Central de Balances muestran una rápida recuperación en 2021 (con crecimientos anuales en torno al 25-40%) sobre los niveles anémicos del año anterior. Por el contrario, el panorama que dibuja el INE es extraordinariamente pesimista, con un incremento de solo un 10%, a pesar de la rápida recuperación de la economía. Por un momento cabe pararse a entender el significado de estas cifras. Si fuesen ciertas, los beneficios nominales estarían a niveles de 2008. Si se ajustase por la inflación y el crecimiento económico, los beneficios están por los suelos como se señalaba al principio. ¿Realmente las empresas españolas están en una situación tan crítica?

A modo de conclusión, la tabla con la que terminamos este artículo recoge el efecto final de todas estas revisiones sobre el PIB. Como puede verse, esta nueva estimación consigue resolver varias de las anomalías que rodean a las cifras oficiales. La primera es que el PIB sería en 2021 un 5% superior al estimado por el INE, de forma que la crisis de la pandemia se podría dar casi por terminada. Segundo, que como se ha detallado, este aumento es mucho mayor en las rentas de las empresas no financieras (es decir, de sociedades y autónomos). Como resultado de estos cambios, su peso ya no estaría en niveles extraordinariamente bajos (un 29,9% del PIB) sino en cotas más habituales (un 32.4% del PIB). Puede parecer una diferencia pequeña, pero este margen es determinante si no se quiere concluir que las empresas españolas están en una situación crítica. Por último, aunque los ingresos por impuestos y cotizaciones no cambian, sí lo hace la presión fiscal al ser el PIB más elevado. De esta manera, se habría producido un aumento relevante en estos dos años de pandemia (del 35,2% al 36,6%), pero lejos de los niveles récord que señala el INE (38.8%).

El Producto Interior Bruto (PIB) es el indicador más utilizado para diagnosticar la situación económica de un país, para estimar su presión fiscal, o el peso de su deuda pública. Sin embargo, en los últimos dos años, las estimaciones del PIB de España muestran un comportamiento muy inferior al que cabría suponer en base a otros indicadores económicos. En lo que sigue veremos que, lamentablemente, existen razones fundadas para pensar que los datos recientes del PIB muestran múltiples anomalías que son difícilmente creíbles. Ello hace que el principal termómetro que utiliza la opinión pública para comprender la economía esté dando señales equivocadas.

Antes de adentrarnos en la difícil cuestión de examinar el PIB, conviene volver la mirada a marzo de 2020 cuando se inició la pandemia de la COVID. En aquel momento, las economías de todo el planeta entraron en un parón sin precedentes y todo el mundo se preguntaba cuál iba a ser su evolución. Se descontaba que la actividad se resentiría por las medidas de prevención sanitaria y, también, porque la incertidumbre condujo a que consumidores y empresas pospusieran sus principales gastos. Con el precedente tan reciente de la crisis de 2008, la cuestión era saber si la crisis de la COVID iba también a tener un efecto duradero y, de ser así, dónde se harían sentir sus efectos. Dos años más tarde, el tiempo ha demostrado que los efectos perturbadores de la pandemia no han sido tan graves y cabría pensar que la actividad económica se ha recuperado casi tan rápido como se paralizó en aquel momento. Sin embargo, si nos atenemos a las cifras oficiales del PIB, España es una excepción a este patrón. Como refleja el primer gráfico, en el último trimestre de 2021, la economía de la Unión Europea ya se ha había recuperado del shock de los años anteriores. Incluso Grecia, Portugal e Italia, que sufrieron una importante caída con la anterior crisis, han mostrado en estos últimos años un patrón similar al de otros países de la Unión. Todos menos España que, a finales de 2021, tenía un PIB un 3.5% inferior al que contaba antes de la pandemia. Puede parecer una cifra de poca importancia, pero ello supone una pérdida de 40.000 millones de euros.

La aparente mala evolución de la economía española no ha pasado inadvertida ni en nuestro país ni para las instituciones internacionales de referencia. Aunque nadie ha elaborado un análisis muy desarrollado, la explicación que venía barajándose se sostenía en las características especiales de nuestra economía de servicios. Dado que España depende en mayor medida del turismo, resulta normal que la caída de 2020 fuera especialmente virulenta y la recuperación de 2021 fuera muy tenue en un contexto de restricciones e incertidumbre. Lo curioso de este argumento es que no afecta por igual a otros países (Grecia, Portugal, o Italia) para los que el turismo es tan importante como para España. Sorprende mucho que todos hayan mostrado un comportamiento muy superior de su PIB. De hecho, ahora ya sabemos que la falta de turistas extranjeros no puede explicar la peor evolución de España. En tanto que el Instituto Nacional de Estadística (INE) detalla en sus cómputos el gasto de estos turistas, es posible determinar que sus niveles de gasto real se fueron recuperando con fuerza a lo largo de 2021 hasta alcanzar en 2022 unas cifras que son récord histórico.

Mientras tanto, se han venido sucediendo indicadores que apuntan a que la situación en España no parece ser tan mala. Ello genera varias paradojas. La primera es que las cifras del empleo superan con creces a las que cabría suponer en función del PIB. La Encuesta de Población Activa del INE, la fuente más usada, nos dice que en el cuarto trimestre de 2021 había 20,18 millones de ocupados, 220.000 personas más que en el cuarto trimestre de 2019. Los registros administrativos más conocidos –la afiliación a la Seguridad Social– señalan un patrón muy similar. Las dos fuentes han sido objeto de crítica porque recogían los trabajadores sin actividad (ERTE y similares), si bien este efecto ya era muy pequeño al final de la pandemia y hoy en día es casi inexistente. Por disipar cualquier duda al caso, se pueden tomar los datos homogéneos de empleo que acompañan las cifras del PIB. Desde esta óptica [en el gráfico siguiente], a finales de 2021 España estaría muy cerca de haber recuperado sus niveles de empleo y, además, habría seguido una tendencia mucho más parecida a sus vecinos. Ello produce una primera anomalía: el empleo se recupera mientras que el PIB no lo hace.

Si se divide el PIB por los trabajadores ocupados se encuentra con el hecho paradójico de que España ha experimentado la caída más abrupta en la productividad desde que existen registros modernos. Según el INE, hoy en día, cuando el efecto de los ERTE es inexistente, el PIB por trabajador está a los niveles de 2012. Era ya un lugar común señalar que España tenía un problema con su baja productividad y las dificultades para aumentarla debido a causas estructurales. Pero, un descenso de tal magnitud, (¡un retroceso de diez años!) y sin que se haya producido una dislocación en los recursos disponibles, es un misterio sin resolver. 

La productividad es una materia bastante abstracta que, generalmente, solo interesa a los economistas. Otros asuntos sí levantan más pasiones, como es el caso de los impuestos. Es bien conocido que la recaudación fiscal en España se ha sostenido en estos años de pandemia. Sin embargo, para abordar este fenómeno conviene combinar dos perspectivas en paralelo. Por un lado, es útil ver simplemente la evolución de los ingresos fiscales corrientes, es decir, el dinero que entra en las arcas públicas (sin ajustar por la inflación) tanto en nuestro país como en el resto de la Unión Europea. Como se puede comprobar (en el gráfico siguiente), la evolución en España ha sido muy parecida al resto de nuestros vecinos. En cambio, si se mide la presión fiscal que resulta de dividir estas cifras por el PIB, se comprueba una diferencia abismal. Los países de la Unión habrían incrementado la carga fiscal de manera muy tenue (del 40.8 al 41.5% del PIB), mientras que España lo habría hecho a un ritmo asombroso –del 35,2 al 38,8 del PIB– en solo dos años. En otras palabras, casi toda la diferencia que existe en el indicador más utilizado sobre presión fiscal se debe al efecto del PIB, no a que existan pautas distintas en materia de impuestos.

Como decíamos, esta serie de misterios que acompañan a la economía española en los últimos años no han pasado desapercibidos a los expertos y el director de este periódico lo ha expresado con claridad. Pero hasta ahora, casi todos se han inclinado por pensar que el problema se limitaba a cada ámbito, es decir, que la anomalía estaba en los datos del empleo, en la recaudación, o en la productividad. Nosotros creemos que es al contrario: el problema está en el PIB que estima el INE.

Un enunciado como este puede parecer sorprendente, como menos. Estimar el PIB es una cuestión vital para cualquier Estado moderno. Hoy en día existen normas muy precisas sobre los cálculos y se busca mejorar las fuentes de información cada poco tiempo. Además, en el ámbito de la Unión Europea, existe un supervisor común –Eurostat– que establece unas directrices de obligado cumplimiento y fija un calendario de publicación.

Esta es la teoría, pero la práctica siempre es algo más complicado. Como no podía ser de otra manera, la pandemia del la COVID introdujo un enorme reto para la estimación del PIB. Dado que las magnitudes macroeconómicas se calculan con indicadores aproximados, el problema radicaba en afinar el análisis en un momento en que sectores enteros de la economía estaban prácticamente parados. El INE reconoce estas dificultades de forma reiterada en sus comunicados trimestrales:

“Los efectos económicos de la pandemia COVID-19 [constituyen] un desafío sin precedentes. […] La dificultad inherente a la medición estadística de cambios de coyuntura y de contexto económico tan bruscos como los que vivimos hacen prever que las futuras revisiones de los resultados hoy publicados puedan ser de una magnitud mayor que la habitual”.

Durante este tiempo, se han registrado cambios importantes en las cifras trimestrales del PIB. Pero en las cifras anuales la única revisión importante que ha ocurrido tuvo lugar hace apenas un mes, en septiembre de 2022. El INE revisó al alza el PIB de 2021, pero a la vez estimó a la baja el de 2020. De esta manera, el efecto neto fue muy pequeño. Más curioso aún es que a pesar de los “desafíos sin precedentes”, el INE solo ha publicado notas muy escuetas sobre cómo han afectado estos desafíos a las estimaciones. Si, digamos, el consumo es ahora más difícil de medir, ¿por qué no se explica en detalle cómo se está haciendo? Si las horas trabajadas están descendiendo abruptamente, ¿cuáles son sus causas? Todo esto hace que las cifras del PIB sean cada vez más difíciles de interpretar. Como decía un reputado analista al calor de los últimos datos: “Con revisiones de esta magnitud es imposible hacer previsiones”.

Que las cifras recientes del PIB no terminan de dar una imagen ajustada es una suerte de secreto a voces. Pero proporcionar una alternativa razonada es mucho más difícil. Uno de nosotros ya ha señalado durante el último año varias de las paradojas en las series del INE con respecto a las estadísticas tributarias coyunturales: en la presión fiscal, en las rentas, o en las ventas y el empleo. Este artículo, junto con otros dos más que publicaremos en los próximos días, busca seguir en esta línea de explicar la fuerte discrepancia en las magnitudes económicas. El principal argumento es que, tomando múltiples indicadores sobre las rentas, el gasto o la producción que elaboran otros organismos oficiales (la Agencia Tributaria y el Banco de España) o el propio INE (Encuesta Industrial Anual de Productos) es posible concluir que la recuperación económica ha sido mucho más fuerte. Nuestra estimación es un primer ejercicio, que ha buscado por un lado ser coherentes con el método de estimación del PIB según las directrices internacionales. Pero también hemos querido ser lo suficientemente didácticos como para llegar al público general, simplificando algunos términos técnicos y desplazando los cálculos subyacentes a un apéndice disponible para cualquier interesado. Como un adelanto de estos resultados, según nuestra aproximación, el PIB de 2021 fue entre un 3 y un 5% superior al proyectado por el INE, de forma que la crisis económica originada por la pandemia ya se habría terminado.

El PIB no es solo un dato privativo de economistas y estadísticos, sino la brújula que guía el debate público sobre la situación del país. Desde luego no pretendemos que esté a nuestro alcance establecer una cifra definitiva sobre la evolución macroeconómica de España. Pero sí creemos que es más urgente e inaplazable que nunca empezar este debate.

El informe semanal de ventas diarias que publicó la Agencia Tributaria el 19 de octubre contiene la primera medida de las ventas de septiembre y permite una primera valoración de la coyuntura del tercer trimestre. El informe estudia la evolución diaria de las ventas interiores de las grandes empresas y otras incluidas en el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA. Esta novedosa estadística tiene mayor cobertura que el boletín mensual de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas (VESGE), ya que integra la información de 61.000 empresas con el 70% de las ventas interiores del total de contribuyentes por IVA. La información más completa de la Agencia Tributaria sobre el tercer trimestre de 2022 se publicará el 11 de noviembre en la estadística de Ventas, empleo y Salarios en las Grandes Empresas y PYMES societarias (VESGEP), que abarca más de un millón de empresas y cubre el 95% de la facturación de las empresas declarantes de IVA. En esta estadística se han incorporado recientemente los datos de compras por sectores abriendo la posibilidad, como se verá más adelante, al estudio de la evolución de los márgenes empresariales.

La coyuntura del tercer trimestre

Las ventas interiores a precios constantes registran en el tercer trimestre una caída del 2,2% sobre el trimestre anterior pero mantienen un crecimiento del 8% en términos anuales. En los nueve primeros meses del año el crecimiento real de las ventas se cifra en un 9,8%, superando en 2,6 puntos el crecimiento en 2021. Esta evolución está en sintonía con la observada en los afiliados asalariados del sector privado, como se muestra en el gráfico adjunto.

La pérdida de dinamismo en el tercer trimestre se aprecia en todos los grandes sectores de actividad salvo en el transporte y almacenamiento, donde la tasa anual se incrementa diez puntos hasta el 63%, y en la producción de energía eléctrica, donde se atenúa el ritmo de caída.

En algunas actividades la desaceleración es moderada. Es el caso del comercio mayorista y minorista, que mantiene un crecimiento del 3,6% gracias a una intensa recuperación de la venta y reparación de vehículos (las matriculaciones de turismos crecen un 0,7% en tasa anual en tercer trimestre). Es el caso también de las actividades profesionales y administrativas (servicios a las empresas), donde se mantiene un crecimiento anual del 22%, y de las industrias de la información y las comunicaciones, que registran un ritmo similar al del trimestre anterior.

En la industria manufacturera el crecimiento real de las ventas se cifra en un 4,1% con pérdida de cinco puntos respecto al segundo trimestre a pesar de la aceleración observada en la fabricación de vehículos y el dinamismo de las industrias de alimentación y bebidas y de material eléctrico y electrónico.

En la construcción se acentúa la caída de las ventas iniciada en el segundo trimestre y en la hostelería, en la que las ventas reales crecen a una tasa anual del 54%, la desaceleración es muy notable.

Cuando se atiende al crecimiento en los nueve primeros meses para obtener una aproximación al resultado anual, se concluye que la aceleración de 2,7 puntos en 2022 se debe enteramente a los servicios y, especialmente, al transporte y la hostelería, ya que en la industria de manufacturas se mantiene en 2022 el ritmo de 2021 y en la construcción se registra estabilidad después del fuerte crecimiento de 2021.

¿Cuándo se superaron los niveles de prepandemia?

La estadística de las empresas sujetas al SII permite identificar la fecha exacta en que las ventas interiores reales superaron el nivel anterior a la pandemia. Con una perspectiva trimestral el gráfico adjunto ilustra este punto.

Las ventas interiores totales a precios constantes superaron en un 2,5% el nivel del cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2021. La construcción fue el sector más adelantado y ya en el segundo trimestre de 2021 las ventas reales superaban en un 3% el nivel del cuarto trimestre de 2019. El sector del transporte y almacenamiento también se adelantó al tercer trimestre de 2021. En la industria de manufacturas el nivel prepandemia se alcanza en el segundo trimestre de 2022 actuando de freno la fabricación de vehículos y las industrias del refino en los que no se ha alcanzado todavía. En el comercio el sorpasso se logra también en el segundo trimestre de 2022 actuando de freno la venta de vehículos. En la hostelería, que agrupa hoteles y restaurantes, el nivel de las ventas reales en este tercer trimestre de 2022 todavía se sitúa un 3% por debajo del nivel del cuarto trimestre de 2019 debido a los servicios de alojamiento, ya que en los servicios de comidas y bebidas la superación se consiguió el pasado trimestre.

Los precios de las ventas doblan el crecimiento del IPC

Como se destacaba en un artículo del 6 de julio en elDiario.es sobre la situación del segundo trimestre, la nota predominante de la coyuntura empresarial actual es la extraordinaria cuña inflacionista que separa las ventas a precios corrientes de las ventas reales que acaban de estudiarse. En el tercer trimestre del año las ventas interiores crecen, a precios corrientes, a una tasa anual del 28% con ligera desaceleración respecto al ritmo del trimestre anterior y en los nueve primeros meses del año las ventas crecen casi un 30%, superando en 12 puntos el ritmo anual medio de 2021.

Este extraordinario crecimiento nominal de las ventas de las empresas en 2022 es un dato bien documentado de la coyuntura española reciente ya que el Índice de Cifra de Negocios empresarial (ICNE) del INE, que no abarca la construcción, es plenamente consistente con las ventas de las empresas sujetas al SII.

Al comparar la evolución nominal de las ventas interiores con su evolución real, se obtiene un índice de precios implícito que crece un 18,4% en el tercer trimestre con cierta moderación respecto al 19,1% registrado en el trimestre anterior. En los nueve primeros meses de 2022 los precios de las ventas interiores crecen un 18,2%. Una tasa anual que dobla el crecimiento (9%) del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el mismo periodo indicando que el fenómeno inflacionista no solo afecta al consumo, sino también a las compras de capital y a los consumos intermedios. Por eso causa sorpresa el escaso crecimiento (4%) del deflactor del PIB en el primer semestre del año que estima la Contabilidad Nacional Trimestral del INE.

Los márgenes empresariales se elevan en construcción y servicios

El extraordinario crecimiento nominal de las ventas en 2022 plantea la cuestión de los márgenes empresariales y del impacto de los precios sobre los consumos intermedios. ¿Crecen las compras de las empresas al mismo ritmo que las ventas? Como se señalaba en un artículo anterior, la información coyuntural sobre las compras era hasta hace unos días muy limitada.

Pero recientemente, la Agencia Tributaria ha incorporado la evolución trimestral de las compras por sectores en el fichero que acompaña a la estadística de Ventas, Salarios y Empleo en las Grandes Empresas y Pymes societarias (VESGEP).

En consecuencia, y con datos hasta el segundo trimestre de 2022, ya pueden identificarse los sectores en que las compras crecen con menor velocidad que las ventas y se incrementan los márgenes empresariales.

Para el conjunto de sectores (excluyendo la electricidad y el refino de petróleo) cubiertos por VESGEP, las ventas crecen en el primer semestre de 2022 a una tasa anual del 24,1% con una aceleración cercana a los 8 puntos respecto al ritmo anual de 2021.

Las compras crecen a un ritmo menor, del 23% en el primer semestre de 2022, de modo que el margen o valor añadido que obtienen los empresarios como diferencia entre las ventas y compras crece en el primer semestre de 2022 a una tasa anual del 28%, que supera en 12 puntos el ritmo anual de 2021.

Se observa que el valor añadido o margen de ventas que obtuvieron estas empresas en 2021, cifrado en 0,41 billones de euros, supera en un 2,5% el que obtenían en 2019, antes de la pandemia, desmintiendo las estimaciones de la Contabilidad Nacional anual, en su actualización de septiembre, que sitúan el PIB de 2021, a precios corrientes, un 3,1% por debajo del nivel de 2019.

Expresando el margen de ventas o valor añadido en porcentaje de las ventas se observa que el primer semestre de 2021 se situaba en un 20,7% y se ha elevado un 3,4% en el primer semestre de 2022, hasta el 21,4%.

Un fenómeno adicional que puede estudiarse con la nueva información aportada por VESGEP, destacado en el reciente Informe 49/22 de la AIREF sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2023, es el de la evolución de la participación del trabajo en el total de los costes de producción. En el cuadro titulado 'Ventas y compras en todos los sectores' es el porcentaje del valor añadido (VA) que representan los sueldos y salarios brutos.

Para el conjunto de los sectores el ratio Sueldos y Salarios Brutos/Valor Añadido, que se situaba en un 61,4% en el primer semestre de 2021, se ha reducido casi un 11% hasta el 54,8%.

En el próximo cuadro, que presenta la evolución de las ventas y las compras en los principales sectores, indica que en la industria el margen se mantiene en 2022 prácticamente estable, en la construcción y las actividades inmobiliarias crece un 23% y en los servicios se registra un extraordinario crecimiento del 42%. En estos tres grandes sectores el valor añadido en 2021 supera el nivel de 2019 destacando el caso de la construcción y las actividades inmobiliarias donde el valor añadido en 2021 supera en un 20% el nivel de 2019.

La industria es, sin duda, el sector más perjudicado por el crecimiento de los precios de los consumos intermedios. Las ventas crecen un 20% pero las compras suben 5 puntos más, de manera que el valor añadido se mantiene prácticamente estable. Y el ratio Sueldos y Salarios Brutos/Valor Añadido se eleva un 8% hasta situarse en un 54%.

En la construcción y las actividades inmobiliarias las ventas crecen en el primer semestre de 2022 al mismo ritmo del 17,8% que se registró en 2021 pero las compras pierden dinamismo de modo que el valor añadido crece casi un 24% en el primer semestre de 2022. El peso de los salarios sobre el valor añadido se reduce un 12%.

En los servicios se registra en el primer semestre de 2022 un crecimiento del 26,7% en las ventas, con aceleración de 9 puntos respecto al ritmo anual en 2021, pero las compras solo crecen un 23% de manera que el valor añadido crece un extraordinario 43%. La tasa de valor añadido se incrementa un 12% hasta el 22,3% y el peso de los salarios en el valor añadido se reduce un 17% hasta el 54%.

Con el amplio detalle que proporciona la base de datos que acompaña a VESGEP, se observa que las actividades de servicios que registran los mayores crecimientos del valor añadido en el primer semestre de este año son la hostelería y restauración (153%), el comercio al por mayor incluyendo la venta y reparación de vehículos (60,4%) y el transporte y almacenamiento (54,2%).

En estos días en que la decisión de Andalucía y los anuncios de otras Comunidades Autónomas (CCAA) parecen amenazar la continuidad del Impuesto de Patrimonio (IP) es preciso destacar, más allá de su capacidad recaudatoria, la extraordinaria importancia del impuesto como fuente de información sobre el patrimonio de los hogares y su distribución personal y territorial. Ilustraremos esta potencia informativa estudiando la concentración de las grandes fortunas españolas en Madrid y estimando el número de declarantes y los ingresos que obtendría Madrid sin la bonificación del 100% que estos días ha adoptado también Andalucía.  

La Estadística de los declarantes del Impuesto de Patrimonio (EDIP) que publica la Agencia Tributaria (AT) es una de las principales fuentes de información en España, junto con la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España, sobre el patrimonio de los hogares y su distribución.

La información de la EDIP se completa con la disponibilidad pública de muestras anuales y de un novedoso panel al que se hace referencia más adelante.

La aportación de la Agencia Tributaria es particularmente apreciable si se tiene en cuenta la escasez de fuentes fiables sobre la distribución de la riqueza y la “falta de transparencia fiscal de los Estados” denunciada por Thomas Piketty en el capítulo 13 de Capital e ideología.

En el propio territorio español llama la atención el contraste entre la abundancia de estadísticas tributarias publicadas por la Agencia Tributaria, referidas al territorio de régimen fiscal común, con la falta de transparencia fiscal del País Vasco y Navarra. Los gobiernos de estos territorios, con el estado de bienestar más avanzado de España, deberían hacer un esfuerzo de transparencia para ponerse a la altura de la Agencia Tributaria. Y lo mismo se puede decir de los impuestos que gestionan directamente las Comunidades Autónomas de Régimen Común y, en particular, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones que debería ser la principal fuente de información estadística sobre la transmisión de la riqueza entre generaciones.

También debe destacarse el importante papel de la Agencia Tributaria, junto con el INE, en la construcción de la muestra de 6.300 hogares en que se basa la Encuesta Financiera de las Familias (EFF) del Banco de España. Esta colaboración asegura la alta calidad de la EFF, que proporciona una visión global de la renta y la riqueza de los hogares y su distribución, aunque no permita el estudio por Comunidades Autónomas.

La información sobre el patrimonio de los declarantes que proporciona la Estadística de Declarantes del Impuesto de Patrimonio puede completarse con las tablas, con mayor detalle de tramos, que proporcionan las Memorias de la Administración Tributaria (2019 es el último año estudiado) y con las tablas del estudio anual de la Dirección General de Tributos,  que se ofrecen también en soporte excel (2018 es el último año estudiado).

Desde la óptica de la distribución territorial del patrimonio tienen especial interés algunas tablas relativas a 2019 difundidas en el Libro Blanco sobre la reforma tributaria, publicado en 2022 por el Instituto de Estudios Fiscales.

Concentración del patrimonio en Madrid

En la declaración del impuesto de patrimonio existe un límite exento establecido en 700.000 euros en la mayor parte de las CCAA. Además, la vivienda habitual está también exenta hasta 300.000 euros. Por eso podría decirse que la EDIP, cuya edición correspondiente a 2020 acaba de publicarse, proporciona información sobre la riqueza de las personas físicas con un patrimonio superior, aproximadamente, a un millón de euros. En Madrid el impuesto de patrimonio está bonificado al 100% y nadie paga por este impuesto. En estas condiciones, y de acuerdo con el artículo 37 de la Ley del impuesto, que regula la obligación de declarar, en Madrid, como ocurrirá en Andalucía desde 2022, sólo declaran las personas con más de dos millones de patrimonio. Esta limitación se traduce en que las tablas por CCAA que presenta la EDIP distorsionan completamente la imagen de la distribución territorial ya que se refieren exclusivamente al total de declarantes y no se publican tablas por CCAA y tramos de patrimonio.

Para apreciar el problema estudien la tabla por CCAA que publica la EDIP. Para cada CCAA tenemos el número de declarantes y el patrimonio medio en 2019 y 2020.

En Cataluña hay 82.000 declarantes, que representan 13 por cada mil personas de 20 y más años, con un patrimonio medio de 2,7 millones. En Madrid hay sólo 19.000 -3,6 personas por cada mil adultos-, con patrimonio medio de 10,3 millones de euros. Obviamente estos datos no son comparables porque en Cataluña declaran las personas con más de 800.000 euros de patrimonio (el mínimo exento lo han rebajado a 500.000 euros) y en Madrid sólo declaran los de más de dos millones.

En Andalucía hay también 19.000 declarantes, menos de tres personas por cada mil adultos, con un patrimonio medio de 2,7 millones de euros. Con la bonificación al 100% sólo presentarán declaración los que tengan más de dos millones que, como veremos, pueden estimarse en unas 3.600 personas.

Para tener datos comparables por CCAA buscamos una tabla que se refiera exclusivamente a los declarantes con más de dos millones de euros pero no la encontramos ni en la estadística de la Agencia Tributaria ni en la Memoria de la Administración Tributaria ni en las numerosas tablas de la Dirección General de Tributos.

Afortunadamente, la muestra de declarantes de patrimonio que se ha citado antes nos resuelve parcialmente el problema porque contiene la información necesaria para establecer la distribución por CCAA de los declarantes con más de dos millones de euros de base imponible. El cuadro adjunto presenta los resultados.

El cuadro no presenta la distribución por CCAA de los declarantes con más de dos millones de patrimonio porque entonces veríamos 19.000 en Madrid. Es la distribución de los declarantes con base imponible superior a dos millones. Para cada comunidad aparece el patrimonio, el patrimonio no exento y otras variables de interés, como el porcentaje de patrimonio exento, la base imponible del IRPF media o el ratio patrimonio medio /Base imponible IRPF.

La base imponible, que es el patrimonio no exento neto de deudas, es una variable central en el impuesto y todas las tablas por tramos que publican la Agencia Tributaria, la Dirección General de Tributos o la Memoria de la Administración Tributaria usan la base imponible para establecer los tramos. Los tramos usados en la Muestra de declarantes también son de base imponible.

Es una importante limitación porque, como puede verse, el patrimonio total es 1,7 veces el patrimonio no exento debido a la exención de 300.000 euros en la vivienda principal, la exención de los bienes afectos a las actividades económicas y, sobre todo, a la exención de las acciones de los propietarios de empresas familiares que representan casi el 85% del patrimonio exento.

El cuadro ilustra bien el problema que representa usar la base imponible para establecer los tramos porque indica que hay unas 5.000 personas en Madrid con patrimonio superior a dos millones de euros pero que, al excluir el patrimonio exento y restar las deudas, pasan a tener una base imponible inferior a dos millones. Y si el patrimonio medio de los 19.000 declarantes era de 10,3 millones de euros el patrimonio medio de los 14.000 con base imponible superior a dos millones se ha elevado a 12 millones de euros.

En Andalucía vemos 2.675 declarantes con base imponible superior a dos millones, un patrimonio medio de 5,6 millones y una base imponible media en IRPF de 314.000 euros. Con el ratio de Madrid puede estimarse en unas 3.600 el número de personas en Andalucía con un patrimonio superior a dos millones. Este es el colectivo especialmente beneficiado por la reciente bonificación ya que, como veremos, la cuota líquida media de los patrimonios inferiores a dos millones es muy reducida.

El alto coste fiscal de la exención de las acciones de la empresa familiar y las posibilidades que abre a la “ingeniería fiscal” se analizan en el Libro Blanco de la reforma tributaria y en el trabajo de Mariona Mas Montserrat en el IEB Report 4/2017 (Instituto de Estudios de Barcelona).  

Desde esta perspectiva sobresale Galicia, donde residen las mayores fortunas españolas y el porcentaje de patrimonio exento se eleva al 73%.

A pesar de las limitaciones que acaban de describirse, el cuadro ilustra con suficiente claridad la especificidad de Madrid. Si en el Territorio Común 12 de cada 10.000 adultos tienen más de 2 millones de base imponible, con un patrimonio medio de 9,6 millones, en Madrid son más de 27 por cada 10.000 adultos y el patrimonio medio se eleva a 12 millones de euros.

En Madrid se concentra el 33% de las personas con base imponible superior a dos millones y el 41% del valor de los patrimonios superiores a este umbral.

La concentración del patrimonio en Madrid crece conforme se eleva el umbral considerado. Para los patrimonios con base imponible superior a 30 millones, el Libro Blanco sobre la reforma tributaria antes citado proporciona, en la Tabla V.13, la distribución por CCAA de los declarantes, el patrimonio no exento y otras variables referida a 2019. De acuerdo con esta fuente, el 65,2% de estos declarantes ultra ricos tiene su domicilio fiscal en Madrid donde se concentra el 74% del patrimonio superior a este umbral.

Estos datos relativos al patrimonio de los hogares permiten completar la imagen de la concentración del capital societario, los salarios y la renta en Madrid que se presentaba en el artículo del 16 de julio en eldiario.es.

El cuadro adjunto resume la información sobre la concentración de las grandes fortunas en Madrid que aportan las estadísticas tributarias, referidas siempre al Territorio Común. Como referencia se recuerda que en Madrid reside el 15% de las personas de 20 y más años y tiene su domicilio fiscal el 16% de las declaraciones de IRPF.

Evolución de la concentración de patrimonio en Madrid

Los cambios de domicilio fiscal que provoca la competencia a la baja entre CCAA en patrimonio, sucesiones e IRPF es una cuestión de difícil estudio. En relación con el impuesto de patrimonio el Libro Blanco de 2022 cita el estudio de Agrawal, Foremny y Martínez-Toledano, resumido en el blog Nada es gratis,  que cifra en 6.000 personas el aumento de declarantes en Madrid entre 2011 y 2015 debido a la bonificación del 100%.

La estadística de patrimonio permite aproximar la evolución de la concentración en Madrid desde 2011 a 2020 de los patrimonios (bases imponibles) superiores a 6 y 30 millones. Como se ha dicho, la EDIP no presenta tablas por CCAA y tramos de patrimonio, pero el hecho de que en Madrid nadie pague el Impuesto de patrimonio permite utilizar (con un ligero margen de error ya que en 2011 Baleares y Comunidad Valenciana tuvieron bonificación completa) la tabla de la cuota a ingresar por tramos de base imponible en el Territorio Común para conocer el número de declarantes en Madrid con más de seis millones y con más de 30 millones de euros. Es la diferencia en los dos tramos superiores entre el número de los que declaran y el número de los que pagan.

De este modo pueden obtenerse con facilidad las series de declarantes en Madrid con más de seis millones y más de 30 millones de base imponible desde 2011, fecha en que se recuperó el Impuesto de Patrimonio tras el paréntesis de 2008-2010. En esta nueva etapa se elevó el mínimo exento desde los 108.000 hasta los 700.000 euros y se redujo drásticamente el número de declarantes desde casi un millón en 2007 a 130.000 en 2011. En este periodo Madrid bonifica al 100% el impuesto y puede aplicarse el procedimiento descrito.  

El porcentaje de declarantes en Madrid con más de seis millones de euros se mantiene aproximadamente constante desde 2014 en torno al 51%, pero el de las fortunas superiores a 30 millones crece sostenidamente desde el 57% de 2012 (250 declarantes) hasta un 67% en 2018 y se reduce ligeramente hasta el 65,5% en 2020 (474 declarantes). Entre 2012 y 2020 el número de grandes patrimonios con domicilio fiscal en Madrid se multiplica por 1,9.

La tendencia creciente de la concentración en Madrid de las rentas más altas se observa también en el IRPF como ilustra el gráfico siguiente. En las rentas superiores a 600.000 euros el porcentaje de declaraciones en Madrid se ha elevado desde el 42% en 2008 y 2009 al 46% en 2020, con un máximo del 53% en 2013.

En las rentas superiores a 150.000 euros la concentración en Madrid se ha elevado desde el 35% en 2008-2009 al 40% en 2020 con un máximo del 41,5% en 2014.

¿Cuántos declarantes de Patrimonio habría en Madrid sin la bonificación?

En la distribución por CCAA del total de declarantes que proporciona la Encuesta de Declarantes del Impuesto de Patrimonio se observa la anomalía ya citada del escaso número de declarantes en Madrid (19.500 que significa 3,6 por cada mil adultos) comparado con Cataluña (82.000 o 13,6 por cada mil adultos) aunque en esta comunidad el número es especialmente elevado ya que el mínimo exento está rebajado a 500.000 euros. También en Aragón el número de declarantes es relativamente alto (13,7 por cada mil adultos) ya que el mínimo exento se ha rebajado a 400.000 euros.

Para estimar el número de declarantes de patrimonio que habría en Madrid, con un límite exento de 700.000 euros, si no estuviera bonificado al 100%, tenemos como guía la distribución por CCAA de los declarantes de IRPF con altos niveles de renta (ver el artículo del 16 de julio).

Si nos restringimos a las 10 Comunidades Autónomas (CCAA), aparte de Madrid, que tienen 700.000 euros de mínimo exento en patrimonio y estudiamos su relación con la distribución por CCAA de las rentas altas en el IRPF se observa una relación lineal extraordinariamente estrecha (R² = 0,979) con la distribución de los declarantes con renta anual superior a 150.000 euros.

Con esta relación puede estimarse que en Madrid habrían declarado patrimonio en 2020 87.440 personas (16 por mil adultos), lo que significa 68.000 declarantes adicionales.

La pérdida de ingresos de la Comunidad de Madrid por la bonificación al 100% del impuesto de patrimonio se cifra en la EDIP de 2020 en 992 millones de euros que es la cuota antes de la bonificación.

El incremento en 68.000 declarantes con patrimonios inferiores a dos millones elevaría la cuota pero no mucho más, ya que la cuota media de los patrimonios inferiores a dos millones es muy reducida. Utilizando las tablas por tramos, más detalladas, de las Memorias de la Administración Tributaria, se observa que los declarantes con base imponible inferior a dos millones de euros, que representan el 84% de los que pagan impuesto, tienen una cuota media de 2.000 euros. Por tanto, sin la bonificación del 100% la Comunidad de Madrid ingresaría 1.130 millones de euros.

Como la recaudación del Impuesto de Patrimonio en 2020 se cifra en la EDIP en 1.200 millones de euros puede afirmarse que sin la bonificación de Madrid la recaudación de este impuesto se duplicaría prácticamente.

La estimación del número de declarantes en Madrid, en ausencia de la bonificación total, permite estimar el número de millonarios en Territorio Común en 277.000 o 7,7 por cada mil adultos de 20 y más años. Unos 300.000 millonarios en España. El número de personas con más de dos millones de patrimonio (no de base imponible) puede estimarse en torno a los 60.000 o 15,5 por cada 10 mil adultos con 20 y más años.

Necesidad de cambios en la información sobre el Patrimonio

La estadística de patrimonio que se publica actualmente está orientada principalmente al servicio de la gestión y el estudio de cambios en la tributación, pero también es -como ha podido verse a lo largo del análisis anterior- una herramienta básica para el conocimiento de la distribución personal y territorial de la riqueza de los hogares. Sin ella, estaríamos en la misma situación de vacío informativo en que se encuentran los residentes en los territorios forales o en la que nos encontramos todos los españoles interesados en la distribución de las herencias y donaciones según el tipo de bien y su importe y según la renta y el patrimonio del fallecido y de sus herederos. Buscamos respuesta, en vano, en la información del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Aún así, como también se ha visto, la información tributaria disponible sobre el patrimonio tiene tres limitaciones:

En primer lugar, no permite estudiar la distribución personal del patrimonio por tramos del patrimonio total sino sólo por tramos del patrimonio no exento neto de deudas o base imponible. Sabemos por la EDIP que en 2020 hay 724 personas con más de 30 millones de base imponible en Territorio Común pero, en realidad, podría haber más de 1.500 personas declarantes con patrimonio total superior a ese umbral. Esta limitación informativa ha afectado también, sorprendentemente, a los expertos del Libro Blanco de 2022 que debían tener a su disposición la base de datos completa del impuesto. Si se estudia la tabla V.13 antes citada se observará que habla, incorrectamente, de patrimonios de más de 30 millones de euros y en el texto no se precisa la importante diferencia entre las distribuciones según la base imponible y las distribuciones según el patrimonio total.

La segunda limitación de la estadística del impuesto de patrimonio es la ausencia de distribuciones por CCAA y tramos de base imponible que, sin embargo, se publican en la Estadística de los declarantes de IRPF. Esta ausencia impide conocer la distribución de la riqueza por CCAA y sólo con la ayuda de la Muestra de declarantes de patrimonio puede paliarse esta limitación y estudiar, como se ha visto, la distribución por CCAA de los declarantes con más de dos millones de euros de base imponible. Pero con la muestra no se puede (al menos yo no he podido) estudiar la distribución por CCAA de las bases imponibles superiores a seis, diez o 30 millones.

La tercera limitación, que afecta también a la estadística de IRPF, se refiere a la óptica del hogar, fundamental en el estudio de la distribución de la renta y la riqueza. La EDIP presenta datos por sexo, como todas las estadísticas de la Agencia, y en las tablas de la Dirección General de Tributos pueden verse también tablas según la edad de los declarantes, pero no se conocen tablas por hogar, usando el domicilio como unidad de observación.

Pero en este campo hay buenas noticias, ya que la Agencia Tributaria, junto con el INE y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), ya han dado pasos con el objetivo de ir salvando algunas de estas limitaciones con la reciente publicación del nuevo panel de hogares, que reúne microdatos de hogares con información de renta y patrimonio:  Algunos de los resultados de ese producto se pueden ver en la nota sobre Renta y Riqueza de personas y hogares en las fuentes tributarias que aparecía con el Informe anual de Recaudación Tributaria de 2019.

Finalmente, al reflexionar sobre el valor de la información que declaramos los contribuyentes a las Administraciones de Hacienda y la importancia de la estadística tributaria, debe recordarse la extraordinaria dificultad que tienen las encuestas a los hogares para conocer la renta y la riqueza de los hogares en la parte alta de la distribución. En el estudio de Olimpia Bover y otros sobre la EFF de 2011 (The Spanish survey of household finances (EFF): description and methods of the 2011 wave) se detallan las tasas de cooperación de los hogares por estratos de riqueza, definiendo la tasa como el porcentaje que representan las entrevistas cumplimentadas sobre la suma de cumplimentadas y negativas a responder a la encuesta. En el estrato 1 formado por los hogares que no presentan declaración de patrimonio, la tasa de cooperación es del 62% pero la tasa va disminuyendo hasta el 24,6% en el estrato superior formado por los hogares con patrimonio superior a 25 millones de euros.

En estas condiciones, la desaparición del Impuesto de Patrimonio, como proponía el Informe de la Comisión de expertos de 2014,  supondría una pérdida irreparable para el conocimiento de la distribución de la riqueza en España. Sin embargo, las bonificaciones al 100% de Madrid, Andalucía y otras que pudieran producirse sólo se traducen, desde esta perspectiva del conocimiento, en la pérdida de la información relativa a los patrimonios inferiores a dos millones en las CCAA de Régimen Común ya que el artículo 37 de la Ley del Impuesto asegura la declaración de los patrimonios superiores. Más grave es la carencia total de información sobre el patrimonio en los territorios forales.

Desde una perspectiva más amplia, las bonificaciones al 100% de Madrid y Andalucía ponen de relieve la necesidad de precisar las competencias normativas de las CCAA de Régimen Común estudiadas en el capítulo V.5 del Libro Blanco y de hacer efectivos los límites recomendados en la Propuesta 118 respecto al mínimo exento, las escalas de gravamen y, sobre todo, respecto a la cuota líquida que “no podrá ser inferior a un determinado porcentaje de la cuota íntegra”.

Si esta propuesta del Libro Blanco y las que recomiendan la elevación del límite exento hasta el millón de euros, la continuidad de la exención de 300.000 euros a la vivienda habitual y la reducción de los tipos de la tarifa manteniendo su carácter progresivo, se hicieran efectivas, se facilitaría el mantenimiento de esta vital fuente de información y, posiblemente, la reducción de la oposición al impuesto al reducir la carga fiscal para todos los patrimonios y, en especial, a los inferiores a dos millones.

Cabe, sin embargo, lamentar que, en plena era de la información, el Libro Blanco no otorgue la importancia debida a la información que aportamos los contribuyentes en las declaraciones tributarias y no incluya propuestas de estadísticas tributarias de obligado cumplimiento para todas las CCAA, incluyendo los territorios forales, siguiendo el ejemplo de la Agencia Tributaria. Una estadística tributaria de ámbito nacional, que abarcara la renta, la riqueza y las herencias y donaciones, supondría un avance decisivo en la transparencia fiscal y proporcionaría el marco adecuado para la valoración de los posibles efectos nocivos de la competencia fiscal entre CCAA. Desde esta perspectiva, y también desde la óptica de la reducción de los costes de cumplimiento, se necesitan propuestas de coordinación o incluso de integración en una sola declaración, de los impuestos sobre la renta, patrimonio, sucesiones y donaciones y otras figuras de la imposición sobre la riqueza. Sólo cuando se disponga de esa información integrada se podrá empezar a hablar, con propiedad, de un análisis informado de la tributación justa de la renta y la riqueza.

La estadística de “Ventas, empleo y salarios de las grandes empresas y PYMES societarias (VESGEP)” de la Agencia Tributaria muestra un crecimiento real de las ventas en el segundo trimestre de 2022 del 11,1% que supera en 1,8 puntos el crecimiento real estimado por la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) en los mismos sectores. En términos nominales, la presunta subestimación del crecimiento supera los 16 puntos, con un crecimiento del 27,7% en las ventas y del 11,1% en el Valor añadido Bruto (VAB). Con un crecimiento nominal del PIB del 9,9% en el primer semestre de 2022 y unos ingresos tributarios creciendo un 18,3% en el mismo periodo, la presión fiscal aparente volverá a crecer en 2022 sin causa normativa que lo justifique. 

El 10 de agosto la Agencia Tributaria (AEAT) ha publicado los datos del segundo trimestre de esta estadística, basada en las declaraciones de IVA y retenciones de más de un millón de empresas con forma de sociedad anónima o de responsabilidad limitada.

Es la estadística coyuntural más completa de la AEAT, ya que estas empresas facturaron en 2019 1,9 billones euros, que representa más del 90% de la facturación de los 3,5 millones de empresas declarantes de IVA , y cubren satisfactoriamente las actividades dominadas por PYMES como la hostelería, el comercio minorista, la construcción o los servicios inmobiliarios. La únicas actividades excluidas son la energía, las Administraciones Públicas (AAPP), la sanidad y enseñanza y los servicios financieros y de seguros.  

La estadística dibuja una coyuntura en aceleración, con un crecimiento anual de las ventas del 27,7% a precios corrientes y del 11,1% a precios constantes confirmando el diagnóstico publicado el 6 de julio en elDiario.es basado en las ventas diarias hasta mayo de las 65 mil empresas sujetas al Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA. El amplio detalle sectorial indica que la mayor aceleración se registra en los servicios de hostelería y restauración y en los de transporte y almacenamiento pero también incrementan su crecimiento los servicios culturales y recreativos y la industria manufacturera. En sentido opuesto juegan la construcción y el comercio mayorista incluyendo venta de vehículos, que concentra el 30% de las ventas.

Los interesados en la coyuntura encontrarán en el Informe Interactivo y en los ficheros de acompañamiento un estudio completo de la oferta y la demanda, interna y externa, a precios corrientes y constantes, incluyendo el empleo y los salarios con el mismo detalle sectorial (22 sectores) que las ventas y el comercio exterior. Pero esta nota se dedica principalmente a la comparación con la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR), primero a precios constantes y luego en términos nominales o a precios corrientes.  

La comparación de los resultados de VESGEP con los datos de avance del segundo trimestre de 2022 publicados el 29 de julio por la CNTR del INE no es inmediata. De entrada, hay que recordar que el PIB, desde la óptica de la oferta, es la suma del VAB en las diversas ramas de la producción más los impuestos sobre la producción, como el IVA, netos de subvenciones. Y el VAB es la diferencia entre la producción y los consumos intermedios, que podríamos aproximar por la diferencia entre las ventas y las compras. Así que lo primero que debemos hacer es suponer que el ratio o margen VAB/Ventas se mantiene aproximadamente constante o, dicho de otro modo, que el VAB se mueve en sintonía con las ventas. Volveremos más adelante sobre esta hipótesis de constancia de los márgenes empresariales que puede ser arriesgada en periodos, como el actual, de alta inflación.

En segundo lugar, del VAB total de la CNTR es necesario excluir el generado en las actividades ya citadas no cubiertas por el VESGEP para aislar la economía mercantil, no financiera y excluyendo la energía. En las series a precios corrientes esto no plantea problemas porque basta sumar en las tablas de la CNTR las ramas cubiertas por VESGEP que representaban en 2019 el 74% del VAB total. A precios constantes es necesario agregar los correspondientes índices de volumen. Como factores de ponderación en la agregación he usado el VAB a precios a corrientes en 2019 de las ramas cubiertas por VESGEP.  

Comparación a precios constantes

Según la CNTR, el VAB de la economía mercantil, no financiera y excluyendo la energía, crece en el segundo trimestre de 2022 un 9,4% a precios constantes, con un repunte de 7 décimas respecto al primer trimestre. Las ventas VESGEP a precios constantes crecen un 11,1 en el segundo trimestre con aceleración de 1,1 puntos respecto a la tasa anual del trimestre anterior.

El gráfico 1 presenta las tasas anuales de ambas fuentes en los últimos 14 trimestres ilustrando la práctica coincidencia en 2019 e incluso en el primer trimestre de 2020 y la subestimación en que incurre la CNTR desde el 2º trimestre de 2020. En el 4º trimestre de 2020 y el primero de 2021 la CNTR exagera en más de 5 puntos la intensidad de la caída. Desde entonces se aprecia una mayor proximidad entre las fuentes pero todavía en el 2º trimestre de 2022 la intensidad del crecimiento real en VESGEP supera en 1,8 puntos -casi un 20%- el crecimiento estimado por la CNTR.

Esta prolongada divergencia entre las fuentes en el ritmo anual del crecimiento real se traduce en una creciente distancia entre los niveles de las series a precios constantes. El Gráfico 2 presenta las series de nivel, deflactadas y corregidas de variaciones estacionales y de calendario, del VAB de la CNTR y las ventas totales de VESGEP para la economía mercantil, no financiera, excluyendo el sector de la energía. Ambas series se muestran con base 100 en el cuarto trimestre de 2019 para que pueda apreciarse con claridad el momento en que se superó el nivel pre pandemia.

Se observa que ambas fuentes de información, CNTR y VESGEP, son plenamente consistentes en 2018 y 2019 pero desde el 1º trimestre de 2020 la CNTR se mantiene por debajo de VESGEP con una diferencia creciente que llega al máximo en el segundo trimestre de 2022. En particular, la estadística de ventas de la AEAT indica que en el cuarto trimestre de 2021 ya se superó en un 3% el nivel de ventas del cuarto trimestre de 2019. Por el contrario, para la CNTR todavía no se ha superado el nivel pre pandemia.  

La subestimación del crecimiento real del VAB mercantil en que incurre la CNTR se manifiesta también al compararlo con la evolución del empleo que arroja la propia CNTR. Entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2022 el empleo total, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PTETC) creció un 0,5 en el conjunto de la economía según la CNTR (la EPA arroja un 2,6% y la Afiliación un 3,2%), pero en la economía mercantil no financiera, excluyendo energía, se registró una caída del 1,3%.  Como en el mismo periodo el VAB se redujo un 5,5% esto querría decir que en estos 10 trimestres la productividad se ha reducido un 4,3% , lo que constituiría un hecho insólito tanto desde una perspectiva histórica, como en comparación con el resto de países europeos.

En VESGEP esta asombrosa divergencia entre empleo y ventas reales no se produce. Entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2022 las ventas crecen un 5,8% a precios constantes y el empleo, medido por el número de perceptores de salarios consignado en la declaración de retenciones del trabajo, crece un 3,1%. La productividad en la economía mercantil no financiera crece, por tanto, un 2,7% en este periodo, por encima de la media europea. Según Eurostat, la productividad por persona en el conjunto de la economía creció un 0,5% de media en UE, entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2021, con un máximo del 20% en Irlanda y un increíble mínimo del 4% en España.

El análisis por sectores revela que en algunas actividades las caídas de la productividad que estima la CNTR en el periodo considerado alcanzan valores extraordinarios.

Es el caso de la construcción (-14,9%), los servicios de información y comunicaciones (-10,2%) y las actividades profesionales, científicas y técnicas (-13,3%). 

En su Informe anual de 2021 el Banco de España llama la atención (págs. 97 y 98) sobre estas abultadas discrepancias: “En algunas ramas fue especialmente marcada la aparente discrepancia entre el comportamiento de la actividad y el del empleo, más positivo. En el agregado de agricultura, industria y construcción, la afiliación efectiva a la Seguridad Social superaba el nivel precrisis en 0,7 puntos porcentuales en el promedio del primer trimestre de 2022, mientras que su VAB distaba todavía 6 puntos porcentuales de este. La divergencia era especialmente notable en la construcción, donde, en el primer trimestre de este año, el empleo estaba 3,8 puntos porcentuales por encima del nivel previo a la crisis, pero su VAB se encontraba aún 12,9 puntos porcentuales por debajo. Estas diferencias no tienen una interpretación sencilla”.

Comparación a precios corrientes

En la CNTR el PIB a precios corrientes tiene gran interés porque es el relevante para establecer el reparto del VAB entre el trabajo (remuneración de los asalariados) y el capital y la empresa (excedente bruto de explotación y renta mixta de las empresas personales). Por esto, en la óptica de las rentas la CNTR sólo publica los datos a precios corrientes. Además, el PIB a precios corrientes es también el utilizado cuando se mide la presión fiscal aparente (ingresos fiscales/PIB) y el peso de la deuda pública (deuda/PIB) .  

Sobre el ritmo de crecimiento nominal de la economía mercantil en el primer semestre de 2022 deberían existir pocas dudas. Las ventas de VESGEP crecen un 25,4%, el Índice de Cifra de Negocio empresarial (ICNE) del INE un 29% (enero-mayo) y un 23% si se excluye la electricidad. Los ingresos por IVA crecen un 20,6% y un 23% si se incluyen los 800 millones de euros de la rebaja del tipo de la electricidad como indica el Informe mensual de Recaudación Tributaria (IMRT) de junio publicado el 29 de julio.  

Hemos conocido también recientemente, la facturación de las empresas cotizadas, con un crecimiento del 29,5% en el primer semestre y la facturación en España de las empresas del IBEX, con un crecimiento del 52% .  

Por eso resulta tan chocante que la CNTR cifre el crecimiento nominal del PIB en el primer semestre de 2022 en un 9,9%. Y como el PIB real crece un 6,3% en el mismo periodo, el deflactor implícito del PIB en el primer semestre se cifra en un 3,4%, dibujando una economía sin inflación. ¿Cómo es posible con un Índice de Precios de Consumo (IPC) creciendo al 8,5% anual y un índice de precios industriales sin energía al 14% en el mismo periodo?

La pregunta es pertinente porque si se estudia la evolución comparada del IPC y el deflactor del PIB desde 1966 hasta ahora se observará que la diferencia de 5 puntos que se registra en el primer semestre de 2022 es la más alta en los 57 años analizados. En particular, en los años de alta inflación -superior al 8%- desde 1971 a 1986, la diferencia absoluta media entre ambos índices era inferior a un punto.

No obstante, para comparar debidamente el crecimiento nominal de la CNTR con las ventas del VESGEP es necesario, como se ha dicho antes, excluir el VAB de las AAPP, la sanidad y enseñanza, los servicios financieros y la energía. En 2019 esto suponía quedarse con el 74% del VAB total.  

En el gráfico 3 se muestran las ventas totales de VESGEP y el VAB mercantil no financiero, excluyendo energía, de la CNTR, a precios corrientes y sin correcciones de estacionalidad y calendario. Se presentan las series desde el primer trimestre de 2018 con base 100 en el cuarto trimestre de 2019 para identificar con claridad el momento de superación del nivel pre pandemia.  Las series coinciden plenamente en 2018 y 2019 e incluso en el primer semestre de 2020.

La divergencia se inicia en el tercer trimestre de 2020 y se va incrementando paulatinamente. Las ventas del VESGEP superan en un 13% el nivel pre pandemia en el cuarto trimestre de 2021 pero el VAB se mantiene todavía en el 2º trimestre de 2022 un 3% por debajo del nivel anterior a la pandemia. En este último trimestre las ventas VESGEP superan en un 22% el nivel pre pandemia. 

En esta óptica nominal o a precios corrientes, la divergencia entre VESGEP y CNTR se va ampliando también en las tasas de variación anual, como ilustra el grafico 4.

En el segundo trimestre de 2022 las ventas VESGEP crecen un 27,7% mientras que el VAB de la economía mercantil no financiera y sin energía, crece un 11,1%. Una diferencia de 16,6 puntos nunca antes observada.

Paralelamente, el deflactor de las ventas crece un 14,6% en el 2º trimestre de 2022 mientras que el deflactor del VAB mercantil sólo crece un 1,6% en tasa anual en el mismo periodo.

¿Cómo puede explicarse esta extraordinaria y creciente diferencia entre los crecimientos de las ventas y el VAB y entre los correspondientes deflactores?

Se ha señalado antes que la Contabilidad Nacional por el lado de la oferta no mide la producción ni las ventas sino el Valor Añadido Bruto como diferencia entre la producción y los consumos intermedios. Así que quizás la CNTR esté midiendo realmente el VAB. Pero la metodología de la CNTR descarta con claridad esta hipótesis: “Para cada una de las ramas se construyen indicadores sintéticos de valor, de volumen y de precios (normalmente uno de ellos implícito). Dada la ausencia de indicadores trimestrales fiables de valor o de volumen de los consumos intermedios, los indicadores de valor añadido bruto son indicadores de producción como, por ejemplo, indicadores de cifra de negocios, índices de producción, ventas, etc. ”.  

Además, aunque la CNTR estimara el VAB como diferencia entre producción y consumos intermedios, podría discutirse que el VAB mercantil crezca sólo un 10,5% a precios corrientes en el primer semestre de 2022. Para ello el margen o tasa de valor añadido (VAB/V) debería estar reduciéndose como si los empresarios se resistieran a repercutir íntegramente en las ventas los mayores precios de las compras.  

Y existe, de hecho, una fuente de información que avalaría esta hipótesis. Son los datos que la Central de Balances trimestral del Banco de España (CBT) ha publicado el 15 de julio relativos al primer trimestre. Los consumos intermedios crecen un 50% pero la producción sólo crece un 38%, de modo que el incremento del VAB se reduce a un 11,1%. 

Pero la CBT se basa en una muestra de 900 empresas que pueden no ser representativas del conjunto de la economía mercantil. De hecho sólo cubren un 11% del VAB total.  

La única fuente que proporciona información trimestral de máxima cobertura sobre la magnitud y la evolución de las compras, aunque sin detalle sectorial, es la base de de datos con las series históricas de bases, tipos e impuestos devengados, que publica la AEAT acompañando a los Informes Mensuales de Recaudación Tributaria. En esta fuente puede estudiarse la estacionalidad y la tendencia del margen o tasa (V-C)/V desde el primer trimestre de 1995 al primero de 2022, último publicado. 

Los datos del primer trimestre de 2022 muestran una tasa de valor añadido del 22,6%, un 3,2% más alto que el observado en el mismo trimestre de 2021, lo que sugiere que los empresarios trasladan sobradamente a las ventas los incrementos de precios en las compras interiores e importaciones. Las compras crecen un 21,6% pero las ventas, al contrario de lo que ocurre en la CTB, crecen a mayor ritmo -un 22,9%- , de forma que el VAB estimado por diferencia entre ventas y compras, crece un 27,5%.  

Por otra parte, una ventaja de de contar con un impuesto sobre el valor añadido -en lugar de un impuesto sobre las ventas- es que su recaudación es un magnífico indicador de la variación nominal del VAB, en ausencia de cambios en la normativa o en la mecánica liquidatoria. Recuérdese que el empresario ingresa sólo la diferencia entre el IVA repercutido en las ventas y el IVA soportado en las compras. Y el Informe mensual de Recaudación Tributaria (IMRT) de junio publicado el 29 de julio indica que los ingresos por IVA crecen en enero-junio un 20,6% y un 23% si se incluyen los 800 millones de euros de la rebaja del tipo de la electricidad. Este 23% es una buena aproximación al crecimiento del VAB mercantil no financiero en el primer semestre de 2022 aunque, dado el desfase entre las ventas y el ingreso, habrá que esperar al IMRT de julio, que se publicará el 12 de septiembre, para tener la medida más fiable.

Desde esta perspectiva de la aproximación a la evolución del VAB a través del IVA tiene especial interés un deflactor que publica la CNTR y que pasa usualmente desapercibido (ver apartado 4.3 de la Metodología de la CNTR). Es el correspondiente a los impuestos sobre la producción, netos de subvenciones, que en su mayor parte están integrados por el IVA. A precios corrientes los impuestos netos crecen un 19,1% y el deflactor crece un 13%, no muy lejos del deflactor de las ventas del VESGEP. 

Otra indicación de la subestimación del crecimiento nominal de la economía mercantil se desprende de la comparación del crecimiento de la masa salarial que arrojan la CNTR y VESGEP. Para la primera, los sueldos y salarios crecen en el primer semestre de 2022 un 11,4% mientras que VESGEP arroja un 14,7%. 

En resumen, resulta muy difícil explicar la creciente divergencia entre las ventas y el VAB y el reducido crecimiento del PIB nominal y del deflactor del PIB así que sería de enorme interés que la CNTR indicara si se han producido cambios metodológicos y diera las explicaciones pertinentes. ¿Han dejado de ser válidos los indicadores de producción o ventas para aproximar el VAB? Si es así, ¿qué hipótesis se están realizando sobre la tasa de valor añadido?.

Y en todo caso este problema debería servir para solucionar “la ausencia de indicadores trimestrales fiables de valor o de volumen de los consumos intermedios ” que denuncia la Metodología de la CNTR. Esta ausencia podría subsanarse simplemente si el INE pidiese a la AEAT, con el mismo detalle sectorial que las ventas, las compras corrientes y de capital que consignan los empresarios en sus declaraciones de IVA, como hace con la información anual disponible en la estadística de Resultados Económicos y Tributarios en el IVA cuya última edición corresponde a 2020.

La discusión no es una mera cuestión técnica, tiene consecuencias sociales y políticas de distinto alcance. Si los datos definitivos del segundo trimestre que la CNTR publicará el 23 de septiembre no corrigen los del Avance del 29 de julio, la importante subestimación del crecimiento nominal del PIB que vuelve a producirse, presuntamente, en 2022 se traducirá en una nueva e indebida elevación de la presión fiscal aparente ya que los ingresos tributarios en el primer semestre crecen un 18,3%, más de 8 puntos por encima del crecimiento nominal del PIB. Y la carga de la deuda pública sobre el PIB estará incorrectamente medida con consecuencias negativas en la visión que tienen los organismos internacionales y los inversores exteriores.

Además, como el agregado de Excedente Bruto de Explotación y Renta Mixta Bruta de la economía nacional se obtiene como diferencia entre el PIB a precios corrientes y la suma de remuneración de asalariados e impuestos sobre la producción netos de subvenciones (ver apartado 6.3 de la Metodología de la CNTR), la subestimación del crecimiento nominal del PIB exagera de manera incorrecta la participación del factor trabajo en el PIB.