En los primeros 80 muchos partidos españoles de izquierda vieron inicialmente la construcción europea como un proyecto capitalista, tecnocrático y de élites, alejado de los intereses de la población. La integración europea era percibida como un proceso impulsado por sectores socioeconómicamente altos en su beneficio. En décadas posteriores, estas fuerzas evolucionaron hacia un europeísmo crítico, defendiendo la integración, pero denunciando su orientación neoliberal y reclamando un giro social profundo.

En estos momentos, con los nuevos retos a nivel mundial, estamos convencidos que necesitamos que la Unión Europea se fortalezca y se convierta en una entidad autónoma para tomar decisiones con las que poder enfrentarse a las grandes tecnológicas americanas, al empuje de China, para mantener y defender la democracia, para imponer una redistribución más justa de los beneficios de la ultima revolución tecnológica, etc. Necesitamos, en primer lugar, que Europa se constituya como un bloque y en segundo orientarla en beneficio de la mayoría. ¿Pero que queremos decir con autonomía de Europa? Veamos, no exhaustivamente, algunos elementos necesarios para su fortalecimiento y autonomía.

El Informe Draghi, publicado en septiembre de 2024, es un análisis sobre cómo la UE puede recuperar competitividad frente a Estados Unidos y China. El informe diagnostica una Europa con crecimiento lento, baja productividad, energía cara, fragmentación regulatoria y fuertes dependencias externas, y propone un plan de transformación de gran escala. Mario Draghi advierte que, sin acción rápida y coordinada, la UE afrontará una “lenta agonía”, perdiendo autonomía, bienestar y peso global. El continente necesita un salto conjunto en inversión, integración y ambición estratégica para asegurar su competitividad futura.

Europa necesita cerrar la brecha de innovación frente a EE. UU. Para ello, según el informe, Europa necesita invertir masivamente: entre 750.000 y 800.000 millones de euros adicionales al año para digitalización, transición verde, defensa y tecnologías clave. Y esto debería afrontarse mediante deuda común europea para financiar grandes proyectos estratégicos, los llamados eurobonos.

Los eurobonos son títulos de deuda a largo plazo emitidos por la Comisión Europea o el Banco Central Europeo (BCE). Es la deuda conjunta de la UE. Nunca llegaron y muchos piensan que nunca vendrán, aunque la gente los sigue esperando. Sin embargo, el momento es especialmente oportuno para lanzar los eurobonos, ahora que Europa necesita un potente instrumento de deuda soberana. Las condiciones son oportunas para impulsar estos activos seguros, pero la palabra sigue siendo tabú en Alemania.

¿Y que hacer con las grandes tecnológicas fundamentalmente americanas? Los oligarcas de Silicon Valley están manipulando nuestra atención y abriendo paso en sus redes al autoritarismo populista de Trump y de la ultraderecha europea. ¿Qué se puede hacer desde el progresismo para frenar esta dictadura tecnológica y superar la dependencia de Estados Unidos? La primera idea pasa por regular las redes a nivel europeo para que no influyan de forma indebida en nuestras democracias. La segunda establecer, como ha sido sugerido, responsabilidad legal de los directivos de las plataformas por la publicación de contenidos. La tercera regular los desarrollos y la aplicación de la Inteligencia Artificial. Estas ideas han provocado la respuesta airada de Elon Musk, pero son claves para orientar el desarrollo de esta revolución tecnológica.

Son necesarias reformas fiscales en Europa para obligar a las empresas, y en particular a las grandes tecnológicas americanas, a pagar impuestos en los países en los que ofrecen servicios y no solo en aquellos donde tienen sede. Este tipo de planteamientos solo es posible en unidades políticas del tamaño de Europa.

También hace falta unidades políticas de tamaño europeo para imponer un impuesto mínimo a todas las empresas. La OCDE ha impulsado el Impuesto Mínimo Global (IC). Esta medida fue acordada en 2021 y tiene como objetivo garantizar que los grandes grupos multinacionales tributen un tipo mínimo del 15% en todos los países en los que operan. Este sistema, se busca que las multinacionales paguen impuestos justos, independientemente de las reglas fiscales de cada jurisdicción, eliminando prácticas de optimización fiscal agresiva. La Unión Europea limitó su aplicación a multinacionales con ingresos anuales superiores a 750 millones de euros y Estados Unidos a aquellas con más de 1.000 millones de dólares durante tres años consecutivos. En enero de 2025, en Estados Unidos, tras asumir su segundo mandato el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva en la que declaraba que su país se retiraría y no seguiría aplicando las disposiciones del acuerdo fiscal mundial. Estas decisiones del gobierno de EE. UU. hacen más necesaria la autonomía de Europa.

En el aspecto energético Europa es claramente dependiente, no es autónoma. Europa tiene una baja producción de petróleo y gas, debido al agotamiento de yacimientos, y las políticas climáticas adoptadas. Esto genera alta dependencia externa, crisis de precios. Por una parte, Europa paga un precio muy alto por las sanciones contra Rusia, al sustituir gas procedente de gasoductos rusos por Gas Natural Licuado estadounidense mucho más caro. El problema no es solo comprar gas más caro, es que hace a los europeos más dependientes de EE. UU. que últimamente está demostrando que no es un socio del que fiarse. En segundo lugar, estamos convencidos de que las energías renovables son un elemento clave para abordar soluciones al cambio climático cuyas consecuencias ya estamos viendo. A medio plazo la autonomía energética europea se puede conseguir con un fuerte desarrollo de las energías renovables. Esto implica una mayor integración energética y un fortalecimiento de las redes eléctricas europeas.

Hoy muchos piensan que Europa está seriamente amenazada. Vemos que en geopolítica se ha impuesto la ley del más fuerte, Europa está seriamente amenazada por la doctrina Trump: América para los americanos, y eso incluye a Groenlandia. El trumpismo nos ve como un adversario. Y el compromiso de Estados Unidos en la OTAN se desvanece, pero somos completamente dependientes de ellos en sus decisiones y en la compra de material militar. Los problemas de seguridad europeos los tenemos que resolver los europeos. Esto implica que necesitamos integrar las fuerzas armadas europeas en una única fuerza con la capacidad de disuasión adecuada y separar los intereses europeos de los americanos. Eso implica fabricar en Europa el material militar necesario y no tener que comprárselo a EE. UU. Eso significa sacar a Europa de la OTAN o sacar a EE. UU. Europa no puede estar en una alianza que nos hace completamente dependientes de un socio no fiable.

El sistema financiero europeo debe ser autónomo. Desde hace meses, Guillou está sancionado por Estados Unidos por su labor como juez de la Corte Penal Internacional (CPI) al investigar la actuación de Israel en Palestina. Al presidente estadounidense Donald Trump no le gustó que un juez hiciera sus pesquisas sobre un Estado aliado y le sancionó económicamente. Desde entonces, las empresas estadounidenses rechazan sus operaciones de pago. No puede tener una tarjeta de crédito, ni pagar con el móvil, ni comprar ese billete de tren. Las tarjetas de crédito que ofrecen los bancos son solo de Visa y Mastercard. Si Trump considera oportuno sancionar a una persona o empresa cualquier empresa, o persona estadounidense o filial puede estar obligada a aplicar las sanciones y bloquear inmediatamente las transacciones asociadas porque, si no lo hacen, se enfrentan a procesos penales en Estados Unidos. Once juristas del Tribunal Penal Internacional y Francesca Albanese, relatora de la ONU para los territorios palestinos están en la misma situación.

Desde el punto de vista de la gobernanza Europa necesita un mecanismo más eficaz de toma decisiones. La Comisión Europea debe tener mas competencias y las decisiones deben tomarse por mayoría simple. La unanimidad actual es un mecanismo que impide tomar decisiones.

Las universidades europeas están razonablemente bien integradas, pero hace falta un Plan Europeo de Investigación que focalice las capacidades universitarias europeas hacia la consecución de la tecnología necesaria para rebajar la brecha con EE. UU. y China.

Claramente queremos que Europa profundice su democracia y su estado del Bienestar.

Muchos más aspectos hay que analizar para definir lo que entendemos por autonomía de Europa, pero los esbozados arriaba nos pueden dar una idea.

En muchos aspectos Europa no va siguiendo la senda sugerida. Alemania impone sin oposición en Bruselas el ‘diktat’ de la simplificación normativa, tan equivocado como la austeridad de hace 15 años. Esto significa desregular y rebajar las pretensiones del Estado del Bienestar alemán. Las llamadas fuerzas de ultraderecha claman por un mayor nacionalismo, abandonar Europa y someterla a los dictados de EE. UU.

El camino trazado no es fácil, pero es un objetivo que orienta el camino de las fuerzas progresistas. Urge la creación de una fuerza política de tamaño europeo que compita electoralmente por estos objetivos y pueda llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas convencidas de la necesidad de Europa. Quizás la mejor manera sería comenzar este camino con un núcleo reducido de países fuertemente convencidos de la necesidad de Europa.

En las últimas semanas se publica en los periódicos que Amazon recortará miles de puestos de trabajo (una parte de ellos en España). Este anuncio se unió a una lista creciente de empresas de Estados Unidos que han señalado a la tecnología de la Inteligencia Artificial (IA), como una de las razones detrás de sus planes de despidos. Chegg, una empresa de educación en línea, citó las “nuevas realidades” de la IA al anunciar una reducción del 45% de su fuerza laboral. Salesforce recortó 4.000 puestos de servicio al cliente hace poco, su director ejecutivo dijo que los agentes de IA estaban haciendo el trabajo. UPS ha recortado 48.000 puestos de trabajo desde el año pasado, un recorte que el director ejecutivo de la empresa de paquetería ha atribuido en parte al aprendizaje automático. Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, también forma parte de esta oleada con 4.320 despidos anunciados, justificando los recortes por la automatización y la integración de sistemas más avanzados de inteligencia artificial en sus operaciones. Otras empresas tecnológicas importantes como TCS (India) con 12.000 despidos, Accenture con 11.000, y Panasonic con 10.000 completan un panorama de profunda transformación en el sector.

En España el expediente de regulación de empleo (ERE) de Telefónica afectará finalmente a 6.088 personas de las siete sociedades que se verán afectadas por el ajuste en España. Si se aplicara el ERE con esta propuesta inicial, el número total de empleados en las siete sociedades descendería de 17.348 a 11.260 trabajadores, es decir, un 35% del total. Los bancos han despedido en total a cerca de 30.000 trabajadores a través de estos expedientes en 10 años. Elmayor ERE en España desde mediados de la década pasada lo ostenta CaixaBank. A los despidos en banca y telecos se suman un goteo de otros sectores. Uno de los mayores empleadores de España, El Corte Inglés, realizó su primer ERE con 3.300 afectados. 

En el caso de Telefónica, la empresa menciona «la automatización de actividades, unificación, robotización, implantación de nuevas herramientas y la IA como argumento para reducir la plantilla en más de 5.000 personas».

Posiblemente la IA no sea la única culpable de esta reducción de empleo en el sector tecnológico. Durante la pandemia muchas empresas tecnológicas contrataron por encima de sus necesidades reales. Se asumió que el crecimiento sería infinito. La percepción de que existe una burbuja en el sector de las BigTech que puede explotar en cualquier momento puede ser otra causa importante de los actuales despidos.

Está claro que vivimos un momento de importante reducción de empleo en el sector tecnológico y este se justifica en muchos casos por la automatización de actividades mediante la implantación de nuevas herramientas informáticas y la constatación de que los agentes de IA pueden hacer el trabajo de muchos trabajadores.

¿Pero ese afán por automatizar que guía las inversiones actuales en IA es adecuado para conseguir una prosperidad compartida?

Acemoglu, Premio Nobel de Economía, indica que no todas las tecnologías de automatización aumentan realmente la productividad del trabajo. Eso se debe a que las empresas introducen principalmente la automatización en áreas que pueden aumentar la rentabilidad, como el marketing, la contabilidad o la tecnología de combustibles fósiles, pero no aumentar la productividad de la economía en su conjunto o satisfacer las necesidades sociales. "El Big Tech tiene un enfoque particular de los negocios y la tecnología que se centra en el uso de algoritmos para reemplazar a los seres humanos. No es coincidencia que empresas como Google estén empleando menos de una décima parte del número de trabajadores que las grandes empresas, como General Motors, solían hacer en el pasado. Esto es una consecuencia del modelo de negocio de Big Tech, que no se basa en crear puestos de trabajo, sino en automatizarlos".

Según el Premio Nobel, existe un tecnooptimismo que se inspira en el “efecto de arrastre de la productividad”: la arraigada creencia de que el cambio tecnológico —incluida la automatización— genera un aumento de la productividad, que a su vez eleva los salarios netos y da lugar a una prosperidad compartida. Este optimismo contradice los registros históricos y parece especialmente inapropiado vista la tendencia actual de dejar que la IA siga su curso, centrada principalmente en la automatización (reemplazando a las personas).

El desarrollo de una nueva tecnología no tiene por qué seguir una única trayectoria inevitable que busque únicamente automatizar y sustituir a los trabajadores. Alternativamente las nuevas tecnologías, y la IA en particular, pueden complementar a los trabajadores al permitirles trabajar con mayor eficiencia, realizar trabajos de mayor calidad o llevar a cabo tareas nuevas. 

Suponiendo que el objetivo sea mejorar de forma sostenible los resultados económicos de un mayor número de personas, ¿qué políticas situarían el desarrollo de la IA en la senda adecuada, más centrada en potenciar lo que todos los trabajadores pueden hacer en vez de sustituirlos?

El poder concentrado de las empresas socava la prosperidad compartida porque limita el reparto de los beneficios que genera el cambio tecnológico, pero su impacto más perjudicial tiene que ver con la dirección de la tecnología, excesivamente orientada a la automatización, la vigilancia, la recopilación de datos y la publicidad. Para recuperar la prosperidad compartida, tenemos que redirigir la tecnología, lo que significa poner en marcha una nueva versión de la estrategia que funcionó hace más de un siglo con el movimiento progresista.

No hace falta ser un experto en IA para tener voz y voto sobre la dirección del progreso y el futuro que crean estas tecnologías para el conjunto de la sociedad. No hace falta ser un inversor especializado en el sector tecnológico o en capital riesgo para pedir responsabilidades a los empresarios e ingenieros por lo que están haciendo sus inventos.

Reorientar el cambio tecnológico no es fácil, pero sí posible. Para ello se sugiere que Gobiernos de todo el mundo deben ayudar a situar el desarrollo de la IA en una trayectoria complementaria a las personas y no una que las desplace. La sociedad y sus gobiernos tienen que dejar de maravillarse antes los multimillonarios tecnológicos y su agenda de prioridades. El debate sobre las nuevas tecnologías no sólo debería girar alrededor de la genialidad de los nuevos productos y algoritmos, sino también de si están trabajando a favor o en contra de la gente.

Es necesario reformar los modelos de negocio: Los principales desarrolladores de IA expropian con facilidad y sin contraprestación los datos de los consumidores, y su dependencia de la publicidad digital les incentiva a captar la atención de los consumidores por todos los medios posibles. Es preciso que los gobiernos establezcan de forma clara el derecho de propiedad de todos los consumidores sobre sus datos y se graven los anuncios digitales.

El sistema tributario se tiene que actualizar para tener en cuenta los desafíos del presente. En muchos otros países, el código tributario impone cargas mayores a las empresas que contratan mano de obra que a aquellas que invierten en algoritmos para automatizar el trabajo. Las autoridades deben proponerse crear una estructura tributaria que dirija los incentivos hacia opciones tecnológicas que complementen a las personas.

La voz de la mano de obra: Los trabajadores deben tener voz en el desarrollo de la IA, ya que se verán profundamente afectados por ella y deben participar en el reparto de los beneficios aportados por las nuevas tecnologías. Esto implica una mayor participación en los trabajadores en la toma de decisiones estratégicas de las empresas y en el Consejo de Administración de esta. El modelo alemán de cogestión puede ser un ejemplo para seguir, aunque ya hay movimientos en Alemania que piden su eliminación.

La IA en la administración pública debe ser más transparente: La IA penetrará en todos los ámbitos de la inversión, regulación y supervisión públicas. Crear una división de IA consultiva en el seno de la administración pública puede servir una toma de decisiones más oportuna, eficaz y participativa.

El paradigma intelectual dominante en la investigación en IA busca lograr la paridad humana en una amplia gama de tareas cognitivas y, de forma más general, alcanzar una inteligencia general artificial que reproduzca y supere las capacidades humanas. Esta línea de trabajo fomenta la automatización en detrimento del desarrollo de tecnologías complementarias a las personas. Frente a este paradigma debemos reorientar la IA hacia una senda de mayor complementariedad con las personas, usándola a la vez para abordar problemas sociales urgentes, Es necesario ampliar la financiación para estudios que busquen mayor complementariedad de la IA con las personas. Son tareas y un retos muy importantes para la universidades.

Se han usado muchas ideas de Acemoglu citadas más arriba y otras que aparecen en su obra Poder y Progreso.

Según leemos en los periódicos una idea inquietante ha empezado a tomar fuerza en Francia y Alemania: nos dicen y nos repiten que el estado de bienestar ha dejado de ser sostenible. Europa presumió durante décadas de haber hallado la fórmula perfecta para conjugar prosperidad económica con justicia social: hospitales abiertos a todos, universidades asequibles y jubilaciones dignas tras una vida de trabajo. Ese pacto entre generaciones, envidiado al otro lado del Atlántico, se había convertido en la marca de identidad del continente.

En Francia la reciente dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu, incapaz de pactar un ajuste presupuestario, resume el dilema: recortar drásticamente o mantener un bienestar cada vez más difícil de costear en un país donde la ciudadanía sigue considerando esos derechos como inalienables. El anterior primer ministro François Bayrou propuso un durísimo plan de ajuste presupuestario para evitar que el país sufra, según sus palabras, una crisis de deuda.  

La fragilidad no se limita a Francia. Alemania, el otro gran sostén histórico de la Unión Europea, afronta recesión industrial y deterioro de infraestructuras. Friedrich Merz ha advertido a sus ciudadanos de que “el Estado del bienestar” de Alemania “ya no es sostenible financieramente”. Por ello ha querido preparar a los alemanes para una oleada de recortes. Los habitantes se enfrentarían en los próximos meses a unos recortes que afectarían al gasto social, al acceso a ayudas por desempleo o podrían incluso reformular la renta básica.

Junto a esos recortes Alemania ha puesto en marcha un plan de rearme que quiere convertir el ejército alemán en el más poderoso de la Unión Europea. Alemania quiere erigirse en el principal vector defensivo del centro y el norte de Europa, al margen de Estados Unidos.

Un estudio liderado por el Nobel de Economía Joseph Stiglitz nos informa de que la desigualdad va aumentando de forma vertiginosa: el 1% más rico de la sociedad acaparó el 41% de la riqueza creada desde el año 2000: el 50% más pobre solo el 1%. El estudio afirma que los países con alta desigualdad tienen siete veces más probabilidades de experimentar un declive democrático que aquellos más equitativos y pone el foco en la riqueza heredada y el control de las tecnológicas.

Estamos inmersos en una batalla cultural: el individualismo frente a la primacía de una visión colectiva de la sociedad. Una batalla cultural que está ganando la derecha europea y española. Se está imponiendo la idea del sálvese quien pueda

En España un macroestudio de Cáritas afirma que hay una generación atrapada en la precariedad: 2,5 millones de jóvenes españoles sufren pobreza o exclusión. El estudio resume que con las vías de ascenso social cada vez más frágiles, el informe detecta un “malestar generacional” que erosiona la confianza en las instituciones. “La juventud española vive con profundo pesimismo ante su futuro, marcado por la precariedad laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la dependencia familiar y la imposibilidad de construir un proyecto vital autónomo”. El ascensor social se avería en España: es uno de los países ricos con más desigualdad de oportunidades. La OCDE sostiene que, de media, una cuarta parte de las diferencias socioeconómicas se explica por razones impuestas o heredadas. En España, la proporción supera el 35%.

En esta situación el principal partido de la oposición, entre otros partidos, pide menos impuestos: en Madrid siguen bajando los impuestos principalmente de las rentas altas, en Andalucía está aplicando rebajas de impuestos. En ambas comunidades junto a la rebaja de impuestos se están llevando a cabo unos importantes recortes en Sanidad, Universidades, etc. Además se está empezando a introducir una idea peligrosa: Feijóo empieza a contraponer Democracia contra Prosperidad. El presidente del Partido Popular español nos está diciendo que en un futuro habrá que escoger entre democracia y prosperidad. Que para vivir mejor habrá que rebajar la democracia.

Muchos jóvenes han crecido escuchando que vivirán peor que sus padres, que el futuro es más caro y más difícil de lo que esperaban. Muchos argumentan que los partidos tradicionales no entienden sus problemas, así que algunos han decidido ser rebeldes, pero esta vez, rebeldes de derecha. Incluso de extrema  derecha. El furor antiimpuestos y la tolerancia ante el fraude calan entre ellos. Los varones de 18 a 44 años muestran una visión de Hacienda más negativa que el resto de la sociedad. El grupo hasta los 24 es el más indulgente ante las trampas fiscales. La ultraderecha está buscando y ganando el voto de los más jóvenes.

Estamos inmersos en una batalla cultural: el individualismo frente a la primacía de una visión colectiva de la sociedad. Una batalla cultural que está ganando la derecha europea y española. Se está imponiendo la idea del sálvese quien pueda. Estamos llegando a un individualismo extremo donde lo único relevante es cada individuo en particular, sin considerar a los demás, a los que tiene cerca. Piden eliminar impuestos sin tener en cuenta que eso hará desaparecer el estado de bienestar y votan a opciones que ponen en cuestión la existencia del estado intervencionista y hasta la misma democracia.

¿Pero esto es lo que queremos? ¿Esto es por lo que hemos luchado tantos años? ¿Realmente es la única forma de avanzar? ¿Debemos permitir que los ultrarricos sigan quedándose con la parte más importante del crecimiento económico? ¿El estado del bienestar es verdaderamente insostenible y sólo una pequeña parte de la población puede tener derecho a una sanidad de calidad, al acceso a universidades, a una pensión que les permita vivir, etc.? ¿Es mantenible la democracia o debemos ceder el poder a dictadores de uno u otro tipo?

Estamos convencidos que democracia, prosperidad e igualdad económica van de la mano. Se tienen que dar la tres la vez. En Europa, aunque no en España, el período histórico posterior a la segunda guerra mundial hasta mediados de los 90 del siglo pasado ha sido un ejemplo de esa afirmación

El gran problema no es que estas ideas se estén expandiendo rápidamente, el problema es que las ideas alternativas no se defienden con suficiente entusiasmo por las fuerzas progresistas. Entiendo que progresista político es una persona partido o corriente política que defiende ideas y actitudes avanzadas frente al conservadurismo en aspectos sociales, culturales y económicos, es partidaria del progreso social y político, el desarrollo de las libertades públicas y una mayor intervención del Estado para corregir injusticias y desigualdades. 

Estamos convencidos que democracia, prosperidad e igualdad económica van de la mano. Se tienen que dar la tres la vez. En Europa, aunque no en España, el período histórico posterior a la segunda guerra mundial hasta mediados de los 90 del siglo pasado ha sido un ejemplo de esa afirmación. Fortalecer la democracia significa impedir la desigualdad que está aumentando. Fortalecer la democracia significa que la mayoría disponga de un estado de bienestar que le permita tener una sanidad de calidad, acceso a la enseñanza y a la universidad, atención a las necesidades de dependencia cuando son necesarios, etc. Para ello es necesario que los ultrarricos paguen más impuestos, que el Estado intervenga el mercado en beneficio de la mayoría y no permita que todos los beneficios se concentren en unos pocos.

¿Pero como conseguimos eso? Las fuerzas progresistas deben elaborar propuestas mas ambiciosas. Propuestas que incluyan la idea de un reparto más equitativo, no sólo de los nuevos beneficios anuales que produce el progreso. También el reparto de las propiedades actuales muy concentradas en pocas manos. Eso se consigue con impuestos sobre los ingresos y con impuestos sobre el patrimonio. Tanto en Francia como en Alemania los partidos en el gobierno plantean reducir o eliminar el estado del bienestar, pero no elevar impuestos a los más ricos, no plantean que el Estado intervenga para reducir el precio de los alquileres, para asegurar la calidad de los productos alimenticios, para abaratar el precios de la energía, etc., pero si usan al Estado para poner en marcha un plan de rearme de una tamaño inimaginable hasta ahora.

Estamos convencidos que una de las causas de la situación actual: expansión de la ultraderecha, aumento de la desigualdad, pérdida de confianza de los jóvenes en sus futuro, deterioro del estado del bienestar, deterioro de la democracia, etc., es la falta de ambición de las fuerzas progresistas. Es la falta de propuestas ilusionantes para la mayoría. La falta de propuestas que imaginen un mundo mejor. Parece como si las fuerzas progresistas hayan aceptado la situación como irreversible.

Claramente debemos pedir una tasa Tobin, Impuesto sobre las Transacciones Financieras, pero bien diseñada, que vaya más allá de la que se usa en España y un sistema fiscal más progresivo. Ideas en esta línea han sido sugeridas por algunos de los Inspectores de Hacienda del Estado

Por suerte algunas ideas van apareciendo: Mario Draghi, exjefe del BCE, afirma que “el Estado del bienestar no es un lastre en Suecia, que tiene la mayor ratio de gasto social y a la vez las mejores cifras de competitividad. El Estado del bienestar no es el problema; el gasto social no es el problema”

España, Brasil y Sudáfrica impulsan un plan para aumentar la tributación de los superricos. Los gobiernos impulsores consideran que la creciente desigualdad está relacionada con la “baja contribución de las personas con alto patrimonio, que disfrutan a menudo de tasas impositivas menores que el resto de los contribuyentes”. La declaración considera que, si no se toman medidas, “la desigualdad extrema seguirá aumentando, socavando el crecimiento, la sostenibilidad y la confianza pública en la democracia”.

En Francia se ha discutido, en una sesión maratoniana de la Asamblea Nacional, la tasa Zucman que propone un impuesto del 2% a los patrimonios superiores a los 100 millones de euros, incluido el valor de las acciones que poseen los empresarios en sus propias compañías. Finalmente se ha rechazado pero ya es un importante comienzo.

¿Porqué no circulan estas ideas en los partidos progresistas españoles? La respuesta, ya excesivamente repetida, es que los ricos se llevarán sus recursos a otra parte y por eso no vale la pena intentarlo. Pero ya hay maneras de concretar ese impuesto para que eso no ocurra: Piketty, Simon Thorpe dan algunas soluciones.

Claramente debemos pedir una tasa Tobin, Impuesto sobre las Transacciones Financieras, pero bien diseñada, que vaya más allá de la que se usa en España y un sistema fiscal más progresivo. Ideas en esta línea han sido sugeridas por algunos de los Inspectores de Hacienda del Estado.

Pero hemos de ser conscientes que vivimos y queremos vivir en una democracia y que para que la subida de impuestos a los ricos sea posible, para que un reparto mas equitativo de los beneficios del progreso sea posible, es necesario que la mayoría de la población lo vea deseable y vote a partidos políticos que llevando estas propuestas consigan mayorías parlamentarias. Frente a la corriente antiimpuestos que se está extendiendo junto a la expansión de la ultraderecha no sólo es necesario que los partidos progresistas propongan subir los impuestos a los ricos. Es muy importante convencer a la mayoría de la utilidad de estas propuestas. Los progresistas debemos convencer al ciudadano de que los impuestos son completamente necesarios para mantener el estado del bienestar. Debemos estar pendientes de que se usan bien, que se usan de la manera más eficaz posible. Debemos hacer mas transparente el destino final de los impuestos. Debemos convencer al ciudadano de la necesidad de un Estado que intervenga el mercado en beneficio de la mayoría.

Estamos viviendo unos momentos donde vemos como los algoritmos de Inteligencia Artificial (IA), las inteligencias artificiales, pueden procesar enormes cantidades de datos y a partir de ellos proponer soluciones a problemas técnicos y sociales. En definitiva,  ayudar a gestionar un mundo cada vez más complejo. Muchos se preguntan si la política sobrevivirá a la informática, si es posible la política cuando se complican los procedimientos para la toma de decisiones colectivas en un entorno de creciente complejidad, donde los algoritmos son capaces de analizar datos y proponer soluciones.

Se extiende la idea de que los algoritmos neutralizan los prejuicios subjetivos mediante procedimientos exactos de decisión y por lo tanto pueden hacer innecesaria la política. Algunas organizaciones justifican sus decisiones en que han sido tomadas por un algoritmo. Se nos intenta convencer de que cualquier desafío social puede resolverse como un problema técnico cuya solución simplemente requiere procedimientos algorítmicos, que el análisis de datos conduce a una única elección racional y por lo tanto hace innecesario el debate político y la política.

La filosofía alrededor de los nuevos algoritmos de IA se mezcla y se refuerza con una vieja tradición –podemos llamarla tecnocracia– que considera que existe una objetividad indiscutible proporcionada por la tecnología, por algoritmos de algún tipo,  para la solución de cualquier diferencia de opinión. Esta filosofía nos quiere convencer de que con la objetividad algorítmica las ideologías quedan obsoletas al ser superadas por los algoritmos.

Si confiamos demasiado en que esos datos son neutrales y justos, podemos olvidar que detrás de ellos hay intereses

Pero los algoritmos de inteligencia artificial aprenden a partir de datos que ya existen, mirando al pasado y copiando patrones, detectan correlaciones que no tienen porqué ser causalidades. Detecta patrones que no tienen porqué se inmutables y pueden ser casuales. Si confiamos demasiado en que esos datos son neutrales y justos, podemos olvidar que detrás de ellos hay intereses. Esto puede hacer que no investiguemos las posibles discriminaciones que generan y que no pensemos en otras soluciones alternativas.

Los datos, tomados de la realidad social, reflejan diversas formas de poder que no siempre están justificadas. Contienen estructuras y reglas sociales que los algoritmos repiten automáticamente, incluso si parecen imparciales. Confiar demasiado en los datos puede hacernos creer que ofrecen una verdad absoluta, cuando en realidad no muestran el contexto ni incluyen toda la realidad.

En muchos casos se ignoran a determinados grupos: los que no están asegurados, los que no tienen permiso de residencia, ni acceso a los servicios de salud, los que no tienen formación digital, etc. A veces se ignoran a los que están fuera de las normas establecidas. En muchos casos tienen sesgos que se heredan de la propia realidad. Mejorar los algoritmos siempre es muy necesario, pero podemos creer que para conseguir la objetividad de los algoritmos es suficiente con mejorar los datos.

Aunque los datos fueran perfectos, aunque incluyeran a todos los grupos, aunque se hubieran eliminado los sesgos más evidentes, siempre reflejan la realidad con sus desigualdades y discriminaciones. Los datos transmiten el statu quo y lo reproducen. Reflejan la sociedad como está, con sus reglas de funcionamiento aunque estas reglas sean del interés de algunos grupos solamente.

La predicción algorítmica da al statu quo un carácter inmutable, aunque la situación analizada esté plagada de desigualdades evidentes para muchos

Los algoritmos suelen acertar cuando advierten de que un grupo de población suele cometer más delitos que otro, pero no se preguntan por qué eso es así y mucho menos se plantean decisiones políticas para poner remedio a esa realidad. La predicción algorítmica da al statu quo un carácter inmutable, aunque la situación analizada esté plagada de desigualdades evidentes para muchos. Los algoritmos no solo describen la realidad existente, sino que influyen en cómo debe ser entendida o gestionada, como si sus predicciones tuvieran autoridad para establecer lo que es correcto, esperado o aceptable. En definitiva los algoritmos refuerzan las desigualdades existentes mediante previsiones supuestamente objetivas.

El hecho de que automaticemos ciertas decisiones individuales o colectivas implica grandes beneficios en términos de efectividad. Sin embargo, este potencial puede constituir una amenaza si implica una rendición absoluta de nuestra soberanía. En definitiva, ¿quién decide cuando, aparentemente, nadie decide? ¿Quién se beneficia cuando parece que nadie está decidiendo, en la medida que las decisiones las toma un algoritmo? Porque en las sociedades humanas siempre hay algunos grupos que se benefician de lo producido por otros.

Queremos vivir en una democracia y una cuestión clave es decidir si nuestras vidas deben estar regidas por procedimientos algorítmicos. El interrogante fundamental es qué lugar ocupa la decisión política en una democracia algorítmica. La democracia es libre decisión, voluntad popular, autogobierno. ¿Hasta qué punto es esto posible y tiene sentido en los entornos algorítmicos que anuncia la inteligencia artificial? En definitiva que decisiones queremos dejar a los algoritmos y por lo tanto sacarlas de la contienda política.

Frente a los algoritmos la política tiene, entre sus funciones más características, el objetivo de formular proyectos de ruptura con esa realidad tan insatisfactoria para muchos desde distintos puntos de vista

Frente a los algoritmos la política tiene, entre sus funciones más características, el objetivo de formular proyectos de ruptura con esa realidad tan insatisfactoria para muchos desde distintos puntos de vista. La política se pregunta qué datos requieren las decisiones políticas que queremos tomar en vez de solo justificar una decisión política con los datos existentes.

Las decisiones políticas son algo más que cálculos; los problemas persistirán siempre que usemos únicamente datos para adoptar decisiones que implican juicios sociales y de valor. Un ejemplo ilustrativo de las limitaciones de los modelos algorítmicos lo constituye un programa que ha estimado que los pasajeros de primera clase del Titanic presentaban una mayor probabilidad de supervivencia. No obstante, esta inferencia no debe interpretarse como una valoración moral sobre quién merecía sobrevivir.

Si se aplicara esta lógica al ámbito de los seguros, aunque de hecho se aplique usualmente, se podría concluir que los viajeros de primera clase deberían abonar primas más bajas, lo cual resulta socialmente inaceptable, ya que implicaría penalizar a quienes no disponen de los mismos recursos económicos. Este caso evidencia que ciertos juicios requieren una comprensión ética y contextual que excede las capacidades de los sistemas automatizados, y que solo puede ser aportada por la intervención humana.

La cuestión clave es cómo combinar los beneficios de la automatización, los beneficios de los algoritmos de IA, con los mecanismos de decisión de las sociedades democráticas donde los ciudadanos deben tener la última palabra. Automatizar ciertas decisiones individuales o colectivas implica grandes beneficios en términos de efectividad. Pero este potencial puede constituir una amenaza si implica una rendición absoluta de nuestra soberanía, de nuestra capacidad de decisión.

Se están instalando algoritmos de IA en las administraciones públicas y en las empresas y nos quieren convencer de que sus decisiones son neutrales y las únicas posibles. Pero en la época de la IA la política no sólo no desaparece sino que es allí donde propiamente comienza y tiene sentido. Politizar, democratizar, implica, siempre, complicar ciertas cosas que antes estaban cómodamente decididas por la tradición, cuestionar la autoridad establecida, ampliar el campo de lo políticamente discutible, en suma, ampliar las posibilidades.

Resulta inquietante ver como la digitalización, los algoritmos en general y de los de IA en particular, se presentan como un proceso despolitizado; se insiste demasiado en su determinismo que nos invita a renunciar a decidir, a imaginar un mundo diferente

Resulta inquietante ver como la digitalización, los algoritmos en general y de los de IA en particular, se presentan como un proceso despolitizado; se insiste demasiado en su determinismo que nos invita a renunciar a decidir, a imaginar un mundo diferente. Este determinismo puede llevarnos a renunciar a la política y en ese caso ya han ganado los actuales vencedores: los que acumulan la mayor parte de las riquezas y del poder real y se seguirán perpetuado las actuales desigualdades.

En esta época de algoritmos inteligentes debemos reivindicar la política, con todas sus imperfecciones, como el mecanismo humano de toma de decisiones, posiblemente ayudada por la IA.

Muchas de las ideas anteriores son reelaboraciones de las expuestas en Una teoría crítica de la inteligencia artificial. Galaxia Gutenberg de Daniel Innerarity.

Estamos en un momento de muchas urgencias nacionales e internacionales que atraen nuestra atención: el avance de la corrupción en España, el genocidio de Gaza, el aumento de los aspectos despóticos del gobierno de EEUU, el cambio climático, la restringir los derechos de los colectivos LGTBI, etc. Pero también debemos mirar a medio plazo. El Estado del Bienestar, su fortalecimiento o deterioro es un problema que nos preocupa a muchos.

El Estado del Bienestar surgió en respuesta a las crisis económicas del siglo XX, como la Gran Depresión, se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló como respuesta al atractivo que podía generar en aquellos momentos el bloque soviético. Una revisión de la economía clásica llevó a pensar que el Estado debería asegurar un nivel mínimo de vida para todos sus ciudadanos, a través de políticas públicas y sistemas de protección social. Su objetivo era evitar las flagrantes desigualdades sociales. Hoy, esa política de bloques que dividía al mundo entre capitalismo y socialismo ya no existe, pero sí continúa habiendo conmociones y sacudidas, ya sea en forma de crisis financieras, pandemias o de inflación.

Antes de nada, hay que entender la magnitud del fenómeno. España se encuentra tradicionalmente por debajo de la eurozona en gasto sobre el PIB en todas las partidas tradicionales del Estado del Bienestar, según los datos de la oficina estadística europea, Eurostat. En sanidad, la media de los países que comparten moneda se situó en 2022 en el 7,9% del PIB, un punto porcentual por encima de España. En educación, la brecha fue algo menor: 4,6% frente a 4,4% del PIB. La misma tónica se registró en vivienda, en protección social y en el resto de los servicios generales.

Como vemos el Estado del Bienestar en España ha ido creciendo, pero nunca ha llegado al nivel europeo. Actualmente la generación de jubilados ven la situación de forma completamente diferente que sus nietos. La tranquilidad que supone para los jubilados ver cubiertas sus necesidades básicas tras una vida de trabajo, convive con la incertidumbre y la esperanza de sus nietos que temen que el futuro no le ofrezca ese grado de estabilidad. El futuro “pinta feo” dicen los nietos resignados. A esto se le suma la crisis en la sanidad pública, la falta de inversiones en universidades públicas y enseñanza pública en general, la falta de vivienda pública, la falta de atención a la dependencia, etc. La exigencia de la OTAN de que España aumente el gasto militar hasta un 5% del PIB hace que el problema sea mucho mayor. Todos estos mimbres ponen el futuro del Estado del Bienestar contra las cuerdas. Hay una frustración creciente entre los jóvenes, que sienten que el Estado del Bienestar no les protege, que no les arropa. Hay entre los jóvenes percepción de abandono.

Hay que aumentar la transparencia en el uso de los impuestos y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en los servicios públicos

¿Ha tocado techo el Estado del Bienestar? ¿Puede el sistema seguir sosteniéndose y ofreciendo las mismas garantías o más? ¿Se puede revertir la sensación cada vez mas extendida entre los jóvenes que han perdido la confianza y piensan que no van a tener pensiones, que la sanidad pública no los va a atender, etc.?. Si queremos mantener el Estado de Bienestar hay que gastar tanto o más que ahora y si a la vez debemos corregir el déficit no queda otro camino que aumentar los ingresos públicos. La viabilidad del Estado del Bienestar es una cuestión meramente política y se resuelve tomando decisiones políticas: hay que aumentar los ingresos públicos vía aumento de impuestos y hay que justificar ante los ciudadanos que sus impuestos están bien administrados y son usados eficientemente.

Aumentar los ingresos públicos implica aumenta los impuestos a la riqueza y al patrimonio de los ricos. Como sostiene Piketty en Le Monde eso es posible y se ha hecho en el pasado. Aumentar los ingresos públicos supone aumentar los gravámenes sobre los beneficios empresariales extraordinarios o establecer un mínimo global de al menos un 15% en el impuesto de sociedades. Estas ideas ya se explicado de forma amplia por otros autores además de Piketty, ahora hay que dar el paso y concretarlas. Hay que empezar aumentando los impuestos a los muy ricos si queremos convencer a las clase medias que sus impuestos son necesarios. Y ese aumento a los muy ricos debe ser explicado. Esta es tarea urgente para las fuerzas políticas progresistas si quieren que su electorado no las abandone.

El segundo aspecto ha sido menos tratado: hay que justificar ante los ciudadanos que sus impuestos están bien administrados y son usados eficientemente. Hay que aumentar la transparencia en el uso de los impuestos y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en los servicios públicos. Hay que evaluar los resultados de los servicios públicos frente a los objetivos buscados y los ciudadanos deben participar en esa evaluación.

Toda Administración moderna necesita una función pública profesional. De ella depende la calidad en los servicios públicos que recibimos, el cumplimiento de las normas que nos damos o la lucha contra la corrupción. Sin ella, es muy difícil el progreso económico y social de un país a medio y largo plazo. La falta de empleados públicos profesionales y dedicados lastra el desarrollo económico de buena parte de los países del mundo. Para conseguirlo, es necesario que sean elegidos conforme a sus méritos y capacidades. Pero, además, es igualmente imprescindible que su desempeño sea evaluado continuamente. La evaluación es necesaria para dar responsabilidades e incentivos a los más capaces y formar a quienes lo necesiten.

Se piensa poco en evaluar el desempeño de los empleados públicos, para reconocer y premiar a los mejores y obligar a los peores a mejorar su desempeño. Se piensa poco en crear vías de participación de los ciudadanos en la gestión y orientación de los servicios del Estado de Bienestar

Los funcionarios son completamente necesarios para mantener los servicios públicos, pero en un amplio sector del funcionariado está establecida la idea que mejorar el Estado del Bienestar es mejorar su salario y sus condiciones laborales. Frente a este sector funcionarial hay un amplio sector de la población que ve a los funcionarios como una capa privilegiada de la sociedad por su estabilidad laboral, sus ingresos superiores a la media, y, en muchos casos, una falta de evaluación de sus resultados individuales y de los servicios públicos en general. Esta sensación de una parte de la población puede llevar a que se extienda la idea que los impuestos no están justificados.

Es tarea de la fuerzas progresistas abordar el problema. Es tarea de la fuerzas progresistas evaluar el resultado de los servicios y funcionarios públicos, premiar a los mejores y obligar a los peores a mejorar su desempeño. Es tarea de la fuerzas progresistas buscar mecanismos para la participación de los ciudadanos en la toma decisiones en los servicios públicos. Ante estas propuestas la mayoría del funcionariado se pone a la defensiva pero son necesarias para rendir cuentas y para acercar la gestión de los servicios públicos a la ciudadanía que los mantiene con sus impuestos. Son necesarias para poner al ciudadano en el centro de los servicios públicos.

Algunas de estas ideas ya las hemos desarrollado anteriormente en ¿Hay que evaluar a los funcionarios?

Hace poco Óscar López, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, ha anunciado una reforma de la Administración ambiciosa, centrada en los ciudadanos y preparada para el desafío digital. Pero, debemos preguntarnos ¿es suficiente?. Mi impresión es que no. Se sigue pensando que mejorar la administración pública es sólo mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. Pero se piensa poco en la participación del ciudadano en la gestión de esos servicios. Se piensa poco en evaluar el funcionamiento y los resultados de los servicios públicos, para reorientarlos si es necesario. Se piensa poco en evaluar el desempeño de los empleados públicos, para reconocer y premiar a los mejores y obligar a los peores a mejorar su desempeño. Se piensa poco en crear vías de participación de los ciudadanos en la gestión y orientación de los servicios del Estado de Bienestar.

En el caso de la enseñanza primaria y secundaria deberían crearse órganos comarcales para evaluar las necesidades y los resultados de los centros de esa comarca, para optimizar la distribución del profesorado y evaluar su desempeño

La evaluación de los hospitales públicos, de los médicos del sistema público y de la atención primaria es de gran interés para los ciudadanos: por aumento de las listas de espera, los días de espera para las citas en primaria, etc. Este es claramente un problema de falta de inversión, de falta de recursos públicos dedicados a la sanidad, pero no solo eso. Además debemos acercar la administración de la sanidad pública a los ciudadanos que son los que pagan los impuestos. Hay que crear vías para que eso sea posible: posiblemente en cada uno de los grandes hospitales y las zonas que atienden deban existir comisiones con participación ciudadana que evalúen los servicios y los profesionales, exijan los recursos económicos necesarios de la administración autonómica y se lo hagan ver al resto de la población.

En el caso de la enseñanza primaria y secundaria deberían crearse órganos comarcales para evaluar las necesidades y los resultados de los centros de esa comarca, para optimizar la distribución del profesorado y evaluar su desempeño. Estos órganos deberían tener competencias que ahora están en las delegaciones provinciales de la Consejería de Educación. Estos órganos deben incluir ciudadanos y no sólo profesionales. La participación de los padres sólo en los Consejos Escolares es insuficiente.

Hay mucho más servicios públicos en los que habría que crear mecanismos de participación: la vivienda pública, la dependencia, el transporte, las universidades, etc. Al caso de la justicia habría que dedicar más tiempo, pero, como servicio público que es, debería ser evaluado y en esta evaluación debe participar la sociedad de alguna manera. La evaluación de los funcionarios del sistema judicial y de los juzgados debe hacerse y no debe dejarse únicamente en las manos de los propios jueces. Evidentemente evaluar la justicia y que en esa evaluación participe la sociedad no es tarea fácil porque los jueces y fiscales creen que en la justicia sólo deciden ellos. La prueba es la huelga ilegal promovida por todas las asociaciones menos las progresistas contra las reformas del gobierno.

En definitiva, debemos poner al ciudadano en el centro de los servicios públicos para que sienta que sus impuestos están siendo bien utilizados. Es tarea de la fuerzas progresistas si quieren que sus votantes no se sientan abandonados.

Durante décadas ha dominado la idea de que los súper ricos triunfan porque trabajan duro y son inteligentes. El economista de la Universidad de Harvard Gregory Mankiw lo sintetizó en un artículo de 2013, titulado En defensa del uno por ciento: “el grupo más rico ha hecho una contribución significativa a la economía y en consecuencia se ha llevado una parte importante de las ganancias”.

De esa mirada se derivan ideas que están muy presentes: que la riqueza es un premio justo al esfuerzo (de lo que se sigue que el rico se merece su riqueza y los pobres tienen responsabilidad por su situación); y que el rico es un actor valioso para nuestra sociedad, porque estos “altamente educados y excepcionalmente talentosos individuos”, como los describe Mankiw, generan su propio bienestar y el del resto. Además, muchos piensan que super ricos como Bill Gates hacen donaciones y filantropía y eso es bueno para todos.

Tras la crisis financiera de 2008 esas ideas han sido puestas en duda. Investigaciones en el área de la educación han mostrado que los ricos no son excepcionalmente inteligentes sino, más bien, personas normales que, por el azar de nacer en familias adineradas, accedieron a una educación que les garantizó pertenecer al 10% de más altos ingresos y aprendieron en la escuelas de elite a comportarse como privilegiados: interiorizan los gustos, las maneras y los contactos que permiten ser reconocidos como parte de un club. En otras palabras, no serían personas de inteligencia sobresaliente o muy bien preparadas, sino seres normales con una excepcionalmente buena red de contactos.

La economista Mariana Mazzucato en el Estado Emprendedor ha mostrado que incluso en las áreas tecnológicas, donde domina la idea del ingeniero genio haciendo maravillas en su garaje, el financiamiento del Estado ha sido el actor central (Apple, dice Mazzucato, le puso diseño “cool” a tecnología que se generó en programas financiados por el Estado norteamericano para ganar la Guerra Fría).

Los superricos viven en un mundo aparte, en su burbuja; y aun cuando ellos crean que se merecen esos patrimonios, desde una perspectiva de bien común e interés público, ¿es justificable?

Generalmente las cuestiones de justicia distributiva se han centrado en satisfacer las necesidades mínimas de las personas, priorizar a los más desfavorecidos y reducir las desigualdades: el salario mínimo interprofesional y la renta básica universal son ejemplos de este enfoque. Pero empiezan a aparecer otros puntos de vista como Fair Limits que tienen un enfoque adicional: la visión de que deberían existir límites superiores a la cantidad de riqueza que cada persona puede poseer. Es el enfoque conocido por limitarismo. Ingrid Robeyns es una de las autoras más relevantes de este proyecto.

La riqueza extrema en manos de una pequeña minoría pone en peligro la democracia. El ejemplo cercano lo tuvimos el día de la toma de posesión de Trump rodeado de la élite tecnológica estadounidense. Los demócratas del mundo, no solo los progresistas, debemos rebelarnos contra esta “tecnocasta de Sillicon Valley”

En la riqueza total se incluye tanto activos financieros (dinero en cuentas, acciones, bonos, etc.) como activos no financieros (viviendas y otros). Un millonario sería aquel que tiene de riqueza más de 1 millón de dólares (900.000 euros aproximadamente). Un multimillonario aquel que tiene más de mil millones de dólares.

El 2024 fue un gran año para los ricos. En España hay 30 personas que acumulan un patrimonio superior a los mil millones de euros (milmillonarios) y durante el año pasado vieron como sus cuentas engordaban un 20%, según cuantifica un informe de Oxfam. Y hay 1.180.703 millonarios (dólares), según los datos de UBS. En los próximos años se espera que el número de millonarios en España siga creciendo. Así, según las estimaciones de UBS, en 2028 podría haber más de 1.327.797 personas en España con un patrimonio mayor de 1 millón de dólares, lo que supondría un crecimiento del 12%.

Según cálculos recientes de Bloomberg, el patrimonio de Elon Musk asciende a 439.200 millones de dólares (unos 418.500 millones de euros), una cifra que supera el Producto Interno Bruto (PIB) de Dinamarca, estimado en unos 400.000 millones de dólares y es aproximadamente un tercio del PIB de España.

La riqueza extrema en manos de una pequeña minoría crea ventajas de poder significativas en el terreno político, incluso en las democracias. La riqueza extrema en manos de una pequeña minoría pone en peligro la democracia. El ejemplo cercano lo tuvimos el día de la toma de posesión de Trump rodeado de la élite tecnológica estadounidense. Los demócratas del mundo, no solo los progresistas, debemos rebelarnos contra esta “tecnocasta de Sillicon Valley”.

El anterior presidente americano Joe Biden declaró: “Actualmente en Estados Unidos está tomando forma una oligarquía de extrema riqueza, poder e influencia que realmente amenaza toda nuestra democracia, nuestros derechos y libertades básicas y la posibilidad justa de que todos salgan adelante”. La advertencia de Biden llegaba en un momento en que algunas de las personas más ricas del mundo y gigantes de la industria tecnológica se han unido a Trump. El multimillonario Elon Musk gastó más de 100 millones de dólares para ayudar a que Trump resultara elegido, además del apoyo que le dio utilizando su red social X difundiendo contenidos falsos. Se permitió el lujo de apoyar a la extrema derecha alemana inmiscuyéndose en la campaña electoral alemana.

Una opinión bastante habitual entre las élites políticas de muchas democracias occidentales es la idea de «delegar en los tecnócratas». Este punto de vista defiende que las decisiones políticas importantes, como la política monetaria y fiscal, los rescates financieros, la reducción del cambio climático y la regulación de la inteligencia artificial, deberían estar en manos de expertos tecnócratas. Es decir de la élite de Silicon Valley. Sin embargo, fue precisamente esa visión tecnócrata la que condujo a las políticas que dieron carta blanca a los banqueros de Wall Street y, más adelante, justificaron su rescate y absolución durante la crisis de 2007-2008 en unos términos increíblemente generosos. Una opinión bastante habitual entre las élites políticas es que la orientación de las tecnologías, las prioridades de inversión deben ser tomadas por esa la élite de Silicon Valley. Pero sabemos que la forma de utilizar una tecnología en particular siempre se entrecruza con la visión y los intereses de los individuos que ostentan el poder y tienden a reforzar su poder y su estatus. Frente a esto necesitamos dirigir las prioridades de inversión y la dirección de las tecnologías en beneficio de la mayoría.

¿Cuál debe ser el límite de la riqueza? ¿Un millón, diez millones de dólares? La respuesta no es sencilla y en todo caso requiere un debate más detallado. Pero lo que si creo que está claro es que no deberíamos permitir riquezas individuales de cientos de miles de millones de dólares

Es hora de que la comunidad internacional se tome en serio la lucha contra la desigualdad y la financiación de los bienes públicos globales. Uno de los instrumentos clave que los gobiernos tienen para promover la igualdad es la política tributaria. No sólo tiene el potencial de aumentar el espacio fiscal del que disponen los gobiernos para invertir en protección social, educación y protección del clima. Diseñada de forma progresiva, también garantiza que todos los miembros de la sociedad contribuyan al bien común en función de su capacidad de pago. Una contribución justa aumenta el bienestar social. Los multimillonarios de todo el mundo, y los de España en particular, sólo pagan el equivalente de hasta el 0,5% de su riqueza en concepto de impuesto sobre la renta. Es crucial garantizar que nuestros sistemas tributarios ofrezcan certidumbre, ingresos suficientes y un trato justo a todos nuestros ciudadanos. Por supuesto, los multimillonarios pueden trasladar fácilmente sus fortunas a jurisdicciones de baja tributación y evitar así el gravamen. Y por eso, una reforma tributaria de este tipo debe figurar en la agenda del G20. El impuesto podría diseñarse como un gravamen mínimo equivalente al 2% de la riqueza de los superricos. Es crucial en España aumentar el impuesto del patrimonio sobre los ricos y superricos.

¿Cuál debe ser el límite de la riqueza? ¿Un millón, diez millones de dólares? La respuesta no es sencilla y en todo caso requiere un debate más detallado. Pero lo que si creo que está claro es que no deberíamos permitir riquezas individuales de cientos de miles de millones de dólares.

Gravar a los superricos es también una cuestión de justicia climática: de media, los cincuenta milmillonarios más ricos del mundo generan más emisiones de carbono con sus inversiones y bienes en poco más de una hora y media que el ciudadano medio en toda su vida.

Algunos países como Brasil proponen un impuesto mínimo global a los multimillonarios. Tenemos que ir por ese camino e incrementar el impuesto de patrimonio a los superricos a nivel nacional.

La política dio un paso atrás, entre otras razones porque las fuerzas progresistas están divididas en torno al ReArm Europe, el plan de Ursula von der Leyen para reforzar la inversión en defensa. La Comisión Europea plantea que los hogares europeos deben estar preparados para subsistir 72 horas sin ayuda externa en caso de agresión, desastres naturales, pandemias o ciberataques. Contar con reservas de agua y comida, materiales para calentarse, medicamentos o baterías son las directrices básicas para afrontar este tipo de crisis, según las guías que los países nórdicos entregan de forma recurrente a su población sobre cómo prepararse para una hipotética emergencia o conflicto. El mensaje subyacente de la iniciativa es claro: la UE se enfrenta a un mundo cada vez más inestable, particularmente tras la invasión de Rusia a Ucrania y la creciente incertidumbre en torno al apoyo de Estados Unidos.

Nos tratan de convencer de que no hay alternativa. Nos presentan como absolutamente indefensos y a merced de Rusia, pasando de largo sobre el hecho de que si la UE actuara en este terreno bajo una autoridad única sería la segunda potencia militar del planeta tanto por efectivos, como por capacidades y por presupuesto. Están generando un miedo que justifique el rearme, que justifiquen las grandes inversiones en industrial militar.

¿Es la militarización una tendencia ya imparable en el seno de la Unión? ¿Es este el camino correcto para dar a luz la Europa de la Defensa y la autonomía estratégica? ¿Será posible lograrlo en tan solo cinco años como se sugiere? La UE puede gastarse miles de millones en armamento, pero la autonomía estratégica solo vendrá de una integración política que ni está ni se la espera, el rearme es imparable. De hecho, eso ya viene sucediendo desde hace unos años y ahora la propia Comisión ha anunciado que espera a finales de abril los planes que los Estados miembros deben presentar, concretando cómo piensan impulsar la intensificación de su gasto en defensa, aprovechando las puertas que Bruselas ofrece para recibir fondos comunitarios y para saltarse los niveles de deuda y de déficit que establece la disciplina comunitaria.

Aunque los Veintisiete se alineen en una misma dirección, la dependencia de Washington seguirá siendo una realidad incuestionable dentro de un lustro, dado que nuestras industrias de defensa no serán capaces de producir todo lo necesario para sustituir a EE UU.

La pregunta simple rearme si o no, esconde la pregunta central: ¿Que Europa queremos?

Para poder abordar los problemas que plantea el mundo actual (eliminar los paraísos fiscales, controlar el poder de las multinacionales y aumentar los impuestos sobre las mismas, luchar contra el cambio climático, etc.) necesitamos unidades políticas de un tamaño europeo

Existen muchas reflexiones ya sobre qué hacer. Ahora queda solamente que la UE elija cuál es la que refleja sus valores, discursos y políticas. La idea que las izquierdas han tenido de Europa en el pasado han sido muy diversas: desde unos que han defendido estar en Europa y en la OTAN a cualquier precio a otros que promulgaban la salida de Europa y de la OTAN porque entendían que Europa estaba diseñada para proteger los intereses de las multinacionales europeas. Pero el mundo ha cambiado muy rápidamente desde la caída del muro de Berlín. Ha aparecido China como la potencia emergente llamada a ocupar el primer lugar, delante de EEUU, a lo largo del siglo XXI. Europa está quedando en tercer lugar.

Europa está en construcción, se va cohesionando pero lentamente. Muy lentamente. El mercado eléctrico se regula con reglas europeas, aunque estas reglas no están pensadas para defender al consumidor, el BCE fija el tipo de interés y otras políticas económicas relevantes, ha habido una tímida respuesta conjunta a la invasión de Ucrania, etc. ¿Pero queremos más Europa o menos?

¿Y en esta situación que hacer? Desde mi punto de vista hay que apostar decididamente desde la mayoría social progresista por el afianzamiento del proyecto europeo. Para poder abordar los problemas que plantea el mundo actual (eliminar los paraísos fiscales, controlar el poder de las multinacionales y aumentar los impuestos sobre las mismas, luchar contra el cambio climático, etc.) necesitamos unidades políticas de un tamaño europeo. Pero, claramente, el proyecto europeo hay que reorientarlo, hay que hacerlo viable y orientarlo en beneficio de las mayorías. Eso implica democratizar las instituciones europeas, acabar con la política de austeridad, reorientar los objetivos del Banco Central Europeo para que se preocupe por el desempleo y no solo por la inflación, crear un seguro de depósitos europeo y los eurobonos, ampliar el presupuesto europeo, etc.

Siempre he creído que España debía estar en Europa y que debíamos esforzarnos para que las leyes y reglas europeas se hagan en beneficio de la mayoría de la población y no solamente para el beneficio de los bancos alemanes. España ha ganado mucho desde que está en la Unión Europea. Y ha ganado porque nuestro sector empresarial heredado de la época franquista era muy impresentable. Era un sector empresarial no competitivo mantenido en muchos casos con las subvenciones públicas. Todavía es así en muchos casos pero la entrada en la Unión Europea ha propiciado que los aires empresariales europeos lleguen a España.

Necesitamos democratizar las instituciones europeas y darle competencias para que Europa avance en el camino que queremos. Desde luego es un proyecto político muy ambicioso pero ilusionante. Si desde las llamadas nuevas izquierdas no se apuesta decididamente por este objetivo demostrarán ignorar la realidad que se nos viene encima

La situación actual muestra con claridad, según mi punto de vista, la necesidad de más Europa. De una Europa más autónoma energética, tecnológica y financieramente. Autónoma en la producción agrícola y en algunas industrias que se han desmantelado por completo. Autónoma para fijar la entrada y salida de capitales, productos y servicios. También autónoma militarmente frente a la OTAN y los intereses de EEUU lo que debería dar lugar a un ejército europeo que no tendría porqué estar dentro de la OTAN. Estas ideas chocan con la globalización convencional que se predica y que pretende disponer de libertad total para el movimiento de capitales.

Necesitamos una Europa autónoma tecnológicamente. Esto implica un nuevo proyecto universitario que produzca tecnología y no sólo ciencia. Esto implica el objetivo de querer competir en tecnología como un tercer bloque con China y EEUU. Esto implica la necesidad de crear empresas europeas que puedan plantarle cara a las chinas y americanas en los campos tecnológicamente punteros como el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Necesitamos una Europa autónoma políticamente que la configure como un tercer polo con capacidad para negociar con EEUU, pero también con China y Rusia. Con una política internacional independiente de la americana.

Necesitamos una Europa autónoma en lo social que desarrolle el Estado del Bienestar en favor de la mayoría.

Necesitamos unos impuestos europeos que permitan hacer tributar a las grandes fortunas.

Solamente rearmando Europa no conseguimos el objetivo buscado y además está generando un miedo innecesario en la población. Y los miedos producen fascismos según nos enseña la historia. Si queremos un ejército europeo hay que empezar por integrar los existentes.

Necesitamos democratizar las instituciones europeas y darle competencias para que Europa avance en el camino que queremos. Desde luego es un proyecto político muy ambicioso pero ilusionante. Si desde las llamadas nuevas izquierdas no se apuesta decididamente por este objetivo demostrarán ignorar la realidad que se nos viene encima.  

En publicaciones recientes de los medios leemos que Zuckerberg elimina la verificación de hechos en Facebook e Instagram para satisfacer a Trump. El máximo ejecutivo de Meta sostiene que el sistema vigente hasta ahora supone un método de censura y que adoptarán el mismo método que aplica X, donde la desinformación corre a sus anchas. Su decisión va en contra de los medios tradicionales de comunicación que tratan de certificar las informaciones que difunden. Cada vez está más claro que las redes sociales no son neutrales. Siempre han tenido ideología. La prueba más evidente es la irrupción de Musk en Europa apoyando las opciones más ultraderechistas de cada país lo que ha provocado el enfado y nerviosismo en los países afectados, sobre todo Alemania y el Reino Unido. Europa mira con miedo a Elon Musk, pero ¿debería hacerlo o enfrentarse a él y regular la red X, Facebook, Instagram, etc.?.

Las redes son un fenómeno relativamente nuevo, pero podemos encontrar algunos de sus orígenes en los años 60 del siglo pasado. Según Innerarity, tras los movimientos contestatarios del 68, la crítica del capitalismo tomó dos direcciones diferentes: una “social”, que reivindica una modificación de las relaciones de fuerzas dominantes, y otra “artística”, que pretende liberar a los individuos con el fin de hacerlos más auténticos y creativos. Internet ha ofrecido al movimiento un cauce de expansión para la autonomía del individuo, la autoorganización y el rechazo de las limitaciones colectivas.

Se ha configurado así un nuevo terreno on line de la lucha política presidido por la libertad de información y la desconfianza frente a la autoridad y la centralización

En diversas ocasiones se ha llamado la atención sobre el hecho de que los hippies contestatarios de los setenta, tan aferrados a la autonomía individual, no tuvieran demasiados problemas para aclimatarse a las políticas liberales y de desregulación. Se ha configurado así un nuevo terreno on line de la lucha política presidido por la libertad de información y la desconfianza frente a la autoridad y la centralización. Este movimiento antiinstitucional ligado al software libre, cercano a la ideología libertaria, por una parte, y por otra, próximo a las políticas liberales y de desregulación fue el que propició en primer lugar el nacimiento de las redes sociales como un mecanismo descentralizado que ponía al individuo en primer lugar por delante de lo colectivo. Ese movimiento propició ilusiones de democratización. Nos anunciaron la accesibilidad de la información, la eliminación de los secretos y la disolución de las estructuras de poder, de tal modo que parecía inevitable avanzar en la democratización de la sociedad, renovando nuestra democracia. Las posibilidades técnicas de las tecnologías digitales abrieron una nueva utopía social.

Las protestas árabes de 2010-2012, conocidas como “primavera árabe” ha inspirado numerosos análisis sobre los efectos de las redes sociales en la constitución de movimientos de protesta antidictatoriales. El Movimiento 15-M en España a principio de la década de 2010, otros similares en el resto del mundo, más tarde Podemos en 2014, pusieron la redes sociales en el centro de la actividad política.

Las redes sociales se han presentado como una tecnología que empodera, que facilita el acceso al conocimiento y despierta ilusiones de emancipación democrática. El relato anarcoliberal de los fundadores de internet ha contado con seguidores de todo el espectro ideológico, de la izquierda a la derecha. Los activistas de la red han sobrevalorado siempre el efecto democratizador de la libre circulación de información, tal como pareció acreditarse en la caída de los regímenes comunistas. Por otro lado, antiguos hippies acabaron en las universidades y los centros tecnológicos tratando de probar que internet podía proporcionar lo que prometieron los años sesenta: mayor participación democrática, emancipación individual, fortalecimiento de la vida asociativa…

La red lleva años suscitando unas ilusiones de democratización que no se corresponden del todo con los resultados esperados. Los resultados no parecen estar a la altura de lo anunciado y ya se formulan las primeras teorías de dicha desilusión que pretenden desmontar el mito de la democracia digital. Ahora contemplamos estas suposiciones con ironía y desdén, pero en su momento parecían una promesa verosímil.

Las redes sociales, si no las controlamos, se están convirtiendo en una amenaza para la democracia

Ahora nos preguntamos si realmente internet ha aumentado la esfera pública, y hasta qué punto ha hecho posible nuevas formas de participación, ampliando el poder de la gente frente al de las élites. Sin dejar de reconocer las capacidades de la red, podemos ver que la ingenuidad de las promesas del ciberutopismo, esa creencia en la naturaleza inexorablemente emancipatoria de la comunicación on line.

Tras las promesas de los partidarios del software libre, la ilusión hacia las redes creada en el 15M, en la Primavera Árabe, en Podemos, ahora nos encontramos en un mundo donde las redes están controladas en su mayoría por las grandes corporaciones, donde las redes están siendo usadas para difundir falsedades y a partir de ahí conseguir que opciones políticas de extrema derecha se expandan. Las redes sociales, si no las controlamos, se están convirtiendo en una amenaza para la democracia.

En el momento actual los algoritmos de Facebook, YouTube, X, etc. han creado bots de internet, algoritmos informáticos que efectúan automáticamente tareas reiterativas, que adjudican recompensas a determinados instintos básicos de las personas para conseguir mayores beneficios. Esto ha desempeñado un papel muy relevante a la hora de radicalizar a la población. Esos bots son anónimos y buscan que pases el mayor tiempo posible en las redes sociales. Para eso intentan mostrarte “contenido que a ti te gusta”. En la mayoría de los casos no hay una persona responsable de las ideas que generan. Pretenden ser personas, pero son personas falsas. Las grandes empresas de internet hacen esto porque es la manera de ganar mucho dinero con los anuncios dirigidos a sectores específicos de la sociedad.

Frente a la amenaza que plantean los algoritmos para el debate democrático, las democracias no se hallan indefensas. Pueden y deben tomar medidas para regular el uso de la IA y evitar que esta contamine nuestra vida con personas falsas que se dediquen a propagar noticias falsas

En política, los bots se desplegaron para que, a través de la difusión de un gran volumen de mensajes, acabaran por influir en la opinión pública. Se usa el término “filtro burbuja” para indicar los filtros algorítmicos que están creando un entorno artificial en el que la gente sólo oye aquellas voces que coinciden con sus opiniones políticas. Las noticias falsas (fake news) y los mensajes políticos individualizados que dependen de tu opción política son grandes amenazas a la democracia. Pero aunque son amenazas muy importantes, están siendo usadas para ganar elecciones, pero solo pueden usarlas los que tienen muchos recursos económicos y grandes cantidades de datos disponibles: las grandes empresas de internet.

Las redes sociales, aunque controladas por empresas privadas, no son una cuestión privada. Son espacios públicos que condicionan derechos fundamentales de la ciudadanía, entre ellos la libertad de expresión y el derecho fundamental a recibir información veraz, y por ello necesitan de una regulación estatal. Frente a la amenaza que plantean los algoritmos para el debate democrático, las democracias no se hallan indefensas. Pueden y deben tomar medidas para regular el uso de la IA y evitar que esta contamine nuestra vida con personas falsas que se dediquen a propagar noticias falsas. El mismo argumento que impide la falsificación de moneda debe aplicarse a la suplantación de humanos. Si los gobiernos adoptaron medidas decisivas para proteger la confianza en el dinero, tiene sentido que adopten medidas decisivas destinadas a proteger la confianza en los humanos y en las noticias propagadas en las redes.

Cuando lo que se aborda son problemas urgentes e importantes, el debate público, y el que se hace en las redes lo es, debe guiarse según normas aceptadas, y deben existir mecanismos legítimos que ayuden a alcanzar una decisión final, aunque esta no sea del gusto de todos. Las redes sociales deben ser reguladas. No regularlas es comparable a “quitar la policía de las calles”. Regular significa que exista un comité conocido públicamente que, respetando la libertad expresión, pueda dejar fuera de la red a los que no respetan las reglas, a los que propaguen falsedades y delitos de odio, a los que difundan actividades ilegales, etc.

Debemos poner las redes sociales al servicio de la mayoría, al servicio de la democracia y para ello hay que tomar medidas desde el Estado. Aquí proponemos algunas.

Algunas propuestas de medidas

Hay que hacer responsables a las empresas de las infracciones de privacidad, decisiones injustas tomadas por sus sistemas inteligentes o noticias falsas propagadas por sus redes sociales. En Europa se ha dado un paso, aunque tímido en esa dirección. Las empresas deben ser responsables ante la sociedad de regular las conversaciones de sus redes sociales.

Hay que proteger la privacidad y la titularidad sobre los datos de los que se alimentan los algoritmos en internet.

Cada algoritmo, actúe en redes sociales o no, debe tener alguien que se haga responsable de sus acciones y por ello no podemos permitir bots anónimos.

Según Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia, debería regularse un procedimiento judicial específico contra la desinformación y la propagación de noticias falsas bajo control de los tribunales.

Debemos exigir al Gobierno proporcionar servicios digitales básicos gratuitos y financiarlos con nuestros impuestos, del mismo modo que se proporcionan servicios gratuitos de atención sanitaria y educación. La orientación de X para favorecer a Trump en las últimas elecciones americanas ha abierto el debate sobre si salirse o no de X. Algunos están proponiendo cambiarse a Bluesky. Creo que esto es insuficiente. Es necesario una red social pública controlada y regulada por el parlamento elegido democráticamente.

Las propuestas anteriores pueden parecer imposibles de implementar porque para hacerlo haría falta una acción coordinada a nivel mundial o al menos a nivel de la Unión Europea. Eso es cierto, pero mientras tanto cada país debe ir tomando iniciativas en esta dirección. España debe reclamar su soberanía digital. Las redes sociales deben estar sometidas a las leyes de cada país. Brasil ha abierto un camino al prohibir X. La motivación ha sido el “reiterado incumplimiento de órdenes judiciales” de la plataforma que dirige Elon Musk, que se negó a bloquear perfiles que contribuyen a la “divulgación masiva de discursos nazis, racistas, fascistas, de odio y antidemocráticos”. Europa debe tomar medidas contra la ofensiva de Zuckerberg y Musk y regular X, Facebook e Instagram.

(Se han tomado ideas de Daniel Innerarity Grau. 'Un mundo de todos y de nadie')

Ante todo debo decir que soy funcionario público. Soy profesor emérito de la universidad de Sevilla. Pero, dicho esto, leo en los periódicos cómo se está mostrando de forma descarnada la crisis de Muface. La crisis de la mutualidad de los funcionarios públicos. En esto últimos días del año 2024 todavía no se sabe si finalmente habrá concierto de Muface con aseguradoras privadas para proporcionar a los funcionarios públicos la posibilidad de ser atendidos en la medicina privada. Son momentos en los que la sanidad pública, particularmente en Andalucía, está sufriendo problemas muy importantes. Por la congestión de la atención primaria, por el aumento de las listas de espera, etc.

En estos momentos, con la complicada situación de la sanidad pública, las aseguradoras piden un aumento desorbitado de las primas para atender a los funcionarios públicos. Las aseguradoras han pedido un aumento del orden del 40% en la prima que debe pagar el gobierno.

Loa funcionarios públicos que están en Muface y que han elegido la opción de ser atendidos por la medicina privada exigen que se respeten sus derechos, que el gobierno mantenga el concierto con las aseguradoras privadas aunque ello signifique un robo de los público. Amenazan con movilizaciones si no se mantiene el convenio, si pierden uno de sus privilegios: poder elegir entre ser atendidos en la sanidad pública o en la privada. Los sindicatos de funcionarios, todos que yo sepa, apoyan estas exigencias. Esto es defendido por CSIF, pero también por UGT y CCOO. No hay diferencia esencial en este tema entre unos sindicatos y otros lo cual es paradójico al menos.

 Los datos de la primera propuesta del gobierno fueron: alza del 17,11% (del 16,5% el primer año y del 0,62% el segundo). Esto pareció insuficiente a las aseguradoras y el concierto quedó desierto en un primer momento. Ante estas exigencias y el temor de una huelga de funcionarios el gobierno ha subido la prima a un 19,37% en 2025; un 7,25% en 2026 y un 4,32% en 2027, con un aumento acumulado en tres años del 33,5%. En estos últimos días del año 2024 todavía no sabemos si las aseguradoras privadas aceptarán esas condiciones o exigirán una subida aún mayor de la prima. El Consejo de Ministros ha dado luz verde a abonar casi 1.000 millones más que con el convenio vigente. El Gobierno ha echado el resto para intentar salvar el concierto de Muface y garantizar así la sanidad concertada de 1,5 millones de funcionarios y sus familias. 

El futuro de este peculiar sistema de provisión médica ha causado un importante conflicto dentro del Gobierno. El Ministerio de Sanidad, controlado por Sumar y dirigido por Mónica García, elaboró un informe en el que defendía que era “viable y razonable” que todos los funcionarios fueran atendidos por la sanidad pública. En cambio, desde las filas socialistas, con un enfoque ideológico distinto, siempre han defendido que el sistema se mantendría tal y como estaba hasta ahora. Dentro del gobierno el PSOE ha impuesto su visión: parece que habrá nuevo concierto de MUFACE aunque esto signifique trasvasar 1000 millones más a la opción concertada con la privada. Sumar ha defendido muy débilmente la opción de que todos los funcionarios se sean atendidos por la sanidad pública, pero se ha plegado a la visión socialista.

Todos los trabajadores públicos y privados deben ser atendidos en la sanidad pública que es la única que debe ser financiada con fondos públicos. Se argumenta que esto hará colapsar la sanidad pública. Esto no ocurrirá si se dedican los recursos suficientes

Pero, debemos preguntarnos: ¿por qué existe todavía Muface? ¿Por qué los trabajadores públicos tienen mas derechos, más privilegios, que el resto de los trabajadores? Este sistema de aseguramiento privado con fondos públicos supone un privilegio en la medida que permite al colectivo de funcionarios sortear las listas de espera de la sanidad pública, aunque cada vez lo es menos porque también la privada se está masificando y sufre la presión que supone el envejecimiento de la población.

Es un privilegio que viene de muy lejos. Muface fue creada en 1975 para agrupar el mutualismo administrativo creado por el franquismo cuando la Seguridad Social no era universal ni tenía una cobertura tan completa como ahora. En los años 70 aún no estaba plenamente desarrollada la sanidad pública, por lo que se prefirió mantener la posibilidad de que los servidores públicos pudieran escoger, a través de su mutualidad, recibir prestaciones médicas a través de una aseguradora concertada. Quedaron al margen los funcionarios de Defensa y de Justicia, que tienen sus propias mutualidades en régimen muy parecido. El sistema Muface permite que cada año los beneficiarios puedan elegir entre continuar en la mutualidad o pasar al Sistema Público de Salud. El 76% elige la primera opción. El sistema se mantiene en la actualidad y, cada año, los profesores, policías nacionales o funcionarios de prisiones, pueden escoger si quieren atención sanitaria pública o concertada.

La polémica sobre Muface manifiesta que aún perduran anomalías estructurales herederas del franquismo y de los parches provisionales que se pusieron en el inicio de la democracia. Una anomalía es el caso de la vivienda, que se entiende como un bien sujeto a las leyes del mercado, donde las políticas públicas no se deben aplicar lo que deriva en la creciente especulación actual. Otra anomalía, es la educación concertada difícilmente justificable por motivos parecidos a los de Muface. Los defensores de esos modelos creen que tienen derecho a tener un seguro médico privado o una colegio concertado pero pagado con dinero público.

Creemos que debe abordarse una transición para integrar de forma paulatina a los funcionarios públicos en el régimen general de la seguridad social. Todos los trabajadores públicos y privados deben ser atendidos en la sanidad pública que es la única que debe ser financiada con fondos públicos. Se argumenta que esto hará colapsar la sanidad pública. Esto no ocurrirá si se dedican los recursos suficientes. Si se destinan a la seguridad social, en otros recursos, los 2.700 millones de euros previstos para la prima de Muface de los próximos dos años. El colapso de la sanidad pública puede ocurrir, ya se está intentando por el gobierno de la Junta de Andalucía, si derivan recursos públicos al sistema privado.

Pero el debate sobre Muface es más profundo porque Muface, aunque es lo más importante, no solo ofrece la posibilidad de elegir la atención médica pública o privada. También ofrece otras prestaciones de las que tampoco disfrutan el resto de los trabajadores. Desde mi punto de vista la pregunta relevante es si queremos mantener un modelo como Muface que da unos privilegios a un conjunto de trabajadores públicos frente al resto de trabajadores. Para mi la respuesta debe ser no. Y debe ser no fundamentalmente por razones de justicia y equidad. Los trabajadores públicos globalmente constituyen la parte privilegiada de la sociedad por sus salarios, la estabilidad de su empleo, la falta en muchos casos de evaluación de su rendimiento, etc. No es un buen mensaje para el resto de la sociedad mantener los privilegios de los ya privilegiados. Un gobierno progresista no debería hacerlo.

Según podemos leer en los periódicos, la IA (algoritmos de Inteligencia Artificial) ha dejado de ser una mera promesa futurista para convertirse en una herramienta indispensable. Su capacidad para aprender, adaptarse y optimizar procesos está revolucionando muchos campos. Desde la automoción hasta la medicina, pasando por el entretenimiento y la seguridad cibernética. La IA no solo está mejorando los productos y servicios existentes, sino que también está abriendo nuevas posibilidades.

El aprendizaje automático (machine learning), el aprendizaje profundo (deep learning) y los grandes modelos de lenguaje (large language models o LLMs) como el ChatGpt, se han convertido recientemente en un tema de moda.

Los datos indican que los trabajadores menos formados no se están beneficiando de las aplicaciones IA, aunque parece evidente que las personas que dirigen las empresas sí disfrutan de sus beneficios, tanto ellas mismas como sus accionistas

Estas tecnologías permiten a las máquinas procesar grandes cantidades de datos, y aprender de ellos para mejorar el rendimiento de los procesos empresariales. Permiten automatizar cada vez más tareas. Con estas tecnologías la productividad está aumentando, pero ¿se están distribuyendo los beneficios entre toda la sociedad? O planteado de otra forma: ¿son neutras las tecnologías a la hora de distribuir los beneficios producidos o tienen sesgos para beneficiar a unos grupos sociales frene a otros?

Los datos indican que los trabajadores menos formados no se están beneficiando de las aplicaciones IA, aunque parece evidente que las personas que dirigen las empresas sí disfrutan de sus beneficios, tanto ellas mismas como sus accionistas. Las tecnologías digitales (y en particular los algoritmos de IA) están automatizando el trabajo y perjudicando, por un lado, a la mano de obra frente al capital y, por otro, a los trabajadores sin formación frente a los que tienen títulos de grado o posgrado.

Según Acemoglu el sueldo medio real (la retribución horaria) en Estados Unidos creció por encima del 2,5 por ciento anual entre 1949 y 1973. Desde entonces, a partir de 1980, el sueldo medio no hace otra cosa que estancarse; los aumentos son mínimos, del orden del 0,45 por ciento anual, a pesar de que la productividad por trabajador ha seguido aumentando a buen ritmo (una tasa de crecimiento anual superior al 1,5 por ciento a partir de 1980).

Desde los años ochenta, casi todos los grupos demográficos que han sufrido una bajada de sus salarios reales son aquellos que en el pasado se especializaban en las tareas que hoy se han automatizado

La automatización está potenciando la desigualdad porque se concentra en las tareas que suelen hacer los trabajadores de las escalas baja e intermedia en las fábricas y oficinas. Desde los años ochenta, casi todos los grupos demográficos que han sufrido una bajada de sus salarios reales son aquellos que en el pasado se especializaban en las tareas que hoy se han automatizado. Los procesos de automatización son una de las principales causas de la congelación y la reducción de los salarios entre los trabajadores con nivel formativo bajo o intermedio.

¿Cuál fue el ingrediente básico de la prosperidad compartida en Europa que caracterizó las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial? Una de las causas más importantes fue el marco institucional que permitió que los trabajadores compartieran los aumentos de la productividad con los empresarios y directivos. El incremento de productividad sólo significa beneficios para todos cuando hay competencia real entre empresas, los trabajadores tienen poder de negociación y la automatización está dirigida a mejorar el trabajo de las personas y no a eliminarlas.

La IA no parece estar avanzando tan deprisa como para provocar un desempleo masivo de la parte menos formada de la población. La IA actual sólo puede realizar tareas muy concretas y su impacto en la ocupación es limitado. Sin embargo, ha tomado un rumbo muy sesgado

La tecnología ha aumentado la desigualdad por las decisiones que han podido tomar las grandes empresas y otros actores con poder. Para calmar un poco los ánimos, la IA no parece estar avanzando tan deprisa como para provocar un desempleo masivo de la parte menos formada de la población. La IA actual sólo puede realizar tareas muy concretas y su impacto en la ocupación es limitado. Sin embargo, ha tomado un rumbo muy sesgado, contrario a los intereses de los trabajadores, y ya ha empezado a eliminar algunos empleos. Su efecto más probable es que recorte aún más los salarios de muchas personas y no tanto que nos lleve a un futuro en el que el desempleo sea un fenómeno generalizado. El problema es que, a pesar de que la IA es incapaz de cumplir con la mayoría de sus promesas, todavía esconde el potencial de reducir la demanda de mano de obra.

La digitalización, y los algoritmos de IA en particular, están redirigiendo todo el sector tecnológico hacia la automatización para ahorrar costes. Se nos convence de que las máquinas pueden ser autónomas e inteligentes y entonces parece natural que cada vez asuman más tareas asignadas hasta ahora a la mano de obra. Las empresas pueden dividir los empleos actuales en tareas mucho más simples, usar programas de IA y series de datos para aprender lo que hacen los humanos y sustituir a las personas por algoritmos para realizar esas funciones.

Reemplazar a los trabajadores por máquinas y algoritmos se convierte entonces en una medida muy atractiva. El sector continúa obsesionado con la recopilación masiva de datos y la automatización de tareas muy concretas a partir de técnicas de aprendizaje automático. El problema económico de esta estrategia de negocio resulta evidente: cuando los seres humanos no son tan inútiles como a veces se presupone y las máquinas inteligentes no son tan listas como se suele dar por sentado, lo que obtenemos es una automatización “a medias”; es decir, se pierden muchos puestos de trabajo y apenas hay noticias del prometido aumento de la productividad.

El enfoque predominante de la actual oleada de IA se basa en la obtención de datos y la automatización constante. Es, de hecho, una decisión muy costosa, no sólo porque responde a la preferencia por la automatización y la vigilancia de los muy ricos, sino también porque perjudica el nivel de vida de los trabajadores. Al mismo tiempo, desvía la energía y las investigaciones sobre tecnologías digitales de otros posibles caminos más beneficiosos para la sociedad.

Nuestra sociedad ya se ha dividido en dos capas. En la de arriba están los muy ricos, quienes están convencidos de que se han ganado su fortuna por su increíble genialidad. En la de abajo tenemos a las personas corrientes, a quienes los líderes tecnológicos ven como seres propensos al error, listos para ser reemplazados

Las tecnologías digitales, la robótica y la maquinaria para la automatización han elevado el nivel educativo exigido para incorporarse al sistema de producción global y han empezado a remodelar la división internacional del trabajo; por ejemplo, contribuyen al proceso de desindustrialización de muchos países en vías de desarrollo, cuya población activa se compone sobre todo de personas con un nivel educativo bajo.

Nuestra sociedad ya se ha dividido en dos capas. En la de arriba están los muy ricos, quienes están convencidos de que se han ganado su fortuna por su increíble genialidad. En la de abajo tenemos a las personas corrientes, a quienes los líderes tecnológicos ven como seres propensos al error, listos para ser reemplazados. Cuando la IA vaya penetrando en los distintos ámbitos de las economías modernas, cada vez será más probable que los dos niveles se distancien todavía más.

Pero ¿existe algún otro camino que no ponga las tecnologías digitales al servicio de la automatización constante y de la monitorización de los trabajadores y de los ciudadanos? La respuesta es que sí. Las tecnologías IA no tienen por qué centrarse en la automatización del trabajo o la monitorización de los empleados durante su jornada laboral. Tampoco tienen por qué reforzar la censura de los gobiernos. Las tecnologías digitales no son antidemocráticas por naturaleza y no hay duda de que las redes sociales no tienen por qué dedicarse a rentabilizar la indignación, el extremismo y la ira. Ha sido una decisión consciente —de las empresas tecnológicas, los investigadores en IA y los gobiernos— lo que nos ha metido en el presente atolladero.

Las tecnologías IA no tienen por qué centrarse en la automatización del trabajo o la monitorización de los empleados durante su jornada laboral. Las tecnologías digitales no son antidemocráticas por naturaleza

Aunque de una época anterior a la de los actuales algoritmos de IA, la mejor muestra de la viabilidad de modelos alternativos viene de la Wikipedia. Es uno de los servicios más visitados de la red, puesto que, en los últimos años, ha recibido más de 5.500 millones de visitas únicas anuales. Wikipedia no intenta monopolizar la atención del usuario porque no se financia con publicidad.

Si la dirección de las tecnologías digitales no cambia por completo, continuarán alimentando la desigualdad y marginando a grandes segmentos de la población activa, tanto en Occidente como en otras partes del mundo.

¿Pero el desarrollo tecnológico debe tener obligatoriamente un sesgo social determinado? ¿Debe favorecer obligatoriamente a los grupos sociales con mucho poder? Creemos que la tecnología no nace con una dirección predeterminada, nada que tenga que ver con ella es inevitable.

La sociedad tiene que dejar de maravillarse antes los multimillonarios tecnológicos y su agenda de prioridades. El debate sobre las nuevas tecnologías no sólo debería girar alrededor de la genialidad de los nuevos productos y algoritmos, sino más bien si están trabajando a favor o en contra de la gente.

No hace falta ser un experto en IA para tener voz y voto sobre la dirección del progreso y el futuro que crean estas tecnologías para el conjunto de la sociedad. No hace falta ser un inversor especializado en el sector tecnológico o en capital riesgo para pedir responsabilidades a los empresarios e ingenieros por lo que están haciendo sus inventos.

Para redirigir la tecnología hacen falta políticas progresistas. Hacen falta subvenciones públicas para desarrollar tecnologías más beneficiosas para el conjunto de la sociedad y poner en cuestión aquellas que se focalizan en tareas de monitorización y vigilancia.

La fragmentación y, en un sentido más amplio, las acciones antimonopolio deberían verse como herramientas complementarias a un objetivo mucho más trascendental: alejar la tecnología de la automatización, la vigilancia, la recopilación de datos y la publicidad digital.

Es necesaria una reforma fiscal que incremente los impuestos al capital y a los muy ricos. El actual sistema fiscal de muchas economías industrializadas fomenta la automatización y el objetivo de sustituir personas por máquinas para ahorrar costes. Los impuestos sobre la riqueza, que pagarían aquellos que están por encima de un cierto nivel de renta, han empezado a ganar terreno en la última década.

Hace falta un liderazgo público para redirigir el cambio tecnológico. La idea sería reunir desde el sistema público a científicos e ingenieros de renombre para que trabajaran en problemas de gran interés social, generar por parte del Estado una considerable demanda de las tecnologías producidas, y luego animar al sector privado a subirse al carro. Una estrategia de este tipo condujo al desarrollo acelerado de una vacuna durante la pandemia de la COVID-19. Es la estrategia dirigida por misiones que propone Mazzucato.

No nos dirigimos hacia una mayor desigualdad porque sea inevitable, sino por las decisiones tomadas por quién ostenta el poder en la sociedad y el rumbo que toma la tecnología

Es necesaria una mayor protección de la privacidad y la titularidad sobre los datos que exigiera a las plataformas el consentimiento explícito de los usuarios sobre los datos que pueden recopilar y el uso que les darán.

No nos dirigimos hacia una mayor desigualdad porque sea inevitable, sino por las decisiones tomadas por quién ostenta el poder en la sociedad y el rumbo que toma la tecnología.

Por último, es necesario reorientar el mundo académico. Es necesario poner la universidad al servicio de la sociedad. La tecnología depende de la perspectiva, y la perspectiva tiene su origen en el poder social, que en gran medida consiste en convencer al público y a las personas con autoridad de las virtudes que tendría asignar una trayectoria concreta a la tecnología. Es necesario orientar la universidad hacia la generación de tecnologías y de ideas que beneficien a la mayoría social.

Algunas de las ideas se han tomado de: Acemoglu, Daron; Johnson, Simon. Poder y progreso: Nuestra lucha milenaria por la tecnología y la prosperidad (Deusto).

Mazzucato, Mariana. Misión economía: Una guía para cambiar el capitalismo (Taurus).

Los algoritmos en general y los de inteligencia artificial (IA) en particular están transformando la forma en que vivimos y trabajamos. Estas tecnologías prometen mejorar la eficiencia, la precisión y la toma de decisiones en una variedad de sectores. Sin embargo, a medida que la IA se vuelve más omnipresente, surge la cuestión de la responsabilidad: ¿quién es responsable cuando un algoritmo toma una decisión incorrecta o perjudicial?

Como ya sabemos, los algoritmos son secuencias de instrucciones lógicas utilizadas por las computadoras para procesar datos y tomar decisiones. Y en particular “los algoritmos inteligentes”, la IA, son aquellos con capacidad para imitar la inteligencia humana y realizar tareas que normalmente requerirían la intervención de una persona. Y aquí viene la pregunta: ¿son inteligentes los algoritmos de IA?

Y si es afirmativa la respuesta a la pregunta anterior ¿está cercana, como afirman algunos, una supuesta superinteligencia artificial que decida controlar el mundo?

Son preguntas que usan conceptos muy relacionados: inteligencia, responsabilidad, control del mundo con un objetivo determinado.

En fechas cercanas a la Segunda Guerra Mundial se pensaba que la mente humana es en esencia un ordenador muy sofisticado y que el desarrollo de los ordenadores daría lugar a algoritmos que podrían reproducir las capacidades humanas. Es decir, que no podríamos distinguir las tareas realizadas por un algoritmo a las llevadas a cabo por una persona. En muchos campos específicos estos algoritmos ya existen y pueden desarrollar tareas mejor que los humanos. Los algoritmos que juegan al ajedrez son una prueba de ello. El reciente ChatGpt y sus variantes, otra. Esta situación ha llevado a llamar a estos “algoritmos inteligentes” y concluir, demasiado rápidamente, que pueden razonar y que las decisiones que toman serán mejores que las que toman los humanos.

Pero hay algo que falta en los actuales algoritmos de IA: el razonamiento de sentido común. La ausencia de conocimientos de sentido común imposibilita que un sistema de inteligencia artificial pueda tener una comprensión profunda del lenguaje. Lo que hacen, según el término usado por Ramón López de Mántaras, es mucho mas cercano a recitar en base a “aproximaciones” que razonar. Pueden generar texto combinando probabilísticamente complejos patrones lingüísticos previamente aprendidos, sin comprender su contenido.

Los actuales sistemas de IA generativa no son inteligencia sino “habilidades sin comprensión”. Es decir, sistemas que pueden llegar a ser muy hábiles llevando a cabo tareas, como por ejemplo generar imágenes o textos plausibles y persuasivos, pero sin comprender absolutamente nada sobre la naturaleza de lo que genera.

Cuanto mas sofisticados sean los sistemas de IA, mas responsabilidades deberíamos exigir a sus diseñadores y programadores de forma que se asegure que cumplan principios legales y éticos estrictos

Las estrategias estadísticas que se utilizan para reconocer y predecir patrones son inadecuadas para captar la esencia de muchas habilidades humanas. Para empezar, estos métodos tendrán serias dificultades con la naturaleza contextual de la inteligencia porque es difícil definir y codificar la situación exacta en la que se encuentran.

Crear tecnología que imite a los humanos, haciéndose pasar por algo humano, requiere que tengamos muy claro qué significa ser humano y uno de los aspectos fundamentales del ser humano es que es responsable de sus actos.

Fabricar dinero falsificado es un delito y falsificar personas debería ser un delito ya que a las “personas” falsificadas no se les puede exigir responsabilidades y eso las convierte en actores amorales con gran capacidad para generar multitud de falsedades, es decir, con gran capacidad de desinformar. Los responsables son los creadores de estas tecnologías, los creadores de los algoritmos.

De hecho, cuanto mas sofisticados sean los sistemas de IA, mas responsabilidades deberíamos exigir a sus diseñadores y programadores de forma que se asegure que cumplan principios legales y éticos estrictos. Las inteligencias artificiales no tienen, ni tendrán nunca, al menos en un horizonte cercano, intencionalidad ni objetivos propios; su desarrollo involucra a personas en todas las fases, desde la concepción y diseño del algoritmo, hasta su implementación, entrenamiento y despliegue. Los agentes morales somos nosotros y no las maquinas. Si algo sale mal, el responsable no es el algoritmo, somos nosotros.

El peligro de la IA no es, como afirman algunos, una supuestamente cercana superinteligencia artificial que decida controlar el mundo. Posiblemente los discursos apocalípticos sobre los peligros existenciales a largo plazo de la IA se han puesto encima de la mesa de forma interesada como una cortina de humo para distraernos e intentar esconder los verdaderos problemas actuales de la IA: la falsificación de personas, la violación de la privacidad, la facilidad para generar textos, imágenes y videos falsos para manipular y polarizar, la vigilancia y control masivo de la ciudadanía, la autonomía de los sistemas (en particular las armas letales autónomas), etc.

Los algoritmos no son neutrales. Suelen tener sesgos porque reproducen, y en muchos casos amplifican, los sesgos de la sociedad. Todo el mundo debería poder expresar su opinión sobre si son deseables o incluso aceptables

Además debemos tener en cuenta que diferentes decisiones tecnológicas —por ejemplo, sobre algoritmos que se usan para contratar, para gestionar productos financieros— tienen consecuencias políticas y económicas distintas. Los algoritmos no son neutrales. Suelen tener sesgos porque reproducen, y en muchos casos amplifican, los sesgos de la sociedad. Todo el mundo debería poder expresar su opinión sobre si son deseables o incluso aceptables.

Cuando una empresa decide desarrollar una tecnología para ofrecer publicidad personalizada, para llevar a cabo reconocimiento facial para encontrar una cara en medio de la multitud, o garantizar que la gente participa o no en una protesta, sus ingenieros son los mejor posicionados para decidir cómo diseñar el software. La orientación y la forma de utilizar una tecnología en particular siempre se entrecruza con la visión y los intereses de los individuos que ostentan el poder. Pero debería ser el conjunto de la sociedad quien decidiera si esa clase de software debería diseñarse y desplegarse. Escuchar a voces distintas obliga a aclarar cuáles son esas consecuencias y permite que las personas no expertas puedan hablar sobre lo que quieren ver hecho realidad.

En medio de esta situación, aparece una trampa tecnológica: los gobiernos con dinero y poder que quieren acabar con las disidencias exigen tecnologías IA para controlar a la población. Cuanto mayor es la demanda, más investigadores trabajan en el sector. Y cuanto más se mueve la IA en esta dirección, más atractiva resulta a los gobiernos autoritarios (o a los que les gustaría serlo).

Los discursos de odio, el extremismo y la desinformación generan emociones extremas e incrementan la participación y el tiempo invertido en una plataforma. Eso permite a Facebook, por ejemplo, vender más publicidad digital individualizada. Se usa el término “filtro burbuja” para indicar los filtros algorítmicos que están creando un entorno artificial en el que la gente sólo oye aquellas voces que coinciden con sus opiniones políticas. Los filtros burbuja tienen efectos perniciosos.

La desinformación y las llamadas al odio no se limitan a Facebook. Las decisiones algorítmicas de YouTube y sus esfuerzos por aumentar el tiempo de visionado han tenido una importancia fundamental. Con el fin de incrementar las horas de conexión, la empresa modificó su algoritmo para priorizar los vídeos que parecían enganchar a los espectadores, incluidos algunos de los contenidos extremistas más incendiarios. La inteligencia artificial puede amenazar la democracia.

Podemos salir del actual atolladero si conseguimos reconfigurar la distribución de poder en la sociedad y reorientar el cambio tecnológico. Una transformación de este estilo sólo podrá producirse con procesos democráticos

Si la inteligencia artificial, en muchos casos, sólo conduce a una automatización a medias, ¿por qué tanto entusiasmo por la IA? La respuesta son los ingresos que las empresas dedicadas a recopilar enormes cantidades de datos obtienen con la publicidad individualizada. Los anuncios digitales sólo sirven de algo si la gente les presta atención, por lo que su modelo de negocio obliga a las plataformas a aumentar la interacción de los usuarios con los contenidos en línea. La manera más efectiva de conseguirlo ha resultado ser la promoción de las emociones más extremas, como la indignación y la rabia, pero esto está produciendo muchos daños colaterales.

Podemos salir del actual atolladero si conseguimos reconfigurar la distribución de poder en la sociedad y reorientar el cambio tecnológico. Una transformación de este estilo sólo podrá producirse con procesos democráticos. Hay que avanzar en el camino de identificar a los responsables de los algoritmos, a los responsables de su diseño, a los responsables de sus objetivos implícitos, a los responsables, por tanto, de los efectos colaterales que puedan producir. Esto incluye, entre otros, a los algoritmos que regulan las redes sociales.

Debemos abrir los algoritmos y sus usos al debate público para concluir si son aceptables o no y, en su caso, quién es el responsable de las acciones que puedan tomar. La Ley de la Inteligencia Artificial de la UE es un paso, aunque tímido, en esa dirección. De la misma forma que un medicamento debe ser aprobado antes de su uso por la Agencia Europea o Española de medicamentos, un algoritmo debería ser evaluado antes de su uso. Tras los tímidos pasos de la UE ya algunas empresas como Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram, etc., anuncia que no ofrecerá sus nuevos modelos de IA generativa en Europa por su “impredecible entorno regulatorio”. ¿Acaso no quieren someterse a un control democrático?

*Se han usado ideas de la conferencia Reflexiones sobre la inteligencia de la inteligencia artificial, de Ramón López de Mántaras en el Congreso Español de Informática de 2024.

Tras su publicación a finales del año pasado, la evaluación del desempeño de los empleados públicos ha entrado en vigor. Se introduce una nueva evaluación obligatoria del desempeño para todos los empleados de la Administración General del Estado con el fin de valorar la conducta profesional y medir el rendimiento del personal. ¿Es esta una medida correcta? ¿Es necesaria la evaluación de los funcionarios en general? Y en particular, ¿es necesaria la evaluación de los profesores de las universidades públicas, de los centros públicos de enseñanza primaria y secundaria? ¿Es necesaria la evaluación de los médicos de los hospitales públicos? ¿Es necesaria la evaluación de los jueces? Y así un largo conjunto de preguntas para cada uno de los sectores de la administración pública.

La respuesta a esta pregunta, como podemos imaginar, depende mucho en general de si se la hacemos a un ciudadano que ha sido atendido por un funcionario o al funcionario. Actualmente el discurso, muy necesario, en defensa del sistema público suele poner en el centro al funcionario, sus demandas y necesidades, cuando a quien tenemos que poner en el centro es al ciudadano. Es el ciudadano el objeto de la atención púbica y es responsabilidad de la Administración Pública conseguir el máximo beneficio para los ciudadanos. Lo que el Estado debe procurar es que el ciudadano reciba la mejor asistencia sanitaria, la mejor enseñanza universitaria, la mejora enseñanza primaria y secundaria, que disponga del mejor sistema judicial, etc.  La buena marcha de la Administración Pública se basa en la capacidad de sus trabajadores (que la demuestran al acceder a su puesto de trabajo) y en su mejora continua.

Toda administración moderna necesita una función pública profesional. De ella depende la calidad en los servicios públicos que recibimos, el cumplimiento de las normas que nos damos o la lucha contra la corrupción. Sin ella, es muy difícil el progreso económico y social de un país a medio y largo plazo. La falta de empleados públicos profesionales y dedicados lastra el desarrollo económico de buena parte de los países del mundo. Para conseguirlo, es necesario que sean elegidos conforme a sus méritos y capacidades. Pero, además, es igualmente imprescindible que no sean sólo defensores de sus intereses. Para eso, precisamente, debe servir la evaluación: para localizar debilidades y fortalezas, potenciando las segundas y corrigiendo las primeras.

Pero diseñar sistemas válidos y eficaces para realizar esta evaluación no es algo que se pueda improvisar. Además, la evaluación se ve generalmente con recelo porque, mal diseñada y en manos equivocadas, puede ser un instrumento para separar de su cargo a quienes estén distanciados, política o personalmente, de su evaluador. En otros casos se ve con recelo por parte del funcionario porque lo ve como un mecanismo de control sobre su trabajo y no como un mecanismo de mejora del servicio al ciudadano.

Las publicaciones de las universidades españolas han aumentado de forma muy importante desde los años 80 cuando se implantaron los sexenios

En el sistema público español tenemos un ejemplo de evaluación del que podemos aprender tanto en sus aspectos positivos como negativos: son los sexenios de investigación del sistema universitario. Este es un sistema que otorga cada seis años un sexenio de investigación a aquellos profesores universitarios que hayan conseguido un conjunto de publicaciones de calidad normalmente en revistas internacionales. Cada sexenio significa un incremento, pequeño, de la cantidad percibida mensualmente una acreditación de la carrera profesional: ascender a Profesor Titular o Catedrático, estar en tribunales de tesis doctorales, rebaja del número de horas de docencia, etc.

Claramente esta evaluación ha producido un resultado importante: las publicaciones de las universidades españolas han aumentado de forma muy importante desde los años 80 cuando se implantaron los sexenios. Por otra parte, no todos los profesores tienen todos los sexenios posibles. Solo un 50% tienen el número sexenios óptimos.

Incluso con el resultado en investigación obtenido esta evaluación guiada solo por los sexenios con la orientación actual tiene muchos aspectos negativos que están siendo criticados y que deberían ser mejorados: no se evalúa la docencia universitaria, no se evalúa la transferencia de tecnología entendida como aportación de conocimiento a la sociedad para impulsar su desarrollo económico, se evalúa poco la transferencia de conocimiento, la investigación que se incentiva tiene poca relevancia en muchos casos, etc. Algunos detalles sobre este debate se pueden encontrar en Contra la perversión del sistema de evaluación de la ciencia y en La necesaria reforma de la acreditación del profesorado universitario. Debido a estas necesidades de mejora la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) ha actualizado los principios y los criterios de evaluación de los sexenios de investigación.

Un incentivo no puede estar ligado solo al paso del tiempo como los trienios de los funcionarios. Eso, más que un incentivo, es simplemente una subida del salario

Hay otros aspectos que también habría que mejorar. Uno primero es que la evaluación es individual y eso está produciendo en muchos casos carreras profesionales individuales donde cada uno va a lo suyo sin primar la necesaria colaboración. Sería importante, como se hace en otros países, evaluar al departamento y al centro y que esta evaluación repercutiera de manera positiva o negativa sobre cada uno de sus miembros. Uno segundo sería el preguntarse si la sociedad (las empresas, las instituciones públicas, …) no deberían tomar parte de alguna manera en la evaluación. Esta pregunta tiene respuesta más clara en algunos sectores de la administración pública que en otros.

Pero, junto a estos aspectos mejorables o discutibles, podemos sacar algunas conclusiones positivas:

·        Una evaluación, aunque no perfecta porque eso es imposible, siempre es preferible a ninguna evaluación.

·        La evaluación debe ser llevada a cabo por una entidad externa y unos evaluadores, expertos en la materia, pero distantes del evaluado, ya sea individuo, departamento o centro.

·        La evaluación debe afectar a la carrera profesional del evaluado. No solo en términos económicos, también en los puestos que puede llegar a ocupar.

·        En una evaluación no puede resultar que todos los evaluados obtengan la evaluación óptima. Debe haber evaluaciones positivas y negativas y ambas en diferentes grados.

·        Un incentivo no puede estar ligado solo al paso del tiempo como los trienios de los funcionarios. Eso, más que un incentivo, es simplemente una subida del salario.

El profesorado de enseñanza primaria y secundaria debería evaluarse. Esta evaluación podría hacerse de manera individual, por departamentos, por centros, o de una manera mixta, pero debería impactar sobre la carrera profesional del funcionario

De este ejemplo de los sexenios universitarios hemos podido sacar algunas conclusiones que deberíamos aplicar a otros sectores de la administración.

Por ejemplo, el profesorado de enseñanza primaria y secundaria debería evaluarse. Esta evaluación podría hacerse de manera individual, por departamentos, por centros, o de una manera mixta, pero debería impactar sobre la carrera profesional del funcionario. Es decir, sobre sus percepciones económicas, sus posibilidades de traslado, sobre la posibilidad de ocupar determinados puestos, etc. Para que eso sea posible debería crearse a nivel autonómico una Agencia Andaluza para la Evaluación de la Calidad en Primaria y Secundaria y diseñar unos mecanismos de evaluación que aseguren que evaluadores y evaluados estén distantes entre sí. Una agencia similar ya ha existido en Andalucía no hace tantos años. Desde mi punto de vista los padres de los alumnos y posiblemente los compañeros del evaluado deben participar de alguna forma en la evaluación.

Ante esta propuesta la mayoría del profesorado se pone a la defensiva. Argumentan que la evaluación es imposible de hacer, que las zonas de Andalucía son muy desiguales, que eso introduciría competitividad entre el profesorado. En definitiva, según ellos, que no serviría para nada e introduciría mecanismos de control en el profesorado.

El ejemplo de los sexenios universitario dice todo lo contrario. Pero lo primero que debemos tener en cuenta es que objetivo queremos mejorar en las escuela e institutos.

Si queremos mantener la calidad del sistema público debemos acercarlo al ciudadano y hacerlo participar, de alguna forma, en las evaluaciones de los servicios públicos que están siendo pagados con sus impuestos

Además, hay otro tema crucial en la evaluación: si queremos mantener la calidad del sistema público debemos acercarlo al ciudadano y hacerlo participar, de alguna forma, en las evaluaciones de los servicios públicos que están siendo pagados con sus impuestos. No podemos dejar todas las decisiones en las manos de los funcionarios por una parte y por otra debemos comprender que una buena evaluación sirve para apoyar a los buenos profesores, que hay muchos y muy buenos, y dar un toque de atención a los que no son tan diligentes.

De manera similar está la evaluación de los médicos de hospitales públicos y de la atención primaria. En este caso sí existe alguna evaluación, pero muy ligada al ahorro económico en medicamentos y de manera muy tangencial a la investigación. La calidad de la sanidad pública es de gran interés para los ciudadanos: por aumento de las listas de espera, los días de espera para las citas en primaria, etc. Estos son fundamentalmente problemas de financiación, problemas de recursos públicos dedicados a la sanidad, pero, de nuevo como en el caso anterior, además de denunciar los problemas de financiación, debemos acercar la administración de la sanidad pública a los ciudadanos que son los que pagan los impuestos. Esto implica evaluar a los profesionales y departamentos sanitarios y para ello es necesario contar con alguna agencia autonómica que la lleve a cabo. Es muy importante que en esta evaluación no solo participen profesionales, también debe haber representantes de los pacientes y los ciudadanos en general.

Otro caso, pero no el último, es el caso de la justicia. Este es un caso que habría que dedicar más tiempo, pero, como servicio público que es, debería ser evaluado y en esta evaluación debe participar la sociedad de alguna manera. La evaluación de los funcionarios del sistema judicial y de los juzgados debe hacerse y no debe dejarse únicamente en las manos de los propios jueces.

En definitiva, debemos evaluar a los funcionarios y los servicios públicos en general para mejorarlos de acuerdo con objetivos fijados democráticamente, para que puedan rendir cuentas antes los usuarios y para acercar su gestión a la ciudadanía que los mantiene con sus impuestos. Debemos poner al ciudadano en el centro de los servicios públicos. No evaluar a los funcionarios es una forma más de abandono de los servicios públicos. Es lo que están haciendo los gobiernos del PP en las comunidades que gobiernan: primar la sanidad, enseñanza y universidades privadas, no dotar de la financiación suficiente a los servicios públicos y dentro de ellos no premiar a los empleados públicos más dedicados.

En la sociedad actual de los países democráticos es muy común observar un apoyo mayoritario a las instituciones y valores de la democracia y un sentimiento de desconfianza hacia la política, los partidos y los políticos profesionales. Es algo que ha ido creciendo en los últimos años.

Una posible explicación a esta paradoja se puede encontrar en la frustración ante los resultados de la política. Especialmente cuando las fuerzas políticas se revelan incapaces de garantizar un modelo de sociedad y de desarrollo económico que satisfaga a sus votantes. Esto es especialmente preocupante en la parte progresista de la sociedad. Esta desconfianza hacia los partidos políticos progresistas, basada en la falta de efectividad para conseguir los objetivos que pregonan, se está canalizando en muchos casos hacia el alejamiento de la política. Esto hace que muchos votantes de partidos progresistas pasen al bloque, ya muy grande, de la abstención. 

En otros muchos casos la desconfianza hacia los partidos políticos progresistas se ha ido orientando hacia la búsqueda de reivindicaciones específicas y renunciando a buscar objetivos globales para la mayoría social. La sociedad civil progresista se ha ido fragmentando en movimientos, progresistas si, pero aislados uno de otros y sin objetivos comunes para alcanzar las mayorías parlamentarias necesarias. Ecologistas, feministas, memorialistas, jubilados, etc. son ejemplo de lo que decimos. Además con una amplia fragmentación dentro de cada movimiento.

Una tercera manera en la que se está manifestando la desconfianza hacia los partidos políticos progresistas es en el sentimiento de derrota de una buena parte de la sociedad civil progresista. Es lo que muchos manifiestan como la imposibilidad de cambiar las cosas en general y en Andalucía en particular. Asumen y difunden que todo está controlado por el actual Gobierno del PP y sus redes clientelares y que así no se puede hacer nada.

Ser simplemente ecologista, feminista, memorialista, jubilado, etc. sin una perspectiva global es insuficiente. Insuficiente para conseguir las mayorías parlamentarias necesarias

Los medios de comunicación, controlados en su mayoría por intereses que pretenden mantener los privilegios de unos pocos, difunden y aumentan el mensaje de que todos los políticos son iguales. Que no se puede confiar en ninguno. Este mensaje, aceptado e interiorizado en muchos casos por los sectores progresistas, está produciendo desafección hacia la política, aumento de los ciudadanos que no votan o como mucho militan en movimientos que luchan por causas justas, pero sin objetivos globales para conquistar las mayorías parlamentarias necesarias.

Pero la cruda realidad nos indica que sin mayorías parlamentarias amplias que puedan cambiar las leyes por otras más justas, que puedan formar gobiernos que velen por los intereses de la mayoría social, es imposible avanzar. Creo que ser simplemente ecologista, feminista, memorialista, jubilado, etc. sin una perspectiva global es insuficiente. Insuficiente para conseguir las mayorías parlamentarias necesarias.

Con esto no estoy defendiendo la formación de una única coalición electoral de todas la fuerzas y movimientos progresistas. En el momento actual en Andalucía eso no sería viable y, además, creo que es contraproducente.

Lo que estoy defendiendo es la idea de que podemos cambiar esta situación. De que es posible volver a tener mayorías parlamentarias progresistas en Andalucía. Que es posible revertir las políticas del actual Gobierno del PP que está dejando deteriorarse la sanidad pública, que está propiciando las universidades privadas, que está manteniendo la desigual distribución del reparto de agua en beneficio de grandes propietarios y fondos de inversión, que sigue sin asumir los problemas asociados al cambio climático y que el único modelo de desarrollo que contempla para Andalucía es el incremento de un turismo basado en bajos costes de la mano de obra.

Tenemos que crear espacios donde se puedan desarrollar las complicidades necesarias entre los movimientos sociales progresistas y entre estos y los partidos progresistas

Ahora podríamos preguntarnos cómo revertir el sentimiento actual de derrota, de desconfianza de algunos movimientos sociales entre sí e internamente, de desconfianza de algunos movimientos sociales hacia los partidos, de desconfianza de algunos partidos progresistas entre sí, de desconfianza de votantes hacia los partidos por los que depositaron su voto, etc. La respuesta no es fácil. Pero lo que sí tengo claro es que si no hacemos nada, si nos justificamos diciendo que las cosas están muy mal y es imposible cambiarlas, si nos refugiamos solo en reivindicaciones muy importantes, pero sin aspiraciones a conseguir mayorías parlamentarias progresistas, entonces las cosas no cambiarán.

Frente a eso tenemos que crear espacios donde se puedan desarrollar las complicidades necesarias entre los movimientos sociales progresistas y entre estos y los partidos progresistas. Espacios que permitan construir de forma consensuada y con cierto detalle los cambios que queremos para la sociedad andaluza en la que vivimos. Espacios que sean una fuente de irradiación de la posibilidad de cambio, de la posibilidad de alcanzar de nuevo mayorías parlamentarias progresistas en Andalucía. Espacios que sean una fábrica de nuevas Alianzas de Ilusiones, según la expresión acuñada por Roberto Lakidain en la presentación de la Plataforma Andaluza por la Mayoría Social.

La Plataforma Andaluza por la Mayoría Social que se presentó en público el 18 de marzo de 2024 nace con el objetivo de cambiar la situación de pesimismo actual de los sectores progresistas. Nace como un espacio donde crear las complicidades y confianzas necesarias entre movimientos sociales y partidos progresistas. Nace como un espacio que permita construir de forma consensuada y con cierto detalle los cambios que queremos para la sociedad andaluza en la que vivimos. Nace como una nueva Alianza de Ilusiones.

En las últimas décadas, la mayoría de los países desarrollados ha experimentado una creciente desigualdad de ingresos que plantea interrogantes sobre la meritocracia y la movilidad social. La meritocracia, término tan extendido hoy, argumenta que las desigualdades son el resultado de nuestros méritos y nuestros esfuerzos individuales y que por lo tanto si la distribución de los méritos y esfuerzos es muy desigual, lo esperable es que también lo sea la distribución de ingresos.

Pero al mismo tiempo que las desigualdades han aumentado, el ideal de que el éxito económico y social se basa únicamente en los logros y méritos personales ha ido, lentamente, desvaneciéndose. El ascensor social que parecía imparable en la España de los años 80 parece haberse detenido. Pero aunque eso parece evidente, la meritocracia, como ideología, se sigue considerando, incluso por los sectores progresistas, como elemento justificador de la desigualdad. Los partidos políticos progresistas no han llegado a asimilar que sólo con el mérito y esfuerzo individual no es suficiente para alcanzar una buena posición económica. Este hecho creo que está en la base del alejamiento de los partidos progresistas de amplias capas de jóvenes. Alejamiento que se manifiesta en muchos casos mediante la abstención. Al asumir la meritocracia como justificación de la desigualdad los partidos progresistas han abandonado su electorado tradicional, los sectores más desfavorecidos, y se han dirigido, para sobrevivir, a un votante más formado. La izquierda se ha convertido en una Izquierda Brahmánica, según el término acuñado por el economista francés Thomas Piketty en Clase e ideología para referirse a las preferencias electorales de la élite intelectual de izquierda.

Pero por mucho que se venga insistiendo en ello desde la década de 1980, el mito meritocrático es problemático porque el éxito económico y social no se consiguen sólo o primordialmente con el esfuerzo. El mérito es un producto que amalgama, en cantidades variables, dos ingredientes: las capacidades y el esfuerzo. Las capacidades se suelen asociar en las sociedades del conocimiento como la nuestra, a la posesión de un título universitario que certifique que poseemos las habilidades más demandadas por el mercado. Obtener un título universitario se ha convertido en una carrera estresante para los jóvenes.

El esfuerzo, siempre necesario y valorable, explica sólo una parte de las desigualdades actuales. Gran parte de ellas se deben a circunstancias que escapan al control individual: las circunstancias debidas a la lotería social –renta y nivel educativo de los padres, geografía, clase social, etc.– y las derivadas de la lotería natural –nacer con una discapacidad, tener gran capacidad intelectual, control de impulsos, etc.–.

Lo que estamos comentando está siendo estudiado muy extensivamente en los últimos años. El informe Derribando el dique de la meritocracia ofrece datos reveladores. En el primer gráfico, obtenido del informe, se muestra la relación entre el ingreso parental y el ingreso medio alcanzado por sus hijos (por género). La muestra representa a padres cuyos hijos nacieron entre 1980 y 1990 cuyo ingreso como adultos se observa cuando tienen entre 30 y 36 años. La conclusión: los ricos son hijos mayoritariamente de padres ricos

El segundo gráfico, sacado del mismo informe, muestra cómo de fácil es acabar en la élite económica. La muestra representa padres cuyos hijos nacieron entre 1980 y 1990 cuyo ingreso como adultos se observa cuando tienen entre 30 y 36 años. La conclusión también es relevante: acceder a la élite económica, el 1% más rico, es prácticamente imposible si los padres no estaban en ese nivel.

El tercer gráfico tomado de Meritocracia y educación: movilidad social e igualdad de oportunidades pone el foco en los datos de Matemáticas de PISA 2018. En concreto las probabilidad de alcanzar el nivel PL3 de competencia matemática según la situación económica. Como se ve, las diferencias entre los diferentes sectores sociales son muy importantes.

Por ejemplo, en el caso del alumnado socioeconómicamente desaventajado solo lo consigue el 31,6 %, mientras que lo hace el 73,2 % de quienes tienen las condiciones económicas más favorables. Esto se traduce en que los segundos tienen 2,32 veces más probabilidades que los primeros en alcanzar los niveles básicos en la competencia matemática. Dicho de otra manera, tienen un 51 % más de probabilidades de obtener el nivel.

A la hora de hablar de igualdad de oportunidades y de meritocracia en España resulta esencial incluir en el análisis el acceso a la función pública, particularmente el acceso a los grandes cuerpos, como pueden ser la judicatura, la abogacía del Estado, los técnicos comerciales, el cuerpo diplomático o la administración civil del Estado.

Resulta evidente que solo aquellos estudiantes que tienen la suerte de poder ser mantenidos por sus familias pueden pagar el coste de entrada de completar un proceso de oposición que suele llevar entre tres y siete años. Las desigualdades se reproducen a través del acceso a la función pública: el alto coste económico que requiere el proceso y la falta de información excluyen del proceso a aquellos estudiantes de origen humilde.

En nuestras sociedades contemporáneas los ganadores justifican sus privilegios con el argumento de que los han ganado a fuerza de trabajar duro; en las aulas primero, estudiando mucho, y en la oficina después, entrando muy pronto y saliendo muy tarde.

Pero como muestran los datos el relato meritocrático es eso, un relato, una narrativa, un mito moderno que ha impregnado nuestra sociedad de tal manera que cuesta concebir una alternativa que rechace esta forma de justificar las desigualdades y, con ello, los privilegios de los ganadores de la meritocracia. Desgraciadamente muchos sectores progresistas asumen ese marco ideológico y con ello justifican las desigualdades crecientes, pero provocan un alejamiento de los perdedores: los que no han ido a la universidad, los que se han quedado en los pueblos, etc. Asumen este marco ideológico al escoger mayoritariamente a sus representantes políticos entre los ganadores: funcionarios, universitarios, etc. Un buen político lo es en la medida que defiende los intereses de sus electores y no por tener un título. Hay que recuperar ese ideal.

Como muestran los datos el relato meritocrático es eso, un relato, una narrativa, un mito moderno que ha impregnado nuestra sociedad de tal manera que cuesta concebir una alternativa que rechace esta forma de justificar las desigualdades

Desde el punto de vista práctico institucional, el Estado juega un papel fundamental, al ser el único que puede asegurar la igualdad de oportunidades de manera eficaz. Las propuestas progresistas tienen que abordar está problemática de forma decidida si quieren recuperar parte de sus votantes perdidos. Hay que seguir exigiendo el fortalecimiento de la sanidad pública, la enseñanza pública, la atención a la dependencia, etc. Pero hay que ir más adelante.

Cada vez más estudios recientes muestran que un porcentaje alto de la desigualdad de riqueza en España viene explicado por las herencias, es decir, por factores exógenos al mérito del individuo y su transmisión no depende del talento o el esfuerzo de quien la recibe. Establecer un impuesto de sucesiones, en cuyos detalles no entramos aquí, que regule de manera efectiva esta cuestión es de importancia vital.

Una excesiva concentración de la riqueza tiene efectos directos sobre la participación política, el crecimiento económico o la cohesión social. Establecer de un impuesto progresivo sobre el patrimonio, en cuyos detalles no entramos aquí, es de nuevo esencial y esto se debe complementar con propuestas como la renta básica universal, el impuesto negativo sobre la renta, los complementos salariales o la herencia universal.

En lo relativo al acceso al alto funcionariado, urge plantear una reforma del acceso a la Administración General del Estado, y a la Función Pública en general, que permita la entrada de sectores menos privilegiados: becas públicas para opositores basadas en la necesidad y en el mérito, financiación de academias en comunidades autónomas infrarrepresentadas en la alta Administración Pública, etc.

Vivir en una sociedad desigual es malo, sobre todo si uno es pobre. Pero peor aún es vivir en una sociedad desigual que no reconoce que la desigualdad es un problema

La meritocracia, por otra parte, argumenta la necesidad de la igualdad de oportunidades para alcanzar una buen situación económica. Pero esto depende de que existan oportunidades laborales que recompensen el esfuerzo de los ciudadanos. Si apenas hay empleos que ofrezcan un salario y unas condiciones de trabajo decentes, entonces, por mucho que las pocas personas que accediesen a ellos lo hicieran por méritos y capacidad, estaríamos dejando de lado a muchas personas que también merecerían tener empleos igualmente decentes. El esfuerzo de esas personas que quedan fuera no se vería recompensado por la razón de que no hay empleos decentes para todas las personas que los merecen, debido a la sobreabundancia de trabajos que se realizan en condiciones precarias y pagan salarios de miseria. Dado que cada vez es menos probable que el mercado de trabajo recompense nuestro esfuerzo, porque cada vez hay menos empleos decentes, el Estado no puede limitarse a compensar ex post a los perdedores. El Estado debe tener un rol más activo en la promoción de la igualdad de oportunidades adoptando políticas que promuevan la creación de empleos decentes.

Vivir en una sociedad desigual es malo, sobre todo si uno es pobre. Pero peor aún es vivir en una sociedad desigual que no reconoce que la desigualdad es un problema. Una sociedad que, por ejemplo, ha erigido un dique ético-filosófico para justificar las amplias desigualdades que cobija. Los movimientos progresistas deben enarbolar la bandera de la lucha contra la desigualdad y desenmascarar el mito meritocrático para avanzar hacia una sociedad más justa.

La Ley Orgánica Universitaria (LOSU) es la que rige la gobernanza de las universidades españolas. Es una ley del actual gobierno progresista de España a propuesta del Ministerio de Universidades que dirige Joan Subirats. La universidades españolas han cambiado mucho desde los años 80 en que se publicó La ley de Reforma Universitaria (LRU) impulsada por el ministro de Educación socialista José María Maravall y el PSOE de Felipe González en 1983. Estuvo vigente entre 1983 y el 13 de enero de 2002, en que entró en vigor la LOU. Recientemente se ha publicado la LOSU.

Las universidades españolas han mejorado muchísimo en calidad desde los años 80. En particular la investigación ha crecido de forma indiscutible: hoy somos el 11º país del mundo en número de publicaciones en revistas indexadas. Sin embargo sigue sin conseguirse la transferencia al sector productivo (siempre alrededor de la 30ª posición en los rankings de innovación). Según ha señalado el Ministerio de Ciencia e Innovación la transferencia de conocimiento se trata de un asunto prioritario porque, aunque España ocupa la posición número 11 en producción científica a nivel mundial, se sitúa en el puesto número 29 en los rankings de innovación. Por tanto, hay un desequilibrio entre la producción científica y el sistema innovador de este país.

La docencia universitaria sigue sin ser una actividad prioritaria. Y sigue sin serlo porque no impacta decisivamente en el currículo del profesorado universitario. La actividad docente se valora atendiendo casi exclusivamente al volumen de clases impartidas, considerando que el tiempo en el aula contribuye automáticamente a aumentar la calidad de la docencia. Prácticamente no se tiene en cuenta la coordinación entre asignaturas, la innovación docente o la actualización de temarios y adecuación de estos a la realidad social que nos rodea.

El objetivo que se perseguía, la calidad docente e investigadora de profesores y profesoras, ha sido sustituido por un coleccionismo de méritos en el ánimo de muchos aspirantes

En estos momentos necesitamos repensar el sistema de acreditación, y nada mejor para ello que alinearlo con las propuestas de CoARA, la Coalición para el Avance en la Evaluación de la Investigación, que propone dar paso a sistemas cualitativos de evaluación que reconozcan los logros científicos y docentes conseguidos, utilizando los indicadores cuantitativos de forma auxiliar, no central, y reconociendo una amplia diversidad de contribuciones académicas y perfiles. En definitiva, un sistema que reconozca el esfuerzo por profundizar en la ciencia y mejorar la docencia, por encima de la acumulación de ciertos ítems. En La necesaria reforma de la acreditación del profesorado universitario se hace una análisis detallado de la situación actual.

El objetivo que se perseguía, la calidad docente e investigadora de profesores y profesoras, ha sido sustituido por un coleccionismo de méritos en el ánimo de muchos aspirantes.

Por otra parte España es el país del mundo donde menor compromiso, participación y responsabilidad tiene la sociedad en la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas de su universidad, a pesar de que, obviamente, la financia muy mayoritariamente con sus impuestos. Esto sigue siendo así desde la LRU y continuó con la LOU.

Sin sociedad comprometida en su gobernanza y rendición de cuentas, la introspección universitaria ha generado excesivo corporativismo y endogamia, lo que se ha traducido en excesivas distancias entre academia y sociedad. El aislamiento de la universidad y el desinterés de nuestra sociedad con ella ha pasado una importante factura en términos de excelencia universitaria, cooperación universidad-empresa y, consecuentemente, bienestar social.

Estaba claro que hacía falta una nueva ley de universidades en España. Publicada la LOSU nos debemos preguntar: es esta la ley que necesitan las universidades españolas en este momento, o es una oportunidad perdida para acercar la universidad a las necesidades de la sociedad.

La ley abre el camino definitivamente a la universidades privadas. Esto no parece un camino adecuado en términos de igualdad de oportunidades para los españoles

La LOSU se presenta como una ley inacabada que va a requerir un despliegue normativo largo y laborioso de modo que, la transición entre la situación actual y la prevista como horizonte, tendrá que extenderse a lo largo de varios cursos. La ley aborda muy tímidamente algunas de la problemáticas descritas arriba como la necesaria reforma del sistema de acreditación. Las concreciones de la nueva ley pueden ser diversas en cada comunidad autónoma con los problemas que ello puede generar. Pero lo más preocupante, desde mi punto de vista, es que no aborda el problema central de la universidades españolas: la gobernanza universitaria. Más bien fija, como la LRU y la LOU, que la comunidad universitaria siga eligiendo el Rector y su equipo de gobierno. No da a los Consejos Sociales ningún papel nuevo en el control de las universidades y de su gobernanza. Esto solo puede provocar más corporativismo y endogamia de la que ya hay, que es mucha.

La ley abre el camino definitivamente a la universidades privadas. Esto no parece un camino adecuado en términos de igualdad de oportunidades para los españoles. Pero este tema lo abordaremos en otro momento.

Frente a lo propuesto por la ley creo que hay que cambiar la gobernanza universitaria dando un mayor papel a la sociedad. Los universitarios, profesorado, alumnos y personal de administración y servicios, exclusivamente no deberíamos elegir al rector y su equipo de gobierno sin la participación mayoritaria de la sociedad que nos financia con sus impuestos. La universidad tiene que producir buenos profesionales, buena ciencia, buena ingeniería en beneficio de la sociedad y no simplemente, en el mejor de los casos, alimentar los currículos de sus investigadores. España es el único país del mundo donde la gobernanza universitaria queda en manos solamente de los universitarios.

En este punto, sobre todo en la comunidad universitaria, siempre se plantea la misma pregunta: ¿y eso como se hace?. La comunidad universitaria tiene miedo de que el partido político gobernante le imponga el que hacer. Y efectivamente ha habido muchos ejemplos perversos en comunidades autónomas donde el poder político ha tenido una implicación indeseable en la universidad. Frente a eso, claramente, la universidad debe ser autónoma: tiene que ser libre para pensar en soluciones y alternativas a los problemas científicos, tecnológicos y sociales. A un profesor no se le pueden imponer ideologías y  doctrinas. Claro que no. La universidad es el recurso que tiene la sociedad para producir nuevas ideas y soluciones a los problemas que se van presentando y para conseguirlo tiene que ser autónoma desde este punto de vista.

Las universidades públicas necesitan financiación, más que la disponen actualmente si queremos compararnos con las universidades europeas, pero también necesitan rendir cuentas a la sociedad

Pero la universidad no puede ser autónoma en el uso de los medios económicos que le proporciona la sociedad. La universidad no puede poner las prioridades en la creación de nuevos títulos y nuevas universidades. En la investigación, además de la investigación básica no orientada, debe haber programas de investigación con prioridades fijadas por la sociedad. La universidad tiene que rendir cuentas a la sociedad y no solo ante si misma. Tiene que convencer a la sociedad que sus egresados están alineados con lo que la sociedad necesita. Tiene que convencer a la sociedad que su investigación es útil para la sociedad y no solamente, en el mejor de los casos, para incrementar los currículos de los profesores.

Y de nuevo vuelve la misma pregunta: ¿y eso como se hace? Creo que la respuesta más fácil es mirar la gobernanza de las grandes universidades públicas y privadas de Estados Unidos y copiarla. O si que quiere mirar la gobernanza de las grandes universidades europeas y copiarla. Eligiendo cualquiera de esos modelos mejoraría mucho la universidad española.

En España creo que la solución pasa por cambiar el papel de los Consejos Sociales y darle las competencias para fijar los objetivos globales de la universidad, elegir al Rector y su equipo de gobierno y pedirle cuentas sobre los resultados obtenidos por la universidad, sus centros y departamentos. En definitiva convertir al Consejo Social en el elemento que fija los objetivos y pide cuentas a la universidad en representación de la sociedad. Una vez elegido al Rector se le deben dar competencias para la gestión de la universidad y entre ellas nombrar directores de centros y departamentos.

Aquí llegamos de nuevo a la pregunta: ¿y que composición debe tener el Consejo Social? De nuevo creo que lo mejor es seguir las experiencias de las universidades extranjeras. En el Consejo Social, que debe ser un órgano no muy numeroso, entre 20 o 30 miembros, deben estar representados los profesores universitarios, los alumnos, pero también los egresados, el gobierno autonómico y municipal y personas relevantes de la sociedad y de la universidad, tanto desde el punto de vista económico como social.

Las universidades públicas necesitan financiación, más que la disponen actualmente si queremos compararnos con las universidades europeas, pero también necesitan rendir cuentas a la sociedad. En este segundo aspecto la nueva LOSU ha dado un paso en sentido contrario. La nueva LOSU es una oportunidad perdida para acercar a universidad a la sociedad. Habrá que seguir pidiendo una nueva ley.

La era de la inteligencia artificial generativa ha llegado de verdad. Los bots de charla de OpenAI, que utilizan la tecnología de los grandes modelos de lenguaje, dieron en noviembre la señal de salida. Ahora apenas pasa un día sin que se produzca algún avance espectacular. El sector de la música se vio sacudido hace poco por una canción creada mediante inteligencia artificial, un concurso de pintura en Estados Unidos fue ganado por una obra generada por Inteligencia Artificial. Los programas que convierten texto en vídeo están creando contenidos bastante convincentes. Dentro de no mucho, productos de consumo se conectarán a los bots de OpenAI, lo cual permitirá encargar comida o contratar unas vacaciones escribiendo texto en una casilla. La revolución tecnológica que esto implica afectará a los empleos y su distribución entre los diferentes países y dentro de un país entre las diferentes regiones.

Por otra parte, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son las dos amenazas más graves de nuestro tiempo, que pueden llevar a un colapso socio ambiental de nuestra civilización y de las sociedades humanas. Evitar un cambio climático catastrófico, como el que produciría un calentamiento global superior a 2º C es el principal desafío de nuestro tiempo. La transición energética, ecológica y económica que esto implica es de tal magnitud que requiere un profundo cambio para numerosas actividades económicas y centros productivos, que deberán ser abandonados, sustituidos o transformados en todos los sectores: la energía, el transporte, el urbanismo, la edificación, la industria y el sector agroalimentario.

Los servicios jurídicos, la contabilidad y las agencias de viajes se sitúan a la cabeza de las profesiones con más probabilidades de salir perdiendo.

La era de la inteligencia artificial se está solapando con la necesidad de una transición energética, ecológica y económica hacia un mundo más sostenible. Se trata de un cambio radical en nuestras formas de producir trabajar y consumir que, junto a enormes beneficios, podría tener efectos sociales adversos que habrá que evitar.

En el caso del empleo, aunque las nuevas actividades crearán muchos empleos, los que se crean no lo serán necesariamente ni en el mismo momento ni en el mismo lugar que los que se destruyan, lo cual podría crear localmente pérdidas de actividad económica y empleo que pueden ser muy importantes en regiones como Andalucía.

Ya se han publicado muchos trabajos que en señalan que la automatización y la inteligencia artificial es su punta de lanza podría acabar con muchos puestos de trabajo. Otros argumentan que, incluso sin un desempleo generalizado, se produciría un vaciamiento en el que desaparecerían los empleos gratificantes y bien remunerados y su lugar sería ocupado por funciones mecánicas y mal pagadas. Los servicios jurídicos, la contabilidad y las agencias de viajes se sitúan a la cabeza de las profesiones con más probabilidades de salir perdiendo.

No obstante, son muchas las cosas que caen fuera del alcance de la inteligencia artificial. El trabajo manual, como la construcción y la agricultura constituye un ejemplo. Una gran modelo de lenguaje le resulta poco útil a alguien que recoge espárragos. Podría serlo a un fontanero que arregla un grifo que gotea: un widget reconocería el grifo, diagnosticaría la avería y aconsejaría soluciones. Ahora bien, el fontanero seguirá teniendo, en última instancia, que hacer el trabajo físico. 

¿Será justa la transición en al que estamos inmersos? ¿Servirá para disminuir la igualdad o para incrementarla? ¿Cuál será el impacto en regiones como Andalucía cuyo desarrollo va quedando lejos de la media española y europea?

Muchos de los puestos de trabajo amenazados por la inteligencia artificial se encuentran en sectores muy regulados. Es el caso de los policías y la inteligencia artificial dedicada a la lucha contra la delincuencia. Sólo los gobiernos más atrevidos los sustituirían por inteligencias artificiales. Imaginemos los titulares.

Los empleos emergentes en el sector de la inteligencia artificial y los sectores informáticos punteros se van a concentrar en los países más desarrollados: en Europa fundamentalmente en Alemania y en España en Madrid fundamentalmente.

Los nuevos empleos asociados a la transición energética, ecológica pueden estar más distribuidos geográficamente. Sobre todo se empiezan a crear comunidades energéticas. Pero no es esto lo que está ocurriendo: más bien lo que está pasando es que las grandes compañías eléctricas son las que están construyendo los grandes huertos solares lo que implicará que tendrán el dominio de la generación y distribución de la energía verde.

Se está produciendo una fuerte transición tecnológica con fuertes impactos económicos y en el empleo. La pregunta es: ¿Será justa la transición en al que estamos inmersos? ¿Servirá para disminuir la igualdad o para incrementarla? ¿Cuál será el impacto en regiones como Andalucía cuyo desarrollo va quedando lejos de la media española y europea?

Los datos nos indican que la economía española se aleja de Europa. No es que el producto interior bruto (PIB) haya dejado de crecer, que lo hace, sino que ese incremento se apoya fundamentalmente en empleos de bajo valor añadido o con ocupaciones a tiempo parcial. La distancia entre el PIB por habitante de España y el de Europa ha pasado del 9% en el 2006 al 17% el año pasado. A su vez Andalucía se está alejando de España.

Se dice que el entrenamiento de GPT-4, uno de los bot de charla de OpenAI, costó más de 100 millones de dólares, una suma a disposición de pocas compañías.

Por supuesto, nadie puede predecir con seguridad adónde llevará a los humanos una tecnología tan intrínsecamente impredecible como la inteligencia artificial. Tampoco podemos predecir como evolucionará la lucha contra el cambio climático. Pero si podemos decir lo que queremos, lo que deseamos. Queremos que la transición sea justa. Organizar esta reconversión con protección social, con formación y recualificación profesional, con distribución territorial de los nuevos empleos, con una disminución de la desigualdad que va en aumento. Eso queremos. El progreso tecnológico es beneficioso para la humanidad como conjunto porque genera incremento de la productividad y esto podría dar lugar a un incremento del bienestar general si estuviera adecuadamente distribuido. Pero las transiciones tecnológicas producen, si no se evita, fuertes incrementos de la desigualdad, dejan a un gran sector de la población, los perdedores, con bajos salarios y baja protección social.

La transición justa es la base del nuevo contrato social, socialmente justo y ambientalmente sostenible, que genere grandes beneficios en términos de salud y bienestar.

Una nueva tecnología crea casi siempre un pequeño grupo de personas con un enorme poder económico. John D. Rockefeller triunfó con el refinado del petróleo y Henry Ford con los automóviles. Hoy, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg han conseguido un gran dominio gracias a la tecnología. Muchos expertos prevén que dentro de poco el sector de la inteligencia artificial generará unos beneficios formidables.

Esos beneficios podrían ir a parar a una única organización, quizá OpenAI. Los clientes no tenían alternativa al petróleo de Rockefeller, por ejemplo; y tampoco podían producirlo ellos. La inteligencia artificial generativa tiene algunas características monopolísticas. Se dice que el entrenamiento de GPT-4, uno de los bot de charla de OpenAI, costó más de 100 millones de dólares, una suma a disposición de pocas compañías. También hay mucho conocimiento propietario en torno a los datos con los que se entrenan los modelos, por no hablar de la retroalimentación de los usuarios.

Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, está empeñado en que todos tengamos una renta básica universal. A cambio de escanear nuestro iris. Esto muestra la preocupación de algunos que ya están viendo el futuro cercano.

Sin embargo, hay pocas posibilidades de que una sola compañía domine todo el sector. Lo más probable es que un pequeño número de grandes empresas compitan entre sí, como ocurre con el transporte aéreo, los supermercados y los motores de búsqueda y dominen todo el mercado. Esto producirá un incremento importante de la desigualdad a nivel global, entre países y entre regiones dentro de un mismo país. Se incrementará la desigualdad si dejamos al mercado funcionar según sus reglas. Si no hacemos las políticas públicas necesarias. Esta desigualdad tendrá como consecuencia un aumento del sector de población que ha perdido en la revolución tecnológica. Un sector de población con bajos salarios y trabajos malos y poco gratificantes. Ese sector de población será mayor en regiones atrasadas como Andalucía.

¿Qué hacemos? Claramente debe actuar el Estado en beneficio de los perdedores disminuyendo la desigualdad con impuestos progresivos que deben ser no solo a escala regional o nacional. Debe ser a escala europea y mundial. Algunos pasos se están dando tímidamente en esa dirección. El Estado, además, debe aumentar los servicios públicos de calidad para toda la población.

¿Es posible hacer algo más? Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, está empeñado en que todos tengamos una renta básica universal. A cambio de escanear nuestro iris. Esto muestra la preocupación de algunos que ya están viendo el futuro cercano.

En los sectores progresistas hay que abrir un debate sobre instrumentos que puedan servir para reducir la desigualdad: la renta básica universal, el trabajo garantizado o la herencia universal. Sumar ha propuesto una herencia universal de 20000 euros. Piketty ya había propuesto una de 120000 euros. Raventos y otros han propuesto una renta básica universal. Eduardo Garzón ha propuesto la idea de empleo garantizado. Sumar propone al reducción de la jornada laboral.

Pocas dudas quedan ya de la evidencia del cambio climático. Ya no es un problema que afecta a “otra gente, otros países, otras sociedades” ni es un problema a largo plazo. Está pasando aquí y ahora. Si la tendencia actual continua, ningún país del mundo quedará a salvo de sus efectos. Y España será uno de los más afectados, con un 80% de su territorio en riesgo de desertificación.

Los efectos del cambio climático tienen un impacto directo sobre todas las personas. Sin embargo, ese impacto no es igual para todos. Las personas en situaciones más vulnerables, que son quienes menos contribuyen al cambio climático, son las que más sufren sus peores consecuencias. Y esto es así porque éste no es un problema simplemente ambiental o ecológico. Hablamos de un problema de desigualdad global. Hablamos de la forma en que se consigue y se distribuye la energía, de como se producen los alimentos y como se calcula su precio. Hablamos de un sistema económico que se basa en la concentración en pocas manos de la riqueza y los recursos, mientras socializa los residuos y los impactos medioambientales.

Hablamos de un sistema económico que se basa en la concentración en pocas manos de la riqueza y los recursos, mientras socializa los residuos y los impactos medioambientales

Como se está demostrando, las temperaturas medias registradas en Andalucía acumulan un ascenso cercano a los 2 grados. Nuestra comunidad es una de las regiones que más ha visto modificada la configuración de las precipitaciones, tanto en la cantidad total como en su distribución temporal. Nos encontramos con uno de los principales problemas ambientales que Andalucía está afrontando en los últimos años: la radicalización de los periodos de sequías, que se ha acentuado en los últimos 5 años. Esta situación ha derivado en un déficit hídrico acumulado muy acusado tanto en la Cuenca Mediterránea Andaluza como en la del Guadalquivir.

Pero la responsabilidad de las emisiones de CO2, una de las causas del cambio climático, está repartida de forma muy desigual. En la UE, el 10% de la población con mayor huella de carbono representa el 27% de todas las emisiones de los hogares de la UE, lo que es ligeramente superior a lo que aporta la mitad de la población con menor huella. Los mayores desplazamientos aéreos, las  casas más grandes de los más ricos, son algunas de las razones.

Un estudio sugiere que los hogares ricos tienen huellas de carbono superiores a 129 toneladas de CO2 equivalente al año, lo que representa aproximadamente 10 veces más que el hogar medio. Los esfuerzos de mitigación del cambio climático a menudo se centran en las personas más pobres del mundo, y se ocupan de temas como la seguridad alimentaria y energética, y el aumento del potencial de emisiones a partir del crecimiento previsto de la población, los ingresos y el consumo. Sin embargo, se necesitan más políticas dirigidas a las personas en el extremo opuesto de la escala social: los súper ricos.

Por otra parte, los españoles, en muchas encuestas, están de acuerdo en que el Estado dedique parte de su presupuesto a medidas destinadas a paliar los efectos del cambio climático: prevenir los incendios, mejorar el aislamiento de los edificios, plantar más árboles, mejorar los sistemas de transporte público, etc.

Los ciudadanos se preguntan por qué tienen que reducir sus emisiones si los muy ricos generan más emisiones en un día que ellos en un año. Los ciudadanos esperan que las personas más ricas cooperen más

Pero las desigualdades pueden eximir a las personas de cualquier responsabilidad sobre los cambios en su estilo de vida, ya sea en el ámbito personal o político. Los ciudadanos se preguntan por qué tienen que reducir sus emisiones si los muy ricos generan más emisiones en un día que ellos en un año. Los ciudadanos esperan que las personas más ricas cooperen más. Dado que España se encuentra objetivamente entre los países más desiguales de la UE, una mayor contribución de los más acomodados parece fundamental para recabar de la mayoría un apoyo crítico a las acciones climáticas ambiciosas.

Sin una redistribución sustancial de la riqueza, resulta inviable abordar el cambio climático de manera efectiva. El cambio climático es una crisis global que requiere soluciones a gran escala y la movilización de recursos financieros significativos para financiar las iniciativas necesarias para combatirlo. Son ideas de Piketty que comparto. Puede ser una afirmación fuerte, pero los que afirman lo contrario están mintiendo al mundo según él. Tampoco dicen la verdad los que manifiestan que la redistribución de la riqueza es deseable pero, lamentablemente, técnica y políticamente imposible.

Muchos ciudadanos desconfían ante los programas de la izquierda ecologista como se ha demostrado recientemente en Suecia e Italia y prefieren la derecha antiinmigrante y nacionalista. Sin una transformación fundamental del sistema económico y la distribución de la riqueza, el programa ecológico progresista corre el riesgo de volverse contra las clases medias y trabajadoras. 

La riqueza está tan concentrada en una pequeña parte rica de la población que es posible mejorar las condiciones de vida de la gran mayoría mientras se combate el cambio climático. Eso siempre que abordemos una redistribución ambiciosa. Esto requiere una reducción drástica del nivel de riqueza e ingresos de los más ricos, y además ésta es quizás la única forma de construir mayorías políticas para salvar el planeta.

Según datos del World Inequality Report, la participación parte de la riqueza mundial en manos del 10% más rico representa el 77% del total, en comparación con solo el 2% para el 50% más pobre. En Europa, que se suele presentar como un remanso de igualdad en el mundo, la participación del 10% más rico es del 61% de la riqueza total, frente al 4% del 50% más pobre. Esta desigualdad, además, ha aumentado después de la crisis del 2008. El 1% más rico a nivel mundial se quedó con el 38% de la riqueza adicional acumulada desde mediados de la década de 1990, mientras que el 50% más pobre recibió solo el 2% de la misma.

Es hora de incluir la redistribución entre los objetivos de las izquierdas progresistas

En Francia, según los datos disponibles, el impuesto sobre la renta total pagado por los 500 individuos ricos de 2010 a 2022 equivale a menos del 5% de un enriquecimiento de unos 800 mil millones. Y pagan tan poco porque la ley les permite usar desgravaciones de todo tipo.

Un impuesto único del 50%, frente al 5% actual, sobre este enriquecimiento de los más ricos, no sería excesivo. No lo sería en un momento en que los pequeños ahorros ganados con esfuerzo están pagando un impuesto inflacionario adicional cercano al 10% anual durante el año pasado. Con ese impuesto a lo más ricos, se podrían recaudar muchos miles de millones de euros. 

En España, estamos en una situación similar. Según un estudio el 1% con más renta acapara en España 2,7 puntos más de renta que el 50% más pobre. El porcentaje de renta del 1% más rico ha crecido desde 2007 de un 13,4% a un 16,9%, mientras la mitad más pobre bajaba del 17,2% al 14,2%. El 10% con mayor renta también ha mejorado, del 39,5% al 42,3%.

Se pueden pensar en muchas fórmulas, pero las cantidades son vertiginosas: aquellos que afirman que no hay nada sustancial que recuperar de estos impuestos simplemente no quieren o no se atreven a contar.

Esta redistribución debe ser a nivel nacional, pero también internacional. Una parte de los ingresos de los más ricos debería pagarse directamente a los países más pobres, en proporción a su población y su exposición al cambio climático. Los países del Sur ya no pueden esperar cada año a que el Norte se digne a cumplir con sus compromisos. 

Pronto serán las elecciones generales y la prometida reforma fiscal del Gobierno progresista ha sido pospuesta debido a otras prioridades. Es hora de incluir la redistribución entre los objetivos de las izquierdas progresistas. Este es un objetivo necesario en los momentos que vivimos que entronca con las reivindicaciones de la tradición progresista de nuestro país.

La pregunta podrá ser descabellada para algunos, pero lo cierto es que la informática ha penetrado en los distintos sectores de la sociedad y en sus quehaceres cotidianos de forma imparable. La población adulta, los estudiantes y hasta los niños han adoptado nuevas formas de vivir y comportarse como consecuencia del impacto de la cultura digital en las diferentes profesiones, en las tareas del hogar y hasta en el sistema educativo.

Internet es una de las palabras más nombradas en los últimos tiempos. Internet se ha convertido en el medio de comunicación más extendido en toda la historia de la humanidad. Constituye una fuente de recursos de información y conocimientos compartidos a escala mundial. Es también la vía de comunicación que permite establecer la cooperación y colaboración entre gran número de comunidades y grupos de interés por temas específicos, distribuidos por todo el planeta.

Las máquinas, con los algoritmos que las hacen funcionar, comenzaron a entender frases simples en inglés en los años sesenta. Más tarde aprendieron a traducir textos más complejos a cientos de lenguajes, filtrar nuestros correos electrónicos y reconocer un texto escrito a mano. Y hoy ya son capaces de ganarnos a juegos de estrategia y lógica, entender lo que decimos y actuar en consecuencia, asistir a los médicos y vencer a los mejores jugadores de ajedrez o Go.

Un bot es un programa informático que imita el comportamiento humano, y un chatbot es el bot que simula una conversación con una persona. Los primeros pueden decirse que existen desde hace 50 años. Y los segundos, los bots conversacionales, están brotando por todas partes. En la prensa, a estos algoritmos se les denomina Inteligencias Artificiales (IA). Yo prefiero llamarlos algoritmos informáticos porque tienen mucha informática, además de los algoritmos específicos de Inteligencia Artificial (IA) que es una parte de la informática.

Hay chatbots que, además de entender el lenguaje y conversar, son capaces de "leer" las expresiones faciales de la persona que habla mediante la cámara frontal del dispositivo, información que complementa la que extrae del lenguaje verbal

Los chatbots se disparan porque hoy ya hay herramientas para acceder y extraer información valiosa de las conversaciones y procesarla, porque antes los algoritmos solo podían analizar datos y ahora son capaces de analizar el lenguaje natural de las personas.

La razón de esta eclosión de bots conversacionales es el vertiginoso avance de la inteligencia artificial en los últimos años, en especial en lo que se refiere a la inteligencia cognitiva, aquella que apuesta porque las máquinas perciban el entorno y resuelvan los problemas como lo hace el sistema cognitivo de una persona.

Los programas más avanzados son capaces de entender el discurso humano y mantener una conversación lógica y seudointeligente, y además en varios idiomas, lo que también está permitiendo grandes avances en la traducción automática y permite vislumbrar el traductor instantáneo en el horizonte.

Hay chatbots que, además de entender el lenguaje y conversar, son capaces de “leer” las expresiones faciales de la persona que habla mediante la cámara frontal del dispositivo, información que complementa la que extrae del lenguaje verbal y mejora la comunicación. Y algunos son capaces de imitar la voz de cualquier persona hasta el punto de reproducir su tono y los matices enfáticos o emocionales al leer un texto o hablar.

Pero lograr esta comprensión automática de la información no es fácil porque el programa informático no solo tiene que leer o escuchar la información, sino también relacionarla e interpretarla para entenderla y poder actuar o responder en consecuencia. Si durante una conversación alguien dice Sevilla, el algoritmo informático debe poder distinguir si se refiere a la ciudad o al club de fútbol, y para ello no solo necesita poder procesar el lenguaje, sino haber sido dotado de mucha información, de definiciones de conceptos y conocimientos básicos para poder razonar y extraer la solución del contexto, como lo haría una persona.

¿Tendrán los humanos que competir contra la máquina? La respuesta optimista es que las máquinas, y los algoritmos que las hacen operativas, se ocuparán de tareas repetitivas en las que los humanos no somos muy buenos. Serán una herramienta, no competencia

Las máquinas y los algoritmos informáticos son el futuro y en muchos casos ya el presente, y sus avances despiertan sorpresa, temor y, habitualmente, preocupación. ¿Qué haríamos si las máquinas fueran capaces de todo? ¿Tendrán los humanos que competir contra ellas? La respuesta optimista es que las máquinas, y los algoritmos que las hacen operativas, se ocuparán de las tareas repetitivas en las que los humanos no somos muy buenos. Serán una herramienta, no la competencia.

Sin duda, el principal miedo, conflicto o punto de interés para con los algoritmos informáticos y sus avances, es su hipotética capacidad de tomar decisiones que jueguen en contra de los seres humanos. La realidad es que, a diferencia de las historias que nos cuentan algunas películas, las máquinas, los algoritmos, no son conscientes de su propia existencia, no tienen sus propios objetivos y sentimientos. Esto está a siglos de nuestras capacidades tecnológicas actuales.

A diferencia de las historias que nos cuentan algunas películas, las máquinas, los algoritmos, no son conscientes de su propia existencia, no tienen sus propios objetivos y sentimientos. Esto está a siglos de nuestras capacidades tecnológicas actuales

Pero ¿Necesitan los algoritmos una guía ética? La Unesco ha tomado la iniciativa. Sus 193 miembros han adoptado esta semana una lista de recomendaciones que quiere ser una guía ética, la primera de carácter mundial. Esta guía puede consultarse aquí.

Una recomendación, la número 26, es taxativa: “Los sistemas de IA no deberían utilizarse con fines de calificación social o vigilancia masiva”. Otro de los consejos, el 36, estipula que “un sistema de IA nunca podrá reemplazar la responsabilidad final de los seres humanos y la obligación de rendir cuentas”. “Por regla general –añade el texto– las decisiones de vida o muerte no deberían cederse a los sistemas de inteligencia artificial”.

La recomendación 73 establece que los estados deben garantizar la transparencia en la captación de datos y la posibilidad para el ciudadano de acceder a los suyos y de borrarlos, salvo excepciones.

Pero el debate es más profundo.

¿Podrá existir un partido político dirigido por un algoritmo informático y cuyo líder sea un chatbot? Quizá suene a ciencia ficción o al argumento de una serie distópica, pero es un hecho real; ese partido ya existe, y forma parte de la campaña electoral en Dinamarca. Se llama Synthetic Party, y está liderado por Leader Lars, un chatbot con el que cualquier ciudadano puede hablar. 

Su objetivo es captar a los daneses que normalmente no votan, a los antipolíticos, y al mismo tiempo, poner la tecnología en el centro del debate político y establecer los mecanismos necesarios para que rinda cuentas.

Los impulsores del Synthetic Party aspiran a presentarse a las próximas contiendas electorales en Dinamarca. Para ello piden que se cambie la ley para que un algoritmo se pueda presentar como candidato a las elecciones. Lo que piden no es presentarse un grupo de personas asesoradas por el algoritmo. Quieren que sea el algoritmo informático el que se presente a las elecciones y tome las decisiones políticas pertinentes a partir de la interacción que haya tenido con los electores.

Pero, ¿cuál es su ideología? ¿Progresista? ¿Conservadora? “El partido es sintético, lo que literalmente significa que homogeneiza lo que parece contradictorio o dispar”, explica Asker Bryld Staunaes, miembro del grupo de artistas Computer Lars y del centro tecnológico MindFuture y principal creador e impulsor del Synthetic Party.

Hay otros movimientos similares en el resto del mundo. Los llaman políticos virtuales. En Wikipedia se puede encontrar información sobre estos movimientos y artículos relacionados.

Reivindico la importancia de la política, de la participación política y la necesidad de los políticos. Defender que un algoritmo informático tome las decisiones es pensar que la neutralidad es posible y que los políticos deberían desaparecer

He descrito lo que ya existe. Pero la pregunta es: ¿Queremos que un algoritmo informático se presente a las elecciones? Mi respuesta es no. No por varias razones. La primera es que la política es un quehacer humano básico. Es la actividad que usamos para tomar decisiones globales. La política es inherentemente conflictiva en la medida en que hay intereses contrapuestos en la sociedad y, por lo tanto, nos engañan cuando propugnan una política sintética, neutra, por encima de los intereses.

En línea con las recomendaciones de la Unesco, creo que siempre tiene que haber una persona que sea responsable de las recomendaciones que hace un algoritmo y más en el terreno de la política. De la misma manera creo que debemos pedir que una persona se responsabilice de cada decisión que un algoritmo puede tomar y no escudarse tras él. Ya sea al pedir una hipoteca, en la priorización en un hospital, etc.

Reivindico la importancia de la política, de la participación política y la necesidad de los políticos. Defender que un algoritmo informático tome las decisiones es pensar que la neutralidad es posible y que los políticos deberían desaparecer. Es un movimiento antipolítico que, si lo pensamos con detalle, prefiere que las cosas sigan como están. 

¿Necesitamos más o menos Estado? ¿Necesitamos un Estado que intervenga en la economía u otro que simplemente deje funcionar las reglas del mercado? ¿Necesitamos más o menos impuestos a los que más tienen? Las respuestas a estas preguntas dependen de los intereses que se pretenda defender. Las respuestas dependen de la ideología con la que queramos ver la realidad que nos rodea. Porque lo que está claro es que no hay una respuesta “objetiva”, es decir, satisfactoria para todos.

Desde los años 80 del siglo XX se ha impuesto una visión de la realidad, una ideología, que pretendía convencernos de que la ciencia económica indicaba que hacía falta menos Estado. Que era suficiente con dejar funcionar los mecanismos del mercado y el papel del Estado era solamente garantizar la propiedad privada. El resto de las cosas no deberían preocupar al Estado. En esa visión, se debería rebajar el tamaño del Estado, rebajar los impuestos que mantienen los servicios públicos correspondientes y dejar, por consiguiente, ese dinero en los bolsillos de los ciudadanos.

Pero la experiencia de las últimas décadas, y en particular de las dos últimas crisis, indica que rebajar el tamaño del Estado, rebajar los servicios públicos, rebajar los impuestos recaudados beneficia fuertemente a los grupos con más recursos económicos y aumenta la desigualdad. Además, hay determinados servicios públicos completamente necesarios porque el mercado no es capaz de proporcionarlos. La atención a los ciudadanos en la crisis de la COVID 19 del sistema público de salud ha sido buena muestra de ello. El sistema privado se declaró ausente porque no lo consideraba rentable. Llegando, incluso, a cerrar hospitales en medio de la pandemia.

La discusión sobre más o menos Estado, más o menos impuestos a los que más tienen, está totalmente vigente.

¿Cómo pagamos los servicios públicos? La respuesta implícita es: que los pague el que pueda, el que tenga los recursos económicos para ello

El Partido Popular Español ha reducido aún más el IRPF en la comunidad de Madrid convirtiéndola en un paraíso fiscal dentro de España para hacer dumping fiscal al resto de las autonomías y atraer a las grandes fortunas. En Andalucía, el PP sigue la senda del de Madrid y elimina el impuesto al patrimonio que pagaban los 20.000 contribuyentes más ricos. Nos llevan a una espiral de bajada de impuestos para que los más ricos “no se vayan”. El actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ve bien el impuesto a las eléctricas o a la banca por los beneficios caídos del cielo. Tampoco ve bien que se intervenga el mercado eléctrico con el tope al gas.

El PP quiere rebajar impuestos de todos los tipos, sobre todo, a las grandes fortunas. Pero entonces, ¿cómo pagamos los servicios públicos? La respuesta implícita es: que los pague el que pueda, el que tenga los recursos económicos para ello. Esta política producirá claramente un aumento aún mayor de la desigualdad. En particular, quieren eliminar el Impuesto al Patrimonio con el argumento de que es una doble imposición. Que ya con el IRPF, que también quieren bajar y lo han bajado en Madrid, es suficiente. Pero el Impuesto al Patrimonio, como el de Sucesiones o Donaciones, tiene otros fines. Busca la redistribución de la riqueza. El impuesto se paga porque se tiene patrimonio, no por los ingresos anuales que se puedan tener. Desde mi punto de vista, este impuesto debería subir, en vez de bajar o desaparecer, para poder proporcionar oportunidades a los que no tienen nada en la línea propuesta por Piketty.

Pero no todos los miembros del Partido Popular europeo piensan lo mismo. La dirigente del Partido Popular Europeo, y presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, defiende “equilibrio” entre economía de mercado y la responsabilidad con los ciudadanos mandando un mensaje de la necesidad que las eléctricas y los bancos arrimen el hombro. Los populares españoles son los que defienden con más ardor los intereses de las grandes fortunas, los intereses de los bancos y de las grandes eléctricas.

En España estamos entrando en una verdadera tómbola fiscal entre comunidades: Murcia y Galicia se suman a Andalucía. El presidente andaluz insiste en equiparar fiscalmente Andalucía a la Comunidad de Madrid. Ahora, junto a la eliminación del impuesto al patrimonio, ha deflactado los primeros tramos de la tarifa autonómica y aumentado los mínimos personales y familiares exentos de tributación. Las nuevas medidas sitúan a Andalucía como la segunda comunidad con menor fiscalidad, sólo por detrás de Madrid. Como vemos ha rebajado algo el IRPF a las rentas bajas y ha quitado todo el impuesto al patrimonio alas rentas altas. Defiende que hay que bajar todos los impuestos.

Otras comunidades se están sumando a la rebaja de impuestos. Valencia, que criticó esta medida, baja el IRPF a las rentas de menos de 60.000 euros, y si embargo pide dinero al Estado. Cantabria está pensando en algo similar. El socialista Lambán abre la puerta a deflactar el IRPF en Aragón tras el anuncio de Ximo Puig. País Vasco deflacta su IRPF por segunda vez en 2022, esta vez un 4%.

Por suerte, el Gobierno de España tiene una visión más cercana a los intereses de la mayoría: ha propuesto un tope al precio del gas que está bajando las facturas de la mayoría, está proponiendo la reforma del mercado eléctrico europeo e impuestos para las eléctricas y los bancos. Estas ideas del Gobierno español están siendo apoyadas por una amplia corriente en Europa.

Hay que pedir al Estado que se convierta en emprendedor en la línea propugnada por Mariana Mazzucato, hay que pedir que cree las empresas públicas necesarias para poder satisfacer las necesidades de la mayoría

Pero el Gobierno debe hacer más en esta competencia autonómica por bajar impuestos. El Gobierno no está haciendo lo suficiente. . En particular el Partido Socialista ha entrado en la batalla por bajar impuestos en algunas de las comunidades que gobierna y esto envía un mensaje muy negativo. El Gobierno debe abordar de una vez por todas la armonización fiscal de las comunidades autónomas. Es decir, debe fijar unos mínimos a los impuestos, como el del Patrimonio, Sucesiones, Donaciones y otros, cedidos a las comunidades autónomas. Y debe abordar una reforma fiscal, como prometió, a principio de la legislatura, que aumente el IRPF a las rentas altas. Si no lo hace, está colaborando, implícitamente, en esta batalla por bajar impuestos que llevará al deterioro de los servicios públicos.

Debemos ser más ambiciosos. Debemos hacer que el Estado lleve a cabo más medidas en defensa de los intereses de la mayoría. Hay tareas que nunca podrá abordar el sector privado. No las podrá abordar porque el sector privado solo piensa en la rentabilidad a corto plazo y nunca en una rentabilidad para todos y a largo plazo. Veamos algunas de esas posibilidades.

Ya se ha comentado, y no lo voy a repetir, que se necesitan más impuestos para reforzar la atención primaria de la sanidad pública, para garantizar la calidad de la educación primaria y secundaria obligatoria, para impulsar la investigación nacional, para atender a nuestros mayores, etc.

Pero no es suficiente con aportar recursos públicos y esperar que el sector privado los gestione. Hay que pedir al Estado que se convierta en emprendedor en la línea propugnada por Mariana Mazzucato, hay que pedir que cree las empresas públicas necesarias para poder satisfacer las necesidades de la mayoría. Solo el Estado puede hacerlo desde una perspectiva a largo plazo.

El Estado debe poner en marcha una línea de viviendas públicas, para adquirir o alquilar, que hagan posible el acceso a la vivienda a las generaciones jóvenes. Pero no puede contentarse con diseñar una línea de ayudas al sector privado

Actualmente, estamos viviendo los problemas derivados del incremento de los precios de la electricidad y del gas y los problemas asociados al cambio climático. Estamos viendo cómo las grandes compañías eléctricas, petroleras y de gas están obteniendo beneficios caídos del cielo y, sin embargo, dejamos en sus manos los saltos hidráulicos, las centrales nucleares y la red de distribución eléctrica de baja tensión. Necesitamos una empresa pública que vaya tomando en sus manos la gestión de las centrales hidráulicas y las nucleares a medida que venza el plazo en el que está cedida su gestión a empresas privadas. Es necesario hacer que la red de baja y media tensión vuelva a ser pública y esto facilite e incentive la evacuación de las instalaciones privadas de paneles solares. Posiblemente, no hay que crear una nueva empresa pública, solo reorientar alguna de las existentes.

El sector bancario se está concentrando. Está reduciendo oficinas y sobre todo las está reduciendo en la España vacía. El sector bancario está aumentando las comisiones y disminuyendo las oficinas y, dentro de ellas, las horas de atención al público. Es necesario una banca pública donde la mayoría pueda tener su nómina o sus pequeños ingresos, que pueda proporcionar tarjetas de crédito y medios de pago a la mayoría de la población y que tenga oficinas y personal para atender presencialmente u online a los ciudadanos que actualmente ven como van cerrando las que tenían los grandes bancos privados. La banca pública puede dar muchos más servicios en los que no entramos aquí.

Si definitivamente queremos tener un Estado para la mayoría, éste debe empezar a abordar también algunos de los grandes problemas acuciantes. Se reconoce que no hay viviendas a las que puedan acceder las nuevas generaciones y los alquileres están subiendo de forma desproporcionada. Cada vez está más claro que el sector privado no puede resolver este problema. El Estado debe poner en marcha una línea de viviendas públicas, para adquirir o alquilar, que hagan posible el acceso a la vivienda a las generaciones jóvenes. Pero no puede contentarse con diseñar una línea de ayudas al sector privado. Tiene que encargar a una empresa pública que avance con pasos concretos en esta dirección. Para ello debe dedicar una partida clara en los presupuestos.

Para todas estas cosas hacen falta recursos. Por eso hacen falta los impuestos.

Pero además de recursos, hacen falta servidores públicos, funcionarios o no, concienciados de la tarea. Actualmente, el sector funcionarial, y particularmente los altos funcionarios, es un sector privilegiado de la sociedad por la estabilidad en el empleo, porque sus salarios son superiores a la media, etc. Debemos convencer a los ciudadanos de que son necesarios esos servidores públicos. Pero para ello es necesario abordar una reforma del estatus de los funcionarios que permitan ser evaluados según su desempeño y en esta evaluación participen los ciudadanos a los que atienden. Una evaluación que tenga repercusión en su salario y, en su caso, la posibilidad de despido si su evaluación es muy negativa. Aquí incluyo no solo a los funcionarios de la administración general del Estado y administraciones autonómicas, también incluyo a los funcionarios de la sanidad, las universidades, los de la enseñanza primaria y secundaria, etc. Si queremos convencer a los ciudadanos de que sus impuestos se están usando adecuadamente, tenemos que abordar esa evaluación de los servidores públicos. Esto al principio puede ser difícil, pero hay que empezarlo.

Estamos en plena campaña electoral. Tras una larga época de gobiernos del PSOE y una legislatura con gobierno del PP y Ciudadanos parece que los vientos le soplan favorables a la candidatura de Juan Manuel Moreno Bonilla. El actual presidente de la Junta de Andalucía, sin hacer muchos movimientos, simplemente está esperando que los resultados de las encuestas se hagan realidad. La campaña de los socialistas está siendo plana y aburrida. Su candidato, Juan Espadas, es un candidato sin carisma, sin ilusión. Parece que está esperando que pasen las elecciones para quedarse tranquilo. Habla mucho de derecha y ultraderecha pero no propone nada concreto. No propone nada que genere ilusión y pueda movilizar a los suyos. Los partidos a la izquierda del PSOE han tenido un arranque de campaña no muy prometedor.

Hay que agradecer a personas concretas como Sebastián Martín Recio y otros, pero particularmente a él, los enormes esfuerzos para conseguir una candidatura conjunta de las izquierdas del PSOE: desde IU hasta Podemos, incluyendo Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. Es la apuesta Por Andalucía que después de los traspiés iniciales finalmente se presenta a las elecciones del próximo 19 de junio.

¿Pero es esto suficiente? Lo primero que tenemos que peguntarnos es: ¿suficiente para que? Para mí suficiente es hacer lo conveniente para revertir la situación en la que progresivamente estamos entrando y al calor de las encuestas podemos prever que irá a más. Una situación donde la parte más débil de la sociedad está perdiendo. Está perdiendo porque los servicios públicos se están deteriorando, en particular la sanidad pública. Está perdiendo porque desde la crisis del 2008, y se ha acentuado con las posteriores, la diferencia de ingresos tras impuestos de la parte más débil de la sociedad va aumentando con respecto a la parte ganadora. El gráfico siguiente ilustra esta realidad. El gráfico está tomado de la base de datos sobre la desigualdad mantenida por Piketty y otros.

De forma muy cualitativa podemos observar cómo a partir de 2005 aproximadamente la curva azul, los ingresos del 50% menos favorecido, van disminuyendo con respecto al correspondiente al 10% más afortunado. 

En la siguiente gráfica podemos ver la evolución de la riqueza. Es decir las propiedades muebles e inmuebles, de los ciudadanos. Podemos ver como el 1% posee el 19,8%, el 10% más rico el 46, el 50% menos beneficiados, curva roja, se conforma con el 17,1% y además ha ido disminuyendo en los últimos años. Estos son los datos a nivel de España. A nivel mundial la situación es aún más cruda.

A estas realidades objetivas se añade la percepción reciente que no es suficiente el mérito para ascender en la escala social. La percepción cada vez más extendida es que se ha parado el ascensor social, que la universidad entre otros mecanismos puso en marcha en los 80. En definitiva, estudiar una carrera no te garantiza nada. La percepción anterior se hace más insoportable cuando se comprueba objetivamente que el 65% de la riqueza se explica por herencia y no por algún tipo de mérito distinto a haber nacido en una familia afortunada. Datos y una reflexión al respecto puede encontrarse aquí.

El gobierno progresista de España ha hecho muchas cosas relevantes: el IMV (Ingreso Mínimo Vital), el aumento de SMI, la gestión de los Ertes en la pandemia, la reforma laboral, etc. Pero su gestión está siendo empañada por dificultades no resueltas u otras recientemente aparecidas: el IMV ha llegado a muy pocos de sus destinatarios potenciales, el aumento del SMI está siendo consumido rápidamente por la inflación, la sanidad pública, aunque competencia de las autonomías, va en caída libre, las empresas aceptaron los Ertes pero siguen sin abonar un volumen inmenso de horas extras a los trabajadores, la inflación está generando pérdidas muy relevantes a los asalariados, etc.

Lo anterior genera impotencia en los ciudadanos. Ven un gobierno progresista que no logra sacar adelante sus grandes proyectos. Las dudas y titubeos del PSOE a la hora de hacer una reforma fiscal más progresiva refuerzan más esa sensación de impotencia. Algo similar está pasando con la indecisión del gobierno central de controlar a las eléctricas  y sus desmedidas ganancias caídas del cielo. La privatización a pasos agigantados de la sanidad en muchas comunidades del PP pero también del PSOE añaden más elementos descorazonadores.

Hay que plantear propuestas más concretas que puedan ilusionar a un sector amplio de la sociedad, convencerlos para conseguir una mayoría progresista en Andalucía y aumentar la mayoría a nivel de España

En esta situación, las izquierdas, en las que incluyo al PSOE, no pueden simplemente quedarse en decir que viene el lobo, que viene la ultraderecha como está siendo la parte central de la campaña del PSOE. Tampoco puede conformarse con pregonar la unidad de los partidos a la izquierda del socialismo. Ni conformarse con decir que hay que financiar mejor la sanidad. Todo esto es insuficiente. Hay que plantear propuestas más concretas que puedan ilusionar a un sector amplio de la sociedad, convencerlos para conseguir una mayoría progresista en Andalucía y aumentar la mayoría a nivel de España.

Estamos a nivel europeo y mundial, y particularmente en España, en el centro de una batalla cultural. Una batalla cultural que están ganando, posiblemente, (pero no solamente por el control que tienen de los medios) los que propugnan eliminar el papel del Estado, liberar la economía, bajar los impuestos y disolver o minimizar los servicios públicos.

Los progresistas debemos abordar la manera de cambiar la tendencia actual con respecto a la desigualdad. Debemos indicar que la riqueza no es un derecho natural y que debe ser distribuida de forma más equitativa. Y esto no solamente por razones morales, más bien por razones fundamentalmente económicas. La época más igualitaria en el mundo, desde los 40 hasta los 80, ha sido la época de mayor prosperidad para la humanidad. En España, debido a la dictadura, esta época dorada ha sido más tarde: de los 80 a los 2000. La forma de hacer esto como ya han propuesto algunos como Piketty es mediante los impuestos. Hacen falta unos impuestos más progresivos en lo que respecta al IRPF. Es decir, a los ingresos anuales de las personas. Los ingresos superiores digamos a 200.000 euros, deben ser grabados en mayor medida y más progresivamente, los superiores a un millón, etc. Los números pueden ser orientativos pero debemos tener en cuenta que el ingreso medio por adulto en España es alrededor de 31.000 euros año y el SMI 14.000. Hay que convencer a los votantes socialistas de esta necesidad. El presidente Pedro Sánchez y algunos de sus varones autonómicos no están convencidos de esa idea pero debemos atraerlos a estas posiciones.

Hay que crear más impuestos. En particular un impuesto que grave a las propiedades agregadas a nivel de estado. Esto incluye aumentar y no disminuir el impuesto de sucesiones para cantidades superiores a un millón de euros

Pero hay que crear más impuestos. En particular un impuesto que grave a las propiedades agregadas a nivel de estado. Esto incluye aumentar y no disminuir el impuesto de sucesiones para cantidades superiores a un millón de euros. Es justamente lo contrario de lo que hizo el gobierno socialista de Susana Diaz. Y, además, hay que armonizar los impuestos en el estado español. No es plausible que se permita una lucha a la baja de los impuestos entre comunidades autónomas. Este impuesto sobre la propiedad bien diseñado puede ser la base de una herencia universal. Es decir una cantidad de dinero que todo el mundo recibiría a los 25 años. Algunos han estimado que podría ser del orden de 120.000 euros.

Los progresistas debemos ser más ambiciosos también a nivel europeo en el terreno de los impuestos. Hay que establecer algunos a nivel europeo, hay que perseguir los paraísos fiscales y hay que poner un impuesto mínimo a los beneficios empresariales a nivel europeo. Resulta al menos sorprendente que haya tenido que ser Biden, el presidente de EEUU, quien haya propuesto y conseguido un impuesto mínimo el 15% a estos impuestos. Es sorprendente que haya sido Biden y no algún líder socialdemócrata europeo. Y es sorprendente que su propuesta inicial de que ese mínimo fuera del 25%, la propuesta de alguien claramente no de izquierdas, fuera reducida al 15% por la presión, entre otros de los líderes europeos, y que la izquierda no dijera nada al respecto. Hay que aspirar a subir ese mínimo al 25%.

Hay cosas que tienen que cambiar en las ambiciones, las prioridades y los objetivos de la izquierda progresista. He citado la forma de abordar la desigualdad pero hay otras temáticas que solo voy a citar aunque las desarrollaré más adelante.

Una de ellas es el gran problema de la humanidad con el cambio climático. Es un problema que debemos resolver claramente aunque todavía no se están tomando las decisiones necesarias. Pero en este tema, como en muchos otros, las izquierdas progresistas debemos mirarlo, también, desde el punto de vista de la desigualdad: ¿Quiénes son los que más contaminan? ¿Quiénes son los perdedores con el cambio climático? ¿Qué impacto está teniendo sobre las áreas rurales?

El estado debe abordar iniciativas que las empresas y el sector privado no se atreven a abordar por el riesgo que conlleva o las pocas expectativas de beneficios a corto plazo

El papel del Estado es otra de ellas. Claramente defendemos el papel muy importante del estado en la recolección de impuestos, el mantenimiento del estado del bienestar, etc. Pero no solamente eso: el estado debe abordar iniciativas que las empresas y el sector privado no se atreven a abordar por el riesgo que conlleva o las pocas expectativas de beneficios a corto plazo. Ideas que trataremos en otro momento pueden encontrarse en las publicaciones de Maria Mazzucato. Debemos pensar que el estado y los servicios públicos en general deben estar para satisfacer las necesidades de los ciudadanos y los servidores públicos, funcionarios o no, debe estar dedicados a ese cometido.

Otra problemática muy relevante en estos momentos es la de los autónomos. Los progresistas debemos diseñar propuestas convincentes para ellos. Debemos apoyar a empresarios que se arriesgan y aportan innovación y evitar a otros empresarios que sólo piensan en absorber los recursos públicos.

En definitiva votemos a las opciones progresistas, pero no nos conformemos con decir que viene el lobo. Aportemos opciones políticas que busquen el beneficio de la mayoría y concretemos pactos par hacerlas posibles.