Tras la II Guerra Mundial, en la Europa democrática, el contrato social-keynesiano tradujo derechos básicos en políticas de bienestar. Más tarde, las revueltas del 68 detonaron la ampliación de la ciudadanía hacia nuevos derechos civiles y políticas de reconocimiento. Tal conjunto de avances socioculturales solo fue posible en España -al hilo de tantas luchas- tras la caida de la dictadura. Todos los regímenes clásicos de bienestar se configuraron en un contexto industrial-fordista, con niveles bajos de incertidumbre y complejidad. En ese marco, redujeron desigualdades y desmercantilizaron educación y salud. Las posteriores ofensivas neoliberales pretendieron restaurar órdenes sociales basados en estructuras de privilegio y en el blindaje de sus dispositivos de reproducción. Se fueron desplegando, desde los años 80, dinámicas de concentración de la riqueza, fragilización de capas medias y dispersión de riesgos de exclusión. Al cruzarse con variables de género, edad y orígen, resultaron unas estructuras sociales más polarizadas y fragmentadas.

Un escenario de cambio de época

Pero las primeras décadas del s.XXI -esos años de globalización, gran recesión, pandemia, emergencia climática y nuevos repertorios de acción colectiva- lo cambian casi todo. Es cierto que los elementos de resiliencia del estado de bienestar (a pesar de todas las impugnaciones insolidarias) son relevantes: no es poco que redes de prestaciones y servicios públicos universales sigan materializando hoy un espacio -colectivamente luchado y defendido- de ciudadanía social. Este esquema de derechos, sin embargo, se inserta ahora en nuevas condiciones estructurales. Por un lado, parece insuficiente para embridar las mutaciones de fondo y simultáneas que han derivado en el actual capitalismo fósil, financiarizado, rentista y digital. Por otro lado, las nuevas coordenadas de cotidianidad, con todas sus diversidades y discontinuidades vitales, dibujan escenarios muy diferentes a los entornos donde crecimos. El estado de bienestar había articulado respuestas a una sociedad que ya no existe. Se abre un desencaje de época entre las viejas políticas y las nuevas realidades: las soledades no deseadas, las altas tasas de pobreza infantil y en hogares monomarentales, la gentrificación en los barrios, los elevados riesgos de pobreza y exclusión en colectivos migrantes, la superposición de vulnerabilidades sociales y climáticas...

Un nuevo contrato ecosocial

En breve, el estado de bienestar que heredamos presenta, en la tercera década del s.XXI, una arquitectura institucional tan insuficiente como anacrónica. Emerge pues la necesidad de tejer un nuevo contrato ecosocial. Quizás hasta sea urgente: como mecanismo clave de respuesta al ciclo de odios, guerras y autoritarismos que intentan hoy romper los tejidos éticos e institucionales de nuestras democracias. Las dimensiones de la transición ecosocial son múltiples, apuntamos algunos ejes que pueden esbozar mapas transitables.

Tenemos hoy, como punto de partida, un estado de bienestar que no ha generado un espacio de derechos universales en torno a las necesidades humanas fundamentales: un ingreso garantizado para existir; una casa y un planeta donde habitar; una comunidad donde vincularnos. Hoy la mercantilización de las bases materiales de la vida y de la vivienda, y la crisis de los cuidados, configuran el núcleo de la emergencia social. Podemos pensar, ante ello, en un nuevo entramado colectivo orientado a garantizar cuatro seguridades elementales: la seguridad económica, a través de una renta básica como herramienta para ayudar a trazar vidas emancipadas de precariedades laborales y dependencias patriarcales; la seguridad habitacional, por medio del acceso a casas asequibles, dignas y estables, frente al extractivismo de una minoría; la seguridad relacional, a través de la reconstrucción de lógicas de reciprocidad y apoyo mutuo; y la seguridad climática, por medio del abandono de las energías fósiles y la descarbonización del planeta.

En esas seguridades humanas anidan también las condicones de posibilidad para disputar la batalla cultural de la libertad. Es verdad que las políticas sociales clásicas se han atrincherado a menudo en formas jerárquicas y burocráticas, derivando en un esquema más protector que emancipador. Pero frente al espejismo neoliberal de la libertad conectada a marcos de individualismo que socavan lo común, y ante la concepción elitista traducida en la ‘libertad’ para reproducir desigualdades, resulta fundamental rescatar esa otra libertad real de raíces teóricas republicanas, entendida como ausencia de dominación: para preservar, en clave individual, los espacios de autodeterminación personal que dotan de sentido a cada proyecto de vida; y para remover, en clave colectiva, tanto las asimetrías de renta y de poder en la esfera laboral, como el rentismo inmobiliario que favorece la creciente transferencia regresiva de riqueza de inquilinos pobres a propietarios ricos.

Estas dinámicas de desigualdad, además, se interconectan hoy con fuerza a tendencias de segregación social y desviculación relacional. La segregación dibuja una cotidianidad de lugares no compartidos y escasas interacciones entre diferentes. La desvinculación apunta a la erosión de redes. Cuando la construcción de igualdad se frena, la segregación se ensancha y los lazos se rompen. Sin mixturas ni vínculos, las lógicas de movilidad social dejan de funcionar: por un lado, en ausencia de experiencias compartidas se segregan también los horizontes aspiracionales; por otro lado, en ausencia de comunidades fuertes se fragilizan las capacidades de acción colectiva y deja de funcionar, por tanto, un motor histórico en la conquista de derechos sociales. Ante todo ello, resulta hoy fundamental trazar mapas de fraternidad, inserir la autonomía personal en tramas colectivas. El giro comunal abre dos importantes ventanas de oportunidad. Permite -en tiempos de individualización- priorizar la reconstrucción de bases para la acción transformadora (prácticas de autogestión, estructuras público-comunitarias...). Y permite -en tiempos de crisis climática- ensamblar derechos sociales y transición ecológica. Posibilita, en concreto, reemplazar visiones colapsistas y gramáticas de sacrificio por un nuevo marco de ‘abundancia comunitaria’. La transición ecosocial ha de reintegrar la economia en los límites del planeta, sí; pero sobre todo generar modelos de bienestar comunal en torno a viviendas cooperativas, comunidades energéticas o redes de soberanía alimentaria.

Contra la reacción: horizontes de esperanza

En síntesis, erigir un proyecto que recupere la vieja pulsión humanista del estado de bienestar, en el marco del tiempo nuevo que vivimos, implica entrelazar lógicas de ampliación e innovación de los derechos sociales: transitar hacia agendas de seguridad vital, hacia estructuras de libertad real y hacia formas más fratenales, ecológicas y feministas de lo común. Sería la urdimbre donde tejer el nuevo contrato ecosocial. Más allá del ciclo reaccionario que hoy se despliega con contundencia, existen energías y prácticas emancipatorias que confieren fuerza a la transición ecosocial (programas de renta básica, ecosistemas de economía solidaria, sindicalismo habitacional, ciudades pioneras en neutralidad climática, escuelas e infraestructuras comunitarias que fortalecen vínculos y enlazan diversidades en barrios populares...). Claro que deberían articularse amplias coaliciones de actores para escalar los cambios con todo el empuje posible. Y ahí, probablemente, existe un potencial en los espacios políticos progresistas que no acaba de cristalizar. Es necesario defender logros sociales históricos. Pero la gramática que requiere el siglo XXI es de ambición transformadora, de construcción de utopías cotidianas, de horizontes de esperanza radical.

Entre el mundo que va surgiendo de las grandes transiciones en marcha (climática, cultural, demográfica, digital…) y las políticas públicas heredadas del viejo contrato social (también en sus impugnaciones neoliberales) se produce un desencaje sistémico. El estado de bienestar clásico fue la respuesta, pero el cambio de época altera las preguntas.

Las complejidades e incertidumbres radicales que enfrentamos requieren dinámicas fuertes de acción y protección colectiva. Los valores y las formas de instrumentar esa protección, sin embargo, exigen transformaciones que pueden explorarse a partir de un triple eje: innovar, democratizar y territorializar las políticas públicas.

Innovar (construir fraternidad)

En el núcleo de un nuevo contrato ecosocial para el siglo XXI reside la articulación de igualdad con diferencias, y de autonomía personal con vinculación comunitaria. Las brechas económicas y culturales interseccionan en desigualdades y discriminaciones. La superación de ambas requiere enlazar políticas de igualdad (predistributivas y redistributivas) con políticas de reconocimiento de diversidades de origen, género, edad o funcionales.

Los derechos colectivos, por otro lado, se reescriben desde gramáticas de autodeterminación personal; sin ellas, la igualdad esconde siempre relaciones de dominación. Pero los procesos de autonomía se inscriben en lógicas de interdependencia, solo adquieren sentido en marcos de vinculación colectiva.

Las políticas públicas, por tanto, afrontan el reto de construir comunidad, de tejer entornos cotidianos configurados por lazos de apoyo mutuo y redes de solidaridad. En la práctica, transitar este eje de innovación implicaría construir una ciudadanía social más fraternal, más republicana. Ello nos conduce a dos áreas paradigmáticas del (nuevo) estado de bienestar.

En primer lugar, la garantía de rentas. En el marco de la sociedad industrial, el salario operó como el gran dispositivo de distribución de la riqueza. El cambio de época altera los parámetros: la generación de valor deviene más social e inmaterial; la centralidad del trabajo pierde fuerza en clave cultural; y la transición ecológica fragiliza empleos y antiguos esquemas productivos.

Es aquí donde la renta básica -una prestación universal, individual e incondicional- podría jugar un papel clave en el camino hacia lógicas innovadoras de ciudadanía social. Se trata de una herramienta que desplaza el ingreso del mercado laboral al terreno de los derechos; amplía el perímetro de la desmercantilización hacia la garantía de las bases materiales de la vida.

La renda básica conecta ciudadanía social con autonomía personal, empodera frente a escenarios de dominación y genera, a la vez, condiciones para la articulación de vínculos y redes de apoyo mutuo.

En segundo lugar, los cuidados. La causa de la fraternidad se disputa, sobre todo, en el campo de los cuidados cotidianos y de las prácticas comunitarias de reciprocidad. En escenarios de innovación social, el derecho a los cuidados debería adquirir un nivel de universalidad y garantía equivalente a la salud y la educación; y las políticas públicas de cuidados un grado de centralidad homologable a las políticas clásicas del estado de bienestar.

En los instrumentos de acción se abre un abanico de posibilidades: desde prestaciones universales por crianza y redes socioeducativas de pequeña infancia, hasta fórmulas de articulación comunitaria inscritas en agendas feministas (el programa municipal ‘Vila Veïna’ en Barcelona…).

En síntesis, derechos subjetivos, políticas públicas y prácticas colectivas de cuidados que reconocen vulnerabilidades e interdependencias, pero reducen riesgos de exclusión relacional y contribuyen a fortalecer estructuras de solidaridad.

Democratizar (construir lo común)

El estado de bienestar desarrolló un esquema burocrático de gestión pública de raíz weberiana: estructuras administrativas rígidas; estandarización de servicios; y paternalismo profesional que relega a los ciudadanos a roles pasivos. La ofensiva neoliberal diseñó después el modelo de la ‘nueva gestión pública’ (NGP): transferencia de la lógica mercantil al ámbito público, externalizaciones y sustitución de ciudadanos por clientes.

Hoy, la redefinición del bienestar en clave democrática implica asumir el giro hacia lo común: superar tanto el monopolismo burocrático como la NGP y llevar la protección colectiva a lógicas de participación ciudadana. Democratizar los derechos sociales supone articular lo institucional y lo comunitario: trabajar en las intersecciones entre el potencial universalista de las políticas públicas y el potencial cooperativo de las prácticas ciudadanas.

Supone construir una esfera compartida donde enlazar coproducción de políticas, acuerdos público-comunitarios y dinámicas de acción colectiva vinculadas a la autogestión de derechos. Es un cambio de paradigma. Un estado de bienestar orientado a vertebrar lo común más que a gestionar burocracias: del welfare al commonfare.

Y de la teoría a la práctica. En el doble contexto reciente de crisis y transiciones, surge un nuevo conjunto de iniciativas sociales que operan como motor democratizador de la esfera colectiva: conectan la movilización a la construcción de lo común. Adoptan formas de ‘autonomía’ urbana (viviendas recuperadas, escuelas populares, espacios autogestionados); innovación social (crianza compartida, huertos vecinales, economía cooperativa); y apoyo mutuo (redes comunitarias ante vulnerabilidades relacionales o materiales).

La conexión entre políticas sociales innovadoras y este tipo de acción colectiva permite superar el dilema clásico en términos de institucionalidad versus resistencia; hace posible -más allá de ese binarismo- generar un espacio de articulación de estructuras público-comunitarias, tejidas en torno a tres posibles lógicas.

La lógica temática: coproducción de políticas sectoriales por medio de redes horizontales que suman recursos públicos e inteligencias colectivas (viviendas cooperativas, comunidades energéticas locales…).

La lógica infraestructural: programas de patrimonio ciudadano y gestión cívica. Los equipamientos públicos de proximidad (ateneos, bibliotecas, escuelas infantiles…) han ido configurando la geografía física del bienestar. La gestión cívica (por medio del tejido asociativo del territorio) crea las condiciones para convertirlos también en su ecosistema comunal y democrático: de servicios públicos a lugares de creación colectiva de ciudadanía (los ‘palacios del pueblo’ de Klinenberg).

La lógica vecinal: dinámicas creadoras de barrios y comunidades fuertes, con capacidades para la resolución de problemas y la mejora de condiciones de vida. Aquí, la regeneración de áreas vulnerables desde la acción sociocomunitaria, o el apoyo público a ecosistemas territoriales de economía social (el programa de ‘comunalidades urbanas’ en Catalunya), pueden considerarse estrategias de referencias.

Territorializar (construir arraigo)

La sociedad industrial generó marcos nacionales de gestión del conflicto de clases, el contrato social fraguó en el espacio de los estados. Los regímenes de bienestar se construyeron bajo instituciones centralizadas. Hacia finales del siglo XX, el esquema territorial empieza a alterarse: irrumpe la reestructuración en el espacio de políticas públicas y prácticas colectivas.

Las ciudades, en este proceso, mantienen abierta la ventana colectiva y democrática: la proximidad como espacio donde tratar de proteger sin cerrar; los gobiernos locales como palanca de protección de derechos básicos y de empoderamiento comunitario.

Se trata de fijar la agenda urbana, el bienestar de proximidad y las estrategias locales de transición verde en el núcleo del nuevo contrato ecosocial: retornar a las ciudades las lógicas de emancipación que el siglo XX había reservado a los estados. Se dibujaría, pues, el doble reto de reescribir lo común desde gramáticas de proximidad, y de reubicar en el municipalismo las herramientas clave para hacerlo posible. En síntesis, más poder en los lugares, allí donde las cosas pasan, donde late el talento colectivo para abordarlas.

Conectar ciudadanía y territorio, en la práctica, implica construir un bienestar más arraigado, más sensible a la posibilidad de cotidianidades dignas. Y es aquí donde operan con fuerza las políticas vinculadas al derecho a la ciudad. Ya en 1968, Henry Lefebvre publicaba Le droit à la ville. Su propuesta implicaba inscribir la transformación social en trazados urbanos: de calles, plazas y barrios.

Volvió con David Harvey y su Spaces of hope (2000), en días de alternativas a la globalización salvaje. Y ha estallado con fuerza en la última década, al hilo de la acción colectiva urbana a escala global: la defensa de los hábitats populares frente a dinámicas de ‘gentrificación planetaria’ (Loretta Lees).

El derecho a la ciudad, como dimensión cotidiana y comunitaria de todos los derechos básicos, gana fuerza en tanto que proyecto de reconstrucción colectiva de una ciudadanía democrática para el siglo XXI.

Se concreta en una triple dimensión de políticas entrelazadas: localizar derechos sociales (vivienda y barrios, procesos de acogida, vínculos frente a soledades); generar transiciones ecológicas urbanas (soberanías alimentaria y energética, movilidades saludables) y forjar economías comunales (redes y territorios cooperativos). En su interacción, esos tres vértices temáticos pueden dar lugar a nuevas lógicas de ciudadanía: la prosperidad compartida y arraigada en entornos habitables.

En síntesis, los procesos orientados a innovar, democratizar y territorializar lo colectivo pueden operar, en un contexto ya maduro de cambio de época, como rutas estratégicas hacia un nuevo contrato ecosocial superador del estado de bienestar clásico. El cruce de valores (intersecciones de fraternidad), las estructuras público-comunitarias (espacios de lo común) y el derecho a la ciudad (procesos de arraigo) emergen como ideas-fuerza principales.

Se produce, a partir de ahí, la traducción a políticas públicas y a prácticas colectivas: renta básica y cuidados; lógicas habitacionales alternativas, infraestructuras sociales y territorios cooperativos; planes de barrios y transiciones energéticas de proximidad… Un amplio abanico donde asentar las bases de una ciudadanía social posible para el siglo XXI. Frente a la construcción reaccionaria de miedos y odios, una propuesta para explorar caminos de más democracia; para alzar -de forma discreta- utopías cotidianas de esperanza.

Desigualdades sociales y esferas de segregación

Hacia finales de los años 70 del siglo XX se produce una inflexión, a escala global, en la dinámica de distribución social de la renta: se abre un ciclo de crecimiento intenso de las desigualdades en buena parte del mundo. Al entrecruzarse con variables de género, edad, origen y residenciales, el incremento de la desigualdad da lugar a unas estructuras socioespaciales más complejas y fragmentadas. En la última década se han acelerado este tipo de procesos: primero como consecuencia de la gran recesión de 2008 y sus políticas de austeridad; de forma más reciente, como consecuencia de la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia.

El crecimiento reciente de las desigualdades se produce en un marco de fuertes interacciones con las dinámicas de segregación social, es decir, con la tendencia de distintos grupos a separarse en su cotidianidad, de manera que las vidas de unos y otros transcurren en espacios no compartidos, con interacciones escasas entre ellos. La segregación resulta por tanto en la práctica inexistencia de mixtura; expresa la fragilidad o ausencia de escenarios de mezcla, de comunidades con vinculaciones cruzadas. Sucede que cuando la construcción de igualdad se debilita, las segregaciones tienden a ensancharse; la cristalización progresiva de esferas segregadas genera entonces nuevas condiciones de ampliación de desigualdades. En sentido opuesto, la existencia y la calidad de espacios de mixtura, de comunidades diversas con alta densidad relacional, opera como factor promotor de horizontes de equidad. Es el núcleo de la tesis de Klinenberg en Palacios del pueblo’: la construcción de valores compartidos requiere espacios compartidos. Una sociedad más igualitaria exige una infraestructura social que la sustente en términos de cotidianidad. 

¿Transitan nuestras vidas por esferas de segregación, con mayor o menor intensidad según en qué ámbitos? ¿Operan estas fragmentaciones como motor de crecimiento de la desigualdad?. En ¿Vidas segregadas?. Reconstruir fraternidad’, libro colectivo de próxima aparición, se exploran elementos de respuesta. Emergen los rasgos que caracterizan esas esferas de vida donde las desigualdades cristalizan en segregaciones, allí donde la cotidianidad se fractura. Son procesos de fragmentación socioresidencial, junto a lógicas de desvinculación relacional y fragilidad comunitaria, así como segregaciones con sesgos de clase y género en las dinámicas cotidianas de movilidad. Son escuelas y redes de escolarización segregadas, junto a espacios educativos extraescolares fuertemente excluyentes, así como lógicas fragmentadas de acceso y práctica cultural. Son esferas segregadas de atención sanitaria según niveles de renta, y ‘desiertos de alimentación saludable’ en barrios de alta vulnerabilidad. Son finalmente capacidades institucionales y cívicas en barrios de rentas medias, junto a áreas de alta vulnerabilidad privadas del capital relacional necesario para revertir sus múltiples desventajas. 

La acumulación de este conjunto de dimensiones ofrece el mosaico de la segregación cotidiana. Para superar esta lógica, e impulsar transiciones hacia escenarios de mixtura igualitaria se hacen necesarias políticas públicas de nuevo tipo y prácticas de innovación social, así como pautas de interacción entre ellas: espacios de construcción de lo común, ‘palacios del pueblo’.

Hacia un nuevo contrato social: políticas para construir fraternidad

El contrato social posbélico implicó en la Europa democrática un amplio ejercicio colectivo de solidaridad. Las instituciones de bienestar, sobre todo las de carácter universal, impulsaron el encuentro entre grupos sociales con independencia de sus niveles de renta y mantuvieron por tanto activas las condiciones cotidianas de la igualdad. Pero el estado de bienestar no sólo ha actuado como palanca de igualdad y de mezcla. En ciertas circunstancias ha operado también como factor de segregación. Cuando las políticas sociales no son universales (por ejemplo, programas selectivos por niveles de renta), ni se incardinan en procesos de construcción de comunidad (por ejemplo, equipamientos públicos ajenos al tejido social del territorio) pueden contribuir a reforzar dinámicas de fragmentación. Un ejemplo histórico de este fenómeno, de nítidas características socioespaciales, fue la construcción masiva de vivienda pública en las periferias de las grandes ciudades europeas: el derecho a la vivienda se hizo tangible en términos de segregación urbana.

Hoy, en un contexto de cambio de época, la reconstrucción de ciudadanía y sus coordenadas de debate deberían situarse en el tipo de valores y políticas necesarias para tejer igualdades y mezclas, para hacerlo respetando diferencias y autonomías. ¿Cómo erigir una dimensión de fraternidad potente en el núcleo de una ciudadanía social posible para el siglo XXI? ¿Puede dibujarse una agenda de transición hacia escenarios cotidianos de mixtura igualitaria? Emerge el reto de explorar políticas y prácticas orientadas a rearticular espacios compartidos y vínculos, a generar lugares y redes de mezcla e hibridación de grupos y funciones. Parece evidente, además, que la vertiente de fraternidad debería tejerse desde políticas de proximidad y por tanto desde poderes locales más fuertes; así como desde la profundización democrática y por tanto desde la cocreación ciudadana de esas políticas. Podemos considerar cinco ejes vertebradores. Ámbitos donde tejer el entramado político y comunitario de la mixtura: ese nuevo contrato social que, ahora sí, articule igualdad con fraternidad.        

- Regeneración urbana. El conjunto de vulnerabilidades vinculadas a la segregación y la exclusión habitacional ganan centralidad en la estructura emergente de riesgos sociales. Frente a hábitats fragmentados y desiguales, surge la necesidad de una bateria de políticas urbanas por el derecho a la ciudad, como componente clave de la agenda de fraternidad: el acceso a la vivienda en todos los entornos urbanos; la seguridad residencial ante dinámicas de gentrificación; la mejora de barrios vulnerables ante dinámicas de degradación; y la configuración de espacios urbanos para la movilidad saludable. Una agenda contrasegregadora orientada a crear cotidianidades compartidas en lugares de mixtura social y funcional.    

- Inclusión social e interculturalidad. Los escenarios de fragmentación desigual cristalizan en el espacio urbano, y lo hacen también en su geografía humana: interaccionan vulnerabilidad residencial y exclusión social. Las estrategias de inclusión deberían desarrollarse en dos campos principales. a) La pobreza severa remite al fortalecimiento de las redes de servicios sociales. Frente a las fracturas en el tejido de la cohesión, resulta fundamental la existencia de unos servicios sociales universales, promotores de la autonomía personal y los lazos comunitarios, con capacidad de impulsar lógicas de empoderamiento que situen a personas y colectivos vulnerables como sujetos activos de sus propios itinerarios de inclusión. b) Las ciudades han ido transitando hacia la heterogeneidad de orígenes. La agenda de fraternidad remite al modelo intercultural, definido por la voluntad de generar simultáneamente condiciones de igualdad política, inclusión social y reconocimiento cultural. Y tanto más importante: sin coexistencias cotidianas en paralelo. Con reglas de juego acordadas que hagan posible la interacción, barrio a barrio. 

- Acción comunitaria. La segregación comunitaria implica múltiples fragilidades en la esfera relacional: interacciones débiles y lazos solidarios escasos; soledades forzadas y dinámicas de aislamiento; vidas desvinculadas de sus entornos. La acción comunitaria como gramática de respuesta se orienta al empoderamiento personal y colectivo basado en la centralidad de los vínculos y la densidad relacional. En sociedades complejas, la ciudadanía -junto a componentes de justicia espacial e inclusión social- debe aportar anclajes comunitarios de vida cotidiana. En clave de políticas públicas, la acción comunitaria puede desplegarse a través de: a) la lógica territorial: planes y marcos de gobernanza a escala de barrio como espacios de cooperación público-vecinal de carácter integral; b) la lógica del commoning: consolidación del tejido de lo común por medio de articulaciones estables entre la acción colectiva y las instituciones de proximidad (cocreación de políticas, gestión comunitaria de servicios…); c) la lógica infraestructural: acciones impulsadas desde las redes de servicios públicos (educación, cultura, salud, cuidados…) para dotar de dimensión comunitaria al bienestar; lógica que remite a los equipamientos de proximidad y a la necesidad de convertirlos en bienes comunes, como aportación a la agenda de la fraternidad.

- Territorios de educación y cultura. La escuela pública constituyó un eje central de igualdad en el contrato social del siglo XX; la articulación de educación, cultura y comunidad podría construir una dimensión clave de la agenda de fraternidad en el contrato social del siglo XXI. Transitar hacia un escenario de educación fraternal implica, en primer lugar, revertir el conjunto de factores que generan segregación escolar: poner fin a esquemas duales (pública/concertada) que allanan los caminos de huida de las clases medias Pero la desegregación educativa debe ir más allá de las escuelas. Ello conduce a dos ideas-fuerza. a) La ampliación educativa hacia el conjunto de los ciclos de vida (universalizar los servicios educativos y de cuidados de 0 a 3 años). b) La ampliación educativa hacia el conjunto de entornos de vida cotidiana (revertir la segregación en actividades extraescolares; conectar escuelas y barrios). La vinculación cultura-educación, finalmente, emerge como el marco básico donde ubicar la superación de las segregaciones culturales. Los escenarios de fragmentación se expresan hoy en circuitos de consumo, más que de participación cultural; y de mercado, más que de derechos culturales. La transición debería articular un entramado de actividades culturales inclusivas y de proximidad, así como dotar de centralidad a los espacios comunitarios y reconocer los activos culturales ciudadanos no formalizados.

- Barrios y vidas saludables. La conexión salud-alimentación-ecología aparece como pieza clave en la transición hacia nuevos escenarios cotidianos de mixtura. En el terreno de la salud puede plantearse por un lado un giro hacia la proximidad, fortaleciendo la red de centros de atención primaria en los barrios. Y por otro lado un giro comunitario que permita forjar procesos de construcción colectiva de la salud entre recursos públicos y tejido vecinal-asociativo. En la dimensión alimentaria, priorizar la acción contrasegregadora implica reforzar de forma articulada el eje social: cobertura de necesidades alimentarias de personas y colectivos en riesgo de exclusión; el eje territorial: mejora de los entornos alimentarios locales en barrios de rentas bajas; y el eje comunitario: apoyo a iniciativas ciudadanas de solidaridad alimentaria y de consumo agroecológico. No podemos olvidar, por último, las segregaciones vinculadas a los determinantes ambientales de la salud. Los barrios frágiles sufren de forma más intensa las consecuencias del cambio climático y de la contaminanción. Es por ello que las políticas urbanas de transición energética y movilidad sostenible son relevantes en tanto que políticas de salud y resultan además fundamentales en su contribución a la justicia socioespacial.

En síntesis, construir ciudadanía social en el siglo XXI es tarea compleja y necesaria. Las dimensiones del cambio de época nos ubican en transiciones vitales inéditas. Tejer un contrato social conectado a las nuevas realidades supone redibujar muchas coordenadas del viejo modelo de bienestar. Implica, en todo caso, superar las relaciones contradictorias entre los regímenes de bienestar clásicos y las esferas cotidianas de segregación. Explorar caminos que hagan posible forjar una agenda de fraternidad como dimensión central de los procesos de innovación y cambio; trazar geografías compartidas como infraestructuras cotidianas de emancipación; diseñar políticas públicas de generación de mixturas, y prácticas colectivas donde producir los vínculos cotidianos de esas mixturas. Tal vez así pueda reescribirse la gramática de la igualdad. Tal vez así pueda tomar un nuevo sentido la pulsión humanista del viejo estado de bienestar.