Apple es la empresa del mundo que más beneficios ha escondido en guaridas fiscales como Islas Caimán o Emiratos Árabes Unidos, según un informe del Banco Central Europeo (BCE) publicado recientemente por este organismo.

El documento de trabajo, que no representa “necesariamente” los puntos de vista de la institución, señala que la multinacional tecnológica estadounidense desvió hasta la mitad de las ganancias que obtuvo entre 2009 y 2020 a filiales con residencia en territorios con impuestos bajos o directamente donde las empresas no tributan: unos 326.000 millones de dólares (más de 281.500 millones de euros, al cambio actual) de un total de 628.000 millones en beneficios.

Saudi Aramco, Microsoft, ExxonMobil, Samsung, Walmart, Chevron, Verizon, AT&T y Alphabet (matriz de Google) siguen al fabricante del iPhone en la lista de multinacionales que más beneficios han desplazado en el periodo estudiado por los economistas Fotis Delis, Manthos D. Delis, Luc Laeven y Steven Ongena, con porcentajes similares o incluso superiores respecto a sus ganancias totales.

La investigación se basa en una metodología novedosa que los expertos del BCE explican con detalle en el documento 'Datos globales sobre la transferencia de beneficios dentro de las empresas y a lo largo del tiempo'.

Un informe que unas semanas antes se dio a conocer como un 'paper' académico, y que en los datos que se presentan en el primer gráfico de esta información tiene en cuenta el desvío de beneficios de las matrices y de las filiales de las multinacionales con resultados positivos y también con pérdidas. Este es un cálculo pionero que apenas se había explorado hasta este momento.

En el segundo gráfico, se expone la lista de grandes empresas que más beneficios han desviado a guaridas fiscales, como las Islas Caimán, Emiratos, Bermudas, Baréin, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Bahamas o Gibraltar, sin incluir las filiales en pérdidas, respecto a las que es más complicado identificar el traslado de ganancias.

Estas cifras se basan en la metodología más consolidada en la literatura económica, y rebajan el volumen de ganancias escondidas, aunque las multinacionales son las mismas, con una mayoría de gigantes empresariales radicados en Estados Unidos, que al fin y al cabo son las firmas que más beneficios obtienen en el mundo, y con predominancia de los sectores relacionados con la tecnología, la energía y el farmacéutico.

El BCE publicó este 'paper' en su página web apenas unos días después de que el G7 anunciara, a finales de junio, un pacto que exime a las multinacionales de Estados Unidos de pagar el impuesto mínimo global del 15% sobre sus beneficios.

Este tributo, diseñado y acordado en el marco de la OCDE [conocido como 'pilar dos'] y del G20, lo han asumido cerca de 140 países y precisamente intenta reducir el 'agujero' de recaudación por el traslado de ganancias a guaridas fiscales. Su enfoque es que los impuestos son la base sobre la que se construye el estado de bienestar (la sanidad pública, la educación...) y permiten combatir la desigualdad.

“En un día, en una hora, el G7 destruyó 14 años de gobernanza global y se burló del marco Inclusivo del G20/OCDE al destruir el impuesto mínimo global a las multinacionales”, lamentó el premio Nobel de Economía Joseph E. Stiglitz, ante la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda española, María Jesús Montero, en la cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, organizada por la ONU en Sevilla del 30 de junio al pasado 3 de julio.

“¿Por qué no querríamos que las multinacionales paguen su parte de impuestos? Es increíble”, lamentó este prestigioso economista en el post (en inglés) de la red social Bluesky.

En noviembre del año pasado, la Tax Justice Network publicó un informe que señala que España pierde cerca de 10.000 millones de euros al año de recaudación de impuestos por la fuga de empresas y ricos a guaridas fiscales. Alrededor de 9.000 millones, por la incapacidad de la Agencia Tributaria de gravar los beneficios que las multinacionales ocultan en islas caribeñas y atlánticas, y también en Países Bajos, Irlanda, Suiza o Malta. Y otros 1.000 millones del patrimonio que los contribuyentes más ricos de España desvían a estos mismos 'agujeros negros' para Hacienda.

Los cálculos de la Tax Justice Network ascienden a una pérdida de casi 500.000 millones de euros en todo el planeta, y de 175.000 millones en la Unión Europea (UE) por la falta de cooperación internacional en la recaudación tributaria.

En los últimos años, en el marco de la OCDE (uno de los principales foros de las economías desarrolladas), se han producido importantes avances para mejorar la coordinación fiscal mundial. El mayor hito es el acuerdo para un tipo mínimo del 15% en el impuesto de Sociedades (que grava los beneficios de las empresas) para las multinacionales con más ingresos.

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio una patada a estos pactos, sacando a su país del acuerdo, poco después de tomar posesión por segunda vez. Este giro pone en cuestión este suelo para la tributación de las empresas, que España aprobó a finales de 2024 y que pretende reducir la pérdida de recaudación.

En España, el impuesto de Sociedades recaudó casi 40.000 millones en 2024, un récord desde 2007. La cifra es relevante, pero también lo es que los beneficios de las empresas han crecido mucho más que los ingresos por este tributo en los últimos años. Además, es el único impuesto entre los que más recaudan (junto a IRPF y el IVA) que no está en máximos históricos.

Eficacia en cuestión

Las razones tienen que ver con deducciones y compensaciones legales y diseñadas para apoyar la actividad del sector privado, pero también con la fuga de parte de las ganancias a guaridas fiscales. El tipo mínimo del 15% tiene ese objetivo, aunque su eficacia está puesta en cuestión al dar la espalda Estados Unidos y el G7 al acuerdo.

A finales de enero, la Comisión Europea presentó un informe en el que señala que la recaudación del impuesto sobre Sociedades en UE “aumentaría de media un 7,1% o 26.000 millones de euros anuales gracias a la aplicación de las reglas globales de impuesto mínimo [del 15%] por parte de todos los países de la UE a corto plazo”. Según prosigue el mismo documento, “estos cálculos tienen en cuenta la reciente evolución política en Estados Unidos en relación con la exclusión voluntaria del acuerdo del 'pilar dos' de la OCDE”.

Este aumento de la recaudación pese a que la primera potencia mundial se ha borrado del acuerdo se explica por el propio diseño del impuesto mínimo del 15% en tres fases. La primera es un suelo en el impuesto de Sociedades que las multinacionales pagan en el territorio donde han conseguido los beneficios. La segunda fase contempla que si una multinacional no paga ese mínimo del 15% por sus ganancias en cualquier territorio, el país en el que está la matriz puede reclamarle un recargo hasta que pague al menos ese suelo por los beneficios que no han sido tasados.

Por ejemplo, si una multinacional española traslada parte de sus ganancias a Bermudas, y allí el impuesto efectivo de Sociedades es del 0%, el fisco español tiene derecho a poner un recargo porque aquí está la matriz de la multinacional, para que esa gran empresa acabe pagando como mínimo el 15% en todas las jurisdicciones. Hasta aquí, el 'pilar dos' de la OCDE se mantiene, porque ambas fases corresponden a la soberanía fiscal de la UE y del resto de estados que se han adherido.

La tercera fase de este tributo mínimo global y coordinado es la que ha dinamitado Estados Unidos. Esta tercera fase implica que si la multinacional no paga en Bermudas, y el país donde reside su matriz no le aplica el recargo al que tiene derecho, cualquier tercer país en el que la empresa tenga actividad puede reclamar la parte proporcional del beneficio que pueda demostrar que se genera en su territorio. Esta es la parte del 'pilar dos' de la OCDE que la Administración de Trump considera inaceptable.

Sin embargo, distintos expertos y expertas consultados por elDiario.es explican que Estados Unidos tiene establecido desde hace años un impuesto mínimo de Sociedades cercano al 15% para las matrices de sus multinacionales que abarca los beneficios que desplazan a guaridas fiscales. Esto hace que la oposición de la potencia norteamericana a la tercera fase del acuerdo global de la OCDE sean más fuegos artificiales que recaudación real.

El Banco Central Europeo (BCE) está atrapado entre fuerzas que empujan a seguir bajando los tipos de interés y fuerzas que empujan en el sentido contrario. Con un condicionante que complica esta encrucijada por completo: el consejo de gobierno de la institución monetaria apenas tiene visibilidad sobre la intensidad de estas fuerzas, porque depende de los aranceles que acaben sufriendo las exportaciones de la zona del euro a Estados Unidos y de la respuesta de la UE —que ambos bloques siguen negociando— y del riesgo de un nuevo shock energético y de inflación por los conflictos y guerras que asolan todo el mundo.

En este contexto de incertidumbre, el BCE ha decidido este jueves pausar las bajadas de los tipos de interés en la zona del euro, y dejarlos en el 2%, tras ocho recortes desde junio de 2024, cuando estaban en el 4%. “El entorno sigue siendo excepcionalmente incierto, especialmente debido a las disputas comerciales”, incide el comunicado de la institución de este jueves. Un texto que también toma un tono optimista al asegurar que la actividad en el conjunto de la zona del euro ha mostrado “resiliencia” hasta ahora.

El consejo de gobierno del BCE, que preside Christine Lagarde, frena el ciclo de abaratamiento de las hipotecas y del resto de préstamos hasta tener más información sobre el impacto de la guerra comercial en la economía, aunque lo cierto es que la mayoría de expertos solo espera un recorte más del 'precio' oficial del dinero de aquí a final de año, del 2% actual al 1,75%. La mención a la “resiliencia” de la actividad incluso resta opciones a esa última bajada.

En otra forma de ver la misma encrucijada, esta pausa del BCE llega con la inflación —su principal mandato— controlada cerca del objetivo teórico del 2% interanual y con menor preocupación por la debilidad del crecimiento de la actividad, sobre todo en Alemania y Francia, en un escenario global de desaceleración en el que España es una excepción positiva. De todas formas, el comunicado de este jueves reitera el enfoque “basado en los datos y reunión por reunión”, de cara a las próximas decisiones de la institución.

En junio, tras la última bajada del 'precio' del dinero, la propia Christine Lagarde ya avisó de que el ciclo de bajadas de los tipos de interés estaba llegando “a su final”. Estos tipos que fija la institución monetaria se trasladan al Euríbor —al fin y al cabo es una media del tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí—. Este índice respecto al que se fija el coste de las hipotecas incluso va adelantando las decisiones del BCE.

En junio, el Euríbor se estancó en el 2,08% de media, frente a mayo, y rompió una racha de catorce meses de bajadas consecutivas. En lo que va de julio, el promedio mensual apenas se ha movido de esa cifra.

¿Habrá más bajadas de los tipos de interés?

Como respuesta a la crisis de precios que se inició en 2021, el consejo de gobierno del BCE llevó los tipos de interés oficiales en la zona de euro hasta el máximo de las últimas décadas, el 4%, para encarecer la financiación, ahogar a la capacidad de consumir y de invertir de familias y empresas y luchar así contra la inflación, aunque el origen de la crisis de precios estuviera en la energía (el petróleo y el gas por la invasión rusa de Ucrania) y en la salida de la pandemia, y no en la demanda.

La estrategia del BCE desde 2022 se basó en la respuesta ortodoxa de la política monetaria de matar moscas a cañonazos. Desde hace un año, el BCE está desandando ese camino porque la inflación se ha moderado, principalmente por la energía. Este nuevo ciclo acomodaticio —en la jerga de la política monetaria quiere decir ciclo de abaratamiento de la financiación— se da en un contexto de desaceleración del crecimiento de la actividad económica, por una parte. Por otra, en un escenario en el que hay necesidades de inversión y de aumento del gasto público acuciantes: en defensa, en la transición energética, en la digital...

“La tendencia desinflacionaria en la zona del euro depende principalmente de un escenario en el que los precios de la energía sigan estabilizándose, o incluso caigan ligeramente, mientras que los precios de las demás materias primas se mantengan bajo control”, explica Eric Dor, director de estudios económicos del IESEG.

Este experto introduce también el factor del tipo de cambio entre el euro y el dólar como una de las claves de las próximas decisiones del BCE. “El euro se ha apreciado más de un 10% frente al dólar desde principios de año. Esto ya está teniendo el efecto de deprimir las exportaciones de la zona del euro [las encarece]. Añadiéndose a los aranceles de la misma magnitud. Esta apreciación también reduce el coste en euros de las mercancías importadas a un precio inicialmente determinado en dólares [una gran parte petróleo o gas]. Esta apreciación del euro es, por tanto, desinflacionaria y constituye un argumento a favor de seguir recortando los tipos de interés del BCE”, comenta Eric Dor.

Algunas de las voces más importantes del núcleo duro del consejo de gobierno del Banco Central Europeo (BCE) han rechazado durante las últimas semanas una nueva bajada de los tipos de interés “preventiva”. Después de recortar el 'precio' oficial del dinero en ocho ocasiones hasta el 2%, desde el 4% en el que estaba en junio de 2024, y con la inflación cerca del objetivo teórico del 2% interanual, el BCE quiere más visibilidad sobre la guerra comercial y su impacto en el crecimiento de la zona del euro antes de continuar este ciclo de abaratamiento de las hipotecas y los préstamos en general.

“El listón para un nuevo recorte de tipos es muy alto”, dijo Isabel Schnabel, la representante de Alemania en el comité ejecutivo de la institución monetaria, en una entrevista reciente. Efectivamente, este jueves, todos los expertos apuntan a que el consejo de gobierno del BCE —formado por el comité ejecutivo que preside Christine Lagarde, junto al vicepresidente Luis de Guindos, Isabel Schnabel y otros, y por los gobernadores de los bancos centrales de cada país de la zona del euro— dejará los tipos de interés oficiales en el 2%.

En junio, tras la última bajada del 'precio' del dinero, la propia Christine Lagarde ya avisó de que el ciclo de bajadas de los tipos de interés estaba llegando “a su final”. Estos tipos que fija la institución monetaria se trasladan al Euríbor —al fin y al cabo es una media del tipo de interés al que se prestan dinero los bancos entre sí—. Este índice respecto al que se fija el coste de las hipotecas incluso va adelantando las decisiones del BCE.

En junio, el Euríbor se estancó en el 2,08% de media, frente a mayo, y rompió una racha de catorce meses de bajadas consecutivas. En lo que va de julio, el promedio mensual apenas se ha movido de esa cifra.

Tras la pausa del BCE antes de las vacaciones de agosto, “las dudas en relación a la guerra arancelaria y su efecto sobre la economía europea nos lleva a anticipar que todavía asistiremos antes de fin de año a una bajada adicional por parte del BCE que hará que finalicemos 2025 con la facilidad de depósito [los tipos de interés de referencia] en niveles del 1,75%”, señala Cristina Gavín, jefa de renta fija y gestora de fondos de Ibercaja.

Esta misma opinión la comparten muchos expertos. Este jueves, “Christine Lagarde probablemente tendrá que reconocer que los últimos acontecimientos han agravado los riesgos ya señalados en la reunión de junio [la amenaza de la debilidad del crecimiento económico, sobre todo en Alemania y Francia, y con la excepción de España]. No obstante, insistirá en que el BCE se encuentra en una buena posición para afrontar las condiciones de incertidumbre que se avecinan. Es probable que se mantenga firme en su decisión de actuar reunión a reunión y no comprometerse de antemano”, explica Rubén Segura-Cayuela, economista jefe de Bank of America para Europa, quien concluye que “seguimos convencidos de que la institución recortará los tipos en diciembre”.

¿Habrá más bajadas de los tipos de interés?

El consejo de gobierno de la institución llevó los tipos de interés oficiales en la zona de euro hasta ese máximo de las últimas décadas, el 4%, para encarecer la financiación, ahogar a la capacidad de consumir y de invertir de familias y empresas y luchar así contra la inflación, aunque el origen de la crisis de precios estuviera en la energía (el petróleo y el gas por la invasión rusa de Ucrania) y en la salida de la pandemia, y no en la demanda.

La estrategia del BCE desde 2022 se basó en la respuesta ortodoxa de la política monetaria de matar moscas a cañonazos. Desde hace un año, el BCE está desandando ese camino porque la inflación se ha moderado, principalmente por la energía. Este nuevo ciclo acomodaticio —en la jerga de la política monetaria quiere decir ciclo de abaratamiento de la financiación— se da en un contexto de desaceleración del crecimiento de la actividad económica, por una parte. Por otra, en un escenario en el que hay necesidades de inversión y de aumento del gasto público acuciantes: en defensa, en la transición energética, en la digital...

“La tendencia desinflacionaria en la eurozona depende principalmente de un escenario en el que los precios de la energía sigan estabilizándose, o incluso caigan ligeramente, mientras que los precios de las demás materias primas se mantengan bajo control”, explica Eric Dor, director de estudios económicos del IESEG.

Este experto introduce también el factor del tipo de cambio entre el euro y el dólar como una de las claves de las próximas decisiones del BCE. “El euro se ha apreciado casi un 12% frente al dólar desde principios de año. Esto ya está teniendo el efecto de deprimir las exportaciones de la zona del euro [las encarece]. Añadiéndose a los aranceles de la misma magnitud. Esta apreciación también reduce el coste en euros de las mercancías importadas a un precio inicialmente determinado en dólares [una gran parte petróleo o gas]. Esta apreciación del euro es, por tanto, desinflacionaria y constituye un argumento a favor de seguir recortando los tipos de interés del BCE”, comenta Eric Dor.

El problema en el corto plazo es que la institución no sabrá qué aranceles aplicará finalmente Estados Unidos a sus importaciones de bienes europeos hasta el 1 de agosto. “Dada esta incertidumbre es probable que el BCE espere hasta septiembre para obtener mejor información”, remata este último economista.

“Nos plantamos 600 en la reunión, llamamos a Vito Quiles, llevamos pancartas: 'Pedro Sánchez hijo de puta, nos queremos ir a casa, sindicatos corruptos'. Al día siguiente estamos en todas partes”. Este es uno de los mensajes del grupo de Telegram 'Técnicos enfurecidos', en el que hay más de mil funcionarios de la Agencia Tributaria, y que UGT incluyó en una carta de denuncia dirigida a la directora de la institución, María Soledad Fernández Doctor, registrada el 15 de julio y a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El sindicato advierte de “una escalada en los discursos de odio” en este tipo de foros, en los que se ha filtrado el tono ultra fomentado por la extrema derecha en otros ámbitos, como reacción al conflicto enquistado en la Agencia Tributaria respecto a la movilidad de sus trabajadores, especialmente de los técnicos. A las preguntas de este periódico, Comisiones Obreras (CCOO) dice que en ese grupo de Telegram de “nombre tan llamativo” se llama a “la caza del sindicalista”, y lamenta que algunos de los técnicos “más jóvenes y que más se significan están alineados con la extrema derecha”.

Por su parte, Gestha (el sindicato de los técnicos de Hacienda) señala que UGT ha cometido “un error” y ha sacado de contexto unos mensajes en un grupo independiente “en el que ese sindicato no está, y nosotros tampoco” y en el que se pone de manifiesto un cabreo “que está justificado. ”Es un chat que lleva años, y en el que el volumen de comentarios es enorme. No es un Forocoches. No son ultras. No hay adscripción política, ni a ningún sindicato“, inciden desde esta organización. ”Lo publicado no representa a esas personas, aunque lo hayan dicho“, añaden.

“Algún que otro escrache a la directora no estaría mal”, comenta uno de los participantes del grupo de Telegram. “Si a algunos sindicalistas les llovieran escupitajos, y a recursos humanos les lanzaran huevos antes de la reunión, igual empezaban a cambiar las cosas”, eleva el tono otro técnico 'enfurecido'. “La huelga no va a servir para nada. Hay que hacer sangre”, incide otro. “Porque además los conocemos, con nombres y apellidos: AEAT, SIAT, UGT, CCOO y CSIF. Defensores de que haya técnicos de primera y de segunda. Leña. De la buena”, remata otro más.

La Agencia Tributaria declina valorar estos mensajes y también la denuncia registrada por UGT, en la que se pueden leer estos textos en pantallazos del grupo de Telegram y en la que el sindicato pide a la directora general que tome medidas disciplinarias contra sus autores, aunque la mayoría utiliza seudónimos.

En este contexto, la Asociación de Inspectores de Hacienda se ha saltado su tradicional equidistancia y el pasado 16 de julio pidió la dimisión de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por el acuerdo sobre “la financiación singular de Catalunya” entre el Gobierno y la Generalitat. Un pacto que se conoce desde hace un año, pero sobre el que la presidenta de esta asociación, Ana de la Herrán Piñar (nieta del histórico líder de la extrema derecha Blas Piñar), ha decidido endurecer su oposición ahora.

El conflicto por los traslados

La financiación singular de Catalunya y el supuesto músculo que ganaría la Agència Tributària de esta comunidad si este acuerdo —impulsado por ERC y el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat— sigue adelante es uno de los agravantes de la tensión que existe en la Agencia Tributaria estatal (AEAT). La incertidumbre sobre el traspaso de funcionarios de una a otra institución, que bloquearía cualquier oportunidad de traslado a otros destinos, exacerba un problema que se arrastra desde hace años por otros motivos y sobre el que unos sindicatos y otros tienen posturas muy diferentes.

“Si en Barcelona conseguimos algo cuando nos retuvieron es porque el adjunto del delegado especial y compañía temieron por su vida. Mínimo éramos 80 tíos en los pasillos gritando y aporreando las paredes”, recuerda otro mensaje en el grupo de Telegram de los 'Técnicos enfurecidos', y que recoge la misma carta de UGT. Este funcionario se refiere a las negociaciones de hace un año entre los sindicatos y los directivos de la Agencia Tributaria, en las que la tensión saltó de las pantallas y las comunicaciones y alcanzó su punto máximo.

“Hay que reventarlo todo”, arguye otra voz de los 'técnicos enfurecidos' en referencia a las negociaciones que ha habido en la institución en las últimas semanas, siempre con el asunto de la movilidad de fondo —un problema que existe en toda la Administración General del Estado—. El meollo del conflicto está en que algunos técnicos de la Agencia Tributaria, principalmente los que han entrado tras las últimas oposiciones, quieren trasladarse de Catalunya, Madrid o Balears, donde han comenzado su carrera porque son destinos “deficitarios” (donde hay más plazas libres), a otros destinos más cercanos a sus familias o a sus orígenes, pero tienen que esperar durante años.

Por esta razón, se dan situaciones en las que un técnico, después de aprobar una oposición muy dura, ve que el salario no le da para vivir en las condiciones que podía esperar por las dificultades para acceder una vivienda en Catalunya o Madrid, mientras permanecen alejados de sus provincias de origen, teniendo que gastar en viajes frecuentemente. Estos técnicos sienten que es una injusticia que los agentes de la Agencia Tributaria, un rango por debajo de ellos, tengan el derecho de reservar su plaza cuando promocionan, bloqueando posibles traslados. Al mismo tiempo, consideran a los inspectores, que están un rango por encima, también unos privilegiados porque consiguen mayores incrementos salariales a lo largo de su carrera y cuyo techo está mucho más arriba.

“En ese caldo de cultivo de problemas personales se enmarca el tono agresivo de los mensajes del grupo de los 'Técnicos enfurecidos'. Pero mientras los sindicatos firmamos acuerdos para mejorar la movilidad a través de paneles [el último se ha pactado estos días], ellos no aportan soluciones”, comentan a elDiario.es desde SIAT (Sindicato Independiente de la Agencia Tributaria).

“No es un grupo oficial de Gestha, pero está movido por este sindicato corporativista”, prosiguen. Algo en lo que coinciden UGT y CCOO. “Eso sí, una cosa es lo que dicen en redes sociales, y otra hacerlo en persona, que no ocurre”, explican en SIAT. “La Agencia Tributaria no pone soluciones. No está a la altura de las circunstancias”, opinan en CCOO. Lo cierto es que todos los sindicatos reconocen que hay problemas con la movilidad, con la falta de teletrabajo, que hay desequilibrios... “Pero la solución no está en respuestas individualistas”, insisten en CCOO.

“Entre otras cuestiones relevantes, desde Gestha venimos planteando desde 2007 que exista promoción profesional y concursos de traslados con amplias convocatorias, como las que se tenían con anterioridad a esa fecha”, argumenta este sindicato de técnicos. La Agencia Tributaria alcanzó en 2007 un acuerdo con UGT, COO, SIAT y CSIF denominado de “carrera profesional y administrativa” que Gestha no firmó.

“A partir de entonces, no se han convocado concursos (sustituidos por un acuerdo de paneles derivado del anterior), salvo para inspectores, y la carrera se paralizó desde la crisis en 2010 y no se ha recuperado hasta la fecha”, concluyen en Gestha.

El primer ministro de Francia, François Bayrou, ha traído de vuelta a la zona del euro al fantasma de la crisis de deuda y de la austeridad. Este martes, el jefe del Ejecutivo anunció un plan de ajuste presupuestario para 2026 que implica una congelación de la mayor parte del gasto público —incluidas las pensiones y con la excepción de la defensa—, subidas de impuestos y recortes en derechos —pretende eliminar dos días festivos del calendario laboral, desde los once actuales— para reducir el déficit (el desequilibrio entre los gastos y los ingresos del Estado), que se financia con deuda y que desde la pandemia ningún gobierno ha podido controlar ante el estancamiento de la actividad económica.

“Nos hemos vuelto adictos al gasto público”, lamentó François Bayrou en una rueda de prensa en la que anunció el plan con el que ha puesto en riesgo su propia supervivencia política, después de arrancar su mandato a finales del año pasado, para evitar que el pago de los intereses de la deuda supere los 100.000 millones de euros al año al final de la década y se convierta en la mayor partida del Presupuesto del Estado.

Este riesgo existe porque el déficit del Estado francés respecto al PIB (Producto Interior Bruto, la forma de medir la actividad económica y la sostenibilidad de los desequilibrios y la deuda) es el mayor de la zona del euro. En 2024, el desequilibrio presupuestario se quedó en el 5,8% del PIB, y se espera que apenas se reduzca al 5,6% en 2025 y que se vuelva a elevar al 5,7% en 2026 —según las últimas previsiones de la Comisión Europea—, elevando a un ritmo importante la deuda pública, que pasaría del 113% del PIB en 2024 al 118,4% el próximo ejercicio, muy por encima del endeudamiento de España.

Para evitarlo, el plan de François Bayrou busca reducir en cerca de 40.000 millones el desequilibrio presupuestario, alrededor de un punto de PIB, hasta dejar el déficit en el 4,6% en 2026, castigando principalmente el gasto público.

“Este es nuestro momento de la verdad”, incidió este martes el primer ministro de Francia, cuyo plan encuentra oposición a la izquierda y a la derecha. De hecho, muchos analistas consideran que la propuesta no será aprobada en Asamblea Nacional, donde no tiene mayoría, y que es la forma de François Bayrou de despedirse del cargo diciéndole al país lo que cree que debería hacer. Su antecesor al frente del Ejecutivo, Michel Barnier, cayó precisamente tras intentar que las pensiones no subieran según la inflación. “Conocemos los riesgos”, admitió François Bayrou en la misma rueda de prensa.

El “estado catastrófico” de la economía

El estancamiento de la actividad en Francia y los desequilibrios presupuestarios han traído de vuelta las recetas de austeridad que, tras el estallido de la gran crisis financiera en 2008, hundieron a España, Portugal y mucho más a Grecia en una década 'negra' para los trabajadores, para el estado de bienestar (sanidad, educación...) y para el gasto social en general, con una profunda pérdida de poder adquisitivo y recortes de derechos laborales que no se han recuperado.

François Bayrou asegura que la situación del país está agravada por las crisis internacionales, que obligan a un incremento del esfuerzo en defensa, y por la guerra comercial escalada por la Administración de Estados Unidos de Donald Trump, y vuelve a cambiar el paso en una zona del euro en la que desde la pandemia se ha girado hacia políticas de protección de rentas (de los trabajadores y de las empresas) frente a los recortes en el gasto público, y que en España ha tenido un resultado positivo.

En definitiva, un mayor avance del PIB agregado reduce el déficit y la deuda. Según el ministro de Economía de nuestro país, Carlos Cuerpo, “para nosotros, el ser capaces de mantener el estado del bienestar, el ser capaces de mantener esa red de protección social adelante, es una condición necesaria para que podamos seguir con nuestra agenda también de crecimiento”.

Los expertos consultados por elDiario.es apuntan a que la propia inestabilidad política, con la importante presencia de la extrema derecha en el parlamento, y las iniciativas presupuestarias frustradas inciden en los problemas económicos de Francia. Por ejemplo, el tipo de interés que se exige a la deuda de referencia de Francia en los mercados financieros (el bono con vencimiento a 10 años) supera al de España desde hace meses. Este hecho prácticamente inédito en la historia de la zona del euro provoca un aumento del coste de los intereses de la deuda del país vecino. En otras palabras, Francia necesita más financiación y se financia más caro.

Nuestro ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió este miércoles que “los dos elementos, crecimiento y responsabilidad fiscal, nos llevan a que estemos ahora mismo en el grupo de los buenos alumnos dentro de la Unión Europea, aquellos que no tienen un déficit excesivo y que tampoco tienen desequilibrios macroeconómicos”. Según destaca, “este es el punto de partida que asegura y garantiza la confianza de inversores internacionales, tanto en mercados financieros, en nuestras emisiones de deuda, como también en términos de inversión real con la llegada de cifras récord en inversión extranjera directa”.

Por otra parte, “cabe señalar que este deterioro [de las finanzas públicas de Francia desde 2019] no se debe a un aumento más acusado del gasto público en Francia en comparación con la zona del euro (1,8 y 2,6 puntos del PIB, respectivamente), sino más bien a una disminución significativa de los ingresos públicos franceses (-1,6 puntos del PIB), mientras que estos se mantuvieron estables en la zona del euro”, explica un informe del OFCE (Observatorio francés de coyunturas económicas, por sus siglas en francés), publicado recientemente.

Los expertos que firman este documento enumeran bajadas de impuestos desde 2017 como el tributo sobre la vivienda (un punto menos de PIB de recaudación), la reforma del impuesto de solidaridad sobre el patrimonio, en el caso de las familias; o las rebajas en el impuesto de sociedades (medio punto menos de PIB de ingresos) y la reducción de las cotizaciones sociales patronales (1,1 puntos menos de PIB), en el caso de las empresas.

El plan presentado por el primer ministro “tiene el mérito de la claridad: estamos dispuestos a hacer cualquier cosa (eliminar los días festivos, reducir el estado del bienestar, etc.) antes de pedirle un solo céntimo a Bernard Arnault [dueño de LVMH] y a los multimillonarios franceses”, comenta el economista Gabriel Zucman. “Hay que reconocer la creatividad del gobierno a la hora de mantener los privilegios fiscales de los ultrarricos. Las directrices presupuestarias propuestas se dirigen a casi todos, excepto a los multimillonarios”, ironiza este experto en justicia fiscal.

“Es ese equilibrio en las decisiones de crecer, reducir la desigualdad, ampliar nuestros derechos y el estado del bienestar social, hacerlo a la vez que cumplimos con los compromisos en materia de seguridad y defensa con nuestros socios y todo ello con un paraguas de responsabilidad fiscal. Es la receta que nos está dando buenos resultados y que queremos mantener hacia adelante”, insiste Carlos Cuerpo.

Una de las tasas de empleo más bajas de la UE

Por otro lado, Eric Dor, director de estudios económicos de la IESEG School of Management, señala problemas estructurales. El principal: Francia “produce muy poco [por habitante] en comparación con la mayoría” de países de la Unión Europea (UE). El PIB per cápita de la segunda economía de la UE (en PIB agregado) es el undécimo de los 27 socios. Una de las razones es que “la proporción de trabajadores, es decir, de personas con empleo, en porcentaje de la población total, es muy reducida en Francia”.

Esta “tasa de empleo” se quedó en el 44,5% en 2024, algo por debajo de la de España, la vigesimoquinta de la UE. “La proporción de residentes en edad de trabajar, en porcentaje de la población total, es la más baja de toda la Unión Europea. Así, los residentes de entre 19 y 64 años representan el 55,4 % de la población total en Francia, frente al 58,9 % en Alemania, por ejemplo”, observa este economista.

“Los residentes de entre 25 y 64 años representan el 49,6 % de la población total en Francia, frente al 53,6 % en Alemania, por ejemplo”, prosigue. Además, “las estadísticas muestran que el acceso al mercado laboral es especialmente difícil en Francia para determinados grupos, como las personas con menor nivel educativo, la población inmigrante o las mujeres”, añade Eric Dor.

Es el mal endémico de nuestra economía. La especulación inmobiliaria fue la causante de la gran crisis financiera de 2008, y vuelve a ser la soga de las familias trabajadoras. Vuelve a estar detrás del malestar de los más vulnerables, ahogados por los precios del alquiler y sin poder comprar una vivienda digna, sobre todo en las grandes capitales y en los destinos turísticos, donde se concentra la mayor parte de la oferta de empleos.

La última estadística de declarantes del IRPF (Impuesto sobre la renta de las personas físicas) ofrece la clave de la actual dimensión de este problema persistente: los caseros ganan un 35% más con el alquiler de temporada o turístico que con el habitual, en el promedio nacional.

Según este mismo cálculo, los ingresos íntegros anuales en el primer caso se alzan hasta rozar los 10.000 euros. En el segundo, se quedan en algo más de 7.200 euros. Este diferencial es mucho mayor en Madrid, Catalunya, Illes Balears... como se puede observar en el primer gráfico de este reportaje. Es decir, los precios del alquiler para vivir están presionados al alza por las elevadas rentabilidades que logran los alquileres no habituales, alimentando la especulación inmobiliaria. Otra vez.

Esta conclusión que se obtiene de los datos de Hacienda no es novedosa. Pero sí lo es la propia fuente de información: por primera vez se pueden comprobar los rendimientos que declaran en la Agencia Tributaria las personas que alquilan viviendas para uso normal y para uso temporal o turístico en toda nuestra geografía, excepto en las provincias de Euskadi y Navarra, que tienen sus propios conciertos fiscales y no comparten sus cifras.

La estadística de declarantes de IRPF se publicó la semana pasada con los datos de 2023. Como viene siendo habitual, esta estadística dedicó un módulo específico a la vivienda, aunque con más detalles que nunca. Una información que incluye los ingresos y la rentabilidad que obtienen los caseros con los alquileres respecto al valor de referencia de sus viviendas, teniendo en cuenta que los arrendamientos habituales alcanzan una media nacional de 350 días al año ocupados (contratos nuevos más los que vienen de atrás), y los temporales o de uso turístico solo de 271 días. Unos promedios que varían bastante dependiendo de las comunidades autónomas, según en cuáles son más importantes las temporadas altas de turismo o en cuáles la llegada de visitantes se reparte a lo largo del año.

“Desde que el franquismo apostara por crear una sociedad de propietarios, la vivienda siempre ha sido en nuestro país la forma predilecta de ahorro para las familias y se ha considerado una forma de inversión segura y rentable a largo plazo. Los datos confirman que invertir en vivienda en España es muy rentable y sigue siendo más rentable que cualquier inversión alternativa, ya sea productiva o financiera. Y esto se explica porque las políticas públicas aplicadas durante décadas han apuntalado que esto sea así”, señala un informe del gabinete económico de CCOO.

“La actual burbuja se está inflando con la extracción de ingresos de las familias trabajadoras por los rentistas. El mercado del alquiler es el que más rápidamente está creciendo impulsado por mucho capital especulativo atraído por las altas rentabilidades. En las zonas céntricas de las ciudades, los pisos turísticos han abierto la posibilidad de seguir engordando los beneficios cuando ya no es posible ir más allá en la extracción de renta de los residentes locales”, defiende el documento 'Bajar el precio de la vivienda: clave para el desarrollo personal y el progreso del país', presentado por Sumar en el Congreso de los Diputados, recientemente.

Esta dinámica especulativa en el mercado de la vivienda, y su deriva turística, hace que las diferencias de ingresos anuales entre los caseros que alquilan para vivir y los que lo hacen para uso no habitual sea mayor en las zonas costeras. Por ejemplo, en Balears y Las Palmas la variación supera el 80%, en Málaga y Barcelona el 50%, y en las provincias de Valencia también se acercan a esa cifra. Mientras, en zonas del interior, como Cáceres o Albacete, el porcentaje apenas es del 20%.

En agregado, según los datos del IRPF que se conocen hasta el cierre 2024 (con menos detalle que la estadística de declarantes de 2023), los ingresos de las familias por alquilar inmuebles (viviendas, locales o garajes) en nuestro país se han disparado en los últimos años por las subidas de precios. Estas ganancias por los arrendamientos, que perciben algo más de tres millones de hogares (sin contar los que se obtienen a través de empresas), se han duplicado desde 2008 hasta rebasar los 31.500 millones en 2024. Ya son la principal renta del capital en España, por delante de las financieras y las ganancias patrimoniales.

Estas tres fuentes de ingresos —los alquileres, el capital mobiliario (dividendos, intereses de los depósitos...) y las ganancias patrimoniales (plusvalías tras vender viviendas o acciones)— superan el 10% de todas las rentas de los hogares —las principales son las del trabajo (sueldos y pensiones)—. Un hito que no ocurría desde el estallido de la burbuja inmobiliaria.

“Para las familias supone una fuerte extracción de renta, que echa por tierra las subidas salariales, aboca a muchos hogares a no llegar a fin de mes y limita a nivel macroeconómico la demanda agregada. Estas familias deben destinar una parte cada vez mayor de sus ingresos a pagar la vivienda, en detrimento de otros bienes y servicios básicos de la economía real, que además generarían más actividad y empleo”, prosiguen los expertos de CCOO.

“Para el capital [el dinero de empresas y de familias, que es el que recoge principalmente el IRPF], genera el incentivo perverso de que es más rentable especular y extraer renta de la vivienda que realizar inversiones productivas, que generan valor añadido y tejido productivo”, añaden desde el sindicato.

La estadística de declarantes de IRPF permite llegar a los municipios. En los dos últimos gráficos de este reportaje es posible ver las diferencias que existen en los municipios de más de 20.000 habitantes con más de 50 viviendas puestas en alquiler, tanto habitual como temporal o turístico. En los más tensionados por el turismo, los diferenciales entre los alquileres de viviendas para vivir y los alquileres temporales se ensanchan.

Esta 'turistifación' tiene consecuencias en el mercado de la vivienda —dificultando el acceso a una casa digna y asequible por la inversión especulativa—, y en otros aspectos de la vida cotidiana —como los relacionados con la desaparición del comercio tradicional o de cercanía, o con la transformación de barrios enteros para favorecer a los visitantes frente a los vecinos—. Este año, en el concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz (COAC), la comparsa ganadora, 'Las ratas', de Jesús Bienvenido, recogió este conflicto: “Toda la vida aterrado mirando hacia el mar; y el maremoto llegó por el puente. Ya viene. Ya viene. Lo que para ti es solo un trozo de ciudad cualquiera. Un capricho caro. Un antojo. Para mí, es mi barrio. [...] Muere el pequeño comercio. Agoniza el vecindario. Disparan alto los precios de vivir”.

“El alquiler funciona de forma regresiva, transfiriendo rentas de los cuartiles más bajos a los más altos”, explica Javier Gil, que esta misma semana ha publicado un papel académico que demuestra que el mito del “pequeño propietario” y el “casero vulnerable” son estrategias de los grupos de presión y las patronales inmobiliarias para perpetuar el statu quo del rentismo, frente a la evidencia de los datos.

Este experto considera que “los hogares de los caseros, aun descontando lo que reciben por los alquileres, siguen siendo las poblaciones de mayor renta”. “El mito de los caseros vulnerables es residual, pero lo escuchamos como si fuera el actor dominante del mercado para alinear sus intereses con los de la mayoría de la población”, desarrolla.

La inflación repuntó una décima más de lo previsto en junio al 2,3% por la subida de los carburantes, según los datos del IPC publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El aumento de los precios en las gasolineras se debe al encarecimiento del petróleo en los mercados internacionales, y del gas, por las guerras y las tensiones geopolíticas, sobre todo entre Israel e Irán. En mayo, esta inflación interanual se quedó en el 2%, tres décimas por debajo del nivel de junio.

Con esta aceleración del IPC (Índice de precios de consumo) interanual (respecto al mismo mes del ejercicio anterior) en junio, la inflación vuelve a los ascensos después de haber encadenado tres meses de descensos, aunque “confirma la tendencia a la estabilización en torno al 2%, nivel de referencia para el Banco Central Europeo (BCE)”, según defienden fuentes del Ministerio de Economía.

Estadística explica que el repunte del IPC hasta el 2,3%, desde el 2% de mayo, se debe efectivamente al encarecimiento de las gasolinas, “frente al descenso de precios experimentado en junio de 2024”, y, en menor medida, a la subida de los precios en los supermercados y en las tiendas de alimentos, mayor a la registrada un año antes.

“Los alimentos no elaborados elevaron su inflación desde el 7,1% hasta el 8%, prolongando la tendencia alcista que mantienen desde finales del año pasado, amplificada por la normalización del IVA. De las 16 subclases [productos] que integran este subíndice [el IPC de los alimentos], 13 presentan una tasa superior al 3% y varias de ellas (huevos, carne de vacuno, frutas y carne de ovino y caprino), tasas de dos dígitos”, detallan los expertos del centro de análisis Funcas.

La inflación general acumula desde 2021 un ascenso de algo más del 20%. Es decir, la vida en junio es un 2,3% más cara que hace un año y un 20% más cara que hace cuatro años. De esta manera, se entiende mejor el daño al 'bolsillo' de las familias de esta crisis de inflación 'pegajosa', en la que la mayor pérdida de poder de compra se sufrió en 2022.

“España continúa con una situación de estabilidad y moderación de precios que, junto a los aumentos salariales, permite que los hogares sigan ganando poder adquisitivo, conjugándose con unas perspectivas de crecimiento económico por encima de las principales economías europeas”, defienden en el Ministerio de Economía, que lidera Carlos Cuerpo.

El aceite de oliva baja casi un 50% desde máximos

Una de las buenas noticias de los últimos meses es la bajada del precio del aceite de oliva, una excepción entre los alimentos. Con los datos de junio, el 'oro' líquido acumula un descenso del 48% desde el pico alcanzado en abril de 2024 y se sitúa en niveles de hace más de dos años.

El mes pasado, destacó también la desaceleración de los servicios de alojamiento y la menor contribución de los paquetes turísticos.

De hecho, la inflación subyacente se mantuvo en junio contenida en el 2,2% interanual. Este IPC subyacente excluye de su cálculo los precios de energía y de los alimentos por ser los productos más volátiles de la cesta de la compra de referencia del INE para dar una visión más estructural de la inflación.

La avaricia de las empresas

En el relato de la última crisis de inflación que ha hecho el BCE en la reciente revisión de su estrategia, sin mencionar las consecuencias de la avaricia de las empresas, y de algunos sectores en concreto, sí que reconoce lo evidente. En 2021, en la salida de la pandemia, “las perturbaciones en el sector energético, alimentario y de la cadena de suministro [del comercio global] desempeñaron un papel especialmente importante en el repunte inicial de la inflación”, recoge el informe de la institución de principios de julio,.

“Los factores de oferta, tanto globales como nacionales, fueron los que más contribuyeron a la inflación”, continúa. “Una transmisión inusualmente elevada de los costes de los insumos energéticos a los precios finales [...] desempeñaron un papel importante en la transmisión de las perturbaciones”, prosigue el BCE. Finalmente, “los salarios reaccionaron a las subidas de precios con cierto retraso, lo que resultó en un aumento inicial de los beneficios de las empresas, pero a mediados de 2023 estos comenzaron a absorber un mayor crecimiento salarial”.

Es decir, la avaricia de las empresas disparó la inflación desde 2021 y es otra vez, en esta nueva etapa, el mayor riesgo, aunque el BCE directamente no menciona “la inflación de vendedores” o “de beneficios”, que son conceptos que utilizan los economistas más críticos, y están prohibidos para la ortodoxia de la política monetaria.

“El enérgico endurecimiento de la política monetaria en respuesta al repunte inflacionario [las subidas de los tipos de interés, que buscaban ahogar a las familias y a las empresas para rebajar así la inflación y que en los últimos meses la propia institución está revirtiendo por el frenazo del crecimiento económico] fue crucial para mantener ancladas las expectativas de inflación a largo plazo, evitar una espiral de precios y volver a acercar la inflación al objetivo de manera oportuna”, se autofelicita el BCE. Lo que no menciona el regulador financiero es que las subidas de los tipos de interés oficiales —que se trasladan al Euríbor y, por tanto, a las hipotecas— se unen a la inflación y ejecutan un golpe doble que se ceba con las familias más vulnerables.

Doble golpe a las familias: precios y tipos

La última Encuesta de Presupuestos Familias (EPF) del INE corrobora este daño multiplicado por dos (precios y tipos), ya que techo y comida se llevan el 60% del gasto de los hogares más pobres de nuestro país, 20 puntos más que de los que viven más holgadamente. Visto de otra manera. De cada 100 euros, en 2024, tras pagar el alquiler o la hipoteca, la luz, el gas, el agua y llenar la nevera, las familias más pobres solo gastaron cada mes 40 euros para otras partidas, como la factura del teléfono, la cultura o el dentista. O dándole otra vuelta, mientras las subidas de los precios de la vivienda y de los supermercados asfixian a los españoles más pobres, los hogares más ricos pueden permitirse dedicar uno de cada tres euros a ocio, restaurantes, hoteles y transporte. Por el contrario, las familias más vulnerables se dejan solo 16 euros de cada 100 de su gasto total en ir al cine, en cenar fuera de casa, en coger aviones...

El último informe de la situación financiera de los hogares y las empresas del Banco de España señala que la “vulnerabilidad financiera” de las familias se mantiene en mínimos de principios de siglo, cuando este indicador se empezó a calcular —es decir, está técnicamente en mínimos históricos—. Las principales razones son el menor endeudamiento y el aumento de los ingresos, principalmente por la creación récord de puestos de trabajo, que propicia que en cada hogar haya más personas con empleo.

Esta realidad “agregada” esconde la desigualdad: muchos trabajadores no pueden acceder a financiación bancaria. Por tanto, no pueden contratar una hipoteca para comprar una vivienda, pese a la bajada de los tipos de interés del Banco de Europeo (BCE), que se traslada al Euríbor (el índice de referencia de los préstamos).

Este descenso del 'precio' oficial del dinero en la zona del euro alivia la carga financiera de las familias —el pago de intereses respecto a la renta disponible—. De nuevo, en el cálculo agregado.

“Esta disminución, junto con el crecimiento de las rentas nominales, permitió un descenso de la ratio de carga financiera hasta el 2,4% de la renta disponible brutal [en el primer trimestre], 0,2 puntos menos que en el trimestre anterior. De acuerdo con las últimas proyecciones macroeconómicas del Banco de España, esta tendencia descendente se prolongaría hasta situarse alrededor del 2,1% a mediados de 2026”, explica el informe de la institución monetaria.

“En el primer trimestre de 2025, la ratio de endeudamiento de los hogares se situó en el 67,8% de la renta disponible bruta (43,8% del PIB), lo que supone una reducción de 0,3 puntos respecto al nivel registrado a finales de 2024. Este descenso fue algo más moderado que el observado en el conjunto de la zona del euro, donde, no obstante, la ratio de endeudamiento presenta un nivel superior, el 82,8% de la renta disponible (51% del PIB). La proporción de deuda destinada a la financiación de la compra de vivienda apenas varió en ambas áreas en el primer trimestre de 2025, alcanzando el 71,2% en España y el 70,2% en la zona del euro”, añade.

Otros datos del mismo documento del Banco de España ofrecen otra perspectiva de estas señales de salud financiera. La edad media de quienes piden una hipoteca en España sigue ligeramente por encima de los 40 años. Los vencimientos de los préstamos para comprar una casa han ascendido a casi 325 meses, también en promedio. 27 años, un récord.

“El indicador que aproxima el grado de accesibilidad a la vivienda en propiedad con financiación hipotecaria apenas habría experimentado una ligera mejoría en el primer trimestre de 2025, por lo que persiste el endurecimiento acumulado durante el período 2022-2023”, lamenta el informe de la institución monetaria.

“El dinamismo de la renta per cápita y la disminución de los costes de financiación habrían ayudado a mejorar este indicador. No obstante, el aumento del precio de la vivienda habría compensado en buena medida estas mejoras”, prosigue.

El Banco de España ha fichado a un alto cargo de la Reserva Federal (Fed) para dirigir su brazo de análisis económico. La institución ha elegido a David López Salido, actualmente director general adjunto de la división de Asuntos Monetarios del banco central de Estados Unidos, como sustituto de Ángel Gavilán al frente de la dirección general de Economía, tras la polémica por su dimisión hace unas semanas.

Ángel Gavilán abandonó su cargo justo un día después de la presentación del informe anual del Banco de España —el primero del gobernador José Luis Escrivá—. La polémica se desató porque el consejo de gobierno del regulador financiero no apoyó “un informe tan prescriptivo como el de otros años”, y le obligó a modificarlo, retrasando su publicación.

Ese documento hace una radiografía exhaustiva de la economía española, y en los últimos ejercicios, con Pablo Hernández de Cos al frente —nombrado por el Gobierno del PP de Mariano Rajoy en 2018— se había posicionado en contra o había cuestionado políticas y reformas como la laboral, la de las pensiones, la subida del salario mínimo (SMI)...

Para sustituir a Ángel Gavilán, el Banco de España abrió un proceso de elección con el formato de “expresión de interés”, que permitía presentarse como candidato a cualquier profesional que cumpliera el perfil requerido. El gobernador José Luis Escrivá llegó a afirmar que “si hay alguien que está cualificado en España para hacer una reforma moderna y profunda, y reforzar la dirección de Economía, soy yo”.

Este lunes, la institución ha comunicado la resolución de este proceso, en el que “para asesorar al gobernador, se ha contado con un panel de tres expertos de máximo prestigio en el ámbito del análisis y la investigación económica: Andrew Haldane, Andreu Mas-Colell y Alejandro Werner”. David López Salido, que trabaja para Fed desde 2006, empezará a ejercer en el Banco de España a partir del 1 de octubre.

En este tiempo, José Luis Escrivá también ha asegurado que meterá “el menos ruido posible sobre pensiones”, tras ser cuestionado por el cambio de posición del Banco de España respecto a la sostenibilidad del sistema, hasta ahora muy crítica y cuya última reforma fue impulsada por él mismo en su etapa como ministro de Seguridad Social.

El gobernador defiende que la institución “no debe opinar sobre lo que no tiene evidencias”, y afirma que “ningún banco central opina sobre distribución renta, porque no tenemos legitimidad democrática”. Según añade, “las decisiones sobre impuestos o cómo se redistribuye el gasto... Esto lo tiene que decidir el Parlamento y los gobiernos. Somos muy cuidadosos en eso”.

“Durante este proceso de selección [del directo general de Economía], el panel fue informado por el gobernador de la previsible existencia de una nueva vacante en otra dirección general del Banco, tras haberle comunicado la actual directora general de Relaciones Institucionales, Europeas y de Transparencia que, por razones personales sobrevenidas e ineludibles, tenía intención de renunciar a su cargo”, explica el Banco de España.

“El panel consideró al candidato que había quedado en segundo lugar en este proceso, Galo Nuño, que venía ocupando el cargo de director general adjunto de Economía, como un candidato adecuado para cubrir esta vacante”, prosigue el regulador en la nota de prensa difundida este lunes.

Por esta razón, “el consejo de gobierno ha acordado convocar una nueva expresión de interés para cubrir la posición de director general adjunto de Economía, con el objetivo de poder realizar su cobertura, en la medida de lo posible, a partir del 1 de octubre”.

La migración, el intercambio y la acogida de personas de distintos territorios son tres factores que sustentan el progreso de las sociedades a lo largo de la Historia. La reacción conservadora a esta realidad ha sido también una constante siglo tras siglo, incluso en situaciones en las que los desplazamientos se han debido o se deben a la huida de guerras, de la pobreza extrema o de desastres naturales. Un rechazo del que ningún estado moderno puede considerarse inmune, y que el partido ultra Vox está agitando ahora con el “queremos seguir siendo España” para justificar la petición de expulsión de extranjeros que viven y trabajan en nuestro país, a pesar de las evidencias de que el incremento de la llegada de inmigrantes de los últimos años tiene un efecto positivo y diferencial en el crecimiento económico, en las pensiones y en el mercado de trabajo.

Este martes, en el Congreso de los Diputados, la portavoz de Vox, Pepa Millán, exigió la “inmediata expulsión de los migrantes ilegales en España”, así como de los migrantes legales “que hayan hecho del delito su forma de vida” o que hayan demostrado lo que consideran sin más detalles “una incapacidad manifiesta de integración”. La amenaza de romper las vidas de quienes luchan cada día por una vida próspera o por un futuro mejor choca además con los argumentos que vienen dando todas las instituciones nacionales e internacionales, públicas y privadas, cuando analizan la evolución de nuestro país desde el shock de la pandemia.

“Uno de los efectos positivos que han tenido los flujos migratorios [en España] es que aportan trabajadores con tasas de actividad muy altas, claramente por encima de otros países de nuestro entorno”, destacó hace apenas unos días José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España, en una conferencia titulada 'El papel de la política migratoria e industrial ante los retos de la economía española'. Esa tasa de actividad —es decir, los trabajadores extranjeros que tienen un empleo o que lo están buscando— alcanzó el 78% en 2024 en nuestro país, frente al 74,4% de Alemania, al 70,7% de Francia o al 71,1% de Italia, según los datos de Eurostat recogidos por José Luis Escrivá.

En Estados como el nuestro, “que tienen una natalidad tan baja, en ausencia de este fenómeno migratorio tendríamos un problema muy agudo de envejecimiento de la población”, incidió el gobernador del regulador financiero.

Las cifras y los estudios confrontan con contundencia con los bulos que pretenden asociar inmigración y delincuencia. Por ejemplo, el centro de análisis Funcas (la fundación de las cajas de ahorro) escogió a finales de 2024 que “la inmigración aportó el 84% del crecimiento de la población española” desde 2022 como “el dato del año”. Nuestro país roza los 50 millones de habitantes, con un aumento de 1,5 millones en los dos últimos años, de los que apenas 300.000 son nacionales, y 1,2 millones extranjeros, entre los que una mayoría se han incorporado al mercado laboral contribuyendo “a ampliar la oferta [de trabajadores], aliviar la escasez de mano de obra e impulsar el crecimiento económico”, según recoge otro informe del Banco Central Europeo (BCE), dado a conocer en mayo.

Este estudio de la institución monetaria descompone el avance del PIB (Producto Interior Bruto, la forma de medir la actividad) de una manera novedosa [como se puede observar en el gráfico] que le permite afirmar que “la contribución de los inmigrantes al crecimiento del PIB es especialmente importante en España”. La nuestra es la gran economía de la zona del euro que más ha avanzado desde 2019 —un 7,5% en total, tras superar el shock de la pandemia y pese a los golpes del volcán de la Palma, la invasión rusa de Ucrania o la DANA— y donde el mercado laboral está estableciendo un récord tras otro de personas afiliadas a la Seguridad Social.

A finales del mes pasado, en otra conferencia, el vicepresidente del mismo BCE, Luis de Guindos, admitió que “el modelo de avance del PIB de España tiene unos límites”. Pero el principal “cuello de botella” no es “la importante creación de hogares, sobre todo de inmigrantes”, sino que tengan “problemas para acceder a una vivienda”, según el ex ministro de Economía en los gobiernos del PP de Mariano Rajoy.

Este aumento de la llegada de personas de otros territorios “ha sostenido el crecimiento de la economía y la creación de empleo, en especial en los sectores más afectados por la escasez de mano de obra [construcción y hostelería]”, coincide el equipo de expertos de Funcas.

“España está actualmente inmersa en una expansión económica y demográfica de características parecidas a la que había experimentado a principios del siglo. Ahora, igual que entonces, el crecimiento económico está siendo empujado por una mayor demanda de mano de obra, antes que una mayor productividad [medida como la relación entre PIB y empleo]. Igual ahora que entonces, esta expansión del mercado laboral sería inviable sin la incorporación de un elevado volumen de mano de obra inmigrante”, concluye otro estudio de marzo de este 2025 del centro de análisis Fedea.

El gobernador del Banco de España remarcó una diferencia entre el actual ciclo de crecimiento económico y de creación de puestos de trabajo y el previo al estallido de la burbuja inmobiliaria. Con datos de 2022, de nuevo de Eurostat, un 70% de los extranjeros “recién llegados [a nuestro país] en edad de trabajar” tenía un nivel educativo “medio y alto”, frente al 55% de 2008. Además, en promedio para Alemania, Francia e Italia esta misma ratio se queda actualmente en el 61%.

Adiós a gran parte del personal de hostelería, construcción y agricultura

La España de Vox, sin 7 u 8 millones de personas migrantes que hoy viven en nuestras ciudades y pueblos, sería un duro golpe para algunos sectores económicos que se sustentan en una gran proporción de trabajadores de origen extranjero. Con datos de afiliación a la Seguridad Social del cierre del año pasado, el sector que más personas extranjeras emplea es la hostelería, con casi medio millón de trabajadores, que suponen el 27% de su fuerza laboral. Es decir, una de cada cuatro personas trabajadoras.

Le sigue la construcción, con un 20% de su personal que viene del extranjero. Este sector es uno de los que más advirtiendo de la falta de mano de obra, con vacantes que las empresas aseguran que tienen dificultades para cubrir y para lo que los empresarios han pedido en reiteradas ocasiones facilitar la formación y la llegada de personas extranjeras. Si se atiende a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE, que también incluye a las personas en situación irregular trabajando –y no solo a las que están dadas de alta en la Seguridad Social–, la proporción de trabajadores extranjeros en la construcción es incluso mayor, de casi el 25%.

En la agricultura, los trabajadores extranjeros alcanzan el 25.5%, según la EPA. Más de uno de cada cuatro. Un sector en el que hay muchos casos de trabajo informal, de personas migrantes sin papeles, como el temporero procedente de Pakistán que falleció hace unas semanas en Fraga (Huesca). El experimento de deportación masiva que propone Vox tiene un antecedente en directo en EEUU, donde el miedo a las expulsiones está vaciando los campos de cultivo de algunas zonas fronterizas del país, como recoge este reportaje de The New York Times, ante el temor de los trabajadores a ser capturados por las autoridades.

Frente a las expulsiones de Vox, multitud de voces, no solo de movimientos de migrantes, sino también sindical, del mundo empresarial y de organizaciones como Cáritas, defienden una regularización masiva de migrantes, como la que hubo a mediados de los 2000, para mejorar los derechos de miles de personas que ya están en nuestro país, gran parte de ellas trabajando en la informalidad para poder vivir, abocadas a peores condiciones laborales y en ocasiones a la explotación. En un análisis publicado por el centro de estudios Fedea, la investigadora Raquel Carrasco, de la Universidad Complutense de Madrid, recuerda varios hechos que desmienten los bulos y miedos que se suelen azuzar a propósito de la inclusión laboral de las personas migrantes. Por ejemplo, que “la inmigración no afecta significativamente las oportunidades de empleo y salarios de los trabajadores nativos en España. Estos resultados están en línea con los obtenidos para otros países europeos”.

Sin trabajadores para las pensiones de los 'baby boomers'

La población inmigrante también se ha situado como un colectivo fundamental para garantizar el futuro inmediato de las pensiones. El principal problema que atraviesa el sistema, desde la actualidad a las próximas décadas, es afrontar el reto de la jubilación de la generación del 'baby boom'. Como su nombre indica, fue una generación muy numerosa que, en cambio, ha ido seguida de otras que lo fueron mucho menos, lo que enfrenta al sistema a un desequilibrio temporal entre el número de pensionistas y el de los trabajadores en activo, que son los que pagan sus pensiones. En este contexto, la llegada de migrantes, su inmensa mayoría en edad de trabajar, se convierte en un sostén fundamental para las pensiones públicas y las finanzas públicas, destaca la AIReF.

“La migración es el fenómeno demográfico que afecta de forma más rápida y directa a la población en edad de trabajar, que es un elemento clave en la evolución del PIB”, recuerda la Autoridad Fiscal en su última Opinión sobre la sostenibilidad de las administraciones públicas a largo plazo. Es decir, las medidas de impulso de la natalidad, dentro de los postulados de partidos como Vox (aunque por otros motivos), son mucho más lentas y ya llegan tarde para los primeros años de tensión por las jubilaciones de los 'baby boomers'.

Por tanto, que no llegue población inmigrante –no ya reducirla como propone ahora Vox– es un problema importante para las pensiones públicas de nuestros mayores en las próximas décadas. “Los flujos migratorios más reducidos implican un aumento del gasto en pensiones en 2050 de una décima de PIB comparado con el escenario base, mientras que flujos migratorios más elevados reducen el gasto en la misma cuantía”, destaca en su informe la AIReF.

Los inmigrantes que lleguen a España luego generan derecho a una pensión fruto de su vida de trabajo, pero lo harán “una vez que el proceso de envejecimiento de la población nativa se ha estabilizado y, por lo tanto, la presión de incremento de los gastos asociados al envejecimiento se habrá reducido”, indica la institución que lidera Cristina Herrero.

El organismo advierte de que “el impacto de los cambios en los flujos migratorios, al igual que en el caso de las variables macroeconómicas, no se limita al gasto en pensiones, sino que también afecta a otros gastos e ingresos, y a través de ellos, al déficit y a la deuda acumulada”, con la previsión de aumento de déficit y deuda en caso de una menor llegada de población extranjera a nuestro país. La deuda y el déficit son conceptos que reivindica continuamente la ultraderecha para criticar al Gobierno y la inversión en ciertas partidas de gasto social, pero en este caso, ignoran el efecto adverso que supondría su propia propuesta.

Un estudio de la Fundación ISEAK del año pasado advirtió del peligro de la desinformación y de los sesgos sobre la inmigración. La investigación reflejó cómo la población española tiende a sobreestimar las cifras de inmigración y los efectos negativos que cree asociados a esta sobre el mercado laboral y el Estado del bienestar, entre otras cuestiones. Por ejemplo, la población nativa piensa que la población inmigrante alcanza el 27,8% de la población total, lo que dista bastante del dato real: un 16%. Entre los españoles, destacan los ciudadanos con ideología de derecha como los que más sobreestiman, erróneamente, datos como el paro entre los inmigrantes (41% percibido con respecto al dato real de 16%) y “la incorrecta percepción de la proporción de personas inmigrantes que reciben ayudas sociales —perciben que esta alcanza el 55% mientras que solo es del 11%”, destaca el estudio de Odra Quesada, David Martinez de Lafuente y la catedrática Sara de la Rica.

Mejorar la integración

Frente a las peticiones de expulsión, en su conferencia, el gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, propuso “evaluar las políticas recientes e impulsar una gobernanza adecuada para mejorar la integración y emparejamiento laboral de los migrantes”. Entre las políticas a evaluar, señaló dos incluidas en el nuevo reglamento de extranjería, como la “reducción del plazo para solicitar la residencia en España”, y “la ampliación del tiempo que pueden trabajar los estudiantes extranjeros”.

Por otra parte, advierte de que está pendiente “reducir tiempos de espera para la adquisición de la nacionalidad”, y defendió que hay que “fomentar una estrategia migratoria adaptada a nuevas formas de trabajo”, con la colaboración de las distintas Administraciones Públicas.

Los principales banqueros centrales del mundo se han reunido esta semana en Sintra (Portugal), en el cónclave anual que organiza el Banco Central Europeo (BCE), y en el que la institución ha aprovechado para revisar su estrategia y sus herramientas de política monetaria —entre las que se encuentran los tipos de interés o la creación de dinero para comprar deuda pública y privada o remunerar a las entidades financieras privadas, y facilitar o restringir la financiación—. En definitiva, un poder inmenso.

El BCE apenas ha anunciado cambios, y se ha dejado caer en la autocomplacencia tras reaccionar con “contundencia” —en sus propias palabras— a la peor crisis de inflación de las últimas décadas, que ha provocado un daño histórico al bolsillo de las familias, sobre todo en 2022 y en 2023, mientras que las empresas han conseguido beneficios récord, especialmente los bancos comerciales.

Las declaraciones y los documentos de los bancos centrales hay que leerlos entre líneas. Es parte del lenguaje de la política monetaria, cuya influencia en los mercados financieros es instantánea y es capaz de rescatar o hundir al euro —y, por tanto, a todas las economías que comparten esta divisa— con solo una frase, como ocurrió con aquel “haré todo lo que sea necesario” de Mario Draghi, expresidente al que sucedió Christine Lagarde.

En los informes y discursos compartidos en los últimos días por el BCE y el resto de instituciones, no hace falta mucha interpretación para entender que los banqueros centrales asumen que la avaricia de las empresas disparó la inflación desde 2021 y que es otra vez, en esta nueva etapa, el mayor riesgo, aunque directamente no mencionan “la inflación de vendedores” o “de beneficios”, que son conceptos que utilizan los economistas más críticos, y están prohibidos para la ortodoxia de la política monetaria.

En el relato de la última crisis de inflación que ha hecho el BCE en la revisión de su estrategia, sin mencionar las consecuencias de la avaricia de las empresas, y de algunos sectores en concreto, sí que reconoce lo evidente. En 2021, en la salida de la pandemia, “las perturbaciones en el sector energético, alimentario y de la cadena de suministro [del comercio global] desempeñaron un papel especialmente importante en el repunte inicial de la inflación”, recoge este informe de la institución.

“Los factores de oferta, tanto globales como nacionales, fueron los que más contribuyeron a la inflación”, continúa. “Una transmisión inusualmente elevada de los costes de los insumos energéticos a los precios finales [...] desempeñaron un papel importante en la transmisión de las perturbaciones”, prosigue el BCE. Finalmente, “los salarios reaccionaron a las subidas de precios con cierto retraso, lo que resultó en un aumento inicial de los beneficios de las empresas, pero a mediados de 2023 estos comenzaron a absorber un mayor crecimiento salarial”.

“El enérgico endurecimiento de la política monetaria en respuesta al repunte inflacionario [las subidas de los tipos de interés, que buscaban ahogar a las familias y a las empresas para rebajar así la inflación y que en los últimos meses la propia institución está revirtiendo por el frenazo del crecimiento económico] fue crucial para mantener ancladas las expectativas de inflación a largo plazo, evitar una espiral de precios y volver a acercar la inflación al objetivo de manera oportuna”, se autofelicita el BCE. Lo que no menciona el regulador financiero es que las subidas de los tipos de interés oficiales —que se trasladan al Euríbor y, por tanto, a las hipotecas— se unen a la inflación y ejecutan un golpe doble que se ceba con las familias más vulnerables.

Doble golpe a las familias: precios y tipos

La última Encuesta de Presupuestos Familias (EPF) del INE corrobora este daño multiplicado por dos (precios y tipos), ya que techo y comida se llevan el 60% del gasto de los hogares más pobres de nuestro país, 20 puntos más que de los que viven más holgadamente. Visto de otra manera. De cada 100 euros, en 2024, tras pagar el alquiler o la hipoteca, la luz, el gas, el agua y llenar la nevera, las familias más pobres solo gastaron cada mes 40 euros para otras partidas, como la factura del teléfono, la cultura o el dentista. O dándole otra vuelta, mientras las subidas de los precios de la vivienda y de los supermercados asfixian a los españoles más pobres, los hogares más ricos pueden permitirse dedicar uno de cada tres euros a ocio, restaurantes, hoteles y transporte. Por el contrario, las familias más vulnerables se dejan solo 16 euros de cada 100 de su gasto total en ir al cine, en cenar fuera de casa, en coger aviones...

Pero el BCE asegura que sus decisiones han conseguido domar la inflación y da el ciclo por cerrado, después de ocho recortes de los tipos de interés desde junio de 2024, cuando la tasa de referencia (la facilidad de depósito) estaba en el 4%, hasta el 2% actual. Ese máximo, que se alcanzó en el otoño de 2023, tras los incrementos desde el 0% de 2022, ha propiciado que los bancos comerciales de la zona del euro hayan conseguido beneficios récord en los últimos ejercicios por la 'generosidad' de la política monetaria y de esa tasa de facilidad de depósito. Un tipo de interés que remunera el exceso de liquidez de las entidades financieras como herramienta para establecer un suelo en el mercado de las hipotecas y de los préstamos en general.

Para el futuro, el BCE señala que “los cambios estructurales en curso pueden hacer que las perturbaciones de la oferta sean más frecuentes que en el pasado y generar mayor incertidumbre y volatilidad inflacionaria. Dichas perturbaciones podrían provenir, por ejemplo, de factores geopolíticos o del cambio climático”.

En esta mirada hacia adelante, la institución considera que, “en presencia de perturbaciones más frecuentes y de mayor magnitud, la volatilidad inflacionaria puede aumentar aún más, ya que las empresas ajustan los precios con mayor frecuencia”. Es decir, trasladan los aumentos de costes (energía, materias primas...), por ejemplo por la guerra comercial escalada por la Administración de Estados Unidos, a los precios de venta, defendiendo o elevando sus márgenes de beneficio.

En este contexto, el BCE defiende su objetivo principal de mantener la inflación interanual en el 2%, con orientación de medio plazo. Distintas organizaciones y partidos políticos progresistas vienen pidiendo que a esta meta, el regulador añada otras, como la creación de puestos de trabajo —al igual que la Reserva Federal norteamericana— o el apoyo a la transición ecológica. “Esta revisión de la estrategia del BCE es una decepción autocelebrada que lleva al banco central a centrarse erróneamente en lo que, erróneamente, cree haber hecho bien”, denuncia Jordi Schröder Bosch, investigador de Positive Money Europe.

“El BCE se enorgullece de su papel en el control de la inflación, que en realidad se debió en gran medida a la caída de los precios de la energía. Otra realidad es que el aumento del precio de los préstamos, que impuso, tuvo consecuencias negativas precisamente para las inversiones verdes intensivas en capital”, añade. “Necesitamos que el BCE implemente la política directa y simple de reducir los costes de financiación para proyectos sostenibles. Esto permitiría al BCE desempeñar su papel clave y viable para ayudar a combatir el impacto del cambio climático y reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles, ambos cruciales para el cumplimiento de su mandato”, comenta Jordi Schröder Bosch.

El BCE sí que destaca en la revisión de su estrategia que, “sin perjuicio de la estabilidad de precios, en sus decisiones de política monetaria, el consejo de gobierno tiene en cuenta otras consideraciones relevantes para la ejecución de dicha política [...]. Estos objetivos incluyen un crecimiento económico equilibrado, una economía social de mercado altamente competitiva que aspire al pleno empleo y al progreso social, y un alto nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente”.

La inflación de beneficios

La economista Isabella M. Weber, una de las investigadoras que primero demostró la avaricia de las empresas y la inflación de vendedores desde 2021, ha vuelvo a publicar un informe, recientemente, en el que incide en que “los shocks de costes que afectan a toda la economía son un mecanismo implícito de coordinación para los aumentos de precios”.

“Los shocks de oferta son ampliamente reconocidos como un factor determinante del reciente repunte inflacionario, pero el papel de las estrategias de precios de las empresas en la propagación de los shocks de costes de insumos sigue siendo controvertido”, dice la investigación de esta economista y de sus coautores.

“Los grandes shocks de precios de insumos (así como su coexistencia con restricciones de oferta) se correlacionan con sentimientos positivos expresados en las declaraciones de los ejecutivos sobre el aumento de costos. El análisis cualitativo proporciona mayor comprensión del razonamiento que subyace al optimismo de los ejecutivos respecto a su capacidad para convertir un shock de costes a nivel de toda la economía en una oportunidad para subir los precios y proteger o incluso aumentar las ganancias”, recoge la investigación.

El impuesto de sucesiones y donaciones recaudaría el triple sin la competencia fiscal a la baja de las Comunidades Autónomas, liderada por los gobiernos del Partido Popular (PP) de Isabel Díaz Ayuso en Madrid y de Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía.

Los investigadores Isabel Micó y Roberto Ramos del Banco de España han publicado este martes un informe en el que señalan si todas las Comunidades Autónomas retirasen las bonificaciones y fijasen los niveles de la ley estatal del tributo sobre las herencias, los ingresos aumentarían del 0,23% del PIB (unos 3.000 millones) a casi el 0,7% (más de 10.000 millones).

“Sigue pendiente en nuestro país una reforma del sistema de financiación autonómica que corrija algunas de las limitaciones que este ha mostrado a lo largo de las últimas décadas”, arranca el documento de la institución. “Dicha reforma debería cumplir con los principios de suficiencia de los recursos disponibles para las Comunidades Autónomas —sobre la base de algún método de cálculo objetivo de las necesidades reales de gasto de las comunidades (entre cuyas competencias está la sanidad, la educación o los servicios sociales)—, corresponsabilidad fiscal de estas en la financiación de sus gastos —entendida esta última como la capacidad de las regiones para generar ingresos que financien su gasto— y transparencia en los distintos parámetros que determinan el funcionamiento del sistema y su evolución”, continúa.

Para aportar a este debate, los economistas Isabel Micó y Roberto Ramos han desarrollado una herramienta analítica del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Un tributo que, desde 1996, está cedido a las Comunidades Autónomas y sobre el que estas tienen capacidad normativa. “En particular, las comunidades tienen la potestad para modificar los parámetros del impuesto establecidos en la normativa de ámbito estatal que actúa como referencia, tales como la escala de gravamen, las reducciones por parentesco o las bonificaciones sobre la cuota, entre otros”, resumen.

La herramienta del Banco de España excluye a Euskadi y a la Comunidad Foral de Navarra, porque estas comunidades no pertenecen al régimen común del sistema de financiación y, por tanto, “carecen de datos del impuesto de patrimonio, necesarios para la simulación”. Asimismo, la herramienta no cuantifica la parte del impuesto asociada a las donaciones.

La recaudación del impuesto sobre sucesiones y donaciones

En 2023, los ingresos correspondientes al impuesto sobre las herencias alcanzaron el 0,23% del PIB en España, lo que sitúa a este tributo —entre aquellos cuyo rendimiento está cedido completamente a las comunidades— como el segundo en términos de recaudación, por detrás del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados (0,73% del PIB) y por delante del impuesto sobre el patrimonio (0,11% del PIB).

Desde una perspectiva internacional, la recaudación del impuesto de sucesiones en España en 2023 estuvo por encima de la observada en el promedio de los países de la Unión Europea (UE), un 0,15% del PIB. En particular, fue similar a la de Alemania y Dinamarca, y se situó por debajo de la de Francia y Bélgica (0,8% y 0,6% del PIB, respectivamente), países que lideran la recaudación de la UE en este ámbito.

Desde una óptica regional, los datos de recaudación del impuesto sobre las herencias en España revelan la existencia de diferencias entre comunidades. En 2023, los ingresos más elevados correspondieron a Illes Balears, seguida del Principado de Asturias, Cataluña y La Rioja, todas ellas con una recaudación por encima del 0,3% de su PIB. En el otro extremo, Extremadura, Andalucía y la Región de Murcia obtuvieron los menores niveles de recaudación, por debajo del 0,15% del PIB. Madrid se queda ligeramente por encima de ese último nivel. “Cabe destacar que, a partir de los primeros años de este siglo, los Gobiernos regionales han ejercido activamente su capacidad normativa [a la baja] sobre el impuesto de Sociedades”, según incide el informe del Banco de España.

Propuestas de reforma del impuesto sobre las herencias

Los investigadores del Banco de España proponen varias reformas del impuesto sobre las herencias para aumentar su recaudación. Entre ellas, retirar las bonificaciones de las cuotas tributarias. “El incremento recaudatorio de la primera reforma, en términos absolutos, vendría explicado fundamentalmente por la Comunidad de Madrid, debido a que dicha región tiene bonificada en gran medida la cuota tributaria del impuesto de sucesiones”, observa el informe.

Más allá de la financiación autonómica, la cuestión de las herencias es clave porque es una de las principales causas que explica la desigualdad de riqueza. Según los datos que se presentan en este reportaje, el peso de las herencias en el PIB ha aumentado considerablemente en nuestro país desde finales del siglo XX, hasta superar el 3% —solo teniendo en cuenta la transmisión de propiedades inmobiliarias (viviendas principalmente, y fincas rústicas o solares urbanos)—, un máximo de otra época.

La desigualdad de riqueza se está agravando por la acumulación de propiedades, su financiarización y la revalorización (subida de precios) descontrolada, y esta brecha condiciona las oportunidades y el bienestar de las personas como ocurría en etapas de la Historia muy lejanas. Visto de otra manera, los salarios y el trabajo productivo cada vez son más irrelevantes en nuestra sociedad para garantizar las mismas oportunidades se nazca en la familia en la que se nazca.

El BBVA va a por todas y ha decidido mantener la OPA (oferta pública de adquisición) sobre Sabadell pese a las condiciones del Gobierno, que impiden la fusión en tres o cinco años aunque avance la compra, y que se conocieron en el Consejo de Ministros del martes de la semana pasada.

El banco ha comunicado este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tras el cierre de la bolsa, que “ha decidido no desistir de la oferta y, por lo tanto, la misma se mantiene vigente”. La traducción es que son los accionistas de la entidad catalana los que tiene que dilucidar ahora si aceptan o no la oferta de adquisición de BBVA.

Carlos Torres, el presidente del banco, ha asegurado que “el proyecto crea un enorme valor para los accionistas de ambas entidades y representa una oportunidad única para construir uno de los bancos más competitivos e innovadores de Europa”.

“Juntos”, ha añadido Carlos Torres en un comunicado de prensa, “seremos una entidad más sólida, con mayor escala y con capacidad para aumentar en 5.000 millones de euros anuales la financiación a familias y empresas, impulsando así el crecimiento económico de nuestro país”.

La operación ha recibido la aprobación de todas las instituciones, aunque tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como el Gobierno han puesto “condiciones” para proteger “el interés general”. Unos límites que no han hecho desistir al BBVA en su intención de absober al Sabadell.

BBVA podrá nombrar un nuevo consejero delegado en Sabadell y cambiar la sede si los accionistas de la entidad catalana aceptan la oferta, aunque no haya fusión con la entidad catalana en los próximos tres años, según los condicionantes que el Gobierno ha puesto a la OPA. Un plazo que puede ampliarse a cinco ejercicios.

La exigencia del Gobierno es que se mantenga la autonomía en la gestión de ambas entidades, que no podrán realizar despidos en el marco de esta operación ni el cierre de oficinas. Además, tendrán que permanecer, durante esos tres o cinco años, como entidades independientes, aunque BBVA tenga el control accionarial.

“Seguridad jurídica y patrimonios separados, y gestión autónoma, separada” entre BBVA y Sabadell “para proteger el interés general: el empleo, la financiación a pymes, el acceso de oficinas de los clientes. Operativa individualizada”, señaló la semana el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

“Si hay cambio de Gobierno, en estos tres o cinco años, lo que se encontrará es la obligación de BBVA de poner sobre la mesa los informes, sobre la independencia que mantengan las dos entidades. Es un elemento de garantía, porque está alineado con los plazos que impone la CNMC”, añadió el ministro de Economía.

El BBVA dibuja un nuevo escenario

El plan inicial del BBVA pasaba por integrar en el grupo al Sabadell para obtener durante los tres primeros años unas sinergias o ahorros de 850 millones: 450 millones en gastos de tecnología, 300 millones en gastos de personal y 100 millones en ahorros financieros.

Sin embargo, a la vista del rechazo desde un primer momento del Gobierno a una fusión entre el BBVA y el Sabadell, el banco comprador empezó a barajar un escenario en el que la entidad catalana se mantendría como filial del grupo, al igual que el Santander tuvo durante más de dos décadas al Banesto.

Un proceso de integración suele tardar un par de años en completarse y, además, el impuesto extraordinario a la banca tendría un coste mayor para el BBVA si integra al Sabadell, ya que es progresivo, por lo que mantener al banco catalán como filial el grupo tendría una cierta ventaja fiscal.

En el lado contrario está que las sinergias previstas en su día de 850 millones serían imposibles de conseguir, lo que a priori resta atractivo a la operación y obliga al BBVA a recalcular sus cifras y hace que el banco admita desde ya que necesitará más tiempo para materializarlas.

Sobre el papel, el acuerdo del Consejo de Ministros impide que tanto el BBVA como el Sabadell lleven a cabo recortes de plantilla o cierres de sucursales ligados a la operación, si bien no cierra la puerta a que estos se produzcan si buscan maximizar el valor de cada entidad. Inicialmente, el banco que preside Carlos Torres, contempló el cierre de 300 oficinas.

Como el BBVA sigue adelante con la opa, antes de que los accionistas decidan, queda que la CNMV apruebe el folleto para que pueda comenzar el periodo de canje. Este periodo tiene que durar un mínimo de 15 días, que se convierten en realidad en al menos 30 días, pero como no se contempla la posibilidad de que concluya en agosto y la ley permite que pueda alargarse hasta un máximo de 70 días, continuaría en septiembre.

Desde el Sabadell, cuya cúpula se defiende desde que se lanzó la opa, consideran que buena parte de los pequeños accionistas tendrían que pagar impuestos si aceptan el canje, pues antes de recibir la acciones del BBVA tendrían que vender las de la entidad catalana y tributar por la plusvalía que pudieran anotarse.

Además de eso, el banco que lidera César González-Bueno ultima un plan estratégico que presentará el 24 de julio, coincidiendo con los resultados de la primera mitad del año, para convencer a sus accionistas del potencial de la entidad en solitario.

Para esa fecha, el banco sabrá si vende su filial británica, TSB, lo que le daría margen para anunciar un posible reparto de dividendo que podría animar a los accionistas a rechazar la oferta de canje del BBVA.

El Santander se cuela en la OPA

El anuncio del BBVA se produce justo el mismo día en que se ha conocido que Banco Santander ha presentado una oferta vinculante para adquirir TSB, la filial británica de Banco Sabadell, que valora esta entidad en más de 2.300 millones de libras (unos 2.686 millones de euros), según la agencia Reuters citando fuentes cercanas a las negociaciones.

Fuentes del mercado han asegurado a Europa Press que el banco que preside Josep Oliu ha convocado para este martes un consejo de administración para valorar esta oferta y la de Barclays, cuyos detalles no han trascendido, una vez el pasado viernes se cerró el plazo para recibir ofertas vinculantes. Preguntado al respecto, el Sabadell no hace comentarios.

Si el consejo se muestra favorable a la venta de TSB, deberá convocar una junta de accionistas para que se apruebe la operación. La OPA impone a Sabadell el deber de pasividad, que implica que el consejo de administración tiene limitadas sus acciones para impedir el éxito de la operación, salvo si las decisiones son aprobadas por la junta de accionistas, que debe convocarse con 30 días de antelación.

El Euríbor se ha estancado en junio en el 2,08%, frente a mayo, y rompe una racha de catorce meses de bajadas consecutivas. Pese a a este parón, el índice de las hipotecas sigue abarantando los préstamos tanto a doce meses como a seis meses (a tipo de interés variable) que se revisan en julio, porque se actualizan respecto al Euríbor del 3,65% de hace un año —1.500 euros de rebaja anual para una hipoteca promedio— y respecto al 2,525% de enero —170 euros menos al semestre—, respectivamente.

El estancamiento de este índice sí que frena la mejora de las ofertas de nuevas hipotecas, tanto a tipo de interés como variables o mixtas, de los bancos. El Euríbor es el 'precio' al que las entidades financieras se prestan dinero entre sí, diariamente, y su media mensual es la principal referencia para los préstamos a los que acceden familias y empresas en España y en el conjunto de la zona del euro.

“Un Euríbor al 2% sigue dando mucho juego: permite a los bancos lanzar ofertas atractivas que siguen captando la atención del cliente”, opina Simone Colombelli, director de hipotecas del comparador y asesor iAhorro. Según opina, a corto plazo, “esta situación de estabilidad se mantendrá al menos hasta el mes de septiembre, cuando se volverá a reactivar el mercado, tras el verano y las vacaciones, y cuando podremos analizar con más detalle cómo afecta el conflicto en Oriente Medio a indicadores económicos como la inflación”.

A principios de junio, el Banco Central Europeo (BCE) recortó otra vez los tipos de interés oficiales al 2% por la moderación de las subidas de precios y la debilidad del crecimiento económico, “pero el Euríbor no cierra el mes con una nueva bajada”, señala el analista del comparador financiero HelpMyCash.com, Miquel Riera. El índice de las hipotecas se queda por encima de los tipos del BCE por primera vez desde noviembre de 2023, cuando la tasa de depósito (la principal referencia para el mercado interbancario) se mantenía en el techo del 4% en este ciclo monetario.

Según Miquel Riera, hay dos culpables de este estancamiento. En primer lugar, que “el Euríbor ya se había adelantado a esas bajadas de intereses”. Y, en segundo lugar, “la compleja situación geopolítica general” y, en particular, “el conflicto bélico entre Israel e Irán, que disparó el temor a un incremento del precio del petróleo y del gas”.

“El encarecimiento del precio de la energía puede provocar un repunte de la inflación de la zona del euro”, explica este analista. “Si se diera este escenario, el Banco Central Europeo podría verse obligado a mantener estancados sus tipos o hasta a subirlos. Por eso el Euríbor no siguió bajando: este índice suele adelantarse a las decisiones del BCE”, explica.

La inflación repuntó dos décimas en junio al 2,2% por la subida de los carburantes y los alimentos, según los datos avanzados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el repunte del IPC (Índice de precios de consumo) interanual (repescto al mismo mes del ejercicio anterior) en junio, la inflación vuelve a los ascensos después de haber encadenado tres meses de descensos.

Estadística explica que el aumento del IPC hasta el 2,2% se debe al encarecimiento de las gasolinas, frente al descenso de precios experimentado en junio de 2024, y, en menor medida, a la subida de los precios en los supermercados y en las tiendas de alimentos, mayor a la registrada un año antes.

La inflación general acumula desde 2021 un ascenso de algo más del 20%. Es decir, la vida en junio es un 2,2% más cara que hace un año y un 20% más cara que hace cuatro años. De esta manera, se entiende mejor el daño al 'bolsillo' de las familias de esta crisis de inflación 'pegajosa', en la que la mayor pérdida de poder adquisitivo se sufrió en 2022.

“El 55% de los encuestados cree que la situación actual de la economía es peor que la anterior a la pandemia y solo el 20% piensa que ha mejorado”, señala el último sondeo a hogares del centro de análisis Funcas. Esta pesimista percepción económica en España choca con los positivos datos de crecimiento económico agregado, del PIB (la forma más habitual de medir la evolución de la actividad), y con la histórica fortaleza del mercado laboral. Para entender esta discrepancia hay que detenerse en la brecha en el gasto entre ricos y pobres. Techo y comida se llevan el 60% del presupuesto de los más vulnerables, 20 puntos más que de los que viven más holgadamente.

Visto de otra manera. De cada 100 euros, en 2024, tras pagar el alquiler, la luz, el gas, el agua y llenar la nevera, las familias más pobres solo gastaron cada mes 40 euros para otras partidas, como la factura del teléfono, la cultura o el dentista, según muestra la Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se realiza desde 2006 y cuya última edición se ha publicado este jueves con algunos cambios que impiden hacer comparaciones históricas.

Esta distribución del gasto hace que, mientras las subidas de los precios de la vivienda y de los supermercados asfixian a los españoles más pobres, los hogares más ricos pueden permitirse dedicar uno de cada tres euros a ocio, restaurantes, hoteles y transporte. Esta es otra forma de identificar la brecha en el gasto: las familias más vulnerables se dejan solo 16 euros de cada 100 de su gasto total en ir al cine, en cenar fuera de casa, en coger aviones...

Hay que entender que cubrir las necesidades básicas tiene lo que la teoría económica define como una demanda inelástica, que no se reduce drásticamente aunque se disparen los precios, porque no se puede prescindir del pan o de la fruta sin pasar hambre, mientras que sí se puede dejar de comprar un televisor o no cambiar el frigorífico sin consecuencias vitales. En el siguiente gráfico, se puede observar que en categorías como restauración, compra o uso de vehículos personales, servicios de alojamiento y paquetes turísticos, entre otros, la brecha económica se hace más evidente

En esta misma línea, este otro análisis habla de un cambio o desplazamiento general en las preferencias de consumo de las familias hacia las vacaciones que los expertos críticos ven como “el canario en la mina” de la desigualdad, de que “mucha gente ha tirado la toalla”. Es decir, “ya que no puedo comprar una casa, o no me puedo comprar un coche, lo que tenga me lo gasto en un viaje”, resume Ricardo Urrestarazu, profesor de la Universidad de Málaga. “Responde también a que es más fácil viajar, principalmente por la tecnología, y a una moda y a un cambio de gustos; pero está relacionado con la falta de ingresos y, sobre todo, con el exceso de gasto en la vivienda”, continúa este economista

“Cuatro de cada diez entrevistados declara dificultades para llegar a fin de mes. El 90% cree que los salarios están perdiendo poder adquisitivo”, inciden los expertos de Funcas, con datos de su sondeo. “La inflación es el factor más citado como causa del deterioro económico de los hogares, a gran distancia de los demás”, continúan.

Las subidas de precios de consumo y la mayor dificultad para acceder a una vivienda, ya sea por la escalada de los alquileres o por el encarecimiento de las compraventas y de las hipotecas, son la principal causa de malestar social en este ciclo de crecimiento económico, en el que España lidera a las principales potencias de la zona del euro y las empresas de la mayoría de sectores están consiguiendo beneficios récord.

“El crecimiento económico [del PIB] no se traduce en una percepción de mejora en la vida cotidiana de amplios segmentos sociales”, lamenta el equipo de Funcas. “La preocupación por la pérdida o por la ausencia de mejora del bienestar es transversal y se refleja en un amplio consenso sobre el deterioro del poder adquisitivo, el encarecimiento del coste de la vida y el incierto futuro de las generaciones más jóvenes. Destacan, por unos juicios medios especialmente negativos, la población joven y la de edades asociadas a la crianza de hijos, sobre todo en los hogares con niños pequeños”, prosigue.

Bucear en la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE da muchas claves de las discrepancias entre la macro y la micro economía. Entre los ricos y los pobres, incluso pese a que actualmente en nuestro país tienen un empleo más personas que nunca y pese a los incrementos del salario mínimo (SMI) y del resto de sueldos. Una de las claves más preocupantes es el peso que suponen los alimentos para las familias que menos gastan. Exactamente, para el quinto de hogares de la parte baja, escala hasta casi el 20% del gasto total. Mientras que para el quinto de familias de la parte alta es solo un 12% de lo que gastan cada mes en total.

Otra clave es el aumento del precio de la vivienda, del que las nuevas clasificaciones de Estadística sí permite estudiar una evolución en los últimos años.

Este miércoles, en una conferencia, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, destacó que “España ha crecido mucho más que la media de la zona del euro”, pero advirtió de que nuestro modelo de avance del PIB tiene unos límites, y uno de ellos es la importante creación de hogares, principalmente de inmigrantes, que tienen problemas para acceder a una casa. Concretamente, en las grandes capitales y en los principales destinos turísticos, donde se concentra la mayor oferta de empleo.

“Nadie se va a desplazar 400, 500 o 700 kilómetros si va a tener que trabajar para que la mitad de su salario vaya a pagar un alquiler abusivo”, afirmaba hace unos días el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Una conclusión que comparten todos los expertos, de todos los colores.

Por ejemplo, el exministro de Economía en los últimos gobiernos del PP enumeró las fortalezas de economía de nuestro país, como “el turismo, junto a las exportaciones de otros servicios, que son francamente positivas, y el despliegue de los fondos europeos del Plan de Recuperación”. Sin embargo, “la cuestión básica inmediatamente es si se pueden producir cuellos de botella, y tenemos uno”, incidió Luis de Guindos. “Cuando tienes un proceso de aumento de población muy intenso, derivado de la inmigración, y una oferta de vivienda restringida, no puedes absorber ese crecimiento”, lamentó.

En definitiva, las dificultades para acceder a una casa digna se comen las subidas de los salarios en algunas familias, incluso aunque haya más miembros trabajando de media por el dinamismo del mercado laboral. Este daño a los hogares ya es una amenaza para el crecimiento del consumo y, por tanto, de la economía en general.

El presidente de la CEOE (la principal patronal de nuestro país), Antonio Garamendi, ha asegurado este jueves que “el control horario que pretende Yolanda Díaz nos lleva al mundo de Orwell”. El representante de las empresas señala que “puede parecer que somos los malos de la película”, pero los trabajadores “también quieren su independencia, y que no se sepa todo lo que hacen”, en reacción a la intención del Ministerio de Trabajo de endurecer el registro del tiempo de trabajo aunque el Congreso de los Diputados rechace la reducción de la jornada laboral.

“Como [la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz] ve que igual no sale la reducción de la jornada laboral, se inventa que va a sacar de la reforma el control horario y va a hacer un reglamento”, ha comentado el presidente de la CEOE. “No sé dónde queda el diálogo social”, ha añadido. Además, según apunta, “no va a ser tan fácil de instalar en las empresas”.

Yolanda Díaz recordó recientemente que el control diario de la jornada laboral ya está regulado por ley, en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores, con algunos elementos muy básicos, y la norma prevé que el Ministerio de Trabajo pueda ampliar “especialidades en las obligaciones de registro de jornada”. Estas concreciones solo requieren un reglamento, indican en el departamento que lidera la vicepresidenta, por lo que el Gobierno puede aprobarlo en un decreto en el Consejo de Ministros, sin que tenga que pasar por el Congreso.

“La política económica que ha venido desde el Ministerio de Trabajo es intervencionista”, ha incidido Antonio Garamendi, quien ha participado este jueves en los cursos de verano de la APIE en Santander. En cambio, ha asegurado que trabajamos bien con “el Ministerio de Economía de Carlos Cuerpo”.

“Hay tres enmiendas a la totalidad [de la reducción de la jornada laboral], y a ver si sale o no sale. Nosotros ya hemos hecho nuestro trabajo”, ha comentado tras recordar que es una medida a la que la patronal se opone y que “no es una buena norma para España”, y ha ironizado con que “si es buena para aumentar la productividad, pues por qué no bajarla a 20 horas”.

Sobre las condiciones que el Gobierno ha puesto a la OPA (oferta pública de adquisición) de BBVA por Sabadell, el presidente de la CEOE ha aclarado que ambas entidades son socias de la patronal, y que tiene que respetarlas. Pero ha aprovechado para indicar que el Ejecutivo “ha politzado la operación”, y que eso solo genera “incertidumbre”.

El Gobierno “podría haber comunicado las condiciones hace un año y nos habría ahorrado mucho tiempo que está perjudicando a los dos bancos”, ha dicho Antonio Garamendi. Lo cierto es que la Ley establece unos plazos que cada institución tiene que respetar antes de intervenir, y el paso del Ejecutivo siempre tiene que ser posterior al informe de la CNMC (Competencia).

En la misma línea, el presidente de la CEOE ha advertido que los casos de corrupción están llevando a nuestra economía a “un momento muy delicado”, en el que “las empresas no tienen confianza para invertir”.

Este mismo miércoles, el INE confirmó que España sigue liderando el crecimiento del PIB (la forma de medir la actividad) entre los principales socios de la zona del euro, principalmente gracias al consumo de las familias por la fortaleza del mercado laboral, y también gracias al repunte de la inversión de las empresas, que en muchos sectores están consiguiendo beneficios históricos.

El consejero delegado de Banco Sabadell, César González-Bueno, ha señalado este miércoles que “la condición del Gobierno de autonomía en la gestión” durante tres o cinco años para la OPA (oferta pública de adquisición) de BBVA perjudica a la operación, que insiste en que no es oportuna porque “nuestras perspectivas son mejores, y es lo que deben tener en cuenta los accionistas” si sigue adelante y tienen que decidir si la aceptan o no.

Unas horas antes, en el mismo escenario —los cursos de verano de la APIE en Santander—, el 'country manager' de BBVA para España, Peio Belausteguigoitia, ha dicho que el banco está haciendo el “análisis” de la condición adicional que ha puesto el Ejecutivo y de “las distintas alternativas”, aunque ha evitado por todos los medios mencionar si el consejo de administración se está planteando retirar la OPA y tampoco ha aclarado cuándo comunicará su postura, ni si recurrirá a los tribunales.

“Una autonomía de gestión significa que [si avanza la OPA] el consejo de administración solo podría pensar en los intereses del Sabadell. Es decir, se puede reducir empleos si no es por sinergias con el BBVA. O se pueden cerrar oficinas, si no perjudica al Sabadell”, ha explicado César González-Bueno, quien ha incidido en que esta condición “sí impacta en la operación”.

“El BBVA tiene que considerar si con las condiciones del Gobierno quiere seguir adelante con la OPA”, ha señalado el consejero delegado de la entidad catalana, quien ha considerado que la decisión del Ejecutivo era “una decisión difícil”, pero la ha calificado como “positiva”.

“Sabadell ha dicho que no dos veces a los acercamientos amistosos de BBVA. En noviembre 2020, y en abril de 2024. Desde la negativa a la primera propuesta de fusión, la acción ha multiplicado por ocho su valor, mucho más que el resto de bancos. Las decisiones del consejo de Sabadell de no aceptar la fusión con BBVA fueron buenas decisiones, tanto la primera vez como la segunda”, ha comentado César González-Bueno. “Los accionistas tendrán que decidir si se mantiene la OPA si no hay dos sin tres”, ha proseguido.

Sobre la venta de su filial británica TSB, el consejero delegado de Sabadell ha reconocido que “hemos recibido interés, y lo estamos estudiando. Si el consejo de administración lo ve idóneo, y seguimos en el proceso de la OPA, convocaremos junta general de accionistas para aprobar o rechazar la venta”. Según ha añadido, “la venta de TSB se hará al margen de la OPA. Y solo se hará si crea valor para los accionistas de Sabadell. Es neutral para la oferta”.

La economía creció un 0,6% en el primer trimestre de este 2025 por el tirón del consumo y pese al frenazo del sector exterior, según los datos de la Contabilidad Nacional confirmados este miércoles por el INE.

Este ritmo en el arranque del año supone una desaceleración respecto a los trimestres anteriores, aunque el avance del PIB (producto interior bruto, la forma de medir la actividad) de España vuelve a liderar a los principales socios de la zona del euro. Alemania creció un 0,4% entre enero y marzo, respecto al trimestre anterior, y Francia apenas un 0,1%.

Estos datos todavía no sufren el impacto de la escalada de la guerra comercial por parte de la Administración de Estados Unidos de Donald Trump, cuyas consecuencias en algunos sectores exportadores empezarán a notarse en el segundo trimestre. También quedará reflejado en ese periodo el daño del apagón de finales de abril.

“España mantiene un fuerte crecimiento en el primer trimestre del año, apoyado en el consumo privado, la inversión [de las empresas] en bienes de equipo y el repunte de la construcción”, resumen fuentes del Ministerio de Economía.

Según se observa en el segundo gráfico de esta información, a cierre del primer trimestre, el PIB de nuestro país supera en ocho puntos porcentuales el nivel previo a la pandemia, con un fuerte repunte del consumo de las familias en los últimos trimestres. Un avance apoyado por la mejora de la capacidad de compra y el aumento de la renta real de los hogares por la moderación de la inflación, las bajadas de los tipos de interés del BCE (y del Euríbor) y la creación récord de puestos de trabajo.

De hecho, en la revisión de la Contabilidad Nacional del primer trimestre (de las cifras avanzadas en abril), el INE actualiza a la baja la aportación del sector exterior (el turismo y las exportaciones menos las importaciones, lo que compramos fuera) por “una mayor importación de bienes fruto del tirón de la demanda interna”, según aclaran desde el departamento que lidera Carlos Cuerpo.

El crecimiento interanual entre enero y marzo (frente al mismo periodo de 2024) fue del 2,8%. El sector exterior restó cuatro décimas a este avance del PIB. Mientras, “la demanda nacional contribuyó con 3,2 puntos”, incide el INE. En el conjunto del año, las proyecciones señalan que España crecerá entre un 2% y un 2,5%, dependiendo de las negociaciones sobre la guerra comercial y de la incertidumbre por las tensiones geopolíticas, sobre todo por la guerra en Ucrania, la masacre de Israel en Gaza y la extensión de este conflicto a otros puntos de Oriente Medio.

El problema de la vivienda y la amenaza para el crecimiento

Este miércoles, en una conferencia, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, destacó que “España ha crecido mucho más que la media de la zona del euro”, pero advirtió de que nuestro modelo de avance del PIB tiene unos límites, y uno de ellos es la importante creación de hogares, principalmente de inmigrantes, que tienen problemas para acceder a una casa. Concretamente, en las grandes capitales y en los principales destinos turísticos, donde se concentra la mayor oferta de empleo.

El ex ministro de Economía enumeró las fortalezas de economía de nuestro país, como “el turismo, junto a las exportaciones de otros servicios, que son francamente positivas, y el despliegue de los fondos europeos del Plan de Recuperación”.

“La cuestión básica inmediatamente es si se pueden producir cuellos de botella, y tenemos uno”, incidió Luis de Guindos. “Cuando tienes un proceso de aumento de población muy intenso, derivado de la inmigración, y una oferta de vivienda restringida, no puedes absorber ese crecimiento”, lamentó. Una conclusión que comparten todos los expertos.

En definitiva, las dificultades para acceder a una casa digna se comen las subidas de los salarios en algunas familias, incluso aunque haya más miembros trabajando de media por el dinamismo del mercado laboral. Este daño a los hogares ya es una amenaza para el crecimiento del consumo y, por tanto, de la economía en general.

“Cuando tienes necesidad apremiante de financiación recurres a todo”, lamenta Ángel. “Recurres a todo”, incide, y recuerda que él, que ahora está jubilado y que dedicó toda su vida a la enseñanza, necesitó un dinero que no ganaba para tratar la enfermedad de su hijo en los años previos a la pandemia. Primero pidió a los bancos tradicionales y a las entidades de crédito reguladas, pero cuando le empezaron a negar nuevos préstamos, recurrió a empresas no financieras, “usureros”, según los define, que ofertan en Internet pequeñas cantidades de dinero que hay que devolver en apenas días o semanas, y que buscan que “los deudores entren en el bucle de necesitar nuevos mini créditos para pagar los anteriores”, según denuncia Asufin (Asociación de usuarios financieros), “hasta que no puedes controlarlo, y te llaman, te amenazan, y ya solo te queda, prácticamente, pues que vengan a por ti, y que te ejecuten. En fin, la desesperación más absoluta”, comenta Ángel a elDiario.es.

Jorge tenía un pequeño negocio y había hecho algunas inversiones que no salieron como esperaba. Pidió uno de estos mini créditos para salir del paso. Fue “fácil y sencillo”, como dicen los anuncios de estos productos. “Con eso pagué algunas deudas de la empresa y pude tener algo para ir tirando, pero luego te das cuenta de que es fatal”, explica el hombre, que prefiere no utilizar su nombre real. Su caso y el de Ángel ilustran los de muchos. Para pagar el capital prestado y unos intereses que lo pueden multiplicar hasta la usura pidió un mini crédito, y otro, y otro más, hasta siete. “Llega un momento en el que no puedes más y que te quedas ahí pillado: tienes que seguir pagando mientras no entra dinero”, explica.

El VI Barómetro de mini créditos, que publica cada año Asufin, señala que el país vive “un momento netamente expansivo para los préstamos personales”, impulsado por las bajadas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, hay usuarios que se han visto expulsados de este mercado formal de financiación, más garantista y regulado, y han terminado navegando la marejada de los mini créditos que ofrecen prestamistas que escapan a la regulación financiera del Banco de España. Según este estudio, en el último ejercicio han subido tanto los importes mínimos y máximos medios que ofrecen 11 empresas analizadas (Vivus.es, ¡québueno!, Reddo, Moneyman o cashper), de 92 y 990 euros respectivamente; los plazos de devolución, de un mínimo de 17,2 y un máximo de 40,5 días; y los costes a corto y medio plazo.

“La fórmula más usual de 300 euros a 30 días ha sido la más repetida durante los años, aunque ha incorporado algunos cambios, ya sea ofreciendo plazos y especialmente cuantías superiores para clientes antiguos que hayan devuelto sus préstamos en plazo y forma o, en general, para todos”, señala el informe, que hace una comparativa para analizar el coste de estos productos. Con ese mismo ejemplo, “el mini crédito se encarece con respecto a la tarjeta de crédito hasta 170 veces”. La conclusión del barómetro es que, ante un aumento de la demanda, el sector aprovecha para incrementar sus tipos de interés y adecuarse a las peticiones de mayores cantidades.

La situación entraña dos riesgos a futuro. Por un lado, en el sector operan ahora empresas consolidadas, “con mayor experiencia” y con capacidad para “ofrecer préstamos de mayor cuantía, compitiendo con otras fuentes de financiación”. Por otro lado, que el acceso de los clientes expulsados del sistema tradicional a este capital eleven las tasas de morosidad. Los costes se llegan a disparar por encima del 1.000% TAE (tasa anual equivalente), al exigir que las cantidades y los intereses se devuelvan en muy poco tiempo. Estos pequeños plazos hacen que una oferta de un tipo de interés del 10%, o del 15%, o del 20%, que podría ser similar al de otras entidades financieras reguladas que conceden préstamos personales, en realidad son mucho mayores en términos comparables. Es decir, en el cálculo anual que corresponde a las TAE normales.

“Este tipo de productos son créditos rápidos, que no estudian el perfil del cliente ni hacen ninguna valoración previa”, explica la abogada Lola García, del departamento de asesoría jurídica de SinComisiones, un despacho que atiende cada mes unas 300 reclamaciones por intereses que se consideran usura. “El tipo de cliente es una persona que necesita dinero rápido, al que no le exigen ningún requisito y que después, cuando tiene que devolverlo, no puede, así que accede a otro mini crédito de otra entidad, hasta que terminan sobreendeudados”, indica la experta, que describe un pozo de deudas en el que cada intento por salir supone enterrarse más.

La forma de captar clientes de estas empresas ha variado con el tiempo. “Sus anuncios masivos en televisión son ahora bastante marginales, puntuales y solo de empresas líderes. Por el contrario, la forma de comercialización preponderante es a través de internet, intentando captar un público más joven”, indica Asufin. “Los clientes suelen decirnos que vieron los anuncios en las redes sociales, en TikTok, Instagram o Facebook, hicieron clic y con dar el DNI y el número de cuenta tienen el dinero ingresado”, aporta Lola García, que ha conseguido reducir o eliminar decenas de deudas. Una de las principales preocupaciones es que algunos de estos prestamistas dan el primer mini crédito “gratis”, en un tipo de marketing perverso cercano a los casinos o a las casas de apuestas, que busca a enganchar a gente con problemas, en algunos casos con el propio juego o con las drogas.

Aunque la legislación es más restrictiva en cuanto a los intereses que se pueden cobrar con las tarjetas de crédito o las entidades bancarias, los mini créditos están en un vacío legal. De hecho, para reclamar la suspensión o la devolución de los intereses abusivos, hay que remontarse a la ley sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios, de 1908. “La Ley ”Azcárate permite declarar la nulidad de aquellos contratos de créditos con intereses superiores a los normales o desproporcionados. Sabemos que los bancos y las empresas de mini créditos prestan dinero a cambio de intereses, pero no es proporcionado pedir un 3.000%, como les ocurre a algunos clientes“, explica Lola García.

Gracias a esta estrategia, Jorge ha podido saldar parte de sus deudas. Aunque las estrategias de las empresas son variadas y cambiantes. En algunos casos, optan por alcanzar un acuerdo antes de llegar a los juzgados. En otras, alargan los procesos hasta que la justicia se pronuncia. “En los dos primeros casos, tras meter la denuncia se allanaron y me devolvieron los intereses que había pagado”, recuerda el hombre, pendiente de otro proceso, pero aliviado en parte porque “al menos puedes recuperar algo de lo perdido y quitarte esas deudas pendientes”.

Por su parte, Ángel dice que solo pudo poner freno a la espiral en la que había caído gracias a Asufin. “Se ganan el 90% de las demandas”, comenta, aunque lamenta para conseguir demostrar la usura, y que se cancele el exceso de intereses a devolver, “hay que pasar por un juzgado”, apunta Antonio Gallardo, experto económico de la Asociación de usuarios financieros.

“Nos encontramos con empresas, singularidades mercantiles, algunas domiciliadas en España y otras directamente que vienen de países del Este, o de Malta, que están fuera de la regulación, y a las que no se les puede reclamar en el Banco de España, como a las entidades financieras normales. Entonces, lo único que se puede hacer es demandar judicialmente”, explica Antonio Gallardo. Por esta razón, Asufin pide que “todo prestamista que vaya a un público general pase a estar regulado”. Esta demanda debería quedar recogida en la transposición de la directiva europea sobre créditos que, tras pasar por una consulta pública en 2024, permanece varada en las aguas del Congreso los Diputados.