En los bosques que rodean el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes de Ceuta (también conocido como el CETI), la humanidad descansa sobre la naturaleza. Bajo la sombra de los árboles, grupos de jóvenes que cruzaron el pasado jueves la frontera entre Marruecos y Ceuta se esconden del sol. Otros descansan apoyados sobre una piedra y un gran grupo aprovecha la pendiente que baja hasta la playa del Trampolín para tumbarse con la cabeza en alto.

Mohamed está solo. Se mantiene en pie y agarra su mochila con más fuerza al ver al Ejército llegar. Han rodeado a los cientos de personas de origen subsahariano que, pacíficamente, gritan al unísono: “¡Asilo, asilo!”. La mayoría son sudaneses que huyen de la guerra que azota el país desde 2023. En conversación con este medio, Mohamed explica por qué agarraba la mochila con tanta fuerza. “Lo único que me queda es mi teléfono móvil”, cuenta, mientras enseña que no tiene batería y que lleva días tratando de encontrar una solución.

Tiene 38 años, es de Jartum, la capital de Sudán, está graduado en Derecho y le fascina el estudio de los derechos humanos desde la teoría y la investigación. Su familia está en Egipto refugiada de la guerra en su país.

Hicimos a pie una gran parte del camino. Íbamos mi mujer y yo con otros tres chicos sudaneses. No pudimos llevarnos a nuestros tres hijos. Los hemos dejado en Sudán

Ahmed — refugiado sudanés

“Mi caso es diferente al resto de mis compañeros sudaneses. Yo llegué a Marruecos en avión porque me habían concedido una beca en la Universidad Abdelmalek Essaâdi de Tetuán”, explica. “He disfrutado del país, de los marroquíes, me han tratado muy bien, pero no puedo construir una buena vida, ni siquiera una vida en sí misma”, añade. “Llevamos días sin comer y sin agua. La Unión Europa y España hablan mucho de los derechos humanos, pero aquí la gente sigue en la misma situación. ¿Dónde están ahora?”, recalca el jurista.

Mohamed llegó el pasado jueves a nado y se enteró de que muchos marroquíes iban a cruzar porque lo vio en redes sociales. “Todos los que estamos aquí lo único que necesitamos es una oportunidad. Una oportunidad puede marcar la diferencia”, sentencia. Mohamed, como refugiado sudanés, tiene clara cuál es la oportunidad que él necesita: “He mandado todos mis documentos, mis trabajos y mis certificados de estudios a España. Me gustaría colaborar en la universidad. Puedo ser hasta voluntario con tal de salir de aquí”, insiste. Mohamed continúa esperando esa oportunidad desde las colinas del CETI, con vistas a España.

Desde el desierto hasta Ceuta

El caso de Ahmed es distinto. Tiene 43 años y, aunque también es de Darfur, él dejó el país africano en agosto de 2024 y salió a pie. “He perdido a mi padre y a mis dos hermanos durante los bombardeos en la región. Nos están matando a todos”, grita. Ahmed, que también llegó solo hasta Ceuta, explica que salió de Sudán y atravesó Libia y Argelia antes de llegar a Marruecos. “Hicimos a pie una gran parte del camino. Íbamos mi mujer y yo con otros tres chicos sudaneses. No pudimos llevarnos a nuestros tres hijos. Los hemos dejado en Sudán”. En el camino sufrió agresiones por las fuerzas de seguridad, principalmente las libias, y sobrevivió a la inmensidad del desierto aun llevando días sin comer ni beber. “Tardé siete meses en conseguir salir de Libia y cruzar a Argelia”. Ahmed evitó Túnez porque dice que “allí las cosas son peores”.

Ahmed está casado, pero su mujer esta vez no está con él. “Se ha quedado en Marruecos y yo he salido a intentar conseguir trabajo para mandarle dinero a ella y a mis hijos en Sudán”, relata con orgullo. De pronto, más y más sudaneses se organizan para realizar una sentada frente a las autoridades españolas. Uno de ellos carga con un cartón que está hecho pedazos, pero donde se ve claramente el mensaje que quieren trasmitir: “Somos de Sudán. Queremos ser refugiados”, escribe. “¡Asilo, asilo!”, grita Ahmed mientras se sienta junto al resto de sus compatriotas.

Jóvenes promesas

La desesperación también recae en los sudaneses más jóvenes. Uno de ellos, de 23 años y que prefiere mantenerse en el anonimato, terminó sus estudios de Derecho en la Universidad Mohammed V de Rabat Agdal. “En Marruecos he dejado a personas maravillosas, entre ellas amigos y pareja, pero tenía que salir”, relata a este medio. “Tengo varios proyectos en marcha, pero creo que pueden ser mucho más válidos fuera de Marruecos”, añade.

Ezat tiene 28 años y estudió mecánica en Sudán. Sus piernas están llenas de heridas cicatrizadas y vivas. Él llegó andando desde Sudán hasta Marruecos en septiembre de 2024. Desde entonces, ha vivido en habitaciones compartidas con otras personas de origen subsahariano y, como no consigue un trabajo cualificado, decidió trabajar en la obra. “No me siento seguro en Marruecos”, explica. El joven cuenta que ha sufrido acoso y violencia física en varias ocasiones.

Según contrasta este medio con la asociación Elin, hay más de 500 sudaneses que han dormido estos días en los alrededores del CETI o en la playa del Trampolín. Aun así, la asociación también insiste en que algunos de ellos ya estaban cerca del centro antes del jueves, cuando se produjo la entrada de más de 70.000 personas. Es el caso de Haytham. El joven de 18 años llegó a este lugar hace alrededor de diez días. “Al principio no entendía por qué llegó tanta gente. Luego me enseñaron los vídeos”, apunta.

La guerra de Sudán comenzó el 15 de abril de 2023 como una lucha por el poder entre las Fuerzas Armadas de Sudán y las Fuerzas de Apoyo Rápido. Desde entonces, el conflicto se ha fragmentado en múltiples frentes en Jartum, Darfur y Kordofán, con participación de milicias locales y apoyos extranjeros.

Sudán, en palabras de la ONU, vive la peor crisis humanitaria del mundo. Más de nueve millones de personas han huido de sus hogares dentro del país y más de 3,5 millones han cruzado las fronteras. En total, más de 30 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, mientras que los bloqueos y la destrucción de mercados agravan el riesgo de hambruna.

En el tren de Casablanca a Tánger, en la misma tarde del cruce de decenas de miles de personas hacia Ceuta el pasado jueves 30 de julio, dos jóvenes sujetan el móvil en la mano. No llevan nada más, solamente una pequeña bolsa verde repleta de botellas de agua, pan y galletas de chocolate. Un móvil, comida de aprovisionamiento y una misión que queda clara al escuchar los sonidos que emiten sus dispositivos: sirenas de ambulancias y coches policiales, jóvenes al grito de “¡Haraga!” unido a un scrolling infinito en redes sociales como Instagram, Facebook o TikTok.

En la noche del jueves al viernes, todos los móviles apuntan hacia la columna de fuego que se ha formado cerca del paso fronterizo hacia Ceuta. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad marroquíes y los jóvenes han terminado con la quema de vehículos, entre ellos varios taxis, coches privados y un autobús. Las redes no tardan en prenderse también con esas imágenes. Todas ellas acompañadas de eslóganes, que ya son más que habituales en estos días, como ‘Haraga Fnideq’, que se traduce del árabe como “quemar Castillejos”, en alusión a la ciudad marroquí más cercana a la frontera ceutí y principal punto de concentración de los jóvenes. Al día siguiente, los que pueden, y se atreven, se suben al autobús incendiado, mientras otros solo posan delante de él. Selfie, Facebook, publicar.

“¿Y cómo te has enterado de este cruce?”. Preguntados por elDiario.es, todo el mundo menciona las redes. “Lo vi en Instagram”; “lo anunciaron en un grupo de Facebook”; “me lo pasó una amiga por TikTok”. Una y otra vez. Los datos ayudan a medir la dimensión de esta movilización digital. Algunas fuentes han contabilizado hasta cinco grupos de Facebook, que más tarde se eliminaron, que reunían a un total de 250.000 usuarios, y a través de etiquetas como #fnideq, #ceuta, #hrafa o #hjima se difundieron mapas, rutas marítimas, consejos para el trayecto y hasta anuncios de venta de trajes de neopreno.

Maldita.es, por su parte, analizó más de 1.100 publicaciones en árabe difundidas en Facebook ente el 8 y el 31 de julio que relacionaban Ceuta con una sentencia del Tribunal Supremo español sobre las devoluciones de quienes llegaran a nado al enclave ceutí. Esas publicaciones acumularon más de 150.000 reacciones, 14.000 comentarios y 7.000 republicaciones. Sobre el terreno, elDiario.es no ha constatado que ninguno de los jóvenes entrevistados tuviera información sobre la decisión del Tribunal Supremo.

Para muchos, el cruce terminó en tragedia. Al menos 141 personas han fallecido a ambos lados de la frontera, según el recuento de la ONG Caminando Fronteras, que está haciendo un seguimiento de la situación.

De indicar el camino a buscar desaparecidos

Las redes no han desempeñado una única función, cada una ha ocupado un rol diferente en el llamado a cruzar la frontera. Facebook, por ejemplo, ha funcionado como el gran escaparate de la movilización, donde se intercambiaron testimonios de quienes aseguraban ya haber cruzado y enlaces para acceder a grupos privados en WhatsApp. Una vez en la plataforma de mensajería instantánea, las conversaciones hablaban de horarios, transporte, puntos de salida, vigilancia policial y aprovisionamientos.

Por su parte, Instagram y TikTok han aportado la dimensión visual y de la experiencia migratoria. Un joven publicó en su perfil tres vídeos con tres partes de su ruta hasta Ceuta, donde contaba cómo sortear los controles policiales y recomendaciones de comida y material para sobrevivir la noche. Como este joven, otros tantos utilizan la red para validar su experiencia y, en el mejor de los casos, mostrar un resultado exitoso con vídeos y fotografías desde el otro lado del confín.

Esas mismas redes que en su momento orientaron el camino hacia Ceuta, han adquirido ahora la función opuesta. En algunas plataformas como Tetuan Tube las familias de los desaparecidos aprovechan para difundir fotografías de sus familiares desaparecidos: hijos, hijas, hermanos, sobrinos o amigas, las imágenes de decenas de personas han tomado las pantallas acompañadas de sus nombres, apellidos, edad y lugar de nacimiento.

El 15 de agosto, otra fecha en el calendario digital

El final del cruce no ha supuesto el final de las convocatorias. Antes incluso de que se conozca el balance definitivo de fallecidos y desaparecidos, una nueva fecha ha comenzado a circular en redes sociales: el 15 de agosto de 2026.

“El 15 todo el mundo entra”, anuncian algunos de los mensajes, mientras que otros proponen adelantarse para evitar el refuerzo de la presencia policial a las puertas de Ceuta. En Instagram, decenas de jóvenes colocan la fecha sobre sus propias fotografías, donde algunos difuminan sus rostros, y acompañan las publicaciones con alusiones a Fnideq.

Haraga es el plural de harrag, una palabra originaria del árabe magrebí vinculada al verbo “quemar”. Tradicionalmente, ha hecho referencia a quienes “queman” sus documentos o las fronteras administrativas y emprenden el viaje hacia Europa irregularmente, sin visado ni autorización. Hoy, el término transciende a una identidad colectiva, un hashtag y una consigna.

El fenómeno vivido estos días en la frontera con Ceuta tiene un precedente cercano. En septiembre de 2024 las redes sociales del país se llenaron durante semanas de publicaciones que convocaban a jóvenes a desplazarse masivamente hasta Fnideq para intentar cruzar hacia Ceuta. La fecha circuló como una llamada colectiva. Entonces, elDiario.es documentó sobre el terreno como muchos de los jóvenes habían llegado desde otras ciudades de Marruecos después de conocer la convocatoria a través de internet. Dos años después, la historia se repite.

La casa de Faten Ben Omar El Azizi está repleta de mujeres: primas, tías, amigas y Jamilla, una madre con unos ojos cargados de dolor. No hay ni una esquina de este hogar en la ciudad de Tetuán, a menos de 35 kilómetros de Castillejos, que no recuerde a la joven.

Algunos lo hacen desde la alegría, como su primo pequeño, que sonríe mientras muestra la última fotografía de la joven de 26 años. “Jugaban juntos al fútbol”, explica la madre de Faten a elDiario.es. Sus vecinas, que aguardan en una esquina del salón de su casa, tienen un rostro apagado. La joven, que jugaba al fútbol en el club Maghreb Atlético Tetuán, perdió la vida el pasado jueves cuando intentaba alcanzar a nado la costa de Ceuta en busca de un futuro mejor, en una tragedia que se ha cobrado cerca de 90 vidas, según las autoridades españolas.

Enfrente del salón, hay una pequeña habitación vacía: no hay cama, escritorio ni siquiera objetos personales. El silencio emana de esas cuatro paredes, que también son un recuerdo. “Esta iba a ser su habitación. Nos pidió que ya quería dormir sola, sin sus dos hermanos. La estábamos preparando y hasta entonces, ella prefería dormir aquí”, cuenta, mientras señala el sofá sobre el que ocurre esta entrevista.

Faten creció en Tetuán. Admiraba a todos los grandes futbolistas, tanto marroquíes como internacionales. Jamilla cuenta que era una chica alegre, que tenía buenas amigas y a una madre que la quería por encima de todas las cosas. “Lo juro por Dios”, sentencia.

“Yo sabía que mi hija quería ir a Europa, lo estaba intentando a través de su pasión, el fútbol. Jugaba desde los siete años”, lamenta. “Tiene que quedar claro: no he enviado a mi hija a cruzar la frontera. ¿Tú crees que todas las madres que lloramos su pérdida o desaparición han mandado sus hijas a morir? Faten no solo era mi hija, también era mi amiga”.

“Soñaba con seguir entrenando”

Jamilla trabajó muchos años como porteadora en la aduana entre Ceuta y Castillejos. Su única fuente de ingresos se truncó cuando en 2020 las autoridades marroquíes cerraron el paso de mercancías por el Tarajal para reducir el comercio informal y la situación de vulnerabilidad de mujeres como Jamilla. “No teníamos nada y Faten soñaba con seguir entrenando y formándose en su deporte, pero no nos lo podíamos permitir. En Marruecos, si no tienes dinero, no te puedes dedicar profesionalmente nunca al fútbol”, explica. “A ella solo le pagaban algo cuando ganaban algún partido. Si perdían, nada. Le ponía muy triste”, añade.

Tiene que quedar claro: no he enviado a mi hija a cruzar la frontera. ¿Tú crees que todas las madres que lloramos su pérdida o desaparición han mandado sus hijas a morir? Faten no solo era mi hija, también era mi amiga

Jamilla — Madre de Faten

Todo eso cambió el mismo día que Faten murió en el mar. Su madre cuenta que desconocía que la joven estaba tramitando el visado para España desde el consulado de Tánger y recibió una llamada por la mañana. “¿Es usted Faten Ben Omar El Azizi?”, preguntaban al otro lado de la línea telefónica. “No, soy su madre”, contestó Jamilla. “A su hija le han concedido el visado”, contestó. “Tiene que venir a Tánger con su documento de identidad”. Jamilla desconoce exactamente cómo tramitó el visado.

La búsqueda fue angustiosa. “Nadie me ayudó a encontrar ni traer el cuerpo de mi hija. Vino un chico a casa preguntando si Faten llevaba un chándal y me dijo que se había golpeado la cabeza intentando cruzar a Ceuta, pero yo ya sabía que había muerto. Lo sentía”, explica. Después de la noticia, el joven les explicó que tenían que ir a Rincón. Nada. En Tetuán tampoco había noticias sobre su hija. Desde la 22:00 de la noche del viernes hasta las 08:00 de la mañana del sábado no dejaron de buscarla ni un momento, según su testimonio.

“En Castillejos, mi hermana pidió que abrieran las puertas para comprobar si estaba allí. Entonces les preguntaron si mi hija llevaba una cadena con corazones. Yo no quise entrar. No quería grabar esa imagen en mi memoria”, cuenta. “Fue mi hermana la que entró. Ahí encontró a la amada de mi corazón, a mi niña Faten”, añade la madre. Explica que presentaba golpes en el rostro y que murió ahogada.

La historia migratoria de la familia no se reduce a la joven Faten. “Todos los hermanos se han ido a Ceuta. El mayor de los tres sí que ha podido hablar conmigo por teléfono. Él cruzó andando por la frontera. De la pequeña no sabemos nada, pero sabía nadar. Tiene 14 años”, explica mientras enseña una fotografía de la menor, que cuelga con un marco en una de las paredes de la casa.

“Mi marido falleció cuando Faten tenía 12 años y ahora estoy sola sin mis hijos”, apunta. En ese momento, la casa está abarrotada, pero Jamilla a lo que teme es al futuro. “No puedo vivir sin ellos”, añade. Baja la cabeza y desbloquea su teléfono móvil. Una foto de Faten jugando al futbol, otra de la joven comiendo con sus amigas y una tercera sentada en las escaleras que suben desde la calle hasta la primera planta de su casa.

“Una buena compañera”

La muerte de la joven circuló en redes sociales y en la prensa cuando el Maghreb Atlético Tetuán, su club, la confirmó. Oumar, el entrenador, está sentado en el bordillo rodeado de una decena de jóvenes, de entre 15 y 26 años. Son las compañeras del equipo de fútbol donde jugó Faten en la liga regional hasta que falleció.

Una de ellas está sentada en el banquillo mientras que el resto comienzan el entrenamiento. Tiene 16 años y, aunque se llevaba diez años de diferencia con Faten, compartían risas y pases de fútbol. “Entrenamos dos días a la semana, los martes y los jueves. A veces aquí y, otras veces, en la playa”, cuenta, mientras señala el campo fútbol rodeado de vallas.

Oumar recuerda a Faten como “una buena compañera con un marcado espíritu futbolístico”. Explica que siempre mantuvo una actitud positiva dentro del grupo y que la querían mucho en el equipo. Cuando mira a las chicas, dice: “Lo están pasando mal. Muchas no han podido venir a entrenar porque vieron el cuerpo de Faten durante el entierro y están afectadas”.

Éramos como hermanas, lo compartíamos todo, hasta la comida y el dinero. Ella venía a trabajar con nosotros cuatro días a la semana. Lo pasábamos bien y siempre me hablaba del fútbol. Era muy importante para ella

Malika — Amiga de Faten

Dos de las jóvenes del equipo también cruzaron a Ceuta, aunque ambas han vuelto a una cancha de fútbol donde hoy, y hasta dentro de mucho tiempo, ruedan el balón en memoria de Faten.

Rayhan en memoria de Faten

Además de jugar al fútbol, la joven llevaba desde los 14 años trabajando para llevar dinero a casa. Al salir del portal del edificio de su vivienda, el cementerio más antiguo de Tetuán se extiende por las faldas del monte Dersa. Entre las tumbas, dos jóvenes, Malika y Youssef cargan, en una mano con garrafas de plástico repletas de agua y, con la otra, un puñado de rayhan o hierbas aromáticas que representan la bendición en contextos religiosos musulmanes. Faten trabajó con los dos limpiando tumbas y vendiendo ramilletes.

Durante los cuatro años que trabajaron juntos, compartieron la vida en medio de la muerte. Malika es una joven de Ouarzazate que es huérfana de ambos padres y decidió trasladarse a Tetuán para buscar trabajo. La joven rompe a llorar al hablar de Faten. “Éramos como hermanas, lo compartíamos todo, hasta la comida y el dinero. Ella venía a trabajar con nosotros cuatro días a la semana. Lo pasábamos bien y siempre me hablaba del fútbol. Era muy importante para ella”, explica entre lágrimas.

La tumba de Faten está precisamente en este enclave de la ciudad y, aunque el color blanco de la misma todavía brilla, Malika decide volver a tirar agua sobre la superficie. Recoge un trozo de tela del suelo y la extiende por las baldosas. En el centro, han sembrado rayhan, el mismo que ella vendía. También las riega, para seguir honrando su memoria. “La siento cerca, me la imagino subiendo la colina hacia aquí”, dice.

En el lado marroquí de la frontera, Narjisse sujeta su teléfono móvil mientras graba la entrada de los jóvenes que vuelven al país desde Ceuta. “Estoy esperando al muchacho”, le explica a una amiga que le escribe desde España. Está inquieta. Se acerca a la puerta, vuelve, mira el móvil y levanta la vista otra vez.

El joven al que espera es Abselam. Decidió cruzar a España en la noche del pasado jueves junto a decenas de miles de personas migrantes más. “Lleva días en mi casa: le he dado comida, aseo y ha podido hablar con sus familiares todos los días”, explica la mujer a elDiario.es. Abselam, de 25 años, se marchó de una pequeña localidad de Larache, al sur de Tánger, para buscar una oportunidad laboral en Ceuta y, más tarde, en Europa. “Pero ha decidido volver a casa”, dice Narjisse.

Dos chicas caminan tranquilas de vuelta a Marruecos. Una de ellas carga con una bolsa de una tienda de ropa y, la otra, de un supermercado. Están duchadas, peinadas y llevan los móviles cargados. Una escena que contrasta con las imágenes de jóvenes descalzos, sin camiseta y heridos. “Estas chicas habrán recibido ayuda también. Aunque la gente no lo crea, en Ceuta les estamos ayudando. Les damos de comer, les compramos ropa y todo aquello que necesiten. Somos nosotros quienes estamos ayudándoles, con nuestros propios recursos”, apunta la mujer.

Narjisse está algo nerviosa y, después de más de tres horas esperando, se rinde. “Me ha dicho que tenía pocos datos, quizás está esperando a que le dejen salir”. En ese momento, decenas de jóvenes continuaban apareciendo entre las vallas, sobrepasando la puerta que les da, de nuevo, la bienvenida a casa, entre la alegría y las lágrimas de sus familiares. “Si Dios quiere, me escribirá pronto con buenas noticias”, cuenta al despedirse de elDiario.es.

Unas horas después, el móvil de esta periodista se enciende. “Abselam ya está en casa con su madre y sus hermanos. Te aviso para que te quedes tranquila”, escribe la ceutí.

Narjisse conoce de primera mano lo duro que es atravesar la frontera. Nacida también en Larache, en 1999, y después de cuatro intentos, cruzó a Ceuta irregularmente. Lo hizo tres veces a nado y, finalmente, la última, por tierra, según recuerda. Tenía 17 años. “Yo fui una menor migrante no acompañada (MENA) y no puedo dejar de evitar ponerme en la piel de todos los jóvenes que han salido estos días de Marruecos para venir hasta aquí”, explica, emocionada. Narjisse vivió tres años en la clandestinidad, entre la calle y el centro de menores, hasta que finalmente conoció a Farid, su marido.

“Hay gente que no comprende que hagamos esto”

Al día siguiente, Narjisse barre las calles junto a Jadduya, amiga y vecina del barrio de los Rosales en Ceuta. “No queda pan, así que no nos queda otra que preparar y hornear. Tenemos que seguir como podamos”, explica Jadduya, mientras conduce su coche por la ciudad. Ella, como Narjisse, lleva desde el miércoles asistiendo a cientos de marroquíes que andan por Ceuta. “Están en los aledaños del centro de la ciudad o escondidos en las montañas y en los bosques”, cuenta.

Jadduya aparca el coche cerca de la barriada de El Príncipe y marcha a preguntar a un grupo de jóvenes qué necesitan. “No vamos a parar de ayudar, pero esto debe calmarse pronto”, dice al volver a entrar al coche.

En la puerta de casa de Narjisse y su marido Farid hay una fila de marroquíes que esperan. “Ya vamos, chicos”, les dice la mujer. Al abrir el primer portón de su casa en Los Rosales, una mesa larga con decenas de platos y cucharas está preparada para servir la comida de hoy: una olla grande con potaje. “Ayer preparé macarrones, hoy potaje y mañana haré lentejas”, explica mientras abre la olla.

Por las tardes salgo a repartir merienda, pero intento buscar a las jóvenes y niñas

Narjisse

Al abrir de nuevo la puerta, uno de los jóvenes se ofrece para repartir los platos con la comida servida. Narjisse le guarda un plato, él comerá el último. La mujer sirve, mientras que su marido coloca una cuchara en cada uno y se los entrega al joven voluntario para que los reparta. 15 minutos después, han gastado alrededor de 220 platos y no queda más potaje.

“El 95% de la gente en Ceuta es profundamente solidaria”, cuenta Farid al terminar de servir todas las raciones. “Hay gente que no comprende que hagamos esto”, añade. Frustrada por no haber podido dar de comer al resto de jóvenes que se agolpaban en su casa, Narjisse añade: “¿Cómo vamos a dejar de hacerlo?”. Al entrar en el interior de la casa, la presencia de ayuda no cesa. En las escaleras hay unas bolsas llenas de cruasanes de chocolate. “Por las tardes salgo a repartir merienda, pero intento buscar a las jóvenes y niñas”, explica Narjisse.

La mujer trabaja como intérprete en el cuartel, mientras que Farid es coordinador del Grupo Municipal de Ceuta Ya!, un partido político ceutí de ámbito local y de ideología progresista. “Somos una familia humilde que, con todo lo que podemos, ayudamos a todo el que lo necesite”, explican en el interior de su hogar.

Al rato, Narjisse recibe una videollamada. “¡Salam, Abselam!”, grita con emoción. El rostro del joven aparece en la pantalla. Tras unos minutos de conversación, Narjisse cuelga la videollamada. Lanza un suspiro de alivio interminable.

La Ceuta solidaria

La tarde se desarrolla entre anécdotas de la pareja y sus vecinos. Todas aluden a la solidaridad. Cuentan que un menor les pidió el teléfono para hablar con su madre y acabaron llorando con él. Su madre no sabía dónde estaba y llevaba días sin conseguir contactarle, explican. “El joven había entrado porque sus amigos también lo iban a hacer, después se dio cuenta de que solo iba a pasar frío, hambre y miedo”, añade Farid.

El 95% de la gente en Ceuta es profundamente solidaria

Farid

La pareja también cuenta que ellos no son los únicos. Una gran parte del vecindario está volcada. Farid rechaza las publicaciones de algunos jóvenes influencers marroquíes en redes sociales. “Mira, mira, este dice que les estamos pegando”, añade. “No es justo, nosotros priorizamos la humanidad”, sentencia.

En la ciudad autónoma han proliferado iniciativas como la de la ONG ceutí Luna Blanca, que ha repartido en los últimos días más de 12.000 comidas entre las personas migrantes que accedieron a la ciudad durante la entrada desde Marruecos.

La Asociación Elín en Ceuta destaca que “diferentes colectivos y personas de la sociedad ceutí se han movilizado para hacer llegar alimentos” a las personas migrantes. Aunque la ONG “agradece profundamente estas iniciativas solidarias, recuerda que garantizar el acceso a alimentos y unas condiciones de vida dignas corresponde a las instituciones públicas y no puede depender de la ciudadanía”. “Además, advierte de que estos esfuerzos no están alcanzando a todas las personas afectadas”, dice la asociación en un comunicado en el que exige “el suministro inmediato de alimentos, información clara y veraz sobre la situación de las personas retenidas y el cese de cualquier medida incompatible con la dignidad humana y con el derecho a solicitar protección internacional”.

Fátima es una de las primeras en llegar al punto por donde entran todos los jóvenes que están volviendo desde Ceuta hasta Castillejos, la localidad marroquí al otro lado de la frontera. Sentada en el suelo y en busca de la sombra, mira hacia el horizonte de un mar encarcelado. Detrás de la valla que la separa del espigón, decenas de chicos marroquíes caminan sorteando las rocas, restos de ropa y chancletas que inundan este trozo de la costa mediterránea tras la entrada de decenas de miles de personas –en su mayoría jóvenes, aunque también familias y menores– a la ciudad autónoma el pasado jueves.

Está con su hermano mayor, Mohamed. Ambos llevan desde el viernes esperando al pequeño de los tres. Khalid tiene 26 años, ha estudiado en Meknes y vive con sus padres. “No encuentra trabajo, pero tampoco nos avisó de que iba a hacer esto”, confiesa Fátima mientras señala Ceuta, a escasos metros desde donde habla con elDiario.es.

Hadiya, una joven de 23 años, busca a su hermana pequeña, de solo 18. Se asoma en los autobuses donde suben aquellos a los que no les esperan sus familiares en este punto del país y que serán trasladados a ciudades como Tánger o Casablanca. “Hermano, estoy buscando a mi hermana pequeña. ¿Está aquí?”, pregunta con la voz entrecortada.

“¿Por qué se marchó?”, pregunta este medio. Hadiya resopla. “No lo sabemos. Lo tiene todo: escuela, casa, estudios, familia”, responde. Para Mouna, que espera a su hija de 22 años, la respuesta es la misma, aunque añade: “Seguramente lo vio en redes. Está lleno de vídeos de otros jóvenes que iban camino a España”, explica. “Tampoco nos avisó. Vivimos a ocho kilómetros de esta frontera”, añade a este medio.

Han pasado casi tres horas y cada vez hay más familiares y amigos que esperan tener noticias. Muchos de los jóvenes que cruzaron hacia Ceuta han perdido sus teléfonos móviles o no tienen batería o saldo para llamar a casa. Conforme van llegando, algunos se lanzan a los brazos de sus seres queridos y, entre lágrimas, solo dan gracias a Dios.

Otros, en cambio, tendrán que esperar unos cientos de kilómetros hasta reencontrarse con unas familias ahogadas en la angustia. Rabat ha roto este domingo su silencio sobre la tragedia, tras jornadas sin proporcionar información sobre el número de víctimas, heridos o desaparecidos en territorio marroquí, y ha elevado a 11 el número de víctimas contabilizadas en su lado de la frontera. “Hay muchos muertos en el mar”, dijo un agente marroquí este sábado por la noche a elDiario.es, señalando la costa. España hasta ahora ha informado de que el número de víctimas mortales se sitúa en 72.

Fátima corre hacia esta periodista y, sonriendo, cuenta que su madre le acaba de llamar con la mejor de las noticias: el joven Khalid ha aparecido en casa. Poco después, Mouna lanza un chillido mientras habla por teléfono. Es su hija, está volviendo hacia Marruecos. La joven, que presenta heridas en la cara y en los brazos, llega media hora después. Se funden en un abrazo y corren a buscar un taxi.

Una generación sin horizontes claros

La salida de los jóvenes marroquíes de su país no se explica solamente por su cercanía con la frontera terrestre con España ni por la cantidad de vídeos difundidos por redes sociales, grabaciones de jóvenes avanzando hacia la frontera en grupo, cruzando por el mar o alentando el cruce irregular hacia la ciudad autónoma y a través de los cuales muchos chavales se enteraron de que la gente estaba intentando atravesar la frontera.

Este éxodo también tiene múltiples aristas sociales y económicas. Organizaciones de derechos humanos marroquíes apuntan, entre los factores estructurales que impulsan la migración irregular, al desempleo y la pobreza.

La desesperanza ha dejado de ser un sentimiento individual para convertirse en la identidad de toda una generación

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos afirma en un comunicado recogido por la Agencia EFE que lo sucedido “refleja el bloqueo del horizonte social” en Marruecos y evidencia la incapacidad del Estado para garantizar “el mínimo de dignidad humana” a la población.

La ONG cree que, lejos de tratarse de un hecho aislado, el episodio fronterizo es el resultado de “décadas de marginación, empobrecimiento y exclusión social” y constituye “un indicador extremadamente grave del grado de desesperación” y de la pérdida de confianza en las instituciones públicas.

En Marruecos, el desempleo juvenil ha superado ampliamente la media nacional: más de un tercio de los jóvenes de entre 18 y 24 años no encuentra trabajo, mientras que entre los 25 y los 34 años el paro afecta a más de uno de cada cinco, según datos del Banco Central. Los que tienen estudios también encadenan años sin empleo, trabajos informales o puestos mal remunerados.

Acceso a educación y sanidad

Para muchos jóvenes –que se manifestaron activamente en las calles del país en octubre de 2025, sobre todo a través de la plataforma Generación Z 212–, la falta de oportunidades convive con macroproyectos. Con una Marruecos ‘a dos velocidades’. En las grandes ciudades, como Rabat o Casablanca, se están invirtiendo recursos en infraestructuras vinculadas al Mundial de Fútbol de 2030. Recursos que contrastan con el estado del acceso a la educación y la sanidad en el país.

Respecto a la educación, en las zonas rurales del país, algunos alumnos caminan durante horas para llegar a escuelas con aulas saturadas, falta de material y edificios en malas condiciones. Para muchos jóvenes, estudiar había dejado de representar una garantía de movilidad social y oportunidades laborales. Muchos terminan sus estudios y siguen en sus hogares, sin posibilidades económicas de independizarse. A finales de octubre de 2025, y tras las protestas de la GENZ 212, el Consejo de ministros marroquí intentó aplacar el malestar anunciando inversiones en salud y educación.

Otros jóvenes denuncian las complicaciones burocráticas para obtener visados hacia Europa. Muchas de las quejas aluden a la reventa de las citas para acceder a tramitar los visados españoles en Marruecos. Los intermediarios informales utilizan robots informáticos o acuerdos opacos para acaparar las citas disponibles y así ofrecerlas posteriormente a los solicitantes a cambio de altas sumas de dinero que muchos jóvenes no pueden pagar. A final de julio de 2026, medios marroquíes hablaron de un nuevo blindaje contra el fraude en dichas tramitaciones.

La AMDH advierte de que “la desesperanza ha dejado de ser un sentimiento individual para convertirse en la identidad de toda una generación”, que ve en la migración una expresión de rechazo contra la desigualdad, “la corrupción, el autoritarismo y el abuso de poder”.

La asociación considera al Estado marroquí “política y jurídicamente responsable de las condiciones catastróficas que han desembocado en este éxodo colectivo, comparable por su magnitud a situaciones propias de zonas de guerra o de conflicto armado”. “La migración es un derecho humano y no es legítimo convertir el sufrimiento de las personas pobres, marginadas y víctimas del fracaso de las políticas públicas en instrumentos de maniobra geopolítica o en moneda de cambio en negociaciones políticas y diplomáticas”, señala.

En una pequeña barriada de las afueras de Tánger, la familia de Mohamed Bouzalmet no puede contener los nervios. Se enteraron de que el joven, de 24 años, había tratado de cruzar a Ceuta desde la vecina localidad marroquí de Castillejos el pasado jueves, cuando un amigo con el que había emprendido el trayecto a nado se puso en contacto desde el hospital de la ciudad autónoma.

La reacción de su padre fue acudir al lugar el viernes y cruzar la frontera con España para tratar de buscarle, sin éxito. “Es un caos, pasó mucha gente y no hay información suficiente”, cuenta también desesperado un amigo de la familia, que habla algo de español y relata a elDiario.es la situación.

Su pesar lo comparten muchas personas en el lado marroquí de la frontera. Seres queridos que se fueron –avisando o no a los suyos de que partían para nadar hacia Ceuta– y no se han puesto en contacto con sus familias y amigos. La angustia se agrava a medida que aumenta el número de cuerpos sin vida localizados en el agua, pero muchos allegados se aferran a la esperanza de que no tengan teléfono móvil, algo común entre los migrantes que han cruzado en estos días desde Marruecos de forma irregular.

Miembros de la Guardia Civil –en concreto de la unidad subacuática, los GEAS–, junto a otros del Servicio Marítimo llevan toda la semana peinando las aguas de la bahía sur en busca de cuerpos. Su actividad se intensificó desde el jueves, momento en el que las decenas de miles de personas migrantes –en su mayoría jóvenes, pero también familias y menores– flanquearon el perímetro fronterizo a través del litoral. El delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha asegurado en rueda de prensa este domingo que el último dato oficial de fallecidos en el intento de entrada es de 72, mientras que fuentes funerarias señalan que el número de víctimas que han llevado ya a sus instalaciones se eleva a 79. Otros recuentos elevan las vidas perdidas en la tragedia a 90, según informa la Cadena Ser, que ha hablado con un hombre, Mohamed, que asegura que “vio hasta cinco o seis personas morir frente a los militares” y cuenta que las víctimas fallecieron porque había mucha gente en el agua.

Fuentes de la Guardia Civil dicen a elDiario.es que muchos se ahogaron en los picos de mayor trasiego, “cuando se produjo una avalancha de personas tratando de subir desde el agua, por las piedras, al último espigón que ya da acceso a suelo español”. La marea arrastró “muchos de los cuerpos a la orilla”. Otros, indican compañeros de quienes se encargan de sacarlos del agua, acaban saliendo a flote. Los restantes, como siete que aparecieron este mismo sábado, son localizados por los GEAS en labores de buceo.

Pero, además de buscar fallecidos, esta unidad también ha ayudado a colocar este sábado un entramado de boyas de 500 metros que sirven como añadido al espigón, con el objetivo de ejercer de barrera para evitar nuevas entradas. Las organizaciones especializadas temen que la pretensión de este nuevo elemento sea retomar las devoluciones en caliente de quienes intentan acceder a nado tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que puso fin a esta práctica en el mar, hasta entonces sistemáticas.

“Solo esperamos que aparezcan pronto”

Mientras la nueva barrera anaranjada comenzaba a vislumbrarse desde la localidad marroquí Castillejos, un grupo de mujeres se encontraba a escasos metros del control policial para intentar obtener algo de información o, en un golpe de suerte, localizar a sus hijos, cuyo paradero desconocían. Una lloraba desconsoladamente, mientras que otra, más contenida, iba recogiendo sus lágrimas en un pañuelo. “No sabemos dónde están. Solo esperamos que aparezcan pronto”, decía una de ellas a un policía. Decenas de jóvenes continuaban pasando frente a las mujeres, que no podían evitar preguntarles cuántos quedaban por llegar desde Ceuta. “Somos muchos. Ahora llegarán, si Dios quiere, señora”, respondió uno de ellos.

Buscaba una vida mejor y que con su trabajo en Tánger no le llegaba para que su entorno saliera adelante

El representante de la familia de Mohamed Bouzalmat, desaparecido

Por el momento, el ritmo de llegadas a Ceuta se ha detenido, pero la familia de Mohamed Bouzalmat sabe que él lo intentó. El representante de sus allegados, un amigo cercano, asume que “buscaba una vida mejor y que con su trabajo en Tánger no le llegaba para que su entorno saliera adelante”. Por eso, según relata el hombre, acudió junto a su amigo a Castillejos: “En la mar separaron sus trayectorias. El acompañante casi se ahoga, pero lo rescataron y en está en el hospital. De Mohamed no sabemos nada”.

El pequeño Imram Saidi, de 14 años, fue identificado por su hermana en la playa del Tarajal, gracias a imágenes de vídeo de un medio de comunicación. “Un niño muy tranquilo, que sueña con ser futbolista”, explica, y que acudió con compañeros de la escuela de su localidad natal, de Alcazarseguir –a medio camino entre Tánger y Ceuta– a cruzar por mar hacia la ciudad autónoma.

Las grabaciones daban esperanza a la familia y el feliz regreso se consumó esta misma tarde, cuando pasadas las 17:00 su hermana se comunicaba con este medio para confirmar que el pequeño Saidi se había puesto en contacto con ella al volver a entrar en Castillejos, como parte de los más de 40.000 migrantes que el Gobierno indica que han regresado a Marruecos.

El hermano de Omar Bourras sigue esperando. Su hermano es un chico de 17 años natural de Beni Melal, ya muy cerca de Marrakech, que vivía por su empleo en Tetuán. Su familia cuenta que acudió a Castillejos junto a cuatro compañeros de trabajo: Marouana Achik, Anas Jnaini, Othmane Chouki y Al Alaoui, todos de 18 años.

El hermano del joven desaparecido cuenta que a los dos últimos “los interceptó la autoridad marroquí y fueron devueltos” y, después, se pusieron en contacto con ellos para contarle lo sucedido. “El resto entraron en el mar y no supieron nada más de ellos”, cuenta entre lágrimas el hermano, que aún no pierde la esperanza. “La familia está muy triste, fuimos a la policía e incluso a Ceuta y no hemos encontrado ninguna noticia”, comenta.

“Hay muchos muertos en el mar”

El caos que describen lo reconocen fuentes policiales, quienes explican que la mayoría de las personas migrantes no llevaban consigo documentación, algo que también ocurre con los cadáveres que permanecen en la funeraria a la espera de identificación. Las mismas fuentes indican que se está valorando la posibilidad de crear una oficina que se dedique a recibir las llamadas y visitas in situ de las familias que creen que algunos de sus allegados desaparecidos pudieron intentar el cruce, pero este extremo aún no ha sido confirmado oficialmente por la Delegación del Gobierno.

Muchos de los que entraron y ahora regresan ni siquiera cuentan con un teléfono con el que comunicarse, o en caso de contar con un móvil, no han sido capaces de hacerse con una tarjeta SIM debido al cierre de los establecimientos de la ciudad autónoma durante este viernes, algo que da esperanza a quienes aún esperan noticias al otro lado de la frontera.

Es el caso del hermano de Mohamed El Kafhali, otro joven de 17 años que anunció en casa su intención de intentar pasar a España junto a Mohamed Ben Ayad, un amigo de su misma edad, de la provincia de Chefchauoen. Se agarra a la posibilidad de que hayan vuelto a Castillejos y estén incomunicados. “Esperamos encontrarlos”, alcanza a decir en castellano.

Quienes buscan a niños y adolescentes pueden ponerse en contacto directamente con el teléfono del Área de Menores de la ciudad, que facilita información directa sobre quienes están bajo su tutela. Además, tanto para mayores como para menores, la Guardia Civil aconseja denunciar la desaparición en dependencias policiales de Ceuta, de cualquier otra localidad española, o incluso en los países de origen. Es recomendable además aportar muestras de ADN de allegados muy próximos.

La ONG Caminando Fronteras ha pedido que se garanticen los procedimientos que permitan la búsqueda y la identificación a las familias que intentan localizar a los suyos. Asimismo, demanda que se pueda ofrecer un “enterramiento digno a las víctimas y que sus familias puedan despedirse de ellos en base a sus creencias y su religión” y reclama que se tengan en cuenta las circunstancias “de vulnerabilidad de las familias para garantizar sus derechos y los de las víctimas”.

Al caer la noche este sábado en Castillejos, mientras algunos chavales continuaban intentando echarse al agua, no quedaban ya barcos marroquíes surcando el litoral de este lado de la frontera. Un agente, señalando la costa, dijo a elDiario.es: “Hay muchos muertos en el mar”.

Tres jóvenes marroquíes caminan juntos desde Ceuta hasta Castillejos. Están volviendo a Marruecos. “Yo vine desde Tánger, compartía coche con ellos dos, que también iban solos y no los conocía”, explica Simo mientras camina con elDiario.es el kilómetro que separa el nuevo control policial a la salida de localidad marroquí del paso fronterizo hacia Ceuta.

Descalzos, sin teléfonos móviles y tras varios días durmiendo en la calle, cuentan que, tras cruzar a Ceuta el pasado jueves junto a decenas de miles de migrantes más, había cientos de personas en las calles de la pequeña ciudad española. Para Simo, que señala varias cicatrices en las manos y en los brazos a causa de su trabajo en el campo, la vida en Marruecos se ha tornado más difícil para la juventud del país.

Los tres se conocieron por primera vez hace escasos días y ahora parece que han pasado toda una vida juntos. “Hemos vuelto porque la frontera está saturada”, explica. El camino de Simo y sus dos amigos termina entre coches policiales tras la intensificación de controles de las fuerzas de seguridad marroquíes en Castillejos.

Al alzar la mirada en dirección a Ceuta, bajo una atmósfera brumosa, se percibe una nueva estructura flotante de color naranja en el mar. Es la barrera neumática de 500 metros que está instalando el Gobierno de España en el espigón de el Tarajal, apenas un día después de que Pedro Sánchez anunciara el nuevo elemento durante su visita a la ciudad autónoma, en la que avanzó que se situarían boyas “para que se vea desde el punto de vista administrativo que existe una barrera de contención y, por tanto, se pueda producir y desarrollar esas repatriaciones en frontera”.

Las organizaciones especializadas temen que la intención detrás de esta “barrera” sea retomar las devoluciones en caliente de las personas migrantes que intentan acceder a nado tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que puso fin a esta práctica hasta entonces sistemática y que ha sido denunciada durante años por las ONG su carácter ilegal.

“No lo hagáis, no merece la pena”

Un grupo de jóvenes trata de cruzar a nado hacia el Tarajal. “No lo hagáis, no merece la pena. Parad, hermanos, parad”, grita uno de los amigos de Simo desde arriba.

“No había donde quedarse. Ceuta está saturado, no hay comida, ni agua y están todos los comercios cerrados”, responde a la pregunta de por qué ha vuelto. Es una imagen que también se repite en este lado de la frontera y, aunque Simo es consciente, prefiere quedarse. “Ya está bien”, insiste.

Muchos vuelven –el Gobierno español aseguró este viernes que 48.300 de las más de 50.000 personas que calcula que entraron ya lo habían hecho–, pero en Castillejos la vida continúa paralizada. “No hay forma de volver a Tánger”, explica. Como resultado, decenas de personas están tumbadas en jardines, soportales y refugios improvisados bajo los árboles de la ciudad.

La mañana de este sábado en Castillejos ha transcurrido con un fuerte dispositivo policial y, aunque no se desencadenan disturbios como en las anteriores jornadas, sí se viven momentos de tensión entre las fuerzas de seguridad y los jóvenes, sobre todo aquellos que siguen intentándolo a nado. A diferencia de los días anteriores, el dispositivo no solo está reforzado en el propio paso fronterizo, sino también a un kilómetro del mismo y bloquea el paso de los jóvenes que hace unos días avanzaban por tierra o a lo largo de la costa hasta el Tarajal. Hay más cuerpos de seguridad y también cientos de migrantes que están volviendo a Castillejos.

El caso de Adam es distinto. El joven, de 24 años y de origen sudanés, está solo. Avanza con el resto hasta el nuevo puesto de control fronterizo, desde donde se acerca a uno de los policías marroquíes para pedirle auxilio. El joven termina tumbado en la sombra por un golpe de calor. Toda su familia vive en Darfur, la capital de Sudán y él trabaja desde hace dos años en la venta ambulante en Marrakech, a más de 600 kilómetros de esta frontera.

Volverlo a intentar

Adam asegura que lo han “echado” de Ceuta, sin especificar cómo ni de qué forma, y que, aun así, quiere volver a intentarlo. El joven llegó el jueves después de coger un tren desde Marrakech a Casablanca, un coche de Casablanca a Tánger para finalmente andar durante más de 12 horas hasta Castillejos. Desde su teléfono móvil enseña diferentes cuentas de Instagram, con el nombre de Haraga Ceuta o Haraga Fnidek: vídeos de otros jóvenes avanzando hacia la frontera en grupo, cruzando por el mar o alentando el cruce irregular hacia la ciudad autónoma. “Me enteré a través de estos vídeos de que venía mucha gente a intentar cruzar hacia España”, explica.

Entre todas las personas que avanzan, también hay menores. “Nos han mandado de vuelta aquí, pero yo no quería volver”, insiste uno de ellos, de origen marroquí, que tampoco da más detalles. Un hinchable redondo rodea su cintura. “Si no podemos volver a nuestras casas, seguiremos intentándolo”, añade.

Este viernes, en el centro de Ceuta, policías se acercaban a grupos de chavales incitándoles a volver, en algunas ocasiones e indicándoles la dirección de la frontera, un factor que, según contaron los propios migrantes a elDiario.es, también les ha llevado a recorrer el camino de vuelta.

En su visita a Ceuta, Sánchez habló de una “labor de información” y reiteró el carácter “voluntario” de las salidas. “Se ha pedido a la policía local que informe a los migrantes que están en otras partes de la ciudad, y no en la frontera, de que se han abierto las fronteras y ya pueden proceder a su salida”, dijo el presidente del Gobierno. “Hay una labor de información para que estas personas puedan salir voluntariamente salir de la ciudad autónoma de Ceuta y regresar a sus ciudades de origen”.

Un testigo consultado por este medio describe la actitud intimidatoria de ciertos efectivos españoles, con empujones y golpes en algunos casos. Algunas informaciones al otro lado de la frontera describen “columnas de jóvenes” conducidas por policías y militares hacia el Tarajal.

Organizaciones sociales como Oxfam han recordado que cualquier actuación de las administraciones debe respetar las garantías individuales y que no caben las “respuestas colectivas” que impidan evaluar la situación de cada persona, lo que, por ejemplo, puede socavar el derecho de asilo.

En este lado, algunos han desistido, otros también pero no pueden volver a sus ciudades y, por lo tanto, tendrán que seguir por las calles de Castillejos hasta entonces. Algunos, en cambio, no tiran la toalla y siguen esperando, una vez más, el momento.

Hamid y Ahmed estaban enganchados a las pantallas de sus teléfonos móviles. Sirenas, Hraya (término utilizado en redes sociales para referirse a la migración irregular), vídeos de jóvenes en el mar, una madre que llora la desaparición de sus hijos y un padre que, en cambio, aúpa en brazos a su bebé, de escasos meses de edad, mientras se sumerge en la playa de Castillejos, la ciudad marroquí fronteriza con Ceuta.

400 kilómetros separaban a Hamid y Ahmed de su destino final. Se escapan de la represión policial en la estación de tren de Casablanca y, después de mucho esperar, subieron al tren cuando marcaban las 17:00 de la tarde del 30 de julio. Hraya Ceuta. “No nos queda nada, solo Dios”, dice Hamid en conversación con elDiario.es.

De camino a Castillejos, Hamid y Ahmed consiguieron subirse a un coche privado que avanzó hacia la frontera con la ciudad autónoma. Ese paso donde, desde la mañana del jueves, miles de jóvenes se habían agolpado. Una hilera de coches marchaba hacia la ciudad marroquí mientras decenas de personas como Hamid y Ahmed avanzaban, andando, desde Tánger hasta Castillejos. 75 kilómetros. A las 00.00 horas de la noche, los pitidos de los coches y las sirenas de los furgones que intentaban llegar el cruce en España rompían el silencio propio del mar.

Conforme pasó la noche, la situación se complicó. De pronto, una montaña de fuego y humo negro se abría paso en la oscuridad de la madrugada. Era un autobús, en llamas. De fondo, Ceuta, España, donde decenas de miles de personas habían cruzado por tierra y por mar. En la madrugada se registraron entre las fuerzas de seguridad marroquíes y grupos en las colinas próximas al paso fronterizo con Ceuta. Las autoridades marroquíes no han facilitado cifras oficiales sobre heridos, víctimas o detenidos, aunque, según algunas informaciones, decenas de personas han sido detenidas por la policía en Castillejos en las últimas horas.

Hamid había perdido la conexión y hablar con él era casi imposible. Hasta que un golpe seco tocó la espalda de esta periodista. “He conseguido llegar”, celebraba. En la estación de Casablanca, contaba que no tiene oportunidades laborales en Marruecos. “No hay leyes ni hospitales adecuados, faltan muchos servicios. Sin embargo, en el extranjero tenemos la ambición de estudiar y trabajar”, explicaba.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha insistido en atribuir la situación a una supuesta “lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo”, en referencia a la decisión que puso fin a las devoluciones en caliente en el mar, confirmando la ilegalidad de esta práctica que ha sido sistemática y cuestionada durante años.

Pero, el jueves por la noche, en Castillejos, nadie caminaba en grupos grandes, ni siquiera con un destino final similar. Algunos solos y otros acompañados de amigos, familiares, hijos. En grupos de seis o siete personas, varios atravesaban las vallas metalizadas en el espigón, otros daban la vuelta, heridos y exhaustos mientras, otros tantos, esperaban sentados en el paseo marítimo de Castillejos o tumbados en las zonas ajardinadas de la ciudad. Los que probaban suerte en el mar corrían con flotadores oscuros, aletas y gafas de buceo. Nada más. “Solo Dios”, repetía un joven que corría solo.

El día después

Sobre las 7:00 de la mañana del viernes, Mohamed, de origen senegalés, estaba tumbado en la playa con vistas a El Tarajal. Como él, decenas de jóvenes, de mayoría marroquíes, habían pasado la noche en vela entre intentos de cruce y cabezadas en los aledaños de la entrada hacia España.

A la pregunta de cómo ha llegado hasta aquí, ninguna de las personas consultadas mencionó la sentencia del Tribunal Supremo. Tampoco Mohamed, que camina solo y se limita a decir, sin dar más detalles, que vio una publicación en redes sociales.

Amina sujetaba el móvil y lloraba desconsoladamente. Estaba buscando a sus hijos. “El pequeño ha conseguido cruzar, está en Ceuta. El mayor no tiene conexión, me dijo que lo intentaría una vez, pero han pasado más de 12 horas desde entonces”, explicaba.

La mañana transcurrió con más presencia juvenil que llegó no solo desde Casablanca, sino también desde otras ciudades como Kenitra o El Jadida, y con unas fuerzas de seguridad marroquíes que apenas dispersaban a los grupos que llegan a aglomerarse frente a la valla de Ceuta.

Las vías para cruzar son diferentes. Está el camino a través del mar, donde muchos jóvenes aguardaban ante la mirada de algunos de los barcos policiales que controlan la costa. Entre los bosques de las montañas, donde conforme pasaba la mañana, los gendarmes marroquíes empezaron a lanzar gases lacrimógenos. Y en primera línea de la carretera, donde, cuando marcaban las 12 del mediodía, un camión cisterna, rodeado de decenas de militares marroquíes, avanzaba con paso firme. La dispersión fue efectiva y en las siguientes horas el dispositivo policial se hace con la zona.

Cuando empezaba la tarde en Castillejos, decenas de personas volvían a la ciudad marroquí. Una joven, herida en el pie, estaba tumbada en una de las rotondas de la ciudad. Había conseguido cruzar a Ceuta junto a su hermano de 12 años, pero ha sido una de las miles de personas que han paseado de vuelta por el camino entre ambos países.

El Gobierno español asegura que más de 48.300 migrantes han retornado ya a Marruecos de los aproximadamente 50.000 migrantes que calcula que entraron de forma irregular a la ciudad autónoma. Muchos describen las dificultades que encontraron a su llegada y denuncian que han sufrido condiciones duras tras una noche a la intemperie.

Muchos retornan, pero Castillejos estaba sumida en la incertidumbre. Aquí el mundo se ha detenido. “Los servicios de taxi llevan suspendidos desde ayer por la tarde, los comercios están cerrados y no hay agua ni comida”, dijo un joven. Al menos 57 personas cuando intentaban entrar a nado en el enclave español.

La “prioridad nacional” de PP y Vox ha empezado a golpear las políticas de cooperación al desarrollo. Los acuerdos autonómicos entre ambas formaciones en Extremadura, Andalucía y Castilla y León allanan el camino hacia la reducción de las partidas destinadas a ayuda exterior y, en algunos casos, se han traducido en anuncios de drásticos recortes. El Gobierno extremeño, por ejemplo, ha limitado a un 0,03% del presupuesto, mientras que el de Castilla y León ha anunciado este lunes que limitará “al mínimo exigido por ley” su dotación.

“No sé si podemos hablar de recorte. Han eliminado totalmente el presupuesto de la Ley extremeña de cooperación y solidaridad internacional. Tenemos que hablar de la desaparición de la cooperación”, denuncian desde la Coordinadora Extremeña de ONGD (CONGDEX) en una conversación con elDiario.es.

Fuentes de la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de Extremadura defienden su decisión. Según explican a elDiario.es, el consenso previo en torno a la cooperación “no puede presentarse como un mandato inmutable”. Según detallan, Vox concurrió a las elecciones autonómicas con un programa que incluía la eliminación del “gasto público e ideológico” en cooperación internacional. “El 17% de los extremeños respaldó esa propuesta en las urnas”, señalan desde la Consejería, que defiende una “reordenación de prioridades” para dirigir los recursos públicos a servicios sociales, familias, menores y extremeños en situación de mayor vulnerabilidad.

Este lunes, el nuevo gobierno de coalición PP-Vox de Castilla y León ha confirmado su intención de aprobar un duro golpe a la cooperación autonómica. La Conserjería de Ayudas Sociales, dirigida por el partido de extrema derecha, ha anunciado que dejará la cooperación internacional al desarrollo en “el mínimo legal exigido” y orientará la prioridad de estos fondos hacia aquellos países que “colaboren” con Castilla y León “en la repatriación y retorno de menores en situación irregular”. Sin embargo, los Gobiernos regionales no tienen competencia en materia de repatriación de inmigrantes.

En Andalucía, el acuerdo de gobierno menciona expresamente las ayudas destinadas a cooperación internacional dentro de las subvenciones que se pretenden reducir progresivamente “hasta su eliminación” si no contribuyen de forma directa a la calidad de vida de los andaluces. La presidenta de la Coordinadora Andaluza de ONGD (CAONGD), Patricia Sánchez sostiene que la medida 144 del pacto PP-Vox supone “un ataque directo” porque no plantea evaluar ni mejorar la cooperación, sino avanzar en su eliminación.

La ofensiva no se limita a Andalucía y Extremadura. En Aragón, el presupuesto autonómico de cooperación ha caído casi un 77% desde 2024, hasta 1,44 millones de euros, apenas el 0,02% del presupuesto regional y su nivel más bajo en 25 años. Además, el Ejecutivo también ha ordenado la retirada de unos 30.000 euros anuales a la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, con 18 años de trayectoria. La Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) considera que la decisión “pone freno a la solidaridad” y vulnera los derechos humanos.

‘Prioridad nacional’

Los acuerdos entre ambos partidos políticos están atravesados por el concepto de la ‘prioridad nacional’. Remedios Tierno, presidenta de Amnistía Internacional en Extremadura, considera que las medidas defendidas en torno a ella pueden constituir una violación de derechos humanos y de obligaciones internacionales del Estado. En concreto, Remedios señala tres riesgos: “La discriminación directa o indirecta en el acceso a derechos; la adopción de medidas regresivas en derechos económicos, sociales y culturales; y la vulneración del interés superior del menor, especialmente en el caso de la infancia migrante no acompañada”.

“Las palabras son importantes”, advierte Remedios. A su juicio, normalizar conceptos como ‘prioridad nacional’ en lugar de priorizar el incremento de recursos para derechos sociales de todas las personas ahonda en la estigmatización de la población vulnerable y contribuye a incrementar el racismo y la xenofobia.

Por su parte, la Consejería extremeña defiende que la cooperación internacional y la acción exterior deben corresponder “principalmente al Estado, no a las comunidades autónomas”. Según apuntan, los gobiernos autonómicos deben centrar sus presupuestos en las competencias que tienen atribuidas y en las necesidades directas de sus ciudadanos. Según la Consejería, bajo el “paraguas genérico de los derechos humanos” se financien, según su criterio, programas de contenido ideológico que no aportan un beneficio “real ni medible” más allá del sostenimiento de determinadas organizaciones.

Extremadura: una agencia sin política

En Extremadura el golpe ha sido especialmente abrupto. Desde la Coordinadora Extremeña aseguran que no se trata de una reducción gradual, sino de un “desmantelamiento” de la política pública de cooperación. Según alertan, el dinero que permanece en los presupuestos no alcanza para sostener convocatorias ni programas, sino apenas para mantener una mínima estructura administrativa.

La CONGDEX advertía que el recorte afectaría a programas de salud, educación, protección de la infancia y ayuda humanitaria en contextos de vulnerabilidad extrema. La Consejería, sin embargo, niega que la mayor parte de los fondos estuvieran destinados exclusivamente a esos sectores. “Muchas partidas financiaban proyectos de claro componente ideológico”, afirman. Desde esa premisa, el Gobierno autonómico sostiene que tiene el deber de revisar ese gasto y destinar los recursos a “las necesidades reales de Extremadura”.

La falta de interlocución es otra de las principales quejas del sector de las ONG. La Coordinadora extremeña explica que ha mantenido reuniones con grupos parlamentarios, incluido el PP, pero que no ha logrado reunirse con el Gobierno autonómico ni con la presidenta María Guardiola, pese a haberlo solicitado “por activa y por pasiva”. La entidad reclama conocer el plan de trabajo y qué ocurrirá con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID). La directora de esta agencia, Isabel Belloso, presentó su dimisión tras conocer la reducción del presupuesto de 11 a 2 millones de euros llevando a la integración de la AEXCID en una estructura más reducida dentro de la Junta.

Por su parte, la Junta asegura en conversaciones con elDiario.es que la Agencia Extremeña de Cooperación seguirá existiendo, aunque “dentro de una estructura administrativa más ajustada y coherente con las prioridades del Gobierno”. Lo que no continuará, según la Consejería, es “un modelo sobredimensionado, con convocatorias mantenidas por inercia y orientadas en muchos casos a financiar proyectos ideológicos”.

Andalucía: de 47 a 20 millones para cooperación

En Andalucía, la preocupación se concentra en la medida 144 del acuerdo entre PP y Vox. La CAONGD denuncia que el pacto señala específicamente a las ayudas de cooperación internacional al desarrollo para reducirlas progresivamente hasta su eliminación si no se considera que contribuyen de forma directa a la calidad de vida de los andaluces. Para la Coordinadora, esa formulación instala una falsa disyuntiva, “como si la justicia social dentro de Andalucía compitiera con la solidaridad internacional”.

La cooperación andaluza, recuerdan las organizaciones, no es una actividad accesoria. Está recogida en el Estatuto de Autonomía, en la Ley Andaluza de Cooperación, en planes directores y en una arquitectura institucional construida durante décadas, incluida la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Tras la composición y el anuncio por parte de Juanma Moreno del nuevo Gobierno de Andalucía, queda pendiente por concretar el nivel de viceconsejerías y secretarías generales. Una decisión que sí podría afectar al futuro de la propia Agencia Andaluza.

Aun así, el futuro no es prometedor ya que los datos muestran un retroceso sostenido. Andalucía pasó de invertir 47,33 millones de euros en Ayuda Oficial al Desarrollo en 2018 a 20,5 millones en 2025, apenas un 0,04% del presupuesto autonómico, según la CAONGD. La directora de la Coordinadora subraya que esa caída se ha producido mientras el presupuesto general de la Junta crecía año tras año, lo que descarta, a su juicio, que el problema sea la falta de recursos: “No hablamos de una imposibilidad económica, sino de prioridades”, sostiene.

El contexto estatal tampoco ayuda. Según el informe de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo sobre cooperación autonómica, la media de los presupuestos destinados por las comunidades autónomas a la cooperación en 2025 se situó en el 0,12%, equivalente a 8,5 euros por habitante al año y muy lejos del 0,7% comprometido. Aunque 2025 fue el año con mayor presupuesto autonómico global destinado a cooperación (334,4 millones frente a los 325,7 millones en 2024), el crecimiento fue desigual. En el ámbito local, el 75% de los ayuntamientos y diputaciones analizados destinaban en 2024 menos del 0,7% a Ayuda Oficial al Desarrollo.

Proyectos a medio hacer

El impacto de estos recortes no se mide solo en partidas presupuestarias. Rafael Cantero, presidente de CIC Batá, una organización con sede en Córdoba, pero con impacto nacional e internacional, explica que la reducción de fondos de cooperación de la Junta de Andalucía ha dejado paralizados compromisos con organizaciones de Mozambique, Bolivia y otros países.

La cooperación, explica Cantero, no funciona como una intervención puntual que empieza y termina en varios meses. “Los proyectos se planifican durante años, se construyen con organizaciones locales y dependen de relaciones de confianza. Cuando la financiación se corta de golpe, se reduce el impacto de procesos ya iniciado y se quiebran compromisos con organizaciones que contaban con nuestra ayuda”, insiste el presidente de CIC Batá.

Cantero también advierte sobre la pérdida de calidad de la cooperación. “Andalucía tiene una agencia técnicamente preparada, con personal formado y capacidad institucional, pero cada vez con menos fondos. La paradoja es tener una estructura pública especializada mientras se debilita la política que esta estructura debe ejecutar”, insiste.

El rol de la cooperación autonómica

La cooperación descentralizada es una de las señas de identidad del modelo español de ayuda al desarrollo. Las comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones han sostenido durante años proyectos que, en muchos casos, llegan donde la cooperación estatal no llega. En Extremadura, las organizaciones recuerdan que la comunidad también fue históricamente receptora de ayudas europeas y de solidaridad interterritorial.

El informe del Sector de las ONGD 2025 de la Coordinadora muestra la dimensión del trabajo. En 2025, las organizaciones estuvieron presentes en 100 países y desarrollaron 4.322 proyectos que contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de casi 59 millones de personas. El documento también recuerda que las organizaciones no solo trabajan fuera de España, sino también en educación para la transformación y justicia global dentro del país.

El partido entre Marruecos y Francia invita casi de forma automática a una lectura histórica. La antigua colonia frente a la antigua potencia colonial. El Sur contra el Norte. La revancha simbólica de un país y su gente, Marruecos, que ya no acepta ser observado y tratado desde la vieja jerarquía. Pero esa lectura, poderosa y contextual, ya no trasciende de la misma forma.

Tras los pitidos finales de las victorias en el Mundial 2026 de Marruecos contra Canadá y de Francia contra Paraguay, los memes tomaron las redes sociales. Una simulación de una partida de Grand Theft Auto (videojuego donde los jugadores controlan a criminales en misiones como atracos o tiroteos), con coches incendiados, explosiones de edificios y un exceso de violencia venía a avanzar el escenario que acogería París el próximo 9 de julio tras el fin del partido, ganase quien ganase. Mañana qué.

La relación franco-marroquí atraviesa hoy una paradoja mucho más contemporánea que, en parte como en el meme, habla de distanciamiento social, identidad, violencia y rechazo. Mientras Rabat y París viven uno de sus mejores momentos diplomáticos en décadas, una parte creciente de la juventud marroquí se distancia culturalmente de Francia mientras que el debate político francés y la ultraderecha endurece su discurso sobre inmigración, identidad y pertenencia.

Del choque diplomático al deshielo

Hace apenas unos años, el clima diplomático entre Rabat y París no era tan suave como en la actualidad. Desde la llegada de Emmanuel Macron al Elíseo, en 2017, Francia había intentado reconstruir su relación con Argelia, rival regional de Marruecos y principal apoyo internacional y hogar para el Frente Polisario. Desde Rabat, el acercamiento a Argel fue interpretado como una señal de distanciamiento político.

La tensión se agravó en 2021 con la revelación de que los servicios secretos marroquíes habrían utilizado el programa israelí Pegasus para espiar el teléfono personal de Macron. Una acusación que desde Rabat se negó, pero que sin duda deterioró gravemente la confianza entre ambos gobiernos, hasta caer a su punto más bajo.

A este episodio se sumaron las restricciones francesas a la concesión de visados para ciudadanos marroquíes, pero también argelinos y tunecinos. Entonces, París justificó que la medida era una forma de presionar a los países del norte de África para aceptar con mayor rapidez la readmisión de sus nacionales expulsados de territorio francés.

El desencuentro alcanzó otro momento simbólico después del terremoto de septiembre de 2023 en la región de Al Haouz. Marruecos ignoró oficialmente la asistencia humanitaria francesa y solo aceptó apoyo de España, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Desde Rabat justificaron que era por cuestiones de orden y para evitar la sobresaturación de los servicios de rescate. Desde París, Macron lanzó un mensaje directamente dirigido a la población marroquí que provocó una oleada de rechazo en redes sociales bajo el lema: “Soy marroquí y rechazo el discurso de Macron”.

A pesar de la consecución de episodios que han minado la relación entre ambos, la imagen de la visita de Estado de octubre de 2024 fue la contraria. Banderas francesas y marroquíes ondeando en Rabat, en la avenida Mohamed V, en el aeropuerto de Rabat-Salé, en los alrededores del Gran Teatro y en la torre Mohamed VI. El rey, apoyado sobre un bastón, recibió al presidente personalmente al final de la escalerilla del avión a su llegada a Marruecos. Era la primera visita de Estado del presidente francés desde 2018.

El giro llegó en julio de 2024, cuando Macron comunicó oficialmente a Mohamed VI que Francia entendía el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como “la única base” para alcanzar una solución política duradera. Una decisión que abandonaba décadas de ambigüedad francesa y la alineación definitiva con una de las principales prioridades de la política exterior de Rabat.

Una semana antes de la visita de Macron, el monarca expresó ante el Parlamento su “más profundo agradecimiento” a Francia y al presidente francés por su apoyo a la “marroquinidad del Sáhara”. Macron, por su lado, fue todavía más explícito durante su intervención ante un Parlamento marroquí atento y entregado: “Con Mohamed VI hemos decidido escribir un nuevo libro juntos”, afirmó. “El presente y el futuro del Sáhara Occidental se inscriben en el marco de la soberanía marroquí”, sentenció.

Durante la visita de Estado de Macron, Francia y Marruecos sellaron 22 acuerdos comerciales y financieros por un valor de 10.000 millones de euros, según el Elíseo. Los contratos incluyeron proyectos ferroviarios, de energías renovables, hidrógeno verde o desalinización, entre otros sectores.

Entre los acuerdos más destacados figura el contrato adjudicado a Alstom para construir el segundo tramo del tren de alta velocidad marroquí, que ya conecta Tánger con Casablanca y que busca ampliar la vía a Marrakech. El contrato, valorado en unos 1.800 millones de euros, recayó en manos de la empresa francesa y no de competidores como las españolas Talgo y CAF.

Macron definió la nueva etapa como una “asociación excepcional y reforzada”. La expresión fue diplomática, pero el mensaje político también fue muy claro. Francia quería recuperar terreno en Marruecos para compensar el que estaba perdiendo en otros países del continente africano, especialmente en el Sahel, y en un contexto en el cual otros socios del norte global como España, Estados Unidos o China estaban compitiendo cada vez más por la influencia económica y estratégica en el reino.

Los marroquíes ya no ven a Francia como antes

Aunque el acercamiento entre Estados no solo convive, sino que mejora, la evolución cultural y social avanza en otra dirección.

Durante décadas, el francés fue la lengua de prestigio de las élites marroquíes, la principal lengua extranjera y el vehículo de acceso a la educación superior, la administración y el mercado laboral. Hoy sigue teniendo una posición dominante en sectores diversos. Según la Organización Internacional de la Francofonía, alrededor del 36% de la población marroquí habla francés. Pero su monopolio está siendo cuestionado por las generaciones jóvenes, sobre todo por la conocida como Generación Z.

Lo más significativo ya no es solo la arabización impulsada tras la independencia o, incluso, el reconocimiento oficial de otras lenguas locales como el amazigh (bereber) en 2011, sino la creciente anglofilia de las nuevas generaciones. Un estudio del British Council publicado en 2021 reveló que el 40% de los jóvenes marroquíes considera que el inglés debe ser un idioma preferente en la enseñanza, frente a apenas un 10% que antepone el francés.

Desde 2019 se han abierto colegios privados británicos y estadounidenses en el reino, pero el salto llegó en 2023, cuando el Ministerio de Educación de Marruecos comenzó a incluir progresivamente el inglés dentro de los colegios públicos. Aunque para el ministro de Educación marroquí, Mohamed Zarouali, esta decisión “nunca fue una ruptura con el idioma francés”, en la calle, en los bares y entre los jóvenes la narrativa es bien distinta.

Meryem ha estudiado y hablado siempre en francés con su familia. Hoy, en edad adulta, quiere formarse y buscar trabajo fuera de su país, pero reniega del idioma de París: “Estamos anclados en la relación colonial. El francés es un idioma que nos cierra las puertas a oportunidades laborales fuera del país. O te vas a Francia o a Canadá, no hay muchas más opciones”, explica en conversación con elDiario.es. Haytham, por su parte, tomó la decisión hace años. Decidió priorizar aprender inglés porque quería vivir y trabajar en Londres para después volver a Rabat, su ciudad natal. “Cada vez hay más gente que habla inglés y que se maneja en las redes sociales en inglés. Con el Mundial 2030 a la vuelta de la esquina, es fundamental que los jóvenes aprendan este idioma internacional”, explica.

Ese cambio en la narrativa del lenguaje tiene una carga política de fondo. El Marruecos institucional y de los despachos quiere relacionarse con Francia, pero la sociedad civil recuerda que no quiere depender de la antigua colonia. Inversión, cooperación y reconocimiento diplomático, sí, pero, a su vez, diversificación lingüística y mayor autonomía cultural y simbólica.

Francia endurece el discurso sobre migración

Al otro lado del Mediterráneo, la evolución es distinta, pero también apunta en contra de la reconciliación entre los Estados. Durante la última década, y como consecuencia de la creciente presencia de la extrema derecha con partidos políticos como Agrupación Nacional, los conceptos como la prioridad nacional han ganado visibilidad y adeptos entre la sociedad civil francesa. Entre esos discursos de odio y xenófobos, la población procedente del norte de África, incluida la marroquí, ocupa con frecuencia el centro de las políticas migratorias sobre integración, laicidad o delincuencia.

La comunidad marroquí representa una de las diásporas más grandes de Europa, siendo Francia el principal destino de estos flujos migratorios con un 32% del total de migrantes marroquíes en el extranjero en su país. Unos números que en 2022 se tradujeron en alrededor de 747.000 marroquíes residentes en Francia, según el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos en Francia. Son mayoría y, al mismo tiempo, con los crecientes discursos de odio, la diana antimigratoria. Según el Ministerio de Interior francés, en 2024 las fuerzas de seguridad registraron más de 16.000 infracciones de carácter racista, xenófobo o antirreligioso. Los delitos aumentaron un 11% respecto al año anterior y las faltas, un 6%. Entre las víctimas aparecían sobrerrepresentados los extranjeros procedentes de países africanos, especialmente Marruecos.

El clima social, desde las generaciones más jóvenes o desde los discursos de extrema derecha, en Francia y en Marruecos, pesan sobre la relación bilateral, aunque no se manifiesta en los comunicados oficiales o en las visitas de Estado. Nunca las relaciones entre París y Rabat habían estado tan sólidas en lo político y sus sociedades tan fracturadas en lo cultural e identitario.

La República Democrática del Congo (RDC) vuelve a mirar al este, una región que nunca terminó de salir de la guerra. En Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri, la violencia armada ha dejado de ser una crisis intermitente para convertirse en una forma de gobierno de facto. Allí, el Estado congoleño ya no controla partes de su propio territorio, sino que el Movimiento 23 de Marzo (conocido popularmente como M23), un grupo rebelde militar, ha consolidado administraciones paralelas y millones de personas viven entre desplazamientos y servicios básicos al borde del colapso.

El nuevo brote de ébola, que ya supera los 900 casos sospechosos y ronda las 240 muertes, ha golpeado esa misma zona. En este enclave del continente africano, la epidemia no puede entenderse como un fenómeno separado de la guerra. El virus avanza donde la inseguridad impide rastrear contagios, los hospitales no siempre son seguros y la desconfianza hacia las autoridades sanitarias se alimenta tras años de abandono. 

Una guerra que no se explica solo por hutus y tutsis

El actual conflicto en el este de la RDC no empezó con el último brote ni se explica solo por la rivalidad entre hutus y tutsis. El genocidio de Ruanda de 1994 es una pieza imprescindible para entender el conflicto, pero no es la única.

Ya había un conflicto interno entre congoleños antes de que la llegada de refugiados ruandeses agravara la situación

Florence Kavira, periodista congoleña en República Democrática del Congo advierte, durante una entrevista con elDiario.es, de que antes de 1994 ya existían tensiones internas en el este del país, especialmente en territorios como Rutshuru y Masisi. Algunas comunidades hutu congoleñas se consideraban plenamente congoleñas, pero denunciaban no ser reconocidas como tales y quedar excluidas de los espacios de toma de decisiones. “Ya había un conflicto interno entre congoleños antes de que la llegada de refugiados ruandeses agravara la situación”, explica. 

Tras el genocidio ruandés, la llegada de refugiados hutus y tutsis mezcló esas tensiones locales con problemas de seguridad regional, identidad, ciudadanía y control territorial. La aparición del M23 en 2012 retomó precisamente un discurso de denuncia de la marginación de ciertas comunidades, especialmente tutsis congoleñas, que reclamaban mayor representación dentro del país. 

“El este de la RDC se ha convertido en una zona donde se superponen conflictos comunitarios, intereses económicos, intervención extranjera y debilidad estatal. El resultado es un mapa fragmentado por grupos armados, algunos con raíces locales, otros vinculados a dinámicas regionales y otros articulados alrededor del control de rutas, minas o pasos fronterizos”, explica Kavira. 

El M23: de grupo rebelde a autoridad paralela

La diferencia ahora es la escala del avance del M23. En enero de 2025, el grupo tomó Goma, la capital de Kivu Norte. Semanas después capturó Bukavu, capital de Kivu Sur y, desde entonces, el grupo ha consolidado su control sobre zonas estratégicas del este y ha pasado de actuar como una fuerza rebelde a ejercer funciones propias de una autoridad territorial. 

Por otro lado, para Kinshasa, la guerra no es solo una rebelión interna, sino una agresión sostenida por un país vecino: Ruanda. Para Kigali, la presencia en el este de la RDC de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (conocidas como FDLR), un grupo formado en parte por combatientes hutus ruandeses que huyeron del genocidio en 1994, representa una amenaza directa a la seguridad fronteriza del país vecino. Para la población congoleña, y como apunta Kavira, esas explicaciones geopolíticas se traducen en una vida atrapada por grupos armados, ejércitos regulares, milicias y autoridades que “no siempre pueden o quieren” protegerles. 

Kavira explica que “en las zonas ocupadas por el M23/AFC (esta última es la Alianza Río Congo, una coalición política y civil más amplia que sirve como brazo político y diplomático del M23), el Estado congoleño no controla la seguridad. Es el M23 quien administra esos territorios con una estructura paralela, con sus propios gobernadores, alcaldes y autoridades locales. Esto es lo que está pasando en ciudades importantes como Goma y Bukavu, en las dos Kivus”. 

Recursos estratégicos por los que pugnan China y EEUU

El conflicto del este de la RDC no puede entenderse sin la relación entre Kinshasa y Kigali. Desde hace años, Ruanda acusa a la RDC de tolerar o colaborar con las FDLR, mientras que el Gobierno congoleño señala a Ruanda como sostén y principal financiador del M23, además de un actor interesado en influir y controlar una región estratégica y rica en recursos naturales. El país posee entre el 60% y el 80% de las reservas mundiales de coltán y se extrae principalmente en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, así como otros recursos mineros estratégicos como el cobalto, el cobre, el oro o los diamantes, entre otros. “El papel de Ruanda es central y Kigali está detrás del M23”, apunta Kavira. “Además, las FDLR no solo representan una amenaza para Ruanda, sino también para la población local que sufre saqueos, abusos y violencia”, insiste. 

El resultado es un conflicto que ya no puede leerse únicamente como una guerra interna, sino que se presenta como una disputa regional con, incluso, alcances e intereses internacionales. En esta última dimensión mundial han entrado potencias como Estados Unidos y China, en plena competencia global por el acceso a minerales estratégicos como el litio, el coltán y el cobalto.

Antes de la firma de los llamados Acuerdos de Washington, el presidente congoleño Félix Tshisekedi ya había ofrecido a Donald Trump un acceso preferencial a los inmensos recursos minerales de la RDC. Tras la firma, Washington anunció acuerdos bilaterales, tanto con Ruanda como con RDC, para facilitar el acceso de empresas estadounidenses a minerales críticos de la región. Ese pacto incluía un componente económico relacionado directamente con la explotación y exportación de recursos estratégicos en el este del país. Según explican varios analistas, los operadores económicos de Estados Unidos están especialmente interesados en las minas de coltán de Rubaya, en Kivu Norte, que producen alrededor del 15% del coltán mundial. Aun así, el problema sigue siendo el acceso a ese territorio. Muchas de esas minas se encuentran en zonas controladas por el M23, lo que plantea interrogantes sobre cómo podrían operar legalmente compañías extranjeras en áreas fuera del control efectivo del Estado. 

Estados Unidos no es el único actor interesado. En marzo de 2026, la RDC y China firmaron en Pekín un memorando de entendimiento para reforzar su cooperación minera. El acuerdo, firmado por los ministros de Minas y Recursos Naturales de ambos países, busca ampliar la presencia china en un sector que Pekín ya domina ampliamente en varios países del continente africano y donde contempla mecanismos de protección de inversiones y procesamiento local de recursos. La firma llega en un contexto de creciente competencia por los minerales africanos mientras Occidente, y principalmente Estados Unidos, impulsa proyectos como el Corredor Lobito, una infraestructura ferroviaria diseñada para conectar las minas de la RDC y Zambia con el Atlántico a través de Angola para así reducir la dependencia occidental de las cadenas de suministro controladas por China. 

El impacto sobre la población civil del conflicto y la violencia del M23, alimentado por un creciente interés estratégico sobre la región, es devastador. Según cifras de Médicos sin Fronteras, más de cinco millones de personas están desplazadas, un 96% a raíz de la violencia armada, entre Kivu Norte, Kivu Sur e Ituri. “Moverse tampoco significa estar a salvo. Aunque desde Goma era posible viajar a Bukavu, Butembo o incluso Ituri, algunos trayectos siguen siendo peligrosos, especialmente los que atraviesan el parque de Virunga, donde las FDLR cometen ataques, saqueos y asesinatos”, apunta la periodista congoleña. 

El ébola en una zona de guerra

La epidemia ha golpeado una región donde casi todos los mecanismos necesarios para contener la enfermedad infecciosa están dañados. Manuel Albela, epidemiólogo de Médicos sin Fronteras explica que responder a una epidemia de ébola de estas dimensiones es “extremadamente difícil” en un contexto marcado por una gran crisis humanitaria y un conflicto armado. “Todo ello debilita la vigilancia epidemiológica, la detección de contactos y el acceso rápido a los servicios de salud”, insiste en una entrevista con este medio. 

Hay que garantizar que pacientes y personal sanitario puedan acudir a un hospital o centro de salud sin miedo a contagiarse allí

La gravedad de la situación ha llevado a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a pedir el pasado 27 de mayo un “alto al fuego inmediato” en el este de la RDC para contener el brote, que según EFE ya supera los 900 casos sospechosos y ronda las 240 muertes. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus apuntó que: “No podemos generar confianza en las comunidades ni aislar a los enfermos mientras caen bombas”. El problema no es solo que haya ébola en una zona de guerra, es que la guerra crea las condiciones perfectas para que el ébola se propague. 

Ahora, la prioridad de MSF, según Albela, es la bioseguridad en las estructuras de salud. “Hay que garantizar que pacientes y personal sanitario puedan acudir a un hospital o centro de salud sin miedo a contagiarse allí. Si la población no confía en los centros sanitarios, muchas personas con síntomas preferirán quedarse en casa, con el riesgo de contagiar a familiares y vecinos”, explica el representante de MSF. 

Ese miedo no es hipotético. MSF asegura que ya se han producido ataques contra estructuras dedicadas a la respuesta a la epidemia, muchas veces vinculados al miedo, la desinformación o la falta de información sobre la enfermedad. Kavira apunta la misma dificultad desde el terreno: “Muchas personas no creen en la existencia del ébola o lo interpretan como una invención o manipulación”. 

A eso se suma la naturaleza del brote. El virus causante pertenece a la variante Ébola Bundibugyo, para la que no existen vacunas o tratamientos específicos. Aunque su tasa de letalidad, estimada entre el 30% y el 50%, es menor que la de la variante Ébola Zaire, el contexto hace que el riesgo se multiplique. A ello se añaden otros dos factores: que el ébola golpea a un sistema sanitario ya en colapso y la reducción de la financiación internacional. Sobre esto último, el epidemiólogo de MSF señala que los recortes de diversos donantes han debilitado aún más los sistemas de salud y vigilancia y critica la retirada del apoyo del Banco Mundial, que afecta a más de 500 centros de salud en Kivu Sur. 

La ofensiva lanzada este pasado fin de semana en Mali por una coalición inédita de rebeldes tuaregs y grupos yihadistas ha sacudido los cimientos del régimen militar que gobierna en el país desde 2021. La caída de posiciones clave, la muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara, y la evidente coordinación insurgente sin precedentes dibuja un escenario de inestabilidad en un país azotado por la violencia.

¿Qué ha pasado en Mali?

En la madrugada del sábado 25 de abril, Mali fue escenario de una ofensiva coordinada a escala nacional. El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (también conocido como JNIM), afiliado a Al Qaeda, y el Frente de Liberación del Azawad (FLA), un movimiento secesionista del norte del país africano, lanzaron ataques simultáneos contra múltiples objetivos.

Las acciones de ambos grupos se extendieron desde el norte hasta el sur del país, pasando por Kidal, Gao, Mopti, Sévaré y Kati —esta última a apenas 15 kilómetros de la capital del país, Bamako— y afectando a infraestructuras estratégicas como bases militares y aeropuertos. El ataque sobre el aeropuerto de la capital provocó su cierre temporal, mientras que, en Kati, sede del Ministerio de Defensa, se registraron combates intensos.

Según varios analistas, el carácter simultáneo y planificado de la ofensiva convierte al ataque en el más grave desde la rebelión tuareg de 2012. En este caso, los insurgentes han combinado tácticas convencionales e irregulares, desde armas ligeras y artillería hasta coches bomba y drones, en una operación que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Ejército maliense y de sus aliados rusos, según analiza el Soufan Center.

¿Por qué es tan importante la caída de Kidal, en el norte?

Kidal no solo es una ciudad al norte de un país africano como Mali, sino también un símbolo histórico de la disputa entre el Estado maliense y los movimientos tuaregs que reclaman la independencia del Azawad. Fue un bastión rebelde durante más de una década hasta que, en noviembre de 2023, el Ejército de Mali, con apoyo de mercenarios rusos, logró recuperarla.

En su momento, dicha victoria fue presentada por la junta militar como un punto de inflexión en la “reconquista” del territorio. Sin embargo, la ofensiva del sábado ha revertido ese símbolo en cuestión de horas y, según imágenes difundidas en redes sociales pendientes de verificación, el FLA asegura haber tomado el control total de la ciudad.

Las primeras informaciones apuntaban a una resistencia limitada por parte de fuerzas malienses y de la milicia rusa Africa Corps, atrincheradas en la antigua base de la misión de la ONU en el norte de Mali, la MINUSMA. Tras combates y negociaciones, los efectivos rusos acabaron retirándose escoltados por los propios rebeldes.

¿Quiénes están detrás de los ataques y por qué sorprende su alianza?

La ofensiva ha sido reivindicada por dos actores, el JNIM y el FLA, con distintas trayectorias, pero con arraigos históricos entrelazados. El primero es la principal filial de Al Qaeda en el Sahel, mientras que el segundo agrupa a facciones tuaregs y árabes que reclaman la independencia del Azawad.

Aunque ya habían coincidido en terreno, especialmente en 2012, la cooperación pública y ordenada entre ambos supone un salto cualitativo en el devenir de la guerra al norte del país. En sus comunicados, tanto el JNIM como el FLA reconocen la participación conjunta en los ataques y se muestran abiertos a coordinar estrategias para que fomenten “una transformación real que sirvan a los intereses de la religión, el país y su gente”.

Esta alianza tiene implicaciones destacables. Por un lado, refuerza la capacidad operativa de ambos actores, combinando conocimiento del terreno, redes locales y experiencia insurgente y, por otro lado, complica la lectura internacional del conflicto. Un movimiento secesionista con apoyos externos, cuyos vínculos con Ucrania se han señalado en reiteradas ocasiones, se asocia con una organización terrorista.

¿Qué significa la muerte del ministro de Defensa?

El ataque alcanzó también el corazón del poder. Sadio Camara, ministro de Defensa y figura clave de la junta militar, murió en un atentado con coche bomba contra su residencia en Kati, a las afueras de Bamako. Según varias fuentes, el ataque, atribuido al JNIM, fue perpetrado por un suicida que empotró el vehículo cargado de explosivos contra el complejo, provocando una explosión.

Sadio Camara no era un simple ministro o actor secundario; por el contrario, era considerado el arquitecto de la estrategia militar del régimen. Camara había consolidado su influencia dentro del aparato de seguridad y promovido el giro geopolítico hacia Rusia tras la ruptura con Francia. Bajo su liderazgo se impulsó la salida de la operación Barkhane y la entrada de mercenarios del Grupo Wagner, posteriormente sustituidos por los Africa Corps.

Además, Camara lideraba la reciente operación ‘Dougoukoloko’ o ‘Reconquista del territorio’, destinada a reforzar el control estatal en zonas clave como Kidal o Tombuctú. Su muerte abre incógnitas sobre el transcurso de dicha estrategia y debilita la cohesión interna de la junta, donde mantenía un equilibrio complejo con el presidente de Mali, Assimi Goïta.

¿Qué papel desempeñan Rusia y la comunidad internacional?

Tras años de presencia militar francesa sin resultados concluyentes en materia de antiterrorismo, la junta maliense optó por estrechar lazos y fomentar sinergias de cooperación militar con Moscú, con los mercenarios rusos como protagonistas.

Sin embargo, su desempeño ha sido cuestionado. La incapacidad para proteger a figuras como Camara y la retirada de Kidal suponen un revés para Moscú. Todo ello sumado a las acusaciones de violaciones de derechos humanos que han recaído reiteradamente sobre las fuerzas rusas y a la ausencia de mejoras sustanciales de seguridad.

La región del Sahel, y concretamente el Sahel Central (Mali, Burkina Faso y Níger), se ha consolidado en los últimos años como el principal foco del terrorismo yihadista mundial, con la presencia no solo del JNIM, sino también de filiales del Estado Islámico activas en el resto de los países de la región africana.

¿Está realmente en peligro la junta militar?

La ofensiva ha abierto un escenario de incertidumbre y debate. Algunos analistas consideran que la coordinación y alcance de los ataques podría poner en riesgo la supervivencia de la junta, mientras que otros aseguran que el objetivo de los insurgentes no es necesariamente tomar el poder, sino forzar una negociación o debilitar al Estado.

Por ahora, el Gobierno insiste en que la situación está “bajo control”, ha impuesto toques de queda y llama a la calma. Aun así, lo que sí parece claro es que Mali entra en una nueva fase del conflicto y la historia del terrorismo en el país y la región.

En Gaza, la población civil sigue atrapada en un genocidio. En Ucrania, los bombardeos continúan golpeando infraestructuras esenciales. En Sudán, se han cumplido tres años de guerra y de la mayor crisis humanitaria del mundo. En Irán, la violenta represión sobre las protestas en enero de 2026 podría ser la más letal en décadas. Y, en EEUU, las políticas migratorias y la presión sobre organismos internacionales han encendido las alarmas sobre el retroceso democrático. El informe anual de Amnistía Internacional (AI) constata que en distintas partes del mundo se repite un mismo patrón: se ha producido un deterioro de los derechos humanos.

El trabajo analiza la situación de 144 países y concluye que el mundo atraviesa uno de los momentos más críticos desde la creación del sistema internacional de derechos humanos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La organización sostiene que ya no se trata de un deterioro progresivo, sino de un “ataque directo a los cimientos del sistema internacional basado en normas”.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, fue aún más contundente durante la presentación del informe: “La humanidad misma se encuentra bajo ataque”. Según explicó, el mundo ha entrado en una nueva fase en la que ya no se trata de advertencias, sino de una realidad consolidada: “Ya no estamos ante un colapso inminente, estamos dando cuenta de su llegada”.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, apunta que “vivimos un momento crítico para la humanidad”, marcado por la actuación de lo que define como “gobiernos depredadores” que buscan “control, impunidad y beneficios económicos” mediante violencias de derechos humanos.

Más guerra, impunidad y complicidad

El informe recién publicado por Amnistía Internacional documenta un aumento de crímenes de guerra, de lesa humanidad y otras violaciones graves, en un contexto en el que los mecanismos de rendición de cuentas pierden eficacia. Entre los ejemplos más señalados, tanto en el informe como en la rueda de prensa de presentación del trabajo, figuran el genocidio contra la población palestina en Gaza, los ataques en Ucrania o la violencia extrema en Myanmar y Sudán.

Callamard describió este escenario como el resultado de un cambio de paradigma. “Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral”, apuntó, en referencia a Estados que vulneran sistemáticamente el derecho internacional.

Beltrán señala directamente a varias potencias: “EEUU, Rusia, Israel y, en cierta manera, China o Myanmar cometen violaciones de derechos humanos para imponer su dominio”. Según explica, estas dinámicas pasan por “declarar guerras ilegales, violar el derecho internacional e intentar dejarnos sin las normas que nos han regido durante los últimos 80 años”.

Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral

Agnès Callamard — Secretaria general de Amnistía Internacional

El informe sitúa en ese contexto a líderes como Donald Trump, Vladímir Putin o Benjamín Netanyahu, a los que Callamard acusó de buscar “el dominio político y económico mediante la destrucción, la represión y la violencia a gran escala”.

El documento no solo pone el foco en los responsables directos de las violaciones, sino también en la actitud del resto de gobiernos cómplices. Según Amnistía Internacional, muchos Estados han optado por políticas de apaciguamiento, evitando confrontar a las potencias implicadas. “La mayoría de los gobiernos han optado por apaciguar a estos depredadores”, denunció Callamard, que criticó especialmente el papel de los países europeos. En la misma línea, Beltrán es tajante e incide en que “la mayoría de los gobiernos siguen políticas de apaciguamiento que echan más leña al fuego”.

Esta dinámica, advierte AI, tiene consecuencias directas sobre la población y la sociedad civil organizada. “Hay represión a periodistas, a defensores de derechos humanos, se intenta acabar con las voces críticas en todo el mundo”, apunta Beltrán.  

Represión, control y crisis climática

El deterioro de los derechos humanos no se limita únicamente a los escenarios de guerra. A escala nacional, el informe describe un aumento global de prácticas autoritarias a través de, por ejemplo, una mayor represión en las protestas en Irán, Estados Unidos, Turquía y Reino Unido, la criminalización de la disidencia en Egipto y la India y la vigilancia digital y censura en países como Serbia y Kenia.

Callamard alertó de que este modelo está consolidando un nuevo orden y “un mundo donde la guerra y el asesinato de civiles se han normalizado como herramientas de gobierno”. En esa lógica, añadió, la sociedad civil pasa a ser tratada como un enemigo y la disidencia se silencia mientras “se criminaliza la solidaridad y se convierte la ley en un arma”.

Hay represión a periodistas, a defensores de derechos humanos, se intenta acabar con las voces críticas en todo el mundo

Esteban Beltrán — Director de Amnistía Internacional en España

En muchos países, estas medidas se han traducido en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. La tecnología, según AI, está desempeñando un papel creciente en este proceso, al facilitar nuevas formas de control social.

Además, el informe vincula este deterioro con factores estructurales como la crisis climática y los recortes en la ayuda internacional a través del fin de la asistencia de USAID, la agencia humanitaria estadounidense. El mundo se encamina hacia un aumento de hasta tres grados en la temperatura global, lo que, según el informe, agravará problemas como la inseguridad alimentaria o los desplazamientos forzados.

La guerra con Irán y la figura de Trump

Uno de los ejemplos más claros de esta deriva es la escalada en torno a Irán. Según Amnistía, el conflicto se intensificó tras el ataque ilegal de EEUU e Israel en violación de la Carta de Naciones Unidas, al que siguieron represalias iraníes. Durante la presentación del informe, la responsable de la ONG advirtió de que esta dinámica ha desencadenado una espiral de violencia con consecuencias globales.

“El conflicto [en Oriente Medio] está poniendo en peligro la vida y la salud de millones de personas en toda la región”, señaló Callamard, que alertó de que sus efectos pueden extenderse más allá de la región, afectando al acceso a energía, alimentos o atención sanitaria en todo el mundo.

Además, la población iraní sufre una doble presión, por un lado, los ataques externos y, por otro lado, la represión interna. “Los iraníes son blanco de las bombas al tiempo que se enfrentan a una represión mortal por parte de su propio gobierno”, denuncia la secretaria general de la organización.

El informe también señala al papel de EEUU y, en particular, de Donald Trump, en el debilitamiento del sistema internacional. Callamard denunció que EEUU ha impuesto sanciones contra jueces y fiscales internacionales “por el simple hecho de estar haciendo su trabajo”, en referencia a las investigaciones de la Corte Penal Internacional.

Estas medidas, según Amnistía, forman parte de un intento más amplio de convertir la justicia internacional en un campo de batalla y debilitar los mecanismos de rendición de cuentas.

Espacios de resistencia y elogio a España

Pese al diagnóstico, el informe también recoge señales de resistencia. Callamard subrayó que “hay otra historia”, concretamente, la de millones de personas que se han movilizado, y se movilizan, en todo el mundo para defender los derechos humanos.

Desde protestas masivas contra la guerra en Gaza hasta acciones de trabajadores portuarios en países como España, Grecia o Marruecos para bloquear el envío de armas con destino a Israel, pasando por movilizaciones en defensa de derechos civiles como las que se dieron ante la prohibición de la Fiesta del Orgullo en Budapest para defender los derechos LGTBI. Beltrán también apunta que “la buena noticia es que hay una sociedad civil que se rebela, que lucha”.

En este sentido, Callamard destacó el papel de algunos Estados que han tratado de abrir grietas en la inacción general como, por ejemplo, España, al que definió como un país que, en los últimos años, ha hablado “alto y claro” sobre la importancia de la rendición de cuentas y ha evitado, a su juicio, el doble rasero que está erosionando el sistema internacional.

El ruido de los combates alcanzó el corazón del poder en Sudán en la madrugada del 15 de abril de 2023. El palacio presidencial, así como los aeropuertos de Jartum y Merowe, se convirtieron en los primeros escenarios de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Lo que comenzó como una lucha de poder entre dos cúpulas militares y señores de la guerra —Mohamed Hamdam Dagalo, líder de las FAR, y Abdelfattah al Burhan, líder de facto y jefe del ejército de Sudán— se ha transformado, tres años después, en una de las mayores crisis humanitarias, con reiteradas vulneraciones de los derechos humanos, y en un conflicto regional que incluye a aliados extranjeros.

Mariam tenía 18 años cuando fue violada por un grupo de hombres armados mientras iba a buscar agua en El Fasher, en Darfur del Norte. No lo contó en casa. Unas semanas después, durante la huida de la ciudad, su familia descubrió que estaba embarazada. “Tenía miedo, por eso no lo conté”, explicó más tarde a Plan International, una organización no gubernamental que defiende los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas en Sudán y en más de 80 países en el mundo.

La historia de Mariam se repite en un país donde, tres años después del inicio de la guerra, más de nueve millones de personas han sido desplazadas dentro de Sudán y más de 30 millones dependen de ayuda humanitaria. Hay regiones en una situación más crítica como es el caso de Darfur y Kordofán, con elevados niveles de emergencia alimentaria y riesgo de hambruna tras el colapso de los mercados y el bloqueo de las rutas comerciales.

Del golpe fallido a “archipiélago de guerras”

“El conflicto empezó como un golpe palaciego fallido y se ha convertido en un archipiélago de guerras civiles interconectadas”, explica a elDiario.es el analista geopolítico y director del Centre for Global Peace and Development en Sudán, Elhadi Abdalla Mohamed.

Dicha evolución es vital para entender el conflicto en Sudán hoy. No hay un único frente ni actor, sino múltiples guerras superpuestas en Jartum, Darfur, Kordofán o el Nilo Azul, donde operan las fuerzas paramilitares, el ejército sudanés, las milicias locales y las redes armadas relacionadas con economías ilícitas. Aun así, y como señala Abdalla Mohamed, lo lógica original no ha desaparecido. “El conflicto en Sudán sigue siendo una lucha contra el control del aparato coercitivo del Estado y de las rentas asociadas a él”, explica.

En estos tres años también han cambiado las formas de combatir. El conflicto ha pasado de combates urbanos caóticos a campañas más prolongadas, territoriales y tecnológicamente más complejas. “Ahora vemos una guerra de desgaste, con uso extensivo de drones, asedios prolongados y ataques sistemáticos contra infraestructuras y corredores de suministro”, explica el analista.

El conflicto en Sudán sigue siendo una lucha contra el control del aparato coercitivo del Estado y de las rentas asociadas a él

Elhadi Abdalla Mohamed — Director del Centre for Global Peace and Development en Sudán

El asedio de El Fasher ilustró este cambio. Desde abril de 2023 hasta octubre de 2025, cientos de miles de personas quedaron atrapadas en la ciudad sin acceso a alimentos ni agua. “Nuestra vida sucedía en los túneles, sin comida y sin agua”, recuerda anónimamente una trabajadora humanitaria. “Cuando se agotaron los recursos, la mayoría de la gente se vio obligada a comer el cuero de los animales muertos para sobrevivir”, añade.

Abdalla Mohamed advierte que “la economía de guerra ya no es un efecto secundario, sino parte del motor del conflicto”. El control de recursos como el oro, las rutas comerciales o las zonas agrícolas permiten financiar a los actores armados, mientras el saqueo, la extorsión y el control de carreteras se integran en la vida cotidiana.

Un conflicto que se alimenta desde el exterior

Según el Observatorio de Complejidad Económica, una plataforma de análisis visual de datos, Sudán está entre los 50 países más importantes en la exportación mundial de petróleo, que es a su vez el cuarto producto más exportado del país. Pero el petróleo no es todo. Sudán alberga en su suelo hierro, cobre, zinc, tungsteno, goma arábiga y oro (es el tercer extractor de oro más importante del continente africano), entre otros, y siendo este último la moneda de cambio con sus socios extranjeros.

“No estamos ante dos bloques enfrentados, sino ante redes de patrocinio superpuestas”, señala Abdalla Mohamed. En ese entramado, y con el oro por bandera, Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado de apoyar a las fuerzas paramilitares a través de canales vinculados al comercio del oro y redes transfronterizas, al mismo tiempo que Egipto respalda al Ejército sudanés por cuestiones de seguridad y control del río Nilo. Otros países del Golfo, Turquía o potencias occidentales también mantienen intereses propios en Sudán.

Cuando se agotaron los recursos, la mayoría de la gente se vio obligada a comer el cuero de los animales muertos para sobrevivir

Una trabajadora humanitaria

Según el director del Centre for Global Peace and Development en Sudán, esta injerencia extranjera y apoyos cruzados prolonga el conflicto: “Los actores sudaneses no son pasivos, explotan estas rivalidades para sostener la guerra”. Al mismo tiempo, la ausencia de coordinación internacional ha limitado los intentos de mediación. “Ha habido demasiados procesos paralelos y sin consecuencias reales cuando se violaban los acuerdos”, señala el analista, en referencia a iniciativas como las negociaciones de Yeda, en Arabia Saudí.

Colapso humanitario

El impacto humanitario del conflicto en Sudán es masivo. Más de 30 millones de personas necesitan asistencia y el país africano vive la mayor crisis de desplazamiento y hambre de todo el mundo.

El desplazamiento interno supera ya los nueve millones de personas, especialmente concentrados estos movimientos en zonas como Darfur, Kordofán y el estado de Jartum que, a su vez, han sido los principales epicentros del combate. Las rutas de huida siguen patrones similares desde áreas urbanas como Jartum o El Fasher hacia zonas rurales aparentemente más seguras o hacia localidades como Tawila, en Darfur del Norte.

El desplazamiento no se limita al interior del país. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de 3 millones y medio de sudaneses han cruzado las fronteras de su país en los últimos tres años. Egipto es el principal país de acogida, con 1,5 millones de refugiados, aunque sólo alrededor de la mitad están registrados como tales. Le sigue Chad, con más de 900.000 refugiados, procedentes sobre todo de la región sudanesa de Darfur. A Sudán del Sur han vuelto más de 800.000 ciudadanos de este país que habían huído anteriormente a Sudán, además de casi medio millón de refugiados sudaneses.

Los centros hospitalarios y educativos están prácticamente inoperativos en gran parte del país. Los centros de salud carecen de personal, medicamentos y capacidad operativa, incluidos servicios básicos de atención a víctimas de violencia. Según datos aportados por Plan International, solo un 3,3% de adolescentes tiene acceso a anticonceptivos y una proporción similar dispone de productos de higiene menstrual. La educación también ha sufrido un batacazo. En las zonas más afectadas, el 75% de los adolescentes están fuera del sistema educativo.

Violencia sexual: una práctica extendida

La violencia sexual en el conflicto de Sudán aparece en todos los informes de organizaciones no gubernamentales y centros de análisis e investigación. En las zonas analizadas en Darfur, Plan International apunta que las adolescentes identifican el abuso psicológico, el matrimonio infantil, la explotación sexual, el acoso y la violación como las formas más comunes de violencia de género, siendo las dos primeras las más extendidas, con un 18% y un 16%, respectivamente.

Las cifras reflejan, además, un entorno en el que la violencia es estructural y salpica la vida cotidiana. Algunos testimonios relatan que actividades básicas como recoger agua o leña se consideran de alto riesgo por la presencia de grupos armados. Por otro lado, la trabajadora humanitaria anónima describe violaciones masivas durante los desplazamientos, incluidas menores que quedaron embarazadas sin atención médica.

Abdalla Mohamed subraya, por su parte, que este tipo de prácticas no pueden entenderse como episodios aislados, sino como parte de una dinámica más amplia de violencia contra civiles que incluye asesinatos, hambre inducida y ataque sistemáticos contra la población civil.

Ibrahima tenía 12 años cuando su padre decidió que debía hacerse “más hombre”. Lo llevó a trabajar en la pesca, convencido de que el esfuerzo físico corregiría lo que familia veía como una desviación. “Nunca me gustó. Yo quería otra vida, pero no tenía elección”, recuerda hoy desde Francia en una conversación con elDiario.es.

Creció en Senegal en una familia profundamente religiosa, marcada por la figura de un padre imán y por un entorno donde cualquier diferencia era castigada. En el barrio lo molestaban, lo señalaban y lo reducían a un insulto que ni siquiera entendía. En casa, la violencia era una constante. “Mi hermano mayor me golpeó varias veces, incluso una vez en el mar, donde pensé que iba a morir”, relata. Desde muy joven, Ibrahima comprendió que su identidad no tenía espacio en el mundo que lo rodeaba. 

Años después, en 2020, fue detenido junto a otros hombres acusados de “actos contra natura”. Pasó tres meses en prisión en condiciones extremas, hacinado con decenas de personas, sin poder dormir y bajo amenazas constantes y agresiones de otros reclusos. “Pensé que no iba a salir de allí”, dice. Hoy vive en Francia, adonde llegó en 2024, intentando reconstruir una vida atravesada por la violencia. 

Su historia no pertenece al pasado, es el presente de Senegal. En marzo de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del Código Penal que pena con hasta diez años de prisión las relaciones entre personas del mismo sexo y criminaliza cualquier forma de “promoción” de la homosexualidad. La norma amplía la persecución de activistas, organizaciones y cualquier persona que defienda los derechos LGTBI, e introduce sanciones económicas que pueden alcanzar los 15.000 euros, equiparando la homosexualidad a delitos como la zoofilia o la necrofilia.

Una ola que recorre parte de África

Senegal no es una excepción. De los 65 países que criminalizan la homosexualidad en el mundo, 33 están en África. En los últimos años, el continente ha vivido un endurecimiento acelerado de este tipo de legislaciones, en una dinámica que combina política interna, presión social y redes e influencias internacionales. 

Uganda se convirtió en 2023 en el epicentro de esta regresión al aprobar una de las leyes más duras del mundo, con penas que incluyen la cadena perpetua e incluso la pena de muerte en casos de “homosexualidad agravada”. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de abusos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y campañas de persecución social.

En Burkina Faso, la reforma de 2025 llega en un contexto de inestabilidad política crónica, con golpes de Estado recientes, presencia de grupos yihadistas y un Estado cada vez más debilitado fuera de la capital. En ese escenario, el endurecimiento de las leyes anti-LGTBI empuja al colectivo hacia la clandestinidad. 

El Parlamento de Ghana ha aprobado nuevas restricciones en una ley cuya versión anterior fue aprobada en 2024, pero no llegó a entrar en vigor al no recibir el respaldo del entonces presidente Nana Akufo-Addo. Su sucesor, John Dramani Mahama, en el poder desde enero de 2025, sí ha mostrado apoyo a la iniciativa. 

La huella de la derecha cristiana estadounidense

Tanto Senegal como otros países del continente africano comparten un elemento común denominador: la influencia de redes ultraconservadoras occidentales en esta ola legislativa contra el colectivo homosexual. 

En Senegal, la red And Samm Jikko Yi, clave en la presión para endurecer la ley, mantuvo contactos desde 2024 con MassResistance, una organización estadounidense con sede en Massachusetts que considera la homosexualidad una amenaza para la salud pública. MassResistance no es un actor marginal. En Estados Unidos ha impulsado campañas contra el matrimonio igualitario y los derechos de las personas trans, y forma parte de un entramado más amplio de organizaciones que exportan una agenda ultraconservadora a nivel internacional. 

Desde la llegada de la Administración Trump en Estados Unidos, el clima político en el país ha reforzado las redes de ultraconservadores. De hecho, según Reuters, el caso de Senegal es el primer caso documentado de un grupo estadounidense ayudando a sacar adelante una ley anti-LGTBI en África desde la vuelta al poder de Donald Trump. 

Según la agencia, esta organización asesoró a actores senegaleses en estrategias de movilización, comunicación y presión política para impulsar la reforma legal. Este tipo de colaboración incluye desde el diseño de campañas hasta el intercambio de materiales ideológicos y jurídicos. 

No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país

Ibrahima

El caso de Senegal no es aislado. En Ghana, la misma organización ha participado en el debate legislativo y ha colaborado con activistas locales, mientras que otras plataformas como Family Watch International o CitizenGO, fundada por la asociación española HazteOir han organizado conferencias, financiado campañas y trabajado directamente con líderes políticos y religiosos en distintos países africanos, como han destapado algunas informaciones periodísticas. En los últimos años, investigaciones por parte de organizaciones como Open Democracy han documentado que desde 2007 al menos una veintena de grupos ultraconservadores cristianos estadounidenses han destinado decenas de millones de dólares a organizaciones africanas en contra de las personas LGTBI.

Este entramado se articula en torno a lo que algunos investigadores denominan el movimiento transnacional “pro-family”, una red global que exporta marcos legales, discursos y estrategias políticas. Aun así, la paradoja es evidente. Mientras desde África los discursos oficiales insisten en que la homosexualidad es una imposición occidental, parte de la ofensiva contra los derechos LGTBI también lo es. 

Además, el recorte de la financiación internacional de Estados Unidos a través de la suspensión del programa USAID ha llevado a la reducción de programas considerados “sociales o divisivos”, sobre todo en el ámbito de la salud pública. En Senegal, la prevalencia del VIH es del 0,3% en la población general, pero alcanza hasta el 49% entre hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres en algunas zonas de Dakar. A partir de ahora, la criminalización del colectivo dificulta el acceso a tratamiento y prevención, empujándolos a la clandestinidad. 

Crisis, desgaste político e instrumentalización de la moral

La aprobación de la ley no puede entenderse sin el contexto económico y político que atraviesa Senegal. El país vive una situación financiera crítica. Tras años de gestión opaca, la deuda pública ha superado las cifras oficiales, superando el 100% del Producto Interior Bruto, lo que ha obligado al Gobierno a hacer frente a pagos urgentes a acreedores internacionales para evitar el default. El peso de la deuda consume ya más de la mitad de los ingresos del Estado. 

Las consecuencias son visibles: becas estudiantiles impagadas, recortes en servicios públicos y un sistema universitario tensionado que han provocado protestas recurrentes. En febrero de 2026, la muerte del estudiante Abdoulaye Ba durante una intervención policial en una protesta por el retraso de becas volvió a poner de relieve la fragilidad del modelo. El caso de Abdoulaye no es un caso aislado; al menos seis estudiantes han muerto en contextos similares en los últimos 25 años. 

Este clima de tensión se combina con un desempleo juvenil persistente y una creciente frustración de los jóvenes, que fueron clave en la llegada al poder de los actuales líderes del país, Bassirou Diomaye Faye y Ousmane Sonko en 2024. Ambos encarnaban una promesa de ruptura con el sistema anterior y, dos años después, esa promesa se enfrenta a sus límites.

En este contexto, la ley contra la homosexualidad aparece como una herramienta política de bajo coste y alto rendimiento simbólico. “Hay muchos problemas más importantes en Senegal”, apunta Ibrahima a elDiario.es. Desde su experiencia, la cuestión LGTBI ha sido utilizada como sustituto de esas respuestas que no llegan. “No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país”, insiste. 

El propio calendario refuerza esta lectura. La aprobación de la ley coincidió con un momento de alta presión financiera sobre el Estado y un aumento de las críticas internas. Dentro del propio Gobierno, la medida también cumple una función de posicionamiento. Mientras Faye adopta una posición más institucional, centrada en la gestión económica, Sonko, por su parte, y como principal impulsor de la ley, refuerza su liderazgo apelando a los “valores africanos” y la soberanía cultural. 

Para Ibrahima, es una lógica clara: “Se está utilizando a las personas homosexuales para distraer a la población”. A su juicio, el Gobierno busca demostrar que cumple sus promesas en un terreno simbólico, aunque no lo haga en lo económico. “Quieren decir que han hecho algo, aunque no sea lo más importante”.

“Cuando me detuvieron me encontré con que el fiscal era homófobo, pero mi abogado, también. Ahora ese mismo abogado se ha convertido en un diputado de la Asamblea Nacional y ha apoyado iniciativas políticas anti LGTBI. Está claro que no tienes a nadie que te defienda”, concluye. 

La acción humanitaria atraviesa un trance que ya no se explica como una única crisis, sino que se asemeja más a un cambio de época. Al mismo tiempo que aumentan los conflictos, los desastres climáticos y los desplazamientos forzosos, el dinero público que sostiene la respuesta humanitaria se está contrayendo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proyectó para 2025 una caída de la ayuda oficial al desarrollo de entre el 9 y el 17% y advirtió sobre el impacto especialmente en regiones como el África subsahariana.

Al mismo tiempo, se cumple un año desde que la administración Trump de EEUU anunció que eliminaba más del 90% de los contratos de la agencia de ayuda humanitaria USAID, uno de los principales donantes globales, y recortes en decenas de miles de millones de dólares en asistencia internacional. La caída de fondos se mide, además, en cierres y despidos y, por supuesto, en retos para las organizaciones que trabajan en el terreno. Según la Red de Aprendizaje Activo para la Rendición de Cuentas y el Rendimiento en Acción Humanitaria (ALNAP), en 2025 ocho agencias de la ONU, ocho grandes organizaciones internacionales y el Comité Internacional de la Cruz Roja recortaron en total más de 31.000 puestos.

El giro de Washington no se lee solo en clave contable. El medio Foreign Policy lo sitúa en un contexto de creciente inquietud por la influencia de China y Rusia en regiones como África y por la capacidad de Estados Unidos de aguantar el pulso en la región. La orden ejecutiva que congela la asistencia exterior marca el comienzo de un nuevo ciclo en el que la ayuda se subordina explícitamente a la agenda America First.

Una oportunidad tras el golpe

El desplome de USAID también está forzando un debate: ¿por qué el sistema está diseñado para que quien pone el dinero desde lejos decida a distancia? Y, sobre todo, si la retirada del principal donante obliga a diversificar fondos, ¿puede eso acelerar un reequilibrio de poder hacia organizaciones y autoridades locales?

Ese debate, a menudo resumido en la palabra “localización”, está en el centro del enfoque que defiende Plan International España. La organización trabaja en la defensa de los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, así como la prestación de ayuda humanitaria en guerras, emergencias y contextos de conflicto. Virginia Saiz Gomis, nueva directora general de la organización en España, explica en una entrevista con elDiario.es que el contexto es “muy polarizado” y complejo, con decisiones tomadas desde el Norte Global para recortar cooperación mientras se multiplican crisis y conflictos.

El cambio pasa por trasladar el mando de control. “Si visitas una comunidad donde trabaja Plan International, el trabajo es 100% local y está en manos de jóvenes, grupos de mujeres y autoridades del lugar”, apunta Saiz. El cambio no es “traumático” para la organización, pero sí exige transferir cada vez más decisiones porque “una parte considerable del dinero de la ayuda internacional sigue viniendo desde el norte”.

Prioridades más allá del Norte o Sur Global

El principal nudo del sistema no es que la financiación llega desde el norte, sino que, en general, llega con condiciones. Saiz describe que “los donantes son muy estrictos y muy poco flexibles”, lo cual lleva a una rendición de cuentas compleja. Su diagnóstico es que el cambio no puede quedarse en que “las organizaciones internacionales transfieran”, sino que también implica la movilización de donantes bilaterales y privados, flexibilizar las reglas del juego y aceptar que el control total desde un despacho no es compatible con que se tomen decisiones realmente locales.

Cuando quienes viven el problema deciden, los proyectos tienen más legitimidad, duran más y generan apropiación

Virgina Saiz Gómez — Directora general del Plan International España

Desde Perú, Amalia Alarcón, gerente regional de Programas para América Latina y el Caribe en Plan International, indica que el efecto de esas reglas es que muchas organizaciones acaban adaptando su agenda a lo financiable. En Colombia, recuerda, algunas iniciativas terminaban “disfrazando” proyectos de igualdad de género como contribuciones a la paz porque ese era el marco que atraía fondos. “La escucha suele darse desde la entidad que necesita dinero hacia quien lo da, y no al revés”, insiste.

Para Saiz, acercar decisiones al terreno tiene varias ventajas inmediatas: por un lado, menos intermediarios, por otro lado, más cercanía respecto a la gente afectada y una tercera ventaja, decisiva, relacionada con la legitimidad. “Cuando quienes viven el problema deciden, los proyectos tienen más legitimidad, duran más y generan apropiación”, apunta la directora de Plan International.

A su vez, el sector insiste en que la localización no solo debe implicar el traslado de la responsabilidad, con sus riesgos asociados, sino también el de recursos y autonomía. “A veces el socio local no necesita manuales ni más fortalecimiento, pues ya tienen metodologías y auditorías propias”, insiste Alarcón. “Incluso herramientas que se presentan como ‘evaluaciones mutuas’ rara vez lo son de verdad. El ‘mutuo’ termina siendo asimétrico porque la entidad internacional sigue actuando como ‘el donante social’”, añade.

El poder también reside en las entidades internacionales

El cambio no es solo norte-sur, también implica tensiones internas. Alarcón subraya que en organizaciones grandes existen relaciones de poder entre la oficina de un país y las sedes regionales y globales, además de las sedes recaudadoras. “El cambio es lento porque llevar las decisiones cerca del terreno exige tocar presupuestos, recursos humanos y estructuras”, apunta.

Plan International pone un ejemplo concreto con el caso de Bolivia. “Hemos cerrado como Plan International, es decir, como implementador directo. No para salir del país, sino para que sean los socios los que implementen. Nuestro papel ya debe pasar solo por [analizar] la incidencia y [facilitar] el acceso. Tenemos el privilegio de llegar a espacios internacionales que son más difíciles para las entidades locales. Nuestro rol es conectar y abrir puertas”, explica Alarcón.

Si la retirada de USAID implica menos cobertura y endurecer las prioridades, el golpe llevará al colapso. Si, en cambio, se acelera una redistribución del poder, podría abrirse una ventana para los países más afectados: más financiación directa y flexible para actores locales, más cooperación regional y sur-sur, menos cadenas de subcontratación y más capacidad de decisión allí donde se viven las crisis.

Saiz Gomis lo resume como un ajuste de roles, no como un conflicto: “El norte puede aportar recursos y conocimiento, pero debe dominar menos, permitir más y ser más flexible”.

El tránsito entre la infancia y la edad adulta es un trance existencial lleno de incertidumbre que se complica en el caso de los menores tutelados por el Estado cuando salen del sistema de protección al cumplir la mayoría de edad. Carentes de las redes familiares del resto de la población, el riesgo de pobreza y exclusión social se multiplica, como constata la ONG Aldeas Infantiles en un informe sobre esta situación. Toda ayuda resulta crucial para salir adelante con garantías, como constatan en conversación con elDiario.es dos de los propios beneficiarios de los programas de acompañamiento a extutelados que desarrolla la organización.

Hamid tiene un objetivo claro: convertirse en educador social. Una meta a la que mira con ilusión, mientras estudia integración social, y que no es casual. La experiencia de haber vivido en el sistema de protección y, sobre todo, el ejemplo de quienes le acompañaron allí ha labrado sus aspiraciones profesionales. “He coincidido con personas maravillosas y educadores que me han salvado la vida”, explica. “Desde mi experiencia y sabiendo cómo se sienten las personas que están en la situación en que estuve yo, creo que sería de gran ayuda en un futuro ser educador”, añade.

Cuando Hamid, de origen marroquí y afincado ahora en Granada, imagina el escenario sin el apoyo psicosocial y la asistencia recibida de Aldeas Infantiles SOS España, organización dedicada a proteger a niños, niñas y jóvenes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo, no duda. “Seguramente no estaría estudiando, ni tendría el título de la ESO. Mi situación sería muy diferente”.

No habla solo de títulos o de empleo, también habla de supervivencia y de lo que significa cumplir la mayoría de edad con la incertidumbre de los papeles, el miedo a quedarse en la calle y la necesidad básica de una orientación adulta en un momento en el que, de un día para otro, “tienes que abandonar la que ha sido tu casa un tiempo”.

[Sin apoyo] seguramente no estaría estudiando, ni tendría el título de la ESO. Mi situación sería muy diferente

Hamid — Estudiante de origen marroquí afincado en Granada

A cientos de kilómetros, Sara (nombre ficticio) pone palabras a su pasado: lo que marca la diferencia no es solo el techo o el dinero, sino tener derecho al error. “A mí, Aldeas Infantiles me ha permitido equivocarme”, resume. “Me han dado tiempo para madurar, para reparar y para sostener una vida que no se aprende a gestionar de golpe”, explica por teléfono. En su caso, que Aldeas Infantiles siguiera apostando por ella, incluso en un mal momento, le cambió la vida. “Me ayudaron a creer en mí misma y no sentirme una fracasada”, apunta.

Según el último boletín con datos estadísticos de 2023 de medidas de protección a la infancia y la adolescencia elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, en España hay alrededor de 52.000 niños, niñas y adolescentes que crecen en acogimiento, siendo Castilla y León, Galicia, Cantabria y Andalucía las comunidades autónomas con el mayor porcentaje.

Un cumpleaños que no llega igual para todos

Miguel Ángel Gallardo, director del Programa de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS en Andalucía, explica con una frase lo que se repite como un eco para los extutelados: “La mayoría de edad es un salto al vacío”. Lo es para cualquiera, pero con una diferencia abismal. La juventud tutelada, dice, se enfrenta a esa frontera “sin red social”, con “vivencias de trauma, abandono, de maltrato” y con menos margen de error que otros jóvenes de su misma edad.

Como explica Gallardo, en la España de 2026, si ni siquiera para la mayoría de los jóvenes la emancipación a los 18 años es realista, para quienes salen del sistema de protección, el listón es todavía más alto. “No solo se trata de pagar un alquiler o encontrar un trabajo, sino de hacerlo mientras se aprende lo que otros aprenden en casa. Los jóvenes que encontramos cargan con una mochila emocional muy pesada”, añade.

Según el último boletín con datos estadísticos de 2023 de medidas de protección a la infancia y la adolescencia elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, en España hay alrededor de 52.000 niños, niñas y adolescentes que crecen en acogimiento

Aldeas Infantiles SOS desarrolla su Programa de Jóvenes para acompañar a quienes han crecido bajo la tutela al cumplir la mayoría de edad, a través de proyectos de autonomía y recursos residenciales. Según los datos que proporciona la entidad, solo en 2024 atendieron a 1.406 jóvenes, dentro de un programa que incluye ocho proyectos de autonomía y pisos dirigidos a jóvenes extutelados.

Además, cuentan con pisos para “jóvenes sin referentes familiares”, donde se acompaña su acceso a permisos, formación y empleo. En la práctica, ese acompañamiento se traduce en lo que Sara enumera: un piso, manutención, apoyo emocional, ayuda con trámites y orientación según las necesidades. Y en lo que Hamid define como condición para poder imaginarse distinto y cubrir lo básico para que la meta no sea “solo sobrevivir”.

A su vez, en las conversaciones con Hamid y Sara se repite una palabra: el estigma. Hamid, por su parte, cuenta que, al decir que viene de un centro de menores, muchas veces la pregunta automática es “¿qué has hecho?”. Y añade que, siendo de origen marroquí, el prejuicio se carga aún más de sospecha. “Hay muchos estereotipos y siendo de Marruecos lo asocian directamente a la delincuencia”. Sara, por su parte, describe cómo en su ciudad se relacionan los programas de acompañamiento a jóvenes extutelados como una amenaza, mezclando protección con castigo.

¿Qué pasa si no existiera el apoyo?

La respuesta aparece cuando se les pide que describan “el después”. Hamid recuerda el miedo de aquellos días, y no el miedo a no quedarse sin comida, sino a un futuro sin protección legal. Sin papeles, ni contrato o permiso de trabajo. En su relato, el apoyo de Aldeas Infantiles no era un complemento, sino más bien lo que le permitió poner orden a sus prioridades. “Si no tuviese unas necesidades básicas cubiertas sería muy difícil conseguir mis objetivos. Comer y tener un sitio donde dormir para así estar bien emocionalmente”, apunta.

No solo se trata de pagar un alquiler o encontrar un trabajo, sino de hacerlo mientras se aprende lo que otros aprenden en casa. Los jóvenes que encontramos cargan con una mochila emocional muy pesada

Miguel Ángel Gallardo — Director del Programa de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS en Andalucía

Sara describe esa misma idea desde el impacto psicológico del cambio. “Es muy violento pasar de estar, a los 17 años, constantemente rodeada de educadores a, un día después, sola en un piso y no tener a nadie cerca”. Sin una ayuda externa, advierte, los problemas cotidianos como la compra, el alquiler o la incertidumbre generalizada se convierten en “arenas movedizas”. “No habríamos podido salir de esa soledad sin que alguien te extienda la mano”.

Gallardo, por su parte, enmarca esa estrategia de acompañamiento como una de las principales misiones de Aldeas Infantiles. “Hay que estar ahí cuando el Estado deja de estar y sostener ese tramo, frágil, en el que no basta con sobrevivir, sino que hay que aprender a vivir”, añade.

Los datos avalan las declaraciones de Gallardo y las historias de vida de Hamid y Sara. Según datos desprendidos de la Encuesta de la Federación de Entidades para la Emancipación Juvenil (FEPA) de 2024, nueve de cada diez jóvenes tutelados y extutelados estudia, trabaja o compagina ambas cosas, siendo el empleo la principal fuente de ingresos para el 38% de los jóvenes.

En su nueva entrega, la VII edición de los Premios Desalambre, organizados por elDiario.es para reconocer el trabajo de periodistas y organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos, ya tiene ganadores. Este año, los galardones ponen el foco en miradas que corrigen ausencias, como la de las personas negras mayores en España, en el periodismo sostenido que abre camino en la cobertura de África y las migraciones, en un activismo y trabajo incansable sobre el genocidio en Gaza desde dentro y en campañas del tercer sector capaces de reconectar la cooperación con la sociedad civil utilizando códigos culturales contemporáneos o la inteligencia artificial. 

Los premios Desalambre de este año reconocen como mejor trabajo periodístico a Afromayores, un proyecto audiovisual y fotográfico alojado en redes sociales que visibiliza y amplifica las voces de personas africanas y afrodescendientes mayores en España. Por su parte, el premio a la perseverancia en trayectoria profesional recae en Pepe Naranjo, periodista especializado en migraciones desde Senegal y otros puntos del continente africano, por una trayectoria marcada con la constancia en la cobertura de la región, abriendo espacios informativos y generando conversación pública sobre realidades que, a menudo, quedan en los márgenes. 

En el ámbito del tercer sector, este año el jurado ha reconocido el trabajo de dos entidades en la categoría de mejor campaña de comunicación. Los premiados son el 'Tarot de la Cooperación', de la Coordinadora de ONGD de València, una iniciativa dirigida especialmente a población joven que utiliza la simbología del tarot para conectar retos globales con la realidad local y activar conversación. Y 'Cambiando una palabra', de Save the Children, una campaña que visibiliza las dos caras de la infancia en un momento en el que el mundo digital gira en torno al potencial de la inteligencia artificial.  

Por otro lado, el galardón a mejor activista en defensa de los derechos humanos ha recaído en Kayed Hammad, periodista, productor e intérprete gazatí con una trayectoria de años acompañando a medios internacionales y dando testimonio desde Gaza sobre el impacto humano de la guerra y el asedio en Palestina. 

Premios Desalambre en la categoría de periodismo:

Premios Desalambre en las categorías de activismo y ONG:

La entrega de premios se producirá el próximo jueves 12 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en CaixaForum en Madrid. El jurado de la VII edición de los Premios Desalambre ha estado compuesto por Juan Luis Sánchez, cofundador y subdirector de elDiario.es; Javier Biosca, redactor jefe de internacional de elDiario.es; Gumersindo Lafuente, editor de la revista de elDiario.es y exdirector adjunto del periódico; Olga Rodríguez, periodista especializada en Oriente Medio y derechos humanos y cofundadora de elDiario.es; Moha Gerehou, periodista y activista antirracista; Cristina Fuertes, responsable de comunicación interna de la Coordinadora de ONGD; y Pilar del Río, periodista, traductora y presidenta de la Fundación José Saramago. 

Afromayores

El Premio Desalambre para el mejor trabajo periodístico escrito o multimedia es para Afromayores, un proyecto coordinado por Lucía-Asué Mbomío Rubio y Laurent Leger Adame, que visibiliza a las personas negras mayores de 65 años en España. El trabajo de fotografías y video-entrevistas, alojado en Instagram y YouTube, es una forma de reconocer la presencia de dicho colectivo de edad y de deshacer las lógicas asociadas a la persona migrante. Además, Afromayores no es solo un proyecto periodístico o fotográfico, sino que también ha implicado la organización de exposiciones, mesas redondas o encuentros intergeneracionales en los que los y las protagonistas del proyecto también son partícipes. El jurado ha recalcado la originalidad del trabajo y la trascendencia narrativa que abarca el proyecto desde una pequeña iniciativa. 

Pepe Naranjo, premio a la perseverancia

El ganador al premio que reconoce una trayectoria de perseverancia es Pepe Naranjo, periodista freelance. Desde 2011, reside en Senegal, desde donde ha publicado decenas de crónicas y reportajes para distintos medios, sobre todo El País. En los últimos años ha puesto el foco en el conflicto del Sahel con reportajes desde Mali, Burkina Faso y Níger. Autor de Cayucos (2006) donde ilustra la primera crisis de los cayucos, Los invisibles de Kolda (2009), una reconstrucción sobre uno de los peores naufragios de la ruta canaria y El río que desafía al desierto (2019), una recopilación de crónicas sobre África. El jurado ha destacado su perseverancia en la comunicación de las migraciones en España y desde el continente africano, la participación y organización de eventos y encuentros, así como su estrecha colaboración con entidades del tercer sector desde el periodismo. 

Mejor campaña de comunicación: un galardón para Save the Children y la Coordinadora Valenciana de ONGD 

En esta edición de premios Desalambre, el galardón a la mejor campaña de comunicación recae en dos entidades. Por un lado, para el Tarot de la Cooperación de la Coordinadora Valenciana de ONGD. La campaña premiada es fruto de meses de trabajo participativo con jóvenes de toda la Comunitat Valenciana. A lo largo de ese tiempo, la Coordinadora se ha reunido con colectivos juveniles que trabajan en justicia climática, feminismo y cooperación al desarrollo, con espacios de barrio y organizaciones colaboradoras. El resultado ha sido una campaña que utiliza la simbología del tarot para hablar de crisis climática, soberanía alimentaria, comercio de armas y racismo, entre otros temas. 

La otra campaña premiada es Cambiando una palabra, de Save the Children. Una campaña que visibiliza situaciones de infancia en distintos lugares con imágenes creadas por inteligencia artificial. La organización ha utilizado esta herramienta para concienciar y en la que los propios usuarios pueden comprobar por sí mismos cómo cambian las imágenes al modificar una sola palabra en los prompts dentro de las plataformas de inteligencia artificial. 

Kayed Hammad

El Premio Desalambre al activista del año es para Kayed Hammad, periodista, activista, intérprete y cineasta palestino. Desde Gaza, Hammad ha explicado el impacto del genocidio y ha colaborado como fixer con distintos medios de comunicación. Después de meses de trámites, consiguió salir de Gaza con su familia. Ahora, Hammad continúa trabajando para visibilizar la realidad del pueblo palestino y, a la vez, defiende el rol de los intérpretes y fixers como él, imprescindibles para garantizar el trabajo periodístico. El jurado ha recalcado su inagotable presencia y colaboración con los periodistas, así como la importancia de su activismo. 

Premio a una trayectoria profesional 

Además de los cinco galardones repartidos en las categorías de Periodismo y ONG/Activismo, elDiario.es concederá un reconocimiento especial a una trayectoria destacada en el ámbito de las ONG, un premio honorífico que pone en valor una labor continuada de trabajo en el tercer sector. El anuncio del ganador se producirá durante la gala el próximo jueves 12 de marzo de 2026.

Las personas finalistas son:

Ali tenía 13 años cuando le explotó un proyectil cerca mientras jugaba al fútbol. Perdió una pierna. Su hermano Nour, de nueve, terminó con una lesión medular que le provocó paraplejia. Su madre emprendió un camino desesperado por varias ciudades en Sudán en busca de atención médica en un país donde la guerra ha vaciado hospitales y carreteras. En ese trayecto, la ayuda humanitaria fue lo único que encontró en forma de red: apoyo para el transporte, material escolar y artículos de manutención básica. Lo suficiente para que sus dos hijos volvieran a la escuela.

Historias y testimonios similares se repiten en Sudán desde hace más de 29 meses de conflicto abierto, con un impacto devastador sobre los menores. Pero fuera del país, Sudán se desliza por los márgenes, aparece y desaparece en medios de comunicación eclipsado por otras guerras y urgencias. Mientras, dentro, se acumulan las señales de una catástrofe sostenida con una violencia generalizada, desplazamientos masivos, brotes de cólera y hambruna confirmada en zonas de Darfur el Norte y Kordofán del Sur. 

La guerra civil en Sudán, que estalló en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) sigue agravándose y transformando el país en una catástrofe humanitaria. A finales de octubre de 2025, las paramilitares RSF capturaron Al Fasher, última capital estatal bajo control gubernamental en Darfur del Norte, marcando un punto de inflexión político y militar al expulsar al ejército en vastas zonas del país y fragmentar aún más el control territorial. 

La caída de Al Fasher y las ofensivas en otras regiones han estado acompañadas por atrocidades generalizadas, incluidas masacres de civiles y violencia sexual. Una misión independiente de la ONU ha alertado de que las acciones de las RSF en este enclave muestran “indicios de genocidio” contra comunidades no árabes, con asesinatos masivos y violencia sistemática que pueden reflejar intención genocida por parte de la milicia. 

La mayor crisis humanitaria del planeta

“La mayor crisis humanitaria del planeta” suena a frase hecha hasta que se escucha a quien trabaja allí. “No es una afirmación retórica”, dice Francesco Lanino, subdirector de Programas y Operaciones de Save the Children en Sudán durante una conversación con elDiario.es. “Es una descripción basada en la realidad sobre el terreno. Es una combinación devastadora de guerra activa, desplazamientos masivos y colapso casi total de servicios básicos”, añade. 

Lanino pone un ejemplo que da cuenta del riesgo: “Alrededor de 375.000 personas están en hambre extrema al borde de la hambruna en Darfur”. Describe asentamientos improvisados, niños desnutridos y familias que dependen completamente de la ayuda humanitaria. “Esta crisis no se está estabilizando. Está empeorando”, insiste el subdirector desde Sudán. 

Muchas familias nos dicen que sienten que el mundo se ha olvidado de ellas. Ese sentimiento tiene consecuencias reales. Menos presión diplomática, menos recursos y menos protección para la protección civil

Francesco Lanino — Subdirector de Programas y Operaciones de Save the Children en Sudán

Según datos proporcionados por Save the Children, más de 15 millones de niños y niñas necesitan ayuda urgente, casi seis millones han sido desarraigados de sus hogares y más de 10 millones están expuestos a violencia en primera línea. A ello se suma que hasta el 70% de los hospitales en zonas de conflicto han cerrado y 13 millones de menores siguen sin poder acudir a las aulas. Más de 3.000 centros educativos se utilizan como refugios. 

Shiroug, nacida y criada en Sudán, es doctora, pero en sus ratos libres se dedica a su verdadera pasión: la ilustración. Actualmente vive en el estado de Al Jazirah, un lugar, cuenta, “relativamente seguro por el momento”. Cuando empezó la guerra, tuvo que dejar su casa en Jartum y desde entonces ha tenido que desplazarse, al menos, un par de veces. En el barrio en el que creció “ya no hay seguridad, está casi abandonado y no hay electricidad”, dice a este medio. 

A la pregunta de cómo se vive el día a día, Shiroug responde con una emoción sostenida. “En Sudán domina la preocupación, el futuro es desconocido y la poca estabilidad que queda en los estados más seguros es temporal”, apunta la joven. Habla también del cansancio de la juventud: “En los últimos años, incluso antes de la guerra, los jóvenes han pasado por muchas cosas sin poder procesar realmente lo que está sucediendo”.

El silencio como multiplicador del daño

Shiroug expresa su frustración por la escasa atención que suscita la guerra a nivel mediático. “Al principio había poca cobertura y, cuando llegó, ya era tarde. El genocidio de Al Geneina ocurrió tres semanas después del inicio de la guerra y apenas se cubrió en medios de comunicación internacionales”, explica. “Al Fasher solo ocupó titulares tras el asedio de la ciudad, y después, otra vez, silencio”, añade Shiroug.

“Sudán no es tanto un conflicto olvidado, sino más bien un conflicto ignorado. Me sorprende que con la magnitud de las atrocidades y la crisis humanitarias en Sudán no se hable ni la mitad de lo suficiente”, dice a elDiario.es Mohamed Amro, presidente de Casa de Sudán, organización radicada en Madrid.

En Sudán domina la preocupación, el futuro es desconocido y la poca estabilidad que queda en los estados más seguros es temporal

Shiroug — Doctora sudanesa

Además, Amro apunta a una idea que atraviesa las conversaciones con la diáspora sudanesa. “Por relevancia o magnitud, la crisis humanitaria de Sudán debería estar en todos los medios cada día, pero no lo está”. Lamino coincide con este diagnóstico y aporta algunos motivos: “Primero, la complejidad del conflicto con múltiples actores armados, frentes cambiantes y acceso muy limitado para periodistas y observadores internacionales y, segundo, que vivimos en un momento de acumulación de crisis globales que compiten por atención y financiación”. Pero advierte: “El sufrimiento no desaparece porque no esté en los titulares, simplemente se vuelve más silencioso y peligroso”. 

Ese silencio, según Lanino, también tiene consecuencias medibles: “Muchas familias nos dicen que sienten que el mundo se ha olvidado de ellas. Ese sentimiento tiene consecuencias reales. Menos presión diplomática, menos recursos y menos protección para la protección civil”, insiste el representante de Save the Children. 

Darfur y la violencia dirigida

En algunas regiones del país, especialmente Darfur, se habla abiertamente de limpieza étnica y genocidio. Lanino explica que, como organización humanitaria, no les corresponde hacer “calificaciones legales” y que debe determinarlo una investigación independiente. Pero sí pueden describir patrones: testimonios consistentes de ataques contra civiles, violencia dirigida a comunidades concretas, destrucción de viviendas y desplazamientos forzados. “Cuando ves que la gente huye no solo de combates, sino porque siente que está siendo perseguida por su identidad, es una señal extremadamente preocupante”, dice. 

Amro denuncia un giro más étnico del conflicto y de dinámicas que les recuerdan a ciclos previos de violencia en Darfur como la violencia étnica contra grupos de la región, como los fur o los masalit. 

Entre la cautela jurídica y la denuncia política hay un punto en común: la urgencia de proteger a los civiles, garantizar el acceso humanitario y sostener mecanismos independientes de investigación y rendición de cuentas.

Una de las “pocas estructuras operativas que resisten”

En muchas zonas de Sudán, especialmente en áreas afectadas por desplazamientos masivos, “las organizaciones humanitarias como Save the Children se han convertido en una de las pocas estructuras operativas que quedan cuando las instituciones públicas colapsan o dejan de funcionar”, apunta Lanino. No se trata solamente de repartir ayuda, sino también de sostener “sistemas mínimos” donde ya no existen. 

Según información proporcionada por Save the Children, la organización trabaja en 13 de los 18 estados de Sudán, con 15 oficinas y más de 450 empleados en colaboración con 31 organizaciones aliadas, tanto nacionales, como internacionales o instituciones gubernamentales. 

La acción de la organización abarca salud, nutrición, agua y saneamiento, protección infantil, seguridad alimentaria y educación, además de respuestas de emergencia como refugios y artículos no alimentarios. Aun así, la propia entidad subraya el límite de su alcance. “No podemos sustituir a un Estado ni garantizar seguridad. Podemos salvar vidas y reducir riesgos, pero la protección real requiere que cesen los ataques contra civiles, que se respete el derecho internacional humanitario y que haya voluntad política para estabilizar el país”, cuenta Lanino.  

¿Qué pasaría si las ONG se retiraran de Sudán? “Las consecuencias serían inmediatas y muy graves”, sentencia Save the Children. En muchas zonas de Sudán, la ayuda, dice, “es la principal y a veces la única fuente” de alimentos, agua potable, atención sanitaria básica y protección infantil. “Muchas de las familias que he conocido dependen completamente de esa asistencia para sobrevivir. No existe un sistema público capaz de sustituirla. Sin apoyo, las familias se verían obligadas a reducir aún más las comidas, asumir riesgos extremos o recurrir a estrategias negativas como el trabajo infantil”, añade. Por eso, concluye Lanino, no sería solo una “reducción de servicios”, sino “un golpe directo” a la supervivencia y a la protección de millones de niños. 

Save the Children, al igual que otras ONG internacionales, trabaja con los miles de voluntarios que integran las Salas de Respuesta a Emergencias (ERR), redes ciudadanas que, entre otras cosas, gestionan comedores comunitarios y hospitales y ayudan a evacuar a civiles heridos. “Nuestro objetivo es brindar ayuda mutua basada en la economía solidaria”, explican las ERR. La red se extiende por los 18 estados del país, donde coordinan unidades para entregar ayuda esencial allí donde la infraestructura tradicional no llega, convirtiéndose en un salvavidas para la población.

Obstáculos, falta de respuesta y urgencia

Sostener la última línea humanitaria implica operar entre combates activos, cambios en el control territorial del país, bloqueos administrativos y logísticos, carreteras inseguras y permisos que se retrasan. A ello se suma, y como advierten desde Save the Children, una “falta de financiación sin precedentes” y una “falta crítica de acceso humanitario”. Lanino, quien considera que la respuesta internacional “no está a la altura”, insiste en que “las necesidades están creciendo rápidamente, pero los recursos no aumentan al mismo ritmo”. 

Mohamed Amro defiende la importancia de la información y la normalización de conversaciones sobre Sudán en el debate público y político. “Hay que hacer presión desde los medios a los dirigentes políticos para que gobiernos como el de España actúen”, apunta. La joven Shiroug, desde dentro del país, reclama campañas que expongan complicidades externas, recaudación para apoyar a supervivientes y sistemas de salud y presión, incluso boicots, contra actores entre los que señala a Emiratos Árabes Unidos, que ha sido acusados en repetidas ocasiones de sostener a las fuerzas paramilitares RSF.

Lanino fija un horizonte concreto: en los próximos seis meses debe garantizarse un acceso humanitario “seguro, sostenido y predecible”, medidas reales de protección de civiles e infraestructuras esenciales y financiación suficiente. De lo contrario, advierte, la crisis seguirá profundizándose y marcará a toda una generación.

Me encuentro con Meryem Belkihel en el paseo marítimo de Casablanca (Marruecos), en la arteria que une la mezquita de Hasán II con el faro de El Hank. El viento sopla fuerte y una nube oscura y temible se acerca desde la costa hacia la ciudad marroquí. Empieza a llover. “Estarás acostumbrada a estas lluvias tan impredecibles, ¿no?”, pregunto. Se ríe y contesta: “Esto no es nada”.

Carga con dos mochilas, una riñonera y varios abrigos, casi como quien viaja con su vida a cuestas. Su actitud y sus bienes personales dejan entrever su estilo de vida: “Estoy más fuera que dentro de casa”. Meryem tiene 30 años, es de Casablanca y en las redes sociales es conocida como MeghyLost.

Desde enero de 2023 y durante tres años, recorrió sola una parte de África en bicicleta. Más de 35.000 kilómetros a través de 33 países, desde Marruecos hasta Sudáfrica, pasando por África oriental y con un salto a la isla de Madagascar. En todo ese tiempo no volvió a casa. “Fueron tres años sin parar, aunque hice algunas pausas y estancias más largas”, explica en una entrevista con elDiario.es.

Quería vivir una experiencia humana, visibilizar el papel de las mujeres y los efectos del cambio climático en diferentes regiones del continente

En la travesía, física y mentalmente exigente, pasó por desiertos, carreteras en mal estado, lluvias torrenciales y contextos políticos inestables. “Al principio no fue duro. Estaba muy emocionada, con ganas de avanzar, abierta a todo lo que viniera”, cuenta con ilusión y algo de nostalgia.

La idea no solo nació de una inquietud personal, sino también de una forma concreta de mirar y entender el continente africano: “Soy aventurera, me apasiona África y su cultura. Quería subir el Kilimanjaro (el pico más alto del continente), pero decidí hacerlo empezando desde Marruecos, cruzando el continente en bicicleta”.

Su experiencia también tenía una intención clara: acercarse a las personas. “Quería vivir una experiencia humana que se está perdiendo con el desarrollo acelerado, visibilizar el papel de las mujeres y los efectos del cambio climático en diferentes regiones del continente”.

Su diario no eran papeles donde garabateó letras, sino sus redes sociales. Instagram, YouTube, Facebook o TikTok se convirtieron en cuadernos de viaje abiertos. “Compartía todo el proceso y mucha gente que me seguía acabó reservando vuelos para visitar países africanos”, revela entre risas.

África no es un país

Otro de los objetivos centrales del viaje era desmontar los estereotipos que existen sobre el continente africano. “Para empezar, la gente sigue pensando que África es un país, que es peligrosa, que no hay tecnología, que no hay desarrollo...”, enumera. Además, insiste en que generalizar conduce, normalmente, a una visión distorsionada: “Sí, hay zonas de conflicto, pero se conocen. Si decides ir a un lugar peligroso, tienes que asumirlo”.

Para Meryem, el problema no es únicamente la existencia de conflictos, sino que la narrativa convierte esas situaciones concretas en una explicación total e integral de África “Incluso en países con problemas hay regiones seguras. África no es un continente peligroso”.

Durante su recorrido, se encontró con países con sistemas de pago digitalizados, grandes ciudades conectadas y dinámicas económicas avanzadas. Para ella, la desconexión entre la realidad y la percepción de la mayoría de las personas se explica en parte por la mirada histórica y mediática. “Se habla de guerra y pobreza, y se olvida todo lo demás”, añade. Aun así, a lo largo de los pasados tres años, Meryem también ha atravesado países donde hay tensión política y social.

Incluso en países con problemas hay regiones seguras. África no es un continente peligroso

En febrero de 2024, estuvo en Senegal durante las protestas tras el aplazamiento de las elecciones presidenciales, que finalmente tuvieron lugar a finales de marzo. Un año y unos meses después, en junio de 2025, su paso por Mozambique coincidió con las violentas protestas antigubernamentales en favor de la oposición de Venancio Mondlane. “Me encontré con las carreteras cortadas, colapsadas y un país completamente bloqueado. Aun así, y a pesar de que le aconsejaron esperar unos días en Maputo, la capital del país, Meryem decidió seguir el viaje.

“No eran situaciones agresivas contra la población en general”, señala. Durante una de sus últimas paradas, en octubre de 2025, se encontró con un Madagascar sumido en un golpe de Estado tras la huida del país del presidente Andry Rajoelina.

Fronteras, visados y desigualdad en la movilidad

La joven subraya que viajar por África como africana implica una dificultad añadida: los visados. “En África occidental muchos países no tienen visados para los marroquíes, aunque en la práctica se vuelve muy complicado”. Los costes son elevados: cerca de 200 euros para Camerún, 300 para Mozambique y otros 200 para Nigeria. “No es barato”, insiste.

Además, Meryem señala una paradoja recurrente. “A veces los europeos entran sin problemas y los africanos no”. Para la joven, esta desigualdad de movilidad es uno de los grandes problemas estructurales del continente. “Participé en una conferencia sobre una África sin fronteras. Viajar dentro del continente sigue siendo caro y difícil, incluso más que viajar fuera”, añade.

Viajar dentro del continente sigue siendo caro y difícil, incluso más que viajar fuera

“Como mujer marroquí quería mostrar que podemos hacer cosas grandes”. Frente a quienes repiten “no puedes”, Meryem responde con su viaje: “Estoy mostrando lo que yo puedo hacer y preguntando: ¿qué puedes hacer tú?”.

También buscaba reforzar el vínculo entre Marruecos y el resto del continente. “Tenemos más cosas en común con los países africanos que lo que la población marroquí piensa: hospitalidad, generosidad…”, cuenta. Además, quería cuestionar el relato dominante, tanto en Marruecos como en Europa: “En España también hay gente que piensa que África es solo pobreza y guerra”, lamenta. “Enséñales lo que he hecho”, me dice.

Aun así, es crítica con la forma en la que debemos viajar por África y exige una actitud concreta: “Tienes que ir con la mente abierta. No puedes llegar a un pueblo y quejarte de lo que no tienen. África es un continente donde puedes ser feliz, como en los países occidentales, solo depende de tu personalidad y de si estás dispuesto a salir de tu zona de confort”.