La ofensiva lanzada este pasado fin de semana en Mali por una coalición inédita de rebeldes tuaregs y grupos yihadistas ha sacudido los cimientos del régimen militar que gobierna en el país desde 2021. La caída de posiciones clave, la muerte del ministro de Defensa, Sadio Camara, y la evidente coordinación insurgente sin precedentes dibuja un escenario de inestabilidad en un país azotado por la violencia.

¿Qué ha pasado en Mali?

En la madrugada del sábado 25 de abril, Mali fue escenario de una ofensiva coordinada a escala nacional. El Grupo de Apoyo al Islam y a los Musulmanes (también conocido como JNIM), afiliado a Al Qaeda, y el Frente de Liberación del Azawad (FLA), un movimiento secesionista del norte del país africano, lanzaron ataques simultáneos contra múltiples objetivos.

Las acciones de ambos grupos se extendieron desde el norte hasta el sur del país, pasando por Kidal, Gao, Mopti, Sévaré y Kati —esta última a apenas 15 kilómetros de la capital del país, Bamako— y afectando a infraestructuras estratégicas como bases militares y aeropuertos. El ataque sobre el aeropuerto de la capital provocó su cierre temporal, mientras que, en Kati, sede del Ministerio de Defensa, se registraron combates intensos.

Según varios analistas, el carácter simultáneo y planificado de la ofensiva convierte al ataque en el más grave desde la rebelión tuareg de 2012. En este caso, los insurgentes han combinado tácticas convencionales e irregulares, desde armas ligeras y artillería hasta coches bomba y drones, en una operación que ha puesto a prueba la capacidad de respuesta del Ejército maliense y de sus aliados rusos, según analiza el Soufan Center.

¿Por qué es tan importante la caída de Kidal, en el norte?

Kidal no solo es una ciudad al norte de un país africano como Mali, sino también un símbolo histórico de la disputa entre el Estado maliense y los movimientos tuaregs que reclaman la independencia del Azawad. Fue un bastión rebelde durante más de una década hasta que, en noviembre de 2023, el Ejército de Mali, con apoyo de mercenarios rusos, logró recuperarla.

En su momento, dicha victoria fue presentada por la junta militar como un punto de inflexión en la “reconquista” del territorio. Sin embargo, la ofensiva del sábado ha revertido ese símbolo en cuestión de horas y, según imágenes difundidas en redes sociales pendientes de verificación, el FLA asegura haber tomado el control total de la ciudad.

Las primeras informaciones apuntaban a una resistencia limitada por parte de fuerzas malienses y de la milicia rusa Africa Corps, atrincheradas en la antigua base de la misión de la ONU en el norte de Mali, la MINUSMA. Tras combates y negociaciones, los efectivos rusos acabaron retirándose escoltados por los propios rebeldes.

¿Quiénes están detrás de los ataques y por qué sorprende su alianza?

La ofensiva ha sido reivindicada por dos actores, el JNIM y el FLA, con distintas trayectorias, pero con arraigos históricos entrelazados. El primero es la principal filial de Al Qaeda en el Sahel, mientras que el segundo agrupa a facciones tuaregs y árabes que reclaman la independencia del Azawad.

Aunque ya habían coincidido en terreno, especialmente en 2012, la cooperación pública y ordenada entre ambos supone un salto cualitativo en el devenir de la guerra al norte del país. En sus comunicados, tanto el JNIM como el FLA reconocen la participación conjunta en los ataques y se muestran abiertos a coordinar estrategias para que fomenten “una transformación real que sirvan a los intereses de la religión, el país y su gente”.

Esta alianza tiene implicaciones destacables. Por un lado, refuerza la capacidad operativa de ambos actores, combinando conocimiento del terreno, redes locales y experiencia insurgente y, por otro lado, complica la lectura internacional del conflicto. Un movimiento secesionista con apoyos externos, cuyos vínculos con Ucrania se han señalado en reiteradas ocasiones, se asocia con una organización terrorista.

¿Qué significa la muerte del ministro de Defensa?

El ataque alcanzó también el corazón del poder. Sadio Camara, ministro de Defensa y figura clave de la junta militar, murió en un atentado con coche bomba contra su residencia en Kati, a las afueras de Bamako. Según varias fuentes, el ataque, atribuido al JNIM, fue perpetrado por un suicida que empotró el vehículo cargado de explosivos contra el complejo, provocando una explosión.

Sadio Camara no era un simple ministro o actor secundario; por el contrario, era considerado el arquitecto de la estrategia militar del régimen. Camara había consolidado su influencia dentro del aparato de seguridad y promovido el giro geopolítico hacia Rusia tras la ruptura con Francia. Bajo su liderazgo se impulsó la salida de la operación Barkhane y la entrada de mercenarios del Grupo Wagner, posteriormente sustituidos por los Africa Corps.

Además, Camara lideraba la reciente operación ‘Dougoukoloko’ o ‘Reconquista del territorio’, destinada a reforzar el control estatal en zonas clave como Kidal o Tombuctú. Su muerte abre incógnitas sobre el transcurso de dicha estrategia y debilita la cohesión interna de la junta, donde mantenía un equilibrio complejo con el presidente de Mali, Assimi Goïta.

¿Qué papel desempeñan Rusia y la comunidad internacional?

Tras años de presencia militar francesa sin resultados concluyentes en materia de antiterrorismo, la junta maliense optó por estrechar lazos y fomentar sinergias de cooperación militar con Moscú, con los mercenarios rusos como protagonistas.

Sin embargo, su desempeño ha sido cuestionado. La incapacidad para proteger a figuras como Camara y la retirada de Kidal suponen un revés para Moscú. Todo ello sumado a las acusaciones de violaciones de derechos humanos que han recaído reiteradamente sobre las fuerzas rusas y a la ausencia de mejoras sustanciales de seguridad.

La región del Sahel, y concretamente el Sahel Central (Mali, Burkina Faso y Níger), se ha consolidado en los últimos años como el principal foco del terrorismo yihadista mundial, con la presencia no solo del JNIM, sino también de filiales del Estado Islámico activas en el resto de los países de la región africana.

¿Está realmente en peligro la junta militar?

La ofensiva ha abierto un escenario de incertidumbre y debate. Algunos analistas consideran que la coordinación y alcance de los ataques podría poner en riesgo la supervivencia de la junta, mientras que otros aseguran que el objetivo de los insurgentes no es necesariamente tomar el poder, sino forzar una negociación o debilitar al Estado.

Por ahora, el Gobierno insiste en que la situación está “bajo control”, ha impuesto toques de queda y llama a la calma. Aun así, lo que sí parece claro es que Mali entra en una nueva fase del conflicto y la historia del terrorismo en el país y la región.

En Gaza, la población civil sigue atrapada en un genocidio. En Ucrania, los bombardeos continúan golpeando infraestructuras esenciales. En Sudán, se han cumplido tres años de guerra y de la mayor crisis humanitaria del mundo. En Irán, la violenta represión sobre las protestas en enero de 2026 podría ser la más letal en décadas. Y, en EEUU, las políticas migratorias y la presión sobre organismos internacionales han encendido las alarmas sobre el retroceso democrático. El informe anual de Amnistía Internacional (AI) constata que en distintas partes del mundo se repite un mismo patrón: se ha producido un deterioro de los derechos humanos.

El trabajo analiza la situación de 144 países y concluye que el mundo atraviesa uno de los momentos más críticos desde la creación del sistema internacional de derechos humanos tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. La organización sostiene que ya no se trata de un deterioro progresivo, sino de un “ataque directo a los cimientos del sistema internacional basado en normas”.

La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, fue aún más contundente durante la presentación del informe: “La humanidad misma se encuentra bajo ataque”. Según explicó, el mundo ha entrado en una nueva fase en la que ya no se trata de advertencias, sino de una realidad consolidada: “Ya no estamos ante un colapso inminente, estamos dando cuenta de su llegada”.

El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, apunta que “vivimos un momento crítico para la humanidad”, marcado por la actuación de lo que define como “gobiernos depredadores” que buscan “control, impunidad y beneficios económicos” mediante violencias de derechos humanos.

Más guerra, impunidad y complicidad

El informe recién publicado por Amnistía Internacional documenta un aumento de crímenes de guerra, de lesa humanidad y otras violaciones graves, en un contexto en el que los mecanismos de rendición de cuentas pierden eficacia. Entre los ejemplos más señalados, tanto en el informe como en la rueda de prensa de presentación del trabajo, figuran el genocidio contra la población palestina en Gaza, los ataques en Ucrania o la violencia extrema en Myanmar y Sudán.

Callamard describió este escenario como el resultado de un cambio de paradigma. “Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral”, apuntó, en referencia a Estados que vulneran sistemáticamente el derecho internacional.

Beltrán señala directamente a varias potencias: “EEUU, Rusia, Israel y, en cierta manera, China o Myanmar cometen violaciones de derechos humanos para imponer su dominio”. Según explica, estas dinámicas pasan por “declarar guerras ilegales, violar el derecho internacional e intentar dejarnos sin las normas que nos han regido durante los últimos 80 años”.

Nos encontramos con depredadores feroces que asaltan los fundamentos de los derechos humanos y del sistema multilateral

Agnès Callamard — Secretaria general de Amnistía Internacional

El informe sitúa en ese contexto a líderes como Donald Trump, Vladímir Putin o Benjamín Netanyahu, a los que Callamard acusó de buscar “el dominio político y económico mediante la destrucción, la represión y la violencia a gran escala”.

El documento no solo pone el foco en los responsables directos de las violaciones, sino también en la actitud del resto de gobiernos cómplices. Según Amnistía Internacional, muchos Estados han optado por políticas de apaciguamiento, evitando confrontar a las potencias implicadas. “La mayoría de los gobiernos han optado por apaciguar a estos depredadores”, denunció Callamard, que criticó especialmente el papel de los países europeos. En la misma línea, Beltrán es tajante e incide en que “la mayoría de los gobiernos siguen políticas de apaciguamiento que echan más leña al fuego”.

Esta dinámica, advierte AI, tiene consecuencias directas sobre la población y la sociedad civil organizada. “Hay represión a periodistas, a defensores de derechos humanos, se intenta acabar con las voces críticas en todo el mundo”, apunta Beltrán.  

Represión, control y crisis climática

El deterioro de los derechos humanos no se limita únicamente a los escenarios de guerra. A escala nacional, el informe describe un aumento global de prácticas autoritarias a través de, por ejemplo, una mayor represión en las protestas en Irán, Estados Unidos, Turquía y Reino Unido, la criminalización de la disidencia en Egipto y la India y la vigilancia digital y censura en países como Serbia y Kenia.

Callamard alertó de que este modelo está consolidando un nuevo orden y “un mundo donde la guerra y el asesinato de civiles se han normalizado como herramientas de gobierno”. En esa lógica, añadió, la sociedad civil pasa a ser tratada como un enemigo y la disidencia se silencia mientras “se criminaliza la solidaridad y se convierte la ley en un arma”.

Hay represión a periodistas, a defensores de derechos humanos, se intenta acabar con las voces críticas en todo el mundo

Esteban Beltrán — Director de Amnistía Internacional en España

En muchos países, estas medidas se han traducido en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales. La tecnología, según AI, está desempeñando un papel creciente en este proceso, al facilitar nuevas formas de control social.

Además, el informe vincula este deterioro con factores estructurales como la crisis climática y los recortes en la ayuda internacional a través del fin de la asistencia de USAID, la agencia humanitaria estadounidense. El mundo se encamina hacia un aumento de hasta tres grados en la temperatura global, lo que, según el informe, agravará problemas como la inseguridad alimentaria o los desplazamientos forzados.

La guerra con Irán y la figura de Trump

Uno de los ejemplos más claros de esta deriva es la escalada en torno a Irán. Según Amnistía, el conflicto se intensificó tras el ataque ilegal de EEUU e Israel en violación de la Carta de Naciones Unidas, al que siguieron represalias iraníes. Durante la presentación del informe, la responsable de la ONG advirtió de que esta dinámica ha desencadenado una espiral de violencia con consecuencias globales.

“El conflicto [en Oriente Medio] está poniendo en peligro la vida y la salud de millones de personas en toda la región”, señaló Callamard, que alertó de que sus efectos pueden extenderse más allá de la región, afectando al acceso a energía, alimentos o atención sanitaria en todo el mundo.

Además, la población iraní sufre una doble presión, por un lado, los ataques externos y, por otro lado, la represión interna. “Los iraníes son blanco de las bombas al tiempo que se enfrentan a una represión mortal por parte de su propio gobierno”, denuncia la secretaria general de la organización.

El informe también señala al papel de EEUU y, en particular, de Donald Trump, en el debilitamiento del sistema internacional. Callamard denunció que EEUU ha impuesto sanciones contra jueces y fiscales internacionales “por el simple hecho de estar haciendo su trabajo”, en referencia a las investigaciones de la Corte Penal Internacional.

Estas medidas, según Amnistía, forman parte de un intento más amplio de convertir la justicia internacional en un campo de batalla y debilitar los mecanismos de rendición de cuentas.

Espacios de resistencia y elogio a España

Pese al diagnóstico, el informe también recoge señales de resistencia. Callamard subrayó que “hay otra historia”, concretamente, la de millones de personas que se han movilizado, y se movilizan, en todo el mundo para defender los derechos humanos.

Desde protestas masivas contra la guerra en Gaza hasta acciones de trabajadores portuarios en países como España, Grecia o Marruecos para bloquear el envío de armas con destino a Israel, pasando por movilizaciones en defensa de derechos civiles como las que se dieron ante la prohibición de la Fiesta del Orgullo en Budapest para defender los derechos LGTBI. Beltrán también apunta que “la buena noticia es que hay una sociedad civil que se rebela, que lucha”.

En este sentido, Callamard destacó el papel de algunos Estados que han tratado de abrir grietas en la inacción general como, por ejemplo, España, al que definió como un país que, en los últimos años, ha hablado “alto y claro” sobre la importancia de la rendición de cuentas y ha evitado, a su juicio, el doble rasero que está erosionando el sistema internacional.

El ruido de los combates alcanzó el corazón del poder en Sudán en la madrugada del 15 de abril de 2023. El palacio presidencial, así como los aeropuertos de Jartum y Merowe, se convirtieron en los primeros escenarios de los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). Lo que comenzó como una lucha de poder entre dos cúpulas militares y señores de la guerra —Mohamed Hamdam Dagalo, líder de las FAR, y Abdelfattah al Burhan, líder de facto y jefe del ejército de Sudán— se ha transformado, tres años después, en una de las mayores crisis humanitarias, con reiteradas vulneraciones de los derechos humanos, y en un conflicto regional que incluye a aliados extranjeros.

Mariam tenía 18 años cuando fue violada por un grupo de hombres armados mientras iba a buscar agua en El Fasher, en Darfur del Norte. No lo contó en casa. Unas semanas después, durante la huida de la ciudad, su familia descubrió que estaba embarazada. “Tenía miedo, por eso no lo conté”, explicó más tarde a Plan International, una organización no gubernamental que defiende los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas en Sudán y en más de 80 países en el mundo.

La historia de Mariam se repite en un país donde, tres años después del inicio de la guerra, más de nueve millones de personas han sido desplazadas dentro de Sudán y más de 30 millones dependen de ayuda humanitaria. Hay regiones en una situación más crítica como es el caso de Darfur y Kordofán, con elevados niveles de emergencia alimentaria y riesgo de hambruna tras el colapso de los mercados y el bloqueo de las rutas comerciales.

Del golpe fallido a “archipiélago de guerras”

“El conflicto empezó como un golpe palaciego fallido y se ha convertido en un archipiélago de guerras civiles interconectadas”, explica a elDiario.es el analista geopolítico y director del Centre for Global Peace and Development en Sudán, Elhadi Abdalla Mohamed.

Dicha evolución es vital para entender el conflicto en Sudán hoy. No hay un único frente ni actor, sino múltiples guerras superpuestas en Jartum, Darfur, Kordofán o el Nilo Azul, donde operan las fuerzas paramilitares, el ejército sudanés, las milicias locales y las redes armadas relacionadas con economías ilícitas. Aun así, y como señala Abdalla Mohamed, lo lógica original no ha desaparecido. “El conflicto en Sudán sigue siendo una lucha contra el control del aparato coercitivo del Estado y de las rentas asociadas a él”, explica.

En estos tres años también han cambiado las formas de combatir. El conflicto ha pasado de combates urbanos caóticos a campañas más prolongadas, territoriales y tecnológicamente más complejas. “Ahora vemos una guerra de desgaste, con uso extensivo de drones, asedios prolongados y ataques sistemáticos contra infraestructuras y corredores de suministro”, explica el analista.

El conflicto en Sudán sigue siendo una lucha contra el control del aparato coercitivo del Estado y de las rentas asociadas a él

Elhadi Abdalla Mohamed — Director del Centre for Global Peace and Development en Sudán

El asedio de El Fasher ilustró este cambio. Desde abril de 2023 hasta octubre de 2025, cientos de miles de personas quedaron atrapadas en la ciudad sin acceso a alimentos ni agua. “Nuestra vida sucedía en los túneles, sin comida y sin agua”, recuerda anónimamente una trabajadora humanitaria. “Cuando se agotaron los recursos, la mayoría de la gente se vio obligada a comer el cuero de los animales muertos para sobrevivir”, añade.

Abdalla Mohamed advierte que “la economía de guerra ya no es un efecto secundario, sino parte del motor del conflicto”. El control de recursos como el oro, las rutas comerciales o las zonas agrícolas permiten financiar a los actores armados, mientras el saqueo, la extorsión y el control de carreteras se integran en la vida cotidiana.

Un conflicto que se alimenta desde el exterior

Según el Observatorio de Complejidad Económica, una plataforma de análisis visual de datos, Sudán está entre los 50 países más importantes en la exportación mundial de petróleo, que es a su vez el cuarto producto más exportado del país. Pero el petróleo no es todo. Sudán alberga en su suelo hierro, cobre, zinc, tungsteno, goma arábiga y oro (es el tercer extractor de oro más importante del continente africano), entre otros, y siendo este último la moneda de cambio con sus socios extranjeros.

“No estamos ante dos bloques enfrentados, sino ante redes de patrocinio superpuestas”, señala Abdalla Mohamed. En ese entramado, y con el oro por bandera, Emiratos Árabes Unidos ha sido acusado de apoyar a las fuerzas paramilitares a través de canales vinculados al comercio del oro y redes transfronterizas, al mismo tiempo que Egipto respalda al Ejército sudanés por cuestiones de seguridad y control del río Nilo. Otros países del Golfo, Turquía o potencias occidentales también mantienen intereses propios en Sudán.

Cuando se agotaron los recursos, la mayoría de la gente se vio obligada a comer el cuero de los animales muertos para sobrevivir

Una trabajadora humanitaria

Según el director del Centre for Global Peace and Development en Sudán, esta injerencia extranjera y apoyos cruzados prolonga el conflicto: “Los actores sudaneses no son pasivos, explotan estas rivalidades para sostener la guerra”. Al mismo tiempo, la ausencia de coordinación internacional ha limitado los intentos de mediación. “Ha habido demasiados procesos paralelos y sin consecuencias reales cuando se violaban los acuerdos”, señala el analista, en referencia a iniciativas como las negociaciones de Yeda, en Arabia Saudí.

Colapso humanitario

El impacto humanitario del conflicto en Sudán es masivo. Más de 30 millones de personas necesitan asistencia y el país africano vive la mayor crisis de desplazamiento y hambre de todo el mundo.

El desplazamiento interno supera ya los nueve millones de personas, especialmente concentrados estos movimientos en zonas como Darfur, Kordofán y el estado de Jartum que, a su vez, han sido los principales epicentros del combate. Las rutas de huida siguen patrones similares desde áreas urbanas como Jartum o El Fasher hacia zonas rurales aparentemente más seguras o hacia localidades como Tawila, en Darfur del Norte.

El desplazamiento no se limita al interior del país. Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), más de 3 millones y medio de sudaneses han cruzado las fronteras de su país en los últimos tres años. Egipto es el principal país de acogida, con 1,5 millones de refugiados, aunque sólo alrededor de la mitad están registrados como tales. Le sigue Chad, con más de 900.000 refugiados, procedentes sobre todo de la región sudanesa de Darfur. A Sudán del Sur han vuelto más de 800.000 ciudadanos de este país que habían huído anteriormente a Sudán, además de casi medio millón de refugiados sudaneses.

Los centros hospitalarios y educativos están prácticamente inoperativos en gran parte del país. Los centros de salud carecen de personal, medicamentos y capacidad operativa, incluidos servicios básicos de atención a víctimas de violencia. Según datos aportados por Plan International, solo un 3,3% de adolescentes tiene acceso a anticonceptivos y una proporción similar dispone de productos de higiene menstrual. La educación también ha sufrido un batacazo. En las zonas más afectadas, el 75% de los adolescentes están fuera del sistema educativo.

Violencia sexual: una práctica extendida

La violencia sexual en el conflicto de Sudán aparece en todos los informes de organizaciones no gubernamentales y centros de análisis e investigación. En las zonas analizadas en Darfur, Plan International apunta que las adolescentes identifican el abuso psicológico, el matrimonio infantil, la explotación sexual, el acoso y la violación como las formas más comunes de violencia de género, siendo las dos primeras las más extendidas, con un 18% y un 16%, respectivamente.

Las cifras reflejan, además, un entorno en el que la violencia es estructural y salpica la vida cotidiana. Algunos testimonios relatan que actividades básicas como recoger agua o leña se consideran de alto riesgo por la presencia de grupos armados. Por otro lado, la trabajadora humanitaria anónima describe violaciones masivas durante los desplazamientos, incluidas menores que quedaron embarazadas sin atención médica.

Abdalla Mohamed subraya, por su parte, que este tipo de prácticas no pueden entenderse como episodios aislados, sino como parte de una dinámica más amplia de violencia contra civiles que incluye asesinatos, hambre inducida y ataque sistemáticos contra la población civil.

Ibrahima tenía 12 años cuando su padre decidió que debía hacerse “más hombre”. Lo llevó a trabajar en la pesca, convencido de que el esfuerzo físico corregiría lo que familia veía como una desviación. “Nunca me gustó. Yo quería otra vida, pero no tenía elección”, recuerda hoy desde Francia en una conversación con elDiario.es.

Creció en Senegal en una familia profundamente religiosa, marcada por la figura de un padre imán y por un entorno donde cualquier diferencia era castigada. En el barrio lo molestaban, lo señalaban y lo reducían a un insulto que ni siquiera entendía. En casa, la violencia era una constante. “Mi hermano mayor me golpeó varias veces, incluso una vez en el mar, donde pensé que iba a morir”, relata. Desde muy joven, Ibrahima comprendió que su identidad no tenía espacio en el mundo que lo rodeaba. 

Años después, en 2020, fue detenido junto a otros hombres acusados de “actos contra natura”. Pasó tres meses en prisión en condiciones extremas, hacinado con decenas de personas, sin poder dormir y bajo amenazas constantes y agresiones de otros reclusos. “Pensé que no iba a salir de allí”, dice. Hoy vive en Francia, adonde llegó en 2024, intentando reconstruir una vida atravesada por la violencia. 

Su historia no pertenece al pasado, es el presente de Senegal. En marzo de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del Código Penal que pena con hasta diez años de prisión las relaciones entre personas del mismo sexo y criminaliza cualquier forma de “promoción” de la homosexualidad. La norma amplía la persecución de activistas, organizaciones y cualquier persona que defienda los derechos LGTBI, e introduce sanciones económicas que pueden alcanzar los 15.000 euros, equiparando la homosexualidad a delitos como la zoofilia o la necrofilia.

Una ola que recorre parte de África

Senegal no es una excepción. De los 65 países que criminalizan la homosexualidad en el mundo, 33 están en África. En los últimos años, el continente ha vivido un endurecimiento acelerado de este tipo de legislaciones, en una dinámica que combina política interna, presión social y redes e influencias internacionales. 

Uganda se convirtió en 2023 en el epicentro de esta regresión al aprobar una de las leyes más duras del mundo, con penas que incluyen la cadena perpetua e incluso la pena de muerte en casos de “homosexualidad agravada”. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de abusos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y campañas de persecución social.

En Burkina Faso, la reforma de 2025 llega en un contexto de inestabilidad política crónica, con golpes de Estado recientes, presencia de grupos yihadistas y un Estado cada vez más debilitado fuera de la capital. En ese escenario, el endurecimiento de las leyes anti-LGTBI empuja al colectivo hacia la clandestinidad. 

El Parlamento de Ghana ha aprobado nuevas restricciones en una ley cuya versión anterior fue aprobada en 2024, pero no llegó a entrar en vigor al no recibir el respaldo del entonces presidente Nana Akufo-Addo. Su sucesor, John Dramani Mahama, en el poder desde enero de 2025, sí ha mostrado apoyo a la iniciativa. 

La huella de la derecha cristiana estadounidense

Tanto Senegal como otros países del continente africano comparten un elemento común denominador: la influencia de redes ultraconservadoras occidentales en esta ola legislativa contra el colectivo homosexual. 

En Senegal, la red And Samm Jikko Yi, clave en la presión para endurecer la ley, mantuvo contactos desde 2024 con MassResistance, una organización estadounidense con sede en Massachusetts que considera la homosexualidad una amenaza para la salud pública. MassResistance no es un actor marginal. En Estados Unidos ha impulsado campañas contra el matrimonio igualitario y los derechos de las personas trans, y forma parte de un entramado más amplio de organizaciones que exportan una agenda ultraconservadora a nivel internacional. 

Desde la llegada de la Administración Trump en Estados Unidos, el clima político en el país ha reforzado las redes de ultraconservadores. De hecho, según Reuters, el caso de Senegal es el primer caso documentado de un grupo estadounidense ayudando a sacar adelante una ley anti-LGTBI en África desde la vuelta al poder de Donald Trump. 

Según la agencia, esta organización asesoró a actores senegaleses en estrategias de movilización, comunicación y presión política para impulsar la reforma legal. Este tipo de colaboración incluye desde el diseño de campañas hasta el intercambio de materiales ideológicos y jurídicos. 

No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país

Ibrahima

El caso de Senegal no es aislado. En Ghana, la misma organización ha participado en el debate legislativo y ha colaborado con activistas locales, mientras que otras plataformas como Family Watch International o CitizenGO, fundada por la asociación española HazteOir han organizado conferencias, financiado campañas y trabajado directamente con líderes políticos y religiosos en distintos países africanos, como han destapado algunas informaciones periodísticas. En los últimos años, investigaciones por parte de organizaciones como Open Democracy han documentado que desde 2007 al menos una veintena de grupos ultraconservadores cristianos estadounidenses han destinado decenas de millones de dólares a organizaciones africanas en contra de las personas LGTBI.

Este entramado se articula en torno a lo que algunos investigadores denominan el movimiento transnacional “pro-family”, una red global que exporta marcos legales, discursos y estrategias políticas. Aun así, la paradoja es evidente. Mientras desde África los discursos oficiales insisten en que la homosexualidad es una imposición occidental, parte de la ofensiva contra los derechos LGTBI también lo es. 

Además, el recorte de la financiación internacional de Estados Unidos a través de la suspensión del programa USAID ha llevado a la reducción de programas considerados “sociales o divisivos”, sobre todo en el ámbito de la salud pública. En Senegal, la prevalencia del VIH es del 0,3% en la población general, pero alcanza hasta el 49% entre hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres en algunas zonas de Dakar. A partir de ahora, la criminalización del colectivo dificulta el acceso a tratamiento y prevención, empujándolos a la clandestinidad. 

Crisis, desgaste político e instrumentalización de la moral

La aprobación de la ley no puede entenderse sin el contexto económico y político que atraviesa Senegal. El país vive una situación financiera crítica. Tras años de gestión opaca, la deuda pública ha superado las cifras oficiales, superando el 100% del Producto Interior Bruto, lo que ha obligado al Gobierno a hacer frente a pagos urgentes a acreedores internacionales para evitar el default. El peso de la deuda consume ya más de la mitad de los ingresos del Estado. 

Las consecuencias son visibles: becas estudiantiles impagadas, recortes en servicios públicos y un sistema universitario tensionado que han provocado protestas recurrentes. En febrero de 2026, la muerte del estudiante Abdoulaye Ba durante una intervención policial en una protesta por el retraso de becas volvió a poner de relieve la fragilidad del modelo. El caso de Abdoulaye no es un caso aislado; al menos seis estudiantes han muerto en contextos similares en los últimos 25 años. 

Este clima de tensión se combina con un desempleo juvenil persistente y una creciente frustración de los jóvenes, que fueron clave en la llegada al poder de los actuales líderes del país, Bassirou Diomaye Faye y Ousmane Sonko en 2024. Ambos encarnaban una promesa de ruptura con el sistema anterior y, dos años después, esa promesa se enfrenta a sus límites.

En este contexto, la ley contra la homosexualidad aparece como una herramienta política de bajo coste y alto rendimiento simbólico. “Hay muchos problemas más importantes en Senegal”, apunta Ibrahima a elDiario.es. Desde su experiencia, la cuestión LGTBI ha sido utilizada como sustituto de esas respuestas que no llegan. “No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país”, insiste. 

El propio calendario refuerza esta lectura. La aprobación de la ley coincidió con un momento de alta presión financiera sobre el Estado y un aumento de las críticas internas. Dentro del propio Gobierno, la medida también cumple una función de posicionamiento. Mientras Faye adopta una posición más institucional, centrada en la gestión económica, Sonko, por su parte, y como principal impulsor de la ley, refuerza su liderazgo apelando a los “valores africanos” y la soberanía cultural. 

Para Ibrahima, es una lógica clara: “Se está utilizando a las personas homosexuales para distraer a la población”. A su juicio, el Gobierno busca demostrar que cumple sus promesas en un terreno simbólico, aunque no lo haga en lo económico. “Quieren decir que han hecho algo, aunque no sea lo más importante”.

“Cuando me detuvieron me encontré con que el fiscal era homófobo, pero mi abogado, también. Ahora ese mismo abogado se ha convertido en un diputado de la Asamblea Nacional y ha apoyado iniciativas políticas anti LGTBI. Está claro que no tienes a nadie que te defienda”, concluye. 

La acción humanitaria atraviesa un trance que ya no se explica como una única crisis, sino que se asemeja más a un cambio de época. Al mismo tiempo que aumentan los conflictos, los desastres climáticos y los desplazamientos forzosos, el dinero público que sostiene la respuesta humanitaria se está contrayendo. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proyectó para 2025 una caída de la ayuda oficial al desarrollo de entre el 9 y el 17% y advirtió sobre el impacto especialmente en regiones como el África subsahariana.

Al mismo tiempo, se cumple un año desde que la administración Trump de EEUU anunció que eliminaba más del 90% de los contratos de la agencia de ayuda humanitaria USAID, uno de los principales donantes globales, y recortes en decenas de miles de millones de dólares en asistencia internacional. La caída de fondos se mide, además, en cierres y despidos y, por supuesto, en retos para las organizaciones que trabajan en el terreno. Según la Red de Aprendizaje Activo para la Rendición de Cuentas y el Rendimiento en Acción Humanitaria (ALNAP), en 2025 ocho agencias de la ONU, ocho grandes organizaciones internacionales y el Comité Internacional de la Cruz Roja recortaron en total más de 31.000 puestos.

El giro de Washington no se lee solo en clave contable. El medio Foreign Policy lo sitúa en un contexto de creciente inquietud por la influencia de China y Rusia en regiones como África y por la capacidad de Estados Unidos de aguantar el pulso en la región. La orden ejecutiva que congela la asistencia exterior marca el comienzo de un nuevo ciclo en el que la ayuda se subordina explícitamente a la agenda America First.

Una oportunidad tras el golpe

El desplome de USAID también está forzando un debate: ¿por qué el sistema está diseñado para que quien pone el dinero desde lejos decida a distancia? Y, sobre todo, si la retirada del principal donante obliga a diversificar fondos, ¿puede eso acelerar un reequilibrio de poder hacia organizaciones y autoridades locales?

Ese debate, a menudo resumido en la palabra “localización”, está en el centro del enfoque que defiende Plan International España. La organización trabaja en la defensa de los derechos de la infancia y la igualdad de las niñas, así como la prestación de ayuda humanitaria en guerras, emergencias y contextos de conflicto. Virginia Saiz Gomis, nueva directora general de la organización en España, explica en una entrevista con elDiario.es que el contexto es “muy polarizado” y complejo, con decisiones tomadas desde el Norte Global para recortar cooperación mientras se multiplican crisis y conflictos.

El cambio pasa por trasladar el mando de control. “Si visitas una comunidad donde trabaja Plan International, el trabajo es 100% local y está en manos de jóvenes, grupos de mujeres y autoridades del lugar”, apunta Saiz. El cambio no es “traumático” para la organización, pero sí exige transferir cada vez más decisiones porque “una parte considerable del dinero de la ayuda internacional sigue viniendo desde el norte”.

Prioridades más allá del Norte o Sur Global

El principal nudo del sistema no es que la financiación llega desde el norte, sino que, en general, llega con condiciones. Saiz describe que “los donantes son muy estrictos y muy poco flexibles”, lo cual lleva a una rendición de cuentas compleja. Su diagnóstico es que el cambio no puede quedarse en que “las organizaciones internacionales transfieran”, sino que también implica la movilización de donantes bilaterales y privados, flexibilizar las reglas del juego y aceptar que el control total desde un despacho no es compatible con que se tomen decisiones realmente locales.

Cuando quienes viven el problema deciden, los proyectos tienen más legitimidad, duran más y generan apropiación

Virgina Saiz Gómez — Directora general del Plan International España

Desde Perú, Amalia Alarcón, gerente regional de Programas para América Latina y el Caribe en Plan International, indica que el efecto de esas reglas es que muchas organizaciones acaban adaptando su agenda a lo financiable. En Colombia, recuerda, algunas iniciativas terminaban “disfrazando” proyectos de igualdad de género como contribuciones a la paz porque ese era el marco que atraía fondos. “La escucha suele darse desde la entidad que necesita dinero hacia quien lo da, y no al revés”, insiste.

Para Saiz, acercar decisiones al terreno tiene varias ventajas inmediatas: por un lado, menos intermediarios, por otro lado, más cercanía respecto a la gente afectada y una tercera ventaja, decisiva, relacionada con la legitimidad. “Cuando quienes viven el problema deciden, los proyectos tienen más legitimidad, duran más y generan apropiación”, apunta la directora de Plan International.

A su vez, el sector insiste en que la localización no solo debe implicar el traslado de la responsabilidad, con sus riesgos asociados, sino también el de recursos y autonomía. “A veces el socio local no necesita manuales ni más fortalecimiento, pues ya tienen metodologías y auditorías propias”, insiste Alarcón. “Incluso herramientas que se presentan como ‘evaluaciones mutuas’ rara vez lo son de verdad. El ‘mutuo’ termina siendo asimétrico porque la entidad internacional sigue actuando como ‘el donante social’”, añade.

El poder también reside en las entidades internacionales

El cambio no es solo norte-sur, también implica tensiones internas. Alarcón subraya que en organizaciones grandes existen relaciones de poder entre la oficina de un país y las sedes regionales y globales, además de las sedes recaudadoras. “El cambio es lento porque llevar las decisiones cerca del terreno exige tocar presupuestos, recursos humanos y estructuras”, apunta.

Plan International pone un ejemplo concreto con el caso de Bolivia. “Hemos cerrado como Plan International, es decir, como implementador directo. No para salir del país, sino para que sean los socios los que implementen. Nuestro papel ya debe pasar solo por [analizar] la incidencia y [facilitar] el acceso. Tenemos el privilegio de llegar a espacios internacionales que son más difíciles para las entidades locales. Nuestro rol es conectar y abrir puertas”, explica Alarcón.

Si la retirada de USAID implica menos cobertura y endurecer las prioridades, el golpe llevará al colapso. Si, en cambio, se acelera una redistribución del poder, podría abrirse una ventana para los países más afectados: más financiación directa y flexible para actores locales, más cooperación regional y sur-sur, menos cadenas de subcontratación y más capacidad de decisión allí donde se viven las crisis.

Saiz Gomis lo resume como un ajuste de roles, no como un conflicto: “El norte puede aportar recursos y conocimiento, pero debe dominar menos, permitir más y ser más flexible”.

El tránsito entre la infancia y la edad adulta es un trance existencial lleno de incertidumbre que se complica en el caso de los menores tutelados por el Estado cuando salen del sistema de protección al cumplir la mayoría de edad. Carentes de las redes familiares del resto de la población, el riesgo de pobreza y exclusión social se multiplica, como constata la ONG Aldeas Infantiles en un informe sobre esta situación. Toda ayuda resulta crucial para salir adelante con garantías, como constatan en conversación con elDiario.es dos de los propios beneficiarios de los programas de acompañamiento a extutelados que desarrolla la organización.

Hamid tiene un objetivo claro: convertirse en educador social. Una meta a la que mira con ilusión, mientras estudia integración social, y que no es casual. La experiencia de haber vivido en el sistema de protección y, sobre todo, el ejemplo de quienes le acompañaron allí ha labrado sus aspiraciones profesionales. “He coincidido con personas maravillosas y educadores que me han salvado la vida”, explica. “Desde mi experiencia y sabiendo cómo se sienten las personas que están en la situación en que estuve yo, creo que sería de gran ayuda en un futuro ser educador”, añade.

Cuando Hamid, de origen marroquí y afincado ahora en Granada, imagina el escenario sin el apoyo psicosocial y la asistencia recibida de Aldeas Infantiles SOS España, organización dedicada a proteger a niños, niñas y jóvenes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo, no duda. “Seguramente no estaría estudiando, ni tendría el título de la ESO. Mi situación sería muy diferente”.

No habla solo de títulos o de empleo, también habla de supervivencia y de lo que significa cumplir la mayoría de edad con la incertidumbre de los papeles, el miedo a quedarse en la calle y la necesidad básica de una orientación adulta en un momento en el que, de un día para otro, “tienes que abandonar la que ha sido tu casa un tiempo”.

[Sin apoyo] seguramente no estaría estudiando, ni tendría el título de la ESO. Mi situación sería muy diferente

Hamid — Estudiante de origen marroquí afincado en Granada

A cientos de kilómetros, Sara (nombre ficticio) pone palabras a su pasado: lo que marca la diferencia no es solo el techo o el dinero, sino tener derecho al error. “A mí, Aldeas Infantiles me ha permitido equivocarme”, resume. “Me han dado tiempo para madurar, para reparar y para sostener una vida que no se aprende a gestionar de golpe”, explica por teléfono. En su caso, que Aldeas Infantiles siguiera apostando por ella, incluso en un mal momento, le cambió la vida. “Me ayudaron a creer en mí misma y no sentirme una fracasada”, apunta.

Según el último boletín con datos estadísticos de 2023 de medidas de protección a la infancia y la adolescencia elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, en España hay alrededor de 52.000 niños, niñas y adolescentes que crecen en acogimiento, siendo Castilla y León, Galicia, Cantabria y Andalucía las comunidades autónomas con el mayor porcentaje.

Un cumpleaños que no llega igual para todos

Miguel Ángel Gallardo, director del Programa de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS en Andalucía, explica con una frase lo que se repite como un eco para los extutelados: “La mayoría de edad es un salto al vacío”. Lo es para cualquiera, pero con una diferencia abismal. La juventud tutelada, dice, se enfrenta a esa frontera “sin red social”, con “vivencias de trauma, abandono, de maltrato” y con menos margen de error que otros jóvenes de su misma edad.

Como explica Gallardo, en la España de 2026, si ni siquiera para la mayoría de los jóvenes la emancipación a los 18 años es realista, para quienes salen del sistema de protección, el listón es todavía más alto. “No solo se trata de pagar un alquiler o encontrar un trabajo, sino de hacerlo mientras se aprende lo que otros aprenden en casa. Los jóvenes que encontramos cargan con una mochila emocional muy pesada”, añade.

Según el último boletín con datos estadísticos de 2023 de medidas de protección a la infancia y la adolescencia elaborado por el Ministerio de Juventud e Infancia, en España hay alrededor de 52.000 niños, niñas y adolescentes que crecen en acogimiento

Aldeas Infantiles SOS desarrolla su Programa de Jóvenes para acompañar a quienes han crecido bajo la tutela al cumplir la mayoría de edad, a través de proyectos de autonomía y recursos residenciales. Según los datos que proporciona la entidad, solo en 2024 atendieron a 1.406 jóvenes, dentro de un programa que incluye ocho proyectos de autonomía y pisos dirigidos a jóvenes extutelados.

Además, cuentan con pisos para “jóvenes sin referentes familiares”, donde se acompaña su acceso a permisos, formación y empleo. En la práctica, ese acompañamiento se traduce en lo que Sara enumera: un piso, manutención, apoyo emocional, ayuda con trámites y orientación según las necesidades. Y en lo que Hamid define como condición para poder imaginarse distinto y cubrir lo básico para que la meta no sea “solo sobrevivir”.

A su vez, en las conversaciones con Hamid y Sara se repite una palabra: el estigma. Hamid, por su parte, cuenta que, al decir que viene de un centro de menores, muchas veces la pregunta automática es “¿qué has hecho?”. Y añade que, siendo de origen marroquí, el prejuicio se carga aún más de sospecha. “Hay muchos estereotipos y siendo de Marruecos lo asocian directamente a la delincuencia”. Sara, por su parte, describe cómo en su ciudad se relacionan los programas de acompañamiento a jóvenes extutelados como una amenaza, mezclando protección con castigo.

¿Qué pasa si no existiera el apoyo?

La respuesta aparece cuando se les pide que describan “el después”. Hamid recuerda el miedo de aquellos días, y no el miedo a no quedarse sin comida, sino a un futuro sin protección legal. Sin papeles, ni contrato o permiso de trabajo. En su relato, el apoyo de Aldeas Infantiles no era un complemento, sino más bien lo que le permitió poner orden a sus prioridades. “Si no tuviese unas necesidades básicas cubiertas sería muy difícil conseguir mis objetivos. Comer y tener un sitio donde dormir para así estar bien emocionalmente”, apunta.

No solo se trata de pagar un alquiler o encontrar un trabajo, sino de hacerlo mientras se aprende lo que otros aprenden en casa. Los jóvenes que encontramos cargan con una mochila emocional muy pesada

Miguel Ángel Gallardo — Director del Programa de Jóvenes de Aldeas Infantiles SOS en Andalucía

Sara describe esa misma idea desde el impacto psicológico del cambio. “Es muy violento pasar de estar, a los 17 años, constantemente rodeada de educadores a, un día después, sola en un piso y no tener a nadie cerca”. Sin una ayuda externa, advierte, los problemas cotidianos como la compra, el alquiler o la incertidumbre generalizada se convierten en “arenas movedizas”. “No habríamos podido salir de esa soledad sin que alguien te extienda la mano”.

Gallardo, por su parte, enmarca esa estrategia de acompañamiento como una de las principales misiones de Aldeas Infantiles. “Hay que estar ahí cuando el Estado deja de estar y sostener ese tramo, frágil, en el que no basta con sobrevivir, sino que hay que aprender a vivir”, añade.

Los datos avalan las declaraciones de Gallardo y las historias de vida de Hamid y Sara. Según datos desprendidos de la Encuesta de la Federación de Entidades para la Emancipación Juvenil (FEPA) de 2024, nueve de cada diez jóvenes tutelados y extutelados estudia, trabaja o compagina ambas cosas, siendo el empleo la principal fuente de ingresos para el 38% de los jóvenes.

En su nueva entrega, la VII edición de los Premios Desalambre, organizados por elDiario.es para reconocer el trabajo de periodistas y organizaciones sociales en defensa de los derechos humanos, ya tiene ganadores. Este año, los galardones ponen el foco en miradas que corrigen ausencias, como la de las personas negras mayores en España, en el periodismo sostenido que abre camino en la cobertura de África y las migraciones, en un activismo y trabajo incansable sobre el genocidio en Gaza desde dentro y en campañas del tercer sector capaces de reconectar la cooperación con la sociedad civil utilizando códigos culturales contemporáneos o la inteligencia artificial. 

Los premios Desalambre de este año reconocen como mejor trabajo periodístico a Afromayores, un proyecto audiovisual y fotográfico alojado en redes sociales que visibiliza y amplifica las voces de personas africanas y afrodescendientes mayores en España. Por su parte, el premio a la perseverancia en trayectoria profesional recae en Pepe Naranjo, periodista especializado en migraciones desde Senegal y otros puntos del continente africano, por una trayectoria marcada con la constancia en la cobertura de la región, abriendo espacios informativos y generando conversación pública sobre realidades que, a menudo, quedan en los márgenes. 

En el ámbito del tercer sector, este año el jurado ha reconocido el trabajo de dos entidades en la categoría de mejor campaña de comunicación. Los premiados son el 'Tarot de la Cooperación', de la Coordinadora de ONGD de València, una iniciativa dirigida especialmente a población joven que utiliza la simbología del tarot para conectar retos globales con la realidad local y activar conversación. Y 'Cambiando una palabra', de Save the Children, una campaña que visibiliza las dos caras de la infancia en un momento en el que el mundo digital gira en torno al potencial de la inteligencia artificial.  

Por otro lado, el galardón a mejor activista en defensa de los derechos humanos ha recaído en Kayed Hammad, periodista, productor e intérprete gazatí con una trayectoria de años acompañando a medios internacionales y dando testimonio desde Gaza sobre el impacto humano de la guerra y el asedio en Palestina. 

Premios Desalambre en la categoría de periodismo:

Premios Desalambre en las categorías de activismo y ONG:

La entrega de premios se producirá el próximo jueves 12 de marzo de 2026 a las 19:00 horas en CaixaForum en Madrid. El jurado de la VII edición de los Premios Desalambre ha estado compuesto por Juan Luis Sánchez, cofundador y subdirector de elDiario.es; Javier Biosca, redactor jefe de internacional de elDiario.es; Gumersindo Lafuente, editor de la revista de elDiario.es y exdirector adjunto del periódico; Olga Rodríguez, periodista especializada en Oriente Medio y derechos humanos y cofundadora de elDiario.es; Moha Gerehou, periodista y activista antirracista; Cristina Fuertes, responsable de comunicación interna de la Coordinadora de ONGD; y Pilar del Río, periodista, traductora y presidenta de la Fundación José Saramago. 

Afromayores

El Premio Desalambre para el mejor trabajo periodístico escrito o multimedia es para Afromayores, un proyecto coordinado por Lucía-Asué Mbomío Rubio y Laurent Leger Adame, que visibiliza a las personas negras mayores de 65 años en España. El trabajo de fotografías y video-entrevistas, alojado en Instagram y YouTube, es una forma de reconocer la presencia de dicho colectivo de edad y de deshacer las lógicas asociadas a la persona migrante. Además, Afromayores no es solo un proyecto periodístico o fotográfico, sino que también ha implicado la organización de exposiciones, mesas redondas o encuentros intergeneracionales en los que los y las protagonistas del proyecto también son partícipes. El jurado ha recalcado la originalidad del trabajo y la trascendencia narrativa que abarca el proyecto desde una pequeña iniciativa. 

Pepe Naranjo, premio a la perseverancia

El ganador al premio que reconoce una trayectoria de perseverancia es Pepe Naranjo, periodista freelance. Desde 2011, reside en Senegal, desde donde ha publicado decenas de crónicas y reportajes para distintos medios, sobre todo El País. En los últimos años ha puesto el foco en el conflicto del Sahel con reportajes desde Mali, Burkina Faso y Níger. Autor de Cayucos (2006) donde ilustra la primera crisis de los cayucos, Los invisibles de Kolda (2009), una reconstrucción sobre uno de los peores naufragios de la ruta canaria y El río que desafía al desierto (2019), una recopilación de crónicas sobre África. El jurado ha destacado su perseverancia en la comunicación de las migraciones en España y desde el continente africano, la participación y organización de eventos y encuentros, así como su estrecha colaboración con entidades del tercer sector desde el periodismo. 

Mejor campaña de comunicación: un galardón para Save the Children y la Coordinadora Valenciana de ONGD 

En esta edición de premios Desalambre, el galardón a la mejor campaña de comunicación recae en dos entidades. Por un lado, para el Tarot de la Cooperación de la Coordinadora Valenciana de ONGD. La campaña premiada es fruto de meses de trabajo participativo con jóvenes de toda la Comunitat Valenciana. A lo largo de ese tiempo, la Coordinadora se ha reunido con colectivos juveniles que trabajan en justicia climática, feminismo y cooperación al desarrollo, con espacios de barrio y organizaciones colaboradoras. El resultado ha sido una campaña que utiliza la simbología del tarot para hablar de crisis climática, soberanía alimentaria, comercio de armas y racismo, entre otros temas. 

La otra campaña premiada es Cambiando una palabra, de Save the Children. Una campaña que visibiliza situaciones de infancia en distintos lugares con imágenes creadas por inteligencia artificial. La organización ha utilizado esta herramienta para concienciar y en la que los propios usuarios pueden comprobar por sí mismos cómo cambian las imágenes al modificar una sola palabra en los prompts dentro de las plataformas de inteligencia artificial. 

Kayed Hammad

El Premio Desalambre al activista del año es para Kayed Hammad, periodista, activista, intérprete y cineasta palestino. Desde Gaza, Hammad ha explicado el impacto del genocidio y ha colaborado como fixer con distintos medios de comunicación. Después de meses de trámites, consiguió salir de Gaza con su familia. Ahora, Hammad continúa trabajando para visibilizar la realidad del pueblo palestino y, a la vez, defiende el rol de los intérpretes y fixers como él, imprescindibles para garantizar el trabajo periodístico. El jurado ha recalcado su inagotable presencia y colaboración con los periodistas, así como la importancia de su activismo. 

Premio a una trayectoria profesional 

Además de los cinco galardones repartidos en las categorías de Periodismo y ONG/Activismo, elDiario.es concederá un reconocimiento especial a una trayectoria destacada en el ámbito de las ONG, un premio honorífico que pone en valor una labor continuada de trabajo en el tercer sector. El anuncio del ganador se producirá durante la gala el próximo jueves 12 de marzo de 2026.

Las personas finalistas son:

Ali tenía 13 años cuando le explotó un proyectil cerca mientras jugaba al fútbol. Perdió una pierna. Su hermano Nour, de nueve, terminó con una lesión medular que le provocó paraplejia. Su madre emprendió un camino desesperado por varias ciudades en Sudán en busca de atención médica en un país donde la guerra ha vaciado hospitales y carreteras. En ese trayecto, la ayuda humanitaria fue lo único que encontró en forma de red: apoyo para el transporte, material escolar y artículos de manutención básica. Lo suficiente para que sus dos hijos volvieran a la escuela.

Historias y testimonios similares se repiten en Sudán desde hace más de 29 meses de conflicto abierto, con un impacto devastador sobre los menores. Pero fuera del país, Sudán se desliza por los márgenes, aparece y desaparece en medios de comunicación eclipsado por otras guerras y urgencias. Mientras, dentro, se acumulan las señales de una catástrofe sostenida con una violencia generalizada, desplazamientos masivos, brotes de cólera y hambruna confirmada en zonas de Darfur el Norte y Kordofán del Sur. 

La guerra civil en Sudán, que estalló en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) sigue agravándose y transformando el país en una catástrofe humanitaria. A finales de octubre de 2025, las paramilitares RSF capturaron Al Fasher, última capital estatal bajo control gubernamental en Darfur del Norte, marcando un punto de inflexión político y militar al expulsar al ejército en vastas zonas del país y fragmentar aún más el control territorial. 

La caída de Al Fasher y las ofensivas en otras regiones han estado acompañadas por atrocidades generalizadas, incluidas masacres de civiles y violencia sexual. Una misión independiente de la ONU ha alertado de que las acciones de las RSF en este enclave muestran “indicios de genocidio” contra comunidades no árabes, con asesinatos masivos y violencia sistemática que pueden reflejar intención genocida por parte de la milicia. 

La mayor crisis humanitaria del planeta

“La mayor crisis humanitaria del planeta” suena a frase hecha hasta que se escucha a quien trabaja allí. “No es una afirmación retórica”, dice Francesco Lanino, subdirector de Programas y Operaciones de Save the Children en Sudán durante una conversación con elDiario.es. “Es una descripción basada en la realidad sobre el terreno. Es una combinación devastadora de guerra activa, desplazamientos masivos y colapso casi total de servicios básicos”, añade. 

Lanino pone un ejemplo que da cuenta del riesgo: “Alrededor de 375.000 personas están en hambre extrema al borde de la hambruna en Darfur”. Describe asentamientos improvisados, niños desnutridos y familias que dependen completamente de la ayuda humanitaria. “Esta crisis no se está estabilizando. Está empeorando”, insiste el subdirector desde Sudán. 

Muchas familias nos dicen que sienten que el mundo se ha olvidado de ellas. Ese sentimiento tiene consecuencias reales. Menos presión diplomática, menos recursos y menos protección para la protección civil

Francesco Lanino — Subdirector de Programas y Operaciones de Save the Children en Sudán

Según datos proporcionados por Save the Children, más de 15 millones de niños y niñas necesitan ayuda urgente, casi seis millones han sido desarraigados de sus hogares y más de 10 millones están expuestos a violencia en primera línea. A ello se suma que hasta el 70% de los hospitales en zonas de conflicto han cerrado y 13 millones de menores siguen sin poder acudir a las aulas. Más de 3.000 centros educativos se utilizan como refugios. 

Shiroug, nacida y criada en Sudán, es doctora, pero en sus ratos libres se dedica a su verdadera pasión: la ilustración. Actualmente vive en el estado de Al Jazirah, un lugar, cuenta, “relativamente seguro por el momento”. Cuando empezó la guerra, tuvo que dejar su casa en Jartum y desde entonces ha tenido que desplazarse, al menos, un par de veces. En el barrio en el que creció “ya no hay seguridad, está casi abandonado y no hay electricidad”, dice a este medio. 

A la pregunta de cómo se vive el día a día, Shiroug responde con una emoción sostenida. “En Sudán domina la preocupación, el futuro es desconocido y la poca estabilidad que queda en los estados más seguros es temporal”, apunta la joven. Habla también del cansancio de la juventud: “En los últimos años, incluso antes de la guerra, los jóvenes han pasado por muchas cosas sin poder procesar realmente lo que está sucediendo”.

El silencio como multiplicador del daño

Shiroug expresa su frustración por la escasa atención que suscita la guerra a nivel mediático. “Al principio había poca cobertura y, cuando llegó, ya era tarde. El genocidio de Al Geneina ocurrió tres semanas después del inicio de la guerra y apenas se cubrió en medios de comunicación internacionales”, explica. “Al Fasher solo ocupó titulares tras el asedio de la ciudad, y después, otra vez, silencio”, añade Shiroug.

“Sudán no es tanto un conflicto olvidado, sino más bien un conflicto ignorado. Me sorprende que con la magnitud de las atrocidades y la crisis humanitarias en Sudán no se hable ni la mitad de lo suficiente”, dice a elDiario.es Mohamed Amro, presidente de Casa de Sudán, organización radicada en Madrid.

En Sudán domina la preocupación, el futuro es desconocido y la poca estabilidad que queda en los estados más seguros es temporal

Shiroug — Doctora sudanesa

Además, Amro apunta a una idea que atraviesa las conversaciones con la diáspora sudanesa. “Por relevancia o magnitud, la crisis humanitaria de Sudán debería estar en todos los medios cada día, pero no lo está”. Lamino coincide con este diagnóstico y aporta algunos motivos: “Primero, la complejidad del conflicto con múltiples actores armados, frentes cambiantes y acceso muy limitado para periodistas y observadores internacionales y, segundo, que vivimos en un momento de acumulación de crisis globales que compiten por atención y financiación”. Pero advierte: “El sufrimiento no desaparece porque no esté en los titulares, simplemente se vuelve más silencioso y peligroso”. 

Ese silencio, según Lanino, también tiene consecuencias medibles: “Muchas familias nos dicen que sienten que el mundo se ha olvidado de ellas. Ese sentimiento tiene consecuencias reales. Menos presión diplomática, menos recursos y menos protección para la protección civil”, insiste el representante de Save the Children. 

Darfur y la violencia dirigida

En algunas regiones del país, especialmente Darfur, se habla abiertamente de limpieza étnica y genocidio. Lanino explica que, como organización humanitaria, no les corresponde hacer “calificaciones legales” y que debe determinarlo una investigación independiente. Pero sí pueden describir patrones: testimonios consistentes de ataques contra civiles, violencia dirigida a comunidades concretas, destrucción de viviendas y desplazamientos forzados. “Cuando ves que la gente huye no solo de combates, sino porque siente que está siendo perseguida por su identidad, es una señal extremadamente preocupante”, dice. 

Amro denuncia un giro más étnico del conflicto y de dinámicas que les recuerdan a ciclos previos de violencia en Darfur como la violencia étnica contra grupos de la región, como los fur o los masalit. 

Entre la cautela jurídica y la denuncia política hay un punto en común: la urgencia de proteger a los civiles, garantizar el acceso humanitario y sostener mecanismos independientes de investigación y rendición de cuentas.

Una de las “pocas estructuras operativas que resisten”

En muchas zonas de Sudán, especialmente en áreas afectadas por desplazamientos masivos, “las organizaciones humanitarias como Save the Children se han convertido en una de las pocas estructuras operativas que quedan cuando las instituciones públicas colapsan o dejan de funcionar”, apunta Lanino. No se trata solamente de repartir ayuda, sino también de sostener “sistemas mínimos” donde ya no existen. 

Según información proporcionada por Save the Children, la organización trabaja en 13 de los 18 estados de Sudán, con 15 oficinas y más de 450 empleados en colaboración con 31 organizaciones aliadas, tanto nacionales, como internacionales o instituciones gubernamentales. 

La acción de la organización abarca salud, nutrición, agua y saneamiento, protección infantil, seguridad alimentaria y educación, además de respuestas de emergencia como refugios y artículos no alimentarios. Aun así, la propia entidad subraya el límite de su alcance. “No podemos sustituir a un Estado ni garantizar seguridad. Podemos salvar vidas y reducir riesgos, pero la protección real requiere que cesen los ataques contra civiles, que se respete el derecho internacional humanitario y que haya voluntad política para estabilizar el país”, cuenta Lanino.  

¿Qué pasaría si las ONG se retiraran de Sudán? “Las consecuencias serían inmediatas y muy graves”, sentencia Save the Children. En muchas zonas de Sudán, la ayuda, dice, “es la principal y a veces la única fuente” de alimentos, agua potable, atención sanitaria básica y protección infantil. “Muchas de las familias que he conocido dependen completamente de esa asistencia para sobrevivir. No existe un sistema público capaz de sustituirla. Sin apoyo, las familias se verían obligadas a reducir aún más las comidas, asumir riesgos extremos o recurrir a estrategias negativas como el trabajo infantil”, añade. Por eso, concluye Lanino, no sería solo una “reducción de servicios”, sino “un golpe directo” a la supervivencia y a la protección de millones de niños. 

Save the Children, al igual que otras ONG internacionales, trabaja con los miles de voluntarios que integran las Salas de Respuesta a Emergencias (ERR), redes ciudadanas que, entre otras cosas, gestionan comedores comunitarios y hospitales y ayudan a evacuar a civiles heridos. “Nuestro objetivo es brindar ayuda mutua basada en la economía solidaria”, explican las ERR. La red se extiende por los 18 estados del país, donde coordinan unidades para entregar ayuda esencial allí donde la infraestructura tradicional no llega, convirtiéndose en un salvavidas para la población.

Obstáculos, falta de respuesta y urgencia

Sostener la última línea humanitaria implica operar entre combates activos, cambios en el control territorial del país, bloqueos administrativos y logísticos, carreteras inseguras y permisos que se retrasan. A ello se suma, y como advierten desde Save the Children, una “falta de financiación sin precedentes” y una “falta crítica de acceso humanitario”. Lanino, quien considera que la respuesta internacional “no está a la altura”, insiste en que “las necesidades están creciendo rápidamente, pero los recursos no aumentan al mismo ritmo”. 

Mohamed Amro defiende la importancia de la información y la normalización de conversaciones sobre Sudán en el debate público y político. “Hay que hacer presión desde los medios a los dirigentes políticos para que gobiernos como el de España actúen”, apunta. La joven Shiroug, desde dentro del país, reclama campañas que expongan complicidades externas, recaudación para apoyar a supervivientes y sistemas de salud y presión, incluso boicots, contra actores entre los que señala a Emiratos Árabes Unidos, que ha sido acusados en repetidas ocasiones de sostener a las fuerzas paramilitares RSF.

Lanino fija un horizonte concreto: en los próximos seis meses debe garantizarse un acceso humanitario “seguro, sostenido y predecible”, medidas reales de protección de civiles e infraestructuras esenciales y financiación suficiente. De lo contrario, advierte, la crisis seguirá profundizándose y marcará a toda una generación.

Me encuentro con Meryem Belkihel en el paseo marítimo de Casablanca (Marruecos), en la arteria que une la mezquita de Hasán II con el faro de El Hank. El viento sopla fuerte y una nube oscura y temible se acerca desde la costa hacia la ciudad marroquí. Empieza a llover. “Estarás acostumbrada a estas lluvias tan impredecibles, ¿no?”, pregunto. Se ríe y contesta: “Esto no es nada”.

Carga con dos mochilas, una riñonera y varios abrigos, casi como quien viaja con su vida a cuestas. Su actitud y sus bienes personales dejan entrever su estilo de vida: “Estoy más fuera que dentro de casa”. Meryem tiene 30 años, es de Casablanca y en las redes sociales es conocida como MeghyLost.

Desde enero de 2023 y durante tres años, recorrió sola una parte de África en bicicleta. Más de 35.000 kilómetros a través de 33 países, desde Marruecos hasta Sudáfrica, pasando por África oriental y con un salto a la isla de Madagascar. En todo ese tiempo no volvió a casa. “Fueron tres años sin parar, aunque hice algunas pausas y estancias más largas”, explica en una entrevista con elDiario.es.

Quería vivir una experiencia humana, visibilizar el papel de las mujeres y los efectos del cambio climático en diferentes regiones del continente

En la travesía, física y mentalmente exigente, pasó por desiertos, carreteras en mal estado, lluvias torrenciales y contextos políticos inestables. “Al principio no fue duro. Estaba muy emocionada, con ganas de avanzar, abierta a todo lo que viniera”, cuenta con ilusión y algo de nostalgia.

La idea no solo nació de una inquietud personal, sino también de una forma concreta de mirar y entender el continente africano: “Soy aventurera, me apasiona África y su cultura. Quería subir el Kilimanjaro (el pico más alto del continente), pero decidí hacerlo empezando desde Marruecos, cruzando el continente en bicicleta”.

Su experiencia también tenía una intención clara: acercarse a las personas. “Quería vivir una experiencia humana que se está perdiendo con el desarrollo acelerado, visibilizar el papel de las mujeres y los efectos del cambio climático en diferentes regiones del continente”.

Su diario no eran papeles donde garabateó letras, sino sus redes sociales. Instagram, YouTube, Facebook o TikTok se convirtieron en cuadernos de viaje abiertos. “Compartía todo el proceso y mucha gente que me seguía acabó reservando vuelos para visitar países africanos”, revela entre risas.

África no es un país

Otro de los objetivos centrales del viaje era desmontar los estereotipos que existen sobre el continente africano. “Para empezar, la gente sigue pensando que África es un país, que es peligrosa, que no hay tecnología, que no hay desarrollo...”, enumera. Además, insiste en que generalizar conduce, normalmente, a una visión distorsionada: “Sí, hay zonas de conflicto, pero se conocen. Si decides ir a un lugar peligroso, tienes que asumirlo”.

Para Meryem, el problema no es únicamente la existencia de conflictos, sino que la narrativa convierte esas situaciones concretas en una explicación total e integral de África “Incluso en países con problemas hay regiones seguras. África no es un continente peligroso”.

Durante su recorrido, se encontró con países con sistemas de pago digitalizados, grandes ciudades conectadas y dinámicas económicas avanzadas. Para ella, la desconexión entre la realidad y la percepción de la mayoría de las personas se explica en parte por la mirada histórica y mediática. “Se habla de guerra y pobreza, y se olvida todo lo demás”, añade. Aun así, a lo largo de los pasados tres años, Meryem también ha atravesado países donde hay tensión política y social.

Incluso en países con problemas hay regiones seguras. África no es un continente peligroso

En febrero de 2024, estuvo en Senegal durante las protestas tras el aplazamiento de las elecciones presidenciales, que finalmente tuvieron lugar a finales de marzo. Un año y unos meses después, en junio de 2025, su paso por Mozambique coincidió con las violentas protestas antigubernamentales en favor de la oposición de Venancio Mondlane. “Me encontré con las carreteras cortadas, colapsadas y un país completamente bloqueado. Aun así, y a pesar de que le aconsejaron esperar unos días en Maputo, la capital del país, Meryem decidió seguir el viaje.

“No eran situaciones agresivas contra la población en general”, señala. Durante una de sus últimas paradas, en octubre de 2025, se encontró con un Madagascar sumido en un golpe de Estado tras la huida del país del presidente Andry Rajoelina.

Fronteras, visados y desigualdad en la movilidad

La joven subraya que viajar por África como africana implica una dificultad añadida: los visados. “En África occidental muchos países no tienen visados para los marroquíes, aunque en la práctica se vuelve muy complicado”. Los costes son elevados: cerca de 200 euros para Camerún, 300 para Mozambique y otros 200 para Nigeria. “No es barato”, insiste.

Además, Meryem señala una paradoja recurrente. “A veces los europeos entran sin problemas y los africanos no”. Para la joven, esta desigualdad de movilidad es uno de los grandes problemas estructurales del continente. “Participé en una conferencia sobre una África sin fronteras. Viajar dentro del continente sigue siendo caro y difícil, incluso más que viajar fuera”, añade.

Viajar dentro del continente sigue siendo caro y difícil, incluso más que viajar fuera

“Como mujer marroquí quería mostrar que podemos hacer cosas grandes”. Frente a quienes repiten “no puedes”, Meryem responde con su viaje: “Estoy mostrando lo que yo puedo hacer y preguntando: ¿qué puedes hacer tú?”.

También buscaba reforzar el vínculo entre Marruecos y el resto del continente. “Tenemos más cosas en común con los países africanos que lo que la población marroquí piensa: hospitalidad, generosidad…”, cuenta. Además, quería cuestionar el relato dominante, tanto en Marruecos como en Europa: “En España también hay gente que piensa que África es solo pobreza y guerra”, lamenta. “Enséñales lo que he hecho”, me dice.

Aun así, es crítica con la forma en la que debemos viajar por África y exige una actitud concreta: “Tienes que ir con la mente abierta. No puedes llegar a un pueblo y quejarte de lo que no tienen. África es un continente donde puedes ser feliz, como en los países occidentales, solo depende de tu personalidad y de si estás dispuesto a salir de tu zona de confort”.

Una expresión se repite desde hace años en Marruecos: “Koulchi baghi ikhwi” (todo el mundo quiere irse). La pronuncian los jóvenes marroquíes asfixiados por una tasa de desempleo que ronda el 39% y las personas migrantes que, desde hace años, buscan migrar a Europa. Las sensaciones son compartidas: falta de horizontes, precariedad estructural y una dignidad que parece asomar más fuera que dentro del país del norte de África. Una consigna que permite leer paralelamente dos realidades que a menudo se presentan como separadas.

Precisamente en esa línea, y en el contexto de la Copa de África de Naciones (CAN) de fútbol de 2025, un grupo de investigadores, activistas, periodistas y organizaciones de derechos humanos han presentado la iniciativa “CAN yama CAN”, un juego de palabras entre las siglas de la competición y la frase árabe kan yama kan (érase una vez). Se trata de un manifiesto suscrito por asociaciones marroquíes e institucionales y denuncia la continuidad de las violencias, la criminalización de la migración y la utilización de los grandes eventos, en este caso futbolísticos, como herramientas de legitimación política.

El antropólogo social en la Universidad de Manchester y firmante del manifiesto Sébastien Bachelet señala en una entrevista con elDiario.es, que la CAN es al mismo tiempo un momento de celebración legítima y un espacio de interrupción crítica. “Estos eventos generan una euforia colectiva que pueden permitir superar brevemente distinciones sociales, pero también corren el riesgo de invisibilizar las violencias estructurales que persisten”, apunta. En el caso marroquí, añade, la competición no puede analizarse sin interrogarse sobre las prioridades de inversión pública, las desigualdades sociales y el lugar que ocupa la migración y la juventud en el proyecto político del Estado.

Mano de obra sin derechos

Marruecos se ha volcado en la organización de la competición de fútbol que reúne a sus vecinos africanos desde diciembre de 2025. Ciudades anfitrionas como Rabat, Marrakech o Casablanca, entre otros puntos del país, se han convertido en espacios de transformación después de más 870 millones de euros de inversión en infraestructuras, movilidad y adaptaciones a los estándares de la FIFA. Este contexto es clave para entender la situación de las personas migrantes africanas durante la CAN.

El torneo no ha supuesto un cambio radical en lo que se refiere a las políticas migratorias porque estas ya se rigen por una lógica estructural del Estado de reorganización espacial de las poblaciones migrantes, según Nabil Ferdaoussi, investigador y estudiante de Antropología Social en la Universidad de Ciudad del Cabo. “El principal efecto de estos grandes eventos en la población migrante es su inmovilización y retención en polos económicos y lugares específicos donde su mano de obra barata resulta indispensable”, señala. En Agadir, por ejemplo, hay más de 10.000 trabajadores migrantes indocumentados que trabajan en 20.000 hectáreas de invernaderos donde crecen frutas y verduras durante todo el año.  

Otras regiones como Berkane, Beni Mellal, Juribga o Kelaat Sraghna dependen en gran medida de los trabajadores migrantes en situación irregular, empleados en condiciones precarias y sin protección legal. “A través de estas decisiones y prácticas, las personas migrantes en Marruecos se convierten en personas sedentarias, pero útiles”, apunta Ferdaoussi.

El principal efecto de estos grandes eventos en la población migrante es su inmovilización y retención en polos económicos y lugares específicos donde su mano de obra barata resulta indispensable

Nabil Ferdaoussi — Investigador de la Universidad de Ciudad del Cabo

Esta contradicción se vuelve especialmente visible en el marco de la CAN. Como relata Ferdaoussi, “los migrantes ya están integrados en la lógica del mercado”. Es decir, muchos de ellos han participado directamente en la preparación del evento a través de la limpieza de las calles, las obras de construcción o el manteamiento de infraestructuras, mientras que, al mismo tiempo, se han tomado medidas excepcionales para que permanezcan fuera de los espacios relacionados con la CAN.

“Un joven que vendía dashikis (camisa colorida usada principalmente en África occidental) en la playa de Agadir, a unos cientos de metros de la zona de aficionados de la ciudad, a una pareja de turistas blancos fue detenido inmediatamente por agentes vestidos de civil”, apunta Ferdaoussi.

“Al fin y al cabo, la Copa África es africana y puede que no plantee un problema político grave para Marruecos y sus políticas migratorias, en la misma media que, por ejemplo, sí lo haría el Mundial de 2030. La industria turística que acompaña a la organización de la competición futbolística mundial puede requerir de medidas austeras de ”limpieza de migrantes“, añade el investigador. 

Una generación prescindible

Ayoub vive en Casablanca, es graduado en informática y está en búsqueda activa de empleo. “No está siendo fácil”, cuenta. “Hay dinero para la Copa África, mientras que no lo hay para mejorar las condiciones de nuestras vidas”, añade. “Además, Casablanca se está convirtiendo en una ciudad cada vez más cara a raíz de las inversiones extranjeras, competiciones como la CAN o el Mundial de 2030…”. Las reivindicaciones durante las manifestaciones de septiembre y octubre de 2025 apuntan al sentimiento de exclusión en un país que demuestra capacidad para organizar grandes eventos, pero no para garantizar derechos básicos.

La expresión “koulchi baghi ikhwi” toma también fuerza en este sentido. Para Ferdaoussi, el deseo de salir de Marruecos que experimentan las generaciones más jóvenes no es solo migratorio, sino profundamente político. Por su parte, Thierry Desrues, científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (ISEA) de Córdoba apunta que “estos jóvenes no están integrados políticamente. En Marruecos, los partidos que ocupan el Parlamento no representan un conflicto real entre proyectos de sociedad. Su función es, más bien, actuar como intermediarios entre el Palacio y la población, y a menudo servir también a intereses propios. En ese contexto, la juventud no encuentra canales de representación”. 

Romper la falsa oposición entre marroquíes y migrantes

El mercado senegalés del centro de Casablanca está pletórico el 9 de enero, fútbol mediante. Senegal ha ganado a Mali y se clasifica para las semifinales. Entre vítores, el rugido de los tubos de escape de las motos y los pitidos de una decena de vehículos asoman símbolos de convivencia y respeto entre senegaleses y marroquíes. Se difumina por unas horas el discurso dominante, que tiende a establecer una frontera artificial entre marroquíes y migrantes.

Los jóvenes no están integrados políticamente. En Marruecos, los partidos que ocupan el Parlamento no representan un conflicto real entre proyectos de sociedad.

Thierry Desrues — Científico titular del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Córdoba

El manifiesto “CAN yama CAN” apunta que la criminalización de la migración no es un fenómeno externo, sino una política que también afecta a la ciudadanía de Marruecos. Bachelet subraya, en ese sentido, que la cuestión migratoria no puede entenderse como un problema aislado.

“La criminalización de las personas migrantes forma parte de un régimen político más amplio de gestión de lo indeseable”, explica el antropólogo, que añade que la violencia ejercida contra las personas migrantes no es ajena a la frustración política que atraviesa la juventud marroquí, y advierte: “La pregunta es si la CAN no acabará funcionando también como una distracción que permita aplazar o silenciar reivindicaciones sociales más amplias”.

El rostro de una mujer joven africana está apoyado sobre dos manos blancas que siguen el contorno de su cara. Que estas sean blancas sobre la tez de una persona negra y, al mismo tiempo, la fotografía de la portada de su último libro, La trampa del autoengaño: un análisis crítico de las relaciones entre Europa y África, no es casualidad para Carlos Lopes (1960, Guinea-Bisáu), escritor, economista y ex Alto Representante de la Unión Africana para las negociaciones con Europa en 2018. “Son manos que apoyan o que controlan, la definición es extraña, inexplicable… Habla de un autoengaño”, cuenta durante la presentación de su nuevo libro en Madrid.

Tras décadas de cooperación, Europa sigue asistiendo a África y entendiéndolo como un continente con aparentes necesidades de salvación. En una entrevista con elDiario.es, Carlos Lopes, que también ha sido secretario general adjunto de Naciones Unidas y secretario ejecutivo de su Comisión Económica para África (UNECA), habla sobre el cambio de paradigma en la relación África-Europa, el fin de la lógica de “compensación”, la asimetría estructural entre ambas organizaciones y la posición periférica de África en la economía mundial, entre otros temas.

Ha sido una de las figuras más relevantes en los procesos de negociación de la Unión Africana. ¿Cómo describiría, a nivel personal y como negociador, su experiencia en los últimos años? ¿En qué punto estamos ahora mismo dentro del marco de negociaciones?

Creo que estamos ante un cambio de paradigma, no sólo en África sino a nivel global. La relación entre África y los demás ha cambiado profundamente. Todo comenzó con el debate sobre China y la narrativa de una supuesta “invasión china”, un tema que en África siempre se observó de manera distinta. No porque la inversión china fuese enorme, sino porque esta presencia llenaba un vacío dejado por otros actores.

Después empezó la discusión sobre la necesidad de un pacto distinto con Europa, que pretendía basarse en una mayor igualdad. Sin embargo, esa ambición terminó cayendo en los estereotipos habituales, donde prevalecen las declaraciones de intenciones sin cambios reales. Los negociadores africanos empezaron a plantear reivindicaciones mucho más ambiciosas, pero la mayoría centradas en pedir más dinero, lo que refuerza mi visión de África como víctima vulnerable que necesita compensación. Mi trabajo, como el de otros colegas, ha sido precisamente intentar cambiar esa mentalidad hacia otra basada en la transformación, no en la compensación.

Cuando yo era Alto Representante de la Unión Africana para las negociaciones con Europa, quienes tomaban las decisiones no querían reunirse conmigo. Preferían negociar bilateralmente o simplemente anunciar medidas y esperar la reacción africana. Aun así, las cumbres se celebran porque existe una necesidad política de mostrar que hay progreso

Cuando se habla de transformación, no se mira cuánto se va a recibir en ayuda o inversión, sino cómo pueden cambiarse las reglas internacionales que han limitado el desarrollo africano. La dependencia de materias primas, por ejemplo, es consecuencia de una interpretación estrecha de la ventaja comparativa; también ocurre con la narrativa sobre la demografía africana, presentada como problemática cuando, en realidad, el continente vive una transición demográfica similar a la que atravesaron otras regiones. Estos conceptos sostienen una dependencia estructural que condiciona las negociaciones. Cambiar la mentalidad es lo más importante.

Hace apenas unas semanas se celebró una nueva cumbre entre la Unión Africana y la Unión Europea en Luanda, Angola. ¿Cómo funcionan realmente estas cumbres? ¿Qué queda fuera del foco mediático?

Estas cumbres son rituales. La evidencia es clara. Siempre, antes de cada cumbre, la Unión Europea anuncia alguna iniciativa que no ha discutido con los negociadores africanos, aun cuando existe un borrador de declaración conjunta. Con esa última cumbre ocurrió lo mismo. Se presentó un ‘Global Gateway 2.0’ supuestamente centrado en infraestructuras, sector privado y minerales críticos, pero sin ningún diálogo previo.

¿Y qué efecto tiene esa forma de actuar? Porque en el discurso oficial siempre se habla del refortalecimiento de las relaciones, de cooperación, de avanzar juntos… pero en la práctica parece que no se concreta.

El efecto es precisamente ese: un discurso ritualista que no se corresponde con la mecánica real de la relación. No puedes afirmar que estás mejorando la movilidad cuando las políticas de visados, por ejemplo, van en sentido contrario. No puedes prometer apoyo para la transición energética africana mientras adoptas medidas unilaterales como la ley europea sobre deforestación. Además, las personas que negocian los temas más duros no participan en estas cumbres.

Cuando yo era Alto Representante de la Unión Africana para las negociaciones con Europa, quienes tomaban las decisiones en estos asuntos no querían reunirse conmigo. Preferían negociar bilateralmente o simplemente anunciar medidas y esperar la reacción africana. Es un sistema que genera cinismo porque todos lo saben, pero nadie lo dice abiertamente. Y, como resultado, nada cambia ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo. Aun así, las cumbres se celebran porque existe una necesidad política de mostrar que hay progreso.

Existe la percepción de que estas cumbres están desequilibradas porque la Unión Europea llega con una institucionalidad aparentemente fuerte y la Unión Africana no tanto. ¿Es realmente así?

En parte, sí. La Unión Europea tiene un mandato extraterritorial y puede representar a sus Estados miembros en áreas como el comercio. La Unión Africana no tiene una capacidad tan clara porque es una organización más joven, con menos medios y con un mandato más limitado. Pero lo más importante no es eso, sino que, cuando África por fin logra formular una posición común, Europa tiene la capacidad de dividirla.

Antes de Donald Trump, lo que ocurría en el Mediterráneo durante un año equivalía a lo que pasaba entre México y Estados Unidos en un mes. Aun así, se presenta como una crisis sin precedentes

¿Dividirla cómo? ¿Con dinero, con presión política, con incentivos?

Con todo eso y más. A veces basta con ofrecer visibilidad política. Muchos dirigentes africanos tienen déficits de legitimidad interna y saben que aparecer en un escenario europeo les da estatus. Europa puede “comprar” a un líder sin gastar un céntimo, solo necesita invitarle a un evento y no invitar a quien defiende la posición común africana. Eso ya basta para romperla.

Un ejemplo histórico son los Acuerdos de Asociación Económica en el comercio y desarrollo entre la Unión Europea y los países de África, el Caribe y el Pacífico. En teoría, este grupo de países debían negociar juntos, pero cuando tocó negociar con África se decidió fragmentar el continente en bloques, mientras que el Caribe y el Pacífico permanecieron unidos. Esa división debilitó enormemente la posición africana y el acuerdo aún no está cerrado, mientras que los otros se firmaron en muy poco tiempo.

Esa fragmentación y presión política y económica en manos de los países europeos sobre el continente africano acaba teniendo consecuencias directas sobre la población civil. Lo vemos, por ejemplo, con la externalización de fronteras: quienes pagan el precio son las personas migrantes. ¿Forma esto parte de las mismas dinámicas de poder?

Sí, y muy claramente. Acabo de publicar un artículo demostrando con datos cómo es falsa la idea de una invasión migratoria africana. Las cifras son ridículas en comparación con la percepción dominante. Antes de Donald Trump, lo que ocurría en el Mediterráneo durante un año equivalía a lo que pasaba entre México y Estados Unidos en un mes. Aun así, se presenta como una crisis sin precedentes.

¿Y por qué prende con tanta fuerza esa narrativa? ¿Es miedo, racismo…?

Es miedo, pero también es demografía y racismo estructural. Europa es un continente envejecido, cada vez más conservador, y eso reduce la tolerancia hacia la diversidad. A esto se suma la persistencia de prejuicios raciales muy arraigados. Los datos lo desmienten todo. Según Frontex, el 94% de los africanos que entran en Europa lo hacen de manera legal, pero la gente cree lo contrario. Y cuando se pregunta cuál es la primera nacionalidad de migrantes en Europa, la mayoría apela a los africanos, cuando en realidad es Rusia. Entre las primeras diez nacionalidades apenas hay una o dos africanas. La distancia entre percepción y realidad es consecuencia directa de ese racismo estructural.

En su libro reflexiona sobre el papel periférico que África ha ocupado históricamente en la economía mundial. Más allá del discurso, ¿por qué sigue ocurriendo esto?

África ha contribuido enormemente a la modernidad mundial. Primero a través de la esclavitud y después como proveedores de recursos fundamentales. El mundo se desarrolló con capital africano y esa lógica no ha cambiado. Hoy hablamos de minerales críticos, pero es la misma dinámica de, por ejemplo, el coltán o el gas. Los recursos africanos se utilizan para impulsar el desarrollo de otros. Como consecuencia, África sigue siendo un exportador neto de capital. Según el Banco Mundial, sale más capital del que entra.

Muchos dirigentes africanos tienen déficits de legitimidad interna y saben que aparecer en un escenario europeo les da estatus. Europa puede “comprar” a un líder sin gastar un céntimo, solo necesita invitarle a un evento y no invitar a quien defiende la posición común africana

¿Incluso con poco desarrollo interno?

Incluso así. Los fondos soberanos y de pensiones africanos suman alrededor de 1,3 billones de dólares, pero el 80% se invierte fuera del continente. Se hace para cumplir con las agencias de calificación, que consideran arriesgado invertir en África. Ningún producto financiero africano tiene calificación de grado A, aunque el continente tenga uno de los mayores ritmos de crecimiento económico del mundo.

Etiopía, por ejemplo, lleva quince años creciendo a un promedio del 10% y aun así está clasificada como “bono basura”. La solución no pasa por aumentar la ayuda al desarrollo, esa es una lógica de compensación. Lo que necesitamos es transformación estructural. Crear nuestras propias reglas, nuestros propios productos financieros y decidir invertir en África, aunque el Fondo Monetario Internacional no le guste. Eso es exactamente lo que hicieron China, Malasia o Vietnam. África debe dejar de evitar lo obvio y empezar a actuar en función de sus propios intereses.

El miércoles 26 de noviembre, en pleno centro de Bisáu, se escucharon disparos que confirmaban la ejecución de un golpe de Estado en Guinea-Bisáu, tres días después de la celebración de elecciones generales. De esa forma, el país se sumaba a otros del cinturón del Sahel y de la costa occidental de África que han seguido el mismo camino desde 2020.

Un grupo de oficiales, que se presentaron en la televisión estatal como el Alto Comando Militar para la Restauración del Orden Nacional, anunció la detención del presidente del país, Umaro Sissoco Embaló, el cierre de las instituciones públicas, la suspensión del proceso electoral, el cierre de fronteras y el toque de queda. Este jueves, esa junta ha puesto al general Horta N'ta al frente de nuevo gobierno militar, mientras que Embaló ha huido a Senegal, según informó el Gobierno de este país, fronterizo con Guinea-Bisáu.

El golpe tuvo lugar apenas tres días después de las elecciones legislativas del 23 de noviembre, cuyos resultados oficiales todavía no se habían publicado, mientras que el propio Embaló y el candidato opositor, Fernando Dias da Costa, ya se habían declarado vencedores anticipadamente.

El contexto en el que se produjo el golpe incluye la exclusión de las elecciones del Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC), histórico partido del país; la disolución del Parlamento en 2023 por parte de Embaló y un clima hostil de detenciones a opositores y acusaciones de abuso de poder por parte del Ejecutivo. Aunque los militares afirman haber actuado para “restaurar el orden”, persisten dudas sobre las motivaciones reales de su intervención.

Un ciclo que se repite

Guinea-Bisáu no llega a este momento de repente. Desde su independencia de Portugal en 1974, el país africano ha registrado cuatro golpes de Estado consumados, además de una serie de intentonas. En 2003, 2010, 2012 y 2020 se registraron levantamientos, crisis militares o asesinatos políticos en la cúspide del Estado.

En 2022, en pleno asalto al palacio gubernamental, Embaló aseguró haber frustrado un intento de golpe “muy grave”, una declaración que ya entonces la oposición calificó como una maniobra política para reforzar su poder. Desde entonces, la politización del Ejército, las pugnas internas y la penetración de economías criminales, especialmente las redes de narcotráfico, han creado un escenario donde los equilibrios institucionales son frágiles.

El último episodio militar en Guinea-Bisáu no puede separarse del clima regional. Desde 2020, África Occidental y la región del Sahel han sido testigos de golpes miliares en Mali, Guinea, Burkina Faso, Níger, Chad y Gabón. Como apuntan analistas, dicha secuencia ha debilitado la capacidad disuasoria de la Comunidad Africana de Estados de África Occidental (CEDEAO) y ha impulsado otras agrupaciones político-militares como la Alianza de Estados del Sahel (AES).

Las causas profundas del golpe

En una entrevista con elDiario.es, el experto de geopolítica internacional Sani Ladan explica que la crisis actual “no nace el 26 de noviembre”, sino que parte de un sistema político “muy frágil y personalizado desde la independencia”, donde las instituciones no funcionan como contrapeso y las élites han operado históricamente de manera informal. Según Ladan, Guinea-Bisáu combina tres factores estructurales: un Ejército altamente politizado, una clase política relacionada con redes económicas opacas y una falta crónica de instituciones independientes.

Las elecciones del pasado 23 de noviembre ya se celebraron bajo un marco inestable con la exclusión de la principal coalición opositora (la Plataforma Alianza Inclusiva – La Tierra Empieza), un clima de acusaciones de fraude y dos candidatos vencedores antes del anuncio oficial. Para Ladan, esto hacía que las elecciones fueran “muy disputadas y poco creíbles”.

El golpe de Estado se produjo justo el día antes de que la Comisión Electoral publicara los resultados oficiales. Entonces, los generales se presentaron en la televisión afirmando que actuaban para evitar una “manipulación del recuento”. Sin embargo, y como sostiene el analista, “la suspensión del proceso electoral, el corte de internet y la paralización de la comisión encargada del escrutinio encajan más con un intento de congelar un momento políticamente incómodo que con una medida para proteger la transparencia”.

¿Una narrativa militar creíble?

La versión oficial del Ejército de que intervino para “restaurar el orden” tiene, en palabras de Ladan, “credibilidad limitada”. El experto en política africana sugiere que, si realmente la prioridad hubiese sido garantizar la limpieza del proceso electoral, lo lógico habría sido asegurar la integridad de la Comisión Electoral y de los observadores internacionales, no detener al presidente y suspender el recuento.

Además, tanto la Unión Africana, como la CEDEAO y Naciones Unidas han descrito el movimiento como una ruptura del orden constitucional: “Nadie que esté observando el proceso sobre el terreno compra la idea de un golpe a favor de la democracia”, apunta Ladan.

En este escenario, el Ejército no aparece como un árbitro neutral, sino como “una de las facciones que se disputa el control del régimen en un momento de máxima incertidumbre”, señala Ladan. Además, subraya que el golpe actual no puede separarse de las maniobras previas del Gobierno: “La presidencia de Embaló ha recurrido repetidamente a la táctica del miedo al golpe, deteniendo a mandos militares, denunciando complots y cerrando espacios políticos. El lenguaje de la amenaza permanente se ha convertido en una herramienta de poder”.

En octubre, semanas antes de las elecciones, las autoridades detuvieron a varios oficiales acusados de preparar un golpe. Este patrón, según Ladan, muestra una “normalización del estado de excepción”. El clima de represión para justificar decisiones extraordinarias desde el poder ha ido generando una crisis permanente, según apuntas varios testimonios en el medio Jeune Afrique.

Las consecuencias del golpe

En la tesis de que el golpe ha interrumpido deliberadamente el proceso democrático, Sani Ladan identifica dos consecuencias previsibles. En el corto plazo, señala que habrá una concentración de poderes en manos de los militares, detenciones selectivas en el entorno del opositor, restricciones de libertades, control de medios y presión sobre la sociedad civil. La población ya utiliza VPN para sortear la censura.

En el plano regional, se prevé una respuesta firme. La CEDEAO ya ha supendido al país, como ya hizo con Mali, Burkina Faso y Níger, además de considerar sanciones. Otras organizaciones multilaterales y socios internacionales revisarán su cooperación y financiación: “Para un país pequeño, empobrecido y dependiente del exterior, el impacto será inmediato y lo sufrirá la población”, apunta Ladan.

Por otro lado, en el medio plazo, el país podría entrar en una fase de gobernabilidad mínima, en la que el nuevo gobierno cuente con escasa legitimidad interna y externa. La falta de instituciones y continuidad política podría profundizar las redes informales del narcotráfico y llevar a Guinea-Bisáu a convertirse en un “narcoestado”.

El país africano es la costa más cercana a América Latina y desde mediados de los años 2000 es uno de los principales puntos de tránsito de cocaína hacia Europa. En 2008, una tonelada de cocaína procedente de Guinea-Bisáu destinada al continente europeo valía 60 millones de dólares, equivalente al 6,5% del PIB nacional.

Según Ladan, la única vía realista para que el país salga de esta situación es establecer un marco de transición claro y supervisado por la sociedad civil y la CEDEAO, con una fecha definitiva para que los militares dejen el poder. Este proceso debería incluir una recomposición de las instituciones claves así como el abandono de la lógica de “todo o nada” por parte de los partidos políticos.

El elemento decisivo es la reforma del sector de seguridad. Guinea-Bisáu necesitará redefinir el papel del Ejército y poner fin a la instrumentalización mutua entre el poder militar y político. Sin ello, Ladan advierte de que el país seguirá atrapado en los mismos patrones: “Si no se reformulan los incentivos de las Fuerzas Armadas y no se profesionaliza su cadena de mando, estaremos aquí otra vez hablando de golpe, intento de golpe o simulacro de golpe”.

La pantalla del móvil de la periodista Ola al Zanoun se enciende cada dos por tres durante la entrevista con elDiario.es en Madrid. Una avalancha de mensajes y notificaciones dejan entrever el fondo de pantalla de su teléfono: una fotografía de sus cuatro hijos.

Desde que empezó el genocidio en Gaza, hace más de dos años, la periodista y corresponsal en Palestina de RSF Internacional se ha visto desplazada en más de cinco ocasiones junto a su marido, el también periodista Adel al Zanoun, y sus hijos. Su vivienda está convertida en escombros y, en uno de los bombardeos israelíes, la reportera resultó herida en una pierna. “Volveremos a Gaza, inshallah [si dios quiere]”, afirma. Hace un año dejó forzosamente la Franja, pero sueña con volver.

La periodista palestina se encuentra en Madrid, donde este martes se ha celebrado la gala de entrega de los Premios RSF España.

Con motivo del 30 aniversario de su fundación, RSF España ha otorgado el premio internacional a Al Zanoun y al fotoperiodista palestino Motaz Azaiza por su compromiso con la libertad de prensa y el derecho a la información en un contexto donde no hay seguridad para los periodistas. Más de 200 informadores han sido asesinados por el ejército israelí en Gaza desde octubre de 2023 –de ellos, 56 fueron blanco de ataque directo por su actividad periodística, según la organización–.

Han pasado ya dos años desde el inicio del genocidio en Gaza. ¿Cómo se siente al mirar atrás?

Ha sido la peor experiencia de mi vida. Me he desplazado de casa unas cinco veces. Pasé alrededor de cinco meses sin un hogar estable. Pero lo más duro no es solo moverte de un sitio a otro, sino hacerlo sin nada: sin ropa, sin pertenencias, sin tu vida cotidiana. Cada vez que encontraba un lugar “seguro”, tenía que abandonarlo por los bombardeos. Y volver a empezar de cero. Desplazarse no significa solo cambiar de casa. Es intentar sobrevivir con lo mínimo en condiciones de miedo constante. Es muy doloroso abandonar tu hogar, tus recuerdos… una y otra vez.

Desplazarse no significa solo cambiar de casa. Es intentar sobrevivir con lo mínimo en condiciones de miedo constante

¿Qué significa para usted la palabra ‘refugio’?

Refugio... es una palabra que duele. No fue una elección, fue una obligación. Nos obligaron a salir bajo amenaza de muerte. Cuando te apuntan con un arma y tienes que decidir entre quedarte y morir o irte y salvar a tu familia, no hay opción.

No es la primera vez que mi familia vive esto. Somos originarios de Yafa [actualmente, Israel] y mis padres ya fueron desplazados antes. Ahora lo hemos vuelto a vivir. No se trata de querer irse, sino de tener que hacerlo para sobrevivir.

¿Y cómo fue la acogida fuera de Gaza? ¿Cómo les recibieron en otros países? Han estado en Qatar, ahora en Egipto…

Así es, primero estuve unos meses en Doha y después en Egipto. En ambos lugares encontré gente muy humana y solidaria. La mayoría de las personas nos recibieron con empatía, con compasión.

No se trata de en qué país estés, sino de sentir que alguien comprende tu dolor. Cuando te dicen “estamos contigo”, ese simple gesto alivia mucho. No somos solo víctimas en Gaza, también necesitamos sentir que el mundo nos ve, que no estamos solos.

No somos solo víctimas en Gaza, también necesitamos sentir que el mundo nos ve, que no estamos solos

¿Cómo describiría emocionalmente esa experiencia de huir una y otra vez?

Es un dolor continuo. Cada vez que te marchas, pierdes una parte de ti misma. No solo dejas cosas materiales, sino tu rutina, tu vecindario, tu vida cotidiana. Y, además, cuando llegas a otro lugar, no sabes cuánto tiempo podrás quedarte. Vives en un estado permanente de alerta. Mi corazón se rompió muchas veces. No es fácil mantener la calma cuando lo único que te acompaña es el miedo.

Ha trabajado en Gaza como periodista y es la representante de Reporteros sin Fronteras en Palestina. ¿Cómo ha sido ejercer el periodismo allí?

No hay periodista en Gaza que no haya trabajado bajo peligro. No existe lugar seguro, ni siquiera con un chaleco [antibalas] o un casco de prensa. De hecho, esos chalecos se convirtieron en objetivos.

Israel no quiere que el mundo vea lo que ocurre. No quiere que se documenten los crímenes contra civiles, mujeres y niños. Por eso los periodistas somos atacados: destruyen nuestras casas, nuestras familias, nuestras cámaras. Porque somos los que mostramos la verdad [al mundo].

¿Por qué cree que los periodistas se han convertido en un objetivo directo?

Porque para Israel somos más peligrosos que los combatientes. Nosotros no disparamos, pero mostramos al mundo lo que está pasando. Y eso genera presión internacional. Cuanta más información sale de Gaza, más presión sienten y más nos atacan.

A pesar de todo, siguió ejerciendo el periodismo. ¿Por qué?

Porque creemos en nuestra misión. Ser periodista en Palestina es una labor profesional, pero también patriótica. Queremos contar la verdad, queremos que el mundo vea el sufrimiento de nuestro pueblo.

Los periodistas no somos parte de la guerra. Somos testigos, comunicadores. Pero Israel no lo entiende así: nos ha asesinado, herido y encarcelado. Aun así, seguiremos trabajando, porque nuestra voz es nuestra resistencia.

Los periodistas no somos parte de la guerra. Somos testigos, comunicadores. Pero Israel no lo entiende así

¿Qué futuro espera para los periodistas palestinos?

Espero que las organizaciones internacionales presionen más para protegernos. Que se nos brinde apoyo psicológico, material y humano. Que se reconstruyan los medios destruidos y se respete el trabajo de la prensa. Necesitamos que el mundo actúe. Que las instituciones internacionales exijan responsabilidades. No queremos privilegios, solo protección y justicia.

Los gobiernos tienen que presionar más a Israel y a Estados Unidos. Yo no pido lujo ni privilegios, pido lo básico: seguridad, justicia, reconstrucción y respeto. Y que las familias de los periodistas asesinados reciban apoyo. Que se les reconozca su sacrificio.

El Fasher, capital de Darfur del Norte, en Sudán, se ha convertido en el epicentro de una de las crisis humanitarias más graves del mundo, según Naciones Unidas y organizaciones especializadas que operan en el país. Tras 18 meses de asedio que mantuvo a decenas de miles de civiles atrapados, la ciudad ha caído en manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (también conocidas como RSF, por sus siglas en inglés), la milicia formada a partir de antiguos janjawid, implicada en las masacres de Darfur en 2003. 

Según la Oficina de Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), al menos 782 civiles han muerto y más de 1.100 han resultado heridos desde mayo de 2024 en la ofensiva sobre El Fasher. Unicef calcula que alrededor de 260.000 personas permanecen atrapadas dentro de la ciudad, entre ellas más de 130.000 niños, sin acceso regular a alimentos, atención médica o agua potable. Otros 600.000 civiles han huido hacia el suroeste, principalmente a Tawila, donde los campos de desplazados están saturados. 

El conflicto entre las RSF y el Ejército sudanés (SAF), que empezó en abril de 2023, ha obligado a desplazarse a la fuerza a casi 12 millones de personas y más de cuatro millones se han marchado a países vecinos, según Acnur, en lo que se considera la mayor crisis de desplazamiento del mundo. Las estimaciones del número de muertos varían considerablemente, pero las víctimas se cuentan por miles.

Sudán, un país dividido

EGIPTO

Río Nilo

Darfur

CHAD

ERITREA

Jartum

El Fasher

ETIOPÍA

SUDÁN

DEL SUR

Ejército / Grupos aliados

RSF / Grupos aliados

Otros grupos aliados

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: CRITICAL THREATS PROJECTS AT THE AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE

Sudán, un país dividido

EGIPTO

Río Nilo

Darfur

CHAD

Jartum

ERITREA

El Fasher

ETIOPÍA

SUDÁN

DEL SUR

Ejército /

Grupos aliados

RSF /

Grupos aliados

Otros grupos

aliados

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: CRITICAL THREATS PROJECTS AT

THE AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE

La caída de El Fasher marca un punto de inflexión militar y humanitario y revive los temores de una repetición de las atrocidades cometidas en Darfur hace dos décadas. Se calcula que el Ejército ha sido expulsado de aproximadamente un tercio del territorio sudanés, una situación que muchos creen que acerca la posibilidad de que el país se enfrente a una partición.

Una guerra de atrocidades

Los civiles sudaneses están pagando el precio más alto de la guerra que ha devastado el país. Uno de los episodios más graves se ha producido recientemente en el Hospital Materno Saudí de El Fasher, donde, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), al menos 460 pacientes y acompañantes fueron asesinados en un solo ataque perpetrado por las RSF.

Ante el Consejo de Seguridad, el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher ha apuntado que El Fasher “ha descendido a un infierno aún más oscuro”. “Mujeres y niñas están siendo violadas, la gente [es] mutilada y asesinada con total impunidad. No podemos oír los gritos, pero mientras hablamos, el horror continúa”, ha dicho. Además, Fletcher ha advertido de que 16 meses después de la resolución que exigía que las RSF suspendiera el asedio a la ciudad y que las hostilidades se detuvieran inmediatamente, las violaciones al derecho internacional humanitario se han intensificado. “El mundo ha fallado a toda una generación”, ha afirmado. 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha informado de que ha recibido “múltiples informes alarmantes” de que las RSF están cometiendo atrocidades, incluidas ejecuciones sumarias, después de tomar el control de grandes partes de El Fasher y de la ciudad de Bara, en el estado de Kordofán del Norte, en los últimos días.

Según el Laboratorio de Investigación Humanitaria de la Universidad de Yale, el nivel de violencia en El Fasher es comparable al de las primeras 24 horas del genocidio de Ruanda. En un informe, el laboratorio indica que esta zona parece estar inmersa “en un proceso sistemático e intencionado de limpieza étnica de las comunidades indígenas no árabes fur, zaghawa y berti mediante desplazamientos forzados y ejecuciones sumarias”.

A lo largo de la guerra se han documentado numerosas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra contra civiles. El órgano de Naciones Unidas que investiga las violaciones en Sudán, la Misión Internacional Independiente de Investigación (FFM), publicó recientemente un informe en el que recopila los abusos perpetrados por todas las partes en el conflicto.

El documento se titula Una guerra de atrocidades y concluye que tanto el Ejército sudanés como las RSF han dirigido ataques a gran escala contra la población civil e infraestructuras vitales, incluidos centros médicos, lo que constituye una grave violación del derecho internacional. Según denunciaban, los civiles están siendo blanco de ambos bandos por su afiliación real o percibida con el bando contrario, y las ejecuciones, la tortura y las violaciones se han convertido en un horror cotidiano.

Según Amnistía Internacional, las fuerzas armadas sudanesas, las paramilitares RSF y sus aliados han cometido crímenes entre los que figuran violencia sexual contra mujeres y niñas, torturar y matar de hambre a civiles y bombardeos mercados, campamentos de desplazados y hospitales.

Emergencia humanitaria 

Desde la ciudad de El Geneina y en conversación con elDiario.es, la coordinadora de emergencias de MSF España en Darfur, Myriam Laraoussi, describe un panorama cercano al colapso total. “En las últimas noches han llegado casi 1.000 personas en varios camiones tras un viaje muy peligroso. La mayoría llega débil, con heridas o desnutridas. En un solo día, atendimos a más de 400 pacientes. Todos los niños menores de cinco años sufrían malnutrición aguda”, explica. 

La gente está siendo mutilada y asesinada con total impunidad. No podemos oír los gritos, pero mientras hablamos, el horror continúa

Tom Fletcher — Coordinador humanitario de Naciones Unidas

En Tawila, a unos 60 kilómetros de El Fasher, más de 800.000 personas desplazadas sobreviven en condiciones extremadamente precarias, mientras que el hospital opera con suministros médicos limitados y cortes de electricidad continuos. Los quirófanos funcionan con generadores y linternas, y el personal sanitario duerme por turnos en el suelo. 

Desde la misma localidad, la pediatra de MSF, Giulia Chiopris confirma que la caída de El Fasher ha multiplicado el número de heridos y desplazados. “Después de la caída de El Fasher, como esperábamos, estamos viendo una enorme cantidad de civiles heridos. Por eso MSF construyó un puesto de salud en la entrada de Tawila, donde hacemos triaje a cada paciente y derivamos los casos más críticos”. 

Los testimonios de los desplazados, añade Chiopris, describen torturas, disparos en las rutas de huida y viajes nocturnos para evitar los combates, así como de personas forzadas a comer restos de animales para sobrevivir, lo que provoca graves problemas gastrointestinales, especialmente en niños. 

El discurso de Tom Fletcher ante el Consejo de Seguridad de la ONU confirma lo que los trabajadores humanitarios repiten desde hace meses: Sudán vive una crisis humanitaria de dimensiones excepcionales. Más de 24 millones de personas –casi el 40% de la población– no tienen suficiente comida, y tres de cada cuatro hogares encabezados por mujeres sufren inseguridad alimentaria. 

Un conflicto olvidado

Mientras la guerra se prolonga, la sociedad civil sudanesa vive entre la angustia, la impotencia y el silencio internacional.

Mohamed Amro, presidente de Casa de Sudán, una organización radicada en Madrid, denuncia en una entrevista con este medio la indiferencia del mundo ante lo que consideran una campaña de exterminio en Darfur y en otras regiones. “Vivimos con tristeza y miedo. No sabemos cuántas personas han muerto, ni quién sigue vivo. Nadie habla de la crisis de Sudán, parece que pueden matarnos a todos y nadie va a decir nada”, afirma el joven.

Después de la caída de El Fasher, como esperábamos, estamos viendo una enorme cantidad de civiles heridos

Giulia Chiopris — Pediatra de Médicos Sin Fronteras

Los testimonios que llegan desde Sudán muestran un país traumatizado por las masacres en El Geneina, Wad al-Noura y ahora El Fasher, donde las RSF han repetido los mismos patrones de violencia que asolaron Darfur hace 20 años. “Todos los sudaneses sabemos que las RSF son una fuerza genocida”, explica Mohamed. “Por eso más de cuatro millones de civiles se han unido al Ejército sudanés durante los últimos dos años, para defenderse. Lo que están haciendo en El Fasher no sorprende a nadie, pero nos llena de rabia”, añade. 

“Lo que está ocurriendo en El Fasher recuerda los horrores que sufrió Darfur hace 20 años. Pero, de alguna manera, hoy estamos viendo una reacción global muy diferente: una de resignación. Por lo tanto, esta es también una crisis de apatía”, ha criticado el jefe humanitario de la ONU.

Las sombras exteriores

La guerra de Sudán no se sostiene solo por las armas que se disparan dentro del país, sino también por las que llegan desde el exterior. Una investigación de The Guardian ha revelado que equipos militares de fabricación británica –visores, drones y componentes de artillería– fueron hallados en manos de las RSF. 

El hallazgo, incluido en un informe de expertos de Naciones Unidas, detalla cómo ese material llegó a Sudán a través de intermediarios en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Por su parte, el medio Middle East Eye también documentó vuelos procedentes de aeropuertos emiratíes que transportaron armamento y suministros logísticos a las RSF, incluso después de que Abu Dabi anunciara el cierre de las negociaciones de paz. Sin embargo, el papel de EAU en el conflicto sudanés va mucho más allá del apoyo militar puntual. 

Emiratos ha pasado de ser un socio comercial a un actor geoestratégico clave en África, combinando inversiones, diplomacia y presencia militar indirecta. EUA es hoy el cuarto país en inversión directa en el continente, solo por detrás de China, Estados Unidos y Francia. El país controla o gestiona una veintena de puertos en diez países africanos a través de dos empresas estatales –DP World y AD Ports Group–, y ha firmado seis nuevos acuerdos de concesión portuaria en los últimos cuatro años. 

Están usando la sangre de los sudaneses para financiar sus negocios. Y el mundo calla

Mohamed Amro — Presidente de Casa de Sudán

El proyecto emiratí en África comenzó en el puerto de Berbera en Somalilandia y con el tiempo expandió su presencia hacia Sudán, Malí, Uganda, Tanzania y República Democrática del Congo, pero Sudán ocupa un lugar central en su estrategia africana. El país es uno de los principales exportadores de oro hacia Dubái y buena parte de ese comercio –según informes de Chatham House y Global Witness– financia indirectamente a las RSF, que controlan minas en Darfur, Kordofán y el Nilo Azul. 

La empresa al-Gunade, propiedad de familiares del líder de ls RSF, Mohamed Hamdan Dagalo (popularmente conocido como Hemedti), es uno de los principales socios comerciales de compañías emiratíes, entre ellas Kaloti Jewellery Group, con sede en Dubái, y otras firmas de compraventa de metales preciosas en el Golfo. Además, Emiratos firmó en 2022 un acuerdo de 6.000 millones de dólares con el Gobierno sudanés para la construcción del puerto Abu Amama, en el mar Rojo, a través del grupo estatal AD Ports. El proyecto quedó suspendido en 2024 tras el estallido de la guerra y las acusaciones desde el Gobierno sudanés hacia EAU sobre su apoyo a las RSF.

El portavoz de Casa de Sudán también apunta a la implicación de actores extranjeros, especialmente Emiratos, en el sostenimiento de la guerra: “Han enviado mercenarios colombianos y etíopes, con pasaportes y banderas de Emiratos. Llegan a través de empresas de seguridad emiratíes que operan en Libia”, cuenta. Su organización denuncia que este apoyo se traduce en un saqueo directo del oro del país, controlado por las RSF y exportado a Dubái: “Están usando la sangre de los sudaneses para financiar sus negocios. Y el mundo calla”, advierte. “La comunidad internacional tiene la obligación de declarar a las RSF como una organización terrorista, sancionar a quienes las arman y juzgar a los responsables del genocidio”, concluye.

Madagascar afronta una encrucijada histórica tras una oleada impulsadas por jóvenes de la generación Z. El Cuerpo de Administración de Personal y Servicios del Ejército de Tierra (CAPSAT), una unidad militar de élite, se ha alzado, suspendido la Constitución, disuelto las instituciones clave y asumido las funciones del Estado tras la huida del presidente, Andry Rajoelina.

Lo que parecía una crisis política más se ha convertido en un cambio abrupto de poder. El país ha entrado este miércoles en una nueva era de gobierno militar tras el golpe.

Las causas, varias y acumuladas

El detonante que encendió las calles de Madagascar fue algo cotidiano: cortes de electricidad y fallas recurrentes en el suministro de agua. En Antananarivo, la capital, amplios sectores sufrían desde finales de septiembre apagones de hasta 12 horas diarias mientras las autoridades seguían adelante con megaproyectos como un teleférico urbano.

Detrás del malestar por los malos servicios hay un caldo de frustraciones estructurales: pobreza generalizada –según el Banco Mundial, alrededor del 70% de los más de 30 millones de habitantes de Madagascar vive bajo el umbral de la pobreza–, desempleo juvenil, inseguridad institucional, acusaciones de corrupción y una gobernanza percibida como desconectada de las mayorías.

Miles de jóvenes comenzaron a manifestarse a partir del 25 de septiembre, agrupados bajo el nombre de Gen Z Madagascar, con lemas como “Mitsangana ry Tanora” (“levántate, juventud”) y denuncias directas al Gobierno. Las protestas subieron de intensidad cuando las fuerzas policiales respondieron con gases lacrimógenos, golpes y enfrentamientos que causaron al menos 22 muertos, según Naciones Unidas.

En este contexto, el presidente Rajoelina intentó maniobrar políticamente: primero disolvió el gobierno del primer ministro Christian Ntsay, luego nombró a un militar como sustituto, y finalmente trató de disolver el Parlamento cuando este avanzó hacia su destitución. Ha acabado huyendo “a un lugar seguro”.

El giro militar: el CAPSAT se subleva y asume el poder

El punto de inflexión ocurrió el 11 de octubre, cuando la unidad militar CAPSAT desobedeció las órdenes de reprimir a los manifestantes y se alineó con las protestas. En pocas horas, el CAPSAT tomó el control del aparato militar, ganó adhesiones dentro del Ejército y aisló al presidente.

El CAPSAT declaró el 13 y 14 de octubre que había asumido el “mando militar total”, suspendió la Constitución, disolvió el Senado, el Consejo Constitucional, la comisión electoral y otros órganos estatales críticos, dejando solo operativa la Cámara baja (Asamblea Nacional) con funciones simbólicas. El coronel Michael Randrianirina se autoproclamó presidente interino y anunció que gobernaría mediante un consejo de transición militar-civil por un periodo de entre 18 a 24 meses, “hasta restablecer un poder civil legítimo”.

Mientras tanto, Rajoelina huyó del país, supuestamente evacuado en un avión de origen francés, y fue acusado por el Parlamento (pese a los intentos del presidente por disolverlo) de abandono de funciones e impunidad constitucional. Su destitución fue aprobada por los legisladores, cerrando formalmente así el proceso constitucional ante el vacío de poder.

Francia, antiguo poder colonial hasta 1960, ha sido señalada por haber intervenido en la evacuación de Rajoelina y de mantener redes de influencia con sectores clave y estratégicos del país. Además, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha recibido críticas por sus comentarios sobre el proceso, vistos por muchos como amistosos con el Gobierno caído.

Entre la pobreza y la geopolítica del Índico

Madagascar, la cuarta isla más grande del mundo, ha sido durante décadas un ejemplo de la paradoja africana de la maldición de los recursos: sufre una pobreza estructural persistente pese a su riqueza natural inmensa. Con casi 30 millones de habitantes, posee abundantes recursos minerales (níquel, cobalto, zafiros) y una biodiversidad única —más del 80% de sus especies no existen en ningún otro lugar del planeta—, pero su PIB per cápita ronda apenas los 600 dólares anuales, uno de los más bajos del mundo.

En términos políticos, el país ha vivido una sucesión de crisis e inestabilidades desde su independencia de Francia en 1960. Golpes militares (1972, 1991, 2009 y ahora 2025), elecciones impugnadas y gobiernos de transición han sido una constante.

A nivel geopolítico, Madagascar ocupa una posición estratégica en el océano Índico, un corredor clave entre África y Asia. Esa ubicación atrae el interés de potencias globales: Francia mantiene una influencia histórica; China e India han incrementado su presencia económica y su inversión en infraestructuras; Rusia y Turquía buscan socios militares y diplomáticos en la región.

El país depende absolutamente de la ayuda internacional y de la cooperación multilateral. Según datos recopilados por Le Monde, el 70% del gasto de inversión del gobierno malgache depende del financiamiento externo, y en sectores como la salud, la educación y el medio ambiente, la dependencia supera el 90%. Este mismo año, el Banco Mundial aprobó una ayuda de 100 millones de dólares para Madagascar para apoyar reformas estructurales en sectores clave como las telecomunicaciones, la energía o la minería. Por otro lado, la retirada del programa estadounidense de USAID en el oeste del país interrumpió las ayudas para programas de asentamiento agrícola, de los que se habían beneficiado unas 1.000 personas.

Las pancartas y emblemas que exigen cambios para un futuro digno en las manifestaciones juveniles de Marruecos han llevado a detenciones, disturbios y enfrentamientos con la policía en diferentes puntos del país, especialmente en poblaciones cercanas a la ciudad de Agadir, en el sur.

En otras grandes urbes como Casablanca también se han producido altercados y arrestos entre los manifestantes más jóvenes, que señalan la arbitrariedad de las detenciones. “Durante los primeros días, las fuerzas de seguridad arrestaban a cualquier persona, a pesar de ser una manifestación pacífica”, explica desde allí uno de los implicados, que prefiere mantener el anonimato.

“Me detuvieron sin motivo alguno. Me arrastraron con fuerza hasta el coche policial y desde allí me trasladaron a comisaría, donde estuve más de 12 horas incomunicado”, explica el joven. “Solo reclamamos mejoras en los servicios públicos”, añade. “Ahora el pueblo está más enfadado por la falta de respuestas del Gobierno y las manifestaciones se están volviendo más violentas”, cuenta él mismo, tras conocer la noticia de las víctimas mortales.

Tres personas murieron el miércoles, dos de ellas en el poblado marroquí de Laqliaa, cercano a Agadir, después de que la policía abriera fuego, y alrededor de 350 han resultado heridas. La agencia de noticias pública de Marruecos MAP aduce que las víctimas mortales se produjeron cuando los manifestantes intentaban asaltar un puesto de la Gendarmería Real y sus agentes “se vieron obligados a utilizar sus armas de servicio en defensa propia, para repeler un ataque y una agresión”.

Las protestas y arrestos se recrudecen

Las autoridades han arrestado desde el sábado 27 a cientos de personas que intentaban manifestarse argumentando que las protestas no estaban autorizadas. Organizaciones como Amnistía Internacional han denunciado las detenciones masivas. Hasta el momento, y según informa el Ministerio del Interior marroquí, las fuerzas de seguridad han detenido a alrededor de 400 manifestantes.

El jefe de división de la Fiscalía marroquí, Ahmed Ouali Alami, ha precisado que los implicados en las manifestaciones podrían enfrentarse a penas hasta de “cadena perpetua”. El martes, 37 personas arrestadas en la capital declararon ante la Fiscalía. De ellas, 34 fueron liberadas con fianzas de entre 280 y 470 euros, aproximadamente, y tres permanecen en prisión preventiva.

Cada intento de reprimirnos solo aumenta nuestra creatividad y nuestra determinación. Estamos conectados, somos resilientes y no vamos a desaparecer

Un joven afincado en Casablanca

Desde el estallido de las manifestaciones, las protestas han escalado con intensidad y se han registrado incendios y daños materiales en alrededor de 400 vehículos policiales, según cifras oficiales del Estado marroquí. También ha habido destrozos en edificios y saqueos de comercios en 23 provincias. Los incidentes más graves se han registrado en ciudades como Salé, Ait Amira, Tiznit, Oujda, Tánger e Inezgane.

Respuesta del Gobierno

Tras días de silencio, y según publica la agencia de noticias marroquí, el jefe de Gobierno, Aziz Akhannouch, anunció en Rabat que el Ejecutivo “ha reaccionado positivamente a las demandas expresadas por los jóvenes” y que está dispuesto a abrir un espacio de diálogo y debate en instituciones y espacios públicos. Aseguró que todas las fuerzas políticas comparten esta voluntad y que el Gobierno buscará dar respuestas a las reivindicaciones sociales.

Akhannouch también expresó su pesar por la muerte de tres manifestantes y, al mismo tiempo, elogió la labor de las fuerzas de seguridad en defensa del orden y la seguridad pública. “El enfoque basado en el diálogo es el único medio para abordar los desafíos que enfrenta Marruecos y acelerar la aplicación de políticas públicas demandadas por la sociedad”, apunta el comunicado de MAP.

En la calle, sin embargo, la percepción es distinta. Otro joven afincado en Casablanca y entrevistado telefónicamente se muestra escéptico: “Ofrecen diálogo mientras siguen las detenciones. Eso ya lo hemos visto antes. Si quieren recuperar la confianza de la juventud, las reformas deben ser concretas, no solo palabras”.

Además, este joven señala que los manifestantes sienten vulnerados sus derechos constitucionales. “El artículo 29 de la Constitución marroquí garantiza la libertad de reunión pacífica, el artículo 31 obliga al Estado a garantizar sanidad y educación, y, aun así, vemos represión en lugar de escucha”, critica. El contraste con la monarquía también aflora en su discurso: “El rey siempre ha dicho que los marroquíes son ciudadanos con derechos, no súbditos pasivos. La protesta no es en contra de la monarquía, sino de un Gobierno que parece desconectado de la realidad”.

Mirando al futuro, advierte: “Cada intento de reprimirnos solo aumenta nuestra creatividad y nuestra determinación. Estamos conectados, resistimos y no vamos a desaparecer”.

Un movimiento digital de alcance

El movimiento GenZ212, que toma el nombre de la Generación Z y ha canalizado el descontento de la juventud marroquí desde las redes sociales hacia las calles, ha visto cómo su comunidad en la plataforma online Discord crecía de apenas 3.000 a más de 150.000 usuarios en cuestión de semanas, impulsada aún más por las recientes movilizaciones.

Las protestas tienen como telón de fondo una crisis estructural en cuestiones clave como la sanidad, la educación, el empleo y la corrupción. Entre sus demandas principales están la universalización de la cobertura sanitaria, el acceso a medicamentos a precios asequibles y la modernización de hospitales y centros educativos.

Marruecos cuenta con poco más de 15.000 médicos en el sector público para una población de 37 millones de personas, lo que equivale a cuatro médicos por cada 10.000 habitantes. Al mismo tiempo, y como apunta la Agencia Nacional de Estadística, el desempleo juvenil supera con creces al de los adultos: más de un tercio de los jóvenes carece de trabajo.

Frente a este panorama social, el Gobierno ha destinado 4.200 millones de dólares al sector aeroportuario, modernizando infraestructuras como los aeropuertos de Casablanca, Marrakech o Agadir, entre otros, y con la mirada puesta en la Copa Mundial de Fútbol de 2030.

Paralelamente, se levantan y remodelan estadios para cumplir los estándares internacionales exigidos por la FIFA, en un esfuerzo compartido con España y Portugal para organizar el torneo. Las consignas que corean las manifestaciones en las primeras jornadas de denuncia reflejan la tensión entre las prioridades oficiales, como el Mundial de fútbol, y las necesidades sociales más urgente.

La cara más joven de Marruecos reclama cambios. El pasado fin de semana, cientos de personas, en su mayoría pertenecientes a la generación Z, tomaron las calles de Rabat, Casablanca, Tánger o Marrakech, entre otras, en señal de protesta. Piden pacíficamente una educación y sanidad de calidad y justicia social –respetando la Constitución del país, la monarquía y demás instituciones, según sus comunicados–. Las concentraciones fueron abortadas en reiteradas ocasiones por las fuerzas de seguridad marroquíes.

“En muchas zonas rurales las escuelas están a kilómetros de distancia, los niños caminan horas y, cuando llegan, las aulas están saturadas, sin calefacción ni libros suficientes. Lo mismo ocurre en los hospitales: la gente no muere por la gravedad de sus enfermedades, sino porque no hay equipos ni personal. Eso ya no lo aceptamos como algo normal”, cuenta a elDiario.es un joven marroquí de Casablanca que prefiere mantener el anonimato. 

Los eslóganes y vítores durante las manifestaciones señalaron directamente la relación entre el deteriorado sistema de salud con la corrupción del Gobierno y las inversiones del país en la preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2030. “Los estadios están aquí, pero ¿dónde están los hospitales?”, se escucha en varios vídeos difundidos en redes sociales durante las manifestaciones de los últimos días. 

O el Gobierno escucha y empieza a invertir en hospitales y escuelas, o la brecha con la juventud será aún mayor

Un joven de Casablanca

Las protestas llegan en un momento de descontento popular por las desigualdades sociales en Marruecos, que han afectado principalmente a jóvenes y mujeres. Actualmente, la tasa de desempleo en el país se sitúa en el 12,8%, con un paro juvenil que sube hasta el 35,8%. A ello se suman las muertes de varias mujeres en un hospital público de Agadir por la ausencia de servicios urgentes, así como un segundo aniversario del terremoto de Marruecos con todavía “mucho trabajo por hacer”, como reclamó un grupo de manifestantes el pasado 9 de septiembre en Rabat.

GenZ212: el movimiento tras las protestas

“Tradicionalmente, los marroquíes aceptaban las dificultades con un ‘3adi’ o ‘hania’ [es normal, la vida sigue]. Pero la juventud de hoy ya no quiere normalizar el fracaso del sistema. Queremos dignidad y un futuro esperanzador”, explica el joven a elDiario.es.  

Como cuentan en su página web, GenZ212 es una nueva ola de activismo impulsada por jóvenes que exigen cambios. El nombre proviene del prefijo telefónico internacional de Marruecos (+212), simbolizando unidad y acción por el futuro del país. En sus redes sociales se presentan como “un espacio juvenil para el diálogo consciente, que busca soluciones constructivas y prácticas”. Otra organización, Morocco Youth Voices (Voces jóvenes de Marruecos) también han llamado a la juventud a manifestarse a lo largo del país. 

“GenZ212 no está dirigido por partidos políticos ni viejos activistas; nace de la frustración, pero también del amor a Marruecos. Queremos que el país prospere, respetamos al Rey, pero nos sentimos abandonados por las instituciones que deberían servirnos”, dice el joven. 

El principal canal de comunicación de ambos movimientos es Discord, una aplicación de mensajes que cuenta con más de 50.000 participantes, así como otras redes sociales. En el contexto del aumento de las protestas juveniles a nivel internacional, las protestas de septiembre de 2025 en Nepal destacan como un ejemplo significativo de la rebelión de la Generación Z contra la corrupción y el abandono gubernamental. Un camino que los jóvenes marroquíes han expandido a su país.

Decenas de detenciones

En los cuatro días consecutivos de protestas, no han cesado las detenciones por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes. Hakin Sikouk, presidente de la rama de Rabat de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), apuntó a que solo en Rabat se produjeron más de 60 arrestos, así como un número indeterminado en otras ciudades como Casablanca, Agadir, Oujda o Meknes. Se estima que el número total de detenidos supera el centenar.

“El silencio del Gobierno es inaceptable. No hay declaraciones oficiales, los medios ignoran las protestas y la Policía actúa como si estuviera defendiendo un monopolio del orden, no los derechos de los ciudadanos. La Constitución garantiza la libertad de reunión y al acceso a la sanidad y la educación. Lo que pedimos es que se cumpla”, añade el joven entrevistado.

Por su parte, a través de su comunicado, el Foro de Derechos Humanos del Norte de Marruecos ha condenado enérgicamente la violenta intervención de las fuerzas públicas contra manifestantes pacíficos en diversas regiones del país, en violación de lo estipulado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Además, también hace un llamamiento al Estado para que libere, de manera inmediata e incondicional, a todos los detenidos en el marco de estas protestas pacíficas. 

“Marruecos está en una encrucijada. O el Gobierno escucha y empieza a invertir en hospitales y escuelas, o la brecha con la juventud será aún mayor. No estamos en contra de nadie, queremos un país digno donde vivir con esperanza”, concluye el joven de Casablanca. 

Un nuevo informe elaborado por la organización Physicians for Human Rights (PHR) alerta de que la congelación de los fondos para la asistencia humanitaria decretada por el Gobierno de Donald Trump ha puesto en riesgo décadas de progreso en la lucha contra la epidemia de VIH y ha desencadenado una catástrofe sanitaria en la región de África oriental. El estudio documenta casos de mujeres seropositivas que decidieron abortar por miedo a trasmitir el virus a sus hijos, así como bebés que acabaron contagiados durante el embarazo ante la falta de acceso a medicamentos.

“Estamos creando una bomba letal para el futuro”, denuncia uno de los trabajadores entrevistados para el informe.

El Gobierno de Donald Trump emitió el 20 de enero de 2025 una orden ejecutiva que congeló todos los nuevos fondos de asistencia humanitaria y ordenó una revisión de 90 días de los existentes. Apenas cuatro días después, el secretario de Estado, Marco Rubio, envió órdenes de paralización de todos los programas en curso, lo que supuso el freno inmediato de cientos de proyectos, incluido el PEPFAR, el plan estrella de Washington para combatir el VIH en países de bajos ingresos, sobre todo del África subsahariana.

La congelación de los fondos fue parte de la paralización general de la ayuda internacional de Estados Unidos. Aunque posteriormente se concedieron excepciones parciales, la primera semana tras las órdenes de suspensión fue especialmente crítica: clínicas de Uganda y Tanzania tuvieron prohibido dispensar medicamentos comprados con fondos estadounidenses y se interrumpieron por completo los servicios comunitarios de distribución de antirretrovirales.

En los testimonios recogidos por PHR, profesionales sanitarios describen que recibieron mensajes de WhatsApp y correos electrónicos que les ordenaban detener inmediatamente todas las actividades, dejando a pacientes y programas abandonados y sin alternativas. Uno de los trabajadores comunitarios en Tanzania relata: “Ese día ya teníamos organizadas las rondas para entregar la medicación en la comunidad, y de repente nos dijeron que parásemos todo. Muchos pacientes llevan meses llamando y no sabemos cómo ayudarles”.

No quería que me culparan de traer al mundo a un bebé enfermo, así que decidí abortar

El mismo informe recoge testimonios de mujeres que han interrumpido su embarazo por miedo a dar a luz a un niño con VIH: “No quería que me culparan de traer al mundo a un bebé enfermo, así que decidí abortar”, cuenta. Según los datos recogidos, en algunas de las regiones hasta un 25% de las mujeres embarazadas seropositivas trasmitieron el virus a sus hijos durante esos meses críticos. “Es realmente doloroso ver a alguien dar a luz a un bebé cuyo primer test de ADN es positivo en VIH, simplemente porque no tuvo acceso al tratamiento”, dice un trabajador sanitario ugandés.

Además, varios pacientes describieron la angustia de ver sus reservas de medicamentos agotarse y tener que saltarse la dosis. “Me dieron solo 14 pastillas, cuando antes recibía medicación para tres meses. Me entró miedo y ansiedad. Pensé: '¿y si mañana ya no hay más?'”, explica una joven ugandesa en el informe.

Aumento del estigma

La crisis ha tenido un efecto colateral especialmente grave: la intensificación del estigma. El informe documenta un aumento de agresiones físicas y verbales contra personas con VIH y contra colectivos históricamente discriminados. Desde Tanzania, un médico alerta en el informe: “Si dejamos atrás a las poblaciones clave y vulnerables, estamos creando una bomba letal para el futuro”. PHR añade que la exclusión de estos grupos tras la suspensión de los fondos agravó aún más la discriminación.

Las interrupciones también supusieron la desaparición de los espacios comunitarios seguros que habían sido financiados con cargo al PEPFAR, lo que dejó a muchos sin un lugar donde recibir tratamiento o apoyo sin ser señalados. En Uganda, un trabajador comunitario explica en el informe que, tras la cancelación del programa, los locales que servían de puntos de distribución de medicinas fueron desalojados y alquilados a otros inquilinos, lo que impidió retomar el servicio incluso recibir la autorización parcial para reanudarlo.

El otro efecto

Más allá de las cifras, el informe subraya el golpe de esta decisión sobre la confianza de los pacientes a la estabilidad de su tratamiento. Muchos de los seropositivos entrevistados han expresado el temor a que los medicamentos se agoten de manera definitiva. El trabajo de PHR recoge el caso de un paciente que le dijo a su médico: “¿Ahora quieres que me muera? Si no me das medicación para seis meses, temo no volver a recibirla nunca más”.

Los médicos entrevistados describen el efecto de la medida: “Lo que temíamos hace tiempo ya está pasando: la gente está tomando la medicación un día sí y otro no, y eso genera resistencia [viral]. Este recorte es una sentencia de muerte para muchos”, ha indicado a la organización un facultativo de Uganda.

“Lo que temíamos hace tiempo ya está pasando: la gente está tomando la medicación un día sí y otro no, y eso genera resistencia [viral]. Este recorte es una sentencia de muerte para muchos”.

Aunque la interrupción fuese temporal, fue suficiente para destruir el delicado ecosistema de la lucha contra el VIH, en el que no basta con tener medicinas en la estantería de una farmacia, sino que también se necesitan sistemas sostenidos de acompañamiento para que las personas puedan mantener el tratamiento, según la ONG. Los programas comunitarios, los equipos de gestores de casos y las estrategias de entrega adaptada de medicinas se desmoronaron con el recorte.

La paralización de los fondos vino acompañada de una reforma administrativa que incluyó recortes en el programa de asistencia USAID y alteraciones en su estructura operativa. Ahora, y con el foco en la región de África oriental, está en riesgo el futuro de miles de pacientes en Tanzania y Uganda.

La Casa Blanca propuso en mayo un recorte del 66% de la financiación internacional destinada al VIH. En paralelo, la Oficina del Presupuesto (OMB) retuvo cerca de la mitad de los 6.000 millones de dólares ya aprobados por el Congreso para el PEPFAR, lo que ha dejado a países como Uganda y Tanzania en estado crítico. El informe de PHR documenta que un 25% de los fondos de atención y tratamiento para Uganda se han cancelado o están en riesgo de desaparecer, un 30% de los recursos de prevención ya están suspendidos y un 17% del presupuesto global ha quedado sin destino definitivo.

Frente a este escenario, PHR llama al Congreso estadounidense a actuar de inmediato. Plantea restaurar en su totalidad la financiación del PEPFAR en el presupuesto para 2026, volver a autorizar el programa y asegurar una transición ordenada hacia los sistemas de salud locales.

Abdoulaye Kaba tiene 23 años, vive en Guinea Conakry y está graduado en Economía. Aunque ha estudiado en su país, donde le gustaría emprender, no puede evitar pensar en “partir hacia la aventura”, como cuenta él mismo en conversación con elDiario.es. “Todo el mundo tiene un primo, un amigo o un hermano que ha intentado irse a Europa o que ya está fuera. En la vida cotidiana en Conakry es un tema constante”, asegura. “Muchos de nosotros queremos salir del país porque la vida aquí es muy difícil. El desempleo es muy alto, especialmente para los jóvenes, y, aunque tengas estudios, encontrar trabajo es casi imposible”, añade.

El pasado 18 de mayo, el colectivo Caminando Fronteras aseguró que la barcaza que volcó en el muelle de La Restringa en la isla de El Hierro habría salido de Guinea Conakry, a más de 2.000 kilómetros de distancia. En ella viajaban 150 personas, de las cuales al menos 20 eran niños y adolescentes, y donde primaban las nacionalidades guineanas y senegalesas. “Muchos intentan llegar a Europa pasando por Mali, Argelia o Libia… Es muy peligroso, pero el número sigue creciendo. Los medios a veces hablan de los peligros de cruzar el desierto o el mar, pero también muchos lo ven como la única salida”, explica Kaba.

En los últimos años, Guinea Conakry se ha consolidado como uno de los principales países de origen en la migración irregular hacia Europa, especialmente a través de la ruta atlántica hacia las Islas Canarias. En 2018, una de cada diez personas que llegaban desde el continente africano eran originarias de Conakry, según cifras oficiales de la agencia de la ONU para los refugiados, Acnur. Solo en 2023, según la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, alrededor de 21.000 personas partieron de Guinea rumbo a Europa de forma irregular, una cifra que se mantuvo elevada en los primeros meses de 2025.

¿Qué está pasando en Guinea Conakry?

Actualmente, la situación sociopolítica en el país de África occidental continúa marcada por una fuerte inestabilidad desde el golpe de Estado de 2021, cuando el coronel Mamady Doumbouya derrocó al entonces presidente Alpha Condé. Aunque la junta militar prometió devolver el poder a los civiles, el proceso ha sido lento y no exento de tensiones. En mayo de 2025 el Gobierno anunció un nuevo calendario electoral que prevé un referéndum constitucional en septiembre de 2025 y elecciones legislativas y presidenciales en diciembre del mismo año.

Sin embargo, este gesto formal de apertura convive con una deriva autoritaria. En mayo de 2023 el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), una coalición opositora clave, fue disuelto por decreto tras organizar manifestaciones contra la junta. Con ello, varios de sus miembros, como Oumar Sylla, fueron detenidos y condenados por “participar en reuniones no autorizadas”. Desde 2022, más de 40 partidos políticos han sido suspendidos administrativamente con el argumento de que no cumplían ciertos requisitos legales. “Desde el golpe de Estado, vivimos en una incertidumbre política. La transición prometida no se ha completado”, explica Abdoulaye para este medio.

El control también ha salpicado a los medios de comunicación. En diciembre de 2023 el Gobierno cerró seis emisoras de radio y televisión independientes, entre ellas Espace FM y Djoma Media. Algunos periodistas como Fana Soumah ha sido detenidos por difusión de información falsa tras denunciar abusos policiales. Además, el acceso a redes sociales como Facebook y WhatsApp ha sido bloqueado en varias ocasiones entre la población civil.

Expolio chino

En el plano económico, Guinea Conakry presenta una paradoja. En 2023, el país africano registró un crecimiento del PIB cercano al 7% e impulsado principalmente por la exportación de bauxita –de la que Guinea posee las mayores reservas del mundo– y por grandes proyectos de infraestructura.

Un ejemplo es el megaproyecto del Corredor Minero del Norte, que incluye una línea ferroviaria de más de 135 kilómetros de distancia y el desarrollo del nuevo puerto de Dapilon. Todo ello en colaboración con el consorcio chino SMB-Winning. Estos proyectos están diseñados para la extracción y exportación directa de materias primas hacia Asia, en particular hacia China, con poca transformación local. En este contexto, el auge económico no se ha convertido en mejoras tangibles para la mayoría de los ciudadanos.

Según el Banco Mundial, más del 45% de la población vive por debajo del umbral de pobreza, con acceso restringido a servicios básicos como el agua potable, la atención sanitaria fuera de la capital y la electricidad. El desempleo juvenil supera el 20% y en zonas rurales, cercanas a los enclaves mineros donde se produce el expolio, se han reportado casos de desplazamientos forzosos, conflictos por el uso del agua y degradación ambiental. “El Gobierno nos promete que vienen inversiones o proyectos que nos podrán emplear o mejorar nuestra situación. La realidad es que la gente no siente la mejoría”, explica Abdoulaye desde Conakry.

Militarización de la vida pública

El golpe de Estado, unido a las insurgencias armadas y las dificultades fronterizas, ha provocado un incremento en la militarización del país. En el plano regional, Guinea comparte fronteras con varios países, entre ellos Mali, un país que también está gobernado bajo una junta militar y que enfrenta conflictos armados contra grupos yihadistas afiliados a Al Qaeda y al Estado Islámico.

A pesar de que Guinea no ha sufrido directamente atentados yihadistas, el riesgo de contagio regional ha motivado a las autoridades a reforzar sus fronteras, especialmente con Mali y como pasó anteriormente en Sierra Leona.

Durante la guerra civil de Sierra Leona en los años 90 tropas guineanas intervinieron y ocuparon el pueblo de Tenga con el argumento de proteger su territorio. A pesar de que en 2005 ambos países firmaron un acuerdo para resolver el diferendo y restituir la soberanía de Sierra Leona sobre esta zona, Guinea ha mantenido una presencia militar intermitente, lo que ha provocado fricciones periódicas.

La IV Conferencia sobre Financiación para el Desarrollo, celebrada en Sevilla, ha sido escenario de fuertes tensiones entre la sociedad civil y los organismos multilaterales. Mientras los gobiernos y las instituciones financieras debatían sobre reformas del sistema económico global, las voces del sur global denuncian haber sido excluidas del proceso.

Así lo señala Wangari Kinoti (Nairobi, 1979), feminista panafricanista de origen keniano y referente internacional en justicia económica y derechos de las mujeres. Kinoti lideró en Sevilla una de las delegaciones de la sociedad civil que asistieron a la conferencia. Con una trayectoria vinculada a organizaciones como ActionAid y múltiples redes feministas internacionales, señala que mujeres y niñas acaban siendo el amortiguador de las crisis económicas y lanza una advertencia clara: si no se hace justicia con la deuda de los países del sur, no habrá igualdad real.

¿Cómo ha visto esta conferencia en Sevilla? ¿Cuál es su impresión principal sobre el enfoque actual de la financiación para el desarrollo?

El ambiente no ha sido favorable para la sociedad civil. Aunque el secretario general de Naciones Unidas, [António Guterres], aseguró en un mensaje al foro de la sociedad civil que seríamos la conciencia de este proceso, en realidad hemos sido sistemáticamente excluidas del diálogo con los Estados miembros y los organismos de la ONU. Incluso se nos ha amenazado con expulsiones por alzar la voz.

Este proceso, que se presenta como inclusivo y democrático, reproduce la arquitectura colonial y patriarcal de la financiación del desarrollo que supuestamente vinimos a reformar. Las propuestas más progresistas, muchas de ellas impulsadas por Estados africanos y movimiento sociales globales, han sido eliminadas del documento final. En esencia, las voces de quienes más sufren esta injusticia han sido silenciadas.

A pesar de todo, logramos realizar una acción simbólica de la sociedad civil dentro del espacio de la conferencia. Solo tuvimos tres minutos, pero fue suficiente para expresar nuestra solidaridad global frente al imperialismo financiero y alzar la voz por la justicia de género, fiscal, climática y de la deuda.

Según su experiencia, ¿qué espacio se da a las voces feministas y del sur global en este contexto? ¿Se siente escuchada aquí?

Incluso dentro de espacios de la sociedad civil más “convencionales”, las voces feministas no siempre son escuchadas. Pero por eso mismo estamos aquí, con una fuerte presencia feminista en Sevilla. Tuvimos un foro feminista durante los dos días previos a la conferencia oficial, y desde ahí articulamos las luchas por la justicia de género, económica y climática.

Las feministas estamos entrelazando estas luchas porque están en el núcleo de nuestra misión: garantizar una vida digna para todas las personas y proteger el planeta que habitamos. ¿Es suficiente el espacio que se nos da? Nunca lo es. Pero siempre estamos aquí para ocuparlo, para reclamarlo y para transformarlo.

¿Cuál cree que es el mayor riesgo de que estas cumbres internacionales no incorporen una perspectiva feminista estructural?

El riesgo es enorme. Una mirada feminista —que en realidad son muchas, porque hay distintos feminismos— nos permite conectar lo local con lo global, lo macroeconómico con la experiencia vivida. Revela puntos ciegos, opresiones que se cruzan, y se enfoca en quienes han sido sistemáticamente marginadas. Nos obliga a enfrentar el poder y a imaginar nuevas formas de bienestar centradas en el cuidado. No incorporar estas miradas no solo es un error: es peligroso. Si este proceso no integra una perspectiva feminista estructural, será incapaz de transformar realmente las arquitecturas globales de poder.

Habla con firmeza sobre la necesidad de abolir la deuda desde una mirada feminista. ¿Qué significa exactamente y por qué es tan importante?

La mayoría de los países del sur global están atrapados en un círculo vicioso de deuda. Hablamos de justicia de la deuda porque su estructura actual es profundamente injusta, colonial e imperialista. Y entrelazada con todo eso está la injusticia de género.

Las políticas económicas no son neutrales. Cuando hay deuda y austeridad, las mujeres y niñas terminamos absorbiendo el golpe: hacemos más trabajo no remunerado, asumimos el colapso de los servicios públicos, nos empujan hacia trabajos precarios y mal pagados. Las niñas abandonan la escuela. Pagamos de nuestro bolsillo servicios que deberían ser públicos. Y todo eso se da en contextos de violencia estructural que se agrava.

Concretamente, ¿cómo afecta la deuda externa a la vida cotidiana de las mujeres en contextos como el de África o América Latina?

La deuda significa menos inversión en salud, educación, protección social. Eso nos afecta directamente: más tareas de cuidado, más riesgos, menos derechos. Las mujeres somos las primeras en sentir el impacto de cada recorte. Estamos hablando de vidas deterioradas, de derechos negados, de violencia sistemática que atraviesa todos los ámbitos.

¿Qué papel tienen instituciones como el FMI o el Banco Mundial en la perpetuación de un sistema económico que reproduce desigualdades de género?

El FMI impone políticas de ajuste estructural que priorizan el pago de la deuda por encima del bienestar de las personas. Promueve recortes en servicios esenciales, lo que destruye la salud y la educación pública. El Banco Mundial, por su parte, fomenta la privatización de servicios y la financiarización del desarrollo.

Estas instituciones, que han estado en el centro de la gobernanza económica global por más de ocho décadas, mantienen a los países del sur global marginados de las decisiones clave. Esto genera más deuda, reformas nocivas y menos inversión en lo esencial.

¿Ve avances reales en la narrativa internacional sobre deuda y género o seguimos en los márgenes?

Hay avances, sí. Cada vez se habla más de las conexiones entre justicia de la deuda y justicia de género. Pero estamos lejos de donde necesitamos estar. Y lo más importante es que esto se aborde desde lo estructural. Porque el sistema económico actual está diseñado para aumentar la desigualdad, la injusticia y la explotación.

¿Y cómo puede el feminismo internacionalista construir una agenda común frente a sistemas económicos y financieros tan poderosos?

Ya lo estamos haciendo. Llevamos décadas construyendo una agenda feminista común. Desde la Conferencia de Beijing hace 30 años –donde ya se habló de la necesidad de incorporar una mirada de género en las políticas macroeconómicas– hasta hoy, seguimos organizándonos entre movimientos, regiones y causas.

Nos inspiran nuestra hermandad, nuestra solidaridad, nuestra memoria feminista. Aunque nos ignoren o nos digan que somos demasiado, no nos rendimos. Porque todo está en juego. Y, al final, el poder está en la gente.

Como mujer panafricana y feminista que lidera una agenda global, ¿cuáles han sido los mayores retos a los se que ha enfrentado en espacios de poder y toma de decisiones internacionales?

Uno de los mayores desafíos ha sido precisamente ese: ser ignoradas o reducidas a una presencia simbólica. Pero no estamos aquí para cumplir cuotas, sino para transformar estructuras. Seguimos adelante porque estamos organizadas, porque tenemos una visión clara y porque no estamos solas.

¿Qué la inspira y la sostiene en esa lucha?

Me sostiene la fuerza colectiva, nuestra hermandad global. Me inspira la historia feminista, todo lo que ya hemos logrado y lo que todavía podemos alcanzar. A las jóvenes feministas les diría que no están solas. Nunca subestimen el poder de organizarse, de conectar luchas, de alzar la voz. Puede que el sistema sea enorme, pero también lo es nuestra capacidad de imaginar otro mundo y de construirlo juntas.