Cada 5 de octubre celebramos el Día Mundial de los Docentes. Este año, bajo el lema 'Apoyar al personal docente: 60 años protegiendo la profesión, promoviendo su condición y configurando nuestro futuro', la fecha debería servir para algo más que para una celebración.

Después de más de cincuenta años dedicados a la educación, habiendo ejercido la docencia en distintos niveles, participado en numerosas investigaciones y publicaciones, sigo convencida de algo que hoy necesitamos recordar con más fuerza que nunca: no hay transformación social posible sin educación. Y no hay educación de calidad sin docentes bien formados, reconocidos y apoyados.

Al profesorado le estamos demandando mucho. Le pedimos que enseñe contenidos, eduque en valores, atienda la diversidad, detecte dificultades, prevenga el acoso, acompañe emocionalmente, forme ciudadanos críticos y, ahora también, que sepa utilizar la inteligencia artificial. Todo ello en aulas cada vez más complejas y diversas.

La pregunta no es si los docentes están preparados. La pregunta es si les estamos dando las condiciones para hacerlo.

La tecnología puede ser una gran aliada, pero nunca debería hacernos olvidar que educar es una tarea esencialmente humana. Una máquina puede ofrecer información o generar textos. Pero enseñar a pensar, despertar la curiosidad, acompañar ante una dificultad o transmitir confianza cuando un alumno o alumna está a punto de abandonar solo lo pueden hacer las personas.

Y aquí aparece una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo: la desigualdad.

La escuela recibe cada día las desigualdades de la sociedad. No todos los niños y las niñas nacen en las mismas condiciones ni tienen las mismas oportunidades. Pretender que todos lleguen al mismo punto partiendo de situaciones muy distintas es ignorar la realidad.

La educación no puede eliminar por sí sola las desigualdades, pero sí puede contribuir decisivamente a que el lugar de nacimiento, la situación económica o el nivel cultural de una familia no determinen de antemano el futuro de un niño o una niña. Para eso necesitamos docentes.

Necesitamos docentes con una formación sólida, pero también con tiempo para preparar, coordinarse, innovar y atender individualmente a sus alumnos. Necesitamos reducir una burocracia que resta tiempo a lo esencial. Necesitamos equipos de orientación y apoyo especializado. Necesitamos acompañar a quienes empiezan y reconocer la experiencia de quienes llevan décadas en las aulas. Y necesitamos, sobre todo, recuperar el reconocimiento social de la profesión.

La autoridad docente no se decreta. Se construye desde la competencia, el respeto y el reconocimiento.

Con demasiada frecuencia, las reformas se diseñan lejos de las aulas. Nadie conoce mejor las dificultades y las posibilidades del sistema que quienes cada día trabajan en él. Escuchar a los docentes no es un gesto de cortesía: es una necesidad.

Apoyar al profesorado no es defender privilegios. Es defender el derecho de toda la ciudadanía a una educación de calidad. Invertir en docentes es invertir en cohesión social.

En este Día Mundial de los Docentes deberíamos preguntarnos con honestidad: ¿Estamos cuidando suficientemente a quienes queremos que cuiden de nuestros hijos?

Cuidar al profesorado significa mejorar sus condiciones de trabajo, ofrecer formación útil y actualizada, reducir la burocracia, fortalecer la orientación, favorecer la colaboración con las familias y volver a colocar la educación en el centro de nuestras prioridades colectivas.

Mi experiencia y mi activismo en defensa de una educación pública de calidad me dan la autoridad para asegurar que la educación transforma vidas. He visto alumnos y alumnas superar dificultades, descubrir capacidades que desconocían y encontrar en la escuela una oportunidad que quizás no hubieran tenido en otro lugar. También he visto cómo las desigualdades se convierten en barreras enormes cuando faltan los apoyos necesarios.

Consecuentemente, sigo creyendo en la escuela pública, en sus profesionales y en su capacidad para construir una sociedad más justa. Pero, precisamente porque creo en ella, creo también que debemos exigir más: apoyos, recursos donde más se necesitan, formación, reconocimiento y políticas educativas estables que miren a largo plazo.

No podemos pedir a la escuela que resuelva todos los problemas de la sociedad. Pero sí podemos pedir que sea uno de los lugares donde empecemos a resolverlos.

Porque cuidar a los docentes es cuidar la educación. Cuidar la educación es combatir las desigualdades. Y combatir las desigualdades es, en definitiva, cuidar nuestro futuro. Este debería ser, más allá de cualquier celebración, el verdadero significado del Día Mundial de los Docentes.

En los últimos informes PISA he insistido en que los resultados educativos deben servir para corregir el rumbo, no para esconder las carencias. Si queremos preparar a nuestros jóvenes para el futuro, hay que escuchar al alumnado, a los docentes y a las familias, y recuperar una verdadera cultura del cuidado.

Hay algo peor que obtener malos resultados en educación: tenerlos y dedicar más esfuerzos a disimularlos que a analizar y solucionar sus causas. La educación es demasiado importante para reducirla a una clasificación, a veces incluso manipulada.

PISA solo puede decirnos dónde estamos, pero no puede decidir por nosotros hacia dónde queremos ir. Por eso hay que analizar qué ha funcionado, escuchar a quienes lo han hecho posible, corregir lo que aún falla, disponer de una inversión adecuada y, sobre todo, cuidar a quienes enseñan y a quienes aprenden.

El mundo que encontrarán nuestros jóvenes será más tecnológico, más cambiante y probablemente más incierto. Necesitarán conocimientos sólidos, pero también pensamiento crítico, creatividad, capacidad para trabajar con otros, autonomía, responsabilidad y la habilidad de seguir aprendiendo durante toda la vida.

La verdadera prueba educativa no se realiza cada tres años. Se celebra cada día en nuestras aulas.

El mejor resultado no es ocupar un determinado puesto en una clasificación internacional. Es conseguir que el alumnado con dificultades no abandone, que un docente pueda enseñar con ilusión, que una familia se sienta parte de la escuela y que nuestros jóvenes salgan preparados no solo para aprobar exámenes, sino para vivir con dignidad y responsabilidad en una sociedad que cambia rápidamente.

Los resultados de PISA 2025 ofrecen, en el caso de Castilla-La Mancha, motivos para valorar una evolución positiva. La región se sitúa por encima de la media española en las tres competencias y mejora notablemente su posición relativa: en Ciencias pasó del 15.º puesto en 2022 al 6.º en 2025; en Lectura, del 13.º al 5.º; y en Matemáticas, del 14.º al 6.º. En Ciencias, además, es la única comunidad que mejora su puntuación absoluta (+10 puntos, hasta 485).

Son datos que debemos conocer y valorar. Pero también debemos preguntarnos algo más importante: ¿Por qué mejoramos la posición? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué debemos mantener y qué necesitamos cambiar todavía?

Los datos de PISA no deben servir únicamente para fabricar titulares. Deben servir para aprender.

Esta reflexión resulta especialmente necesaria cuando miramos hacia atrás. En PISA 2022, Castilla-La Mancha obtuvo 464 puntos en Matemáticas, 468 en Lectura y 475 en Ciencias, frente a los 472, 476 y 485 de media de la OCDE. El último informe vuelve a situarnos ante una realidad que, para quienes conocemos de cerca nuestras aulas, no resulta especialmente sorprendente. Los datos pueden discutirse, analizarse y contextualizarse —y deben hacerlo los expertos—, pero difícilmente pueden ignorarse. Tenemos problemas educativos que requieren respuestas serias, sostenidas y valientes.

Lo verdaderamente preocupante aparece cuando el debate deja de centrarse en cómo mejorar el aprendizaje y comienza a girar en torno a cómo conseguir una mejor fotografía. Las denuncias sobre posibles irregularidades cometidas en algunas comunidades para mejorar los resultados, si finalmente se confirman, deberían hacernos reflexionar profundamente. ¿Qué sentido tiene mejorar una estadística si para ello empeoramos la verdad?

PISA no debería ser un examen que los sistemas educativos intenten aprobar. Debería ser una herramienta para saber dónde estamos y, sobre todo, para preguntarnos hacia dónde queremos ir.

El problema no se arregla cambiando una cifra. Se arregla cambiando determinadas realidades. Y para hacerlo hay que empezar por una evidencia que con demasiada frecuencia olvidamos: la educación sucede en las aulas y en las familias, no en los despachos.

Cualquier transformación educativa que pretenda ser duradera necesita a los docentes. Sin docentes no hay reforma posible. No como ejecutores de reformas diseñadas por otros, sino como protagonistas. Son ellos quienes conocen las dificultades concretas del alumno, quienes detectan antes que nadie los problemas de aprendizaje y quienes saben qué medidas funcionan y cuáles se quedan en el papel. Resulta difícil entender que se puedan aprobar grandes reformas educativas sin escuchar lo suficiente a quienes tendrán que hacerlas realidad cada día.

Tampoco podemos dejar fuera a las familias. La escuela no puede educar sola. La familia tampoco. Cuando ambas caminan en direcciones diferentes, quien pierde es el alumno. Necesitamos reconstruir una alianza educativa basada en la confianza, la corresponsabilidad y el respeto mutuo.

Hay que invertir más y mejor. La discusión no puede limitarse a cuánto dinero se dedica a la educación. También debemos preguntarnos cómo se utiliza y qué resultados producen esa inversión. Necesitamos reforzar la atención a la diversidad, mejorar la orientación, abordar seriamente la educación para la salud, apoyar al alumno con mayores dificultades, reducir las ratios, mejorar la formación de los profesionales y dotar a los centros de estabilidad.

Además, necesitamos algo que quizás sea menos visible en los presupuestos, pero mucho más decisivo: tiempo para enseñar, tiempo para escuchar, tiempo para coordinarse y tiempo para que una familia y los docentes puedan hablar antes de que un problema se convierta en un fracaso.

La cultura del cuidado no es bajar el nivel. Hablar de cuidado no significa construir una educación sin esfuerzo ni exigencia. Significa exactamente lo contrario: crear las condiciones para que el esfuerzo tenga sentido y pueda sostenerse. El estudiante necesita que se le exija, pero también que alguien cree en sus posibilidades. Un docente necesita responsabilidad, pero también reconocimiento y apoyo. Una familia necesita participar, pero también sentirse parte de la comunidad educativa.

Cuidar es prevenir el abandono, atender las dificultades a tiempo, mejorar la convivencia, proteger la salud emocional y conseguir que cada estudiante pueda desarrollar sus capacidades. Todo ello no es incompatible con la excelencia. Es una de sus condiciones.

Debemos educar para el futuro y ser elementos clave de un futuro diferente, al que debemos cuidar para vivir con dignidad, no solo para el próximo ranking.

Personalmente, considero que el error más profundo es que seguimos hablando de educación con una mirada demasiado corta y poco transparente.

PISA debería provocar algo más que titulares durante unas semanas. Deberíamos obligarnos a preguntarnos qué escuela queremos, qué sociedad estamos construyendo y qué estamos haciendo hoy para preparar a quienes vivirán en ella mañana.

Por tanto, no necesitamos maquillar la foto. Necesitamos mejorar la realidad que la fotografía intenta reflejar. Y para conseguirlo hacen falta menos batallas partidistas, menos obsesión por los rankings y más compromiso. Y, sobre todo, una política educativa que entienda, de una vez por todos, que educar no es fabricar resultados: es cuidar, exigir, acompañar y preparar para la vida sin ningún tipo de discriminación.

He dedicado más de cincuenta años de mi vida a la defensa de los derechos humanos, convencida de que la dignidad de la persona está por encima de cualquier ideología o interés político. Por eso no puedo permanecer en silencio ante lo que está ocurriendo en Ceuta.

Conozco bien la ciudad. He participado en varias ocasiones como miembro de tribunales de tesis doctorales y siempre regresaba impresionada: Ceuta era un ejemplo vivo de convivencia. Culturas, religiones y tradiciones diferentes coexistían con naturalidad. Junto a Melilla, representaba lo mejor de la España plural.

Por eso duele tanto ver su deterioro actual.

El problema no son las personas que llegan. Ningún ser humano es enemigo por cruzar una frontera. Las migraciones han existido siempre y seguirán existiendo mientras haya guerras, miseria o desesperanza. El verdadero fracaso no es la inmigración, sino la ausencia de una política migratoria seria, estable y previsible.

Durante años España ha vivido de parches: cambios legislativos constantes, regularizaciones extraordinarias, mensajes contradictorios y una preocupante falta de estrategia de Estado. Mientras tanto, Ceuta y Melilla han sido utilizadas demasiado a menudo como piezas en un tablero diplomático con Marruecos. Los resultados ya son visibles.

Ningún ser humano es enemigo por cruzar una frontera. Las migraciones han existido siempre y seguirán existiendo mientras haya guerras, miseria o desesperanza. El verdadero fracaso no es la inmigración, sino la ausencia de una política migratoria seria, estable y previsible

Llegan muchos jóvenes solos, sin proyecto vital, sin recursos ni formación. Ellos también son víctimas. Pero sería injusto olvidar a los ceutíes: tienen derecho a vivir con tranquilidad, a sentirse seguros en sus barrios, a que sus hijos crezcan en un entorno de convivencia y no de tensión permanente. Tienen derecho a que sus gobernantes les expliquen qué está ocurriendo y cuál es el plan para evitar que la excepción se convierta en norma.

¿Cómo hemos permitido que una ciudad símbolo de integración llegue a esta situación? Y, sobre todo, ¿quién asume la responsabilidad política de este fracaso?

El debate se ha polarizado de forma estéril. Para unos, cualquier crítica a la gestión migratoria es xenofobia. Para otros, todo migrante es culpable de los problemas. Ambas visiones son falsas e injustas. La inmensa mayoría de quienes llegan buscan una vida mejor. La inmensa mayoría de los ceutíes solo quiere conservar la convivencia que durante décadas definió su ciudad.

Defender los derechos humanos no significa renunciar al Estado de Derecho. Los derechos solo se garantizan cuando el Estado protege sus fronteras, desmantela las mafias que trafican con personas, ordena los flujos y ofrece protección real a quienes cumplen los requisitos legales e internacionales.

La solidaridad no es abrir las puertas para luego abandonar a quienes llegan y quienes ya vivían allí. Trasladar a las ciudades fronterizas un problema que compete al Estado y a la Unión Europea es injusto e insostenible.

Ceuta necesita recursos, planificación y una estrategia compartida.

La paz social también es un derecho que debe protegerse. Decirlo no es ir contra los derechos humanos: es defender una sociedad democrática, segura y cohesionada, única garantía real de que los derechos siguen existiendo.

España debe construir cuanto antes una política migratoria basada en tres principios inseparables: humanidad con quienes sufren, firmeza frente a las mafias, y respeto escrupuloso a la legalidad.

Gobernar no es reaccionar cuando la crisis estalla. Gobernar es anticiparse para que no estalle.

Ceuta merece recuperar su lugar como símbolo de convivencia, respeto y esperanza. Sus ciudadanos merecen ser escuchados sin descalificaciones. Y quienes llegan merecen un sistema justo, humano y ordenado que les diga con claridad cuáles son sus derechos y también sus obligaciones.

Después de más de medio siglo defendiendo los derechos de las personas, sigo creyendo lo mismo:

No hay derechos humanos sin dignidad.

No hay dignidad sin justicia.

Y no hay justicia sin orden.

Cuando la política abdica de su responsabilidad, las primeras víctimas son siempre las personas. Todas las personas.

Otra mujer asesinada. Otra familia rota. Otra comunidad conmocionada. Y, después, el mismo debate: protocolos, recursos, coordinación, protección, prevención.

Todo es necesario. Pero no es suficiente. Porque cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja, la violencia no comienza con el crimen. Mucho antes han podido aparecer el control, la posesión, los celos, la humillación, el aislamiento y la desigualdad. Y, ante esa realidad, debemos hacernos una pregunta incómoda: ¿qué estamos haciendo para educar contra la violencia antes de que sea demasiado tarde?

La respuesta no puede limitarse a actuar cuando ya existe una víctima.

La violencia machista no se combate únicamente en los juzgados, en los servicios sociales o mediante medidas de protección. También se combate en las aulas, en las familias y en la construcción cotidiana de las relaciones humanas. Se combate enseñando, desde la infancia, que nadie pertenece a nadie; que el amor no controla; que los celos no son una prueba de cariño; que la libertad del otro no se negocia y que ninguna persona tiene derecho a humillar, dominar o dañar a otra.

La educación no es una solución mágica. Pero sí es una de las herramientas más poderosas para transformar las ideas, las actitudes y los comportamientos que pueden terminar normalizando la desigualdad y la violencia.

Cada nueva víctima nos obliga a mirar de frente una realidad que no podemos seguir aplazando. El dolor no puede convertirse en una noticia más. La indignación no puede durar únicamente unas horas. Y la memoria de las víctimas no puede limitarse a un minuto de silencio

Los programas de coeducación, educación afectivo-sexual y prevención del sexismo pueden contribuir a reducir las actitudes sexistas, desmontar los mitos del amor romántico y cuestionar la aceptación de la violencia. Sin embargo, estos esfuerzos siguen siendo insuficientes, desiguales y, en demasiadas ocasiones, fragmentarios.

No podemos permitir que la prevención dependa de la voluntad individual de un centro, de un docente o de una administración concreta. La prevención debe ser una política de Estado.

Necesitamos programas obligatorios, rigurosos y evaluables de prevención de la violencia de género desde las primeras etapas educativas. Necesitamos formar al profesorado. Necesitamos proporcionar herramientas a las familias. Necesitamos profesionales preparados y recursos suficientes. Y necesitamos evaluar, sin prejuicios ni intereses partidistas, qué medidas funcionan y cuáles no.

Porque anunciar programas no basta. Aprobar leyes no basta. Reaccionar después de cada asesinato no basta. Hay que llegar antes.

Si queremos cambiar el futuro, debemos empezar mucho antes de que llegue la tragedia

Y llegar antes significa educar para la igualdad, para la libertad, para el respeto y para la convivencia. Significa enseñar a identificar el control y la violencia antes de que se normalicen. Significa formar personas capaces de establecer relaciones basadas en la dignidad y no en la dominación.

Cada nueva víctima nos obliga a mirar de frente una realidad que no podemos seguir aplazando. El dolor no puede convertirse en una noticia más. La indignación no puede durar únicamente unas horas. Y la memoria de las víctimas no puede limitarse a un minuto de silencio.

Si queremos cambiar el futuro, debemos empezar mucho antes de que llegue la tragedia.

Como catedrática y defensora de los derechos humanos, lo afirmo con absoluta convicción: la educación es una de las grandes herramientas de prevención de la violencia machista y no puede seguir ocupando un lugar secundario.

Las mujeres de Albacete, de Castilla-La Mancha y de toda España tienen derecho a vivir sin miedo.

Y nuestra sociedad tiene la obligación de educar para que ese derecho sea una realidad.

No más excusas. No más indiferencia. No más muertes.

La educación no puede seguir llegando tarde.

Celebramos el Día de los Abuelos y las Abuelas. Una fecha para reconocer a quienes han sido —y siguen siendo— refugio, consejo, ternura y protección para muchas generaciones.

Desde la Asociación Europea Liderazgo y Calidad de la Educación hemos querido poner en valor su figura promoviendo concursos de relatos sobre los abuelos y las abuelas. Porque detrás de cada historia hay una memoria, una enseñanza, una mano tendida y, muchas veces, una infancia que se sintió más segura gracias a ellos.

Son memoria viva, raíces y experiencia. Han cuidado, acompañado, educado y sostenido a sus familias. Han estado cuando más se les necesitaba. Pero reconocer su importancia no puede limitarse a una celebración o un homenaje.

Nuestros abuelos y abuelas tienen derechos. Y esos derechos no pueden depender de la suerte, de la familia que cada persona tenga, del lugar en el que viva o de la capacidad económica de cada hogar.

Tienen derecho a una atención sanitaria adecuada, accesible y digna. No podemos normalizar la falta de camas cuando una persona necesita atención hospitalaria, las demoras en la atención sanitaria o que las familias tengan que enfrentarse solas a situaciones de dependencia y enfermedad.

También tienen derecho a recibir atención en su propio domicilio cuando la necesitan. La atención domiciliaria debe ser suficiente y de calidad. No podemos aceptar que una persona mayor pase horas y días en una situación de soledad no deseada porque no existen los apoyos necesarios. La soledad no deseada no es un problema privado: es una realidad social que exige respuestas públicas.

Igualmente, tienen derecho a recibir cuidados paliativos cuando llega el final de la vida. Una atención digna exige que nadie tenga que afrontar un sufrimiento evitable por falta de equipos, profesionales o recursos suficientes. Morir con dignidad también forma parte de una vida digna.

Pero hablar de los derechos de las personas mayores exige también mirar hacia nuestros pueblos y hacia el mundo rural.

Vivir en un pueblo no puede significar tener menos derechos. La distancia no puede convertirse en una barrera para acceder a la sanidad, a los servicios sociales, a la atención domiciliaria, a los cuidados o a una vida acompañada y digna. Las personas mayores que viven en nuestros municipios rurales tienen derecho a recibir una atención de calidad sin verse obligadas a abandonar su entorno, sus raíces y la comunidad en la que han construido su vida.

Y debemos prestar una atención especial a las mujeres mayores del mundo rural. Mujeres que han trabajado, cuidado y sostenido durante décadas a sus familias y a sus pueblos. Mujeres cuya contribución muchas veces no ha sido suficientemente reconocida y que, al llegar a la vejez, pueden enfrentarse a una desigualdad acumulada, a la soledad y a mayores dificultades para acceder a los servicios y apoyos que necesitan.

Ellas también tienen derecho a ser escuchadas, atendidas y cuidadas. Tienen derecho a envejecer con dignidad en sus pueblos si así lo desean. Tienen derecho a que la falta de servicios no las obligue a abandonar su hogar. Tienen derecho a no ser invisibles.

Por eso, en el Día de los Abuelos y las Abuelas, queremos reivindicar algo tan sencillo como esencial: el cumplimiento efectivo de sus derechos.

No basta con decir que nuestros mayores son importantes. Hay que garantizarles una atención sanitaria adecuada. Hay que reforzar la atención domiciliaria. Hay que combatir la soledad no deseada. Hay que ampliar y fortalecer los equipos de cuidados paliativos. Hay que asegurar servicios suficientes en el mundo rural. Y hay que reconocer y atender las necesidades específicas de las mujeres mayores que viven en nuestros pueblos.

Porque nadie debería tener que reclamar como un privilegio aquello que es un derecho.

Cuidar a nuestros abuelos y abuelas es cuidar nuestra memoria. Respetarlos es respetar nuestra propia historia. Pero garantizar sus derechos es, sobre todo, construir la sociedad en la que todos queremos vivir.

Vivir en un pueblo no debe significar tener menos derechos. Y ser una mujer mayor no puede significar ser invisible.

Nuestros mayores no son únicamente pasado. Son presente. Son dignidad. Son vida. Y por eso, hoy y todos los días, debemos decirlo alto y claro: ofrezcamos derechos, corazón y futuro.

Hay dolores que no se pueden explicar con palabras. Se siente en el pecho, en la garganta, en la mirada. Uno de ellos es contemplar cómo arde un bosque.

Estos días, Castilla-La Mancha vive con angustia el enorme incendio de la Sierra Norte de Guadalajara. Más de 32.000 hectáreas arrasadas se han convertido en el mayor incendio forestal, por superficie, de la historia de nuestra región. Más de mil personas han tenido que abandonar sus hogares y numerosas poblaciones han vivido el miedo de ver el fuego acercarse.

Detrás de cada cifra hay una tragedia humana. Detrás de cada hectárea quemada hay árboles que tardaron décadas en crecer, animales que han perdido su refugio, paisajes que ya no serán los mismos y personas que han visto desaparecer parte de la tierra que les daba identidad y sustento.

Nuestra tierra, tantas veces considerada pobre, posee una riqueza extraordinaria. Sus montes, bosques, paisajes y ecosistemas son un patrimonio que no se mide solo en términos económicos. Son nuestra memoria, nuestra identidad y una herencia que debemos conservar y entregar a las generaciones futuras.

Por eso duele ver cómo esa riqueza desaparece entre las llamas. Y duele aún más cuando quienes tienen la responsabilidad de protegerla no han estado a la altura.

No basta con lamentar las tragedias cuando llegan. La verdadera responsabilidad comienza mucho antes: en la prevención, en la gestión y el mantenimiento de los montes, en la vigilancia, en la planificación y en decisiones valientes. Los bosques no pueden quedar abandonados a su suerte. Quienes gobiernan tienen una obligación que no pueden eludir.

Proteger el patrimonio natural no es un lujo. En las comunidades con mayores dificultades económicas, el cuidado de los bosques debe ser una prioridad absoluta. La pobreza nunca debe convertirse en excusa para descuidar nuestra verdadera riqueza. Al contrario, debería impulsarnos a protegerla con mayor determinación. Nuestros bosques pueden generar empleo, oportunidades, desarrollo sostenible y futuro. Pero, sobre todo, representan la vida.

La responsabilidad no recae solo en las instituciones. Todos tenemos una parte. La ciudadanía debe exigir, vigilar, participar y cuidar. Debemos recuperar la conciencia de que el monte no es de nadie y, al mismo tiempo, es de todos. Es patrimonio común.

Necesitamos recuperar la dignidad de sentirnos responsables de la tierra que habitamos. Dignidad para no mirar hacia otro lado. Dignidad para exigir a nuestros dirigentes que cumplan con su deber. Dignidad para comprender que la protección de la naturaleza no puede depender de la improvisación ni de la reacción ante la catástrofe.

Mientras celebramos con alegría los triunfos que nos unen como país, contemplamos con dolor el fuego devorando nuestros montes. Esa contradicción debería obligarnos a detenernos y preguntarnos qué estamos haciendo y qué estamos dejando de hacer.

No podemos acostumbrarnos a ver arder nuestros bosques. No podemos aceptar el fuego como una fatalidad inevitable. No podemos resignarnos a que cada incendio nos robe un pedazo más de nuestra tierra.

No podemos permitir que nos roben nuestra riqueza, nuestra memoria y nuestro futuro. Para que, cuando volvamos a mirar nuestros montes, no veamos solo una tierra pobre, sino una tierra viva, llena de historia, de belleza y de posibilidades

El fuego puede destruir en unas horas lo que la naturaleza tardó décadas o siglos en construir. Pero la indiferencia puede ser todavía más peligrosa.

Por eso necesitamos despertar. Necesitamos cuidar. Necesitamos exigir. Necesitamos que quienes tienen responsabilidades públicas comprendan, de una vez por todas, que proteger nuestros bosques no es una opción, sino un deber imperdonable.

No podemos permitir que nos roben nuestra riqueza, nuestra memoria y nuestro futuro. Para que, cuando volvamos a mirar nuestros montes, no veamos solo una tierra pobre, sino una tierra viva, llena de historia, de belleza y de posibilidades.

Castilla-La Mancha merece ser amada, protegida y respetada por todos y para siempre.

Cada junio, cerca de 300.000 jóvenes españoles se enfrentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Son días de nervios, expectativas y presión para estudiantes y familias. Para muchos, especialmente aquellos procedentes de entornos más vulnerables, no se trata únicamente de un examen: es una prueba que puede condicionar decisivamente su futuro académico y profesional.

La PAU cumple una función necesaria. Permite ordenar el acceso a titulaciones con plazas limitadas y establecer un criterio común de evaluación. Sin embargo, su existencia no debe impedir una pregunta fundamental: ¿compiten realmente todos los estudiantes en igualdad de condiciones?

La evidencia acumulada durante años muestra que los resultados académicos siguen estando estrechamente relacionados con factores socioeconómicos, culturales y territoriales. El acceso a recursos educativos, apoyo familiar, actividades de refuerzo o contextos favorables continúa marcando diferencias significativas en las oportunidades de éxito.

La reforma de 2026 ha apostado por un modelo más competencial, orientado a evaluar comprensión, análisis y aplicación de conocimientos, más allá de la mera memorización. El objetivo es positivo y responde a las demandas de una sociedad que necesita ciudadanos capaces de pensar críticamente. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la homogeneidad de las pruebas, los criterios de corrección y las diferencias existentes entre comunidades autónomas.

La igualdad formal de la prueba no siempre garantiza una igualdad real de oportunidades

En regiones como Castilla-La Mancha, donde miles de estudiantes afrontan estos días los exámenes, estas desigualdades adquieren una dimensión especialmente sensible. Muchos jóvenes proceden de entornos rurales o familias con menos posibilidades económicas para acceder a apoyos educativos complementarios. La igualdad formal de la prueba no siempre garantiza una igualdad real de oportunidades.

Por ello, el debate sobre la Selectividad no debería centrarse únicamente en el examen. La cuestión de fondo es si nuestro sistema educativo está siendo capaz de compensar las desigualdades de origen o, por el contrario, acaba reproduciéndolas. La educación constituye la principal herramienta de inclusión social y movilidad. Cuando falla esa función compensadora, el mérito individual corre el riesgo de quedar condicionado por el punto de partida.

La Selectividad no es solo una puerta de entrada a la universidad. Es también un espejo que refleja las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema educativo. El verdadero desafío no consiste únicamente en diseñar mejores exámenes, sino en garantizar que todos los jóvenes lleguen a ellos con oportunidades semejantes para demostrar su talento.

En los últimos tiempos, el debate sobre la navaja ha vuelto a ocupar conversaciones en Albacete. A menudo, cuando se habla de ella desde fuera, se hace desde el desconocimiento, reduciéndola únicamente a un objeto asociado al peligro o a la violencia. Sin embargo, para miles de albaceteños y albaceteñas, la navaja representa algo muy distinto: historia, identidad, tradición y artesanía.

Hablar de la navaja en Albacete es hablar de generaciones enteras de cuchilleros que levantaron talleres familiares con esfuerzo, paciencia y talento. Es hablar de un oficio transmitido de padres a hijos —y hoy también a hijas— que convirtió a nuestra ciudad en referente internacional de la cuchillería. Detrás de cada pieza hay horas de trabajo manual, diseño, técnica y pasión.

La navaja forma parte del alma cultural de Albacete igual que la Feria, el Recinto Ferial o el propio río Júcar forman parte de nuestra memoria colectiva. No es solo una herramienta ni un souvenir turístico: es un símbolo reconocido dentro y fuera de España, una expresión artística y un legado que merece protección y respeto.

Por supuesto, cualquier uso irresponsable de un objeto debe ser condenado. Pero sería injusto identificar toda una tradición centenaria con hechos aislados o comportamientos incívicos. Nadie cuestiona el valor cultural de otros elementos históricos por el mal uso que algunas personas puedan hacer de ellos. Con la navaja albaceteña debería ocurrir lo mismo.

Además, el sector cuchillero continúa evolucionando. Nuevos artesanos, diseñadores y escuelas trabajan para adaptar esta tradición al siglo XXI, apostando por la innovación, la formación y la apertura a nuevas generaciones. Hoy, la cuchillería también puede convertirse en una oportunidad cultural, educativa y profesional para jóvenes que buscan un futuro ligado a la creación artesanal.

Defender la navaja de Albacete no significa mirar al pasado con nostalgia, sino comprender que nuestro patrimonio también necesita futuro. Porque una ciudad que olvida sus oficios acaba perdiendo parte de su identidad.

La navaja albaceteña no debería verse únicamente como un filo. Debería contemplarse como lo que realmente es: una pieza de nuestra historia.

He tenido el honor de asistir, por invitación del diputado del Área de Educación y Cultura de la Diputación de Albacete, al estreno oficial del documental 'María, la bien pagá', dirigido magistralmente por Marcos Moreno.

A través de sus propias palabras y con un sentido del humor intacto, María Isbert (1917-2011) recorre su larga y fecunda vida en este documental. Y lo hace como ella era: directa, vital y sin victimismos. Lo que surge ante el espectador es el retrato de una gran mujer de su tiempo: luchadora, resiliente y trabajadora incansable.

Tenemos que destacar que el ejemplo de María Isbert debe ser un auténtico referente para nuestra juventud. Su vida representa a toda una generación de mujeres luchadoras que, lejos de rendirse ante las dificultades, supieron salir adelante con valentía, sacrificio y una enorme dignidad. Ni la edad, ni las dificultades económicas, ni la enfermedad, ni siquiera la enorme responsabilidad de sacar adelante sola a una familia numerosa pudieron frenar su vocación, su fuerza ni sus ganas de vivir.

Eso es precisamente lo que convierte este documental en algo mucho más profundo que un homenaje a una actriz querida. “María, la bien pagá” es también un reconocimiento a tantas mujeres invisibles que sostuvieron familias enteras mientras trabajaban, cuidaban y seguían luchando día tras día sin perder la ilusión. Mujeres que rara vez ocuparon titulares, pero cuyo esfuerzo silencioso hizo posible la vida de muchas generaciones.

Viuda con siete hijos, María superó enfermedades, dificultades económicas y las durezas de una profesión inestable, pero nunca dejó de amar su trabajo. Siguió actuando prácticamente hasta el final de sus días, demostrando una energía y una dignidad que conmueven. Su trayectoria es la de miles de mujeres de su generación que, con enorme entereza, sacaron adelante a sus familias mientras ejercían su vocación.

María Isbert nunca se instaló en el victimismo. Afrontó las dificultades con naturalidad, con humor y con una energía admirable. Continuó trabajando prácticamente hasta el final de sus días porque amaba profundamente su profesión y porque entendía la vida desde el compromiso y la entrega. Esa capacidad de resistencia, esa dignidad y esa pasión son valores que hoy necesitamos reivindicar más que nunca.

Por eso resulta tan importante el mensaje del documental frente al edadismo que todavía existe en nuestra sociedad. Parece que, al llegar a cierta edad —especialmente en el caso de las mujeres—, muchas personas dejan de ser visibles o de tener espacio público, como si la experiencia, el talento y la capacidad de aportar desaparecieran con los años. María Isbert demuestra exactamente lo contrario. Su figura nos recuerda que las personas mayores siguen siendo valiosas, creativas, activas y necesarias.

En un momento en el que parece que algunos quieren apartar a quienes ya han dado tanto, recuperar el ejemplo de María Isbert es también un acto de justicia y de memoria. Su vida y su trayectoria merecen ser admiradas no solo por su brillante carrera artística, sino por todo lo que representan: esfuerzo, resiliencia, humanidad y amor por la vida.

'María, la bien pagá' no es solo un documental sobre una actriz querida y popular —hija del mítico Pepe Isbert e intérprete en más de 250 películas—, sino también un hermoso alegato contra los estereotipos que todavía pesan sobre la vejez y, especialmente, sobre las mujeres mayores.

Un documental necesario, tierno y lleno de luz que reivindica la memoria de una mujer que se ganó con creces el título de 'bien pagá' por su talento, su esfuerzo y, sobre todo, por su ejemplo.

Cuando un niño dice “no quiero ir al colegio” y baja la mirada, no siempre es pereza. A veces es terror, vergüenza o la certeza de que, al cruzar la puerta, volverá a ser invisible, humillado o señalado.

El acoso escolar ya no solo ocurre en el patio. Ha colonizado los móviles, las redes y las noches de nuestros menores. Una burla que se repite, una foto compartida sin permiso, un grupo donde se decide quién vale y quién no. Heridas que no siempre dejan moratones, pero que rompen por dentro.

El cuerpo lo paga: dolores de cabeza constantes, problemas digestivos, insomnio y fatiga crónica. El estrés sostenido altera el desarrollo cerebral en edades críticas. La ansiedad, la depresión y la pérdida de autoestima se instalan. En los casos más graves, aparece la idea de que desaparecer es la única salida.

Esto no es 'cosa de niños'. Es un problema de salud pública que seguimos tratando como anécdota.

Confiamos en protocolos que se quedan en el papel y reaccionamos tarde, cuando el daño ya está hecho. Miramos hacia otro lado ante las 'bromas' o el 'siempre ha pasado'. Ese silencio adulto es también violencia: deja sola a la víctima y enseña al agresor que puede continuar.

El ciberacoso ha multiplicado la crueldad: ya no existe refugio. El tormento persigue a los menores hasta su habitación, incluso de madrugada.

Sabemos cómo prevenirlo, pero no actuamos con la urgencia necesaria. Falta educación emocional desde edades tempranas, acompañamiento psicológico accesible, alfabetización digital real y, sobre todo, valentía adulta para intervenir.

No se trata solo de castigar al agresor cuando el caso estalla. Se trata de construir entornos donde el acoso no sea posible, donde la diferencia no se castigue y donde pedir ayuda no sea signo de debilidad.

El acoso escolar no es un rito de paso. No “te hace más fuerte”. Es una herida profunda que, si no se cura a tiempo, marca de por vida.

Sin embargo, aún hay esperanza. Hay docentes que se dejan la piel, familias que no bajan los brazos, menores que encuentran la fuerza para contar su historia y administraciones que comienzan a entender que la salud mental infantil no es un lujo, sino una obligación.

La pregunta que debemos hacernos es incómoda: ¿Vamos a seguir mirando hacia otro lado hasta que duela en nuestra propia casa? ¿O vamos a decidir, de una vez por todas, que al colegio no van a aprender a sufrir, sino simplemente a vivir?

Porque cada niño que sufre acoso no solo pierde su infancia. Como sociedad, perdemos parte de nuestra humanidad.

Este 1 de mayo volvemos a alzar la voz por quienes sostienen cada día este país con su trabajo. Para quienes hemos dedicado la vida a la defensa de los derechos laborales, esta fecha no es solo simbólica. Es memoria, es lucha y es, sobre todo, una llamada urgente a no conformarnos.

Podemos sentir orgullo por lo conseguido. La reducción de la temporalidad, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o algunos avances en conciliación no son regalos. Son el fruto de décadas de esfuerzo colectivo, de personas que no nos hemos resignado y que hemos luchado por una vida más digna. A ellas les debemos lo que hoy tenemos.

Pero no basta. No podemos mirar hacia otro lado mientras demasiadas personas siguen atrapadas en la precariedad, mientras los salarios no alcanzan para vivir con dignidad y acceder a una vivienda se convierte en un privilegio y no en un derecho. No podemos aceptar que el trabajo siga siendo, para muchos, sinónimo de incertidumbre, especialmente para jóvenes y mujeres.

La realidad exige decirlo con claridad. El mundo del trabajo ha cambiado y las organizaciones sindicales deben cambiar con él. Su papel sigue siendo imprescindible, pero necesitan recuperar cercanía, credibilidad y fuerza. No pueden permitirse aparecer alejadas de quienes representan. No pueden perder el pulso de la calle ni de los centros de trabajo.

Hoy más que nunca necesitamos sindicatos fuertes, independientes y profundamente comprometidos con la justicia social

El 1 de mayo no puede quedarse en una jornada de gestos o palabras previsibles. Debe ser un punto de inflexión. Un momento para exigir más y mejor, para defender una negociación colectiva valiente que no esquive los conflictos reales. Debemos reclamar transparencia y renovación en las organizaciones, porque el diálogo social solo tiene sentido si pone en el centro a la persona trabajadora.

Hoy más que nunca necesitamos sindicatos fuertes, independientes y profundamente comprometidos con la justicia social. Porque cuando los sindicatos se debilitan, los derechos retroceden. Y cuando el trabajo pierde dignidad, la democracia se resiente.

Este 1 de mayo no es una fecha más en el calendario. Es una advertencia y es un compromiso. Advertencia de que lo conquistado puede perderse si no se defiende cada día. Compromiso de no aceptar la precariedad como norma ni la desigualdad como destino.

No hay justicia social sin derechos laborales. No hay futuro digno sin trabajo digno.

Que este 1 de mayo se convierta en impulso, en exigencia y en acción. Porque los derechos no se heredan. Se conquistan y se defienden.

Cada 23 de abril llenamos escaparates, repetimos consignas y celebramos el Día del Libro como si bastara con eso. Pero conviene decirlo sin rodeos: no estamos para celebraciones complacientes, sino para asumir una realidad incómoda. Estamos perdiendo la capacidad de leer bien y, con ello, estamos perdiendo una parte esencial de nuestra libertad.

Los libros no son un adorno cultural ni un gesto simbólico. Son una herramienta de pensamiento crítico, de construcción personal y de defensa frente a la manipulación. Y precisamente por eso, hoy resultan más necesarios que nunca.

Vivimos en una sociedad saturada de estímulos, dominada por la inmediatez y la superficialidad. Pantallas permanentes, contenidos fugaces, opiniones que se consumen sin contraste. Se nos ha acostumbrado a no detenernos, a no profundizar, a no cuestionar. Y en ese contexto, la lectura pausada, exigente, reflexiva, está siendo arrinconada.

Se insiste en que los jóvenes no leen, pero el problema no es ese. Leen, sí, pero de forma fragmentada, acelerada y superficial. Sin tiempo para comprender, sin espacio para dudar, sin herramientas para construir criterio. Y, cuando desaparece la lectura profunda, desaparece también la capacidad de pensar con autonomía.

Lo que está en juego no es un hábito cultural menor. Es la calidad de nuestra democracia

Lo que está en juego no es un hábito cultural menor. Es la calidad de nuestra democracia. Una ciudadanía que no lee en profundidad es una ciudadanía más vulnerable a la desinformación, a los discursos simplistas y a las verdades prefabricadas. Es una ciudadanía más fácil de dirigir, más fácil de confundir y más fácil de manipular. Sin pensamiento crítico no hay libertad real, y sin lectura profunda el pensamiento crítico se debilita inevitablemente.

Mientras tanto, normalizamos esta deriva. Convertimos la cultura en consumo rápido, reducimos la educación a resultados inmediatos y aceptamos sin resistencia un modelo que premia la velocidad frente a la reflexión. Se celebra lo viral, se repite lo visible y se margina lo que exige esfuerzo.

Leer exige esfuerzo. Y precisamente por eso es valioso. Porque leer implica detenerse, concentrarse, sostener una idea, enfrentarse a la complejidad. Supone entrenar la memoria, la comprensión, la creatividad y la capacidad de cuestionar. Supone, en definitiva, aprender a pensar.

Frente a la reacción instantánea y superficial, la lectura permite comprender los matices, asumir contradicciones y desarrollar una empatía real

Además, los libros ofrecen algo que hoy escasea peligrosamente: profundidad emocional. Frente a la reacción instantánea y superficial, la lectura permite comprender los matices, asumir contradicciones y desarrollar una empatía real. Nos obliga a salir de nosotros mismos y a mirar el mundo con mayor hondura.

Resulta preocupante que estemos perdiendo no solo el hábito de leer, sino la capacidad de hacerlo con rigor. Porque esa pérdida tiene consecuencias directas en cómo se forma el carácter, en cómo se construyen las ideas y en cómo se participa en la sociedad.

Ante esta situación, el Día del Libro no puede reducirse a una campaña comercial ni a una celebración vacía. Hace falta un compromiso firme, sostenido y valiente por parte de familias, centros educativos e instituciones. No basta con fomentar la lectura; hay que defenderla como lo que es: una herramienta esencial de libertad.

Abrir un libro hoy no es un gesto inocente. Es un acto de resistencia frente al ruido, frente a la prisa y frente a la superficialidad. Es una forma de proteger la mente, de construir criterio y de mantener viva la capacidad de pensar de manera independiente.

Los libros nos hacen libres porque nos permiten cuestionar, comprender y decidir. Porque nos dan herramientas para no aceptar sin más lo que se nos presenta. Porque nos ayudan a construir una voz propia.

Por eso, este 23 de abril no debería dejarnos tranquilos. Debería provocar activismo en la defensa de la libertad y el pensamiento crítico.

Porque quien no lee en profundidad no decide con libertad. Y una sociedad que deja de leer bien empieza, silenciosamente, a dejar de ser libre.

La igualdad está en riesgo, no es un exceso de dramatismo. Por ello, el 8 de marzo no debe interpretarse como un mero acto simbólico o una fecha del calendario; es un espejo que obligatoriamente debe devolvernos una imagen incómoda. España ha conquistado derechos que nos enorgullecen, pero esos avances están lejos de garantizar la igualdad real y cotidiana. La igualdad no se consolida con palabras; se construye con hechos. Y las cifras, tanto nacionales como regionales, cuentan una historia que incomoda porque revela que aún hay mucho por hacer, desde las brechas económicas hasta la violencia que sigue cobrando vidas.

En España, la brecha salarial se mantiene. A nivel nacional, las mujeres ganan de media entre un 15% y un 20% menos que los hombres por trabajos equivalentes, una desigualdad persistente que condena a muchas a depender económicamente, a renunciar a proyectos propios y a cargar la mayor parte de las responsabilidades familiares no remuneradas. Esta brecha no es anecdótica: define oportunidades y condiciona vidas.

Esa desigualdad estructural va de la mano de una violencia que sigue siendo una asignatura pendiente del sistema democrático. El feminicidio no es un concepto abstracto: en lo que va de 2026 se han registrado ya siete asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y cada uno de esos crímenes es una falla de la protección social, educativa y judicial que no podemos tolerar. En el conjunto de España, miles de mujeres denuncian violencia de género cada año, y un porcentaje significativo se ve obligado a acogerse a la dispensa de declarar por temor a represalias o estigmas.

En Castilla-La Mancha, la situación no es una excepción, aunque algunos indicadores sugieren matices complejos que también exigen una mirada crítica. Los recursos especializados de atención han atendido a decenas de miles de mujeres: en 2023, los centros de la mujer de la región atendieron a 25.444 mujeres por violencia machista y recibieron 28.545 consultas relacionadas con violencia de género, una cifra que refleja tanto la demanda de ayuda como la persistencia del problema en todos los rincones de la comunidad. Además, los servicios especializados proporcionaron apoyo a 402 menores relacionados con estos casos, evidenciando que el impacto de la violencia machista no se limita a la víctima directa, sino que sacude familias enteras y deja huellas profundas.

Que exista una red de protección es indiscutible, pero la presencia de esos miles de casos activos demuestra que el problema no es marginal ni aislado, sino estructural

Los sistemas de protección también revelan la magnitud del desafío: en Castilla-La Mancha hay más de 5.600 casos activos de mujeres bajo seguimiento por violencia de género en el sistema VioGén, una cantidad que representa a mujeres que han dado un paso valiente para pedir protección y que requieren acompañamiento policial y social constante.

Que exista una red de protección es indiscutible, pero la presencia de esos miles de casos activos demuestra que el problema no es marginal ni aislado, sino estructural. Es más: las agresiones sexuales en la región han aumentado, con una incidencia que apunta a que casi todos los días se registra una agresión sexual con penetración, lo que subraya que la violencia no se limita al ámbito doméstico y que la sociedad, en su conjunto, debe asumir responsabilidades.

La violencia machista se cobra vidas. En 2023, 55 mujeres fueron asesinadas en España por hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación afectiva. En Castilla-La Mancha, ese mismo año dos mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas, y 56 menores quedaron huérfanos por estos crímenes. Estos datos no pueden tratarse como estadísticas neutrales; detrás de cada número hay una historia truncada, una familia rota y una comunidad que carga con un dolor que no desaparece cuando termina la noticia del día.

Más recursos no siempre significan menos desigualdad

Las inversiones en políticas de igualdad y en recursos especializados en Castilla-La Mancha han aumentado: la región destinó más de 14 millones de euros en 2023 y 2024 a centros de atención, programas de apoyo psicológico y jurídico, asesoramiento laboral y otros servicios integrales, y se prevé destinar aún más en el bienio 2025-2026. Pero los datos no mienten: más recursos no siempre significan menos desigualdad, y sin políticas públicas con visión transformadora se corre el riesgo de que esos recursos solo mitiguen síntomas sin atacar las causas profundas.

Si la juventud cuestiona hoy, con creciente distancia, el concepto de feminismo es síntoma de un malestar que no conviene ignorar. No rechazan la igualdad; rechazan la polarización, el reduccionismo, las etiquetas que convierten la lucha por los derechos en un campo de batalla ideológico. El feminismo es una herramienta para garantizar que los derechos humanos no dependan del género, y si esa herramienta se desdibuja o se deslegitima en el imaginario colectivo, se estará dejando un espacio vacío que otros discursos menos comprometidos con la justicia llenarán con resentimiento y confusión.

El 8 de marzo debe ser una llamada de atención. No para celebrar lo que ya se logró -porque aún falta mucho-, sino para exigir lo que aún no se ha cumplido. Exigir políticas que reduzcan la brecha salarial hasta eliminarla, exigir educación desde la infancia para desmontar los estereotipos que reproducen desigualdades, exigir medidas efectivas contra todas las formas de violencia, exigir que la igualdad sea un valor transversal en cada ámbito de la vida pública y privada.

La igualdad no es un lujo ni una consigna. La igualdad es justicia. Y siempre que una mujer, en Castilla-La Mancha o en cualquier punto de España, se enfrenta a discriminación, agresión o desigualdad estructural, la igualdad no está completa para ninguna de nosotras.

El 8M no es una fecha para el confort. Es una exigencia moral y es una urgencia democrática, y no puede esperar.

En España, más de tres millones de personas conviven con una enfermedad rara. En el mundo, más de 300 millones. Patologías que, aunque individualmente afectan a pocas personas, en conjunto representan casi el 8% de la población. No son una excepción marginal: son una realidad social que interpela directamente a nuestro sistema sanitario, educativo y político.

En Castilla-La Mancha, miles de familias viven esta realidad en silencio, especialmente en entornos rurales donde la dispersión geográfica añade una dificultad más: desplazamientos largos para consultas especializadas, demoras diagnósticas y menor acceso a determinados recursos terapéuticos. Cuando la distancia condiciona la atención, la equidad se resiente.

Cada 28 de febrero, bajo el lema “Porque cada persona importa”, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) nos recuerda algo esencial: no hablamos de estadísticas ni de códigos clínicos. Hablamos de derechos humanos. Hablamos del derecho a un diagnóstico temprano y equitativo, sin que el código postal determine el tiempo de espera. Del derecho a tratamientos innovadores que no dependan exclusivamente de la rentabilidad comercial. Del derecho a una atención integral, coordinada y humana, que incluya apoyo psicológico, educativo y laboral tanto para quienes conviven con la enfermedad como para sus familias cuidadoras.

La pandemia nos enseñó que ninguna salud es ajena a la colectiva. Las enfermedades raras nos lo recuerdan cada día. Cuando una niña espera años para poner nombre a su dolor; cuando una familia debe desplazarse cientos de kilómetros para una prueba genética; cuando un joven ve limitado su proyecto de vida por falta de apoyos, no estamos ante situaciones inevitables. Estamos ante brechas de equidad.

A esta reivindicación se suma un derecho que no puede seguir siendo frágil: el derecho a la educación inclusiva. En una comunidad extensa y diversa como Castilla-La Mancha, garantizar la continuidad educativa durante hospitalizaciones o tratamientos prolongados exige coordinación real entre sistemas sanitario y educativo, recursos suficientes y formación específica al profesorado. Educar es proteger el futuro, la autonomía y la dignidad.

Cuando las familias asumen en soledad una carga que debería ser corresponsabilidad institucional, hablamos de derechos vulnerados

Y junto a la educación, el derecho al trabajo digno, a la accesibilidad universal y a la plena participación social. Cuando las familias asumen en soledad una carga que debería ser corresponsabilidad institucional, hablamos de derechos vulnerados.

Por ello, en esta Semana de las Enfermedades Raras, es imprescindible avanzar con decisión en compromisos concretos: mayor inversión en investigación; acceso ágil y universal a pruebas genéticas; fortalecimiento de la atención sociosanitaria en el ámbito rural; reconocimiento efectivo de la labor de las familias cuidadoras; y políticas públicas que garanticen inclusión educativa, laboral y social en condiciones de igualdad real.

No es caridad. Es justicia social. No es sensibilidad puntual. Es responsabilidad estructural.

La rareza de una enfermedad no puede convertirse en rareza de derechos. Tampoco en nuestros pueblos y ciudades. Porque una sociedad verdaderamente democrática se mide por cómo protege a quienes más lo necesitan. Porque cada persona importa.

La medida anunciada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el 3 de febrero de 2026 desde la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái -como parte de un paquete de cinco medidas para combatir el abuso digital- pretende prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, con verificación obligatoria de edad efectiva y responsabilidades penales para los directivos de las plataformas si fallan. Esta propuesta reaviva un debate inaplazable sobre salud mental, educación y responsabilidad social.

Se ha reabierto una reflexión incómoda pero necesaria: ¿en qué medida esta prohibición va a proteger realmente a la infancia ante un problema que lleva años creciendo de forma alarmante?

Los datos son demoledores y los vivimos como una emergencia en las aulas cada día. El Informe 'Infancia, adolescencia y bienestar digital. Una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social' (UNICEF España y colaboradores, 2025) revela un uso preocupante: el 92,5% de los adolescentes españoles participa en, al menos, una red social; el 75,8% en tres o más; y casi un 6% (hasta el 7,7% en Bachillerato, duplicándose en chicas) muestra signos de uso problemático. Casi un 9% dedica más de cinco horas diarias a redes sociales entre semana (cifra que sube al 20% en fin de semana), con umbrales críticos de 2 a 3 horas que duplican el riesgo de ansiedad y depresión, según diversos estudios sobre salud digital.

El estudio pionero de la Comunidad de Madrid, presentado el 9 de febrero de 2026 y realizado con unos 700 alumnos de Secundaria y Bachillerato, concluye que plataformas como YouTube, TikTok e Instagram influyen directamente en la inseguridad y los niveles de ansiedad. Las investigaciones señalan un incremento de ansiedad a partir de los 14 años cuando los adolescentes no responden de forma inmediata a los mensajes recibidos.

En el caso de las chicas, el nivel más elevado se registra a los 17 años, con un 76,5% que sufre ansiedad si no los contestan de inmediato. Entre los chicos, este máximo se sitúa entre los 15 y los 16 años, con un 57% que manifiesta esa misma sensación asociada a la necesidad de contestar con rapidez. Igualmente, del estudio se desprende que las edades más vulnerables van de los 14 a los 16. También se observa que un 60% de los adolescentes pierde horas de sueño y que el 20% oculta en las respuestas el tiempo real de conexión.

No son espacios neutrales

Las redes sociales no son espacios neutrales. Están diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia mediante recompensas inmediatas, comparación constante y estimulación continua. En cerebros en desarrollo -hasta los 25 años-; esto amplifica la impulsividad, el aislamiento real, la fragmentación atencional y una epidemia de malestar que los docentes detectamos a diario: alumnado que no sostiene la mirada, que se desconecta en segundos, que traslada el conflicto del grupo de WhatsApp al recreo o al directo de TikTok.

La inclusión educativa se desmorona cuando el acoso salta de lo presencial a lo viral, y las chicas -más expuestas a la presión por imagen- pagan el precio más alto. Según informes recientes sobre violencia digital en España, un alto porcentaje de jóvenes (hasta el 80% según la ONG Plan International), el acoso y la violencia digital son fenómenos masivos que afectan a la mayoría de las niñas, adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años, y cifras similares indican recepción de mensajes con intención de quedar o intimar, incluso tras rechazo reiterado.

Lógicamente, sin verificación contrastada, sin alternativas reales y sin atacar el diseño adictivo de las plataformas, la prohibición se convertirá en papel mojado. Ya vetamos a menores de 14 años y un alto porcentaje accede igual. Prohibir sin educar desplaza el problema, genera frustración y deja a los jóvenes sin herramientas para navegar en un mundo que no va a desaparecer.

Hemos permitido durante años que estas empresas se lucren con la adicción infantil mientras la escuela, las familias y la sociedad pagan las facturas: más ansiedad, más depresión, más violencia digital, menos empatía y menos capacidad de concentración sostenida.

Hay que apostar por la educación digital crítica obligatoria desde infantil, integrada en el currículo como defensa de los derechos humanos en la era digital

Por ello, reclamamos una prohibición efectiva: verificación firme, multas ejemplares y responsabilidad penal real para quienes diseñan la adicción. Además, hay que apostar por la educación digital crítica obligatoria desde infantil, integrada en el currículo como defensa de los derechos humanos en la era digital: enseñar a desmontar algoritmos, detectar desinformación, proteger la intimidad y gestionar emociones en entornos hiperconectados.

Razonadamente, la escuela debe recuperar su papel como refugio de lo real: reforzar la prohibición de móviles en horario lectivo, e invirtiendo adecuadamente en alternativas que reconstruyan comunidad -deporte, arte, debate, lectura compartida, proyectos cooperativos- para contrarrestar la erosión que las pantallas estén provocando en las relaciones presenciales. Igualmente, es urgente poner la salud mental en primera línea: más orientadores y psicólogos escolares, formación docente en detección de adicciones digitales, programas preventivos obligatorios e involucrar responsablemente a las familias con talleres efectivos. 

Las redes pueden ser aliadas, logremos convertirlas en espacios de activismo por los derechos humanos. Pero hoy, para demasiados niños y niñas, son jaulas de comparación y ansiedad. Prohibir el acceso prematuro es proteger; educar para usarlas con criterio es empoderar. Porque, como siempre he defendido, educar no es solo transmitir conocimientos; es proteger, acompañar y transformar.

Invertir en educación digital crítica, en salud emocional y en una escuela humana no es gasto: es justicia social, es futuro, es defender la infancia como derecho irrenunciable. En consecuencia, necesitamos un Pacto de Estado que incluya las voces de los adolescentes -ellos viven el problema e ignorarlos sería repetir errores- y campañas de concienciación que informen sin manipular. El desafío es muy profundo y exige una respuesta social coordinada y recuperación de la escuela como espacio de convivencia real.

Retrasar el acceso puede ser un primer paso. Pero el cambio real dependerá de algo más complejo: invertir en educación, proteger la salud emocional y reconstruir una cultura de respeto a los derechos humanos. Porque la infancia que hoy crece entre pantallas será la sociedad que mañana tomará decisiones sobre la convivencia social.

Cada 11 de febrero el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha proclamada por Naciones Unidas. Es mucho más que un acto simbólico: es un recordatorio urgente de una deuda histórica. Celebramos a las mujeres que han transformado la ciencia con su talento y, al mismo tiempo, alzamos la voz para que las niñas de hoy no tengan que derribar barreras invisibles para soñar con ser científicas, ingenieras o matemáticas.

Bajo el lema de la UNESCO 'De la visión al impacto: redefiniendo las STEM cerrando la brecha de género', este 2026 nos interpela con claridad: ya no bastan los discursos. Es tiempo de acciones reales, de políticas que funcionen y de entornos científicos que no excluyan a la mitad del talento.

Las cifras siguen siendo contundentes. A nivel mundial, solo un tercio de las personas investigadoras son mujeres. Apenas el 35 % de quienes se gradúan en carreras STEM son mujeres y su presencia en puestos de liderazgo científico continúa siendo alarmantemente baja. En España, aunque se han logrado avances —especialmente en el sector público—, la brecha persiste en el ámbito privado y en áreas estratégicas como la ingeniería y las tecnologías de la información, donde la presencia femenina sigue siendo minoritaria.

La ciencia pierde cuando excluye. Los equipos diversos innovan más, toman mejores decisiones y ofrecen respuestas más completas a los grandes retos de nuestro tiempo: el cambio climático, la salud global, la inteligencia artificial ética o la sostenibilidad. Sin embargo, los estereotipos tempranos, la falta de referentes femeninos, los sesgos en la educación y en el mercado laboral, y los techos de cristal continúan alejando a demasiadas niñas y mujeres del ámbito científico.

Aun así, hay razones para la esperanza. Iniciativas internacionales, redes como 11F en España, programas de mentoría y miles de científicas que rompen moldes cada día demuestran que el cambio es posible cuando hay compromiso.

Este 11 de febrero no basta con aplaudir. Es momento de actuar: apostar por una educación sin estereotipos desde la infancia, impulsar la conciliación real, fomentar el liderazgo femenino en ciencia y exigir a instituciones y empresas que midan, corrijan y rindan cuentas frente a la desigualdad.

Porque la ciencia no entiende de género, pero la igualdad de oportunidades lo es todo. Las niñas no piden privilegios: reclaman su derecho a aprender, investigar y liderar sin límites. Garantizarlo no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión imprescindible en el futuro de toda la sociedad.

Luchamos para cerrar la brecha. No por ellas solamente, sino por la ciencia y por un mundo que no puede permitirse perder más talento.

El 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, el mundo se une bajo un mismo mensaje: poner a la persona en el centro. El lema internacional Unidos por lo único nos recuerda que cada diagnóstico es diferente, que cada historia es irrepetible y que la respuesta frente al cáncer debe ser humana, equitativa y basada en la mejor evidencia científica disponible. Y también permite afirmar algo fundamental, con datos y con rigor: el cáncer se cura.

En España, según los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), se estiman más de 301.880 nuevos diagnósticos anuales. Colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga continúan siendo los tumores más frecuentes. Sin embargo, estas cifras conviven con otra realidad igualmente cierta: la supervivencia al cáncer no ha dejado de aumentar en las últimas décadas.

Hoy, más del 60 % de las personas diagnosticadas sobreviven al menos cinco años, y en numerosos tipos de cáncer las tasas que alcanzan el 86-94% en cánceres como mama, próstata, tiroides o testículo. Tumores como el de mama, próstata, tiroides o testículo cuentan con pronósticos cada vez más favorables gracias a la detección precoz, la cirugía avanzada, la radioterapia de precisión, las terapias dirigidas y la inmunoterapia. Incluso en los cánceres tradicionalmente más agresivos, la investigación está abriendo caminos que hace solo unos años parecían impensables.

La detección temprana sigue siendo una de las herramientas más eficaces para salvar vidas. Participar en programas de cribado, acudir a revisiones médicas y no ignorar las señales del cuerpo multiplica las posibilidades de curación. No se trata de alarmismo, sino de responsabilidad compartida y de acceso a una sanidad que proteja a todos por igual.

La prevención también juega un papel decisivo. Hasta el 40 % de los casos de cáncer podrían evitarse con hábitos saludables: no fumar, moderar el consumo de alcohol, mantener una alimentación equilibrada y actividad física regular, proteger la piel del sol, vacunarse frente al virus del papiloma humano y la hepatitis B. Pequeñas decisiones cotidianas tienen un impacto profundo en la salud colectiva.

Nada de esto sería posible sin la investigación científica. Cada avance, cada nuevo tratamiento y cada mejora en el diagnóstico es fruto de años de trabajo, inversión y compromiso. Apostar por la ciencia no es una opción ideológica, es una inversión directa en vida, en futuro y en dignidad.

En este Día Mundial contra el Cáncer, el mensaje debe ser claro y responsable: hay esperanza real, basada en hechos. El cáncer no define a las personas ni borra sus proyectos. La sociedad avanza cuando acompaña, cuando cuida y cuando confía en el conocimiento.

Hoy podemos reconocer que hablar del cáncer también es hablar de futuro. De un futuro en el que cada vez más personas escuchan la palabra “curación”, en el que el miedo deja paso a la información y en el que la unión entre pacientes, profesionales sanitarios, investigadores y administraciones marca la diferencia.

Juntos, con ciencia, prevención y humanidad, somos más fuertes que la enfermedad.

El 30 de enero celebramos el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Las escuelas del mundo se convierten en faros que nos recuerdan una verdad esencial: la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia viva de justicia, empatía y respeto. En un tiempo herido, educar para la PAZ es un acto profundamente valiente.

Como educadora y defensora de la educación transformadora, creo firmemente que las aulas son el lugar donde se siembra el futuro más humano posible. La educación no se limita a transmitir contenidos; moldea conciencias, despierta miradas críticas y cultiva corazones capaces de elegir el diálogo frente a la confrontación, la solidaridad frente al egoísmo y la dignidad frente a la indiferencia.

El mundo nos habla hoy con un grito urgente. En los últimos años, el número de conflictos armados se ha multiplicado hasta alcanzar cifras alarmantes: alrededor de 130 conflictos activos, más del doble que hace apenas una década. Más de veinte de ellos se prolongan desde hace generaciones, atrapando a millones de personas en ciclos interminables de miedo, pobreza y dolor.

En 2026, algunos de los escenarios más devastadores continúan robando vidas y futuros: la guerra de desgaste en Ucrania; la guerra civil en Sudán, una de las crisis humanitarias más graves de nuestro tiempo; el prolongado conflicto en Myanmar; la violencia persistente en Gaza y Cisjordania; y las tensiones crecientes en regiones como el Sahel, Haití o diversas fronteras africanas y latinoamericanas, donde la fragilidad social amenaza con cronificarse. No son titulares lejanos: son niños sin escuela, familias rotas, mujeres sin protección y comunidades enteras obligadas a convivir con el trauma.

Ante este doloroso panorama surge una pregunta inevitable: ¿qué podemos hacer? La respuesta, aunque sencilla, es profundamente poderosa: la educación. Educar para la paz no es una consigna ingenua, es una estrategia de supervivencia colectiva. En las escuelas se aprende a convivir, a gestionar los conflictos sin violencia, a escuchar al diferente y a reconocer los derechos humanos como base irrenunciable de cualquier sociedad justa.

La llamada “vacuna del buen trato”, promovida por UNICEF, se fabrica cada día en las aulas: en los gestos de respeto, en las palabras que incluyen y en las actividades que fomentan la tolerancia, la cooperación y la concordia desde la infancia. Cada acto educativo consciente es una dosis de esperanza frente a la violencia.

Como presidenta de la Asociación Europea para el Liderazgo y la Calidad en Educación y directora de un máster en gestión educativa, soy testigo diario de cómo docentes y estudiantes, con creatividad y compromiso, siembran paz incluso en contextos difíciles. No necesitamos ejércitos para ganar esta batalla; necesitamos maestros y maestras con vocación, currículos que prioricen la empatía y sociedades que apuesten decididamente por la formación integral de sus jóvenes.

En este Día Escolar de la No Violencia y la Paz, renovamos el compromiso ético que inspiró a Gandhi: rechazar la violencia en todas sus formas y educar para un mundo donde el diálogo sea la norma y la dignidad, un derecho universal. Porque, como recordaba Frida Kahlo, “Reír nos hizo invencibles. No como los que siempre ganan, sino como aquellos que no se rinden”. Sigamos educando sin rendirnos, con el corazón abierto y las manos tendidas. Que la educación continúe siendo nuestra mayor fuerza transformadora.

Enero de 2026 nos sitúa ante un mundo en llamas y una España que, pese a exhibir cifras macroeconómicas positivas —cerramos 2025 con un crecimiento del 2,9% del PIB y liderazgo europeo en creación de empleo—, arrastra profundas heridas sociales en la vida cotidiana de millones de personas. La llaga es doble: global y local, y ambas están estrechamente interconectadas.

En el plano internacional asistimos a una preocupante erosión del orden multilateral. Los conflictos armados persisten en Ucrania, que entra en su quinto año de guerra; en Sudán, epicentro de la mayor crisis de desplazamiento del planeta; en Myanmar, el Sahel y otros puntos olvidados del mapa. A ello se suman un frágil alto el fuego en Gaza tras años de sufrimiento, las crecientes tensiones en Asia y África, y la represión sistemática de derechos fundamentales en países como Irán, donde la violencia contra la población civil —especialmente contra mujeres y jóvenes— evidencia la distancia entre el poder político y la dignidad humana.

Tampoco puede ignorarse la prolongada crisis de Venezuela, donde el colapso institucional, la pobreza estructural y la falta de libertades han forzado a millones de personas a abandonar su país, protagonizando uno de los mayores éxodos del mundo. Estas realidades no son ajenas a Europa ni a España: se traducen en migraciones forzadas, sufrimiento humano y una responsabilidad compartida que el mundo desarrollado no puede seguir eludiendo.

El reciente repliegue de Estados Unidos de numerosos organismos internacionales debilita aún más la cooperación global, mientras el unilateralismo y la vulneración de la soberanía de los pueblos alimentan la inestabilidad. Millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente y se ven forzadas a huir, empujadas hacia migraciones que también llaman a nuestras puertas.

Este contexto global agrava las grietas internas de España. La vivienda se ha convertido en la principal preocupación ciudadana, según el CIS (28,3%), con precios récord, millones de viviendas vacías y una emergencia habitacional que expulsa a jóvenes y clases medias. El paro ronda el 10,5%, el más alto de Europa, y convive con empleo precario, salarios estancados y empobrecimiento de amplias capas sociales. La pobreza infantil afecta a uno de cada tres menores en riesgo de exclusión, mientras el coste de la vida presiona a las familias y el invierno demográfico se intensifica: solo uno de cada tres jóvenes se plantea tener hijos en los próximos años debido a la inestabilidad económica.

Todo ello sucede en un clima de polarización política que bloquea reformas urgentes —vivienda pública, fiscalidad justa, financiación autonómica— y erosiona la cohesión social. Duele, además, la indiferencia. Permitimos que el miedo, la desinformación y la división nos paralicen, mientras derechos fundamentales —la vivienda digna, el empleo de calidad, la paz y la protección social— se vulneran dentro y fuera de nuestras fronteras.

Los migrantes, esenciales para nuestro equilibrio demográfico y económico, son, a veces, deshumanizados, cuando precisamente huyen de conflictos, represiones y crisis que el mundo no ha sabido o querido prevenir.

No bastan las leyes si no van acompañadas de conciencia y compromiso. La justicia social se construye con personas valientes, con corazón y con rigor. Necesitamos información veraz frente a la manipulación, empatía con el sufrimiento ajeno —del desplazado por la guerra, del joven que no puede emanciparse, de la familia atrapada en la pobreza— y acción colectiva que impulse políticas valientes: pactos nacionales por la vivienda asequible y los salarios dignos, una acogida solidaria y la defensa firme de un multilateralismo eficaz para la paz.

Una vez más, es imprescindible insistir en que la educación crítica es el faro. Formar ciudadanos capaces de discernir, de empatizar y de comprometerse es la base para reducir divisiones y fortalecer la cohesión social, en España y en el mundo.

Este 2026 no puede ser un año de renuncia. Con rigor y corazón, trabajemos por una sociedad más justa, menos polarizada y más solidaria. Porque solo desde la valentía cívica podremos transformar el dolor en esperanza y garantizar la dignidad humana, sin dejar a nadie atrás.

Vivimos un momento complejo, tanto a nivel nacional como internacional. En España, en el contexto político y social actual, asistimos a una creciente polarización, marcada por debates sobre corrupción, tensiones territoriales y una percepción de fragilidad institucional que alimenta la desconfianza de una parte significativa de la ciudadanía. La desigualdad social persiste: según datos de organismos como Eurostat, la OCDE o entidades sociales como Cáritas, millones de personas siguen enfrentando precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda y brechas generacionales que debilitan el llamado ascensor social.

A estos desafíos se suman realidades globales igualmente preocupantes: conflictos armados que vulneran de forma sistemática los derechos humanos, crisis climáticas que intensifican la pobreza y un orden internacional cada vez más tensionado. Todo ello dibuja un escenario de incertidumbre que interpela directamente a nuestras democracias.

Ante este panorama, es comprensible el desaliento. Sin embargo, precisamente en tiempos de crisis conviene recordar los pilares que sostienen cualquier sociedad democrática: la justicia social y el respeto efectivo de los derechos humanos. No se trata de ideales abstractos, sino de derechos inalienables que garantizan la dignidad de cada persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 y conmemorada cada 10 de diciembre, nos sigue recordando que la igualdad, la libertad y la solidaridad son el mejor antídoto frente a la división y la injusticia.

La justicia social implica redistribuir oportunidades para que nadie quede atrás. En España, pese a avances económicos y a determinadas políticas de protección social, la brecha entre ricos y pobres continúa siendo de las más elevadas de la Unión Europea, afectando especialmente a jóvenes, familias monoparentales y colectivos vulnerables. En el ámbito internacional, conflictos en regiones como Oriente Medio, Ucrania o Sudán generan millones de personas desplazadas y graves violaciones de derechos, recordándonos que la paz, la equidad y la estabilidad global están profundamente interconectadas.

Ante esta realidad, cabe plantearse con urgencia una pregunta esencial: ¿qué herramienta tenemos para afrontar y transformar estos desafíos? La respuesta es clara: la educación. Pero no cualquier educación. Hablamos de una educación valiente y transformadora, que no se limite a transmitir contenidos, sino que forme personas críticas, libres y comprometidas. Una educación que no tema cuestionar el statu quo y que ayude a comprender la complejidad del mundo desde una mirada ética y democrática.

La educación es, sin duda, uno de los motores más poderosos de la transformación social. Fomenta el pensamiento crítico, desmonta prejuicios, promueve la empatía y la solidaridad, y empodera a las personas para defender sus derechos y los de los demás. Como señala la UNESCO, la educación en derechos humanos es clave para construir sociedades más justas, ya que aborda las causas profundas de la desigualdad y cultiva actitudes basadas en la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo.

En un país como España, donde la educación es un derecho constitucional, resulta imprescindible reforzar su dimensión cívica y social. Integrar de manera transversal contenidos sobre derechos humanos, justicia social y sostenibilidad en todos los niveles educativos —desde la infancia hasta la universidad— no es una opción, sino una responsabilidad democrática. Necesitamos programas que enseñen a analizar la realidad con espíritu crítico, a identificar las desigualdades y a participar activamente en la vida pública.

Reivindicamos una generación que no se resigne a la polarización, sino que construya puentes; una ciudadanía que exija políticas inclusivas y rechace la discriminación; comunidades que sitúen el bien común por encima del individualismo. Demandamos, en definitiva, una educación que devuelva la esperanza a quienes la han perdido, la voz a quienes se sienten silenciados y la dignidad a quienes la ven vulnerada cada día. Porque educar no es solo transmitir saberes: es ofrecer herramientas para decidir con libertad, resistir la manipulación y comprometerse con un mundo más justo.

En este momento de cierre y reflexión colectiva, el llamamiento debe ser claro. A los responsables políticos, para que abandonen los recortes encubiertos y las reformas superficiales, y apuesten por una inversión real y sostenida en una educación pública de calidad, inclusiva y comprometida con los valores democráticos. A las familias y comunidades, para que fomenten el diálogo, la reflexión y el pensamiento crítico en la vida cotidiana. Y al profesorado, para agradecerle su esfuerzo constante y su papel imprescindible como faro de esperanza, formando no solo profesionales, sino ciudadanos y ciudadanas íntegros y dignos.

En definitiva, la justicia social y los derechos humanos no se consolidan únicamente mediante leyes, sino a través de personas conscientes, comprometidas y valientes. Y esa conciencia, esa valentía, nacen en las aulas, en las conversaciones compartidas y en el ejemplo diario. Hoy más que nunca, defendemos una educación que ilumine el camino hacia la libertad, la equidad y un futuro con dignidad para todos y todas.