Cada junio, cerca de 300.000 jóvenes españoles se enfrentan a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). Son días de nervios, expectativas y presión para estudiantes y familias. Para muchos, especialmente aquellos procedentes de entornos más vulnerables, no se trata únicamente de un examen: es una prueba que puede condicionar decisivamente su futuro académico y profesional.

La PAU cumple una función necesaria. Permite ordenar el acceso a titulaciones con plazas limitadas y establecer un criterio común de evaluación. Sin embargo, su existencia no debe impedir una pregunta fundamental: ¿compiten realmente todos los estudiantes en igualdad de condiciones?

La evidencia acumulada durante años muestra que los resultados académicos siguen estando estrechamente relacionados con factores socioeconómicos, culturales y territoriales. El acceso a recursos educativos, apoyo familiar, actividades de refuerzo o contextos favorables continúa marcando diferencias significativas en las oportunidades de éxito.

La reforma de 2026 ha apostado por un modelo más competencial, orientado a evaluar comprensión, análisis y aplicación de conocimientos, más allá de la mera memorización. El objetivo es positivo y responde a las demandas de una sociedad que necesita ciudadanos capaces de pensar críticamente. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la homogeneidad de las pruebas, los criterios de corrección y las diferencias existentes entre comunidades autónomas.

La igualdad formal de la prueba no siempre garantiza una igualdad real de oportunidades

En regiones como Castilla-La Mancha, donde miles de estudiantes afrontan estos días los exámenes, estas desigualdades adquieren una dimensión especialmente sensible. Muchos jóvenes proceden de entornos rurales o familias con menos posibilidades económicas para acceder a apoyos educativos complementarios. La igualdad formal de la prueba no siempre garantiza una igualdad real de oportunidades.

Por ello, el debate sobre la Selectividad no debería centrarse únicamente en el examen. La cuestión de fondo es si nuestro sistema educativo está siendo capaz de compensar las desigualdades de origen o, por el contrario, acaba reproduciéndolas. La educación constituye la principal herramienta de inclusión social y movilidad. Cuando falla esa función compensadora, el mérito individual corre el riesgo de quedar condicionado por el punto de partida.

La Selectividad no es solo una puerta de entrada a la universidad. Es también un espejo que refleja las fortalezas y las debilidades de nuestro sistema educativo. El verdadero desafío no consiste únicamente en diseñar mejores exámenes, sino en garantizar que todos los jóvenes lleguen a ellos con oportunidades semejantes para demostrar su talento.

En los últimos tiempos, el debate sobre la navaja ha vuelto a ocupar conversaciones en Albacete. A menudo, cuando se habla de ella desde fuera, se hace desde el desconocimiento, reduciéndola únicamente a un objeto asociado al peligro o a la violencia. Sin embargo, para miles de albaceteños y albaceteñas, la navaja representa algo muy distinto: historia, identidad, tradición y artesanía.

Hablar de la navaja en Albacete es hablar de generaciones enteras de cuchilleros que levantaron talleres familiares con esfuerzo, paciencia y talento. Es hablar de un oficio transmitido de padres a hijos —y hoy también a hijas— que convirtió a nuestra ciudad en referente internacional de la cuchillería. Detrás de cada pieza hay horas de trabajo manual, diseño, técnica y pasión.

La navaja forma parte del alma cultural de Albacete igual que la Feria, el Recinto Ferial o el propio río Júcar forman parte de nuestra memoria colectiva. No es solo una herramienta ni un souvenir turístico: es un símbolo reconocido dentro y fuera de España, una expresión artística y un legado que merece protección y respeto.

Por supuesto, cualquier uso irresponsable de un objeto debe ser condenado. Pero sería injusto identificar toda una tradición centenaria con hechos aislados o comportamientos incívicos. Nadie cuestiona el valor cultural de otros elementos históricos por el mal uso que algunas personas puedan hacer de ellos. Con la navaja albaceteña debería ocurrir lo mismo.

Además, el sector cuchillero continúa evolucionando. Nuevos artesanos, diseñadores y escuelas trabajan para adaptar esta tradición al siglo XXI, apostando por la innovación, la formación y la apertura a nuevas generaciones. Hoy, la cuchillería también puede convertirse en una oportunidad cultural, educativa y profesional para jóvenes que buscan un futuro ligado a la creación artesanal.

Defender la navaja de Albacete no significa mirar al pasado con nostalgia, sino comprender que nuestro patrimonio también necesita futuro. Porque una ciudad que olvida sus oficios acaba perdiendo parte de su identidad.

La navaja albaceteña no debería verse únicamente como un filo. Debería contemplarse como lo que realmente es: una pieza de nuestra historia.

He tenido el honor de asistir, por invitación del diputado del Área de Educación y Cultura de la Diputación de Albacete, al estreno oficial del documental 'María, la bien pagá', dirigido magistralmente por Marcos Moreno.

A través de sus propias palabras y con un sentido del humor intacto, María Isbert (1917-2011) recorre su larga y fecunda vida en este documental. Y lo hace como ella era: directa, vital y sin victimismos. Lo que surge ante el espectador es el retrato de una gran mujer de su tiempo: luchadora, resiliente y trabajadora incansable.

Tenemos que destacar que el ejemplo de María Isbert debe ser un auténtico referente para nuestra juventud. Su vida representa a toda una generación de mujeres luchadoras que, lejos de rendirse ante las dificultades, supieron salir adelante con valentía, sacrificio y una enorme dignidad. Ni la edad, ni las dificultades económicas, ni la enfermedad, ni siquiera la enorme responsabilidad de sacar adelante sola a una familia numerosa pudieron frenar su vocación, su fuerza ni sus ganas de vivir.

Eso es precisamente lo que convierte este documental en algo mucho más profundo que un homenaje a una actriz querida. “María, la bien pagá” es también un reconocimiento a tantas mujeres invisibles que sostuvieron familias enteras mientras trabajaban, cuidaban y seguían luchando día tras día sin perder la ilusión. Mujeres que rara vez ocuparon titulares, pero cuyo esfuerzo silencioso hizo posible la vida de muchas generaciones.

Viuda con siete hijos, María superó enfermedades, dificultades económicas y las durezas de una profesión inestable, pero nunca dejó de amar su trabajo. Siguió actuando prácticamente hasta el final de sus días, demostrando una energía y una dignidad que conmueven. Su trayectoria es la de miles de mujeres de su generación que, con enorme entereza, sacaron adelante a sus familias mientras ejercían su vocación.

María Isbert nunca se instaló en el victimismo. Afrontó las dificultades con naturalidad, con humor y con una energía admirable. Continuó trabajando prácticamente hasta el final de sus días porque amaba profundamente su profesión y porque entendía la vida desde el compromiso y la entrega. Esa capacidad de resistencia, esa dignidad y esa pasión son valores que hoy necesitamos reivindicar más que nunca.

Por eso resulta tan importante el mensaje del documental frente al edadismo que todavía existe en nuestra sociedad. Parece que, al llegar a cierta edad —especialmente en el caso de las mujeres—, muchas personas dejan de ser visibles o de tener espacio público, como si la experiencia, el talento y la capacidad de aportar desaparecieran con los años. María Isbert demuestra exactamente lo contrario. Su figura nos recuerda que las personas mayores siguen siendo valiosas, creativas, activas y necesarias.

En un momento en el que parece que algunos quieren apartar a quienes ya han dado tanto, recuperar el ejemplo de María Isbert es también un acto de justicia y de memoria. Su vida y su trayectoria merecen ser admiradas no solo por su brillante carrera artística, sino por todo lo que representan: esfuerzo, resiliencia, humanidad y amor por la vida.

'María, la bien pagá' no es solo un documental sobre una actriz querida y popular —hija del mítico Pepe Isbert e intérprete en más de 250 películas—, sino también un hermoso alegato contra los estereotipos que todavía pesan sobre la vejez y, especialmente, sobre las mujeres mayores.

Un documental necesario, tierno y lleno de luz que reivindica la memoria de una mujer que se ganó con creces el título de 'bien pagá' por su talento, su esfuerzo y, sobre todo, por su ejemplo.

Cuando un niño dice “no quiero ir al colegio” y baja la mirada, no siempre es pereza. A veces es terror, vergüenza o la certeza de que, al cruzar la puerta, volverá a ser invisible, humillado o señalado.

El acoso escolar ya no solo ocurre en el patio. Ha colonizado los móviles, las redes y las noches de nuestros menores. Una burla que se repite, una foto compartida sin permiso, un grupo donde se decide quién vale y quién no. Heridas que no siempre dejan moratones, pero que rompen por dentro.

El cuerpo lo paga: dolores de cabeza constantes, problemas digestivos, insomnio y fatiga crónica. El estrés sostenido altera el desarrollo cerebral en edades críticas. La ansiedad, la depresión y la pérdida de autoestima se instalan. En los casos más graves, aparece la idea de que desaparecer es la única salida.

Esto no es 'cosa de niños'. Es un problema de salud pública que seguimos tratando como anécdota.

Confiamos en protocolos que se quedan en el papel y reaccionamos tarde, cuando el daño ya está hecho. Miramos hacia otro lado ante las 'bromas' o el 'siempre ha pasado'. Ese silencio adulto es también violencia: deja sola a la víctima y enseña al agresor que puede continuar.

El ciberacoso ha multiplicado la crueldad: ya no existe refugio. El tormento persigue a los menores hasta su habitación, incluso de madrugada.

Sabemos cómo prevenirlo, pero no actuamos con la urgencia necesaria. Falta educación emocional desde edades tempranas, acompañamiento psicológico accesible, alfabetización digital real y, sobre todo, valentía adulta para intervenir.

No se trata solo de castigar al agresor cuando el caso estalla. Se trata de construir entornos donde el acoso no sea posible, donde la diferencia no se castigue y donde pedir ayuda no sea signo de debilidad.

El acoso escolar no es un rito de paso. No “te hace más fuerte”. Es una herida profunda que, si no se cura a tiempo, marca de por vida.

Sin embargo, aún hay esperanza. Hay docentes que se dejan la piel, familias que no bajan los brazos, menores que encuentran la fuerza para contar su historia y administraciones que comienzan a entender que la salud mental infantil no es un lujo, sino una obligación.

La pregunta que debemos hacernos es incómoda: ¿Vamos a seguir mirando hacia otro lado hasta que duela en nuestra propia casa? ¿O vamos a decidir, de una vez por todas, que al colegio no van a aprender a sufrir, sino simplemente a vivir?

Porque cada niño que sufre acoso no solo pierde su infancia. Como sociedad, perdemos parte de nuestra humanidad.

Este 1 de mayo volvemos a alzar la voz por quienes sostienen cada día este país con su trabajo. Para quienes hemos dedicado la vida a la defensa de los derechos laborales, esta fecha no es solo simbólica. Es memoria, es lucha y es, sobre todo, una llamada urgente a no conformarnos.

Podemos sentir orgullo por lo conseguido. La reducción de la temporalidad, la subida del Salario Mínimo Interprofesional o algunos avances en conciliación no son regalos. Son el fruto de décadas de esfuerzo colectivo, de personas que no nos hemos resignado y que hemos luchado por una vida más digna. A ellas les debemos lo que hoy tenemos.

Pero no basta. No podemos mirar hacia otro lado mientras demasiadas personas siguen atrapadas en la precariedad, mientras los salarios no alcanzan para vivir con dignidad y acceder a una vivienda se convierte en un privilegio y no en un derecho. No podemos aceptar que el trabajo siga siendo, para muchos, sinónimo de incertidumbre, especialmente para jóvenes y mujeres.

La realidad exige decirlo con claridad. El mundo del trabajo ha cambiado y las organizaciones sindicales deben cambiar con él. Su papel sigue siendo imprescindible, pero necesitan recuperar cercanía, credibilidad y fuerza. No pueden permitirse aparecer alejadas de quienes representan. No pueden perder el pulso de la calle ni de los centros de trabajo.

Hoy más que nunca necesitamos sindicatos fuertes, independientes y profundamente comprometidos con la justicia social

El 1 de mayo no puede quedarse en una jornada de gestos o palabras previsibles. Debe ser un punto de inflexión. Un momento para exigir más y mejor, para defender una negociación colectiva valiente que no esquive los conflictos reales. Debemos reclamar transparencia y renovación en las organizaciones, porque el diálogo social solo tiene sentido si pone en el centro a la persona trabajadora.

Hoy más que nunca necesitamos sindicatos fuertes, independientes y profundamente comprometidos con la justicia social. Porque cuando los sindicatos se debilitan, los derechos retroceden. Y cuando el trabajo pierde dignidad, la democracia se resiente.

Este 1 de mayo no es una fecha más en el calendario. Es una advertencia y es un compromiso. Advertencia de que lo conquistado puede perderse si no se defiende cada día. Compromiso de no aceptar la precariedad como norma ni la desigualdad como destino.

No hay justicia social sin derechos laborales. No hay futuro digno sin trabajo digno.

Que este 1 de mayo se convierta en impulso, en exigencia y en acción. Porque los derechos no se heredan. Se conquistan y se defienden.

Cada 23 de abril llenamos escaparates, repetimos consignas y celebramos el Día del Libro como si bastara con eso. Pero conviene decirlo sin rodeos: no estamos para celebraciones complacientes, sino para asumir una realidad incómoda. Estamos perdiendo la capacidad de leer bien y, con ello, estamos perdiendo una parte esencial de nuestra libertad.

Los libros no son un adorno cultural ni un gesto simbólico. Son una herramienta de pensamiento crítico, de construcción personal y de defensa frente a la manipulación. Y precisamente por eso, hoy resultan más necesarios que nunca.

Vivimos en una sociedad saturada de estímulos, dominada por la inmediatez y la superficialidad. Pantallas permanentes, contenidos fugaces, opiniones que se consumen sin contraste. Se nos ha acostumbrado a no detenernos, a no profundizar, a no cuestionar. Y en ese contexto, la lectura pausada, exigente, reflexiva, está siendo arrinconada.

Se insiste en que los jóvenes no leen, pero el problema no es ese. Leen, sí, pero de forma fragmentada, acelerada y superficial. Sin tiempo para comprender, sin espacio para dudar, sin herramientas para construir criterio. Y, cuando desaparece la lectura profunda, desaparece también la capacidad de pensar con autonomía.

Lo que está en juego no es un hábito cultural menor. Es la calidad de nuestra democracia

Lo que está en juego no es un hábito cultural menor. Es la calidad de nuestra democracia. Una ciudadanía que no lee en profundidad es una ciudadanía más vulnerable a la desinformación, a los discursos simplistas y a las verdades prefabricadas. Es una ciudadanía más fácil de dirigir, más fácil de confundir y más fácil de manipular. Sin pensamiento crítico no hay libertad real, y sin lectura profunda el pensamiento crítico se debilita inevitablemente.

Mientras tanto, normalizamos esta deriva. Convertimos la cultura en consumo rápido, reducimos la educación a resultados inmediatos y aceptamos sin resistencia un modelo que premia la velocidad frente a la reflexión. Se celebra lo viral, se repite lo visible y se margina lo que exige esfuerzo.

Leer exige esfuerzo. Y precisamente por eso es valioso. Porque leer implica detenerse, concentrarse, sostener una idea, enfrentarse a la complejidad. Supone entrenar la memoria, la comprensión, la creatividad y la capacidad de cuestionar. Supone, en definitiva, aprender a pensar.

Frente a la reacción instantánea y superficial, la lectura permite comprender los matices, asumir contradicciones y desarrollar una empatía real

Además, los libros ofrecen algo que hoy escasea peligrosamente: profundidad emocional. Frente a la reacción instantánea y superficial, la lectura permite comprender los matices, asumir contradicciones y desarrollar una empatía real. Nos obliga a salir de nosotros mismos y a mirar el mundo con mayor hondura.

Resulta preocupante que estemos perdiendo no solo el hábito de leer, sino la capacidad de hacerlo con rigor. Porque esa pérdida tiene consecuencias directas en cómo se forma el carácter, en cómo se construyen las ideas y en cómo se participa en la sociedad.

Ante esta situación, el Día del Libro no puede reducirse a una campaña comercial ni a una celebración vacía. Hace falta un compromiso firme, sostenido y valiente por parte de familias, centros educativos e instituciones. No basta con fomentar la lectura; hay que defenderla como lo que es: una herramienta esencial de libertad.

Abrir un libro hoy no es un gesto inocente. Es un acto de resistencia frente al ruido, frente a la prisa y frente a la superficialidad. Es una forma de proteger la mente, de construir criterio y de mantener viva la capacidad de pensar de manera independiente.

Los libros nos hacen libres porque nos permiten cuestionar, comprender y decidir. Porque nos dan herramientas para no aceptar sin más lo que se nos presenta. Porque nos ayudan a construir una voz propia.

Por eso, este 23 de abril no debería dejarnos tranquilos. Debería provocar activismo en la defensa de la libertad y el pensamiento crítico.

Porque quien no lee en profundidad no decide con libertad. Y una sociedad que deja de leer bien empieza, silenciosamente, a dejar de ser libre.

La igualdad está en riesgo, no es un exceso de dramatismo. Por ello, el 8 de marzo no debe interpretarse como un mero acto simbólico o una fecha del calendario; es un espejo que obligatoriamente debe devolvernos una imagen incómoda. España ha conquistado derechos que nos enorgullecen, pero esos avances están lejos de garantizar la igualdad real y cotidiana. La igualdad no se consolida con palabras; se construye con hechos. Y las cifras, tanto nacionales como regionales, cuentan una historia que incomoda porque revela que aún hay mucho por hacer, desde las brechas económicas hasta la violencia que sigue cobrando vidas.

En España, la brecha salarial se mantiene. A nivel nacional, las mujeres ganan de media entre un 15% y un 20% menos que los hombres por trabajos equivalentes, una desigualdad persistente que condena a muchas a depender económicamente, a renunciar a proyectos propios y a cargar la mayor parte de las responsabilidades familiares no remuneradas. Esta brecha no es anecdótica: define oportunidades y condiciona vidas.

Esa desigualdad estructural va de la mano de una violencia que sigue siendo una asignatura pendiente del sistema democrático. El feminicidio no es un concepto abstracto: en lo que va de 2026 se han registrado ya siete asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y cada uno de esos crímenes es una falla de la protección social, educativa y judicial que no podemos tolerar. En el conjunto de España, miles de mujeres denuncian violencia de género cada año, y un porcentaje significativo se ve obligado a acogerse a la dispensa de declarar por temor a represalias o estigmas.

En Castilla-La Mancha, la situación no es una excepción, aunque algunos indicadores sugieren matices complejos que también exigen una mirada crítica. Los recursos especializados de atención han atendido a decenas de miles de mujeres: en 2023, los centros de la mujer de la región atendieron a 25.444 mujeres por violencia machista y recibieron 28.545 consultas relacionadas con violencia de género, una cifra que refleja tanto la demanda de ayuda como la persistencia del problema en todos los rincones de la comunidad. Además, los servicios especializados proporcionaron apoyo a 402 menores relacionados con estos casos, evidenciando que el impacto de la violencia machista no se limita a la víctima directa, sino que sacude familias enteras y deja huellas profundas.

Que exista una red de protección es indiscutible, pero la presencia de esos miles de casos activos demuestra que el problema no es marginal ni aislado, sino estructural

Los sistemas de protección también revelan la magnitud del desafío: en Castilla-La Mancha hay más de 5.600 casos activos de mujeres bajo seguimiento por violencia de género en el sistema VioGén, una cantidad que representa a mujeres que han dado un paso valiente para pedir protección y que requieren acompañamiento policial y social constante.

Que exista una red de protección es indiscutible, pero la presencia de esos miles de casos activos demuestra que el problema no es marginal ni aislado, sino estructural. Es más: las agresiones sexuales en la región han aumentado, con una incidencia que apunta a que casi todos los días se registra una agresión sexual con penetración, lo que subraya que la violencia no se limita al ámbito doméstico y que la sociedad, en su conjunto, debe asumir responsabilidades.

La violencia machista se cobra vidas. En 2023, 55 mujeres fueron asesinadas en España por hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación afectiva. En Castilla-La Mancha, ese mismo año dos mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas, y 56 menores quedaron huérfanos por estos crímenes. Estos datos no pueden tratarse como estadísticas neutrales; detrás de cada número hay una historia truncada, una familia rota y una comunidad que carga con un dolor que no desaparece cuando termina la noticia del día.

Más recursos no siempre significan menos desigualdad

Las inversiones en políticas de igualdad y en recursos especializados en Castilla-La Mancha han aumentado: la región destinó más de 14 millones de euros en 2023 y 2024 a centros de atención, programas de apoyo psicológico y jurídico, asesoramiento laboral y otros servicios integrales, y se prevé destinar aún más en el bienio 2025-2026. Pero los datos no mienten: más recursos no siempre significan menos desigualdad, y sin políticas públicas con visión transformadora se corre el riesgo de que esos recursos solo mitiguen síntomas sin atacar las causas profundas.

Si la juventud cuestiona hoy, con creciente distancia, el concepto de feminismo es síntoma de un malestar que no conviene ignorar. No rechazan la igualdad; rechazan la polarización, el reduccionismo, las etiquetas que convierten la lucha por los derechos en un campo de batalla ideológico. El feminismo es una herramienta para garantizar que los derechos humanos no dependan del género, y si esa herramienta se desdibuja o se deslegitima en el imaginario colectivo, se estará dejando un espacio vacío que otros discursos menos comprometidos con la justicia llenarán con resentimiento y confusión.

El 8 de marzo debe ser una llamada de atención. No para celebrar lo que ya se logró -porque aún falta mucho-, sino para exigir lo que aún no se ha cumplido. Exigir políticas que reduzcan la brecha salarial hasta eliminarla, exigir educación desde la infancia para desmontar los estereotipos que reproducen desigualdades, exigir medidas efectivas contra todas las formas de violencia, exigir que la igualdad sea un valor transversal en cada ámbito de la vida pública y privada.

La igualdad no es un lujo ni una consigna. La igualdad es justicia. Y siempre que una mujer, en Castilla-La Mancha o en cualquier punto de España, se enfrenta a discriminación, agresión o desigualdad estructural, la igualdad no está completa para ninguna de nosotras.

El 8M no es una fecha para el confort. Es una exigencia moral y es una urgencia democrática, y no puede esperar.

En España, más de tres millones de personas conviven con una enfermedad rara. En el mundo, más de 300 millones. Patologías que, aunque individualmente afectan a pocas personas, en conjunto representan casi el 8% de la población. No son una excepción marginal: son una realidad social que interpela directamente a nuestro sistema sanitario, educativo y político.

En Castilla-La Mancha, miles de familias viven esta realidad en silencio, especialmente en entornos rurales donde la dispersión geográfica añade una dificultad más: desplazamientos largos para consultas especializadas, demoras diagnósticas y menor acceso a determinados recursos terapéuticos. Cuando la distancia condiciona la atención, la equidad se resiente.

Cada 28 de febrero, bajo el lema “Porque cada persona importa”, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) nos recuerda algo esencial: no hablamos de estadísticas ni de códigos clínicos. Hablamos de derechos humanos. Hablamos del derecho a un diagnóstico temprano y equitativo, sin que el código postal determine el tiempo de espera. Del derecho a tratamientos innovadores que no dependan exclusivamente de la rentabilidad comercial. Del derecho a una atención integral, coordinada y humana, que incluya apoyo psicológico, educativo y laboral tanto para quienes conviven con la enfermedad como para sus familias cuidadoras.

La pandemia nos enseñó que ninguna salud es ajena a la colectiva. Las enfermedades raras nos lo recuerdan cada día. Cuando una niña espera años para poner nombre a su dolor; cuando una familia debe desplazarse cientos de kilómetros para una prueba genética; cuando un joven ve limitado su proyecto de vida por falta de apoyos, no estamos ante situaciones inevitables. Estamos ante brechas de equidad.

A esta reivindicación se suma un derecho que no puede seguir siendo frágil: el derecho a la educación inclusiva. En una comunidad extensa y diversa como Castilla-La Mancha, garantizar la continuidad educativa durante hospitalizaciones o tratamientos prolongados exige coordinación real entre sistemas sanitario y educativo, recursos suficientes y formación específica al profesorado. Educar es proteger el futuro, la autonomía y la dignidad.

Cuando las familias asumen en soledad una carga que debería ser corresponsabilidad institucional, hablamos de derechos vulnerados

Y junto a la educación, el derecho al trabajo digno, a la accesibilidad universal y a la plena participación social. Cuando las familias asumen en soledad una carga que debería ser corresponsabilidad institucional, hablamos de derechos vulnerados.

Por ello, en esta Semana de las Enfermedades Raras, es imprescindible avanzar con decisión en compromisos concretos: mayor inversión en investigación; acceso ágil y universal a pruebas genéticas; fortalecimiento de la atención sociosanitaria en el ámbito rural; reconocimiento efectivo de la labor de las familias cuidadoras; y políticas públicas que garanticen inclusión educativa, laboral y social en condiciones de igualdad real.

No es caridad. Es justicia social. No es sensibilidad puntual. Es responsabilidad estructural.

La rareza de una enfermedad no puede convertirse en rareza de derechos. Tampoco en nuestros pueblos y ciudades. Porque una sociedad verdaderamente democrática se mide por cómo protege a quienes más lo necesitan. Porque cada persona importa.

La medida anunciada por el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, el 3 de febrero de 2026 desde la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái -como parte de un paquete de cinco medidas para combatir el abuso digital- pretende prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, con verificación obligatoria de edad efectiva y responsabilidades penales para los directivos de las plataformas si fallan. Esta propuesta reaviva un debate inaplazable sobre salud mental, educación y responsabilidad social.

Se ha reabierto una reflexión incómoda pero necesaria: ¿en qué medida esta prohibición va a proteger realmente a la infancia ante un problema que lleva años creciendo de forma alarmante?

Los datos son demoledores y los vivimos como una emergencia en las aulas cada día. El Informe 'Infancia, adolescencia y bienestar digital. Una aproximación desde la salud, la convivencia y la responsabilidad social' (UNICEF España y colaboradores, 2025) revela un uso preocupante: el 92,5% de los adolescentes españoles participa en, al menos, una red social; el 75,8% en tres o más; y casi un 6% (hasta el 7,7% en Bachillerato, duplicándose en chicas) muestra signos de uso problemático. Casi un 9% dedica más de cinco horas diarias a redes sociales entre semana (cifra que sube al 20% en fin de semana), con umbrales críticos de 2 a 3 horas que duplican el riesgo de ansiedad y depresión, según diversos estudios sobre salud digital.

El estudio pionero de la Comunidad de Madrid, presentado el 9 de febrero de 2026 y realizado con unos 700 alumnos de Secundaria y Bachillerato, concluye que plataformas como YouTube, TikTok e Instagram influyen directamente en la inseguridad y los niveles de ansiedad. Las investigaciones señalan un incremento de ansiedad a partir de los 14 años cuando los adolescentes no responden de forma inmediata a los mensajes recibidos.

En el caso de las chicas, el nivel más elevado se registra a los 17 años, con un 76,5% que sufre ansiedad si no los contestan de inmediato. Entre los chicos, este máximo se sitúa entre los 15 y los 16 años, con un 57% que manifiesta esa misma sensación asociada a la necesidad de contestar con rapidez. Igualmente, del estudio se desprende que las edades más vulnerables van de los 14 a los 16. También se observa que un 60% de los adolescentes pierde horas de sueño y que el 20% oculta en las respuestas el tiempo real de conexión.

No son espacios neutrales

Las redes sociales no son espacios neutrales. Están diseñadas para maximizar el tiempo de permanencia mediante recompensas inmediatas, comparación constante y estimulación continua. En cerebros en desarrollo -hasta los 25 años-; esto amplifica la impulsividad, el aislamiento real, la fragmentación atencional y una epidemia de malestar que los docentes detectamos a diario: alumnado que no sostiene la mirada, que se desconecta en segundos, que traslada el conflicto del grupo de WhatsApp al recreo o al directo de TikTok.

La inclusión educativa se desmorona cuando el acoso salta de lo presencial a lo viral, y las chicas -más expuestas a la presión por imagen- pagan el precio más alto. Según informes recientes sobre violencia digital en España, un alto porcentaje de jóvenes (hasta el 80% según la ONG Plan International), el acoso y la violencia digital son fenómenos masivos que afectan a la mayoría de las niñas, adolescentes y jóvenes entre 12 y 24 años, y cifras similares indican recepción de mensajes con intención de quedar o intimar, incluso tras rechazo reiterado.

Lógicamente, sin verificación contrastada, sin alternativas reales y sin atacar el diseño adictivo de las plataformas, la prohibición se convertirá en papel mojado. Ya vetamos a menores de 14 años y un alto porcentaje accede igual. Prohibir sin educar desplaza el problema, genera frustración y deja a los jóvenes sin herramientas para navegar en un mundo que no va a desaparecer.

Hemos permitido durante años que estas empresas se lucren con la adicción infantil mientras la escuela, las familias y la sociedad pagan las facturas: más ansiedad, más depresión, más violencia digital, menos empatía y menos capacidad de concentración sostenida.

Hay que apostar por la educación digital crítica obligatoria desde infantil, integrada en el currículo como defensa de los derechos humanos en la era digital

Por ello, reclamamos una prohibición efectiva: verificación firme, multas ejemplares y responsabilidad penal real para quienes diseñan la adicción. Además, hay que apostar por la educación digital crítica obligatoria desde infantil, integrada en el currículo como defensa de los derechos humanos en la era digital: enseñar a desmontar algoritmos, detectar desinformación, proteger la intimidad y gestionar emociones en entornos hiperconectados.

Razonadamente, la escuela debe recuperar su papel como refugio de lo real: reforzar la prohibición de móviles en horario lectivo, e invirtiendo adecuadamente en alternativas que reconstruyan comunidad -deporte, arte, debate, lectura compartida, proyectos cooperativos- para contrarrestar la erosión que las pantallas estén provocando en las relaciones presenciales. Igualmente, es urgente poner la salud mental en primera línea: más orientadores y psicólogos escolares, formación docente en detección de adicciones digitales, programas preventivos obligatorios e involucrar responsablemente a las familias con talleres efectivos. 

Las redes pueden ser aliadas, logremos convertirlas en espacios de activismo por los derechos humanos. Pero hoy, para demasiados niños y niñas, son jaulas de comparación y ansiedad. Prohibir el acceso prematuro es proteger; educar para usarlas con criterio es empoderar. Porque, como siempre he defendido, educar no es solo transmitir conocimientos; es proteger, acompañar y transformar.

Invertir en educación digital crítica, en salud emocional y en una escuela humana no es gasto: es justicia social, es futuro, es defender la infancia como derecho irrenunciable. En consecuencia, necesitamos un Pacto de Estado que incluya las voces de los adolescentes -ellos viven el problema e ignorarlos sería repetir errores- y campañas de concienciación que informen sin manipular. El desafío es muy profundo y exige una respuesta social coordinada y recuperación de la escuela como espacio de convivencia real.

Retrasar el acceso puede ser un primer paso. Pero el cambio real dependerá de algo más complejo: invertir en educación, proteger la salud emocional y reconstruir una cultura de respeto a los derechos humanos. Porque la infancia que hoy crece entre pantallas será la sociedad que mañana tomará decisiones sobre la convivencia social.

Cada 11 de febrero el mundo conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, una fecha proclamada por Naciones Unidas. Es mucho más que un acto simbólico: es un recordatorio urgente de una deuda histórica. Celebramos a las mujeres que han transformado la ciencia con su talento y, al mismo tiempo, alzamos la voz para que las niñas de hoy no tengan que derribar barreras invisibles para soñar con ser científicas, ingenieras o matemáticas.

Bajo el lema de la UNESCO 'De la visión al impacto: redefiniendo las STEM cerrando la brecha de género', este 2026 nos interpela con claridad: ya no bastan los discursos. Es tiempo de acciones reales, de políticas que funcionen y de entornos científicos que no excluyan a la mitad del talento.

Las cifras siguen siendo contundentes. A nivel mundial, solo un tercio de las personas investigadoras son mujeres. Apenas el 35 % de quienes se gradúan en carreras STEM son mujeres y su presencia en puestos de liderazgo científico continúa siendo alarmantemente baja. En España, aunque se han logrado avances —especialmente en el sector público—, la brecha persiste en el ámbito privado y en áreas estratégicas como la ingeniería y las tecnologías de la información, donde la presencia femenina sigue siendo minoritaria.

La ciencia pierde cuando excluye. Los equipos diversos innovan más, toman mejores decisiones y ofrecen respuestas más completas a los grandes retos de nuestro tiempo: el cambio climático, la salud global, la inteligencia artificial ética o la sostenibilidad. Sin embargo, los estereotipos tempranos, la falta de referentes femeninos, los sesgos en la educación y en el mercado laboral, y los techos de cristal continúan alejando a demasiadas niñas y mujeres del ámbito científico.

Aun así, hay razones para la esperanza. Iniciativas internacionales, redes como 11F en España, programas de mentoría y miles de científicas que rompen moldes cada día demuestran que el cambio es posible cuando hay compromiso.

Este 11 de febrero no basta con aplaudir. Es momento de actuar: apostar por una educación sin estereotipos desde la infancia, impulsar la conciliación real, fomentar el liderazgo femenino en ciencia y exigir a instituciones y empresas que midan, corrijan y rindan cuentas frente a la desigualdad.

Porque la ciencia no entiende de género, pero la igualdad de oportunidades lo es todo. Las niñas no piden privilegios: reclaman su derecho a aprender, investigar y liderar sin límites. Garantizarlo no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión imprescindible en el futuro de toda la sociedad.

Luchamos para cerrar la brecha. No por ellas solamente, sino por la ciencia y por un mundo que no puede permitirse perder más talento.

El 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, el mundo se une bajo un mismo mensaje: poner a la persona en el centro. El lema internacional Unidos por lo único nos recuerda que cada diagnóstico es diferente, que cada historia es irrepetible y que la respuesta frente al cáncer debe ser humana, equitativa y basada en la mejor evidencia científica disponible. Y también permite afirmar algo fundamental, con datos y con rigor: el cáncer se cura.

En España, según los últimos datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y la Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN), se estiman más de 301.880 nuevos diagnósticos anuales. Colon y recto, mama, pulmón, próstata y vejiga continúan siendo los tumores más frecuentes. Sin embargo, estas cifras conviven con otra realidad igualmente cierta: la supervivencia al cáncer no ha dejado de aumentar en las últimas décadas.

Hoy, más del 60 % de las personas diagnosticadas sobreviven al menos cinco años, y en numerosos tipos de cáncer las tasas que alcanzan el 86-94% en cánceres como mama, próstata, tiroides o testículo. Tumores como el de mama, próstata, tiroides o testículo cuentan con pronósticos cada vez más favorables gracias a la detección precoz, la cirugía avanzada, la radioterapia de precisión, las terapias dirigidas y la inmunoterapia. Incluso en los cánceres tradicionalmente más agresivos, la investigación está abriendo caminos que hace solo unos años parecían impensables.

La detección temprana sigue siendo una de las herramientas más eficaces para salvar vidas. Participar en programas de cribado, acudir a revisiones médicas y no ignorar las señales del cuerpo multiplica las posibilidades de curación. No se trata de alarmismo, sino de responsabilidad compartida y de acceso a una sanidad que proteja a todos por igual.

La prevención también juega un papel decisivo. Hasta el 40 % de los casos de cáncer podrían evitarse con hábitos saludables: no fumar, moderar el consumo de alcohol, mantener una alimentación equilibrada y actividad física regular, proteger la piel del sol, vacunarse frente al virus del papiloma humano y la hepatitis B. Pequeñas decisiones cotidianas tienen un impacto profundo en la salud colectiva.

Nada de esto sería posible sin la investigación científica. Cada avance, cada nuevo tratamiento y cada mejora en el diagnóstico es fruto de años de trabajo, inversión y compromiso. Apostar por la ciencia no es una opción ideológica, es una inversión directa en vida, en futuro y en dignidad.

En este Día Mundial contra el Cáncer, el mensaje debe ser claro y responsable: hay esperanza real, basada en hechos. El cáncer no define a las personas ni borra sus proyectos. La sociedad avanza cuando acompaña, cuando cuida y cuando confía en el conocimiento.

Hoy podemos reconocer que hablar del cáncer también es hablar de futuro. De un futuro en el que cada vez más personas escuchan la palabra “curación”, en el que el miedo deja paso a la información y en el que la unión entre pacientes, profesionales sanitarios, investigadores y administraciones marca la diferencia.

Juntos, con ciencia, prevención y humanidad, somos más fuertes que la enfermedad.

El 30 de enero celebramos el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Las escuelas del mundo se convierten en faros que nos recuerdan una verdad esencial: la paz no es solo la ausencia de guerra, sino la presencia viva de justicia, empatía y respeto. En un tiempo herido, educar para la PAZ es un acto profundamente valiente.

Como educadora y defensora de la educación transformadora, creo firmemente que las aulas son el lugar donde se siembra el futuro más humano posible. La educación no se limita a transmitir contenidos; moldea conciencias, despierta miradas críticas y cultiva corazones capaces de elegir el diálogo frente a la confrontación, la solidaridad frente al egoísmo y la dignidad frente a la indiferencia.

El mundo nos habla hoy con un grito urgente. En los últimos años, el número de conflictos armados se ha multiplicado hasta alcanzar cifras alarmantes: alrededor de 130 conflictos activos, más del doble que hace apenas una década. Más de veinte de ellos se prolongan desde hace generaciones, atrapando a millones de personas en ciclos interminables de miedo, pobreza y dolor.

En 2026, algunos de los escenarios más devastadores continúan robando vidas y futuros: la guerra de desgaste en Ucrania; la guerra civil en Sudán, una de las crisis humanitarias más graves de nuestro tiempo; el prolongado conflicto en Myanmar; la violencia persistente en Gaza y Cisjordania; y las tensiones crecientes en regiones como el Sahel, Haití o diversas fronteras africanas y latinoamericanas, donde la fragilidad social amenaza con cronificarse. No son titulares lejanos: son niños sin escuela, familias rotas, mujeres sin protección y comunidades enteras obligadas a convivir con el trauma.

Ante este doloroso panorama surge una pregunta inevitable: ¿qué podemos hacer? La respuesta, aunque sencilla, es profundamente poderosa: la educación. Educar para la paz no es una consigna ingenua, es una estrategia de supervivencia colectiva. En las escuelas se aprende a convivir, a gestionar los conflictos sin violencia, a escuchar al diferente y a reconocer los derechos humanos como base irrenunciable de cualquier sociedad justa.

La llamada “vacuna del buen trato”, promovida por UNICEF, se fabrica cada día en las aulas: en los gestos de respeto, en las palabras que incluyen y en las actividades que fomentan la tolerancia, la cooperación y la concordia desde la infancia. Cada acto educativo consciente es una dosis de esperanza frente a la violencia.

Como presidenta de la Asociación Europea para el Liderazgo y la Calidad en Educación y directora de un máster en gestión educativa, soy testigo diario de cómo docentes y estudiantes, con creatividad y compromiso, siembran paz incluso en contextos difíciles. No necesitamos ejércitos para ganar esta batalla; necesitamos maestros y maestras con vocación, currículos que prioricen la empatía y sociedades que apuesten decididamente por la formación integral de sus jóvenes.

En este Día Escolar de la No Violencia y la Paz, renovamos el compromiso ético que inspiró a Gandhi: rechazar la violencia en todas sus formas y educar para un mundo donde el diálogo sea la norma y la dignidad, un derecho universal. Porque, como recordaba Frida Kahlo, “Reír nos hizo invencibles. No como los que siempre ganan, sino como aquellos que no se rinden”. Sigamos educando sin rendirnos, con el corazón abierto y las manos tendidas. Que la educación continúe siendo nuestra mayor fuerza transformadora.

Enero de 2026 nos sitúa ante un mundo en llamas y una España que, pese a exhibir cifras macroeconómicas positivas —cerramos 2025 con un crecimiento del 2,9% del PIB y liderazgo europeo en creación de empleo—, arrastra profundas heridas sociales en la vida cotidiana de millones de personas. La llaga es doble: global y local, y ambas están estrechamente interconectadas.

En el plano internacional asistimos a una preocupante erosión del orden multilateral. Los conflictos armados persisten en Ucrania, que entra en su quinto año de guerra; en Sudán, epicentro de la mayor crisis de desplazamiento del planeta; en Myanmar, el Sahel y otros puntos olvidados del mapa. A ello se suman un frágil alto el fuego en Gaza tras años de sufrimiento, las crecientes tensiones en Asia y África, y la represión sistemática de derechos fundamentales en países como Irán, donde la violencia contra la población civil —especialmente contra mujeres y jóvenes— evidencia la distancia entre el poder político y la dignidad humana.

Tampoco puede ignorarse la prolongada crisis de Venezuela, donde el colapso institucional, la pobreza estructural y la falta de libertades han forzado a millones de personas a abandonar su país, protagonizando uno de los mayores éxodos del mundo. Estas realidades no son ajenas a Europa ni a España: se traducen en migraciones forzadas, sufrimiento humano y una responsabilidad compartida que el mundo desarrollado no puede seguir eludiendo.

El reciente repliegue de Estados Unidos de numerosos organismos internacionales debilita aún más la cooperación global, mientras el unilateralismo y la vulneración de la soberanía de los pueblos alimentan la inestabilidad. Millones de personas necesitan ayuda humanitaria urgente y se ven forzadas a huir, empujadas hacia migraciones que también llaman a nuestras puertas.

Este contexto global agrava las grietas internas de España. La vivienda se ha convertido en la principal preocupación ciudadana, según el CIS (28,3%), con precios récord, millones de viviendas vacías y una emergencia habitacional que expulsa a jóvenes y clases medias. El paro ronda el 10,5%, el más alto de Europa, y convive con empleo precario, salarios estancados y empobrecimiento de amplias capas sociales. La pobreza infantil afecta a uno de cada tres menores en riesgo de exclusión, mientras el coste de la vida presiona a las familias y el invierno demográfico se intensifica: solo uno de cada tres jóvenes se plantea tener hijos en los próximos años debido a la inestabilidad económica.

Todo ello sucede en un clima de polarización política que bloquea reformas urgentes —vivienda pública, fiscalidad justa, financiación autonómica— y erosiona la cohesión social. Duele, además, la indiferencia. Permitimos que el miedo, la desinformación y la división nos paralicen, mientras derechos fundamentales —la vivienda digna, el empleo de calidad, la paz y la protección social— se vulneran dentro y fuera de nuestras fronteras.

Los migrantes, esenciales para nuestro equilibrio demográfico y económico, son, a veces, deshumanizados, cuando precisamente huyen de conflictos, represiones y crisis que el mundo no ha sabido o querido prevenir.

No bastan las leyes si no van acompañadas de conciencia y compromiso. La justicia social se construye con personas valientes, con corazón y con rigor. Necesitamos información veraz frente a la manipulación, empatía con el sufrimiento ajeno —del desplazado por la guerra, del joven que no puede emanciparse, de la familia atrapada en la pobreza— y acción colectiva que impulse políticas valientes: pactos nacionales por la vivienda asequible y los salarios dignos, una acogida solidaria y la defensa firme de un multilateralismo eficaz para la paz.

Una vez más, es imprescindible insistir en que la educación crítica es el faro. Formar ciudadanos capaces de discernir, de empatizar y de comprometerse es la base para reducir divisiones y fortalecer la cohesión social, en España y en el mundo.

Este 2026 no puede ser un año de renuncia. Con rigor y corazón, trabajemos por una sociedad más justa, menos polarizada y más solidaria. Porque solo desde la valentía cívica podremos transformar el dolor en esperanza y garantizar la dignidad humana, sin dejar a nadie atrás.

Vivimos un momento complejo, tanto a nivel nacional como internacional. En España, en el contexto político y social actual, asistimos a una creciente polarización, marcada por debates sobre corrupción, tensiones territoriales y una percepción de fragilidad institucional que alimenta la desconfianza de una parte significativa de la ciudadanía. La desigualdad social persiste: según datos de organismos como Eurostat, la OCDE o entidades sociales como Cáritas, millones de personas siguen enfrentando precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda y brechas generacionales que debilitan el llamado ascensor social.

A estos desafíos se suman realidades globales igualmente preocupantes: conflictos armados que vulneran de forma sistemática los derechos humanos, crisis climáticas que intensifican la pobreza y un orden internacional cada vez más tensionado. Todo ello dibuja un escenario de incertidumbre que interpela directamente a nuestras democracias.

Ante este panorama, es comprensible el desaliento. Sin embargo, precisamente en tiempos de crisis conviene recordar los pilares que sostienen cualquier sociedad democrática: la justicia social y el respeto efectivo de los derechos humanos. No se trata de ideales abstractos, sino de derechos inalienables que garantizan la dignidad de cada persona. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en 1948 y conmemorada cada 10 de diciembre, nos sigue recordando que la igualdad, la libertad y la solidaridad son el mejor antídoto frente a la división y la injusticia.

La justicia social implica redistribuir oportunidades para que nadie quede atrás. En España, pese a avances económicos y a determinadas políticas de protección social, la brecha entre ricos y pobres continúa siendo de las más elevadas de la Unión Europea, afectando especialmente a jóvenes, familias monoparentales y colectivos vulnerables. En el ámbito internacional, conflictos en regiones como Oriente Medio, Ucrania o Sudán generan millones de personas desplazadas y graves violaciones de derechos, recordándonos que la paz, la equidad y la estabilidad global están profundamente interconectadas.

Ante esta realidad, cabe plantearse con urgencia una pregunta esencial: ¿qué herramienta tenemos para afrontar y transformar estos desafíos? La respuesta es clara: la educación. Pero no cualquier educación. Hablamos de una educación valiente y transformadora, que no se limite a transmitir contenidos, sino que forme personas críticas, libres y comprometidas. Una educación que no tema cuestionar el statu quo y que ayude a comprender la complejidad del mundo desde una mirada ética y democrática.

La educación es, sin duda, uno de los motores más poderosos de la transformación social. Fomenta el pensamiento crítico, desmonta prejuicios, promueve la empatía y la solidaridad, y empodera a las personas para defender sus derechos y los de los demás. Como señala la UNESCO, la educación en derechos humanos es clave para construir sociedades más justas, ya que aborda las causas profundas de la desigualdad y cultiva actitudes basadas en la dignidad, la igualdad y el respeto mutuo.

En un país como España, donde la educación es un derecho constitucional, resulta imprescindible reforzar su dimensión cívica y social. Integrar de manera transversal contenidos sobre derechos humanos, justicia social y sostenibilidad en todos los niveles educativos —desde la infancia hasta la universidad— no es una opción, sino una responsabilidad democrática. Necesitamos programas que enseñen a analizar la realidad con espíritu crítico, a identificar las desigualdades y a participar activamente en la vida pública.

Reivindicamos una generación que no se resigne a la polarización, sino que construya puentes; una ciudadanía que exija políticas inclusivas y rechace la discriminación; comunidades que sitúen el bien común por encima del individualismo. Demandamos, en definitiva, una educación que devuelva la esperanza a quienes la han perdido, la voz a quienes se sienten silenciados y la dignidad a quienes la ven vulnerada cada día. Porque educar no es solo transmitir saberes: es ofrecer herramientas para decidir con libertad, resistir la manipulación y comprometerse con un mundo más justo.

En este momento de cierre y reflexión colectiva, el llamamiento debe ser claro. A los responsables políticos, para que abandonen los recortes encubiertos y las reformas superficiales, y apuesten por una inversión real y sostenida en una educación pública de calidad, inclusiva y comprometida con los valores democráticos. A las familias y comunidades, para que fomenten el diálogo, la reflexión y el pensamiento crítico en la vida cotidiana. Y al profesorado, para agradecerle su esfuerzo constante y su papel imprescindible como faro de esperanza, formando no solo profesionales, sino ciudadanos y ciudadanas íntegros y dignos.

En definitiva, la justicia social y los derechos humanos no se consolidan únicamente mediante leyes, sino a través de personas conscientes, comprometidas y valientes. Y esa conciencia, esa valentía, nacen en las aulas, en las conversaciones compartidas y en el ejemplo diario. Hoy más que nunca, defendemos una educación que ilumine el camino hacia la libertad, la equidad y un futuro con dignidad para todos y todas.

La alimentación infantil no es una cuestión secundaria ni un asunto privado. Es una línea roja democrática: cuando un niño no accede a una alimentación saludable, falla el sistema. Es, hoy más que nunca, un derecho fundamental y un indicador de justicia social. Así se puso de manifiesto el pasado 18 de diciembre durante la XVI Convención NAOS (Estrategia para la Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad), un espacio de reflexión y compromiso institucional que tuve el honor de compartir.

La inauguración del acto por Su Majestad la reina Doña Letizia no fue meramente protocolaria. Sus palabras, claras y valientes, interpelaron a toda la sociedad: la obesidad infantil no es solo un problema de salud pública, es una consecuencia directa de la desigualdad social. Una afirmación tan contundente como necesaria. El cierre, a cargo del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, reforzó esa visión política y ética que merece un reconocimiento sincero.

Agradezco la invitación a formar parte de este espacio de reflexión y acción, y valoro el trabajo realizado por el Ministerio para avanzar en la Agenda 2030 y en la protección de los más vulnerables.

Como profesora, investigadora y defensora de los derechos humanos -especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad-, hablar de obesidad infantil no es para mí solo un ejercicio académico. Es una responsabilidad y un compromiso moral. En efecto, nos enfrentamos a una epidemia silenciosa que condiciona la salud, el bienestar y las oportunidades vitales de miles de niños y niñas, castigando con especial crudeza a quienes nacen en contextos socioeconómicos desfavorables.

Los datos son incuestionables. El Estudio ALADINO 2023 revela que más de un tercio de la población infantil española de entre 6 y 9 años presenta exceso de peso, y que la obesidad supera el 15 %. Aunque se observa una ligera mejora respecto a años anteriores, las cifras siguen siendo alarmantes. Lo más doloroso es la brecha social: en hogares con menores ingresos, donde llegar a fin de mes es una lucha diaria o donde los progenitores enfrentan el desempleo, las prevalencias son significativamente más altas.

No se trata de elecciones individuales, sino de desigualdad estructural en el acceso a una alimentación saludable

Como alertó la reina, la obesidad infantil se duplica en familias con rentas bajas. Esto no es casualidad: es el resultado de un sistema que no garantiza equidad en el acceso a alimentos saludables. La escuela juega aquí un papel crucial e irremplazable. Aceptar esta situación sin actuar equivale a normalizar la desigualdad desde la infancia.  Porque no se trata de elecciones individuales, sino de desigualdad estructural en el acceso a una alimentación saludable.

En este contexto, la escuela se erige como un espacio clave, insustituible. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo señala de forma reiterada: el entorno escolar es uno de los escenarios más eficaces para promover hábitos saludables y sostenibles educando en salud desde la infancia, una etapa decisiva en la construcción de comportamientos que perduran toda la vida. Educar no es solo transmitir conocimientos; es también crear oportunidades reales de bienestar.

El comedor escolar, especialmente para las familias más vulnerables, representa mucho más que una comida diaria. Es una garantía de dignidad, un espacio de equidad y, en muchos casos, la única oportunidad de acceder a una alimentación equilibrada y nutritiva. Por ello, la aprobación del Real Decreto 315/2025, de 15 de abril, supone un avance que debe ser reconocido y defendido. Esta normativa, alineada con el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil y la Garantía Infantil Europea, establece criterios claros para asegurar menús variados, saludables y sostenibles en los centros educativos.

El decreto impulsa el consumo de frutas, verduras, legumbres, pescado y cereales integrales, limita los ultraprocesados y promueve modelos de producción responsables, priorizando productos de temporada y canales cortos de distribución. De este modo, protege la salud infantil y, al mismo tiempo, apoya al sector primario y al medio rural.  En consecuencia, los comedores escolares se consolidan como herramientas de transformación social, donde se educa en salud, sostenibilidad y justicia.

No basta con avances normativos si no van acompañados de voluntad política, recursos suficientes y seguimiento riguroso. No podemos conformarnos con mejoras tímidas. Es imprescindible reforzar la educación nutricional, regular con mayor firmeza la publicidad de alimentos ultraprocesados dirigida a la infancia y desarrollar políticas públicas que reduzcan de forma efectiva la desigualdad social que está en la raíz del problema.

La alimentación saludable no puede ser un privilegio, debe ser un derecho garantizado. Invertir en ella es invertir en salud, en igualdad y en futuro. Es una obligación ética de cualquier sociedad que aspire a ser justa.

Conmemoramos hoy, 16 de diciembre, el Día Internacional contra la Soledad No Deseada, una fecha impulsada por entidades como la Fundación Social Padre Ángel y Mensajeros de la Paz para visibilizar una auténtica epidemia silenciosa que afecta ya a millones de personas en todo el mundo. La soledad no avisa: se instala de manera sigilosa, atraviesa todas las edades y clases sociales y, cuando la detectamos, con frecuencia ya se ha cronificado. No solo alcanza a la persona mayor que espera una llamada que nunca llega; también al joven hiperconectado digitalmente, pero desconectado de vínculos profundos y significativos. La soledad no deseada nos interpela a todos: hoy puede afectar a alguien cercano; mañana, a cualquiera de nosotros.

Los datos confirman su preocupante progresión. En España, una de cada cinco personas (20 %) sufre soledad no deseada, y un 13,5 % la padece de forma crónica, según el Barómetro SoledadES 2024. El Mapa Nacional de la Soledad No Deseada 2025, elaborado a partir de más de 7,2 millones de llamadas al Teléfono Dorado (900 22 22 23), señala que comunidades como Madrid (21,5 %), Andalucía (19,7 %) y País Vasco (10,4 %) concentran un elevado número de casos. Este fenómeno golpea con especial intensidad a las mujeres —que representan el 55 % de las personas que buscan apoyo—, a los jóvenes —el 87,5 % de quienes tienen entre 16 y 29 años afirma haber sentido soledad en el último año— y, de forma persistente, a las personas mayores.

La Organización Mundial de la Salud advierte de que sus efectos pueden equipararse a fumar quince cigarrillos diarios, incrementando el riesgo de depresión, enfermedades cardiovasculares y mortalidad prematura. Además, su impacto económico es enorme: se estima en 14.141 millones de euros anuales, el 1,17 % del PIB, debido principalmente al aumento del gasto sanitario y la pérdida de productividad.

Las causas de la soledad no deseada son, en gran medida, estructurales: ritmos de vida acelerados, precariedad laboral, dificultades de acceso a la vivienda, despoblación rural —con miles de pueblos en riesgo—, migración juvenil y una hiperconexión digital que, en demasiadas ocasiones, sustituye las relaciones auténticas por vínculos superficiales. Sin embargo, no basta con diagnosticar el problema: existen soluciones eficaces, sostenibles y al alcance de las instituciones y de la ciudadanía. Un ejemplo pionero es el Teléfono de la Soledad del Mayor de UDP Cuenca, impulsado por la Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de Cuenca en colaboración con el Ayuntamiento y aún operativo en 2025. Esta iniciativa, reconocida a nivel regional y que he tenido el honor de acompañar, ofrece escucha activa, acompañamiento telefónico y videollamadas, demostrando que con recursos limitados es posible transformar vidas y prevenir el aislamiento, especialmente en el medio rural. A ello se suman otras experiencias de éxito, como el Teléfono Dorado de Mensajeros de la Paz, los programas intergeneracionales Rincones de Encuentro —que han logrado reducir la soledad hasta en un 35 % en proyectos piloto— o las estrategias autonómicas, como las desarrolladas en Castilla-La Mancha.

La educación desempeña un papel clave en la prevención. Educar en empatía, cooperación, comunicación y relaciones saludables desde la infancia fortalece comunidades más solidarias, cohesionadas y resilientes.

Hoy, más que nunca, resulta imprescindible exigir políticas públicas transversales: incorporar la soledad no deseada en las encuestas de salud, impulsar redes comunitarias en barrios y pueblos, y apoyar decididamente al voluntariado social. Además, debemos actuar de inmediato en el plano individual: una llamada, un café compartido, una conversación sincera o una mano tendida pueden tejer la red de apoyo que todos, en algún momento, necesitaremos.

La soledad no deseada no entiende de edades, clases sociales ni calendarios. Hoy, en su Día Internacional, comprometámonos a combatirla con determinación, por dignidad, por salud y, sobre todo, por la humanidad.

En estos días de diciembre, cuando el año se cierra con un ambiente cargado de tensiones políticas y sociales, me encuentro, como muchas personas, muy dolida e impotente. Llevo décadas defendiendo los derechos humanos, especialmente las de las mujeres del mundo rural, esas guardianas invisibles de nuestros territorios, y trabajando por una inclusión educativa y social que no deje a nadie atrás.

Escribo casi cada semana artículos sobre edadismo, equidad de género, paz en los conflictos familiares y la dignidad de los mayores. Pero la crispación actual -esa polarización que invade debates, redes y conversaciones- nos roba energía y nos hace cuestionar si vale la pena alzar la voz.

Sin embargo, precisamente ahora, cuando el ruido parece ahogar el diálogo, es cuando más necesitamos recordar que los derechos humanos no son un regalo del pasado, ni un lujo para tiempos tranquilos. Son una tarea diaria, una brújula que nos orienta hacia la empatía y la convivencia. Y en España, en este 2025 marcado por incertidumbre política, presupuestos prorrogados y un clima de confrontación que cansa a la ciudadanía, esa brújula apunta con urgencia hacia los olvidados: las mujeres del medio rural.

Estas mujeres representan la resiliencia de nuestros pueblos. En un país donde el mundo rural ocupa el 84% del territorio, pero solo acoge al 16% de la población, las mujeres rurales siguen enfrentando brechas profundas: mayor precariedad laboral (con tasas de temporalidad que superan el 60%), infrarrepresentación en la toma de decisiones, y dificultades para la conciliación que las atan a roles tradicionales.

Solo el 27% de las ayudas de la PAC llegan a manos femeninas, y el emprendimiento verde rural las ve como minoría, pese a que priorizan la sostenibilidad. Muchas trabajan sin contrato, cuidan de familias y mayores, y sostienen comunidades en riesgo de despoblamiento. Y, aun así, su liderazgo e innovación son el motor para un futuro más sostenible e inclusivo. Además, sufren violencia sexual en silencio y no pueden ni exteriorizar su dolor. Esta realidad no es ajena a la crispación que nos envuelve.

Hay que garantizar que niñas y niños rurales, con o sin necesidades especiales, crezcan en entornos que fomenten la equidad desde la infancia

Cuando la política se reduce a enfrentamientos estériles, se olvidan las necesidades reales: infraestructuras dignas, acceso a servicios sanitarios y educativos en los pueblos, políticas que fomentan la titularidad compartida en las explotaciones agrarias o programas específicos contra la violencia en el medio rural.

La inclusión educativa y social, que tanto he defendido, sufre también: en un sistema que avanza hacia modelos más inclusivos (con programas cofinanciados por fondos europeos para atención a la diversidad), la polarización distrae recursos y voluntades de lo esencial: garantizar que niñas y niños rurales, con o sin necesidades especiales, crezcan en entornos que fomenten la equidad desde la infancia.

No podemos permitir que la crispación nos apague. Al contrario: debemos impulsarnos a elegir, cada mañana, la tarea de la defensa de los derechos humanos. Como decía en mi artículo por el Día de los Derechos Humanos: no son un regalo de 1948, sino un compromiso diario que empieza al abrir los ojos. Para las mujeres rurales, para los mayores, para los jóvenes que emigran o se quedan luchando, necesitamos empatía colectiva. Diálogo que una en lugar de dividir. Políticas que priorizan la dignidad sobre el enfrentamiento.

Mientras tenga aliento, seguiré eligiendo esta tarea, con el mismo cariño y compromiso de siempre. Porque en tiempos de ruido, la voz serena y firme de la inclusión es la que más se necesita. Invito a todos -políticos, ciudadanos, educadores- a mirar hacia los pueblos, hacia esas mujeres que transforman lo rural con su tenacidad. Ellas nos enseñan que la verdadera fuerza no está en la confrontación, sino en la unión por un futuro más justo y digno.

Cada 10 de diciembre me despierto con un nudo en la garganta y la misma certeza: los derechos humanos no son una fecha en el calendario. Son una brújula. Un compromiso que atraviesa cada gesto de mi vida.

En 1948, con el mundo aun sangrando por la guerra, la humanidad se atrevió a soñar otro futuro y escribió la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hoy, traducida a más de 577 idiomas, no es un papel solemne en la ONU: es el grito vivo de millones de personas que siguen diciendo “basta” a que la dignidad tenga precio, color, género o frontera.

Llevo décadas entre aulas, mediaciones familiares, congresos y calles. Y lo tengo clarísimo: los derechos humanos no se defienden solo con discursos. Se defienden con amor terco y ternura rebelde. Con la convicción de que toda persona herida es alguien a quien podríamos abrazar.

En 2025 ese compromiso es más urgente que nunca. Veo niñas a las que se les roba la infancia, personas mayores tratadas como objetos inservibles, mujeres sin soberanía sobre su cuerpo, migrantes que se ahogan mientras discutimos si “cabemos” y una crisis climática que castiga primero a quienes menos han contaminado. Pero, también veo luz. He visto mediadoras devolver la esperanza a familias rotas, estudiantes entender que la paz se cultiva en los pequeños gestos, mujeres valientes plantarles cara a las redes de prostitución y personas mayores recordarnos que la experiencia no caduca y que el edadismo también es violencia. Por eso este 10 de diciembre no “conmemoro”. Me reafirmo.

Seguiré defendiendo el artículo 19 aunque la verdad incomode a los poderosos. Seguiré peleando por el artículo 26, porque una persona educada jamás vuelve a arrodillarse. Y recordaré siempre que “nadie debería quedarse vivo trabajando” incluyendo derechos humanos fundamentales como el derecho al descanso y tiempo libre (Art. 24) y el derecho a un nivel de vida digno (Art. 25), que implican que el trabajo debe permitir vivir con dignidad y no solo sobrevivir, garantizando salud, bienestar y tiempo para la vida personal, no una existencia precaria a costa de la propia vida y salud.

Este año la campaña “Lo esencial de cada día” me ha atravesado el alma. Porque lo esencial, para mí, es poder mirar a cualquier persona a los ojos y decirle: «Tú importas. Tú vales. Tú tienes derecho a ser feliz» y actuar en consecuencia. Hoy no celebro un aniversario. Hoy renuevo mi promesa: seguiré formando corazones que no se conforman, acompañando en la calle a quienes muchos prefieren no ver, escribiendo, gritando, mediando, educando y abrazando. Seguiré poniendo amor donde otros ponen miedo, porque estoy convencida de que el amor valiente cambia leyes y cambia vidas.

Los derechos humanos no son un regalo de 1948. Son una tarea diaria que empieza cada mañana al abrir los ojos. Y yo, mientras tenga aliento, seguiré eligiendo esa tarea, con todo mi compromiso y todo mi cariño.

Este 6 de diciembre volvemos a conmemorar el Día de la Constitución Española. Hace 47 años, el 88,5 % de quienes votamos dijimos sí a la reconciliación, sí a la libertad y sí a un futuro compartido. Fue el mayor ejercicio de inteligencia colectiva de nuestra historia reciente y permitió dejar atrás definitivamente la dictadura, construir un Estado del bienestar sólido y situar a España como uno de los países más igualitarios de Europa.

Hoy, sin embargo, no basta con recordar aquel logro. Celebrar la Constitución significa, sobre todo, exigir que se cumpla. Porque nuestra Carta Magna está en peligro, no por quienes proponen reformarla con lealtad y dentro de sus propios cauces, sino por quienes la bloquean y la vacían de contenido desde las instituciones que deben protegerla. Llevamos más de siete años, exactamente 2.556 días, con el Consejo General del Poder Judicial caducado. España es el único país de la Unión Europea que sigue sin cumplir las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) para evitar la politización de la justicia. El Tribunal Constitucional ha tenido que hacer de suplente en más de 1.200 nombramientos clave, algo que nunca estuvo previsto. Además, según el último CIS, el 73% de la ciudadanía considera que los partidos utilizan las instituciones en su propio beneficio.

La igualdad que proclama con rotundidad el artículo 14 sigue siendo papel mojado en demasiados órganos de poder. La violencia machista continúa cobrándose vidas. Las mujeres mayores sufren una doble invisibilidad por razón de género y de edad. La emergencia climática, la brecha digital y la falta de vivienda dignamente agravan las desigualdades que la Constitución prometió combatir.

Como defensora de los derechos humanos, sostengo que una Constitución solo es viva cuando protege de verdad a las personas más vulnerables: a la niña que necesita una escuela pública de calidad, a la persona mayor que no quiere sentirse olvidada, a la mujer que reclama vivir sin miedo, a quien migra y busca respeto, a las familias que aspiran a un hogar digno.

Este 6 de diciembre no podemos quedarnos en actos protocolarios ni discursos nostálgicos. Exijamos la renovación inmediata del Poder Judicial sin más excusas ni tacticismos y con mecanismos antibloqueo automático que garantizan su independencia real, un pacto educativo de Estado que blinde la escuela pública e inclusiva como verdadero ascensor social, la actualización de los derechos sociales frente a los nuevos retos ecológicos y tecnológicos, y el reconocimiento explícito de la violencia de género y de la dignidad de las personas mayores como principios irrenunciables.

La Constitución no es un museo ni un texto intocable: es un contrato vivo que nos obliga a todos. A los partidos, a dialogar en lugar de bloquear; a los jueces, a ser independientes; a la ciudadanía, a participar y a exigir sus derechos.

En tiempos marcados por tensiones políticas, incertidumbre económica y creciente desconfianza institucional, volver a la Constitución es volver a un lenguaje común. Ella recoge principios que son también la base de los derechos humanos: igualdad, libertad, participación, justicia, dignidad y pluralismo. Recordarlo hoy es esencial, porque estos principios no pertenecen a un partido ni a una ideología; pertenecen a la ciudadanía.

En tiempos marcados por tensiones políticas, incertidumbre económica y creciente desconfianza institucional, volver a la Constitución es volver a un lenguaje común

Celebrar la Constitución no significa conformarnos; significa asumir la responsabilidad de mejorar. La Constitución es un marco que debe dialogar con su tiempo. Las sociedades cambian, las necesidades también, y un texto fundamental tiene que ser lo suficientemente sólido para sostenernos, y lo bastante flexible para adaptarse. La verdadera fidelidad constitucional consiste en garantizar que ninguna persona quede atrás.

Necesitamos instituciones fuertes, transparentes y responsables; necesitamos políticas públicas basadas en evidencia, no en ruido; necesitamos un debate público que no confunda diversidad con confrontación. La Constitución nos ofrece un terreno común desde el que avanzar: no como adversarios, sino como ciudadanos que comparten destino.

En este 6 de diciembre, reivindiquemos la Constitución como lo que es: un punto de partida para construir futuro. Renovemos el pacto de respeto, dignidad y convivencia. No celebremos solo lo que fuimos, sino lo que todavía podemos llegar a ser.

En Castilla-La Mancha, tierra de horizontes amplios donde el viento mueve molinos y voluntades, todavía hay realidades que el silencio intenta esconder. Una de ellas es la que viven miles de personas con discapacidad y sus familias, que cada día empujan las puertas del mundo para que se abran… y muchas veces siguen encontrándolas entrecerradas. Hoy, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, no celebramos una fecha: celebramos una causa. No reivindicamos un colectivo: defendemos a la ciudadanía. No pedimos favores: exigimos derechos humanos. Porque los derechos no son negociables, porque la dignidad no se pide, se respeta, y porque la inclusión no es un eslogan, sino una obligación ética y legal.

En nuestra región, que ha demostrado a lo largo de los años una creciente sensibilidad hacia las personas con discapacidad, lo cierto es que quienes recorremos centros educativos, asociaciones, pueblos y barrios lo sabemos bien: queda mucho por hacer. Seguimos encontrando a jóvenes que no pueden acceder a estudios o empleos adecuados por falta de apoyos, familias agotadas por trámites interminables, personas con discapacidad intelectual que aún deben “demostrar” lo que al resto se le reconoce de manera inmediata, pueblos sin accesibilidad mínima y cuidados invisibles que recaen casi siempre sobre las mismas personas: las mujeres. Estamos mejor que hace veinte años, pero cuando hablamos de derechos humanos, “mejor” nunca es suficiente.

Quien ha trabajado, convivido o acompañado a personas con discapacidad sabe que no hablamos de carencias, sino de potencias. Hablamos de creatividad, de resiliencia y de una manera distinta —y profundamente humana— de mirar el mundo. En estas tierras nuestras, donde el esfuerzo es parte de la identidad colectiva, las personas con discapacidad nos enseñan que la grandeza de una comunidad se mide por la manera en que trata a quienes encuentran más barreras en su camino. He visto en aulas rurales a niños que incluyen sin preguntar, a jóvenes con discapacidad levantar proyectos que otros consideraron imposibles y a personas que, pese a la discriminación o al abandono institucional, siguen defendiendo con fuerza su derecho a un futuro digno. No hay mayor lección de coraje ni mejor motivo para seguir luchando.

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos recuerda que la exclusión no nace de las limitaciones personales, sino de las barreras sociales, culturales y estructurales. Y esas barreras —aunque duela admitirlo— siguen presentes en Castilla-La Mancha: autobuses inaccesibles, comunicaciones incompletas, falta de apoyos para una vida independiente, prejuicios que se disfrazan de buena intención y políticas que aún no acompañan con la intensidad que requiere la justicia social. La Agenda 2030 lo resume en un mandato inapelable: no dejar a nadie atrás. Y eso incluye a la Castilla-La Mancha rural, a los pueblos pequeños, a las familias sin recursos y a las personas con grandes necesidades de apoyo, que continúan siendo invisibles para la administración y, a veces, para la propia sociedad.

Este 3 de diciembre no queremos aplausos; queremos compromisos reales. Pedimos valentía a los gobiernos, coherencia a los responsables públicos, empatía activa a la ciudadanía y sensibilidad sostenida a los medios de comunicación, cuyo altavoz puede cambiar destinos. Necesitamos una región accesible, donde cada municipio sea transitable para todos; inclusiva, donde la escuela garantice de verdad el derecho a aprender juntos; justa, donde trabajar no sea un privilegio, sino un derecho accesible; y libre de prejuicios, donde la discapacidad deje de verse como una excepción y se reconozca como parte legítima de la diversidad humana. La inclusión no se construye con discursos, sino con presupuestos, políticas mantenidas, formación, respeto y actitudes que se revisan día a día.

Castilla-La Mancha puede ser referente. Tenemos profesionales extraordinarios, familias incansables, asociaciones que actúan como auténticos sistemas de apoyo, jóvenes que no entienden de etiquetas, docentes que hacen milagros en aulas sin recursos y personas con discapacidad que demuestran una y otra vez que el problema nunca fue su capacidad, sino la mirada que se les imponía. Por todo ello, hoy afirmamos que nuestras diferencias no deben separarnos, sino unirnos; que la discapacidad no puede volver a ser excusa para negar derechos; y que nuestra región debe ser ejemplo de una humanidad que no abandona a nadie. No podemos esperar otros cincuenta años para comprobar que el esfuerzo ha valido la pena. El momento es ahora, el compromiso es aquí y la responsabilidad es de todos. Que este 3 de diciembre no sea solo un día, sino un punto de inflexión hacia la igualdad real.