La plataforma vecinal contraria a la planta de gas propano del barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos (norte de Tenerife), no se rinde y este fin de semana celebró una asamblea informativa que llenó el célebre casino de este núcleo lindero con La Orotava. Lo hicieron no sólo para detallar el proyecto de Disa, avalado y publicado ya por el Gobierno de Canarias en el BOC, sino para tratar de resolver las dudas de muchos, explicar a fondo los peligros y riesgos de la instalación, lograr fondos anónimos para su causa y agradecer a todas las personas implicadas en la lucha su labor desinteresada, incluidos los residentes que han colocado pancartas en sus casas o la propia parroquia del barrio.

Pese a que existe cierta resignación porque las obras continúan y temen que no haya vuelta atrás, los residentes que se oponen agradecen también las 6.150 firmas recabadas hasta ahora y el apoyo unánime del Ayuntamiento realejero, tal y como pasó con la zona de La Zamora, la primera en la que la empresa planteó la colocación una planta que el Gobierno justifica para poder afrontar potenciales ceros energéticos en la Isla.  

Aunque ha habido reuniones previas, la del pasado viernes fue la más concurrida y ha demostrado, según lo trasladado a este periódico, la unión existente y las ganas de seguir luchando contra una instalación que creen una pura contradicción con muchas contraindicaciones en los supuestos tiempos de la apuesta por las energías limpias e inocuas, lo que no se da en este caso.

Mientras, la Consejería regional de Transición Ecológica y Energía mantiene que se trata de una planta imprescindible para el presente y futuro. La empresa, por su parte, y tal y como hizo en respuesta a las alegaciones de una vecina en su momento, argumenta que la elección del suelo y su ubicación responden “al criterio de mínima afección posible”, así como a motivos técnicos “tales como la proximidad a infraestructuras eléctricas, la accesibilidad y la seguridad”. Asimismo, subraya que ni el planeamiento insular ni el local impiden su implantación, después de que el PGO local recalificase esa zona de rústica a industrial. 

También sostiene que la planta “cumple todas las medidas necesarias para compatibilizar su instalación con el entorno” y dice que “no genera afecciones sobre viviendas, establecimientos o fincas aledañas”, por lo que subraya que su instalación resulta “completamente viable”. Además, replica que se contempla toda la documentación necesaria sobre “los objetivos acústicos, la calidad del aire y vulnerabilidad frente a accidentes graves”. En este sentido, remarcan que cumplen la normativa y que cuentan con los documentos e informes pertinentes bajo el amparo del órgano competente.

La plataforma vecinal, por su parte, considera incoherente apostar por esta energía contaminante en plena transición ecológica, pero la empresa alega que la planta resulta imprescindible para afrontar las emergencias energéticas que, como en otros sitios de las Islas, puedan darse en esta parte de Tenerife, en línea con la emergencia energética declarada por el Gobierno canario, limitándose su uso a este fin por situaciones urgentes. En este sentido, Disa recuerda los cinco apagones que se han dado en el último lustro, “lo que pone de manifiesto la debilidad del sistema actual. Esta situación exige adoptar, a corto plazo, soluciones pragmáticas y técnicamente viables que permitan reforzar la garantía de suministro y la estabilidad del sistema eléctrico del Archipiélago”.

Por supuesto, los argumentos de la compañía no convencen a parte de los vecinos, tal y como volvió a evidenciarse el pasado viernes. 

La plataforma vecinal contraria a la planta de gas propano del barrio realejero de La Cruz Santa, en el Norte de Tenerife, ha recabado ya 6.150 firmas que se oponen a esta instalación que consideran peligrosa y contaminante en plena apuesta (supuesta) por las energías alternativas. La cifra se conoció en una reunión que celebró este sábado una entidad vecinal que surge tras descartarse esta instalación de Disa para otra zona de este municipio del Valle de La Orotava, en La Zamora, y que, como en ese caso, cuenta con el respaldo de todos los grupos políticos del ayuntamiento (PP, PSOE y CC), sin que eso haya frenado al Gobierno regional para ir dando los pasos necesarios hasta conceder la autorización y publicar el proyecto en el Boletín Oficial de Canarias el pasado día 2 de este mes. 

A pesar de que estos vecinos han obtenido un apoyo popular creciente y muestras de solidaridad a modo de vídeos en redes sociales de residentes de La Cruz Santa que sienten como un atentado las obras y el proyecto comenzado, no disimulan su resignación y casi impotencia porque consideran que la iniciativa no se va a frenar y van a convivir con una planta que creen que les hará perder claramente calidad de vida y, sobre todo, seguridad.  

En este punto, llaman la atención sobre lo que consideran una contradicción del Gobierno regional: mientras respalda la planta, concede los permisos necesarios y publica las resoluciones en el BOC, uno de sus vicepresidentes, el exalcalde realejero Manuel Domínguez (PP), anima a los vecinos y al propio Ayuntamiento a recurrir las decisiones de su Ejecutivo. Una paradoja que resulta aún más llamativa si se tiene en cuenta que los permisos dependen de una consejería de su propio partido, la de Transición Ecológica y Energía, dirigida por el palmero Mariano Hernández Zapata. Así lo expresó Domínguez en una reciente entrevista en Radio Realejos, la emisora municipal que conoce bien.

Los vecinos, sin embargo, continuarán con su lucha, seguirán recabando firmas de apoyo y exponiendo sus profundos reparos a una instalación que consideran no sólo peligrosa, sino un sinsentido en plena época de energías limpias, por más que el Ejecutivo y la empresa la presenten como imprescindible para paliar un posible cero energético en las circunstancias actuales. 

El pasado viernes 2 de octubre, el BOC recogió ocho anuncios sobre esta planta de gas propano, lo que sentó fatal a los vecinos que integran la plataforma y demuestra la determinación del Gobierno canario y, en concreto, de la parte del PP de mantener este proyecto en Los Realejos pese al rechazo unánime en el Ayuntamiento realejero (con mayoría absoluta de los conservadores, pero que incluso han respaldado mociones contrarias del PSOE). 

Resignación intensificada tras los anuncios en el Boletín

Este impulso al proyecto intensificó esa resignación en la plataforma sobre las opciones de revertirlo, incertidumbre sobre el futuro del barrio y esta parte del municipio e indignación por el hecho de que la Comunidad no escuche a los residentes contrarios y, sobre todo, a un pleno local unánimemente en contra. Para estos afectados y los críticos del gas propano, la solución no debería pasar, en ningún caso, por una “megainstalación con ocho torres de diez metros de altura, alimentada por cientos de metros cúbicos de propano, un combustible fósil altamente inflamable”.

Además, recalcan que “las emisiones de óxidos de nitrógeno de una instalación de generación térmica son contaminantes atmosféricos que pueden contribuir a la formación de otros compuestos perjudiciales. Y nosotros vivimos en un valle donde la atmósfera no tiene fronteras. Tenemos nuestra conocida panza de burro, que cubre con frecuencia el Valle de La Orotava. Igual que la calima nos trae polvo desde África, la contaminación atmosférica tampoco entiende de municipios ni de fronteras”, subrayan. Por eso, preguntan por qué “se va poner en peligro la calidad del aire, nuestros cultivos y nuestro precioso Valle para instalar una central de combustible fósil junto a nuestras casas”.

Asimismo, recalcan que “es hora de demostrar que no todo vale. Con nuestra salud y medio de vida no se juega. No se puede poner en peligro la seguridad de todo un valle donde vivimos miles de personas (unas 110.000, más la población flotante turística) para favorecer los intereses de una empresa energética. Y no entendemos que, al tomar esta decisión, ni siquiera se haya tenido suficientemente en cuenta la situación de los vecinos, del IES Cruz Santa y del CEIP Mencey Bentor, situados a muy pocos metros de la instalación. ¿Dónde queda la protección de los vecinos?”.

La situación de los cuatro hijos tutelados de Teresa e Iván, caso expuesto por Canarias Ahora el pasado febrero, vivió este miércoles una situación muy dura para estos padres y su abogada al no asistir ninguno de los técnicos y profesionales propuestos por la dirección general de Protección a la Infancia del Gobierno regional. Según señala la abogada de estos padres, Margarita López Anadón, la propia jueza y el Ministerio Fiscal expresaron en sala “su profunda preocupación por los reiterados retrasos en la remisión de expedientes, informes y documentación necesaria para el control judicial de las medidas de protección”, después de la ausencia de los trabajadores autonómicos. 

Esa vista estaba prevista en el tribunal de Instancia número 1, sección de Familia, Infancia y Capacidad de Santa Cruz de Tenerife (antiguo juzgado de Primera Instancia número 7), pero no pudo celebrarse por esas ausencias cuando, paradójicamente, había sido solicitada por la propia administración. Esto obligó a la suspensión de la vista y dio lugar a una conversación con la magistrada y la Fiscalía que, según la letrada, “resultó especialmente significativa. La jueza, Sofía Elena Valdivia López, manifestó su profunda preocupación por el funcionamiento que viene observando en relación con la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias. La magistrada calificó la situación de insostenible y se refirió a las reiteradas dificultades que encuentra el propio órgano judicial para conseguir que la entidad pública remita en plazo las actualizaciones de los expedientes administrativos, los informes solicitados y otra documentación necesaria para resolver procedimientos que afectan directamente a niños y adolescentes”.

Esta letrada detalla a este periódico que “se expusieron, asimismo, situaciones en las que, tras requerimientos judiciales para la aportación de documentación o informes, las respuestas se retrasan o resulta extraordinariamente difícil determinar qué órgano o profesional debe dar cumplimiento al requerimiento. La relevancia de estas manifestaciones resulta especialmente importante porque no proceden únicamente de una familia afectada ni de su defensa jurídica, sino de la propia titular de un órgano judicial especializado en Familia, Infancia y Capacidad”.

Según su relato, la fiscal presente en sala “mostró igualmente su indignación y preocupación por lo que está observando en los procedimientos de protección de menores en Canarias. La representante del Ministerio Fiscal, recientemente incorporada a Santa Cruz de Tenerife tras ejercer anteriormente en Valencia, manifestó que no había encontrado durante su trayectoria profesional una situación semejante y expresó su preocupación por las dificultades para disponer de información actualizada y documentación suficiente en procedimientos de enorme trascendencia para los menores”.

“No es ni un error de agenda ni un simple retraso”

La abogada de Teresa e Iván subraya que “esta problemática no sería un episodio aislado, sino una situación que está dificultando reiteradamente el trabajo de quienes tienen legalmente encomendada la función de controlar las decisiones administrativas de protección de menores. Lo ocurrido este miércoles no puede reducirse a un error de agenda ni a un simple retraso administrativo. Los procedimientos de protección de menores deciden cuestiones de extraordinaria gravedad: si un niño permanece separado de sus padres; si continúa bajo tutela administrativa; si puede regresar algún día con su familia; si sus visitas se amplían o se reducen; si permanece durante años en un centro; o si varios hermanos continúan juntos o son separados”.

En este sentido, subraya que “cada retraso administrativo tiene consecuencias en la vida real de un niño. Y, mientras, los expedientes no se actualizan, los informes no llegan o los requerimientos judiciales quedan pendientes, el tiempo continúa transcurriendo para los menores, y ese tiempo no puede recuperarse”. Por eso, remarca que “el control judicial de las decisiones adoptadas por la Administración en materia de protección de menores exige que los jueces dispongan de expedientes completos, informes actuales y profesionales capaces de explicar y defender técnicamente las decisiones que se han adoptado. Sin esa información, el control judicial queda extraordinariamente dificultado”.

Según recalca, “lo mismo sucede con el Ministerio Fiscal, que tiene atribuida constitucional y legalmente una función esencial en la protección de los menores. La Administración de protección de menores adopta algunas de las decisiones más intensas que puede adoptar un poder público sobre la vida privada y familiar de una persona: puede asumir la tutela de un niño y separarlo de su familia. Precisamente por eso, esas decisiones deben estar sometidas al máximo rigor y al máximo control judicial”.

La aboga recuerda que estos cuatro hermanos llevan “varios años dentro del sistema de protección, pero, como ocurre en otros procedimientos similares, los expedientes administrativos alcanzan miles de páginas, acumuladas durante años, aunque esto no garantiza por sí mismo una correcta protección de los menores. La cuestión esencial es otra: ¿existe una evaluación actual de la situación de esos niños y de su familia? ¿Se han revisado realmente las circunstancias que originaron la separación? ¿Se han evaluado los cambios producidos durante los años transcurridos? ¿Se está trabajando para la reunificación familiar cuando esta sea posible? ¿Se cumplen los requerimientos de los órganos judiciales encargados de revisar esas decisiones?”.

Ante lo ocurrido, familias en la misma situación que Teresa e Iván preparan un acto público ante la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias en Santa Cruz de Tenerife para, como ha hecho en otras ocasiones, dejar claro que “un sistema que puede separar a un niño de su familia debe ser uno de los sistemas más rigurosos, transparentes y fiscalizados de toda la Administración. Debe cumplir los requerimientos judiciales. Debe remitir los expedientes en plazo. Debe actualizar las evaluaciones. Debe justificar sus decisiones y debe responder ante los tribunales cuando esas decisiones sean impugnadas. Porque cuando todo eso falla, no estamos hablando de una deficiencia burocrática. Estamos hablando de niños cuya infancia continúa transcurriendo mientras la Administración llega tarde”.

La Dirección del Menor siempre ha optado por no pronunciarse sobre estos casos concretos, aunque recalca que ha cumplido siempre con las leyes.

Si estás buscando un perro, una perra, un amigo para siempre para ti y los tuyos, este sábado tienes una gran oportunidad en el municipio tinerfeño de Candelaria. La asociación Adepac, que gestiona el refugio canino de Ravelo (en El Sauzal), donde tiene a unos 300 canes callejeros o que fueron abandonados (de los que no sacrifica a ninguno desde hace unos 40 años), mostrará a buena parte de esos perros salvados para que encuentren una familia que los acoja y les cambie la vida a todos. Para bien, un cambio para bien.

La cita, impulsada por el restaurante Iguazú Açaí, servirá también para que la asociación obtenga fondos para su inmensa labor mediante parte de lo que se recaude hoy en el negocio, justo cuando este viernes ha vuelto a protestar por fuera del Cabildo de Tenerife por los problemas de financiación que sufre, el retraso en la entrega de las subvenciones y la parálisis o bloqueo de cambios en el convenio para solventar esto a largo plazo.

Sin embargo, y más allá de esta guerra constante con el gobierno insular (CC-PP) por la supervivencia y en pro de un refugio en el que no se sacrifica a ningún ser vivo, este sábado existe la oportunidad enorme de conocer las difíciles, duras y también preciosas historias de perros de casi todas las razas, tamaños, edad, colores y formas de ser. Otro ejercicio de solidaridad, empatía y amor por los animales que, encima, puede tener el final feliz de un encuentro, una chispa, un enamoramiento instantáneo que cambias vidas para mejor.

Como remarca Iguazú Açaí en un vídeo en redes sociales, “historias que merecen ser contadas y, sobre todo, vistas. (…) Una causa muy especial porque detrás de cada perro hay una historia y algunos llevan demasiado tiempo esperando una segunda oportunidad”. Además, se subraya no sólo el principio de “sacrificios cero”, sino que se resalta el hecho de que Adepac tenga a sus canes con la máxima calidad de vida posible, sin estar encerrados en jaulas, gran parte del tiempo al aire libre y compartiendo espacios de forma conjunta, recreos diarios, paseos y socialización con personas“.

Una concepción del cuidado que intenta prepararlos para una futura adopción, con la atención médica y cuidados necesarios, y que, “mientras esperan, que se sientan como en su casa, con sus camitas, sus compañeros, espacios para descansar, salir al patio, tomar el sol y, sobre todo, recibir cariño”.

La convocatoria, además, servirá para que se pueda ayudar a Adepac con alimentos, como pienso y comida húmeda, productos de limpieza y otros materiales para el día a día. En el 43 de la Avenida Marítima de Candelaria, este sábado existe una excelente oportunidad para contribuir con una causa justa y mimada y, además, quizás cambiar la vida de varios con un enamoramiento entre especies durante la pasarela de adopción prevista para la tarde. Quizás, un día para cambiar vidas.

La publicación, durante este viernes 2 de octubre, de ocho anuncios en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) sobre la planta de gas propano para el barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos (en el norte de Tenerife), ha sentado como una patada en el estómago a los vecinos de este núcleo y otros que rechazan esta instalación.

Según recalca a Canarias Ahora la presidenta de la plataforma contraria a la planta de gas, Carmen Luisa González, esta se divide, en realidad, en ocho nuevas instalaciones de baterías de una opción energética que no sólo no consideran sostenible, sino contradictoria con la lucha contra el cambio climático, sucia, peligrosa y contraproducente, aunque su objetivo pase por paliar eventuales ceros energéticos o apagones parciales en la Isla.

Los anuncios en el BOC confirman la determinación del Gobierno canario y, en concreto, de la parte del PP de mantener este proyecto en Los Realejos pese al rechazo unánime en el Ayuntamiento realejero (con mayoría absoluta de los conservadores, pero que incluso han respaldado mociones contrarias del PSOE). Este impulso al proyecto ha creado resignación en la plataforma sobre las opciones de revertirlo, incertidumbre sobre el futuro del barrio y esta parte del municipio e indignación por el hecho de que la Comunidad no escuche a los residentes contrarios y, sobre todo, a un pleno local unánimemente en contra.

Según subrayan en una reacción instantánea en redes sociales tras la decisión, el pasado 28 de septiembre, de impulsar este proyecto, la plataforma censura con dureza que la única solución para contrarrestar un apagón en Tenerife con una “megainstalación con ocho torres de diez metros de altura, alimentada por cientos de metros cúbicos de propano, un combustible fósil altamente inflamable”. Los vecinos critican duramente al consejero de Transición Ecológica, Mariano Hernández Zapata (PP), del que aseguran que “está condenando a los crusanteros a soportar los impactos de una instalación de estas características sobre nuestro entorno y nuestra salud”.

En este sentido, subrayan que “las emisiones de óxidos de nitrógeno de una instalación de generación térmica son contaminantes atmosféricos que pueden contribuir a la formación de otros compuestos perjudiciales. Y nosotros vivimos en un valle donde la atmósfera no tiene fronteras. Tenemos nuestra conocida panza de burro, que cubre con frecuencia el Valle de La Orotava. Igual que la calima nos trae polvo desde África, la contaminación atmosférica tampoco entiende de municipios ni de fronteras”, subrayan. Por eso, preguntan por qué “se va poner en peligro la calidad del aire, nuestros cultivos y nuestro precioso Valle para instalar una central de combustible fósil junto a nuestras casas”.

“Con nuestra salud y nuestro medio de vida no se juega”

Para la plataforma, “es hora de demostrar que no todo vale. Con nuestra salud y medio de vida no se juega. No se puede poner en peligro la seguridad de todo un valle donde vivimos miles de personas (unas 110.000, más la población flotante turística) para favorecer los intereses de una empresa energética. Y no entendemos que, al tomar esta decisión, ni siquiera se haya tenido suficientemente en cuenta la situación de los vecinos, del IES Cruz Santa y del CEIP Mencey Bentor, situados a muy pocos metros de la instalación. ¿Dónde queda la protección de los vecinos?”.

Los vecinos recuerdan que, “el pasado martes 22 de septiembre, durante su intervención en el Parlamento de Canarias, la diputada Alicia Vanoostende (PSOE) le planteó al consejero las reivindicaciones de nuestra plataforma. El señor Zapata respondió que actuaría movido por la preocupación y respeto hacia la posición de los vecinos y el Ayuntamiento y que tenía que compatibilizar dos obligaciones: proteger a los vecinos y garantizar el suministro eléctrico. Pero nosotros nos preguntamos: ¿qué ironía es esta? ¿Cómo puede un consejero de Transición Ecológica decir que quiere proteger a los vecinos y, al mismo tiempo, autorizar una planta de propano, combustible fósil altamente inflamable, a escasos metros de nuestras viviendas? ¿Cómo puede hablar de respetar la preocupación de los vecinos cuando precisamente los vecinos le estamos diciendo que no queremos esta instalación?”.

Asimismo, consideran muy llamativo que el consejero reconociera que “la planta de Sampol, alimentada con gasóleo y que hace apenas cuatro meses se levantó junto a las instalaciones de uno de los Mercadona con mayor afluencia de público de la Isla, sólo se ha conectado unas 20 horas, aproximadamente un 1% del tiempo. Y, ahora, se decide autorizar muy cerca otra instalación de generación de emergencia, esta vez alimentada con propano. Pensamos que una inversión de alrededor de 28 millones de euros para una instalación concebida como de emergencia, cuyo promotor cobraría desde el minuto 1 aunque no estuviera funcionando, merece una reflexión: ¿realmente necesitamos seguir invirtiendo decenas de millones en nuevas instalaciones fósiles de emergencia? ¿No existen otras soluciones? ¿No podemos utilizar almacenamiento energético, baterías y otras tecnologías limpias para garantizar el suministro sin colocar nuevas instalaciones de combustibles fósiles junto a nuestras viviendas?”, se cuestionan.

Rechazo unánime del pleno local

La postura de la plataforma coincide con la postura unánime y en contra del pleno municipal de Los Realejos del pasado 24 de septiembre. De hecho, una propuesta de los vecinos y otra del PSOE (apoyada previamente en comisión por el PP, con la abstención de CC) fueron debatidas conjuntamente y se consensuó un texto único consensuado que fue aprobado por todos como moción institucional.

Un rechazo calcado al que se produjo cuando se propuso esta planta para La Zamora, barrio también realejero. El alcalde, Adolfo González, recalcó que el polígono industrial La Gañanía ya acoge una planta así y no cree justo que Los Realejos “deba acoger otra más habiendo 31 municipios en toda la Isla”.

El Ayuntamiento de Los Realejos “reconoce la necesidad de garantizar el suministro eléctrico en Tenerife, pero considera que esa necesidad debe atenderse mediante soluciones y emplazamientos compatibles con la protección de las personas y del territorio”. Su acuerdo, como el anterior, lo remitió al Gobierno de Canarias y su consejería de Transición Ecológica y Energía y Dirección General de Energía, al Cabildo de Tenerife, así como al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico “como parte financiadora del proyecto”, y a Disa Generación, “como peticionario y titular del proyecto, solicitando que reconsideren el mismo, para que no sea declarado de interés general y se paralice su implantación y para que no obtenga financiación pública al no contar con apoyo institucional ni social”.

Otro cierre más, y van tres en agosto y septiembre. El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, en el norte de Tenerife, informó este mediodía de otra clausura al baño de la cala principal de Playa Jardín, conocida popularmente como María Jiménez o Punta Brava y la de mejor arena. El motivo, analíticas positivas por aguas fecales y en cumplimiento de la indicación de Salud Pública.

Se trata del tercer cierre de esta cala, tras el de agosto (justo después de la escena Palomares del alcalde y del primer teniente de alcalde portuenses) y el de principios de septiembre, si bien en ese caso afectó también a El Charcón, entre María Jiménez y la parte de El Castillo.   

Según el gobierno local, “la medida se adopta por respeto y obediencia a la autoridad sanitaria y con una prioridad clara: proteger la salud y el bienestar de la ciudadanía”. Sin embargo, y como con cierres previos, el tripartito gobernante a derecha y supuesta izquierda alternativa (PP-ACP y CC) hace hincapié, de nuevo, en que “los resultados comunicados por Salud Pública vuelven a discrepar de los obtenidos por Biocontrol Labtec, el laboratorio independiente contratado por el Ayuntamiento, cuyos informes correspondientes a las muestras del 28 de septiembre (el pasado lunes) no presentan incumplimientos de los límites de referencia establecidos en dichos documentos”.

Por este motivo, el consistorio anuncia que ha solicitado a Salud Pública “una explicación técnica sobre la discrepancia entre ambos resultados, especialmente teniendo en cuenta que las muestras se tomaron con apenas una hora de diferencia. La institución municipal considera necesario esclarecer estas diferencias para disponer de información consistente y trasladar a la ciudadanía una explicación clara y rigurosa. Mientras tanto -añaden-, el ayuntamiento mantiene sus actuaciones de limpieza, los trabajos de sustitución preventiva del colector de Punta Brava y la vigilancia periódica mediante análisis independientes, con el objetivo de mejorar la seguridad de la red de saneamiento, proteger el litoral y garantizar el buen estado del agua”.

Si lo que se buscaba era pasar inadvertido, el gobierno de La Orotava (CC), con el beneplácito del PSOE y PP, no lo ha conseguido porque ha decidido una medida que, al menos a priori, parece ir totalmente en contra del sentir mayoritario justo ahora en España respecto a la vivienda, los prohibitivos y crecientes precios de alquiler y venta, el desfase entre las casas públicas (el 1% en el mercado frente al 7% de media en la UE) y las privadas, la especulación y los constantes movimientos especulativos de constructoras, bancos y propietarios con un número de inmuebles por encima de lo que se considera un gran tenedor: nada menos que diez, que no cuatro, cinco o la que se hereda de un familiar. 

Y no lo ha logrado porque, precisamente en los días en los que España vuelve a mirar con lupa hacia uno de los grandes problemas sociales desde hace años, cuando han vuelto las acampadas a Sol y otras plazas de todo el país, cuando el Gobierno central ha tenido que aprobar este martes dos decretos para intentar paliar levemente esta grieta gigante del sistema tras el punto de inflexión que ha supuesto el caso de Maricarmen (aunque depende del resto de grupos este viernes en el Congreso) y se ha quitado el foco, un poco y al fin, de la demagogia y el más puro racismo con la situación migratoria en Ceuta (con África sufriendo el cambio climático y la desigualdad de siempre o peor), justo en medio de este contexto, CC en La Orotava, el PSOE y el PP le han hecho un guiño a los grandes tenedores. En concreto, ha eliminado el recargo del 50% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que podría haberles aplicado en los últimos ocho años en aquellas viviendas vacías que dispusieran en el municipio, reinvirtiendo luego ese dinero en políticas de apoyo al alquiler, la compra de casas, promociones públicas y demás.

Más allá del don de la oportunidad, el único partido que pidió en el pleno dejar este punto pendiente por falta de información y que lleva años criticando que este recargo no se aplique y aproveche, Asamblea por La Orotava, considera muy débiles los argumentos del gobierno local para la eliminación. Se trata de unas explicaciones que no sólo no convencen a esta formación, sino que las considera precisamente justificadoras de lo que hacen los “grandes tenedores y especuladores” cuando más en entredicho están en el país. 

Encima, “con informes de mercado que demuestran que el municipio cumple con los requisitos para ser declarado zona tensionada en áreas como el casco, con lo que, según la Ley de Vivienda, la condición de gran tenedor pasa de aquel que posee diez viviendas a cuatro. En estas circunstancias, ¿qué hace CC? Suprimir el recargo”, dinero que podría cobrar el consistorio para, precisamente, reinvertirlo en vivienda social.

Manuel Pacheco, concejal de Asamblea, censura que, mientras elimina este recargo contra los más que cuestionados grandes tenedores, el alcalde orotavense y diputado regional de CC, Francisco Linares, “va dando discursos por ahí de ir de frente contra los especuladores”. A su juicio, resulta indefendible el argumento del gobierno municipal de que “supondría mucho trabajo al área de Tesorería investigar a los grandes tenedores, afirmando que actualmente sólo son doce en la localidad y, con ello, únicamente recaudarían 30.000 euros anuales”. 

Según recalca, ese recargo nunca aplicado, en realidad, no tiene una finalidad “recaudatoria, sino disuasoria porque, por ejemplo, ¿acaso las multas de tráfico son recaudatorias? Ojalá la gente condujera perfectamente y no hubiera accidentes ni incivismo”, subraya.

La versión del gobierno orotavense

En contraste, el concejal de Hacienda, Felipe David Benítez, asegura a Canarias Ahora que el coste administrativo de aplicar este recargo “superaría, con creces, el importe recaudado, al contar sólo con diez posibles grandes tenedores en el municipio, lo que supondría ir en contra de los principios de eficacia administrativa y asignación eficiente de los recursos públicos por los que se debe regir esta administración”. Además, sostiene que, “jurídicamente existe inseguridad en su aplicación, principalmente por la complejidad en su gestión, lo que conllevaría un elevado riesgo de judicialización, con los costes que eso tendría para el Ayuntamiento. Por lo tanto, la medida no es efectiva y carece de respaldo técnico y jurídico”.

Asimismo, asegura que, “en su redacción actual, el recargo resulta inaplicable ya que se fundamenta en la configuración originaria del recargo cuando no existía el necesario desarrollo reglamentario del concepto de vivienda vacía, lo que llevó a que muchos tribunales de justicia autonómicos determinasen la futilidad de la ordenanza fiscal por no ser el instrumento que pudiera delimitar el concepto de inmueble residencial desocupado. Para el grupo de gobierno, las acciones en materia de vivienda son una prioridad, pero con medidas efectivas y realizables, contando con más de un millón de euros para proyectar y construir nuevas casas con alquiler asequible en el menor plazo posible”.

Aby Rodríguez, madre de una alumna de Los Andenes (La Laguna, en Tenerife) con necesidades especiales del CEIP Camino Largo, en el mismo municipio, pero a unos siete kilómetros, ha decidido explicar el caso de su niña, pero recalca que se trata de una situación que afecta a otros menores que necesitan acudir a centros que ofertan esta educación específica. Al no haber muchos, la consejería ofrece un micro para recogerlos en sus casas o proximidades y llevarlos, en este caso al del Camino Largo. Sin embargo, sólo hay un micro y, por eso, la recogida comienza desde las 6:30 horas, con lo que algunos se pasan unas dos horas en una guagua cuando, precisamente en el caso de su hija, padece, entre otras dificultades, diabetes y eso complica la atención debida por encontrarse en el transporte.

Según explica a Canarias Ahora, se trata de una situación que padecen otras familias y que supone no sólo un gran sacrificio, pues en algunos casos han de preparar a sus hijos desde las 6:00 horas o 5:30, madrugones poco recomendables para niños y niñas con necesidades especiales, sino que se complica con otros problemas. 

En su caso, el CEIP Camino Largo es preferente para auditivos sordos, ya que, aparte de síndrome de Down, diabetes, celiaquía y trastorno grave de la conducta, su hija padece también discapacidad auditiva y, de hecho, el año pasado se le puso un implante coclear en uno de sus oídos. Justamente el pasado año, la matriculó en este colegio por atender a menores con problemas de audición.

La Consejería aporta un micro para los centros preferentes, pero aún no ha logrado plaza para la acogida temprana gratuita que oferta el Ayuntamiento de La Laguna, que se publican en junio y se conceden en julio para la conciliación laboral de los padres y madres. Según remarca, solicitó la plaza “en tiempo y forma en junio”, y se le dijo que las peticiones se analizarían cuando se hubiesen presentado todas. En su caso, su hija se quedó en lista de espera “porque, al ser por orden de llegada, no entró en el cupo existente y estamos a la espera a ver si alguien deja la plaza, cuando lógicamente nadie va a renunciar porque todo el mundo la necesita”.

De una administración a otra

Aby Rodríguez puso una reclamación en la Consejería porque no entiende que se oferte un servicio de transporte público para niños y niñas con estas dificultades sin ofrecer, a su vez, plazas suficientes de acogida temprana gratuita o, “al menos, asegurar que estos alumnos sean atendidos al llegar al cole y hasta que comienzan las clases a las 8:30”. Sin embargo, en la Consejería señalan que esa es una competencia del Ayuntamiento. Aby considera que el criterio para el reparto de plazas de acogida temprana no es el “adecuado” y debería haber “igualdad de condiciones” a la hora de adjudicar las plazas.

Según recalca, el colegio y los padres y madres afectados apoyan lo de la “igualdad de condiciones”, pero recuerdan que van a ese centro por una necesidad, que por eso la Consejería aporta un transporte, porque no viven cerca del CEIP, pero no se reservan las clases ni se sincronizan los dos servicios.

A este problema se suma el del horario de la guagua, que a juicio de Aby se debe a que la Consejería intenta abaratar costes con un único micro y no varios con distintas rutas que haga que los niños y niñas no tengan que levantarse tan temprano, ya que se comienza a recoger a las 6:30 para llevarlos a distintos centros. Aby dice que no pasaría nada si se tratase de niños sin necesidades especiales, “se madruga un poco más y punto, pero, por ejemplo, mi hija está dos horas sin supervisión diabética ni medicación y otros niños que padecen epilepsia tampoco toman sus medicamentos en el trayecto para el trastorno grave de la conducta. No pedimos que se les lleve a las 8:30, que sería lo ideal porque no se necesitaría la cogida temprana, pero sí que el horario sea más ajustado y se piense en el descanso de los niños, en su medicación y en sus necesidades especiales”. 

En respuesta a este medio, la Consejería de Educación indica que se trata de “un tema que se está resolviendo”. “En este caso, se trata de la niña que primero recoge el transporte, que se oferta para alumnado hipoacúsico y la familia dice que no le da tiempo de llegar a terapia. Lo que estamos haciendo es evaluar uno a uno los usuarios de ese transporte para ver cuál es el horario que más le conviene a todos, en general, adaptando la ruta a eso para intentar que sea el mejor posible, pero tampoco se puede satisfacer la demanda para todos. No existe un transporte 100% a demanda de cada alumno porque, si no, sería ir a recoger a cada uno por separado. Siempre habrá uno que le toque madrugar más porque es el primero al que se recoge y otros que serán los últimos en volver a casa, pero se trata de las condiciones que hay y vamos a intentar adaptarlas lo más posible al horario que les conviene a todos”.         

En el caso del Ayuntamiento lagunero y las plazas de acogida temprana, el consistorio aún no ha dado su versión a este periódico.

El problema de las aguas fecales en Tenerife se expande y este mismo miércoles se ha decretado el cierre de otras dos playas, una en el norte y otra en el sur de la isla. Se trata de El Socorro, en Los Realejos, y El Médano, en Granadilla de Abona.

En El Socorro se invitó a los usuarios a abandonar la arena y el agua y se precintó la cala, la principal del municipio y referente del surf en Canarias, poco después del mediodía.

La decisión se tomó tras los controles realizados sobre la calidad del agua en la mañana de este miércoles, entre las 10:45 y 11:48 horas, comunicándole los resultados al Ayuntamiento realejero a las 12:55. Las analíticas desvelaron elevados índices de la bactera fecal E. coli. El consistorio desplazó entonces a la Policía Local hasta la playa, y efectuó el precinto de la misma, según explicaron a este periódico usuarios de la cala testigos del cierre.

Este cierre se suma así a los ocurrido en agosto y septiembre en Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, donde ya se desaconsejó el baño durante casi un año, de julio de 2024 a junio de 2025.

Como en esos dos últimos cierres, se prevé que el de El Socorro dure poco tiempo, aunque se anuncia oficialmente que se prevé la reapertura este viernes.

Desde hace años, y ante la creciente crisis con los vertidos en Puerto de la Cruz, donde se ubica el emisario con grietas, que ahora los técnicos dicen que hay que sustituir por uno nuevo, y la estación depuradora de Punta Brava, se ha recordado constantemente que buena parte de las corrientes marinas van desde el Puerto hacia Los Realejos y al resto de Daute y la Isla Baja.

Según otros testigos, la cámara web de El Socorro dejó de funcionar al poco del cierre. 

Este periódico intentó tener la versión del Ayuntamiento realejero, sin éxito.

El Médano, otra vez cerrado

En cuanto al segundo cierre, ha sido en El Médano, una playa donde los cierre por vertidos de aguas fecales no son extraños. El Ayuntamiento de Granadilla ha explicado a través de sus redes sociales que se ha detectado en las analíticas que el parámetro de enterococos supera el nivel máximo permitido, siendo de 210 ufc/100 ml frente al valor límite de 200 ufc/100ml.

Además, se ha procedido al izado de la bandera roja, prohibiendo temporalmente el baño.

Este miércoles, añade, se han tomado nuevamente muestras para realizar un contraanálisis por parte del servicio municipal. El Ayuntamiento explica que se toma esta medida para garantizar la seguridad de los bañistas, a la espera de los resultados del último análisis, y en cuanto confirmen que las aguas son aptas para el baño se procederá a su reapertura.

El consistorio recomienda seguir las restricciones del equipo de salvamento y seguridad de playas.

Desde hace seis años, sobre todo desde que se desaconseja el baño en la playa tinerfeña de Playa Jardín (desde julio de 2024 hasta casi un año después, con los dos cierres puntuales durante este verano y analíticas positivas en contaminación fecal también en junio pasado), la posibilidad de tener que crear un nuevo emisario en Puerto de la Cruz siempre ha existido. Se ha apuntado, barajado y dejado caer esa opción, aunque el Cabildo tinerfeño se ha afanado, sobre todo, en tratar de arreglar las fugas y grietas detectadas desde el año 2020 en el emisario actual (de 1,1 kilómetros de la costa y que alivia a la depuradora comarcal), con nuevas conducciones, empalmes (los célebres baipás), los pozos filtrantes y otras actuaciones, aparte de la ampliación de la EDAR de este enclave de la ciudad, lindante con Los Realejos. Sin embargo, los técnicos del Consejo Insular de Aguas ya se han rendido y, en un documento del pasado 18 de agosto al que ha tenido acceso Canarias Ahora, admiten por escrito que la solución realmente “estructural” a largo plazo para estos problemas pasa por construir un nuevo emisario.

Esto, que el Cabildo prevé llevar al pleno de este viernes o al siguiente, con la correspondiente presentación o detalle de los motivos técnicos, supone un cambio innegable en los plazos para resolver en buena parte los vertidos al mar en esta parte del Valle de La Orotava, con especial incidencia en la principal ciudad turística de la vertiente norte de la Isla. De hecho, requerirá un nuevo proyecto técnico a licitar y elaborar, nueva partida tras el gasto de millones en estas complejas obras, plazos, concurso público, adjudicación y desarrollo de las obras en su momento, por mucho que se sigan buscando otras soluciones, ampliando la depuradora y mimando el día a día de las conducciones locales y demás infraestructuras, tal y como no paran de recalcar las tres administraciones (Gobierno regional, insular y local).

En este documento técnico, en resumen, se admite que las obras de reparación del emisario comarcal del Valle resultan inviables, por lo que el plan de rehabilitación actual se tambalea y se propone crear un nuevo ante la necesidad de seguir vertiendo por la conducción con problemas. Entre otras cosas, por la colmatación de los pocos nuevos filtrantes poco después de su estreno.

Tras años de tramitación del proyecto desde la detección de las grietas en 2020, en 2023 se validó el proyecto de rehabilitación y, en diciembre de 2024, Costas del Gobierno de Canarias (ya se había consumado el traspaso de competencias desde el Estado) dio luz verde. La adjudicación de las obras se dio en julio de 2025 tras quedar desierta una primera licitación, pero los problemas, aunque “puntuales”, como recalcan desde los distintos gobiernos, han continuado, con esos varios cierres apuntados.

Recuperar el vertido directo con el antiguo

Dicho plan contemplaba como una de las posibles soluciones usar pozos filtrantes, evitando seguir usando el emisario actual ni verter de forma directa al mar. Se hizo uno de alivio y otros tres de sondeo y 95 metros de profundidad (casi 70 metros bajo el nivel del mar), pero los problemas continuaron apenas doce días después de su funcionamiento pleno, que tuvo lugar el pasado 17 de julio de 2026. La capacidad de infiltración del pozo 3 es insuficiente y los análisis demostraron que el agua tratada contenía un elevado nivel de sólidos en suspensión que el sistema de microfiltración no logró retener, causando la colmatación parcial de estas nuevas estructuras. Ante el riesgo de un bloqueo total y filtraciones, el pasado 30 de julio se decidió cerrar este pozo P-3 y, el 4 de agosto, se retomó el vertido directo a través del emisario submarino.

Dicho informe constata que las tres alternativas planteadas (reparación puntual de la fisura, instalación de un baipás de 240 metros o entubado mediante mangas interiores) resultan inviables, por lo que los técnicos las descartan y el Consejo aboga por redactar un proyecto completamente nuevo para un emisario submarino con un trazado alternativo al existente. Eso sí, y como salida transitoria, se propone mantener operativo el emisario dañado mientras se intenta optimizar el tratamiento terciario de la EDAR, mediante la ampliación de unidades de ultrafiltración y flotación, para reducir la carga de sólidos y reutilizar más agua para el sector agrícola del Valle orotavense.

Canarias Ahora pidió este lunes información al Cabildo sobre este informe, de momento sin respuesta.

Subir desde El Palmar, en Buenavista, hasta Teno Alto te adentra en una especie de cuento mágico. La laurisilva y el monte bajo enseguida te transportan a Anaga, Garajonay, el cercano Monte del Agua (Buenavista y Los Silos) y a pocos rincones más de Canarias, pero este sitio, este pequeño caserío disperso, tiene algo especial, un plus, el típico no sé qué. Como que, salvados los hándicaps que siempre existen en lugares apartados y sin muchos servicios o comodidades, se congeló el tiempo para bien y buena parte de los que aún viven ahí así lo prefieren.

Sí, y como Masca, Anaga y otros parques rurales, reciben turistas, habituales visitantes o curiosos residentes, pero nada que ver con las masificaciones de esos otros sitios. Su pequeña comunidad y los que la adoran y comparten muchos momentos viniendo de otros rincones de Tenerife han enamorado a la fotógrafa y documentalista tinerfeña Luz Sosa Contreras y al cineasta Miguel Ángel Rolland, que llevan cinco años investigando y tres trabajando in situ en un largometraje documental titulado Baladero y que están a punto de terminar, pero que necesita un último empujón económico. Por eso, particulares y colectivos que les apoyan han lanzado estos días una campaña de captación de fondos a través de las redes sociales (los conocidos crowfounfing) para intentar conseguir los recursos necesarios para terminar la obra y que, a poder ser, en un mes se termine y se disfruta de un trabajo hecho desde el amor.

Un amor al baile (son célebres en Teno Alto, en El Palmar y otros núcleos de la Isla Baja), pero, sobre todo, a esta pequeña comunidad que, como se advierte en la campaña de captación de fondos, “está en riesgo”, en peligro de extinción ante el implacable desarrollismo.

El documental se inspira en los bailes y muestra un relato para, en el fondo, describir, reivindicar y defender un lugar increíble de las amenazas que afronta. Para hacerlo, encima, enamorando. 

Un espacio maravilloso que mezcla la bruma y el verde intenso de la laurisilva en buena parte del macizo con la meritoria agricultura minifundista de siglos, las parcelas de secano que miran al sur, las dificultades orográficas (dignas del salto del pastor), los microclimas, el viento, el frío, el calor, las cabras sueltas, los rebaños que hacen caso a los veteranos cabreros, el Atlántico al fondo pero sin casi ver la costa, las rocas calizas propias de la vertiente sureña, las pencas, los almendros, las papas, la pequeña ventita-bar-asociación donde echar los bailes, la placita y sus bancos, la música, los instrumentos, las coplas y sonidos anclados del pasado, la sabiduría de las arrugas, las fiestas de Carnavales menos conocidas de Tenerife (con unas caretas legendarias, pero allí, casi sólo allí), tradiciones que se van perdiendo, el difícil pero bello día a día… En definitiva, los cuarenta vecinos y vecinas que quedan, que se conocen como hermanos y que siguen haciendo latir el corazón del enclave.

Como se describe en la campaña, “un canto a la vida a través del baile” que “cuenta una historia profundamente humana, creada con la participación de gran parte de esta comunidad rural, hoy en riesgo de desaparecer”. Según recalcan los promotores de la iniciativa de recaudación, “quedan menos de 25 días para alcanzar el objetivo y cualquier aportación, por pequeña que sea, les ayudará a seguir adelante porque todo suma y, entre todas las personas, podemos conseguirlo”.

Y como dicen los autores en un sitio web creado expresamente para recibir las ayudas y explicar el proyecto, “hemos dedicado toda nuestra energía y recursos personales al respeto, a un ritmo tenero que no podía defenderse ante las instancias impacientes de las ayudas públicas, las agendas corporativas o los tiempos con los que juega un guion de ficción que determina un principio y un final. Este no es un documental sobre los otros, sino con ellos y ellas, contado con su participación activa e involucrándose en el proceso. Y eso, sin duda, juega más con los ritmos de la vida que con los de una producción”.

La campaña permite diversas opciones para ayudar, incluida la aportación libre. Además, se recuerda que, como se realiza a través de una fundación, quien aporte lo que quiera podrá desgravarse en el IRPF entre el 35% y el 80% de su donación.

Si Teno Alto bien merece no sólo muchas visitas, sino ser defendido y apoyado de verdad, este proyecto también. Ambos merecen la pena de sobra.

No es lo habitual, y menos en el panorama político estatal, pero el PP y el PSOE de Los Realejos han llegado a un acuerdo para aprobar, en el próximo pleno, una propuesta común, con abstención de CC (al menos en la comisión informativa previa), que deja meridianamente clara el total rechazo del ayuntamiento a la planta de gas propano que pretende levantar en el municipio la empresa Disa. Además, solicitan “que la revocación definitiva de este proyecto en el término municipal se haga antes de la celebración de las elecciones de mayo 2027”

La iniciativa cuenta con el aval de la plataforma vecinal, según confirma a este periódico su presidenta, Carmen Luisa González, y ratifican fuentes de los citados partidos. Sobre todo, porque se apoyan prácticamente todas sus reivindicaciones. Esa oposición queda patente en el primer punto de la propuesta, fundamentada en la presentada a la comisión por los socialistas. “Manifestar el rechazo rotundo, íntegro y definitivo del pleno del Ayuntamiento de Los Realejos a la instalación de la Planta de Generación de Emergencia de 14,8 MW denominada planta Tigaiga, correspondiente al expediente GE25/017, en cualquier ubicación situada dentro del término municipal de Los Realejos, incluida expresamente la nueva ubicación propuesta en el Polígono Industrial La Gañanía”.

Este rechazo ya se había explicitado en el salón plenario local el 25 de junio de 2025, cuando la planta se quiso instalar en la zona de La Zamora, y así se recuerda en la moción. En aquella ocasión, CC también apoyó la postura del gobierno local (PP) y el principal partido de la oposición (PSOE), si bien ahora, de momento, se abstuvo en la comisión. La propuesta se reafirma en ese acuerdo institucional “de rechazo a la instalación de la planta Tigaiga en el municipio y a cualquier otra instalación de similares características en el territorio municipal”. 

Además, se insta “al Gobierno de Canarias, a la consejería competente en materia de Energía y al resto de administraciones públicas competentes a que tengan en consideración la posición expresamente manifestada por el pleno del ayuntamiento y descarten la implantación de la planta dentro del término municipal, incluida la ubicación propuesta actualmente”. También solicitan a las administraciones y organismos competentes “que, en el ámbito de sus respectivas competencias, no autoricen ni impulsen la implantación de la planta en ningún emplazamiento situado dentro de Los Realejos, y que se tengan en consideración las determinaciones y pronunciamientos adoptados por este consistorio”. 

La iniciativa conjunta será trasladada al Gobierno de Canarias, a la consejería de Transición Ecológica, a la dirección general competente y a Disa Generación, como entidad promotora del proyecto, “comunicando expresamente el rechazo manifestado por el pleno”. Asimismo, se enviará el acuerdo “a los vecinos y vecinas de La Cruz Santa, así como a los demás barrios y núcleos de población del municipio que pudieran verse afectados por la implantación de este tipo de instalaciones, haciendo pública la posición adoptada”. Asimismo, se le remitirá a los grupos parlamentarios con representación en el Parlamento de Canarias y del Cabildo insular de Tenerife, “solicitando que conozcan y apoyen la posición expresada por el pleno”.

Acciones a desarrollar para evitar su instalación

El texto también compromete al Ayuntamiento realejero a ejercer, “dentro del marco de sus competencias, cuantas actuaciones administrativas y jurídicas resulten procedentes para la defensa de los intereses municipales y para el cumplimiento del presente acuerdo, incluyendo, en su caso, la formulación de alegaciones, recursos y demás acciones que legalmente correspondan, previa adopción de los acuerdos que resulten preceptivos”.

Lleva siendo una preocupación, un sufrimiento casi diario (sobre todo desde que comienzan las clases de la Universidad lagunera y otros centros) y uno de los asuntos con más promesas políticas, plazos incumplidos y polémicas desde mediados de los años 90. Desde entonces, las colas en la autopista del norte de Tenerife (TF-5) en sentido a La Laguna y Santa Cruz demostraron que eso no era normal (más de una hora y media y hasta dos horas para llegar a la capital, casi el doble que si se viene en barco desde Agaete, en Gran Canaria). Estaba claro que algo se había planificado mal o no se había programado y que se debía reaccionar, aunque han pasado tres décadas y el propio vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso (PP), reconoce que tarda una hora y media desde Puerto de la Cruz hasta Santa Cruz. 

En este tiempo, se ejecutó la célebre (y no menos polémica) vía de ronda lagunera en los 90, la circunvalación hacia el sur (Añaza) desde las grandes superficies de La Laguna, se hicieron algunas mejoras en enlaces, se probó con desvíos variados y se plantearon numerosas soluciones (trenes y hasta vías elevadas por la mediana), con la pasarela del Padre Anchieta (en el corazón de Aguere) como último paso. Obras y proyectos cuando la congestión ya se da también en muchos momentos en el otro sentido, hacia el Valle de La Orotava (lo del mediodía es cada vez más recurrente y lo de los viernes, otra tortura). 

Ahora, el Cabildo de Tenerife se muestra exultante porque, “al fin” (expresión del propio gobierno insular), la Consejería regional de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad ha adjudicado definitivamente las obras del tercer carril de la TF-5 entre Guamasa y el aeropuerto del Norte, en sentido Santa Cruz, unos trabajos que desarrollará una unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial Construcción y Asyota Asfaltos y Obras por 58,18 millones de euros. Sin duda, un salto considerable para intentar aliviar un poco las colas y, por tanto, algo muy anhelado y aplaudido por muchos tinerfeños, aunque ni mucho menos una fórmula mágica y definitiva. Eso sí, tiene una cara oculta que, de momento, la Consejería de la Comunidad no aclara del todo: los árboles a eliminar o trasplantar situados junto al carril más lento actual de la TF-5 en ese sentido.

En respuesta a Canarias Ahora, la Consejería indica que “las medidas contempladas en el Estudio de Impacto Ambiental, contemplado a su vez en el proyecto de construcción, fueron avaladas por la propia Declaración de Impacto Ambiental. En el caso de las palmeras, se contempla análisis de los ejemplares, posible detección de picudo y trasplante.

La Consejería, sin embargo, no precisa el número de ejemplares a analizar y reubicar (o eliminar), aunque, si se cuentan en los planos existentes, superan los 120, y no solo se trata de palmeras, que sí que suponen la mayoría, pues también hay en ese tramo (paralelo a la vía de Guamasa y Cruz Chica, la que lleva a Agua García y El Ortigal), eucaliptos y otras especies de árboles y arbustos.

Expropiaciones de viviendas e instalaciones de empresas

Aunque la intención pasa por trasplantar el mayor número, se trata, por tanto, de una nueva eliminación de vegetación por más asfalto, por mucho que se aporten luego nuevos ejemplares con el proyecto, de momento tampoco cuantificados o difundidos a este periódico. Además, la intervención requiere diversas expropiaciones de viviendas e instalaciones de empresas en activo o no. Concretamente, de la compañía Explotaciones Industriales Los Rodeos se expropiará un almacén de unos mil metros cuadrados, un suelo urbano de 370 metros sin edificar, una edificación residencial de 204, otro almacén de 63 y otro terreno no edificado de 477 metros. Además, a AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) se le comprarán 5.737 metros (de “características especiales”) y a los herederos de García González una edificación residencial de 114 metros.

El futuro de estas palmeras y otros árboles (claramente más de un centenar, y algunos en el otro sentido de la TF-5) recuerda un poco la situación actual con la carretera que baja al paraje protegido de El Rincón, en La Orotava. En este caso, se trata de una carretera insular cuyo asfalto se pretende reformar, pero con un proyecto que incluía la eliminación y trasplante de hasta 85 palmeras de unos 40 o 50 años (incluso más) porque los técnicos entienden que sus raíces suponen un riesgo para la calzada. Tras la publicación en Canarias Ahora de esta iniciativa, el gobierno orotavense (CC), que se opone de forma radical (al menos es lo que traslada), acordó con el Cabildo tinerfeño frenar la iniciativa y buscar una alternativa que permita dejar las palmeras en su lugar de siempre.

Este proyecto ha despertado un gran rechazo en colectivos y particulares. De hecho, y pese a ese supuesto reculamiento, entidades como la Coordinadora Ecologista El Rincón, grupos políticos como Asamblea por La Orotava, plataformas como Chira-Soria, arquitectas y otros particulares presentaron numerosas alegaciones antes del cierre del plazo porque no se creen el replanteamiento anunciado y porque, en definitiva, la intención de eliminar estas 85 palmeras sigue presente en un proyecto publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).    

Los vecinos del barrio de La Cruz Santa, en Los Realejos, en el norte de Tenerife, contrarios a la instalación de una planta de gas junto a sus viviendas han registrado este martes un manifiesto en el Ayuntamiento para dejar claro algunos aspectos de su reacción que consideran que se están tergiversando. Sobre todo, que no tienen ninguna adscripción política y que su radical oposición tiene que ver, básicamente, con su rechazo a las consecuencias para la calidad de vida y los riesgos que, aunque se minimicen, consideran que representa esta instalación.

La planta de gas, de la empresa Disa, se quería levantar inicialmente en La Zamora, pero después se cambió su ubicación hasta la prevista actualmente, justo debajo del núcleo poblacional y muy cerca de viviendas y empresas situadas por debajo de la carretera general o en las proximidades de la parte superior.

Tras una reunión con el alcalde, Adolfo González (PP), que califican de claramente “insatisfactoria”, según las fuentes consultadas y pese a que el gobierno local también rechaza la planta, los residentes y miembros de la plataforma vecinal contraria a la instalación decidieron redactar y presentar en el registro de entrada del Ayuntamiento un escrito dirigido a todas las fuerzas políticas locales. El texto, al que ha tenido acceso Canarias Ahora, se adelanta al próximo pleno municipal, en el que se prevé debatir y votar diversas mociones sobre este polémico proyecto, denominado Planta de Generación de Emergencia de 14,8 MW (Planta Tigaiga, expediente GE25/017).

La plataforma vecinal No eléctricas-Propano en la Cruz Santa recalcan que “no estamos defendiendo unas siglas políticas, sino nuestra salud, nuestra seguridad y el futuro de nuestras familias. Por ello, no vamos a tolerar que esta causa justa se convierta en una moneda de cambio o en un escenario de confrontación partidista”.

Los vecinos tienen claro que es el Gobierno de Canarias el que “realmente tramita la autorización administrativa”, aunque subrayan que eso no es óbice para que también se dirijan al Ministerio de Transición Ecológica y le trasladen el acuerdo de rechazo, toda vez que financia estas obras de emergencia. Además, abogan por las propuestas municipales que exigen a la corporación local que “active la vía jurídica y contencioso-administrativa si fuera necesario”.

Asimismo, aplauden que se defiende usar “todos los medios al alcance del consistorio para defender que esta planta no se instale en ningún lugar del municipio. Exigimos –añaden- que cualquier acuerdo institucional que emane de este pleno cumpla con los siguientes puntos irrenunciables: rechazo incondicionado y definitivo, pues no nos vale que se diga que la planta está más lejos en el polígono de La Gañanía”. En este sentido, aseguran que “el cambio de ubicación es una trampa administrativa” y, por eso, reclaman el “rechazo rotundo a esta infraestructura en cualquier parcela del término municipal”. También piden a la consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias “denegar formalmente la solicitud de autorización administrativa. No pedimos que miren para otro lado, sino que bloqueen el expediente”.

Otra de sus exigencias en este manifiesto pasa por un “compromiso jurídico real”, al considerar que el Ayuntamiento “debe comprometerse, por acuerdo plenario, a ejercer todas las acciones administrativas y judiciales necesarias (incluyendo recursos contencioso-administrativos) para frenar a la empresa promotora si las administraciones autonómicas fallan a los vecinos”. También aluden a los plazos y remarcan que “la resolución y archivo definitivo de esta amenaza debe materializarse de forma efectiva antes de mayo de 2027. No queremos promesas a futuro ni declaraciones de intenciones vacías ante las próximas elecciones. Instamos a los concejales y concejalas de todos los partidos a actuar con altura de miras, rigor técnico y un criterio de puntuación y redacción legislativa que no deje resquicios legales a la empresa promotora. Si la moción resultante se debilita mediante enmiendas de conveniencia para salvar la cara de unas siglas u otras, la plataforma señalará públicamente a quienes antepongan la disciplina de partido al bienestar de Los Realejos”.

La plataforma remata el manifiesto con un lapidario: “Ni en La Cruz Santa, ni en La Gañanía, ni en ningún rincón de Los Realejos. ¡Planta de propano, NO!”.

Rectificaron en pocas horas, pero algunos particulares de La Orotava y Tenerife y al menos cuatro entidades ecologistas, sociales o partidos de Canarias (la Coordinadora Ecologista El Rincón, la plataforma Salvar Chira-Soria, algunas arquitectas de Cascos Púrpura y Asamblea por La Orotava) no les creyeron y han actuado en consecuencia. En las últimas semanas, y hasta la madrugada de este miércoles, cuando acababa el plazo, diversos colectivos y ciudadanos de las Islas han presentado alegaciones a la intención inicial del gobierno del Cabildo de Tenerife (CC-PP) de retirar y reubicar un total de 85 palmeras de la carretera del paraje protegido de El Rincón, en La Orotava, porque no se creen el anuncio que hizo esta administración a las pocas horas de que Canarias Ahora se hiciera eco de esta posibilidad y de la reacción rotundamente contraria de grupos como Asamblea por La Orotava, que en principio fue secundada por el gobierno de la Villa (CC).

En la mañana del pasado 18 de agosto, este periódico trasladó a sus lectores la honda polémica y el malestar generalizado que había causado la noticia de que el Boletín Oficial de la Provincia había anunciado un proyecto del Cabildo tinerfeño para retirar 85 emblemáticas palmeras canarias de la carretera que lleva a las tres playas orotavenses (El Bollullo, Los Patos y El Ancón) y a los dos millones de metros cuadrados protegidos y agrícolas de El Rincón, el primer espacio natural en España que propició una Ley regional de protección aprobada por el Parlamento canario en 1992 tras la iniciativa popular que logró 35.000 firmas y que derivó en el Plan Especial de 1997, que en realidad nunca se ha cumplido.

Se trata de 85 palmeras canarias de gran porte que llevan, en algunos casos, más de 50 años en esta vía y que forman parte ya de la idiosincrasia del lugar. De hecho, y como transmitieron a este periódico fuentes del gobierno orotavense, el rechazo el consistorio sería contundente de seguir adelante con la iniciativa aunque los ejemplares se replantaran, proyecto para el que se había previsto un total de 741.908 euros.

En principio, el gobierno insular sostuvo que se trataba del planteamiento de los técnicos y que todo obedecía al riesgo actual o futuro que las raíces de esas palmeras supuestamente representan para el firme de la calzada, aunque la mayoría de imágenes demuestran, al menos de momento, lo contrario: ningún desperfecto, ninguna grieta, nada de piche levantado en muchos casos, si bien sí en algunos.

Al mediodía de ese día 18, y tras las conversaciones entre el Cabildo y el Ayuntamiento villero, la Administración de la Isla se rectifica a sí misma y envía un comunicado anunciando que se habían replanteado el proyecto en coordinación con el consistorio, con lo que, en teoría, ya no se contemplaba esa eliminación de las palmeras.

Sin cambios en el Boletín Oficial

Sin embargo, el proyecto ha continuado en el BOP sin ninguna rectificación o notificación posterior de ese supuesto cambio o reculamiento. Ante esto, y en diversos grupos de wasap, vecinos de La Orotava han lanzado una campaña para intentar alentar las alegaciones particulares ante las dudas de diversos grupos y colectivos que no se han creído la rectificación y las presentaron previamente. Estos orotavenses llaman la atención sobre el hecho de que hayan sido entidades de otras Islas las que se han movilizado ante cualquier duda y creen que sigue la incertidumbre sobre lo que pasará, por lo que alentaban que, “cuantas más alegaciones, mejor”.

El proyecto pretende intervenir en 1.500 metros lineales de la célebre carretera que baja a la zona orotavense de El Rincón. Aunque el documento técnico cifra las palmeras problemáticas en 80, se añaden cinco más a las condenadas a la mudanza sin más explicación. El Cabildo sacó a concurso la reforma de la vía y justificó de entrada la retirada de las palmeras y su trasplante en viveros por los daños que, según sostiene, producen sus raíces en el asfalto, algo que ponen en duda formaciones como Asamblea por La Orotava. De hecho, los propios técnicos insulares hablan de “degradación moderada, sin agotamiento estructural” de la carretera.

El Cabildo sacó a exposición pública el anuncio de estas obras en el Boletín Oficial de la Provincia el pasado 12 de agosto; es decir, en el mes menos hábil del año. El proyecto lo presentó Tecnologías Avanzadas de Macaronesia, S.A. y lo firma el ingeniero de caminos Óscar Pérez Hernández. Para el traslado de las palmeras se prevé un gasto de 82.909 euros, así como 213.155 para el firme (de un total de 741.000), 157.669 para obras complementaria, 64.624 para la gestión de residuos, 50.355 para salud y seguridad, 49.118 para demoliciones y acondicionamientos, 36.863 sólo por los desvíos de tráfico y 10.880 para la señalización, balizamiento y defensas.

Los problemas con el agua pública en diversas viviendas de Santa Cruz de Tenerife, sobre todo de los últimos pisos de edificios de núcleos como Cruz del Señor, Los Gladiolos o Alcalde Mandillo Tejera, continúan y aumentan la desesperación de sus propietarios o inquilinos. Aunque la presión del agua ha aumentado un poco en los últimos días, según señala a Canarias Ahora Domingo Valera Guimerá, uno de los afectados, sigue siendo claramente insuficiente para disfrutar de agua caliente, usar la lavadora (con lo que eso implica) o, en muchos casos, esperar a ver si cae alguna gota en otros grifos, pero nada, de ahí no cae nada, como muestran los vídeos que acompañan esta información.

Como adelantó Atlántico Hoy, en algunos casos, esta situación se produce desde el pasado mes de junio y, en otras viviendas, los cortes o la escasa presión surgió de repente en agosto. En el caso de Domingo Valera, experimentó una pequeña mejora tras semanas sin nada de presión, pero continúa viéndose obligado a usar agua embotellada, no puede bañarse con líquido caliente porque la fuerza es insuficiente para activar el termo, ha de recurrir a pequeños depósitos y bombas de agua para dar una presión mínima y poder ducharse y, eso sí, sigue pagando las facturas de Emmasa, la empresa concesionaria de este servicio en la capital tinerfeña.

Según sus cálculos, al menos en su entorno se ven afectados un centenar de personas, dado el número de viviendas con estos problemas, y la explicación que le ha dado hasta ahora la compañía es que tuvieron que reducir la presión, pero sin más soluciones y sosteniendo esta complicada situación en el tiempo.

El problema afecta a personas mayores, niños y familias enteras en edificios en los que no existe depósitos de agua en las azoteas para eventualidades. Una solución temporal que tampoco convencería ahora a Domingo, ya que son los últimos pisos los que más sufren la escasa o inexistente presión y esos depósitos, aunque pudiesen paliar un poco la falta de agua, al poco se acabaría la almacenada y no se podría reponer precisamente por situarse en la parte más elevada de cada edificación, “con lo que estaríamos en las mismas”.

Por supuesto, Domingo, como el resto de afectados, exigen una solución urgente para un servicio básico que, de momento, pagan pero no disfrutan en pleno verano de 2026. Por eso, no sólo han protestado y exigido medidas al consistorio y a la compañía (se plantearon opciones como un aljibe o una gran bomba), sino que algunos han recurrido a los juzgados y a la Diputación del Común.

Canarias Ahora intentó conocer la versión del concejal de Servicios del Ayuntamiento de Santa Cruz, Carlos Tarife, sin éxito. Fuentes municipales indicaron que el edil ya hizo declaraciones en agosto sobre problemas con el agua, aunque en ese caso se refería a los barrios de Tío Pino, García Escámez, Chamberí y Los Moriscos, que perdieron el suministro por un problema puntual en el depósito de Puerta Grande, aunque con previsión de pronta resolución porque los operarios ya trabajaban en esa situación.

Nuevo cierre temporal de parte de Playa Jardín, la principal zona de baño de Puerto de la Cruz, aunque esta vez se procederá a prohibir los chapuzones no sólo en la cala de Punta Brava, sino, además, en la que se sitúa entre esta y la de El Castillo, conocida popularmente en la principal ciudad turística de Tenerife como El Charcón. Fuentes de la plataforma vecinal Stop Vertidos confirman a Canarias Ahora el cierre inminente de estas dos calas, que se suma al efectuado en la de Punta Brava el pasado mes de agosto.

Como en aquella ocasión, el cierre apenas duró un día y, según han trasladado desde el Ayuntamiento portuense a la plataforma, se espera que esta nueva prohibición de baño no se extienda más allá de uno, dos días o, a lo sumo, hasta el próximo lunes, aunque todo dependerá de las analíticas sobre contaminación por aguas fecales.

Según traslada la entidad a este periódico, los últimos análisis de Salud Pública, dependiente del Gobierno de Canarias, aconsejan esa medida en el caso de la playa mayor, la de Punta Brava, conocida también como María Jiménez y de mejor calidad de arena, mientras que las analíticas privadas encargadas por el Ayuntamiento portuense daban positivo en el caso de El Charcón. Ante unos informes contradictorios entre unos y otros, el gobierno local (PP-ACP-CC) ha optado por cerrar estas dos calas, según le trasladó el alcalde, el conservador Leopoldo Afonso, a la plataforma este mediodía. En ambos casos, las analíticas dan por encima de 800 en escherichia coll (bacteria fecal), cuando la referencia aconsejada como máxima es de 500.

Se da la circunstancia de que el pasado día 21 de agosto, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, exalcalde y hermano del máximo mandatario actual en la ciudad, recalcaba en Gente Radio, emisora portuense, que el cierre en agosto “apenas duró 24 horas” (en realidad, duró 47 horas), al tiempo que detallaba las dificultades para reponer el emisario y desarrollar las obras previstas en la depuradora del Valle de La Orotava, si bien resaltando las gestiones realizadas por las distintas administraciones.

Días antes, Leopoldo Afonso afirmó en esa misma emisora que las obras por la rotura del emisario no se llevarán a cabo antes de mayo de 2027 (elecciones locales) porque se retrasan las autorizaciones de Costas del Gobierno de España. Sin embargo, esas competencias están ya en manos del Ejecutivo canario y, además, tanto las del emisario como las de la depuradora están autorizadas por la Comunidad, toda vez que ese traspaso de competencias se produjo en 2023.

Los vecinos y vecinas de Masca, al menos en una proporción considerable, se muestran totalmente contrarios al cierre de la carretera de acceso a este célebre caserío tinerfeño desde barrios como El Palmar y Las Portelas (Buenavista) o desde el casco histórico de Santiago del Teide por los perjuicios económicos que les acarrea una medida así para sus negocios (sobre todo restaurantes, bares, una venta y establecimientos de hospedaje). Es lo que reflejan con diversas pancartas de protesta en algunas de las zonas de parada de los muchos visitantes a este núcleo espectacular del municipio de Buenavista, aunque en la vertiente sur. Tantos visitantes que, de hecho, se trata del segundo espacio natural más visitado de la Isla, tras Las Cañadas del Teide, pero que sufre claros problemas de colapso circulatorio por las características de la vía y, en definitiva, de los excesos del turismo, aunque, por supuesto, los vecinos con negocios lo ven diferente.

El pasado agosto, el Cabildo de Tenerife cerró la carretera por los riesgos de incendio y de exceso de calor, lo que podía dificultar la maniobrabilidad de vehículos de emergencias en caso de alguna urgencia, como un golpe de calor. Los vecinos, sin embargo, temen que esta medida sea la antesala de cierres constantes y alertan del drástico descenso de sus ingresos por restauración y demás justo en esos diez días. Por eso, han colocado las pancartas (sábanas pintadas) en las que, entre otros mensajes, avisan de que el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Teno (PRUG), donde se enmarca el caserío, así como el BIC patrimonial de este núcleo acaben “protegiendo sólo el continente, pero no el contenido, es decir, a nosotros, los vecinos (entre 80 y 100) que vivimos aquí y hacemos Masca posible”, comenta a este periódico un residente que prefiere que no salga su nombre.

Quién sí habla abiertamente es el secretario de la asociación de vecinos Barranco de Masca, Javier Díaz, quien relaciona la situación del caserío con la del Teide, Anaga y otros sitios por las crecientes restricciones para la llegada de visitantes. “Hay dos Mascas, la del turismo, con mentiras y mucho impacto promocional y turístico, como lo del Machu Pichu español, y la de los vecinos. Lo de las guaguas lanzaderas y los posibles cierres viene desde hace veinte años y ahora está pendiente acabar el cierre del anillo insular, pero con este cierre en agosto ya se han visto los resultados y no hay control, por ejemplo, en los aparcamientos que han creado junto al cementerio de Santiago del Teide, quejándose ya los comerciantes de la zona”.

Díaz teme que cada vez haya más restricciones para las visitas y que se acaben de hundir los negocios, y de ahí los carteles. Además, censura el estado del caserío, “Hay que ver cómo están los caminos, las farolas, el alumbrado… No hay sistema de depuración… Lo que queremos los vecinos es gestionar nuestro territorio, pues vemos que todo se gestiona desde fuera y, ahora, para entrar al barranco hay que darse de alta en la empresa Volcano Teide, sin que ese negocio se quede en Masca bajo el argumento de que sería deficitario. Pero, por ejemplo, se está privando al canario entrar al barranco, ya casi no vienen familias de las Islas porque una cosa que no se dice es que, al llegar a la playa, cada miembro tiene que pagar 25 euros para ir luego en las empresas de excursiones en barco hasta el puerto de Los Gigantes (Santiago del Teide). Ya no sólo es que baje menos gente al barranco, sino que se producen estas situaciones”.

“Si se cierra, Masca muere y creemos que lo que se busca es que nos vayamos”

“Durante esos diez días de agosto, y aunque se dijo que era por los riesgos del calor, notamos mucho la reducción de gente y los dueños de negocios subieron vídeos a las redes para mostrarlo. Si se cierra la vía, Masca muere y creemos que lo que se busca es que nos vayamos nosotros. Hay unas normas urbanísticas asfixiantes, el PRUG no se ha revisado desde 2007, reformar un baño o hacer cualquier pequeño cambio en una casa nos cuesta mucho porque el BIC no lo permite… Esa protección nos perjudica mucho. Además, se ha ido pasando de los coches de los 80 y 90 a los grandes turismos de ahora, mientras que la carretera no se ha tocado desde los 90 y no está preparada para esta tipología de vehículos, por lo que se crean unos colapsos tremendos, sobre todo cuando coinciden con guaguas de Titsa u otras. También se necesita reforzar los taludes, crear apartaderos y hasta colocar semáforos”.

“Antes de ese cierre por la ola de calor -añade-, le propusimos todo esto al Cabildo y le dijimos que pusiera medios disuasorios, como una ambulancia con personal, para evitar ese cierre, pero nada. Se cierra Masca por seguridad, pero ¿no cerramos el resto del Parque Rural de Teno, el Monte del Agua, Teno Alto, El Palmar…? Y hasta poblaciones cercanas piden permiso para lanzar fuegos artificiales junto a una gran masa forestal”, censura.

Desde el Cabildo, se remarca a Canarias Ahora que Titsa ha hecho refuerzos de los servicios de las pequeñas guaguas de Masca (lanzaderas cuando se cierra), al tiempo que se subraya que han acordado con los vecinos y vecinas mantener una nueva reunión en este mes de septiembre para abordar “nuevas paradas y apartaderos, que es una de las demandas vecinales”.

La visión del gobierno local (PSOE)

Las críticas de los residentes no se dirigen sólo a la Administración insular, sino al Ayuntamiento de Buenavista. La alcaldesa, Eva García (PSOE), lamenta que se haya perdido dinero y subvenciones para mejorar el caserío y pone mucho énfasis en el empeño de los vecinos por “autogestionarse y llevar ellos el barranco. Exigen que se les devuelva el barranco a los propietarios, pero cuando antes se rescataba a gente nadie ponía asunto sobre esto. Siempre han sacado rendimiento de Masca; cuando no estaba regulado cerrar el barranco y el embarcadero, ellos cobraban. Allí moría y se rescataba gente a diario, al bajar en malas condiciones el barranco. Creen que podrían autogestionar el barrio con seguridad. Es verdad que hay merma de policías locales, pero estamos dando seguridad con el puesto de la Guardia Civil de la localidad. Se quejan de deficiencias en los servicios, pero reciben los mismos que el resto de vecinos. Somos conscientes de que hay deficiencias y carencias, pero estamos trabajando y abiertos a llegar a acuerdos”.

Según explica, y tras el incendio de principios de julio, “Protección Civil planteó un informe al área de Seguridad del Cabildo y se decidió tomar medidas de seguridad con la ola de calor de agosto, por lo que el Ayuntamiento no puede oponerse a ese cierre de diez días. Hay que tomar medidas para acceder al caserío con transporte público, pero la idea no pasa por cerrar Masca, sino controlar el flujo turístico. Al menos, el Cabildo nunca se ha puesto en contacto con nosotros para plantear las lanzaderas todo el año, pero no es una competencia nuestra. Sí por seguridad. El ayuntamiento sí ha promocionado más el transporte público y queremos que haya un aparcamiento disuasorio en El Palmar (en la zona del mercadillo; Los Pedregales), tanto Para Masca como para Teno Alto. Además, se han planteado ayudas a los vecinos cuando haya cierre. Lo que sí hemos pedido es que se reduzcan las guaguas mayores y vehículos de grandes dimensiones”.

Mientras, los vecinos han decidido dejar las pancartas de protesta para que todo el que se acerque a Masca se percate de que algo está pasando en un caserío que supone una de las postales más difundidas de Tenerife por el mundo, pero cuyos residentes temen que “muera” con los cierres de la vía y que les acaben obligándoles a marcharse por un exceso de celo, control y protección. Que se quede sólo el continente, pero contenido, sin vida.

Segundo “fichaje” del Ayuntamiento de Granadilla, en el sur de Tenerife, para impartir charlas o hacer trabajos que no pasa precisamente inadvertido. Después de la polémica de diciembre del año pasado por el negacionista del cambio climático y activista de tesis ultraderechistas Miguel Rix, al que se le encargó un documental sobre el sector primario local y acabó lanzando sus proclamas el día de la presentación, haciendo que algunos presentes se levantaran y se fueran, ahora le toca el turno a un divulgador de contenidos sobre emergencias, el santanderino Miguel Assal (que trabaja en Murcia).

Es un exsocorrista que saltó a la fama, al menos en redes sociales, tras difundirse un vídeo de una charla (en el pódcast The Wild Project) en la que reconoció que, en su momento y en una playa en la que ejercía esa labor para cuidar y salvar a bañistas, no balizaban cierta zona con una peligrosidad baja con la idea de que chicas jóvenes pudiesen verse apuradas y, entonces, actuar para quedar como héroes al sacarlas, lo que no hacían con menores, mayores o personas con algunas dificultades.

En ambos casos, la contratación ha partido del portavoz y concejal de Vox en el Ayuntamiento de Granadilla, José Sanabria, quien gestiona, entre otras áreas, el Sector Primario y Emergencias. Este edil, que propició la censura contra el PSOE junto a CC y gracias al giro dado por un concejal del PP (Marcos Antonio Rodríguez) que rompió el gobierno local pese a decir durante años que jamás pactaría con los nacionalistas de José Domingo Regalado, ha organizado una conferencia de Assal el próximo 31 de octubre en el centro multifuncional de San Isidro, con aforo limitado y anunciada como “una experiencia diferente para salvar vidas en los primeros cinco minutos”.

Seguramente, Assal tiene experiencia y conocimiento para dar ese tipo de conferencias, preo algunos vecinos se preguntan, tal y como han reflejado en redes sociales, si el Ayuntamiento de Granadilla no podría encontrar a algún socorrista con la misma experiencia o personas especializadas en emergencias para una charla así, bien entre los muchos equipos de salvamento marítimo con los que cuentan los consistorios de las Islas, la plataforma Canarias, 1.500 kilómetros de Costa o expertos en urgencias de cualquier institución pública o privada. Sobre todo, por ese antecedente machista por el que el propio Assal tuvo que pedir disculpas cuando se difundió y justificarlo como “un error de juventud”.

Assal explicó entonces que, junto a otro socorrista, no balizaban zonas con corrientes marinas para permitir que bañistas, solo chicas jóvenes, accedieran a ellas y luego intervenir para salvarlas y quedar como héroes. Es decir, elegían las personas a las que no les impedían el baño en esas zonas que, aunque con una peligrosidad baja, podían causar momentos de apuros que justificaran su actuación, si bien nunca menores o personas vulnerables. El revuelo en redes y a otras escalas fue tal que la propia ministra de Sanidad, Mónica García, repudió ese reconocimiento, lo que llevó a Assal a publicar después un vídeo de disculpa en el que atribuyó todo a que tenía 20 años.

Pese a este precedente, el concejal de Vox ha querido traer de nuevo a un conferenciante con un perfil polémico tras un precedente así, por mucho que su experiencia y conocimientos sean amplios, algo que, en principio, nadie discute.

Canarias Ahora pidió su versión al concejal ultraderechista, entre otras cosas para conocer lo que supondrá económicamente esta conferencia, pero declinó ofrecer declaraciones. El documental sobre el sector primario de Granadilla costó 18.136 euros, si se añaden los 7.490 que el Ayuntamiento de este relevante municipio del sur de Tenerife abonó por la presentación de la cinta.

El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, la principal ciudad turística del norte de Tenerife, se expone a una sanción de 3.005 a 601.012 euros en función de si el Gobierno de Canarias considera que ha incumplido con su obligación de cerrar al baño una de las tres calas de Playa Jardín (la de Punta Brava) tras la analítica que dio positiva por contaminación fecal el pasado 22 de junio, víspera de San Juan, con una gran fiesta prevista en esa zona. En un informe de Salud Pública del 24 de ese mes, se constata que el consistorio no siguió la exigencia de impedir el baño en esa playa justo el 23 y 24 de ese mes y todo depende ahora de si esto se considera por la Comunidad una infracción leve, grave o muy grave, aunque el gobierno local (PP-ACP-CC) se muestra a Canarias Ahora totalmente tranquilo y no teme esa multa.

De considerarse una infracción leve, la sanción se podría fijar en un máximo de 3.005 euros, las “graves” fluctúan entre esa cantidad y los 15.025, mientras que las “muy graves” van de esos 15.025 hasta un tope de 601.012 euros, según los artículos 37, 38 y 39 de la Ley 11/1994, de 26 de julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias.

En el artículo 38, se deja claro que se consideran “infracciones sanitarias muy graves” aquellas en las que comprueba el “incumplimiento doloso o gravemente culposo de las normas sanitarias, cuando produzca o daño efectivo a la salud individual o pública”. También se alude a la “resistencia a colaborar con las autoridades sanitarias en situaciones de riesgo inminente y grave para la salud individual o pública” y el “incumplimiento reiterado de órdenes específicas de las autoridades sanitarias”, que es lo que se deduce de ese informe de Salud Pública del 24 de junio.

En ese documento, se constata que se había comprobado que no se llevó a cabo ningún cierre, si bien se sostiene que el “concejal que se encontraba en la playa en el momento de la inspección manifiesta que colocaron la información del cierre, pero que la gente la había quitado”. Esto, sin embargo, contrasta a las claras con las contundentes, visibles y hasta expeditivas medidas tomadas el 12 de agosto cuando, tras otra analítica positiva por contaminación fecal, se cerró toda la playa de Punta Brava con vallas y se prohibió el baño, de forma que ni siquiera se podía bajar a la arena, algo que no se dio en el año en que estuvo desaconsejado el baño de julio de 2024 a junio de 2025.

Pese a este evidente riesgo de posible sanción, desde el gobierno portuense se traslada a Canarias Ahora la casi seguridad de que no habrá multa y que la actuación del consistorio ha sido en todo momento la adecuada y legal.

Fuentes del equipo gobernante subrayan el “enorme trabajo desarrollado” y hasta “la forma en que se ha informado puntualmente a los medios de comunicación, facilitando toda la documentación disponible, incluidos los correspondientes análisis”. Se trata, por tanto, de “una cuestión de acreditación documental y de cumplimiento de los procedimientos establecidos.

En cualquier procedimiento administrativo, judicial o sancionador, lo determinante son los hechos y las pruebas. Y, hasta donde alcanza la documentación, existen elementos suficientes para acreditar no sólo que no se ha actuado al margen de la legalidad, sino que las decisiones se han adoptado siguiendo escrupulosamente los procedimientos oficiales y actuando en consecuencia“, por lo que no existe ningún temor a esa posible multa.