El resultado fue inesperado, incómodo y preocupante. El 21 de abril de 2002, Jean-Marie Le Pen recibía el voto de 4,8 millones de franceses y lograba pasar a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Competiría contra Jacques Chirac, entonces presidente en funciones de la República.

Le Pen, excombatiente de las fuerzas armadas, había construido su carrera política sobre un discurso racista y antisemita. Lideraba el Frente Nacional (Front National, FN), un partido que reunía a herederos de la vieja extrema derecha de posguerra y que había crecido alimentándose de la xenofobia durante los años ochenta.

El impacto fue enorme porque Le Pen encarnaba una visión del mundo que desafiaba consensos sociales considerados intocables hasta aquel momento. Proponía una sociedad excluyente y discriminatoria, pues todos los problemas de Francia parecían tener un mismo culpable: los inmigrantes. Hablaba de ley y orden frente a la criminalidad, sostenía que los extranjeros quitaban trabajo y vivienda a los locales e insistía en que la identidad nacional estaba siendo erosionada por la presencia de culturas foráneas. En suma, su programa no buscaba el bienestar del país, sino generar un conflicto social a través de un chivo expiatorio que incentivara el odio hacia un “otro” construido a medida. ¿Acaso no habíamos aprendido nada del pasado?

Su plataforma electoral tampoco presentaba grandes novedades respecto a lo que venía diciendo desde mediados de los ochenta, cuando dejó de ser un grupo marginal para obtener sus primeros resultados significativos. Pero las claves de aquel sorpresivo resultado había que buscarlas en otro lugar.

Por un lado, tanto la Agrupación por la República de Jacques Chirac como el Partido Socialista de Lionel Jospin — primer ministro en ese momento— estaban desgastados por la llamada “tercera cohabitación”, un gobierno en el que presidente y primer ministro pertenecían a partidos distintos. Por otro, la izquierda se encontraba fragmentada, lo que dispersó su voto. A ello se sumó una abstención récord en la Quinta República: 28,4 por ciento. El escenario era perfecto para Le Pen, que pudo presentarse como alternativa a un poder dividido y debilitado. Así, dio el salto a la segunda vuelta y mantuvo en vilo a Francia y al mundo hasta la celebración de aquella.

El solo hecho de que un candidato de ultraderecha tuviera opciones reales de alcanzar la presidencia encendió todas las alarmas. Muchos se preguntaban cómo había ocurrido, quiénes lo habían apoyado y por qué. Pero la pregunta que prevalecía en aquel abril de 2002 era otra: ¿cómo podemos evitar que Le Pen llegue al Elíseo?

La respuesta no era sencilla, ya que la figura de Chirac tampoco atravesaba su mejor momento. La cohabitación con los socialistas lo había desgastado y lo dejó en una posición de debilidad, reflejada en un 19,8 por ciento en la primera vuelta: apenas 800.000 votos por delante de Le Pen. ¿Estaría toda Francia — incluida la izquierda— dispuesta a votar al presidente?

El 5 de mayo de 2002, apenas dos semanas después del terremoto político, 25,5 millones de franceses acudieron a las urnas para frenar a Le Pen y garantizar la victoria de Chirac.

Los titulares lo celebraban: “Un triunfo para la república”, “Shock y alivio”, “La democracia a salvo”. Pero afirmar que el conservador era el gran destinatario de aquel 82 por ciento de las papeletas sería exagerado. El verdadero ganador no fue un partido ni un líder, sino una expresión abstracta pero poderosa: la inmensa mayoría de una sociedad que se unió para rechazar la xenofobia, el autoritarismo y el antisemitismo del Frente Nacional. El miedo se disipó y la amenaza del fascismo pareció desvanecerse. Francia respiraba tranquila.

Sin embargo, aquel día marcó el inicio de un proceso lento pero persistente. Un germen que nunca había desaparecido del todo empezó a expandirse, portando las mismas ideas que Le Pen repetía desde hacía décadas: una sociedad autoritaria, violenta, racista, excluyente y desigual.

Ese día nació la epidemia ultra.

La historia de una negación recurrente

La derrota de Le Pen no fue un cierre ni un freno a la ultraderecha. En realidad, significó todo lo contrario: un reinicio. Débil, sí, pero presente al fin. Las elecciones de 2002, más allá de la masiva reacción popular, demostraban que las ideas ultras habían vuelto. Dejaban en claro que, ante la debilidad temporal o prolongada de los partidos democráticos, ya fueran de izquierda o de derecha; ante el cansancio de la población frente a la desigualdad, los problemas sociales sin resolver o las expectativas incumplidas; ante la incapacidad de atender y canalizar el descontento, el modelo de Le Pen estaba allí, agazapado, esperando su momento.

Esa advertencia se hizo patente casi una década después, cuando un país que debería haber tenido anticuerpos suficientes para rechazar cualquier resurgimiento del extremismo se contagió. En 2013, un partido euroescéptico con menos de un año de vida obtenía el 4,7 por ciento de los votos y quedaba a las puertas de ingresar al Parlamento Federal de Alemania.

Me sorprendió entonces la lectura de la mayoría de los analistas. Para políticos, periodistas y académicos no había motivos para preocuparse. La interpretación dominante era que Alternativa por Alemania (Alternative für Deutschland, AfD) no era más que un fenómeno pasajero, una expresión volátil de un malestar coyuntural. Algo propio de otros países, no de ellos: Francia con Le Pen y el Frente Nacional, los Países Bajos con Geert Wilders y su PVV, o Austria con Heinz-Christian Strache y el FPÖ.

Al leer esos análisis no podía evitar preguntarme: ¿por qué Alemania debía ser la excepción? ¿Acaso el pasado y los horrores del nacionalsocialismo habían generado realmente esas defensas? ¿O podíamos permitirnos dudar de esa máxima? ¿Cuán sólidos eran los valores de la educación política del Estado, resumidos en el artículo 1 de la Ley Fundamental: “La dignidad humana es intocable”?

Mis dudas se confirmaron rápido. En menos de diez años, AfD demostró que no era flor de un día. No solo ingresó en el Bundestag, sino que conquistó la agenda política. Se adueñó del debate migratorio y lo convirtió en la principal preocupación nacional. Y creció. Mucho. En febrero de 2025 alcanzó el 20,8 por ciento de los votos, duplicando el resultado de 2021. Su avance era aún más marcado en el este, en los territorios de la antigua República Democrática Alemana (RDA), donde superó el 35 por ciento en cuatro de los cinco estados federados. Para agosto de 2025 encabezaba las encuestas nacionales con un 25 por ciento de intención de voto.

Cuesta imaginar que uno de cada cuatro alemanes considere votar a un partido con una posición ambivalente respecto al nacionalsocialismo, que difunde teorías conspirativas para sembrar miedo y odio, y que propone el ultranacionalismo étnico como solución a todos los males de un país que, hace apenas ochenta años, aplicó una fórmula muy parecida y desató la mayor tragedia del siglo xx.

Y, sin embargo, si eso resulta difícil de aceptar, lo es aún más reconocer que no se trata de algo aislado. Lo mismo sucede en muchos otros lugares. En casi todos, siendo realistas. Es difícil encontrar un estado sin al menos una fuerza política relevante que enarbole la desigualdad como bandera, que defienda la exclusión como forma de preservar la identidad nacional y que promueva la persecución o la expulsión de quienes piensan, sienten o se perciben de forma distinta. La epidemia ultra se ha propagado y hoy es una realidad palpable. Desde comienzos del siglo xxi hemos sido testigos de la propagación de aquel germen y de su progresiva transformación en epidemia. El caso alemán demuestra que nadie es inmune.

Lo mismo sucede en España, donde muchos pensaban que Vox sería apenas una fuerza marginal condenada a la irrelevancia. En sus primeros años no superaba el 1 por ciento de intención de voto. Hoy no solo condiciona el debate público con propuestas como las deportaciones masivas, sino que también tiene la llave en la formación de gobiernos autonómicos. Portugal también se creyó inmune hasta la irrupción de Chega!

En el este de Europa se pensaba que la experiencia reciente del comunismo y la aparición de liderazgos jóvenes de corte liberal blindarían a la región contra el autoritarismo. Pero la deriva de Fidesz en la Hungría de Viktor Orbán, del partido Ley y Justicia (PiS) en la Polonia de los hermanos Kaczyński, o de los gobiernos de Janez Janša en Eslovenia, demuestra lo contrario: la epidemia también ha cruzado el ya derruido telón de acero.

América tampoco es una excepción. No solo con partidos y discursos de ultraderecha, sino con líderes que ostentan el poder: en Estados Unidos, Brasil, El Salvador o Argentina. Este último caso me toca especialmente por razones personales. Allí también se repetía la teoría de la “inmunidad”. Algunos atribuían al peronismo la función de barrera de contención; otros apelaban a la idiosincrasia nacional como antídoto. Pero en 2023 el triunfo de Javier Milei y de su proyecto paleolibertario demostró que la ultraderecha podía propagarse y ganar también en mi país.

La historia de la epidemia ultra es, en el fondo, la historia de una negación constante. Una subestimación repetida de un problema del que no queremos (o no sabemos) cómo librarnos. Deseamos que no exista. Nos aferramos a que, como en Francia en 2002, la democracia “se salve”. Pero ella sigue su curso. O, peor aún, seguimos sin asumir que, nos guste o no, ya está en el poder. Basta mirar lo ocurrido en los últimos años: tarde o temprano, todos han ido cayendo.

¿Qué es la epidemia ultra?

A fines de 2019 estaba embarcado en un proyecto de divulgación con el que intentaba abordar, al menos en parte, esa debilidad que nos volvía proclives al crecimiento ultraderechista. Durante mi investigación sobre el caso alemán —iniciada varios años antes— entendí que desde hace mucho tiempo se estudia el fenómeno desde múltiples disciplinas de las ciencias sociales. Historia, Sociología, Ciencia Política e incluso Psicología han buscado explicar la persistencia de ciertos grupos extremistas que, pese a su marginalidad, permanecen activos y a veces cristalizan en propuestas políticas con cierta relevancia, como hemos visto.

Lo llamativo era que, ante el avance reciente de la ultraderecha —la aparición de Vox o AfD, el ascenso de Marine Le Pen, el Brexit, Donald Trump o Jair Bolsonaro—, poco se aprovechaban esos trabajos previos. Con cada caso parecía que volvíamos a empezar de cero, observando el fenómeno solo desde lo local. Por eso me propuse divulgar lo ya investigado, y lo que se estaba investigando entonces, a través de un pódcast que acercara esos hallazgos, a menudo encerrados en el palacio de cristal de la academia, a audiencias más amplias.

Mi intención era recuperar ese conocimiento y convertirlo en herramientas útiles para elaborar estrategias de fortalecimiento democrático: construir una base de información y análisis que permitiera comprender el fenómeno y, en algún punto, desactivarlo. En ese recorrido descubrí lo poco que sabemos. Al rastrear su genealogía, entendí que sus raíces llegan mucho más atrás del auge del fascismo y que su estrategia actual se diseñó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando parecía que aquellas ideas habían desaparecido. Lo más importante fue comprender que debemos hacernos más preguntas, porque quizá el problema no radica solo en la oferta de la derecha radical —su discurso y sus propuestas—, sino también en la demanda, en las disfuncionalidades del sistema.

Para entender esta epidemia, conviene una pregunta clave: ¿cuándo se fortalece un germen? O mejor aún: ¿cuándo logra contagiarnos? Suele ocurrir cuando estamos debilitados. Nos cuesta percibirlo, sumidos en las preocupaciones diarias, pero las señales de alarma están ahí y, en lugar de hacerles caso, preferimos ignorarlas.

No es ninguna novedad afirmar que la desigualdad crece; que el miedo a lo desconocido, al futuro o a perder calidad de vida se expande; que la frustración con nuestros representantes aumenta y que la confianza en la democracia cae año a año. Hay grietas en nuestro sistema que nos cuesta asumir. Tenemos heridas abiertas y sin tratamiento: invitaciones a propuestas radicales que prometen soluciones mágicas y atractivas.

“Let us make America great again”, proponía Donald Trump en 2016, cuando aún era un outsider. Pocos imaginaron que ganaría y que, con su triunfo, abriría una nueva era de la derecha radical a escala global. Su llegada demostró que los ultraderechistas habían sabido detectar las disfunciones del sistema y capitalizar los problemas actuales. Han construido su base sobre miedos y frustraciones. En muchos casos, su diagnóstico de la realidad no es del todo errado: han puesto sobre la mesa cuestiones que el sistema democrático y sus representantes no han resuelto de forma satisfactoria.

La ultraderecha ha aprovechado ese malestar para ofrecer una “solución” que en realidad apuesta por un orden basado en la desigualdad, la exclusión y el autoritarismo. Así ha convertido el supremacismo en alternativa dentro de la oferta democrática, y lo ha hecho jugando al despiste: sacando partido del declive cada vez más pronunciado de la confianza en el sistema.

En un mundo convulso, con más incertidumbre que hace treinta años —cuando Francis Fukuyama publicó El fin de la historia—, las fuerzas ultras ya no son marginales: compiten por gobernar, y a menudo lo consiguen. Y no es lo único.

Hoy las redes de conexión entre estos partidos permiten un tráfico de narrativas, agendas y estrategias mucho más intenso que hace pocos años. Los foros de ultraderecha son ya espacios globales de lanzamiento y revitalización mutua de liderazgos. Encuentros como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), con capítulos en Estados Unidos, México, Brasil, Hungría, Australia o Corea del Sur, ilustran esa expansión.

A ello se suma la enorme eficacia de su comunicación política; por un lado, en el uso de redes sociales; por otro, en la creación y explotación de medios alternativos. El filtro que ejercían los medios tradicionales se ha reducido. Ningún líder ultra necesita ya de ellos para construir y sostener su base, al menos cuando alcanza suficiente notoriedad. Su provocación estratégica fluye por esos canales y, favorecida por los algoritmos, circula sin demasiados obstáculos.

Las ultraderechas actuales no solo explotan oportunidades históricas —como la que aprovechó Le Pen en 2002—; también buscan generarlas mediante una construcción lenta, simbólica y cultural. La victoria de la epidemia ultra se percibe en la normalización de su agenda y su visión del mundo. En algunos casos, han logrado que la erosión democrática, el deterioro institucional y la reducción de libertades se presenten como una supuesta salida válida.

“Se empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible”. En su discurso de victoria, pronunciado el 26 de septiembre de 2022 tras conocerse su triunfo electoral, Giorgia Meloni elegía citar esa frase, atribuida erróneamente a San Francisco de Asís. En ella encerraba el mensaje principal de su estrategia: a partir de ahora, era una pragmática del poder.

Buscaba barrer todo tipo de acusación o estigmatización ideológica que la ubicase en el grupo de ultraderechistas europeos. Al contrario, su gobierno se destacaría por la seriedad, la negociación y la razonabilidad. En otras palabras, Meloni era otra persona. Por arte de magia había abandonado la defensa de consignas asociadas al fascismo, como la famosa “Dios, patria y familia” que usó durante su campaña electoral. Ahora decía “nunca haber sentido simpatía por regímenes antidemocráticos, incluido el fascista”.

¿Tan sencillo era desechar todo lo sostenido durante décadas? Parece que sí, porque poco después de asumir el poder, gran parte de las voces políticas relevantes a nivel internacional aceptaron el relato.

Tras su victoria electoral, sorprendían las declaraciones amigables de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien días antes de la elección había advertido sobre un posible triunfo de Meloni. Esto articulaba muy bien con la posición atlantista de la líder de Fratelli d'Italia que no solo apoyaba a la OTAN, sino que se alejaba de Rusia al manifestar su apoyo a Ucrania. Frases como la del líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, diciendo públicamente que Meloni “no es homologable a otros partidos de extrema derecha” fortalecieron aquella estrategia.

En tiempo récord la primera ministra se beneficiaba de un proceso de normalización inédito que la convertía en la nueva cara del conservadurismo continental y a la vez en una pieza fundamental para la estabilidad de una Europa polarizada y crispada ante desafíos económicos, políticos y sociales sin resolver.

No importaba su cercanía con el húngaro Viktor Orbán, castigado por la Unión Europea; tampoco pesaba su estrecha alianza con otras fuerzas ultraderechistas, como Vox en España o el presidente paleolibertario de Argentina, Javier Milei. Meloni parecía ser la sensación política de aquel 2022.

Sin embargo, entre aquellos apretones de manos y sonrisas para la foto, la pregunta persistía: ¿cuáles eran las prioridades del nuevo gobierno de Meloni? ¿Qué era lo que escondía aquella frase que hablaba de “lo necesario” y, sobre todo, de “lo posible”? ¿Cuál era la Italia que se imaginaba?

Las guerras de Meloni

En agosto de 2023 el cineasta Georg Seeßlen escribió un ensayo titulado 'La sociedad como botín'. Allí desplegó su tesis sobre la hoja de ruta de Meloni a menos de un año de su asunción. Según su análisis, la exmilitante del Movemento Sociale Italiano (MSI) no había olvidado las bases ideológicas posfascistas en las que se había socializado políticamente desde joven. Al contrario, estaban más presentes que nunca y se cristalizaban en la ofensiva sistemática de ataque al Estado de Bienestar y los pobres, a los políticos críticos, a las mujeres, a los extranjeros, a las minorías y a la cultura. Lo llamó las guerras de Meloni.

En los últimos tres años, las medidas implementadas por el gobierno liderado por Fratelli d'Italia demuestran que Seeßlen no se equivocaba y que la orientación hacia una agenda ultraderechista es evidente. Ya en marzo de 2023 se había prohibido la inscripción en los ayuntamientos de hijos de parejas del mismo sexo en el registro civil. De hecho, hasta se impugnaron retroactivamente partidas de nacimiento desde 2017. En su cruzada ultraconservadora para recuperar la supuesta “familia tradicional”, que suele caracterizar al discurso de la derecha radical, en abril de 2024 se habilitó la entrada de asociaciones antiaborto a los consultorios familiares públicos. Algo que representa una obstaculización para el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en un país donde más del 60% de los ginecólogos manifiesta objeción de conciencia.

Por otra parte, ser pobre en la Italia de Meloni se convirtió en sinónimo de exclusión. En agosto de 2023 el Instituto Nacional de Seguridad Social envió un SMS a 169.000 familias informando de que ya no recibirían más la renta básica, conocida en Italia como el Reddito di Cittadinanza. Este número se fue ampliando con el tiempo, dejando a 850.000 familias en peores condiciones económicas que antes de la eliminación de las ayudas, según el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT).

La primera ministra argumentaba que nadie en condiciones de trabajar debía cobrar subsidios estatales, mientras que su ministra de Trabajo, Marina Calderone, declaraba que “el trabajo existe y hay mucho” y agregó que la renta básica “le costó a los italianos 25.000 millones de euros en tres años sin producir los resultados esperados”. Con estas declaraciones, el Gobierno se encargaba de estigmatizar la pobreza en lugar de combatirla. Según los datos publicados en octubre de 2025, referidos a 2024, la pobreza en Italia asciende al 9,8% de la población.

A lo anterior se suma el aspecto nativista e identitario presente en el discurso de Giorgia Meloni. El ultranacionalismo combinado con una visión xenófoba ha sido la piedra angular de lo que la primera ministra define como la italianidad. El ser nacional se encuentra resguardado en características étnicas y culturales particulares que, según Meloni, se ven amenazadas por las incursiones migrantes. No es difícil localizar discursos públicos de la líder política apoyando conspiraciones como la teoría del “Gran Reemplazo”, propia de la extrema derecha europea. Esa visión se ha visto plasmada también en sus medidas de gobierno.

De hecho, una de las primeras decisiones de Meloni en diciembre de 2022 fue establecer restricciones para las ONG que rescataban migrantes en el mediterráneo. Con él se limitaban los rescates a uno por salida del puerto, obligando a los barcos a retornar en cada ocasión, entre otras limitaciones. El caso del naufragio de Cutro en febrero de 2023 donde murieron 94 personas, incluyendo 20 menores, generó controversia y expuso las consecuencias humanitarias negativas de este tipo de medidas.

El premierato (fallido)

En el manual de la derecha radical en el poder se señala como paso previo a una pronunciada deriva autoritaria la intromisión en la Justicia por parte del Ejecutivo. Esto lo representan fehacientemente casos como el de Hungría con Orbán o el de El Salvador con Nayib Bukele, donde el proceso de concentración de poder busca acceder al control de los tribunales mediante distintas estrategias. En 2023 el Gobierno italiano diseñó una reforma judicial que está pendiente de aprobación por parte del Parlamento. La idea es polémica, ya que se considera que no solo no mejora el sistema, sino que rompe la autonomía corporativa de la magistratura, lo que facilita que el Ejecutivo ejerza mayor influencia sobre los fiscales. Pese a las críticas, Meloni pretende aprobarla antes de que finalice su mandato.

Las reformas constitucionales son una herramienta predilecta para los gobiernos controlados por la derecha radical. El caso italiano no es la excepción. En noviembre de 2023 Meloni anunció lo que ella misma ha bautizado como “la madre de todas las reformas”: el premierato. El nuevo sistema habilitaría la elección directa del primer ministro y un premio del 55% de los escaños para la alianza ganadora. Esto se traduciría en el control de dos de los tres poderes del Estado, lo que podría derivar de forma casi inevitable en un hiperpresidencialismo y con ello quedar a pocos centímetros del autoritarismo.

Actualmente, el proceso de aprobación ha quedado estancado, puesto que Meloni no quiere quedar atada a una posible derrota. Tras la aprobación inicial en el Senado en junio de 2024, el Gobierno no ha conseguido lograr las mayorías de dos tercios necesarias para continuar con el proceso parlamentario, y esto obligaría a llamar a un referéndum popular que, dado lo que indican las encuestas, podría resultar en un revés para la primera ministra. Frente a ese escenario, la líder ultraderechista apuesta a posponer el proyecto para la siguiente legislatura.

El control de la historia

Una de las batallas que Meloni nunca ha abandonado, pese a sus declaraciones públicas cuando asumió el gobierno, fue la del revisionismo. Tal como lo describe David Broder en su libro 'Mussolini's Grandchildren', la primera ministra insiste con la idea de abandonar las rencillas del pasado e ignorar con ello los crímenes del fascismo y de sus posteriores defensores. Según ella, el antifascismo ha sido igual de problemático y ha propuesto liberar a las nuevas generaciones de la mochila de aquella disputa.

En esa narrativa supuestamente reconciliadora, Meloni hace la vista gorda ante las crecientes reivindicaciones de lemas y símbolos asociados al régimen de Mussolini. La condena a las juventudes de Fratelli d'Italia (Gioventù Nazionale) realizando saludos romanos, gritando “Sieg Heil” y profiriendo insultos antisemitas brilla por su ausencia en el gobierno actual. Esta política de Meloni es considera por Broder como el “éxito último” de los herederos políticos de Mussolini, esencialmente por haber logrado redefinir el conservadurismo bajo esos términos.

A tres años de haber asumido el poder, Meloni no ha cambiado. Sus políticas económicas y sociales así lo demuestran. El gradualismo con el que está transformando Italia es el verdadero peligro. Si bien las instituciones le han puesto freno en algunos proyectos puntuales, su avance no parece detenerse. Especialmente si encuentra aliados en ese proceso que se vean seducidos por aquel halo de pragmatismo que ha construido en torno a su figura. La ideología ultraderechista se esconde en cada una de sus decisiones y apoyarla implica normalizar una agenda antidemocrática.

Franco Delle Donne. Doctor en Comunicación por la FU Berlin. Autor del libro Epidemia Ultra. Del fascismo europeo a Silicon Valley: anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo”. Investigador en la Werkstatt für Sozialforschung Berlin.

En junio de 2019, la líder socialdemócrata Mette Frederiksen se convirtió en primera ministra de Dinamarca con una promesa de campaña que incomodaba a muchos tanto dentro de su propio partido como a sus aliados políticos fuera del país: una política migratoria restrictiva.

El discurso tenía más puntos en común con la agenda ultraderechista que con la histórica visión multicultural del centroizquierda. Su triunfo electoral y su posterior reelección en 2022 dispararon un debate sobre la estrategia política para combatir a la ultraderecha. ¿Acaso copiar sus propuestas xenófobas le quitaría la hegemonía discursiva sobre el tema? ¿Era esa la solución? ¿O en realidad estamos ante un mito de éxito que ignora los verdaderos daños que este rumbo político ha generado en la sociedad?

El “modelo danés”

El 18 de junio de 2015, la fuerza ultraderechista Dansk Folkeparti (Partido Popular Danés, DF) daba un golpe al obtener el 21% de los votos y con ello disparar el miedo de todo el espectro político. El pánico llevó al resto de los partidos a realizar una lectura errónea de la situación en la que se concluía que la única forma de combatir a esa potente ultraderecha era asumir que tenía razón, que el problema de Dinamarca era la inmigración y que restringiendo la llegada de extranjeros se solucionaría todo.

La socialdemocracia compartía ese razonamiento y con la asunción de un nuevo liderazgo encabezado por Mette Frederiksen se produjo un cambio de paradigma en la nación. 

Cuatro años después, en 2019, la socialdemocracia volvía a quedar en primer lugar, incluso pese a perder un punto respecto a las elecciones anteriores. Sin embargo, algo había cambiado, ya que la ultraderecha se había derrumbado. El DF había perdido más de la mitad de los votos y el centroderecha gobernante hasta ese momento había crecido hasta el segundo lugar. Algunos se aventuraban a decir que Dinamarca había regresado a la normalidad. Sin embargo, fue un espejismo.

El nuevo Gobierno cambió de signo político y fue asumido por Frederiksen y los socialdemocrátas. Tras apoyar desde la oposición los cuatro años de política migratoria restrictiva, que incluía por ejemplo anuncios en medios extranjeros desalentando la solicitud de asilo en Dinamarca, la socialdemocracia optó por continuar con ese rumbo. La caída del DF les daba argumentos para pensar que estaban en lo correcto, aunque seguía siendo llamativo que un Ejecutivo controlado por un partido de centroizquierda continuase con una orientación política que podría considerarse opuesta a los valores fundamentales de su ideología como la igualdad o la fraternidad. 

Frederiksen se convirtió en portavoz de un marco propio de la ultraderecha nativista que señala al migrante como un competidor por los recursos sociales

En 2020, Frederiksen estableció una agencia gubernamental para agilizar las deportaciones. En febrero de 2021, llevó adelante una de sus propuestas de campaña que consistió en la externalización del problema al procesar las solicitudes de asilo fuera de Europa y pese a que el Parlamento votó a favor por amplia mayoría, la ley nunca se aplicó. Sin embargo, el mero anuncio ya había generado un impacto en la opinión pública y a la vez en la percepción social sobre los extranjeros. Se trataba de una visión estigmatizante del migrante que era sostenida en reiteradas ocasiones por la propia primera ministra.

Frases de la primera ministra como “la inmigración masiva ha destruido partes de nuestra vida cotidiana”, expresada al semanario alemán Der Spiegel, son ejemplo de ello. Aunque la más impactante fue la manifestada en febrero de 2025 al New York Times: “Hay un precio a pagar cuando demasiada gente entra en tu sociedad. Quienes pagan el precio más alto por esto son la clase trabajadora o las clases bajas”. Con esta declaración, Frederiksen se convertía en portavoz de un marco propio de la ultraderecha nativista que señala al migrante como un competidor por los recursos sociales. Una lógica perversa que normaliza la idea de que el trabajo, la vivienda o los subsidios son botines en disputa factibles de ser arrebatados por el extranjero. El resultado es inequívoco: convertir al extranjero en el enemigo.

El espejismo

La reelección de Frederiksen en 2022 se convirtió en una cortina de humo que ocultó los efectos colaterales del “modelo danés”. Al menos eso sostienen las publicaciones de la Fundación Friedrich Ebert (FES) que analizan el tema en profundidad. En el estudio titulado ¿Modelo exitoso o trampa?, el think tank alemán concluye que el precio pagado por haber profundizado la agenda antiinmigración fue demasiado alto en varios aspectos. 

En principio el objetivo inicial de este cambio de paradigma, que impulsó Frederiksen cuando asumió el liderazgo del partido en 2015, era reducir las solicitudes de asilo. Y según los datos disponibles, es factible afirmar que han cumplido, ya que los números han bajado a mínimos históricos. Sin embargo, el estudio de la FES sostiene que es engañoso señalar que las medidas de endurecimiento son el único factor explicativo de esta reducción. En efecto, la caída se ha dado en otros países nórdicos como Noruega o Suecia. Acuerdos entre la Unión Europea y Turquía, el desarrollo de la guerra en Ucrania, la pandemia y otras variables globales han impactado en las solicitudes de asilo. En otras palabras, Dinamarca no destaca si la comparamos con lo que sucede actualmente en el contexto nórdico.

No obstante, lo más potente del trabajo de la FES es su análisis del impacto de estas políticas en el voto ultraderechista, es decir, en el objetivo ulterior del rumbo político socialdemócrata danés. Por un lado, el texto indica que hubo un trasvase de antiguos votantes del DF hacia el partido de Frederiksen, aproximadamente un 10% del total; aunque no se debió a su apoyo a política antiinmigración sino a la parte social de su agenda que se sostenía en la bandera histórica del Estado de bienestar y la redistribución de la riqueza.

En las elecciones posteriores que se daban tras tres años de Frederiksen en el poder, el apoyo a la ultraderecha creció, aunque en este caso dividida en tres ofertas políticas

De hecho, cuando se analizan las motivaciones del voto y se pone el foco en aquellos movilizados por la antiinmigración queda en evidencia que ese grupo prefirió quedarse en el DF. Asimismo, el análisis menciona que, así como la socialdemocracia recibió algunos votos desde el electorado ultraderechista, también perdió apoyos en sectores históricamente de izquierdas por aquel viraje en la cuestión migratoria. Otro aspecto que explica la caída de la derecha radical es la importancia del tema del medio ambiente en aquella campaña, un elemento prácticamente inexistente en la narrativa del DF.

En cualquier caso, el resultado de ese 2019 seguía siendo interpretado como una validación del rumbo: ¿acaso la ultraderecha no había perdido la mitad de los votos? En realidad no se habían perdido, sino que se podría decir que se habían reordenado. En efecto, el estudio de la FES señala que en 2022, es decir en las elecciones posteriores que se daban tras tres años de Frederiksen en el poder, el apoyo a la ultraderecha creció, aunque en este caso dividido en tres ofertas políticas: el ya mencionado DF, los Demócratas de Dinamarca (DD) y la Nueva Derecha (NB). El resultado conjunto representa un 15% de los votos y el ingreso de todos esos partidos al Parlamento nacional. Si a este grupo le sumamos la Alianza Liberal (LA), cuya ideología apunta al libertarismo de derechas, el número asciende a más del 17%. 

Pese a sus diferencias puntuales, esta constelación de partidos comparte una visión del mundo propia de la familia política de la derecha radical populista europea, razón por la cual no es descabellado pensar en eventuales alianzas para establecer bloqueos legislativos, construir hegemonía discursiva en los medios y los debates, o incluso apoyar o formar un gobierno. Las encuestas actuales, por su parte, indican que tanto DF, como DD y LA crecen con fuerza y en conjunto obtendrían diez puntos más que en 2022. Un crecimiento que se contrapone a la caída del partido de gobierno: la socialdemocracia perdería más de seis puntos porcentuales si las elecciones fueran hoy.

La trampa de asumir el discurso ultra

El 20 de septiembre de 2025, la primera ministra Frederiksen anunció cambios en su gabinete. El nombramiento de Rasmus Stoklund como nuevo ministro de Inmigración e Integración, considerado un hardliner en relación con la política migratoria, ratificó el rumbo conservador de los socialdemócratas en este tema. Lo que en un inicio parecía una estrategia electoral para ganar elecciones hoy se ha convertido en una de las prioridades de Frederiksen. Incluso durante la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea, que Dinamarca ostenta hasta fin de año, la primera ministra se ha concentrado en impulsar la protección de las fronteras exteriores para evitar y controlar la inmigración irregular.

Lo llamativo es que frente a los datos no parece haber una intención de modificar nada. Incluso cuando el análisis de la situación social en Dinamarca da cuenta de que la profundización de la narrativa xenófoba y la aplicación de medidas antiinmigración han aumentado las tensiones sociales preexistentes y normalizado las propuestas ultraderechistas.

Lo que termina sucediendo es la creación de un sistema de discriminación institucionalizado que ha desembocado en una sociedad desarticulada y desigual por motivos de procedencia

La política de los socialdemócratas ha tenido un alto coste social y ha dañado los derechos fundamentales de miles de inmigrantes. El Comité Europeo contra la Tortura ha publicado un informe en 2024 que critica las condiciones de los migrantes y refugiados en los centros de deportación daneses. Además, las medidas gubernamentales dificultan la reunificación familiar provocando la separación de padres e hijos con las correspondientes consecuencias para la estabilidad mental de esas personas. De hecho, la precariedad permanente y la imprevisibilidad a la que son expuestos afecta su salud mental y su integración social, cuya consecuencia directa es la marginalidad y el eventual aumento de la conflictividad.

Es evidente que esta política apunta a la disuasión, es decir, a forzar el retorno de los migrantes y refugiados y a la vez transmitir una imagen de recepción hostil. Sin embargo, lo que termina sucediendo es la creación de un sistema de discriminación institucionalizado que ha desembocado en una sociedad desarticulada y desigual por motivos de procedencia. La falta de integración ha fomentado los choques culturales y con ello la cohesión social y la convivencia han empeorado notoriamente, no solo para los migrantes sino también para los locales. 

El mito del modelo danés, más que representar una estrategia contra la ultraderecha, se manifiesta como un experimento peligroso que normaliza el discurso ultraderechista y sus propuestas, a la vez que profundiza la polarización en una sociedad. 

Franco Delle Donne es doctor en Comunicación por la FU Berlin e investigador en la Werkstatt für Sozialforschung Berlin. Es autor del libro 'Epidemia Ultra. Del fascismo europeo a Silicon valley: anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo'.

La voz de la presidenta del Bundestag, Julia Klockner (CDU), parece quebrarse cuando anuncia los resultados de la votación. Apenas pasaron unos minutos de las 10 de la mañana y la sorpresa recorre no solo el hemiciclo, sino también los medios de comunicación y las redes sociales. Friedrich Merz (CDU) apenas ha conseguido 310 votos en la primera votación. Necesitaba 316 para convertirse en el décimo canciller de la República Federal de Alemania. Su grupo parlamentario (CDU/CSU), junto al de sus aliados socialdemócratas, ostenta 328 escaños. ¿Qué fue lo que sucedió?

La votación fue secreta con lo cual solo cabe analizar las hipótesis que nacen de lo sucedido en las últimas semanas desde que se iniciaron las negociaciones tras el triunfo de Merz en febrero. Podríamos buscar a los indisciplinados entre las filas socialdemócratas. Razones no faltarían, ya que la confianza en el jefe de la CDU puede no haber sanado completamente. Especialmente en relación a la votación que impulsó el conservador en enero pasado sobre una moción respecto de la política migratoria que recibió el apoyo de la ultraderecha. Esto representó para muchos en las filas del SPD un gesto peligroso de Merz. Algunos llegaron a preguntarse si el cordón sanitario estaba en peligro y había chances de una futura cooperación con AfD.

Sin embargo, cuesta imaginarse que aquella situación tenga impacto en la decisión actual luego de varias semanas de negociaciones. Además, el SPD está satisfecho con el acuerdo de coalición. Conseguir siete ministerios, incluyendo el de Finanzas, no es poco teniendo en cuenta que llegan del peor resultado electoral de su historia. A lo anterior también debe agregarse que el SPD ha llevado un referéndum partidario interno que apoyó la coalición con casi el 85% de los votos.

La segunda hipótesis sobre el tropiezo de Merz en la primera vuelta apunta a su propio partido o a sus aliados bávaros. Es de público conocimiento que en las filas de la Unión existen algunos descontentos con el pacto negociado con los socialdemócratas. Pero tal vez lo que más ha generado rispideces ha sido la decisión conjunta de quitar el famoso “freno a la deuda” justo antes de la conformación del actual Parlamento Federal.

Contra todo lo que se había dicho en campaña, Merz, junto a los jefes de los otros partidos de la coalición, anunció que Alemania tomaría deuda para financiar, entre otros proyectos, un aumento del gasto en Defensa. Se justificó diciendo que las condiciones de hacía pocos meses habían cambiado tras la llegada de Donald Trump al poder. Su postura respecto a Ucrania y ciertos deslices del estadounidense sobre la OTAN obligaron a revisar sus posicionamientos para encarar los desafíos. Por ello, luego de negociar con el Partido Verde, reunió los dos tercios de la Cámara para votar dicha reforma. Para muchos en su partido esta decisión fue imperdonable.

Es cierto que en política los enojos pueden desvanecerse, pero eso no quita que haya habido alguna necesidad de pasar una factura o al menos avisar al canciller de que no tiene un cheque en blanco. En otras palabras, la falta de votos podría leerse como una advertencia.

Después de horas de deliberaciones entre diputados y asesores legales, se concluyó que se podía volver a votar ese mismo día si los partidos proponían una moción y se aprobaba. En ese momento, Verdes y Die Linke, la izquierda poscomunista, salieron al rescate y junto a los partidos de la coalición firmaron la moción. Solo la ultraderecha se mantuvo al margen. Así, a las 15 horas se volvió a votar y, una hora más tarde, Merz consiguió los votos para convertirse en canciller de Alemania.

Impacto en la confianza democrática

Pese a los 325 votos es indudable que el gobierno del jefe de la CDU comienza dañado. La derrota en primera vuelta, algo que no había sucedido nunca hasta ahora, es una señal de debilidad y da cuenta de una fragilidad no menor en la coalición gobernante. La confianza en la capacidad del eventual gobierno del democristiano para sostener acuerdos y llevar adelante decisiones ha quedado resquebrajada. El impacto fue tal que los mercados financieros cayeron al darse a conocer la noticia.

Asimismo, la opinión pública ha recibido un mensaje negativo por parte de una clase política que evidenció la existencia de egoísmos y una incapacidad para ser leales a lo pactado. Es cierto que habían sido sólo seis díscolos, o más precisamente dieciocho si sumamos el total de miembros de la CDU, la CSU y el SPD, pero el daño generado no es menor.

Ese puñado de diputados y diputadas han puesto en riesgo una coalición y con ello alimentado el discurso de la antipolítica que enarbola la ultraderecha de Alternative für Deutschland, un partido que en algunos sondeos alcanza el 25% de intención de voto pese a haber sido declarado como fuerza de extrema derecha por parte de la Oficina Federal de Protección de la Ley Fundamental, es decir, un partido reñido con el orden democrático liberal que rige en Alemania. En su narrativa populista basada en el antagonismo entre el pueblo oprimido y la élite corrupta, el fracaso de la votación de hoy encaja a la perfección. De hecho, sus voceros no tardaron en pedir una repetición de la elecciones.

La cultura política de la ciudadanía alemana está entrenada para aceptar la construcción de consensos entre las fuerzas políticas. En efecto, en una encuesta de Infratest dimap publicada en abril pasado, el 82% de los alemanes sostiene que es bueno cuando políticos y partidos hacen acuerdos para formar coaliciones de gobierno, dichos acuerdos son parte del ejercicio democrático.

Está por ver el impacto que puede tener lo sucedido hoy en esa medición. Especialmente si tenemos en cuenta que la democracia en sí actualmente está siendo cuestionada. En 2024, el estudio sobre Autoritarismo de la Universidad de Leipzig indicó que si bien la inmensa mayoría (90,4%) apoya a la democracia como sistema de gobierno, apenas el 42,3% está contento con su funcionamiento en Alemania, lo que representa una caída de 15 puntos en relación a 2022.

Si el desafío para el nuevo gobierno alemán era enorme antes de asumir, ahora es posible decir que ha crecido otro tanto. Ya no solo se trata de demostrar que los grandes partidos son capaces de abordar y resolver los grandes problemas de Alemania. La lista es larga, ya que tendrá que ocuparse de retomar la senda del crecimiento económico, de desarrollar políticas para encarar el desafío climático y demográfico que cada vez se vuelven más palpables y de afrontar un escenario internacional impredecible y volátil, con un factor relativamente nuevo para el país: la falta de un aliado confiable al otro lado del Atlántico.

Pero a todo lo mencionado debe agregarse una preocupación más, que quedó expuesta con la votación de hoy, el gobierno de Merz debe cuidarse de no decepcionar a una población cansada y en algunas regiones demasiado cercana del voto ultraderechista. Puede ser una oportunidad y puede ser única.

Franco Delle Donne. Doctor en Comunicación por la FU Berlin. Fundador del proyecto transmedia de divulgación Epidemia Ultra e investigador en la Werkstatt für Sozialforschung Berlin.

Más de 10 millones de votantes en Alemania eligieron a la ultraderecha. El número es contundente. No solo por la cantidad en términos absolutos sino porque se traduce en el 20% del electorado. Alternative für Deutschland (AfD) se ubica el segundo lugar y consigue 10 puntos más respecto a la elección de 2021, lo que obliga a preguntarse sobre las causas de este resultado, pero sobre todo: ¿Qué pasará con Alemania en cuatro años si el futuro gobierno de Friedrich Merz (CDU) no cumple con las expectativas?

Pequeños triunfos que se suman

Si comparamos los resultados con las últimas encuestas, el escenario no debería causar sorpresa. Las variaciones se encuentran dentro de los márgenes de error estadísticos y, más allá de la sorpresa de Die Linke, que superó hasta sus propias expectativas, sucedió lo esperable.

La coyuntura estableció las condiciones para que la ultraderecha consolide ese 20% que mantenía desde enero. Los atentados cometidos en las últimas semanas en Magdeburgo, Múnich y Berlín reforzaron un debate que siempre beneficia a los partidos de la derecha radical populista: migración y seguridad. Según los datos de la encuesta de Infratest dimap, un tercio de los votantes tomaron su decisión electoral en función de dos temas: seguridad (18%) e inmigración (15%).

A lo anterior se suma la estrategia fallida de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) de forzar una votación en el Bundestag que solo consiguió poner el discurso de AfD en el centro del debate en la fase más caliente de la campaña. Así fue como el trasvase electoral desde la centroderecha hacia la ultraderecha supera el millón de votos. Se cumple la máxima: hablar de los temas que maneja la ultraderecha y usar sus marcos solo genera beneficios para esta.

En relación con el tema de la seguridad, existe otro dato revelador sobre el salto cuantitativo de la ultraderecha. El 55% considera que “AfD entendió mejor que el resto de los partidos que hay mucha gente que se siente insegura”. Este número representa otro pequeño triunfo para este partido, ya que señala un activo simbólico que no todos los partidos tienen: la empatía con el electorado.

Ahora bien, la ultraderecha también creció a costa de exvotantes liberales (FDP) y socialdemócratas (SPD). Un trasvase difícil de explicar desde lo ideológico. Sin embargo, para comprenderlo hay que revisar otras causas, tal vez más relacionadas con el incumplimiento de expectativas del gobierno anterior y a la vez la creciente frustración de décadas que se ha sedimentado en el este del país, sobre todo.

Las privaciones del este

Si Alemania continuase dividida, ayer habría tenido dos resultados muy diferentes. Al menos en lo que respecta a la ultraderecha. Mientras que en el oeste obtuvo el 18%, en el este, es decir en los territorios de la antigua RDA, logró el 32%. Se quedó con el triunfo en todos los estados federados de esa región y con el mandato directo de 45 de los 48 distritos electorales. La mayoría de ellos estaban en manos de los socialdemócratas.

Voto a partido

Voto a candidato

Papeleta que vota por un partido o lista electoral que sirve para repartir los escaños a nivel nacional. El % de voto es similar al % de escaños.

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Estos datos muestran la profunda desilusión que representó el gobierno encabezado por el todavía canciller, Olaf Scholz. Muchos sintieron que se había quebrado esa promesa de mayor justicia social que había llevado al poder al exalcalde de Hamburgo y exministro de Finanzas de la gran coalición de Angela Merkel. La inflación, los recortes y, sobre todo, la desconfianza sobre la política del gobierno en relación con Ucrania, alejaron a muchos votantes del este. Pero esto es solo un aspecto de la problemática en estas regiones. La otra gran parte tiene que ver con las “privaciones del este”. Un concepto que señala el crecimiento de la frustración y, en muchos casos, un profundo resentimiento de ciertos sectores de la población en la antigua RDA, derivado de las consecuencias de la reunificación alemana. Por un lado, por las diferencias materiales que todavía se mantienen respecto a niveles de ingresos, oportunidades de empleo, despoblación y deslocalización de empresas, entre otras. Y por otro, las diferencias simbólicas por la representación ínfima de ciudadanos del este en los puestos de toma de decisiones, en las élites políticas, académicas, judiciales y empresariales. En resumen, percepciones que se suman a lo largo del tiempo y culminan en una sensación bastante expandida en el este del país, la de ser ciudadanos de segunda.

AfD ha sabido identificar una oportunidad en ese resentimiento. Una chance para construir una narrativa identitaria que se base en una frustración y una situación objetiva desigual y, a la vez, conectarla con una agenda propia de la derecha radical: autoritaria, nativista y populista. La idea de que los “viejos partidos” se ocupan de los extranjeros o los refugiados y “abandonan” los intereses del pueblo, no la inventó AfD y tampoco es novedosa. Sin embargo, lo que consiguió este partido fue integrarla con el descontento preexistente.

Tanto es así que en esta elección AfD es definido como el partido en el que más confían los ciudadanos del este para defender los intereses de su región, según los datos de Infratest dimap. 

El mundo precario

Más allá de la situación del este en particular, hubo otro cambio relevante en las motivaciones del voto a la ultraderecha que indica una menor incidencia de la protesta como disparador del mismo. En 2017 apenas el 31% de los votantes de AfD lo hacían por convencimiento. El resto elegía a este partido por decepción con el resto. En 2025 este factor se ha revertido y la porción que optó por la ultraderecha por convencimiento ascendió al 54%.

El dato habla de la normalización progresiva de AfD y su discurso. Al igual que con otras ultraderechas en el mundo, en Alemania el margen de maniobra de la derecha radical ha crecido hasta tal punto que el 84% de sus votantes está convencido de que su partido “no es de derechas, sino de centro”.

Este pensamiento encuentra su lugar en una base electoral conformada por los sectores más vulnerables de Alemania. En primer lugar, los obreros no calificados, entre los que AfD se impuso con el 38%, aumentando en 17 puntos los votos obtenidos en ese grupo. En segundo término, los desempleados, donde obtuvo el 34%, también 17 puntos por encima de lo logrado en 2021. Ambos grupos optaban antiguamente por alguna formación de izquierdas.

Las narrativas de AfD, que mezclan la desigualdad social existente con discursos nativistas que culpan al inmigrante o a la agenda progresista de todos los males, tienen mucha popularidad en estos sectores. Asimismo circulan teorías conspirativas y hasta discursos aceleracionistas que generan un fuerte peligro de radicalización. Es decir, los voceros de la ultraderecha fomentan una “reacción cultural” contra valores democráticos fundamentales como el pluralismo o la diversidad. Pero, sobre todo, promueven una reacción contra otras expresiones y movimientos que amenazan su visión del mundo, como por ejemplo el feminismo. Este elemento en particular funciona con especial éxito entre los jóvenes varones. De hecho, mientras que el 27% de los votantes hombres de entre 18 y 24 eligió a AfD, solo el 15% de las mujeres jóvenes lo hicieron. En efecto, el 35% de esas mujeres optaron por die Linke (La Izquierda).

Un último punto a tener en cuenta son los abstencionistas. La participación ascendió al 82,5%, el número más alto desde 1987. Los cálculos de trasvase de Forschungsgruppe Wahlen indican que un cuarto de los votantes de AfD provienen de exabstencionistas. Es decir, un total de 2,3 millones de ciudadanos alemanes que en 2021 se habían quedado en casa fueron movilizados por la ultraderecha. Con distancia, el partido que más abstencionistas convocó.

Este elemento debe funcionar como señal de alarma. AfD es un partido político que pertenece a la familia política de las derechas radicales. Una fuerza que en caso de llegar al poder trabajará para erosionar progresivamente el Estado de derecho, las instituciones democráticas, sus valores y la convivencia pacífica en la sociedad. Por ese partido han optado gran parte de aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad, que sufren la desigualdad que genera el sistema y que demuestran signos de estar perdiendo confianza en la democracia y en los partidos políticos que la defienden. Si el próximo gobierno no comprende que está obligado a abordar esas disfunciones y a ofrecer no solo respuestas sino un canal de escucha a los sectores más afectados, Alemania puede ser escenario de una situación muy seria. Y lo que pasó en Austria hace algunos meses habrá sido una premonición.

Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial han tenido lugar varias oleadas de partidos de derecha radical en Europa. El politólogo Cas Mudde identifica cuatro. En primer lugar, en los años 50 surgen los primeros partidos neonazis y neofascistas que buscaban reivindicar las ideologías derrotadas. Hacia finales de los 50 y hasta principios de los 80 surge una segunda ola de partidos, en este caso apoyados en los postulados de los intelectuales de las nuevas derechas. Toman fuerza los discursos antiimigración apoyados en el racismo cultural y las visiones etnopluralistas. La tercera ola llega entre los 80 y los 2000 y está marcada por la profesionalización de la derecha radical y la llegada de los primeros éxitos electorales. En particular se incorporan discursos de corte populista (pueblo vs. élite). Finalmente, a partir del año 2000 surge la cuarta oleada caracterizada por la normalización de la ultraderecha, es decir, la aceptación social de partidos y de ideas que no sólo ocupan lugares políticos relevantes sino que condicionan y hasta manejan el discurso público.

En esta última oleada se inscribe el éxito electoral del Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). Un resultado que corona años de legitimación de su agenda y su discurso xenófobo y ultranacionalista. El triunfo de la derecha radical austríaca marca un punto de inflexión para la política del país alpino, pero sobre todo para toda Europa.

La sanción de Europa

No es novedad que un partido ultraderechista obtenga el primer lugar. Ha sucedido en Italia con Fratelli d´Italia en 2022, por ejemplo. Tampoco debería sorprender que el FPÖ haga lo propio en Austria. De hecho, desde el año 1990 sus resultados no han bajado del 10%. 

Lo llamativo del caso austríaco es que fue el primer país en recibir sanciones de otros Estados-miembro de la Unión Europea por forjar una coalición de gobierno incorporando un partido ultraderechista luego de las elecciones de 1999. Las represalias pretendían enviar un mensaje de advertencia a toda la región sobre el compromiso de cada uno de los catorce países miembros con los valores europeos y los derechos de las minorías, los refugiados y los inmigrantes.

El problema era que el FPÖ no era una fuerza más de la derecha radical. Al típico discurso ultranacionalista, xenófobo y anti-establishment le sumaba el liderazgo Jörg Haider. Haider fue un experto de la provocación estratégica. En sus intervenciones públicas aprovechaba su carisma para disparar consignas revisionistas en las que banalizaba el nacionalsocialismo. Un partido cuyo líder sostenía abiertamente posiciones antisemitas y racistas no podía ser tolerado como miembro de un gobierno por el resto de la comunidad europea. Pese a todo, las sanciones duraron apenas unos meses y la coalición entre ÖVP y FPÖ continuó hasta 2007.

El canciller normalizador

En 2015 se volvió a configurar un debate público a nivel federal favorable al discurso xenófobo del FPÖ. La llegada de miles de refugiados hacia fines del verano de ese año representaba una oportunidad para desplegar su agenda ultranacionalista y apelar al populismo clásico que se había instaurado como herramienta de comunicación predilecta. El heredero de Haider, Heinz-Christian Strache, no dudó en intentar fomentar los miedos y la incertidumbre en aquellos sectores de la población permeables a dicho discurso. Sin embargo, surgió un competidor.

No se trataba de un nuevo partido de derecha radical en Austria, sino de una figura joven y pujante que buscaba liderar un discurso antiinmigración a nivel europeo: Sebastian Kurz, el ministro de Relaciones Exteriores del ÖsterreichischerVolkspartei (ÖVP).

Kurz, quien inicialmente fue visto como una promesa para el conservadurismo del continente, adoptó una estrategia de “integración hacia la derecha”, incorporando elementos de la agenda de la derecha radical populista, es decir, del propio FPÖ. Desde su rol como ministro articulaba el espacio contrapuesto a lo que en aquel momento representaba la canciller alemana Angela Merkel y su posición respecto de la acogida de refugiados. Para los sectores reacios a la líder germana, Kurz encarnaba un futuro prometedor para Europa.

El ÖVP supo leer el contexto y Kurz se transformó en su candidato a canciller en 2017. Durante la campaña no sólo que continuó con la retórica antiinmigración e islamófoba, sino que la profundizó. Y pese a que su estrategia fue un éxito en términos electorales, de hecho le permitió convertirse en canciller, Kurz terminó por legitimar una visión política excluyente y radicalizada. 

Lo que parecía un problema para el FPÖ terminó por volverse un triunfo. No sólo por volver a formar parte de un gobierno federal, junto a Kurz, ni siquiera por haber conseguido superar su récord de votos al alcanzar más de 1,3 millones. Su victoria yacía en la normalización de su agenda, de sus posicionamientos y de sus propuestas. Los réditos políticos de esta situación los cosecharía algunos años más tarde.

Nacionalismo hipócrita

El componente ultranacionalista del FPÖ es parte integral de su discurso político. Sumado a las narrativas antiimigraciónque suelen emplear sus voceros, el carácter nativista resulta evidente: Austria sólo para los nativos. De esa manera, y siguiendo los postulados de las nuevas derechas, se construye un concepto de identidad nacional atado a una etnia, a una cultura, que supuestamente debe defenderse del intruso y que comparte un interés común. 

Todo ese discurso se fue al tacho cuando se dio a conocer el Ibiza-Gate. Una cámara oculta mostró cómo los líderes del FPÖ ofrecían contratos gubernamentales a cambio de apoyos por parte de Rusia. La corrupción en todo su esplendor en un acto que demostraba que los intereses de esos políticos quedaban por encima de todas las normas y leyes austríacas.El impacto fue enorme y en las elecciones anticipadas de 2019 el FPÖ sufrió una caída de 10 puntos. Algunos se atrevieron a augurar el fin del partido. Cinco años después sucedió exactamente lo contrario.

El problema de “integrar hacia la derecha”

El FPÖ, al igual que otros partidos de derecha radical, trabajó para capitalizar el apoyo de los sectores negacionistas durante la pandemia. Aquellos que renegaban de las políticas de reclusión y de las restricciones encontraban en dicha fuerza una voz que les representaba. Así fue como poco a poco el actual líder del partido, Herbert Kickl, sentó las bases para la recuperación. 

Pero lo más importante de la llegada de Kickl radica en su decisión de profundizar los aspectos más radicalizados de su partido. En efecto, su cercanía con el movimiento identitario, una formación política de extrema derecha que entre otras ideas propone la deportación masiva de no-nativos, es prueba de ello.

Además, Kickl, junto a sus socios alemanes de AfD por ejemplo, tienen un posicionamiento pro-Kremlin: se manifiestan contra las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania y contra el envío de armamento a dicho país. Pareciera que el incidente de Ibiza con personal ruso hubiese sido olvidado. Sin embargo, la clave de esa relación, más allá de eventuales apoyos financieros o logísticos al partido, está en lo que representa la figura de Putin para algunos sectores, especialmente los más conservadores. El presidentes ruso simboliza la oposición a los valores progresistas de Occidente. Así, el FPÖ utiliza a Rusia de manera inteligente para potenciar el rechazo hacia la Unión Europea y sus valores. 

Muy posiblemente esta estrategia del FPÖ bajo el mando de Kickl funcione porque se apoya en aquella normalización iniciada por Sebastian Kurz y el ÖVP. Su agenda ha dejado de ser “radical” en aquel momento en el que fue incorporada por estos últimos. Ese peligro no sólo existe en Austria. Son varios los países cuyos partidos mayoritarios consideran que la “integración hacia la derecha” puede ser una solución. El primer puesto del FPÖ demuestra que tarde o temprano esa estrategia solo termina por beneficiar a la derecha radical.

“Nuestro objetivo desde el principio fue impedir que Brandeburgo quedará marcado con un sello marrón”. Las palabras de Dietmar Woidke en su discurso tras la victoria en las elecciones regionales expresa la satisfacción de un objetivo cumplido: haber evitado el triunfo de Alternative für Deutschland (AfD), la derecha radical alemana. Sin embargo, la fuerza ultraderechista no sólo obtuvo el segundo lugar en estas elecciones, sino que también fue la más votada en vastos sectores de la sociedad, como los jóvenes, los trabajadores y los sectores rurales. Tendencias que se observaron en las regionales de inicios de mes en otras regiones del Este y que demuestran que en la actualidad AfD es el partido político más relevante en los territorios de la exRDA.

El 29,2% obtenido ayer por AfD se ubica entre los tres mejores resultados históricos del partido. Le anteceden el segundo puesto en Sajonia (30,6%) y el primer puesto en Turingia (32,8%). De hecho, en el resto de las regiones del este las encuestas indican una intención de voto también cercana al 30%. Ningún otro partido consigue esos números en toda la región. Y si bien esto se debe a varias razones es posible identificar tres que son fundamentales.

Miedo, enfado y frustración

Los partidos de la derecha radical en todo el mundo se caracterizan por su capacidad para capitalizar el descontento. AfD no es la excepción y en el este de Alemania encuentra un terreno fértil para su discurso. La frustración en amplios sectores se refleja en un dato contundente: entre el 67% y el 75% del electorado en el este se siente ciudadano de segunda clase.

La desigualdad entre la vieja RDA y el oeste del país sigue presente 33 años después de la Reunificación. Un aspecto que no sólo se observa en lo material, donde por el mismo trabajo en el este se gana un 25% menos, según la Oficina Federal de Estadísticas, sino que también se refleja en la conformación de las élites.

Es decir, en los puestos relevantes de toma de decisiones, ya sea en el sector público como en el privado, las personas nacidas en el este están infrarrepresentadas. La ultraderecha se adueña de esta sentimiento de injusticia y en su discurso ofrece la construcción tengo un culpable: el resto de los partidos que le da la espalda al pueblo. Ejemplo de este discurso populista de manual son las palabras de Alice Weidel, jefa de AfD a nivel federal: “Existen dos partidos: AfD y los otros”. 

La segunda razón que potencia a la ultraderecha es el miedo. Con la narrativa polarizante se construye además un escenario de decadencia moral definido por el componente nativista. Es decir, la situación de desigualdad se debe a la presencia de un “otro social”, en este caso, los migrantes y refugiados. AfD sostiene que los recursos son empleados en estos últimos, postergando así a los nativos. La creación de esta competencia ficticia fomenta la xenofobia y profundiza la incertidumbre: “¿Podré mantener mi nivel de vida?”. El 75% de los votantes con un ingreso de hasta 1.500 euros se preocupa seriamente de que en el futuro su situación empeore. Un dato que explica en cierta manera que AfD haya sostenido en las elecciones de Brandenburgo el 46% de los votos de quienes viven una mala situación económica.

El último factor se relaciona con el rechazo hacia el gobierno federal de socialdemócratas, liberales (FDP) y verdes (Bündnis 90/die Grünen), liderado por Olaf Scholz. Su popularidad es la más baja desde que se mide el dato en Alemania. Y la situación es tan evidente que el propio Woidke le pidió al canciller no aparecer en la región durante la campaña. De hecho, la estrategia le dio resultado, lo cual deja dudas sobre si Scholz realmente se beneficia del mismo o se termina de ganar el estigma de lastre político. En cualquier caso, las tres elecciones regionales de este mes marcaron que el voto a AfD se conecta con la necesidad de castigar y enviar un mensaje a Berlín. 

No todo es inmigración

Pese a ocupar un lugar muy importante en la agenda mediática, en el caso de Brandeburgo, el tema de la inmigración no fue el más importante para la decisión del voto. La seguridad social y el desarrollo económico quedaron por delante. La configuración de esa agenda le permitió a la socialdemocracia explotar un discurso más cercano a sus valores históricos. La obsesión de algunos partidos y de ciertos líderes de concentrarse exclusivamente en los temas que beneficia al crecimiento de la derecha radical, como es la discusión sobre la inmigración, es un error. La estrategia de integrar el discurso ultraderechista para neutralizarlo no funciona. Por el contrario, normaliza la agenda de la derecha radical.

Y esta dinámica queda en evidencia en el caso de nuevo partido alemán denominado Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW). Esta fuerza proveniente de una escisión de la izquierda poscomunista ha conseguido buenos resultados en su debut electoral. En el momento de su fundación se hablaba de su utilidad para frenar a la ultraderecha ya que ofrecía un discurso populista pero desde otro lugar del espectro politico. Los datos de las tres elecciones regionales indican lo contrario. Cuando se observa el trasvase electoral entre partidos, los mayores perjudicados del surgimiento de (BSW) son las formaciones de izquierda: SPD y die Linke. Los votos provenientes del caudal de la derecha radical representan una porción menor en la construcción del electorado de esta nueva izquierda.

Posiblemente la incapacidad de BSW de debilitar a la ultraderecha se deba a que su agenda se solapa con la de esta última. En cuestiones de justicia social o de distribución de la riqueza el partido de Wagenknecht representa en gran medida las típicas posiciones de izquierdas, pero en relación a la política migratoria y la política exterior el parecido con AfD es sorprendente. Frases como “ya no hay más espacio” de la líder de BSW no son una excepción en su discurso. A lo anterior se agrega su rechazo a la posición del gobierno en contra de la invasión rusa a Ucrania. Ella exige el fin de las sanciones y la reconstrucción de la relación con el Gobierno de Putin. Una demanda que comparte con la derecha radical.  

La mitad de los votos a BSW en las elecciones de Brandeburgo estuvo atada a estos dos últimos puntos, dejando en un papel secundario a las cuestiones sociales. En este sentido, el discurso de su líder contribuye a la normalización de la agenda de la ultraderecha y con ello termina por fortalecerla.

¿El futuro de Alemania?

En medio del júbilo y de cantos abiertamente racistas del público presente, el candidato de AfD aseguraba ayer en Brandeburgo: “Somos el partido del futuro”. Se refería a un dato presente en cada una de las tres selecciones en el este: los jóvenes de entre 16 y 24 años votan mayoritariamente a la ultraderecha. Con una distancia de hasta 22 puntos respecto de la segunda fuerza, AfD se ha adueñado de esta franja de edad. 

Una de las variables que explica esta situación tiene que ver con la enorme capacidad de la ultraderecha para desenvolver una campaña digital, especialmente en las redes sociales para los más jóvenes. Los vídeos de TikTok del eurodiputado Maximilian Krah con mensajes xenófobos, ultranacionalistas y misóginos dirigidos mayormente a la manosfera juvenil han recibido millones de visualizaciones. Este tipo de contenido alcanza a un público objetivo que ya se ve afectado por problemáticas estructurales como la desigualdad entre regiones, la falta de oportunidades laborales y el fenómeno de la despoblación en los sectores rurales más alejados.

Sin embargo, TikTok no puede ser interpretado como una causa sino tal vez más bien como un medio. El analista Johannes Hillje pone el acento en una creciente cultura juvenil con ideas radicalizadas donde además del patriotismo extremo aparecen elementos como el de la masculinidad exacerbada o la identidad cultural homogénea.

En el caso de las elecciones de Brandeburgo la composición del electorado de AfD se contrapone a la de la socialdemocracia triunfante: mientras que la ultraderecha ganó en todas las franjas de edad por debajo de los 60 años, el SPD se impulso entre los mayores de 60. Algo similar sucedió en Turingia y Sajonia pero con la Unión Demócrata Cristiana (CDU).

Este escenario muestra que los partidos otrora mayoritarios que lideraban coaliciones y proponían un proyecto de país con diferencias ideológicas pero con bases democráticas están perdiendo apoyos de forma estructural en todos los territorios de Alemania del este. Y esta caída no es aprovechada por otros partidos democráticos sino que la gran beneficiada es la derecha radical.

AfD se puede considerar victoriosa desde varios puntos de vista. El crecimiento y consolidación del voto en diferentes franjas de edad construye la base para el futuro del partido, pero tal vez aún más importante su amplia presencia en los parlamentos regionales termina por condicionar la formación de mayorías y propicia una profunda inestabilidad política en las coaliciones. La incertidumbre que genera ese escenario es ideal para fortalecer su discurso de decadencia y falta de liderazgo para el país. O al menos para el este.

Las elecciones federales de 2025 darán la pauta y si estamos frente a un fenómeno regional o si, al igual que otros países de Europa, en Alemania la ultraderecha ha podido llegar al poder.