¿A qué hora prefieren comer los peces? ¿Eligen siempre la misma temperatura para vivir o sus preferencias cambian a lo largo del día? Conocer la respuesta tiene importantes consecuencias para la acuicultura. En la Estación Naval de la Algameca, en Cartagena, un equipo de investigadores de la Universidad de Murcia (UMU) lleva dos décadas estudiando estas cuestiones con un planteamiento particular: dejar que sean los propios animales quienes expresen sus preferencias.

Su laboratorio se encuentra en el interior de unos antiguos túneles excavados en la montaña, dentro del Arsenal Militar de Cartagena. Allí, el grupo de investigación de Nutrición del Departamento de Fisiología de la Facultad de Biología, dirigido por Francisco Javier Sánchez, se dedica a estudiar la fisiología de los peces y diseñar cómo aplicar el resultado de sus investigaciones a la producción acuícola.

El laboratorio comenzó a funcionar en 2005, después de que la UMU consiguiera una ayuda estatal para acondicionar el espacio y dotarlo de tanques, bombas y sistemas de filtrado. Su ubicación ofrece dos ventajas fundamentales: la proximidad al mar, que permite trabajar con circuitos abiertos y agua de mayor calidad, y el aislamiento ambiental que proporciona el túnel. “La temperatura es muy estable durante todo el año y, además, está a oscuras, de manera que podemos controlar perfectamente tanto la luz como la temperatura de forma artificial”, explica Sánchez. Esta particularidad resulta especialmente útil para un grupo que centra buena parte de sus investigaciones en los ritmos biológicos de los animales, estrechamente relacionados con los ciclos ambientales.

Comederos que funcionan cuando los peces lo piden

Una de las líneas de trabajo en las que el equipo murciano ha sido pionero es el estudio de los ritmos de alimentación mediante comederos a demanda. El sistema permite que los peces activen voluntariamente el dispensador de comida mediante un pequeño sensor situado en el agua. Cuando tiran de él, el mecanismo libera alimento y registra el momento en el que se produce la demanda. “Esto nos permite preguntarle al animal a qué hora desea comer”, señala el investigador. A partir de los registros informáticos, los científicos pueden conocer sus horarios de alimentación y determinar si presentan hábitos diurnos o nocturnos.

La información tiene una aplicación directa en las piscifactorías, ya que permite diseñar horarios adaptados a las necesidades de cada especie. Alimentar a los animales cuando muestran mayor apetito puede mejorar el aprovechamiento del pienso y evitar que parte de este termine acumulándose en el fondo de los tanques o del mar.

El sistema ha evolucionado hasta permitir que los peces elijan entre varios comederos con alimentos de distinta composición. De esta forma pueden seleccionar por sí mismos los nutrientes que necesitan, como proteínas, carbohidratos o lípidos. Sánchez explica que esta capacidad se conoce como sabiduría nutricional: “Los animales son perfectamente capaces de autorregular la ingesta”. Una posibilidad que abre nuevas vías para investigar sus necesidades alimentarias y desarrollar dietas más ajustadas a su fisiología.

Los peces también eligen su temperatura

Otra de las investigaciones más recientes del laboratorio estudia cómo seleccionan los peces la temperatura del agua. Para ello utilizan tanques de gradiente térmico, instalaciones en las que un extremo se mantiene más frío y el otro más caliente. Los animales pueden desplazarse libremente entre diferentes compartimentos mientras un sistema de cámaras y un programa informático registran sus movimientos.

El objetivo es averiguar qué temperatura prefieren en distintas circunstancias: durante su actividad cotidiana, cuando están sometidos a estrés o cuando padecen alguna infección.

La explicación tiene que ver con una particularidad de su fisiología. A diferencia de los mamíferos, los peces no regulan internamente su temperatura corporal, sino que esta depende de la del agua. Sin embargo, cuentan con mecanismos de respuesta ante determinadas situaciones fisiológicas. “Los peces no tienen la capacidad de desarrollar fiebre, pero sí pueden desarrollar lo que se llama fiebre comportamental: desplazarse a zonas donde la temperatura es más elevada”, explica Sánchez. Este comportamiento puede ayudarles a responder frente a una infección o una situación de estrés.

Los experimentos también han permitido observar que sus preferencias térmicas cambian a lo largo del día. Habitualmente, los peces se desplazan hacia las zonas más cálidas durante las horas diurnas y buscan aguas más frías por la noche. “Tenemos un ritmo de tolerancia térmica. Por el día se toleran muy bien temperaturas elevadas, pero por la noche necesitamos que baje la temperatura”, señala el investigador, que compara este fenómeno con la dificultad para dormir durante las noches tropicales del verano murciano.

Estos resultados tienen especial interés en un contexto de calentamiento de las aguas y de transformación de las condiciones ambientales del Mediterráneo. Conocer las preferencias térmicas de cada especie permite estudiar cómo responde ante diferentes escenarios y establecer condiciones de cultivo más adecuadas.

Investigación y empresa

Los resultados del laboratorio no se quedan en el ámbito académico. El grupo mantiene una estrecha colaboración con empresas del sector acuícola, que participan en proyectos de investigación y reciben directamente los conocimientos generados. Algunas de las últimas tesis doctorales dirigidas por el equipo son industriales, lo que permite a los investigadores desarrollar parte de su trabajo en las propias empresas.

Esta transferencia de conocimiento resulta especialmente importante para las instalaciones de producción en tierra, donde es posible controlar artificialmente la temperatura y la iluminación. “Muchas veces hay empresas que se empeñan en mantener la temperatura constante y esa no es la óptima”, advierte Sánchez. Sus investigaciones apuntan a la conveniencia de reproducir las oscilaciones naturales, con temperaturas más elevadas durante el día y más bajas por la noche.

El propósito es mejorar la productividad sin perder de vista el bienestar animal. “Uno de los objetivos de la investigación es no solo mejorar la productividad desde el punto de vista económico o del crecimiento, sino también salvaguardar el bienestar de los peces”, subraya.

Desde su puesta en marcha, las instalaciones de la Algameca han acogido experimentos que han dado lugar a 16 tesis doctorales y más de 20 proyectos nacionales y europeos, además de contratos de investigación con empresas del sector. También han servido para formar a nuevos investigadores del Máster en Gestión de Recursos Pesqueros y Acuicultura de la Universidad de Murcia. Todo con un objetivo: comprender mejor las necesidades de los peces para conseguir sistemas de producción más eficientes, sostenibles y respetuosos con su bienestar.

La inteligencia artificial generativa (IA) ha irrumpido en las universidades y plantea nuevos interrogantes sobre la autoría, la integridad académica y el rigor científico. Herramientas como ChatGPT, Gemini o Claude permiten revisar textos, organizar información y agilizar tareas, pero también pueden generar artículos completos y elaborar argumentos que el investigador no ha desarrollado por sí mismo.

La entrada en vigor del nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, el pasado 23 de octubre, incorpora expresamente el uso inapropiado de estas tecnologías entre las prácticas fraudulentas que el alumnado debe evitar. La norma abre así una nueva etapa en el debate sobre los límites de la inteligencia artificial en la educación superior, aunque deja a las universidades un margen importante para concretar cómo aplicar estos principios en sus procedimientos académicos.

En el ámbito del doctorado, la cuestión adquiere una dimensión especial: una tesis no solo debe demostrar que su autor conoce una materia, sino también que es capaz de desarrollar una investigación original, justificar sus decisiones metodológicas y aportar conocimiento científico.

Alejandro Egea Vivancos, director de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Murcia (UMU), abordó estos desafíos durante la XIV Conferencia Nacional de Directoras y Directores de Escuelas de Doctorado, celebrada los días 22 y 23 de octubre en el Paraninfo del Campus de la Merced de la capital murciana. El encuentro reunió a 150 representantes de universidades de España y Andorra y dedicó varias ponencias al impacto de la inteligencia artificial en la formación doctoral.

En una entrevista concedida a elDiario.es, Egea explica que el organismo que dirige está a la espera de las directrices institucionales que permitan abordar el uso de la inteligencia artificial de manera coordinada. “Ahora mismo lo que se está pidiendo es un uso ético y responsable de la IA, pero como Escuela de Doctorado no estamos haciendo nada en especial hasta contar con un protocolo por parte de la Universidad”, explica.

Y es que, la entrada en vigor del nuevo estatuto —una disposición estatal— establece el principio general de integridad académica, pero no resuelve por sí sola todas las dudas prácticas que surgen durante la elaboración de una tesis: qué herramientas pueden utilizarse, cómo debe declararse su uso, qué tareas requieren autorización del director o directora y qué consecuencias tendría incumplir las normas.

Por ello, uno de los asuntos pendientes es conocer cómo trasladará la UMU el nuevo marco a sus procedimientos internos y si desarrollará criterios específicos para los estudios de doctorado.

El responsable de la elaboración de este protocolo es la Comisión de Gobernanza de la Inteligencia Artificial de la Universidad de Murcia, un órgano transversal adscrito al Rectorado. Fue aprobada el 24 de julio de 2026 por el Consejo de Gobierno, y su misión principal es elaborar el Plan Estratégico de Inteligencia Artificial de la institución. Este lunes 2 de noviembre ha tenido lugar su sesión constitutiva, a la que el equipo de gobierno ha llevado una propuesta en borrador para su posterior discusión y el establecimiento de las líneas estratégicas, según ha adelantado Egea.

¿Dónde termina la ayuda de la inteligencia artificial y empieza el fraude académico?

No es lo mismo utilizar la IA para revisar un trabajo terminado que pedirle que sustituya al investigador en la elaboración de sus contenidos. Para Egea, la diferencia fundamental entre ayuda legítima y fraude reside en el papel que desempeña la herramienta dentro del proceso de investigación. “Tú acabas tu tesis doctoral y le pides a la IA que te la revise. No que te cree una nueva, sino que compruebe que no haya fallos”, explica.

En ese supuesto, la tecnología actúa como una herramienta auxiliar que puede ahorrar tiempo y facilitar tareas mecánicas. Su utilización no elimina necesariamente el trabajo intelectual realizado por el doctorando, siempre que este conserve el control sobre el contenido, compruebe las sugerencias y asuma la responsabilidad del resultado final.

Según el director de la Escuela Internacional de Doctorado de la UMU, el problema aparece cuando la IA deja de ser un instrumento de apoyo y pasa a desempeñar funciones esenciales de la investigación. La elaboración de argumentos, la interpretación de datos, la construcción de conclusiones o la redacción sustancial de un artículo plantean interrogantes sobre la autoría y la capacidad real del investigador para justificar lo que presenta como propio. En una tesis doctoral, además, las conclusiones deben desprenderse de los datos y del método empleado. Una respuesta bien redactada no garantiza que el razonamiento sea correcto, que las fuentes existan o que la interpretación de los resultados esté científicamente justificada.

Por eso, la responsabilidad del doctorando no desaparece cuando interviene una herramienta automatizada. “La revisión crítica, la comprobación de las fuentes y la defensa razonada de las decisiones metodológicas siguen siendo elementos centrales del trabajo académico”, recuerda Egea.

Declarar el uso de la IA para garantizar la transparencia

Una de las alternativas que se están planteando en el ámbito académico es incorporar declaraciones que identifiquen las herramientas utilizadas y expliquen para qué se han empleado. Egea señala que “algunas revistas científicas ya solicitan este tipo de información a los autores antes de publicar sus artículos”. La declaración permite conocer si se ha recurrido a la inteligencia artificial y delimitar las tareas en las que ha intervenido.

Aplicada a las tesis doctorales, una declaración de uso podría ayudar a distinguir entre la corrección lingüística, la traducción, la organización de información o el análisis asistido por herramientas tecnológicas y aquellas tareas que afectan directamente a la producción intelectual de la investigación.

No obstante, y algo de lo que Egea es defensor, es que declarar el uso de la IA no convierte automáticamente cualquier práctica en legítima. Para el director, la transparencia debe acompañarse de criterios sobre qué tareas pueden delegarse, cuáles requieren una supervisión especialmente rigurosa y qué responsabilidades conserva el investigador. Asimismo, también es importante que el doctorando conozca las reglas antes de comenzar su trabajo y que estas se apliquen de manera coherente.

¿Puede detectarse una tesis escrita con inteligencia artificial?

La identificación de posibles usos indebidos constituye otro de los grandes desafíos. Las herramientas de revisión académica permiten localizar coincidencias con textos publicados y detectar posibles casos de plagio, pero eso no equivale a determinar quién ha redactado un contenido.

Egea pone como ejemplo Turnitin, un programa utilizado en el ámbito universitario para comprobar la originalidad de los trabajos. “El programa puede detectar el plagio, pero no si el texto lo ha escrito la IA”, explica.

El director advierte de que estos sistemas pueden ofrecer indicios, pero no permiten establecer con certeza en qué partes de un documento se ha utilizado la inteligencia artificial ni con qué finalidad. “No hay manera de saber certeramente si un alumno ha hecho un uso indebido de estas herramientas, porque los programas también dan falsos positivos a veces”, señala. Es decir, la detección tecnológica, por sí sola, no resuelve el problema de la integridad académica.

Por eso, en el doctorado, la supervisión continuada, el seguimiento de los avances, la revisión de las fuentes y la capacidad del investigador para explicar sus decisiones pueden contribuir a evaluar la solidez del trabajo.

Un desafío también para el profesorado

La discusión no afecta únicamente a quienes preparan una tesis. El profesorado también está incorporando estas herramientas a su actividad docente e investigadora. Egea confiesa que conoce casos de docentes que recurren a la inteligencia artificial para elaborar materiales de clase, presentaciones o recursos audiovisuales. Algunas tareas que antes requerían varias horas pueden realizarse ahora en pocos minutos. Para él, esa posibilidad no le quita valor al trabajo docente “siempre y cuando el docente revise los materiales y los modifique cuando sea necesario”.

Esta perspectiva introduce una cuestión relevante: la responsabilidad en el uso de la inteligencia artificial debe abordarse desde el conjunto de la comunidad universitaria. La transparencia, la supervisión y la comprobación de los resultados no deberían exigirse únicamente al alumnado, sino también a quienes enseñan, investigan y publican.

Hacia criterios comunes entre las escuelas de doctorado

La necesidad de coordinar las respuestas universitarias ha sido uno de los asuntos abordados en la conferencia nacional celebrada en Murcia. Según Egea, las escuelas de doctorado están trabajando para avanzar en una dirección compartida y evitar diferencias de criterio que puedan generar inseguridad entre investigadores: “No tiene sentido que unas escuelas de doctorado sean más agresivas con la IA y otras no”, afirma al respecto.

La coordinación resulta especialmente importante en un sistema universitario en el que los investigadores publican en revistas de distintos países, colaboran con equipos internacionales y utilizan herramientas tecnológicas que evolucionan con rapidez. Una orientación común permitiría ofrecer mayor claridad sobre las obligaciones de los doctorandos y las responsabilidades de sus directores.

El objetivo no pasa necesariamente por excluir la inteligencia artificial de la investigación, sino por establecer condiciones para que su uso sea compatible con la originalidad, la trazabilidad del trabajo y la responsabilidad científica.

Egea resume el momento actual como un punto de inflexión para la comunidad académica. “Estamos ante un dilema, un punto de inflexión para el rigor científico que obliga a desarrollar compromisos éticos”, advierte.

Ana Patricia tiene solo 35 años, pero ya le duelen “todos los huesos del cuerpo”. Desde hace siete años, cuando llegó a Lorca desde su Nicaragua natal, se levanta cada día a las cuatro de la mañana para alcanzar a coger el autobús que la dejará en los invernaderos donde trabaja, literalmente, de sol a sol. Tras muchas penurias, ahora ya tiene contrato de trabajo y cobra ocho euros la hora, el doble que lo que perciben otros compañeros “sin papeles”. Sin embargo, cuando descuenta de su sueldo el precio de la habitación donde duerme, los gastos de agua, luz y butano, y los 500 dólares que envía a sus padres para la crianza de la hija que dejó en su país a su cuidado, apenas le quedan cien euros para pasar el mes. “A veces me pregunto si todo este sacrificio merece la pena para terminar viviendo prácticamente en la miseria”, cuenta mientras se dirige a casa tras otra extenuante jornada.

Esta joven es una de los miles de trabajadores pobres que sostienen la economía de Lorca, uno de los motores agroalimentarios de la Región de Murcia. Las numerosas explotaciones agrícolas que se extienden por su amplio término municipal —el segundo más grande de España—, su medio centenar de empresas hortofrutícolas y la actividad ganadera que genera una cabaña que supera el millón de cerdos, forman parte de una cadena productiva conectada con los mercados nacionales e internacionales.

Sin embargo, el dinamismo del sector convive con una realidad desoladora: una gran parte de la población tiene grandes dificultades para transformar su trabajo en el campo en estabilidad económica, acceder a una vivienda digna y construir un proyecto de vida sólido a largo plazo.

Cuando el crecimiento económico no va ligado al bienestar ciudadano

El nuevo mapa de rentas de España, elaborado a partir de los datos del IRPF de 2024 y difundido por elDiario.es, permite observar las diferencias entre barrios y secciones censales. En Lorca, los datos sobre renta, vulnerabilidad, empleo y vivienda plantean una pregunta: ¿hasta qué punto la riqueza que genera el municipio se traduce en bienestar para sus vecinos?

Recientemente, desde el equipo de Gobierno municipal formado por PP y Vox, se felicitaban porque el número de empresas radicadas en Lorca que facturan más de un millón de euros haya crecido un 33% en la última década.

Frente a la buena salud empresarial, en esa misma década, el número de habitantes del municipio que vive en barrios considerados vulnerables ha pasado del 44,43% al 63%, según el último número de la revista ‘Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales’, elaborado por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) en colaboración con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Una horquilla de tiempo en la que Lorca ha pasado de tener cuatro a ocho barrios vulnerables y la población residente en ellos ha aumentado de 40.805 a 60.416 personas.

La evolución es especialmente significativa en los niveles más graves. En 2011 no había ningún barrio lorquino clasificado con vulnerabilidad severa; en 2021 se identificaron tres: la pedanía de La Hoya, San Cristóbal y San Diego-Apolonia, donde el porcentaje de vecinos de origen migrante, cuya ocupación está principalmente ligada al sector primario, llega al 44,6% en algunos casos. Estas clasificaciones no definen por sí solas la vida de cada vecino ni convierten a un barrio en una realidad homogénea, pero sí alertan de desigualdades que requieren respuestas sostenidas.

Empleo ligado al calendario de las campañas

La agricultura lorquina ha desarrollado una potente industria exportadora y genera puestos de trabajo en explotaciones, almacenes, cooperativas, transporte y comercialización. El desafío surge cuando esa capacidad productiva convive con empleos inestables, salarios bajos y pocas posibilidades de progresión profesional.

La profesora María López Martínez, del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Murcia (UMU), identifica entre las características del sector las “elevadas tasas de temporalidad, la siniestralidad y el bajo nivel de formación” de parte de la mano de obra. Son factores que condicionan tanto las oportunidades laborales como la capacidad de los trabajadores para mejorar sus ingresos con el paso del tiempo.

La temporalidad no se limita a la duración de un contrato. Quien encadena campañas suele tener ingresos desiguales, lo que conlleva dificultades para organizar los gastos mensuales. Si el trabajo depende de los calendarios agrícolas, la economía personal y familiar también queda expuesta a las condiciones meteorológicas, las fluctuaciones del mercado y los cambios en la demanda de mano de obra.

La investigación académica sobre el trabajo jornalero en la Región, como la desarrollada por el sociólogo Antonio J. Ramírez Melgarejo, de la UMU, ha analizado la eventualidad como una característica estructural del mercado agrícola. Para algunos trabajadores, la incertidumbre se convierte en rutina: trabajar durante la campaña y ajustar los gastos cuando termina.

Esta es una de las paradojas del modelo: una actividad rentable para la cadena empresarial ofrece a parte de quienes la sostienen una capacidad limitada para ahorrar, independizarse o afrontar imprevistos.

Abusos en la vivienda

La estabilidad laboral y el acceso a la vivienda están estrechamente relacionados. Un ingreso irregular dificulta asumir un alquiler, reunir una fianza o demostrar solvencia ante un propietario o una entidad bancaria; a su vez, un alquiler elevado reduce el dinero disponible para alimentación, transporte, suministros y otros gastos básicos. La vivienda no es, por tanto, un asunto separado de la renta: determina cuánto queda al final del mes.

Jennifer, de origen ecuatoriano, paga 350 euros al mes por una cama en un piso alquilado en el barrio lorquino de San José. “Comparto cuarto con otras dos personas que no conocía de nada. En el piso, somos nueve en total, hombres y mujeres. La selección la hace el casero, que además cobra 400 euros por dar de alta en el padrón”, explica a elDiario.es Región de Murcia.

La sobreocupación —los llamados “pisos patera”— o las situaciones de infravivienda, en las que el número de residentes o las condiciones del inmueble no permiten una habitabilidad digna ni salubre, junto con el negocio fraudulento de los empadronamientos, es un problema de tal magnitud en el municipio que su ayuntamiento tuvo que aprobar en 2023 una ordenanza reguladora específica y endurecer los procedimientos sancionadores para hacer frente a esta problemática.

Cuatro municipios, distintas estructuras económicas

La tasa de población en riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) de Lorca se sitúa en el 35,3%, según los datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la Región de Murcia (EAPN RM). La cifra supera en casi tres puntos la media regional —del 32,5%—, que ya de por sí se encuentra entre las más elevadas de la Unión Europea.

En municipios con una presencia importante de empleo agrícola, esta distinción resulta fundamental. Tener trabajo no garantiza necesariamente ingresos regulares durante los doce meses, capacidad de ahorro o acceso a una vivienda adecuada. La cuestión no es negar la importancia de la agricultura para la economía local, sino analizar si la riqueza que genera se traduce en condiciones de vida más seguras para el conjunto de la población.

La comparación con otros municipios ayuda a situar las cifras de Lorca. Los datos de renta neta media por hogar del Atlas del Instituto Nacional de Estadística reflejan una diferencia anual de 4.204 euros a favor de los habitantes censados Molina de Segura, que cuenta con un importante tejido empresarial en el que destacan la industria, la logística y el comercio; respecto a la ciudad de Murcia, que concentra servicios administrativos, sanitarios, universitarios y profesionales, la brecha con Lorca alcanza los 3.504 euros; y frente a Cartagena, que combina actividad portuaria, industrial, logística y turística, llega a los 1.306 euros.

Cómo romper el círculo

Patricio Rosas Martínez, director del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas de la Región de Murcia, apunta soluciones para mejorar la distribución de la riqueza. Reflejado en el estudio que ha coordinado bajo el título ‘Condiciones laborales en la agricultura de la Región de Murcia’, las respuestas pasan, en primer lugar, por mejorar la calidad del empleo, con contratación más estable, formación, prevención de riesgos y mejores itinerarios de promoción profesional.

También por la necesidad de generar más valor añadido en el propio territorio. Es decir, para los expertos “no basta con producir y exportar, también importa dónde se desarrollan las actividades de mayor valor”. Desde esa óptica, la transformación agroalimentaria, la innovación, la logística especializada y los servicios tecnológicos asociados al campo pueden abrir oportunidades para empleos de mayor cualificación.

La diversificación empresarial es otro de los retos que debería afrontar el municipio. “Apoyar la industria, los servicios profesionales, la formación especializada y el emprendimiento permitiría reducir la dependencia de los ciclos agrícolas”, apuntan. El objetivo ahí no debería ser aumentar sin más el número de empresas dedicadas a actividades similares, sino “atraer y consolidar proyectos capaces de ofrecer empleo estable y salarios competitivos”.

Respecto a la vivienda, aseguran que debe abordarse como una infraestructura económica esencial. “El control del padrón, por sí solo, no sustituye a una política residencial y social que responda a las necesidades reales”, aseguran desde el Colegio de Economistas. También consideran necesario aumentar la oferta residencial asequible y movilizar el uso de viviendas vacías para mejorar las condiciones de vida y, de paso, facilitar la emancipación juvenil.

Cuerpos femeninos inclinados por el esfuerzo, telas que pesan, el gesto concentrado de un trabajo repetido una y otra vez: lavar, escurrir y cargar para volver a empezar. Si hay una imagen grabada a fuego en la retina —y en el corazón— de la periodista y escritora murciana Toya Viudes de Velasco es el de las lavanderas que llevan años mirándola desde el otro lado del tiempo a través de un lienzo.

Primero en casa de sus abuelos en Valencia, luego en Murcia, en la de sus padres. Pero lo que aquella niña jamás imaginó es que aquel cuadro terminaría colgado en las paredes del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza y que ella misma acabaría desempeñando un papel fundamental en la recuperación del legado artístico de su creadora, aquella mujer a la que durante décadas la familia había llamado, simplemente, tía Rosario.

Porque sí, en 2024, Lavanderas (1934), un cuadro de gran formato pintado como regalo de bodas a su hermano Luis —el abuelo de Toya—, salió del salón familiar para formar parte de la exposición dedicada a su autora, Rosario de Velasco, en el Thyssen. Fue entonces cuando la familia tomó verdadera conciencia de la dimensión de aquella pintora cuyo nombre prácticamente había desaparecido del relato general de la historia del arte.

La anécdota resume casi perfectamente la paradoja de Rosario de Velasco: mientras la postal de Adán y Eva (1932) —considerada su obra maestra— es la más vendida en la tienda del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, buena parte de su producción seguía siendo desconocida para el público y para la propia familia. ¿Qué había ocurrido con la obra de aquella artista, representante del “retorno al orden”, experimentado por las vanguardias europeas en el periodo de entreguerras, que en 1932 obtuvo la segunda medalla de pintura en la Exposición Nacional de Bellas Artes?

Ahora, 'Rosario de Velasco. Del olvido a la memoria', una exposición comisariada por Alicia Ventura y Toya Viudes, desentraña el misterio y vuelve a reunir sus cuadros en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia, en Murcia, donde podrá visitarse hasta el 29 de noviembre.

Un llamamiento en redes para recuperar un legado

Si Lavanderas permaneció siempre cerca de la familia, muchas otras obras de Rosario de Velasco habían seguido caminos completamente diferentes. Unas estaban en museos; otras, la mayoría, en colecciones privadas que habían pasado de generación en generación; y algunas permanecían prácticamente ocultas. Toya decidió buscarlas.

“Recuperar la obra de mi tía abuela ha sido un proyecto de media vida”, explica a elDiario.es Región de Murcia. “Había que localizar cuadros, comprobar atribuciones, reconstruir su procedencia y averiguar dónde habían terminado las obras que se habían dispersado con el paso del tiempo”, rememora. La dificultad era evidente: muchas no estaban en instituciones culturales, sino en casas particulares. Entonces llegaron las redes sociales.

En 2023, Toya hizo un llamamiento público para intentar localizar las obras desaparecidas. Lo que podía haber quedado reducido a una búsqueda familiar terminó convirtiéndose en una investigación colectiva. Personas que conservaban cuadros comenzaron a ponerse en contacto con ella. “Las redes sociales han sido fundamentales para recuperar la obra de Rosario”, subraya.

Uno de los casos más significativos fue Pensativa (1935). Después de escuchar una entrevista a Toya, Cristina, hija del pianista Guillermo González Hernández, reconoció el cuadro de aquella mujer con la blusa roja y recostada sobre su brazo izquierdo a quien su padre dedicaba sus ensayos. Inmediatamente, se puso en contacto con ella para reconectar la obra con su autora: Rosario de Velasco.

Aparecieron también otras piezas, como Maternidad (1933) y Gitanos (1934), además de retratos, bodegones y dibujos. Cada hallazgo añadía una pieza a un puzle que llevaba décadas incompleto.

La operación tuvo un resultado extraordinario: en 2024, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza organizó una retrospectiva que reunió una treintena de pinturas realizadas entre los años veinte y cuarenta del siglo XX, además de trabajos de Velasco como ilustradora. Algunas de las obras procedían de colecciones privadas y pudieron contemplarse públicamente por primera vez. Toya Viudes participó en el proyecto como comisaria junto a Miguel Lusarreta. “Siempre pensé en grande para Rosario, pero el Thyssen no estaba en mi radar”, reconoce.

La de Rosario fue la segunda exposición que el Thyssen dedicó a una española tras la de Isabel Quintanilla. Para su familia, la recuperación de la memoria de la pintora tuvo una dimensión tan emocionante como surrealista: “Recuerdo los autobuses por Madrid con imágenes de los cuadros que mis padres tenían en casa”, cuenta Toya.

La exposición de Murcia llega ahora con un planteamiento diferente. Si la muestra del Thyssen permitió devolver a Rosario de Velasco al gran circuito artístico y recuperar buena parte de su producción anterior y posterior a la Guerra Civil, 'Del olvido a la memoria' quiere ampliar todavía más la mirada.

“A diferencia de la exposición en el Thyssen, la exposición de Murcia muestra su obra más allá de la época de la guerra”, explica Toya. Y ahí aparece la artista madura. Ella, a sus 70 años, es cuando decía “ahora sé pintar”. Por eso a su sobrina nieta le ilusiona especialmente “poder mostrar la obra de la que se sentía más orgullosa, y que es la que hizo en sus últimos años, pintando en Sitges y exponiendo en pequeñas galerías”, afirma.

La guerra que partió una vida en dos

Recuperar a Rosario de Velasco implica también enfrentarse a una biografía atravesada por la política y la Guerra Civil. Rosario estuvo vinculada en su juventud a Falange Española y al entorno de la Sección Femenina. Durante la Guerra Civil fue detenida en Barcelona y encarcelada en la Modelo. Consiguió salir gracias a la intervención de su entonces prometido, Xavier Farrerons Co, con el que después se casó y tuvo a su única hija, María del Mar. “A Rosario la sacaron de la Modelo escondida en una carretilla gracias a que Xavier era amigo del médico de la prisión. Si no, estaría muerta. A su compañera de celda la fusilaron”, cuenta Toya.

La trayectoria política de Rosario es, además, uno de los elementos más complejos de la recuperación de su memoria. Tras la guerra, “que le partió la vida en dos”, vivió en Barcelona, continuó trabajando y colaboró con la revista ‘Vértice’, una destacada publicación ilustrada de ideología falangista. Pero Toya insiste en contextualizar la militancia de su tía abuela desde su propia perspectiva: “En la Transición fue acusada de falangista, un movimiento al que ella perteneció siendo muy joven cuando significaba libertad. De hecho, nunca quiso saber nada de Franco, y jamás trabajó para el Régimen”. La cuestión resulta fundamental: cómo estudiar a una artista sin convertir su ideología en una etiqueta que explique por sí sola toda su trayectoria.

Sin embargo, para el escritor y crítico de arte australiano James McArdle, experto en el análisis crítico e ideológico la obra de Rosario de Velasco, las escenas cotidianas pintadas por la artista —como Madre e hijo o Gitanos— no son meros retratos costumbristas o enternecedores. En el análisis del profesor, representan “la imposición artística de los roles tradicionales de género de la época”, donde la mujer es retratada casi exclusivamente en su “función reproductora y doméstica, desprovista de agencia política individual”. Por eso, para McArdle, “podemos admirar su arte, pero debemos ser conscientes de su seducción y estar preparados para ver a través de él esa capa de ideología oculta a plena vista”.

“La historia del arte está incompleta”

El caso de Rosario de Velasco conecta con una cuestión mucho más amplia: la invisibilización histórica de las mujeres. Durante décadas, su nombre permaneció en una de esas zonas de sombra en las que la historia cultural española ha dejado deliberadamente ocultas a tantas mujeres artistas. Su obra quedó relegada mientras el relato de la Generación del 27, a la que perteneció, se consolidaba alrededor de nombres masculinos. Ni su talento, ni su participación en la vida cultural de la preguerra, ni las contradicciones de su trayectoria política fueron suficientes para evitar que su figura, como las de otras Sinsombrero, se desdibujara en los manuales de arte y en la memoria colectiva.

Para María Ponce Murcia, historiadora del arte y doctora en Estudios de Género, el problema comienza incluso en las aulas. “En la enseñanza de la historia del arte se sigue el mismo modelo educativo de hace 30 años y eso, desde la perspectiva de género, hace que la información aparezca disociada, descontextualizada y con enormes lagunas”. Ponce señala también las resistencias a revisar los relatos establecidos: “En el ámbito docente hay reticencias a reconstruir la historia a partir de las nuevas investigaciones. Muchas veces es simplemente por una negativa a contradecir a viejos referentes académicos”.

La invisibilización también puede producirse por la ausencia de exposiciones retrospectivas, la falta de estudios monográficos, la escasa presencia en las colecciones de referencia o la repetición de un relato histórico que privilegia unas trayectorias frente a otras.

En el caso de las mujeres artistas, la pérdida de documentación, la dispersión de sus obras y la menor atención académica han contribuido a perpetuar esa desigualdad. La consecuencia es que muchas creadoras deben ser redescubiertas varias generaciones después, cuando ya no pueden explicar su trabajo en primera persona.

Para Ponce, sin ellas “la historia del arte está incompleta”. Y lo seguirá estando mientras el mercado del arte “lo sigan dominando sota, caballo y rey”. “No interesa que salga a la luz el verdadero papel que han jugado las mujeres en este ámbito, porque todo el tinglado se les desmontaría”, vaticina antes de plantear una hipótesis inquietante: “A saber la cantidad de obras consideradas anónimas cuyas autoras fueron mujeres o que están identificadas con el nombre de sus maestros o, directamente, de sus maridos”.

A Rosario de Velasco le ocurrió. Durante años, La matanza de los inocentes (1936), perteneciente a la colección del Museo de Bellas Artes de Valencia, fue atribuida a otro pintor con sus mismas iniciales —Ricardo Verde—, sin que la autoría de la artista fuera restituida hasta 1995.

Por eso, su historia obliga a seguir mirando alrededor para descubrir cuántas otras artistas siguen esperando que alguien encuentre sus cuadros, reconstruya sus trayectorias y les devuelva el lugar que les corresponde en la historia del arte.

Al entrar en los talleres de los Lario, en Lorca, es inevitable pensar que quizá, en algún rincón, quede algo de polvo del barro que otras manos, con la misma sangre, trabajaron hace siglos. El olor terroso de la arcilla y el movimiento acompasado del torno parecen devolver por un instante a quienes hoy trabajan allí un gesto antiguo, aprendido de otros y repetido generación tras generación. Porque, de algún modo, cada vez que el barro comienza a girar entre sus dedos, los Lario vuelven a hacer lo que otros Lario hicieron antes que ellos.

Desde 1561 -aunque fuentes cercanas a la familia aseguran que puede ser desde antes-, el nombre de esta familia aparece vinculado documentalmente a la alfarería de la ciudad. Una escritura conservada en el Archivo Municipal menciona a Juan y Alonso Lario relacionados con el oficio. Cuatrocientos sesenta y cinco años después, el barro sigue pasando de unas manos a otras. No de una manera idéntica a como lo hacía entonces —porque también los oficios necesitan cambiar para sobrevivir—, pero sí conservando algo esencial: el conocimiento que se transmite de generación en generación.

Hoy ese legado se despliega, además, en dos ramas familiares y empresariales que mantienen vivo el apellido Lario en la artesanía lorquina: Cerámica Lario, heredera del trabajo desarrollado por el maestro Inocencio Lario, y Alfarería Eusebio, dirigida actualmente por Martín Lario y que tiene garantizada la continuidad de la saga a través de su hijo Ricardo. Dos caminos distintos para una misma pasión.

El apellido que nació entre tornos

La historia más conocida de la familia en el siglo XX lleva el nombre de Inocencio Lario López. Nació en 1933 en la calle Escalante del barrio de San Cristóbal, donde se encontraba el antiguo gremio de alfareros de Lorca. Vino al mundo, literalmente, dentro del taller familiar: su padre y su abuelo Inocencio ya trabajaban el barro.

A los 14 años dejó los estudios para incorporarse al trabajo y ayudar a sostener a la familia. El torno, el barro y los hornos se convirtieron así en su escuela. En 1975 obtuvo, mediante examen, el certificado de Maestro Artesano en el oficio de la Alfarería.

Pero la historia de Inocencio Lario tuvo un capítulo inesperado lejos de Lorca. Durante los años cincuenta emigró a Francia con su familia. Allí conoció a Pablo Picasso y le mostró algunas de las piezas que realizaba. Según la biografía conservada por la propia familia, los elogios del artista malagueño fueron tan importantes para él que regresó a Lorca decidido a profundizar en una cerámica más artística y decorativa.

A partir de entonces llegaron las flores, los pájaros y el color. Las jarras, platos, aguamaniles, palanganas y copas dejaron de ser únicamente objetos útiles y empezaron a adquirir una personalidad propia. Y llegó también la pieza que acabaría convirtiéndose en símbolo: la Jarra de Novia.

Cinco picos, una historia y una leyenda. Según la tradición recuperada por Inocencio, de ella bebían durante la boda el sacerdote, los padrinos y los novios, cada uno por uno de sus picos, procurando no derramar el vino consagrado. El propio maestro sentía una especial predilección por aquella pieza. La familia recuerda que hablaba de ella con orgullo de la que se convirtió en una de sus creaciones más reconocibles.

Cerámica Lario: la rama de Inocencio

El sueño de Inocencio Lario no terminó con su muerte, en 2008. Sus cuatro hijos continuaron vinculados al oficio en el taller familiar de La Tercia: Ana, pintora y ceramista; Antonio, centrado en el torno; Inocencio, dedicado a la parte comercial; y Juan, que orientó su trabajo hacia la azulejería tradicional, los murales y las fuentes de gran formato.

Es la rama que hoy conocemos como Cerámica Lario, una firma que conserva buena parte del universo creativo construido por el maestro. Su trabajo también ha tenido una importante dimensión internacional. La producción de los talleres vinculados a Inocencio llegó a distintos países y sus obras pueden encontrarse en museos y colecciones de Estados Unidos, Francia, Portugal y Alemania. Artistas murcianos como José Lucas, Muñoz Barberán, Párraga o Mir utilizaron también su taller para trasladar sus diseños al barro.

El maestro no concebía la tradición como una obligación de repetir piezas sin alma. Al contrario, su trayectoria demuestra sin género de dudas que fue un artesano innovador, interesado en investigar formas y técnicas ancestrales y en llevarlas hacia nuevos territorios. Quizá ahí esté una de las claves para entender por qué su legado ha sobrevivido.

Eusebio Lario: otra rama del mismo barro

La historia de esta saga alfarera no termina en Cerámica Lario. En Lorca existe otra rama familiar vinculada al mismo apellido y al mismo oficio: Alfarería Eusebio, actualmente bajo la dirección de Martín Lario García, que obtuvo su certificado de Maestro Artesano en el Oficio de Alfarería en 2008.

El nombre de la empresa es, precisamente, un homenaje a su padre, Eusebio Lario —pariente de Inocencio— y que falleció en 1998. Martín aprendió desde pequeño el oficio que después acabaría convirtiéndose en su forma de vida y tomó las riendas del negocio familiar, manteniendo una producción esencialmente artesanal. La empresa continúa trabajando con técnicas transmitidas entre generaciones y fabricando piezas únicas y personalizadas. En los años ochenta, dejaron su taller en la calle Escalantes para trasladarse a la Carretera de Caravaca.

Martín lo explica sin rodeos: “Es muy difícil aprender un oficio así en una escuela, así que los que continuamos con ello es porque venimos de una familia de artesanos”. La frase explica mejor que cualquier definición lo que significa el relevo en una familia de alfareros. Aquí no hay un manual que pueda sustituir al aprendizaje junto al maestro. Hay que mirar. Escuchar. Repetir. Equivocarse. Volver a empezar. Y, sobre todo, aprender a conocer el barro.

Martín sabe también que conservar el oficio no significa convertirlo en una pieza de museo. Por eso su taller ha apostado por renovar las formas y los colores y por acercarse a públicos que quizá nunca habrían sentido interés por la cerámica tradicional. “Cuando sentimos que la cerámica tradicional se había quedado obsoleta, fuimos atrevidos y empezamos a añadir color y diseños más desenfadados para el público juvenil”, explica. El cambio no fue inmediato. “Nos costó introducir esta nueva forma de hacer cerámica en el mercado español, pero gracias a ello despertamos el interés de clientes extranjeros”, recuerda.

Basta con echar un vistazo a las estanterías de su taller y al catálogo actual de la empresa para comprobarlo: peces, pulpos, gambas, medusas, limones, cactus, gatos o estrellas conviven con formas más tradicionales. El mar, la naturaleza y los motivos cotidianos se convierten en cerámica decorativa, con una estética contemporánea pero fabricada mediante procesos artesanales.

Ricardo, la generación que viene

Entre las manos que hoy mantienen vivo el torno está también Ricardo Lario, hijo de Martín. Su presencia introduce una pregunta inevitable: ¿puede un oficio con más de cuatro siglos de historia seguir teniendo futuro? Ricardo lo tiene bastante claro.“Yo estoy seguro de que puedo vivir de esto, no creo que sea más difícil, solo creo que hay que renovarse y enfrentarse a las adversidades como han hecho tantas generaciones atrás”, afirma.

No habla de nostalgia. Habla de futuro. Porque probablemente ese sea uno de los rasgos más interesantes de esta familia: nadie parece plantear la tradición como algo inmóvil. El barro cambia de forma. Cambian los colores. Cambian los clientes y cambian los objetos que tienen sentido en una casa del siglo XXI.

Y es que, tras pasar por diferentes empresas dedicadas a otros sectores, Ricardo decidió finalmente ayudar a seguir con la tradición alfarera que corre por sus venas. “Ha tenido la suerte de conocer de cerca el oficio y poder heredarlo llegado el momento porque otros jóvenes no se atreven al ver la inversión inicial que necesita un emprendimiento así”, asegura su padre. Martín sabe que ya no depende de el que Alfarería Eusebio siga en pie, sino de sus posibles futuros nietos. Aún así, confía en que la empresa no desaparezca con Ricardo.

Barreras de entrada asfixiantes: la realidad del joven artista

Son precisamente las inversiones iniciales a la hora de montar un negocio las que echan atrás muchos sueños e ilusiones de jóvenes artistas. A sus 24 años, Carla Re ve prácticamente imposible el vivir de su mayor pasión. Nacida en Lorca y con un talento heredado de un padre delineante que se vio obligado a cambiar de oficio durante la crisis del 2008, cree que las condiciones actuales no son mucho mejores que las de entonces. “Hoy en día si no heredas un negocio familiar o tienes a quien pueda sostenerte económicamente durante tus inicios, no puedes dedicarte a oficios como la artesanía”, asegura.

Carla es graduada en Bellas Artes, y, a pesar de que considera que su profesión dificulta el acceso al empleo, no se arrepiente de su elección. “Sé que no siempre está reconocido como merece, pero ser artista es algo que tenía claro desde pequeña”, afirma.

Aunque disfruta del pequeño taller de artesanía que tiene en casa, las piezas de Carla son creadas únicamente para servir de regalo a amigos, familiares, o para disfrute propio. Según cuenta, las barreras de entrada al oficio son excesivas para ella, así que no encuentra la manera de ejercer actividad comercial a través de sus creaciones. “Yo solo uso arcilla de secado al aire, porque no dispongo de los hornos industriales que se necesitan para hacer cerámica”. Esta joven afirma que, aunque durante sus estudios en la Universidad de Granada dispuso de uno de estos hornos, “nunca pudimos llegar a usarlo porque había problemas con el conducto de ventilación”.

El transporte de las piezas es otro de los grandes inconvenientes para ella: “Aunque consiguiera abrir mi propia tienda, tendría que ser de manera online, y los costes de transporte serían demasiado elevados como para resultar sostenible”. “Si a una pieza que ya vendes a 20 o 30 euros le sumas, por ejemplo, diez euros de transporte, es más fácil que el cliente se eche para atrás”, cuenta.

Por el momento, Carla asegura que se conformará con seguir trabajando desde su improvisado taller casero hasta encontrar la forma de hacerse conocer y llegar a sus primeros clientes. “A veces acepto encargos de amistades y conocidos, pero no es suficiente como para comenzar mi propio emprendimiento”, se lamenta.

La lucha por salvar una tradición histórica

Con el convencimiento de que es posible construir una vida a través de la artesanía, el Ayuntamiento de Lorca ha decidido poner el foco en estos oficios y, este año, la iniciativa ‘12 meses, 12 oficios’, organizada por la Asociación de Artesanos de Lorca (Artelor) en colaboración con el consistorio, ha dedicado un mes entero a promocionar la alfarería y la cerámica.

La concejala de Comercio y Artesanía, Mayte Martínez, ha defendido precisamente la necesidad de acercar estos oficios a la ciudadanía. “La artesanía representa nuestras raíces y desde el ayuntamiento debemos colaborar en su proyección desde la convicción de que los oficios tradicionales no son solo una seña de identidad, sino también una oportunidad para el desarrollo local”. Al hablar de los Lario, la edil se muestra aún más contundente: “Hablar de esta familia es contar la historia misma de Lorca”.

Para Martínez, la saga representa la excelencia de un oficio capaz de mantener viva la cerámica tradicional lorquina al tiempo que incorpora “ideas y diseños atrevidos, vanguardistas y novedosos”.

Cuatro siglos después, el torno sigue girando

Hay algo casi hipnótico en pensar que entre aquel Juan Lario mencionado en un documento de 1561 y los Lario que hoy trabajan el barro hay más de cuatro siglos de distancia.

El mundo ha cambiado radicalmente en este tiempo. Han desaparecido antiguos oficios, se han transformado los barrios y han cambiado los materiales y las formas de consumo. La producción industrial también convirtió muchos objetos artesanos en productos impersonales fabricados en serie.

Y, sin embargo, todavía hay quien prefiere tocar una pieza de barro y saber que detrás de ella hay unas manos que aprendieron de otras manos; que repiten gestos que alguien realizaba ya hace siglos; que entienden que una pieza no tiene por qué ser perfecta para ser valiosa, precisamente, porque su pequeña imperfección demuestra que es única.

Así, en el taller de los Lario hoy el barro continúa entrando en el torno, las manos siguen dándole forma y el horno sigue haciendo su parte. Tierra, agua y fuego contando desde hace más de cuatro siglos la historia de una ciudad.

Para María Dolores, estudiante de tercero de Bellas Artes en la Universidad de Murcia, el verano ha sido un sinvivir frente a la pantalla del ordenador buscando una habitación que le permita seguir estudiando en la capital sin que el alquiler se lleve buena parte del presupuesto familiar.

La odisea se ha repetido para infinidad de universitarios: anuncios que desaparecen en cuestión de horas, pisos compartidos que acumulan candidatos, habitaciones que obligan a desplazarse cada vez más lejos del campus y padres y madres que empiezan a buscar alojamiento incluso antes de conocer definitivamente la titulación o la universidad en la que estudiarán sus hijos o hijas.

Una presión que se ha intensificado en los últimos años. En el primer trimestre de 2026, la oferta de habitaciones en Murcia aumentó un 16% respecto al año anterior, pero la demanda lo hizo un 58%. El precio medio se sitúa ya en 300 euros mensuales. Eso convierte una habitación en un piso compartido —la opción que tradicionalmente permitía abaratar el coste de estudiar fuera de casa— en un gasto que supera fácilmente los 3.000 euros anuales, a los que hay que sumar alimentación, transporte, matrícula, material académico y pago de suministros.

Una ciudad universitaria con miles de estudiantes llegados de fuera

Murcia cuenta fundamentalmente con dos grandes universidades en su entorno inmediato: la Universidad de Murcia (UMU), pública, y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), privada. La primera supera los 30.000 estudiantes, mientras que la segunda cuenta con más de 22.000 alumnos en programas de grado y posgrado.

La dimensión de la UCAM añade, además, un componente especialmente relevante para el mercado residencial: su capacidad de atracción exterior. El 38% de sus estudiantes de grado y el 55,8% de los de máster proceden de otras comunidades autónomas, según los últimos datos del Ranking CYD difundidos por la propia universidad. A ello se suma una importante población internacional: otro 20% de sus alumnos son estudiantes extranjeros de 135 nacionalidades.

La Universidad de Murcia también atrae alumnado de fuera de la Región, aunque no existe una estadística pública única y actualizada que permita saber cuántos de sus estudiantes necesitan realmente una vivienda en la capital. Como referencia regional, un análisis del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de 2026 sitúa en el 22,9% el porcentaje de universitarios matriculados en la Región de Murcia —que incluye también la Universidad Politécnica de Cartagena— que procede de otras comunidades autónomas. Es una proporción superior a la media española, del 19,1%.

Las residencias: una alternativa cara y escasa

Las residencias universitarias ofrecen una solución más sencilla que compartir piso: habitación amueblada, suministros, conexión a Internet, limpieza y, en muchos casos, comedor, zonas de estudio, gimnasio o actividades.El problema es que tampoco hay camas suficientes y las que hay, no están al alcance de la mayoría de bolsillos.

Entre las opciones públicas se encuentra el Colegio Mayor Azarbe, perteneciente a la Universidad de Murcia, que ofrece 117 plazas para el curso 2026-2027, en régimen de alojamiento y manutención a un precio que oscila entre los 6.580 euros de la habitación individual con baño y los 6.215 de la doble.

Otra opción, aún más limitada, es la Residencia para Jóvenes de la Comunidad Autónoma, en la plaza Islas Baleares de Murcia, que para el próximo curso ofrece 74 plazas: 56 en apartamentos dobles y 18 individuales. Está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años —no exclusivamente universitarios— desplazados de su domicilio por razones de estudio o trabajo. Los precios de partida son de 290,82 euros mensuales por persona en apartamento doble y 387,03 euros en individual, a los que se añaden consumos mínimos de agua y electricidad.

En el ámbito privado, las diferencias son enormes. La Residencia Universitaria Campus, situada junto al campus de la UMU de Espinardo, ofrece para 2026-2027 habitaciones individuales desde 460 euros mas 59 euros de suministros, y dobles desde 384 euros mas 59 euros. La media pensión supone otros 195 euros al mes y la pensión completa, 289 euros.

En el extremo superior se encuentran propuestas como Bravo Students, en Guadalupe, la pedanía murciana que alberga el campus principal de la UCAM, con habitaciones desde unos 565 euros en formato compartido y desde 960 euros para determinadas habitaciones individuales, con servicios como wifi, limpieza semanal, piscina, gimnasio, salas de estudio y recepción 24 horas.

La Residencia Universitaria JC1, en Juan Carlos I, parte de unos 805 euros por persona en habitación doble y de 950 euros en individual, con baño privado, cocina, wifi, limpieza semanal y climatización. Y micampus, en La Ñora, ofrece opciones desde unos 809 euros mensuales en habitación doble con pensión completa, mientras que determinadas habitaciones individuales superan los 1.000 euros.

300 euros por una habitación: el nuevo suelo del mercado

Para quienes no pueden asumir el coste de una residencia universitaria, compartir piso sigue siendo la alternativa principal. En Murcia, el precio medio de una habitación alcanzó los 300 euros mensuales en el primer trimestre de 2026, según el portal especializado Idealista. Una cifra que se mantiene estable respecto al año anterior pero que acumula un incremento del 34% en cinco años: de unos 223 euros en 2021 a los 300 actuales.

El mercado actual ofrece, no obstante, una horquilla más o menos amplia. En los anuncios consultados recientemente aparecen habitaciones desde alrededor de 230 euros, especialmente en zonas periféricas, hasta 350, 390 euros o más en viviendas mejor ubicadas o equipadas. La ubicación pesa. También el estado de la vivienda, el número de personas que comparten baño, si los suministros están incluidos y, cada vez más, la distancia al tranvía o a los campus.

Otro problema es que, en el mercado del alquiler, el estudiante no compite únicamente con otros universitarios. La habitación se ha convertido en una fórmula de acceso a la vivienda para jóvenes trabajadores y otras personas que no pueden asumir un alquiler completo.

La alta demanda y la escasez general de vivienda repercute directamente sobre el precio: en julio de 2026, el alquiler residencial en Murcia capital alcanzó los 9,9 euros por metro cuadrado, un 3,8% más que un año antes. La consecuencia es una especie de efecto dominó: si el piso completo se encarece y comprar resulta inaccesible para buena parte de los jóvenes, el propietario puede optar por dividir la vivienda en habitaciones y maximizar sus ingresos. El resultado es que una solución que nació como alternativa económica termina siendo cada vez más cara.

Cuando la red de transporte público no ayuda

María Dolores procede de Purias, una pedanía del municipio de Lorca situada a poco más de 70 kilómetros de la capital regional. Una distancia que, en coche, se completa en unos 51 min por la Autovía del Mediterráneo (A-7). Ella no dispone de vehículo propio y la utilización del transporte público no es una alternativa para evitar el traslado temporal de su residencia a Murcia, porque le obligaría a emplear unas 5 horas diarias en viajes en autobuses y tranvías —el servicio de trenes de Cercanías entre Murcia y Lorca lleva suspendido desde octubre de 2021 debido a las obras del AVE—, entre ida y vuelta.

Así que empezó a buscar piso en junio. “Pensaba que lo conseguiría pronto, pero muchas habitaciones ya estaban reservadas. Los que encuentro por 250 o 270 euros están muy lejos o están compartidos por muchas personas y tienen solo un baño. Y si pago 350 euros más gastos, mis padres no saben si podrán mantenerlo todo el curso”, explica. “Tengo otros dos hermanos que vienen detrás de mí. No me parecería justo comprometer los ahorros que ellos han previsto también para sus estudios, así que no sé lo que haré al final, pero entre las opciones está dejar la carrera”, reconoce a pocas semanas de que empiece el nuevo curso académico.

Su caso resume a la perfección cómo el lugar de residencia puede terminar condicionando la formación postobligatoria en España cuando el estudiante no cuenta con avales, ingresos propios o una familia que pueda adelantar varios meses de renta.

Contratos de temporada: ¿puerta a los abusos?

Hay otra cuestión que muchos estudiantes descubren cuando ya están buscando piso: no todos los alquileres están sometidos al mismo régimen jurídico. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) diferencia entre el alquiler destinado a satisfacer una necesidad permanente de vivienda y los contratos de temporada.

Para un estudiante que llega a Murcia desde otro lugar, el contrato puede plantearse como alquiler de temporada por estudios, por ejemplo, de septiembre a junio. En ese caso, el contrato se rige en gran medida por lo pactado entre las partes, frente al carácter más protector de los arrendamientos de vivienda.

La diferencia es importante. En un contrato de vivienda habitual existen mayores garantías de duración y prórroga. Además, desde la Ley de Vivienda de 2023, los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato corresponden al arrendador en los alquileres de vivienda. En los contratos de temporada, en cambio, existe mayor libertad contractual. De ahí que puedan aparecer contratos de nueve o diez meses, cláusulas específicas sobre gastos, fianzas y honorarios o condiciones de salida diferentes.

Y aquí aparece una de las principales zonas grises del mercado: que un contrato se llame “de temporada” no significa que cualquier condición que incluya sea automáticamente válida. La causa temporal debe responder a una necesidad real y quedar correctamente reflejada en el contrato.

Por eso, el estudiante debe fijarse especialmente en la tipología de su contrato, cuál es la causa de la temporalidad, la duración, qué incluye la renta, qué gastos se repercuten, qué fianza se exige y quién cobra los honorarios de intermediación. La propia Ley de Vivienda reconoce el derecho de quien va a alquilar a solicitar información sobre las condiciones económicas y características de la vivienda antes de entregar dinero.

“Me pidieron pagar antes de enseñarme el contrato”

Álvaro, estudiante de 21 años procedente de Albacete, lleva dos cursos compartiendo piso en Murcia. El primer año pagaba 250 euros por la habitación. Para este curso, su casero le anunció a él y a sus otros tres compañeros de piso que el precio subía, de golpe, a los 315 —lo que supone unos ingresos mensuales para el propietario de 1.260 euros—, sin contar luz, agua ni Internet: “Cuando hicimos cuentas, la habitación se nos iba a los 370 al mes a cada uno, pero hemos preferido asumir la subida impuesta por el propietario antes que jugárnosla tal y como está la cosa”, relata.

Es lo que le pasó a Lucía, de 23 años, nacida en la localidad costera de Águilas. A mitad de curso se vio en la necesidad de salir del piso que compartía en Murcia con otras dos chicas por la pésima relación que mantenía con ellas, con denuncias por agresiones de por medio. “Encontré una habitación, pero me dijeron que había otras cuatro personas interesadas y que, si quería reservar, tenía que transferir 500 euros ese mismo día. Pedí ver el contrato y me dijeron que lo enviarían después”. Lucía, que asegura sentirse “desesperada”, realizó el trato por WhatsApp y efectuó el ingreso de la “reserva”. Resultó una estafa.

La recomendación ahí es básica: no entregar dinero sin conocer quién alquila la vivienda, qué se está contratando y en qué condiciones. En el caso de aquellas personas que confíen el alquiler a profesionales se debe tener en cuenta que la Ley de Vivienda establece obligaciones de información para quienes intervienen como mediadores, lo que incluye facilitar datos sobre el arrendador, el precio total, las condiciones económicas y las características físicas del inmueble, antes de formalizar la operación.

Un problema de desigualdad

Dos estudiantes. Misma capacidad académica. Pero uno vive en la ciudad de Murcia y otro necesita desplazarse desde otra localidad. Así que el segundo debe añadir a su decisión el coste de una residencia o una habitación en un piso compartido. Ahí el problema no es únicamente inmobiliario, es de igualdad de oportunidades.

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla ayudas al alquiler para jóvenes y establece, entre otras medidas, una ayuda de hasta 200 euros mensuales para el alquiler o cesión de una habitación habitual y permanente, con determinados requisitos de ingresos y residencia. Pero esa condición de vivienda habitual y permanente vuelve a dejar sobre la mesa la cuestión de los estudiantes que utilizan un contrato estrictamente temporal durante el curso. Por su parte, el Gobierno autonómico de López Miras (PP) no contempla ayudas propias para sufragar el alquiler de habitaciones por parte de los estudiantes, al margen de las financiadas por el Estado.

Mientras tanto, el mercado continúa avanzando más deprisa que las soluciones, con estudiantes que se enfrentan a una matrícula que pagar, a las incertidumbres del curso que va a comenzar y a una pregunta cada vez más difícil de responder: ¿dónde voy a vivir?

El pasado 19 de agosto, a la hora del aperitivo, los bañistas de Cala del Barco, una encantadora y concurrida calita semiurbana situada junto a La Manga Club, en Cartagena, asistieron atónitos a una escena que hasta hace poco habría resultado difícil de imaginar en una playa del litoral murciano. Antonia estaba allí: “Primero me asustó el ruido, pensé que eran motos [acuáticas] y me acerqué a la orilla para advertir a mis nietos que salieran del agua. Lo que menos me iba a imaginar es lo que apareció en la playa”. Una embarcación de grandes dimensiones, equipada con cuatro motores fueraborda, se aproximó a la orilla y decenas de personas comenzaron a saltar de ella. Los patrones, con el rostro cubierto, no esperaron a desembarcar a todos: dieron media vuelta y desaparecieron mar adentro.

Eran 62 personas: 45 hombres adultos, dos mujeres y 15 menores varones, presumiblemente todos de nacionalidad argelina. Algunos bañistas abandonaron la cala y otros, como Antonia, se quedaron y avisaron al 112. Los vídeos grabados por testigos y que se han viralizado en las redes sociales muestran el desconcierto provocado por una llegada que se produjo a plena luz del día.

No fue un episodio aislado. Tres días después, otra lancha rápida dejó a cerca de medio centenar de personas en Punta Negra, nuevamente en el término municipal de Cartagena. Igual que en el suceso de Cala del Barco, los bañistas contemplaron cómo los migrantes eran abandonados en tierra mientras la embarcación regresaba al mar. Algunos fueron encontrados después por la Guardia Civil deambulando por las zonas montañosas próximas.

Y el 26 de agosto volvió a ocurrir. Esta vez fueron alrededor de 50-67 personas las que llegaron a primera hora de la mañana a la Cala de los Dentoles, en pleno Parque Regional de Calblanque. Un agente medioambiental presenció el desembarco y alertó a Emergencias. La Guardia Civil había seguido la trayectoria de la embarcación y desplegó posteriormente un dispositivo para localizar a sus ocupantes. Era el tercer desembarco de características similares en apenas una semana, al que se ha unido una cuarta llegada este sábado también en Calblanque, con al menos 57 personas.

Evolución de las mafias: de la patera convencional a la 'patera-taxi'

La costa murciana forma parte desde hace años de la denominada ruta argelina del Mediterráneo occidental. Un corredor que conecta las costas de Argelia con Almería, Murcia, Alicante y, cada vez con mayor intensidad, Baleares.

Pero la transformación más relevante no es solamente geográfica. Es también tecnológica y empresarial. Las organizaciones criminales han ido sustituyendo las pequeñas embarcaciones tradicionales por lanchas neumáticas o semirrígidas de gran potencia, capaces de realizar la travesía en pocas horas. Son las conocidas como 'pateras-taxi': el patrón realiza el trayecto, desembarca a los pasajeros a plena luz del día en calas turísticas y regresa con la embarcación para volver a utilizarla. De esta manera, las mafias conservan el activo más valioso de la operación y multiplican los viajes.

Una operación conjunta de la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) desarrollada en agosto de 2026, ha permitido comprobar hasta qué punto las mafias se han profesionalizado. La organización que ha sido desarticulada utilizaba embarcaciones de alta velocidad para transportar droga desde España hacia Argelia y, en el viaje de vuelta, introducir migrantes en la costa de la Región de Murcia a cambio de cantidades que oscilaban entre 6.000 y 10.000 euros por viajero.

La investigación descubrió embarcaciones ocultas y modificadas para dificultar su identificación, cambios de nombre y matrícula y un sistema de abastecimiento de combustible en alta mar conocido como 'petaqueo'.

El cambio de ruta también responde a una lógica conocida en el control migratorio: cuando aumenta la presión policial en un corredor, las redes buscan otro. Fuentes especializadas han señalado a elDiario.es Región de Murcia que el refuerzo de la vigilancia en determinados puntos de la costa argelina y española ha desplazado parte de la actividad hacia otros destinos, entre ellos Murcia y Baleares. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha advertido incluso de un posible “efecto globo” relacionado con la presión migratoria en Ceuta, que podría favorecer otras rutas del Mediterráneo occidental.

2026: un año de llegadas constantes a las costas de la Región

No existe un balance público único, actualizado día a día, que permita reconstruir con absoluta precisión todas las pateras que han llegado a la Región a lo largo de este 2026. La propia discusión política se ha visto condicionada por la diferencia entre los datos que maneja la Delegación del Gobierno y las estimaciones de organizaciones sindicales y del Gobierno regional.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) situaba en 112 las embarcaciones registradas en la Región hasta el 26 de agosto, prácticamente todas en el litoral de Cartagena, y aseguraba que el número de personas duplicaba el del mismo periodo de 2025. El Gobierno regional, por su parte, manejaba una estimación superior a 2.000 personas llegadas por vía marítima durante los ocho primeros meses del año, aunque reconocía expresamente que no eran datos oficiales.

La Delegación del Gobierno rechaza, sin embargo, la idea de una situación “descontrolada” y recuerda que en episodios anteriores se registraron oleadas mucho mayores. Como ejemplo, aludió a noviembre de 2017, cuando en un solo día las autoridades interceptaron y rescataron cerca de la costa murciana a 519 personas a bordo de 49 pateras, según los datos del entonces delegado del Gobierno en la región, Francisco Bernabé, que calificó los hechos de “ataque sin precedentes”. La cronología conocida de 2026 permite, no obstante, observar una presión sostenida.

¿Puede detectar la Guardia Civil las 'pateras-taxi'?

En la Región de Murcia está operativo el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), una red tecnológica operada por la Guardia Civil para vigilar las fronteras marítimas, controlar la inmigración y frenar el narcotráfico. Sus radares de largo alcance permiten detectar embarcaciones sospechosas y seguir su trayectoria. De hecho, en el desembarco del 22 de agosto en la Cala de los Dentoles, la Delegación del Gobierno aseguró que el SIVE detectó previamente la lancha y permitió seguirla hasta la costa.

El problema aparece cuando la embarcación ya está en las proximidades de tierra. Las nuevas 'pateras-taxi' utilizan hasta cuatro motores fueraborda de enorme potencia que, conjuntamente, pueden alcanzar los 2.000 caballos, según los portavoces de la AUGC. Frente a esa capacidad, las organizaciones profesionales de guardias civiles denuncian su falta de medios. Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha denunciado recientemente que solo una de las cuatro embarcaciones asignadas al Servicio Marítimo estaba operativa durante los últimos desembarcos en las costas murcianas, al tiempo que reclama más personal y medios —concretamente, 700 agentes adicionales en la Región— para luchar contra las mafias que trafican con personas y drogas.

En respuesta a estas críticas, el delegado del Gobierno en la Región, Francisco Lucas, ha recordado que desde el 13 de agosto opera en aguas murcianas, con carácter exclusivo, un buque de altura de la Guardia Civil integrado en la Operación Spain 2026 de Frontex, al que se suma desde el pasado domingo una Patrullera Media de Navegación Sostenida desplazada desde Barcelona y, desde este viernes, la recuperación de la embarcación semirrígida S-40 que se encontraba en revisión. Lucas sostiene que estos refuerzos mejoran la capacidad de detección temprana, vigilancia e interceptación, pero también resultan esenciales para las operaciones de rescate, ya que las redes de tráfico de personas, cuando perciben que van a ser interceptadas, pueden arrojar al mar a los ocupantes más vulnerables.

El choque político: cuatro discursos sobre la misma costa

El Partido Popular ha convertido las llegadas de agosto en una denuncia frontal contra la gestión del Gobierno central. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras (PP), ha endurecido en los últimos días su discurso y reclama ahora que el Ejecutivo de Pedro Sánchez active “todos los medios necesarios, incluidos los militares”, para reforzar la vigilancia de las costas y ejercer un efecto disuasorio frente a las embarcaciones rápidas utilizadas por las mafias. López Miras sostiene que ya no se trata de las tradicionales pateras, sino de “narcolanchas” de hasta 1.400 caballos de potencia, tripuladas por encapuchados que, según denuncia, llegan “con total impunidad” a las playas murcianas.

El presidente regional acusa al Gobierno central de “pasividad e inacción”, habla de un “descontrol total” y advierte de que la situación “no deja de agravarse día a día”. Además del despliegue extraordinario de medios militares, ha reclamado un refuerzo urgente de la Guardia Civil, mayores recursos tecnológicos para detectar y seguir las embarcaciones en tiempo real y una mayor implicación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

La portavoz regional del PP, Miriam Guardiola, también ha reclamado la dimisión del delegado del Gobierno en Murcia al considerar que existe una incapacidad para controlar las llegadas y evitar que Murcia se convierta en una “puerta de entrada de las mafias”.

Lucas, por su parte, defiende que el Ejecutivo central está reforzando los medios disponibles en la Región y niega que exista una situación de “avalancha” u “oleada de pateras”. Además, acusa a López Miras de ofrecer una visión “distorsionada e interesada” de la situación y de utilizar políticamente un asunto que, a su juicio, requiere “compromisos serios” y coordinación entre administraciones. De hecho, Lucas ha tendido la mano al presidente autonómico para celebrar un encuentro que permita abordar de manera conjunta la respuesta ante la inmigración ilegal, petición que desde el PP han rechazado alegando que Lucas “se ha equivocado de puerta”, mientras le emplazaban “a llamar a la del ministro del Interior”.

En la línea de Francisco Lucas, el PSOE sostiene que la respuesta policial está funcionando y acusa al PP de utilizar la inmigración para generar “miedo, descontrol e inseguridad” y “alimentar discursos racistas”. La portavoz socialista Isabel Gadea ha destacado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan actualmente con las mayores plantillas de su historia

Vox adopta el discurso más duro. Su portavoz en la Asamblea Regional, Rubén Martínez Alpañez, ha reclamado más medios marítimos, la expulsión de quienes hayan entrado irregularmente y ha descrito las llegadas como una “invasión” y un supuesto “acto de guerra híbrida”.

En el caso de Podemos-Izquierda Unida, la coalición ha puesto el foco principalmente en los menores. La portavoz de Podemos, María Marín, ha acusado al Gobierno regional de no asumir adecuadamente sus obligaciones legales de acogida y ha defendido que la atención a los menores extranjeros no acompañados debe abordarse desde los derechos humanos y no como una cuestión de confrontación política. Por eso, ha reclamado al Ejecutivo autonómico que cumpla la legislación de extranjería y asuma su responsabilidad en la acogida.

¿Las costas de la Región frente a una nueva realidad?

Las operaciones policiales de junio y agosto en las costas murcianas ofrecen pruebas sólidas de la profesionalización de organizaciones criminales capaces de utilizar “embarcaciones rápidas, potentes y reutilizables, con logística de combustible, comunicaciones y vínculos con el narcotráfico”, tal y como advierten el Gobierno regional, los sindicatos policiales y colectivos del mar como la Cofradía de Pescadores de Cartagena, cuyo patrón mayor, Bartolomé Navarro, ha sido de los primeros en advertir de la “audacia y sofisticación” de estas redes criminales tras presenciar el abordaje de una lancha rápida a un pesquero en alta mar.

Es decir, las mafias están apostando por menos improvisación y más velocidad: lanchas potentes, pasajeros transportados como mercancía, desembarcos rápidos, abandono de los ocupantes y regreso inmediato de los patrones. En ocasiones, además, la misma infraestructura sirve para transportar droga en sentido contrario. Y eso plantea una pregunta mucho más compleja que “¿cuántos inmigrantes han llegado?”.

Porque, en esa batalla, la inmigración irregular es solo una parte del problema. La otra —y probablemente la más importante desde el punto de vista de la seguridad— es el crecimiento de unas redes criminales transnacionales que han convertido el Mediterráneo en una autopista para personas en situación irregular y drogas. Ahí, el Departamento de Seguridad Nacional (DNS), un órgano de asesoramiento político y técnico al servicio de la Presidencia del Gobierno y de los máximos órganos estatales en materia de seguridad, advierte en sus informes de que la Región de Murcia ya es uno de los puntos calientes de la costa mediterránea para el asentamiento de las mafias.

A mediados de junio, después de tres meses buscando, José Manuel Graiño y dos amigos dieron por hecho que habían encontrado un piso de alquiler, en Santander. Pero tras ver el anuncio, la casa, y cerrar “verbalmente ”con el propietario, “a ultimísima hora, cuando solo había que firmar, nos dijo que subía el precio, de 900 a 1.000 euros, y que teníamos que pagar un comprobante de reserva del piso”.

“Obviamente”, dice Graiño, buscaron otro piso. No estaban dispuestos a aceptar las condiciones repentinas del casero y no se lo podían permitir. Con 21 años, este estudiante de Laredo (Cantabria) está seguro de que la búsqueda de piso en 2026 para hacer cuarto año de Economía en la Universidad de Cantabria (UC), en Santander, ha sido la más complicada.

“Recuerdo que el primer año de carrera era mucho más tranquilo y había tiempo para elegir”, dice tras haber conseguido finalmente un piso al que llamaron “corriendo”, después de ver el anuncio, tras ver otros por hasta 1.100 euros, por una vivienda de 65-70 metros cuadrados, en el entorno de la UC: “Para nosotros, que somos estudiantes, es bastante el precio”, dice aunque su piso nuevo acaba el contrato en junio, “prácticamente todos son así”.

Intentos de fraude, cobros de dos meses con reserva, pisos de tres habitaciones por más de mil euros y la ya asentada idea de que hay que abandonar el piso cada junio. Las dinámicas han cambiado completamente los precios en varias provincias. La especulación inmobiliaria se ensaña cada vez más con los universitarios de otros países o llegados de otros municipios que estudian en ciudades medianas, como Santander, Murcia o La Laguna, donde los salarios son inferiores a las grandes capitales.

Los patrones de Madrid y Barcelona se reproducen en el resto de ciudades. Santander, Murcia o La Laguna “están sometidas a tensiones inmobiliarias nuevas”, analiza Miguel Díaz, investigador de la Complutense y autor del informe 'Segovia. Ciudad tensionada', elaborado por la Fundación Rosa Luxemburgo, sobre el impacto de una universidad privada en el coste del alquiler. “La problemática es que al ser ciudades de mucha menor escala, el efecto global que puede tener sobre el mercado del alquiler es mucho mayor”, explica Díaz.

Para Ignacio Ezquiaga, doctor en economía e investigador en Funcas, hay que distinguir entre el ascenso de precios de vivienda libre en venta o alquiler y el encarecimiento de la vivienda libre respecto a la renta: El primero es un proceso que en parte depende del segundo. Lo que ya es caro sube normalmente menos que lo que aún no es tan caro. Hay una tendencia a igualar la asequibilidad en el mercado libre“.

Las diferencias de precios entre grandes y pequeñas ciudades, desarrolla Ezquiaga, o entre áreas de alta y baja densidad residencial, son proporcionales a la renta. “No creo que el fenómeno actual se circunscriba a las áreas más urbanas. En el resto ocurre igual: precios no asequibles para la mayoría de los nuevos hogares potenciales (incluidos estudiantes), precarización del alquiler y retraso en la emancipación”.

Ezquiaga señala que la ventaja de ciudades medias y pequeñas “es que disponen de mayor flexibilidad para aumentar la oferta de vivienda, con nueva edificación, rehabilitación o redensificación”.

A esto Ezquiaga agrega el problema adicional del efecto huida en la España rural y de ciudades menores, “ya que sus precios, aun siendo más bajos que las áreas más tensionadas, quizá deberían ser más atractivos y asequibles para retener e incrementar población”, plantea.

Díaz, que ha analizado el caso del Instituto de la Empresa en Segovia, señala por su investigación que el precio del alquiler en esa ciudad “practicamente” se ha duplicado: “Ha sido un cambio sustancial hacia otro modelo de precios mucho más elevados, donde la oferta residencial para el alquiler de largo plazo, se ha vaciado de una manera importante”, advierte.

Santander, más de 4.000 euros por un piso

En 2026, el Gobierno de Cantabria (PP) ha financiado, por primera vez, la gratuidad de la matrícula para el curso entrante en la UC, pero solo en el primer año de grado. Para ello, ha destinado este año un monto de 1,5 millones de euros, del que se beneficiarán los empadronados en la comunidad autónoma. La sede central de la UC está en Santander que, con 176.472 habitantes, según datos del Ayuntamiento (PP), carece de una residencia universitaria pública.

Este año, la rectora de la UC, Conchi López, anunció un proyecto de residencia de 116 habitaciones para el curso 2028/2029, “en un contexto marcado por la reducción de la oferta de vivienda en Santander y el incremento de los precios del alquiler, lo que dificulta el acceso a un alojamiento adecuado”, dijo la rectora.

El modelo pensado, si sale adelante, será una concesión a 40 años a una empresa gestora, con apoyo del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento, con habitaciones a precios “asequibles”, regulados por la universidad.

Santander alberga también dos universidades privadas, Cesine y Universidad Europea del Atlántico (UneAtlántico). Hay un colegio mayor público de la UC y dos residencias privadas, una de UneAtlántico y otra llamada MiCampus, del fondo de inversión Stoneshield Capital.

Pablo Vázquez (Oviedo, 21 años) estudia periodismo y ha pasado por las dos residencias privadas de Santander. La experiencia sumada al precio le han hecho decidir que el próximo curso viajará en autobús cada día de Oviedo a Santander y vuelta. Dice que prefiere hacer cuatro horas y media al día, en el mejor de los escenarios, o hasta seis horas de viaje en autobús al día, que volver a pagar una residencia o vivir en un piso.

“Aunque mi familia se lo puede permitir”, reconoce Vázquez, “me compensa el viaje: puedo hablar de un ahorro de de 1000 euros”, respecto a las residencias, donde se gastaba -a excepción de una bonificación el primer año- por encima de 800 euros mensuales. Se muestra optimista respecto al bus por el abono transporte nacional: “Por 30 euros al mes puedo ir y volver las veces que quiera”.

Vázquez es una excepción. En su misma universidad -donde la matrícula supera los 6.000 euros-, una alumna latinoamericana cuenta bajo anonimato que este año, por primera vez, junto a sus tres compañeras de piso, han tenido que hacer tres pagos por un piso en Santander: dos meses de fianza y una reserva desde julio.

Un total de 4.350 euros por un piso de cuatro habitaciones, dos baños, cocina, sala, y trastero que sus familias pueden asumir, pero admite que son las condiciones “más caras” que ha tenido en cuatro años en la capital de Cantabria. “Es amplio”, valora esta estudiante que también aprecia que sea un contrato fijo durante dos años, frente a la tendencia de temporalidad general.

Otra alumna latinoamericana de su misma universidad, también bajo anonimato, dice que tras tres años en Cantabria puede afirmar que, cada año, “es un poco más complicada” la búsqueda de piso: “Antes pedían un mes de fianza y ahora suelen pedir más, además de gastos adicionales como la limpieza mensual”, cuenta.

Esto se traduce en que todos los pisos que ha visto para este año de dos habitaciones -tiene una compañera de piso- tienen un precio promedio mensual de temporada de 900 “o más”. Hace tres años, dice, les pedían antes un mes de fianza. “Ahora nos piden dos meses o incluso tres”, cuestiona esta estudiante.

Ibai Ruiz, de Laredo y estudiante de Ingeniería Mecánica en la UC, se fijó en esta tendencia y creó una plataforma llamada TrentiScan, con la que ganó un premio universitario, por ayudar a detectar fraudes en alquileres para estudiantes. “Con la desesperación por encontrar alojamiento, los fraudes se disparan”, cuestiona el creador de la app que ahora se llama Waybox.

“Lo que más vemos son los 'pisos fantasma': anuncios con precios algo más bajos de lo normal donde exigen pagar una fianza por adelantado para 'bloquear' la habitación antes incluso de verla. Juegan con el miedo del estudiante a quedarse en la calle”, dice Iba Ruiz sobre una ciudad que ha visto cambiar drásticamente en siete años: “Hablando con compañeros de cursos superiores, lo que en 2019 era una habitación de 200 o 250 euros, hoy roza los 400 euros y las condiciones para entrar son muchísimo más agresivas”.

La Laguna, estafas para ver pisos por 95 euros

En Canarias, al creciente precio de los alquileres se suma otra dificultad: el carácter insular del territorio. Los estudiantes que no viven en las islas capitalinas tienen que mudarse para poder ir a la Universidad e incluso los que han nacido en Tenerife o Gran Canaria se ven obligados a salir de su isla para poder cursar la carrera que quieren o a buscar un piso más cerca de las facultades y sortear así el colapso diario de las carreteras.

La Universidad de La Laguna (ULL), en Tenerife, es la más antigua de Canarias, con más de 200 años de historia. En la isla hay dos universidades privadas, pero ninguna ofrece formación presencial en La Laguna. Por un lado está la Tecnológica de las Islas Canarias (TECH), donde la formación es completamente digital, y por otro la Universidad Europea, con un campus en La Orotava y otro en la capital, Santa Cruz de Tenerife.

Así, la ULL ha hecho que La Laguna (161.091 habitantes) se consolide con los años como la ciudad universitaria por excelencia del Archipiélago. Sin embargo, ahora corre el riesgo de perder el título ante las dificultades crecientes a las que se enfrentan los universitarios para encontrar dónde vivir durante el curso. Alquilar una habitación cuesta a los jóvenes entre 300 y 450 euros, a pesar de que Canarias es una de las comunidades autónomas más empobrecidas del país, con un 31,2% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social.

El precio no es el único problema. También lo es la falta de pisos. “Es muy difícil encontrar uno a un precio razonable y en un lugar adecuado”, cuenta Alejandra Ramírez. Ella es de Gran Canaria, pero estudia Psicología en la ULL porque en su isla, la universidad pública no oferta el Grado.

El miedo a no tener dónde residir durante el curso lleva a los jóvenes a caer en estafas y a pagar precios desorbitados por una habitación. “Se aprovechan para ofrecer pisos muy antiguos por precios muy altos. A mí me estafaron 95 euros. Mi amiga y yo teníamos que hacer una reserva para poder ver un piso y cuando llegamos allí, el piso no existía”, cuenta Ramírez.

Los centros de alojamiento públicos que ofrece la ULL también se han quedado pequeños. La Universidad cuenta con tres colegios mayores y una residencia, que suman un total de 541 habitaciones entre individuales, dobles y adaptadas. Según los datos publicados por el centro, hasta el momento se han matriculado para el próximo curso 17.452 personas. La Laguna también cuenta con una residencia privada, la Residencia Universitaria Nazaret, de carácter religioso y solo para mujeres.

En enero de este año, la ULL presentó una iniciativa para construir 50 plazas de estudiante con una construcción basada en un sistema industrializado. Las plazas alojativas no estarán disponibles este curso, ya que según ha explicado la institución a esta redacción, acaban de recibir el proyecto.

Murcia, un 16% de oferta contra un 58% de demanda

Para María Dolores, estudiante de tercero de Bellas Artes en la Universidad de Murcia, el verano ha sido un sinvivir frente a la pantalla del ordenador buscando una habitación que le permita seguir estudiando en la capital sin que el alquiler se lleve buena parte del presupuesto familiar.

Una presión que se ha intensificado en los últimos años. En el primer trimestre de 2026, la oferta de habitaciones en Murcia aumentó un 16% respecto al año anterior, pero la demanda lo hizo un 58%. El precio medio se sitúa ya en 300 euros mensuales. Eso convierte una habitación en un piso compartido —la opción que tradicionalmente permitía abaratar el coste de estudiar fuera de casa— en un gasto que supera fácilmente los 3.000 euros anuales, a los que hay que sumar alimentación, transporte, matrícula, material académico y pago de suministros.

Murcia, con 479.471 habitantes según el censo, cuenta fundamentalmente con dos grandes universidades en su entorno inmediato: la Universidad de Murcia (UMU), pública, y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), privada. La primera supera los 30.000 estudiantes, mientras que la segunda cuenta con más de 22.000 alumnos en programas de grado y posgrado.

En Murcia, el precio medio de una habitación alcanzó los 300 euros mensuales en el primer trimestre de 2026, según el portal especializado Idealista. Una cifra que se mantiene estable respecto al año anterior pero que acumula un incremento del 34% en cinco años: de unos 223 euros en 2021 a los 300 actuales.

El mercado actual ofrece, no obstante, una horquilla más o menos amplia. En los anuncios consultados recientemente aparecen habitaciones desde alrededor de 230 euros, especialmente en zonas periféricas, hasta 350, 390 euros o más en viviendas mejor ubicadas o equipadas. La ubicación pesa. También el estado de la vivienda, el número de personas que comparten baño, si los suministros están incluidos y, cada vez más, la distancia al tranvía o a los campus.

Álvaro, estudiante de 21 años procedente de Albacete, lleva dos cursos compartiendo piso en Murcia. El primer año pagaba 250 euros por la habitación. Para este curso, su casero le anunció a él y a sus otros tres compañeros de piso que el precio subía, de golpe, a los 315 —lo que supone unos ingresos mensuales para el propietario de 1.260 euros—, sin contar luz, agua ni Internet: “Cuando hicimos cuentas, la habitación se nos iba a los 370 al mes a cada uno, pero hemos preferido asumir la subida impuesta por el propietario antes que jugárnosla tal y como está la cosa”, relata.

Es lo que le pasó a Lucía, de 23 años, nacida en la localidad costera de Águilas. A mitad de curso se vio en la necesidad de salir del piso que compartía en Murcia con otras dos chicas por la pésima relación que mantenía con ellas, con denuncias por agresiones de por medio. “Encontré una habitación, pero me dijeron que había otras cuatro personas interesadas y que, si quería reservar, tenía que transferir 500 euros ese mismo día. Pedí ver el contrato y me dijeron que lo enviarían después”. Lucía, que asegura sentirse “desesperada”, realizó el trato por WhatsApp y efectuó el ingreso de la “reserva”. Resultó una estafa.

María Dolores procede de Purias, una pedanía del municipio de Lorca situada a poco más de 70 kilómetros de la capital regional. Una distancia que, en coche, se completa en unos 51 min por la Autovía del Mediterráneo (A-7). Ella no dispone de vehículo propio y la utilización del transporte público no es una alternativa para evitar el traslado temporal de su residencia a Murcia, porque le obligaría a emplear unas 5 horas diarias en viajes en autobuses y tranvías —el servicio de trenes de Cercanías entre Murcia y Lorca lleva suspendido desde octubre de 2021debido a las obras del AVE—, entre ida y vuelta.

Así que empezó a buscar piso en junio. “Pensaba que lo conseguiría pronto, pero muchas habitaciones ya estaban reservadas. Los que encuentro por 250 o 270 euros están muy lejos o están compartidos por muchas personas y tienen solo un baño. Y si pago 350 euros más gastos, mis padres no saben si podrán mantenerlo todo el curso”, explica. “Tengo otros dos hermanos que vienen detrás de mí. No me parecería justo comprometer los ahorros que ellos han previsto también para sus estudios, así que no sé lo que haré al final, pero entre las opciones está dejar la carrera”, reconoce a pocas semanas de que empiece el nuevo curso académico.

En Los Mateos, un barrio popular de Cartagena, en la Región de Murcia, la contaminación no es un recuerdo del pasado industrial de la ciudad portuaria, sino una realidad muy presente. Para los vecinos que viven junto a la Unidad de Actuación número 1 (UA1), se traduce en polvo tóxico que entra por las ventanas de sus casas y en una sucesión de denuncias y promesas de descontaminación que se prolonga desde hace años.

La situación ha enfrentado a residentes y administraciones y ha convertido la parcela municipal afectada en el epicentro de una batalla vecinal por la salud, la transparencia y el derecho a vivir sin miedo.

El terreno en cuestión fue adquirido en 2023 por el Ayuntamiento de Cartagena para construir 40 viviendas sociales que pretendían ser financiadas con fondos europeos Next Generation. Entonces aún no era de dominio público la existencia de informes previos a la compra que advertían de niveles de plomo, cadmio, mercurio o arsénico, procedentes de antiguos usos industriales y vertidos en la zona, hasta 2.600 veces superiores a los niveles de referencia. Pero el Ayuntamiento de Cartagena sí lo sabía. Y el Gobierno regional de Fernando López Miras, también.

Es lo que aseguran los vecinos que, en 2025, accedieron a documentación técnica que revelaba que la Administración local —entonces, como ahora, bajo el Gobierno de la popular Noelia Arroyo— y la autonómica, conocían la situación antes de la adquisición.

Plomo en la sangre analizada de todos los vecinos

La Plataforma Suelos Contaminados de Cartagena, el colectivo Afectados y afectadas por la contaminación de la UA1-Los Mateos y la Asociación de Vecinos del Sector Estación, trabajan conjuntamente desde hace años para que se haga valer la protección de la salud de los vecinos. El portavoz de esta última, Fulgencio Sánchez, ha asegurado a elDiario.es Región de Murcia que “pese a los numerosos escritos y solicitudes de acceso a la información pública ambiental presentados, jamás se advirtió a los vecinos de los riesgos existentes”. “El oscurantismo ha sido total. No hemos sido informados ni protegidos, mientras el Ayuntamiento y la Dirección General de Medio Ambiente disponían desde 2023 de informes que documentaban concentraciones extraordinariamente elevadas de metales y metaloides —elementos químicos con propiedades intermedias entre los metales y los no metales— con potencial tóxico y cancerígeno para los residentes de las viviendas del entorno inmediato”, asegura Sánchez.

Como el resto de los vecinos, él se enteró de que vivía junto a acopios de tierra contaminada en 2025. “Durante todo ese tiempo seguimos viviendo junto a la parcela sin conocer a lo que estábamos expuestos. Hoy, esos contaminantes también están dentro de nuestras viviendas”, denuncia.

Ante la falta de información por parte de las administraciones públicas, los vecinos han encargado análisis de la tierra y el polvo doméstico que arrojan cantidades escalofriantes: 8.370 miligramos de plomo por kilo de tierra seca (mg/kg), cuando los valores normales no deben superar los 43 mg/kg; 78 mg/kg de cadmio, cuando en suelos no contaminados este valor debe ser inferior a 0,6 mg/kg; 56,3 mg/kg de arsénico, cuando no debería superar los 12 mg/kg; 53,9 mg/kg de antimonio, cuando no es aceptable un valor superior a 1 mg/kg; y 7,3 mg/kg de mercurio, cuando en España la normativa fija el límite permitido en 1,4 mg/kg.

Según los informes solicitados por los afectados a laboratorios independientes, el polvo que entra en sus viviendas y respiran cada día entraña “riesgos no aceptables” tanto de carcinogénesis (mutación de células normales en cancerosas) como de toxicidad para órganos vitales como riñones, hígado o cerebro. Un riesgo que es especialmente grave para la población infantil.

Los afectados han solicitado en numerosas ocasiones que desde el sistema público de salud se hicieran análisis rutinarios a las personas expuestas. Ante la negativa, algunos vecinos han accedido a ser biomonitorizados con cargo a su propio bolsillo. El resultado de sus análisis es demoledor: se han detectado valores elevados de plomo en la sangre de todos los residentes analizados, incluido un valor de 12,0 microgramos por decilitro (µg/dL) en un menor. A partir de 3.5 μg/dL se considera un nivel elevado y de alerta para la salud.

Amianto: una preocupación añadida

Al problema de los metales pesados se ha añadido recientemente el descubrimiento de otro especialmente peligroso, el amianto, que ha elevado todavía más la preocupación en el barrio.

Según la documentación aportada por los afectados, el 3 de febrero de 2026 quedó confirmada analíticamente la presencia de amianto crisotilo en materiales de la UA1. Los vecinos reclaman que se determine con claridad si se ha producido dispersión de fibras de asbesto fuera del foco localizado y cómo se ha controlado su posible mezcla con polvo y tierras.

Al respecto, Fulgencio Sánchez recuerda que el amianto es un agente cancerígeno “y seguimos sin conocer si se ha investigado de forma suficiente si lo estamos respirando”. Para el portavoz vecinal, “pedimos algo tan sencillo como poder estar en nuestras casas sin miedo al polvo que entra por las ventanas”, señala. Sánchez lamenta no haber recibido “una información preventiva clara y comprensible sobre la peligrosidad de los residuos ni sobre cómo proteger a nuestras familias”.

Los afectados no hablan de un miedo abstracto. En una sola calle del barrio hay actualmente siete personas con cáncer, algunas en tratamiento oncológico y otras en cuidados paliativos, además de vecinos con otras enfermedades graves. “Somos conscientes de que cada enfermedad tiene su historia clínica, pero la exposición que sufrimos a una contaminación conocida desde hace años y la falta de una protección eficaz, hacen que no podamos contemplar estos hechos por separado”, dice Sánchez.

El origen de la contaminación

Para entender qué ocurre hoy en Los Mateos hay que retroceder hasta finales del siglo XX. El origen del problema está en una finca prácticamente colindante, El Hondón, uno de los grandes espacios industriales de Cartagena donde se fabricaban fertilizantes y otros productos químicos que aún hoy siguen contaminando la tierra y el aire.

En estos terrenos profundamente alterados por décadas de actividad química, las fábricas, entonces en manos del grupo Ercros, cerraron definitivamente a finales de 2001. Documentos a los que ha tenido acceso elDiario.es Región de Murcia describen que allí quedaron siete balsas y once acopios de residuos, entre ellos lodos de fosfatos con radionucleidos naturales y residuos procedentes de metales pesados.

Entre 2003 y 2004, Ercros se desprendió de los terrenos de su antigua factoría a dos empresas —Landscape y Construcciones Reyal— interesadas en su transformación urbanística. El Plan Parcial del Sector El Hondón, aprobado definitivamente en 2008, afectaba a unos 975.000 metros cuadrados y contemplaba un desarrollo residencial de gran dimensión, junto a zonas verdes, equipamientos y nuevas infraestructuras. La planificación llegó a prever alrededor de 5.400 viviendas, de las que unas 540 serían protegidas.

Sobre el papel, El Hondón estaba llamado a convertirse en una nueva pieza de la expansión urbana de Cartagena. El problema era que debajo de ese futuro barrio seguían estando los residuos de la antigua industria.

La crisis del ladrillo del 2008 provocó la quiebra de las empresas propietarias de los terrenos de El Hondón, que los terminaron perdiendo. Hasta que, en junio de 2018, con Ana Belén Castejón como alcaldesa de Cartagena por el PSOE, el Consistorio dio un paso decisivo para retomar la operación urbanística y acordó comprar a Solvia —inmobiliaria bajo el amparo del Banco Sabadell para gestionar sus activos adjudicados— una parcela de 180.821,55 metros cuadrados por 500.000 euros. Con la adquisición, el Ayuntamiento pasaba a controlar aproximadamente el 75% de los terrenos de El Hondón. Aquello se presentó como una oportunidad para desbloquear el desarrollo de una de las principales bolsas de suelo de Cartagena. Pero un suelo que seguía estando envenenado.

Una descontaminación que acabó en los tribunales

En 2019, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia inició la declaración de El Hondón como suelo contaminado y señaló a Ercros como responsable, a la que exigió la limpieza y recuperación del emplazamiento. Como responsables subsidiarios quedaron también los propietarios, entre ellos el Ayuntamiento de Cartagena.

Ercros recurrió la decisión y la batalla llegó a los tribunales. En septiembre de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia desestimó el recurso de la compañía y avaló la declaración de suelo contaminado. Dos meses después, el mismo tribunal volvió a dar la razón a la Administración al rechazar otro recurso de Ercros contra los requerimientos para modificar el proyecto de remediación. La sentencia establece que la recuperación debe abordar los residuos industriales y contempla su retirada o, cuando proceda, su confinamiento, antes de considerar resuelto el problema.

La disputa no se ha limitado a cómo descontaminar, sino también a quién debía pagar. Ercros recuerda que el Ayuntamiento es el propietario mayoritario del suelo de El Hondón y que en su día dedujo del precio de compra más de diez millones de euros, precisamente para hacerse cargo de la descontaminación que ahora se reclama a la empresa; el Consistorio, por su parte, mantiene que debe aplicarse el principio de que “quien contamina, paga”.

La gran pregunta que queda pendiente es quién asumirá al final los costes de descontaminación, cómo se hará y cuánto tiempo más tendrá que esperar Cartagena para que un antiguo espacio industrial deje de ser también un problema ambiental.

¿Qué se sabía de la contaminación en Los Mateos?

En el caso de Los Mateos, a escasos 200 metros de El Hondón, la parcela fue adquirida en junio de 2023 por la sociedad municipal Casco Antiguo de Cartagena. Los terrenos pertenecían a Técnica de Inversiones Gamma S.L., una promotora vinculada a la familia del empresario cartagenero Mariano Roca, fallecido ese mismo año. La intención del Ayuntamiento era destinarla a la construcción de 40 viviendas sociales gracias a una subvención europea (a la que, finalmente, el consistorio ha tenido que renunciar).

Unos meses antes de la compra, en marzo de 2023, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) elaboró un estudio de caracterización de ese suelo, cuyos resultados mostraban concentraciones muy elevadas de determinados tóxicos. Concretamente, valores de cadmio, plomo, mercurio y arsénico muy superiores a los umbrales de referencia establecidos para la contaminación de suelos en la Región de Murcia.

Dos meses después, en mayo, otro informe elaborado por la consultora Hera Holding para el Ayuntamiento concluyó que los residuos existentes en la parcela suponían un “peligro no aceptable” para la salud de los vecinos de las viviendas colindantes, según la información publicada sobre el expediente.

Es decir, cuando el Ayuntamiento tomó la decisión de adquirir los terrenos, ya disponía de información que apuntaba a la existencia de un problema ambiental de considerable magnitud. Y aun así, compró.

200.000 euros de descuento

La adquisición se cerró finalmente por 437.279 euros más IVA. La diferencia respecto a los 637.279 euros inicialmente previstos —200.000 euros— correspondía a la cantidad que el Ayuntamiento estimó necesaria para hacer frente a la descontaminación.

El propio Consistorio defiende que esa cantidad se calculó mediante informes técnicos municipales y que el precio pagado estaba respaldado por tasaciones oficiales. En septiembre de 2025, Casco Antiguo aseguró que el precio de adquisición fue de 269,38 euros por metro cuadrado, inferior a los 414,66 euros por metro cuadrado por los que el Ayuntamiento había vendido en 2008 su 10% del aprovechamiento urbanístico en esa misma unidad de actuación.

Pero existe otro dato que ha alimentado la controversia. Un informe de Hera Holding fechado el 1 de junio de 2023, apenas una semana antes de la compraventa, habría estimado en torno a 540.000 euros el coste necesario para la descontaminación.

Ahí aparece una de las preguntas clave: si los responsables municipales conocían una estimación de descontaminación sustancialmente superior a los 200.000 euros descontados del precio, ¿por qué se utilizó esta última cifra?

El Ayuntamiento mantiene que la primera estimación técnica disponible era de unos 200.000 euros y que la evolución posterior del proyecto explica el incremento del presupuesto.

Descontaminar, pero ¿cómo?

El Ayuntamiento sostiene que, una vez frustrado el proyecto de construcción de las viviendas, puso en marcha la descontaminación de la parcela. La obra fue finalmente adjudicada en octubre de 2025 a Jumabeda S.L., única empresa que presentó oferta, por 434.985,14 euros, frente a un presupuesto de licitación de 535.273,60 euros.

Pero el inicio de los trabajos abrió otro frente de conflicto. En febrero de 2026, la Guardia Civil comenzó a investigar, a través del Seprona, si los trabajos se estaban realizando conforme a la normativa ambiental, después de denuncias relacionadas con la actuación sobre el terreno.

Al respecto, Antonio Fernández, otro portavoz vecinal, explica que la autorización del Ayuntamiento para la retirada de residuos peligrosos de la parcela municipal, “no puede convertirse en una autorización para que nuestras casas se llenen de polvo que contiene sustancias tóxicas y cancerígenas y contaminen los lugares donde vivimos, dormimos y crecen nuestros hijos”.

Para este vecino, lo más difícil de aceptar es que muchas de las medidas para evitar esta exposición estaban previstas en la propia documentación de la obra, como la humectación y nebulización del terreno, el control del viento y la paralización de trabajos en condiciones desfavorables, la cubrición e impermeabilización de acopios, la limpieza de ruedas y viales, el control de lixiviados y de las aguas de contacto, el confinamiento perimetral y la vigilancia ambiental. Sin embargo, asegura que los vecinos han documentado repetidos episodios “en los que estas medidas no se aplicaban de forma efectiva o suficiente”.

Una operación urbanística en manos de Anticorrupción

En 2025, la Plataforma de Suelos Contaminados de Cartagena presentó una denuncia contra la alcaldesa Noelia Arroyo, la entonces responsable de Urbanismo y ex alcaldesa Ana Belén Castejón y otros miembros del consejo de administración de Casco Antiguo que participaron en la decisión de la compra de la parcela en Los Mateos.

La denuncia planteaba posibles delitos de prevaricación, malversación y delitos relacionados con el medio ambiente y la salud de las personas. En agosto de ese mismo año el Juzgado de Instrucción número 2 de Cartagena admitió la denuncia. Meses después, en diciembre, la magistrada decidió elevar las actuaciones a la Fiscalía Anticorrupción y a la Fiscalía de Medio Ambiente para que elaboren un informe previo sobre la posible relevancia penal de los hechos.

Mientras tanto, los vecinos que siguen viviendo al otro lado de la valla siguen a la espera de saber por qué una parcela que los informes técnicos describían como problemática terminó siendo adquirida para construir viviendas; qué ocurrió antes de la compra, qué se sabía, quién tomó las decisiones y cómo se protegió —o no— a quienes vivían junto al terreno. Piden que se explique por qué se descontaron 200.000 euros del precio cuando existía, según la documentación publicada, una estimación de 540.000 euros para la descontaminación. Y, sobre todo, necesitan garantías de que la propia limpieza no generará nuevos episodios de exposición; de que van a dejar de respirar veneno.

El pasado 23 de julio, el termómetro alcanzó los 44,7 grados en Caravaca de la Cruz y 44,5 en Zarcilla de Ramos, en Lorca. No se trata de una previsión ni de una estimación: son datos oficiales de la AEMET que dan muestra de la severidad con la que el calor aprieta en el verano murciano. Ese asfixiante día, el Ayuntamiento de Murcia también activó su Plan de Emergencia Municipal ante el aviso rojo por temperaturas que alcanzaron valores peligrosos para la salud.

El problema no es únicamente superar los 40 grados. Es hacerlo cada vez con mayor frecuencia y durante episodios que pueden prolongarse varios días; con noches tropicales (por encima de los 20 grados), cuando no tórridas (por encima de los 25), en las que el cuerpo apenas tiene oportunidad de recuperarse. Y el calor puede costar vidas. Según el sistema español de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo), el pasado julio acabó con la vida de 35 personas en la Región de Murcia.

¿Las más vulnerables? Personas mayores, menores, las que padecen enfermedades crónicas, las que no tienen hogar y las que habitan viviendas mal aisladas o no pueden permitirse climatizarlas y, por tanto, soportan una exposición muy distinta a la de quienes disponen de aire acondicionado y recursos para escapar del calor.

Por eso las ciudades han empezado a crear una nueva infraestructura urbana: los refugios climáticos. Y sí, también en los municipios de esta comunidad autónoma las administraciones están habilitando este tipo de espacios para refugiarse del calor extremo. El problema es que la mayoría bajan la persiana precisamente cuando más falta hace. Es la paradoja murciana y revela una contradicción difícil de ignorar.

¿Qué es un refugio climático?

Una persona joven, sana y con una vivienda bien climatizada afronta un episodio de calor extremo de un modo radicalmente distinto que una persona mayor que vive sola, alguien con una enfermedad crónica, un niño pequeño, una persona sin hogar o una familia que no puede asumir el coste de mantener el aire acondicionado encendido durante horas. Cuando no todo el mundo puede convertir su vivienda en un refugio cuando el calor se vuelve insoportable, los refugios climáticos aparecen como una solución pública y gratuita.

La propia red municipal de Murcia —que los presenta como una medida de adaptación al calentamiento global— los define como espacios accesibles con una temperatura confortable, destinados a proporcionar descanso y seguridad durante episodios meteorológicos extremos, especialmente a colectivos vulnerables. Pueden ser interiores —bibliotecas, museos, edificios municipales o centros culturales— o exteriores, como parques y jardines con abundante vegetación, sombra y agua.

La idea es sencilla: si la ciudad se convierte temporalmente en un entorno hostil por el calor, debe existir una red de lugares donde la población pueda protegerse. Una solución que tiene que estar pensada desde la perspectiva de quien necesita utilizarla: ¿Está cerca? ¿Se puede llegar andando? ¿Tiene sombra el trayecto? ¿Está climatizado? ¿Hay agua? ¿Puede acceder una persona con movilidad reducida? ¿Está abierto por la tarde? ¿Y el fin de semana?

Porque, sobre todo, para que esos refugios sean realmente útiles deben cumplir una regla básica: tienen que estar operativos.

30 de 48 refugios, cerrados todo agosto

El Ayuntamiento de Murcia dispone actualmente de 94 refugios climáticos distribuidos por barrios y pedanías. Son bibliotecas, centros culturales, edificios municipales, jardines y otros espacios públicos que ofrecen condiciones más confortables durante los episodios de temperaturas extremas. La localización puede consultarse a través de la aplicación ‘TuMurcia’, habilitada por el consistorio.

La investigación realizada para este reportaje ha puesto el foco en 48 de esos recursos y ha revisado sus horarios y periodos de cierre. El resultado es revelador: 30 de ellos permanecen cerrados durante todo agosto.

Once de estos espacios son bibliotecas. Diez cierran durante todo agosto. Entre ellas figuran las de El Palmar, El Carmen, Santiago el Mayor, San Basilio, El Raal, El Puntal, Guadalupe, Javalí Nuevo, La Ñora y Sangonera la Verde. Solo una de las bibliotecas analizadas, la de Puente Tocinos, permanece abierta de lunes a viernes durante agosto, pero solo de 9 a 14 horas.

La situación se repite, de forma todavía más contundente, en los centros culturales de las pedanías. La base de datos recoge 20 centros culturales. Diecinueve permanecen cerrados durante todo agosto. Es el caso de Javalí Nuevo, Javalí Viejo, Valladolises, Llano de Brujas, El Raal, San Pío X, Guadalupe, La Raya, La Alberca, Zeneta, Los Ramos, Churra, Monteagudo, El Esparragal, La Arboleja, La Albatalía, Puebla de Soto, Zarandona y Santiago y Zaraiche. La excepción, el Centro Cultural de Corvera, también permanece cerrado durante la mayor parte de agosto, pero recupera la actividad el día 29.

De entre los espacios que sí mantienen actividad, los museos presentan mayor continuidad, aunque con limitación de horarios. La Cárcel Vieja abre durante agosto en horario de mañana, aunque permanece cerrada la semana del 12 al 18. El Espacio Molinos del Río funciona de lunes a viernes por la mañana. El Museo de la Ciencia y el Agua mantiene su apertura matinal. El Palacio Almudí abre de lunes a viernes y el Teatro Romea mantiene actividad en algunos días concretos. El Teatro Circo, sin embargo, aparece como cerrado durante agosto.

Los mercados de abastos mantienen, según la investigación, sus horarios habituales de lunes a sábado, lo que convierte a estos espacios en uno de los recursos con mayor continuidad durante el mes.

El problema, por tanto, no es que Murcia carezca de refugios. Es que una parte importante de ellos no está operativa cuando más falta hace.

Murcia y la paradoja del mes más caluroso

Que una biblioteca o un centro cultural cierren en agosto no es extraño. La contradicción aparece cuando esos mismos espacios son presentados como parte de una red de protección frente a temperaturas extremas y permanecen cerrados durante el mes central del verano. La lógica impone que si un edificio cumple una función de protección climática, su calendario responda también al calendario del riesgo climático. Especialmente, cuando agosto es uno de los meses críticos del verano murciano y, precisamente, la población vulnerable no suele marcharse de vacaciones.

Por eso la eficacia de una red de refugios no puede medirse únicamente por el número que aparece en un mapa, si no por cuántos están abiertos y son verdaderamente útiles cuando el termómetro aprieta. elDiario.es Región de Murcia ha pedido al equipo de Gobierno municipal de Rebeca Pérez (PP), una valoración respecto a esta investigación. Aún no ha sido proporcionada.

Pero no todo son malas noticias. La capital regional se ha sumado recientemente a HEATSAFE, un proyecto europeo del programa Interreg Euro-MED cuyo objetivo es mejorar la capacidad de las ciudades mediterráneas para prevenir y gestionar los riesgos del calor extremo. También desarrolla desde 2017 el Plan Sombra, destinado a instalar pérgolas y elementos de sombra en patios escolares y en el que se han invertido ya más de 1,7 millones de euros.

Cartagena: tres fuentes para un cuarto de millón de personas

En el caso de Cartagena, su ayuntamiento también ha optado por unirse a las estrategias de adaptación en las que trabaja el proyecto europeo HEATSAFE. El consistorio de la ciudad portuaria trabaja en la identificación de zonas especialmente vulnerables en los barrios más expuestos y recuerda a vecinos y visitantes que “cualquier edificio municipal abierto al público puede utilizarse para resguardarse temporalmente de las altas temperaturas, descansar unos minutos o solicitar ayuda en caso necesario”.

Las mismas fuentes municipales también aseguran que Cartagena “dispone de fuentes de agua fría” para facilitar la hidratación de la población. Sin embargo, este recurso básico para prevenir la deshidratación y los golpes de calor no parece demasiado ajustado a las características de la ciudad: con 222.559 habitantes y una previsión de llegada de 32.004 cruceristas este agosto —sin contar con los turistas que llegarán por otros medios—, esas “fuentes de agua fría” se limitan a tres. Son las ubicadas en la Plaza Juan XXIII, en la calle Alfonso XII, junto a la Oficina de Turismo, y en las llamadas Puertas de Madrid, al lado de la parada de taxis.

Desde la oposición al Gobierno municipal de Noelia Arroyo (PP), la concejala del partido local Movimiento Ciudadano de Cartagena, Mercedes Graña, califica de “incomprensible” que el ayuntamiento “no garantice algo tan elemental como el acceso a agua potable refrigerada en los espacios escolares”. Esta redacción está a la espera de respuesta de si el ejecutivo local tiene previsto ampliar el número de fuentes públicas en la ciudad e incluirlas en las escuelas.

El factor político: negacionismo que limita la adaptación al calor

La adaptación de las ciudades también tiene una dimensión política. La Región de Murcia no iba a ser una excepción, y aquí Vox también mantiene una posición abiertamente crítica respecto al calentamiento global y sus efectos. En 2020, cuando el Gobierno de López Miras declaró la emergencia climática y ambiental, Vox Murcia anunció que no apoyaría la medida, que calificó de “trampa ideológica”, y exigió dejarla sin efecto.

Cabe recordar que el Partido Popular, que no cuenta con mayoría suficiente, necesita a Vox para sacar adelante los presupuestos autonómicos. Precisamente, el acuerdo para aprobar los de 2025, actualmente prorrogados, incluyó puntos de condena al Pacto Verde Europeo. Y muchas de las mociones impulsadas por Vox y apoyadas por el PP en la Asamblea Regional de Murcia suponen recortes o limitación de fondos destinados a planes de transición ecológica y cambio climático.

Así que parece legítimo preguntarse sobre las consecuencias de que una formación imprescindible para la mayoría parlamentaria regional cuestione el marco de políticas climáticas en el que se apoyan los programas de adaptación de las ciudades al calor, que requieren inversión: la necesaria para plantar árboles, crear sombras, renaturalizar plazas, rehabilitar viviendas, mejorar el aislamiento, climatizar edificios públicos, instalar fuentes, adaptar colegios y crear sistemas de atención para las personas más vulnerables. Medidas de adaptación climática que, quizás, hubieran podido salvar alguna de esas 35 vidas que el calor extremo segó hace solo unas semanas en la Región.

Hay palabras que terminan diciendo demasiado poco. Mena es una de ellas. Cuatro letras que aparecen a diario en el debate político, en los titulares y en las redes sociales y que, sin embargo, pueden acabar ocultando quiénes hay detrás: menores de edad. Un acrónimo que no explica de dónde vienen, qué dejaron atrás ni qué esperan encontrar al llegar a España. Tampoco cuenta el miedo de cruzar el mar siendo adolescente, la incertidumbre de desembarcar en un país desconocido o la dificultad de empezar de nuevo cuando todavía no se ha terminado de crecer.

Ibrahim conoce bien esa sensación. Llegó a España con 15 años, solo y después de cruzar el Mediterráneo en patera. En la ciudad marroquí de Beni Melal, situada entre el Atlas Medio y la llanura de Tadla, en el centro del país, quedaron sus padres y hermanos. Aquí, para recibirle, ni un solo adulto de referencia. “Durante la travesía no dejaba de pensar en qué me iba a ocurrir cuando pusiera los pies en tierra”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia.

Ahora es mayor de edad y trabaja como barbero en el municipio murciano de Molina de Segura. Cuando mira atrás, recuerda sobre todo el miedo de aquellos primeros momentos y “la sensación de encontrarme por primera vez en la vida completamente solo y en un lugar desconocido del que no sabía más palabras que la alineación del Barça”, sonríe. La historia de Ibrahim ayuda a entender qué hay detrás de la etiqueta que domina buena parte de la discusión política.

La última crisis migratoria —y humanitaria— de Ceuta, en la que según la ONG Caminando Fronteras al menos 141 personas han muerto ahogadas en el mar, ha vuelto a poner el foco sobre un sistema de protección que las comunidades autónomas reclaman reforzar. En la Región de Murcia, el Gobierno autonómico advierte de que sus recursos están tensionados y pide más financiación y coordinación al Estado.

Pero el debate se desarrolla en un clima político cada vez más áspero. Vox ha convertido la acogida de menores extranjeros no acompañados en uno de los principales ejes de su discurso migratorio en la Región. Desde su reclamación de que los centros de acogida para menores “se abran en Marrakech, no en la Región de Murcia”, hasta pedir para ellos “el billete de vuelta”, los representantes de Abascal en esta comunidad autónoma —como en otras— estigmatiza a la infancia vulnerable, llegando a pedir el abandono de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Entrar en el sistema de protección

En Murcia, como en el resto de comunidades autónomas, la llegada de un menor extranjero no acompañado activa un sistema que pertenece al ámbito de la Protección a la infancia, no al de Extranjería. Cuando un adolescente es localizado sin referentes familiares, la Administración autonómica asume su tutela y debe garantizar alojamiento, alimentación, educación, asistencia sanitaria, apoyo psicológico y acompañamiento hasta la mayoría de edad.

Pero para quien acaba de llegar, el procedimiento administrativo es solo una parte de la historia. Ibrahim recuerda que, después de la travesía en patera, la primera parada fue la del auxilio inmediato, a cargo de Cruz Roja: “Me dieron una manta, zumos y un bocadillo que me comí mientras no paraba de llorar”, recuerda este joven. Luego pasó por un proceso de identificación, valoración de la edad y una revisión médica antes de ser trasladado a un recurso residencial más estable. En su caso, el centro de menores tutelados Rosa Peñas, en la pedanía murciana de Santa Cruz.

Ahí empezó una etapa que —cuenta— le “cambió la vida”: “Me preparó para tener las oportunidades que no existían para mí en mi pueblo”. Allí aprendió castellano, normas de convivencia, a recuperar rutinas y a compartir espacios. Retomó los estudios y aprendió el oficio del que hoy vive.

Un camino en el que fueron básicos educadores y trabajadores sociales, psicólogos, personal sanitario y profesionales de formación e inserción laboral que forman parte de los equipos que acompañan a estos adolescentes. El objetivo, al menos sobre el papel, no es únicamente protegerlos durante unos meses. Es prepararlos para cuando dejen de estar bajo tutela.

Una discusión política que deja poco espacio para sus historias

Según la capacidad ordinaria fijada por el Estado para los sistemas autonómicos de protección, a la Región de Murcia le correspondían 517 plazas de referencia en el momento en que se elaboró el artículo. En junio de 2026 el Gobierno central actualizó esa capacidad y fijó para Murcia 553 plazas.

La cifra se ha convertido en uno de los puntos de fricción entre Murcia y el Gobierno central. El Ejecutivo autonómico reclama que se tenga en cuenta la ocupación real de los recursos, el coste de la atención y la presión que soporta la Región por las llegadas directas y las derivaciones. Una confrontación política que se produce mientras el sistema intenta atender a adolescentes que, como Ibrahim, no tienen capacidad para resolver por sí mismos buena parte de los problemas a los que se enfrentan.

Solo durante el mes de julio llegaron a la Región 132 menores por vía marítima, a los que se suman los derivados por el Gobierno central desde Canarias y Ceuta y los trasladados al antiguo Hospital Naval de Cartagena. Este centro, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, alberga a más de un millar de menores, pese a que su capacidad inicial era de 600 personas.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, ha advertido de que la Región no puede asumir más menores migrantes no acompañados y reclama mayor coordinación e información previa entre administraciones.

Vox va más allá. La formación rechaza frontalmente la acogida y defiende el retorno de los menores a sus países de origen, mientras les criminaliza vinculando el debate migratorio con la seguridad o les culpa de las dificultades del acceso de los españoles a los servicios públicos, como la sanidad.

En ese escenario, el término “mena” corre el riesgo de convertirse en el protagonista de una discusión en la que los propios menores apenas tienen voz.

Youssef, Mamadou e Ibrahim: tres historias detrás de una etiqueta

Como Ibrahim, Youssef también salió de Marruecos siendo apenas un niño. Su objetivo era trabajar y ayudar económicamente a su familia. Igual que el de Mamadou, que llegó a las costas de Águilas desde su Senegal natal después de cruzar varias fronteras. El viaje fue tortuoso y todavía sufre sus consecuencias: unas terribles pesadillas relacionadas con lo vivido durante el camino.

Tres historias diferentes y un punto en común: ninguno de ellos llegó a España con la vida resuelta. Los profesionales que trabajan con estos jóvenes insisten precisamente en esa idea. “Son adolescentes. Tienen las mismas preocupaciones que cualquier joven: estudiar, hacer amigos, encontrar un trabajo, independizarse…”, explica una trabajadora de la Fundación Diagrama.

La organización gestiona programas de inserción para menores extranjeros no acompañados y distintos recursos residenciales, entre ellos los hogares “SuñuKeur” —“nuestra casa”, en lengua wólof— y “Ankaso Alguazas”.

Ahí, cada pequeño paso —una conversación en castellano, un título, unas prácticas, un primer empleo— puede marcar la diferencia entre depender de un sistema de protección o comenzar a construir una vida autónoma.

Cumplir 18: la tutela se acaba, la incertidumbre no

Cumplir 18 años es uno de los momentos más delicados para estos adolescentes. La tutela desaparece y pasan a ser legalmente adultos. El cambio administrativo es inmediato. La madurez personal, sin embargo, no funciona con la misma velocidad.

Por eso existen programas de emancipación y preparación para la vida independiente destinados a jóvenes tutelados y extutelados en riesgo de exclusión social.

En esta etapa resultan fundamentales la documentación, la formación y una red de apoyo. Quienes consiguen un empleo o continúan estudiando tienen más posibilidades de consolidar su proyecto de vida. Pero muchos se encuentran con otra carrera de obstáculos: acceder a una vivienda digna y encontrar un empleo estable en un mercado laboral que tampoco resulta sencillo para los jóvenes que han crecido aquí.

Más allá de cifras y etiquetas

La discusión sobre la migración seguirá basándose en cifras. Habrá que seguir debatiendo sobre plazas, recursos, financiación, competencias y reparto territorial. Es una parte imprescindible del problema y también de su solución.

Pero, mientras instituciones y partidos políticos discuten sobre estadísticas, derivaciones y endurecen sus posiciones, las historias de vida de chavales como Ibrahim, Youssef o Mamadou siguen transcurriendo, como pueden, al margen de los titulares.

Quizá por eso, cuando se habla de menores extranjeros no acompañados, convendría recordar qué hay exactamente detrás de esas cuatro palabras; que antes que un problema que repartir entre administraciones, son menores que, arriesgando sus todavía cortas vidas, llegaron solos huyendo del hambre, la guerra o la falta de oportunidades; y que necesitan protección y ayuda para dejar de estarlo.

En verano, abrir una ventana en Los Martínez del Puerto puede convertirse en un imposible. Los vecinos de esta pedanía de poco más de 800 habitantes perteneciente al municipio de Murcia soportan desde hace años los malos olores que atribuyen a una planta de tratamiento de residuos orgánicos. La reciente tramitación para multiplicar por más de nueve su capacidad de gestión ha reavivado un conflicto que plantea interrogantes sobre el control ambiental, la planificación urbanística y la respuesta de las administraciones públicas ante quienes reclaman la protección de su salud y de su patrimonio.

El hedor —descrito por quienes conviven con él como una mezcla intensa de purines y materia orgánica en descomposición— invade las calles, obliga a cerrar puertas y ventanas y altera la vida cotidiana hasta el punto de generar impactos negativos en la salud física y psicológica de muchos de los afectados, que refieren síntomas como náuseas, estrés e insomnio.

Un problema que, lejos de poder contarse en episodios aislados, se ha cronificado hasta condicionar aspectos tan básicos como ventilar la vivienda, dejar que los menores jueguen en el exterior o disfrutar de una cena en el patio durante las noches de verano. “No puedo ni tender la ropa fuera porque cuando la recojo huele a mierda de cerdo”, resume una de las vecinas.

Su testimonio no es una excepción. Durante los últimos meses, decenas de residentes han decidido organizarse para documentar lo que consideran una realidad ignorada durante demasiado tiempo y presentar alegaciones contra el proyecto de ampliación de la planta.

Mucho más que un problema de olores

El conflicto gira en torno a una planta de tratamiento de residuos valorizables situada en las inmediaciones de la población. En sus instalaciones se reciben purines, estiércoles, restos de origen animal y lodos de depuradora para su transformación en productos destinados, entre otros usos, a la fertilización agrícola. Según la documentación aportada por la plataforma vecinal, la titularidad corresponde a TGRV Hijos de Martínez Roca S. L., mientras que la actividad es desarrollada por Digestos del Sur, empresas que, según los denunciantes, pertenecen al mismo entorno empresarial.

La actividad de valorización de residuos orgánicos forma parte de las estrategias impulsadas por la Unión Europea y las administraciones públicas para favorecer la economía circular. Los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas insisten en que nunca han cuestionado esa necesidad. “Somos un pueblo agrícola”, explican: “Hemos convivido toda la vida con granjas y con el campo. No estamos en contra de la ganadería ni de que los residuos se gestionen correctamente. Lo que no entendemos es que una instalación industrial de estas características pueda funcionar tan cerca de nuestras casas”.

El olor, recuerda Alberto Ruiz, doctor en Química y especialista en contaminación atmosférica, también constituye un contaminante. Aunque resulte mucho más difícil de medir, la exposición continuada a episodios intensos de contaminación odorífera puede afectar al bienestar físico y psicológico de la población. Es precisamente esa situación la que describen los vecinos.

Durante años, aseguran, la respuesta institucional ha sido prácticamente la misma. Cuando los malos olores se intensificaban, algunos llamaban al 112 o a la Policía Local; otros acudían directamente al Ayuntamiento de Murcia para presentar quejas. Con el paso del tiempo, muchos dejaron de hacerlo. “Siempre nos dicen que todo está en regla. Que tienen papeles”, lamentan.

Esa respuesta, explican, terminó convirtiéndose en el símbolo de una frustración creciente. Ya no cuestionan únicamente la existencia de autorizaciones administrativas. Lo que ponen en duda es si esas autorizaciones reflejan realmente la actividad que observan cada día y si los controles realizados son suficientes para garantizar una convivencia compatible con el derecho a disfrutar de sus viviendas.

Esta preocupación dio un salto cualitativo el 1 de marzo de 2025. Ese día se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el anuncio de información pública relativo a la ampliación de la planta. Muchos vecinos descubrieron entonces, casi por casualidad, que la empresa pretendía incrementar la capacidad autorizada de tratamiento desde las 25.000 toneladas anuales hasta las 230.600. “Cuando vimos la cifra nos echamos las manos a la cabeza. Si ahora ya es difícil vivir aquí, ¿cómo vamos a soportar una planta nueve veces mayor?”, se preguntan.

A partir de ese momento comenzaron a revisar centenares de páginas de documentación técnica, normativa urbanística, cartografía ambiental e imágenes aéreas. El trabajo desembocó en un amplio documento de alegaciones y en cerca de quinientas alegaciones particulares, además de escritos remitidos a la Fiscalía de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el Ayuntamiento de Murcia y la Administración regional.

Una ubicación incompatible con la normativa, según los afectados

La primera gran objeción planteada por los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas no se refiere al funcionamiento diario de la planta, sino a su propia ubicación. “Nunca hemos entendido cómo pudo autorizarse una instalación de este tipo en este lugar”, afirman.

Según sostienen en sus alegaciones, el planeamiento urbanístico municipal establece que las actividades catalogadas como de Alta Incidencia Ambiental deben situarse a una distancia mínima de 2.000 metros de los núcleos de población. Sin embargo, aseguran que la planta se encuentra a unos 1.980 metros de Los Martínez del Puerto, a aproximadamente 1.700 metros de Los Calderones y a unos 400 metros de varios centros de trabajo ajenos a la actividad.

A ello añaden la proximidad —apenas 800 metros— a una bolsa de suelo donde está prevista la construcción de una urbanización y la existencia de otras cercanas ya consolidadas como Altaona Resort, El Valle Golf Resort o Finca Lo Santiago, donde, según relatan los residentes, también se perciben los olores procedentes de la instalación. “No solo afecta a nuestro pueblo, el hedor se percibe fuertemente también en las urbanizaciones cercanas”, aseguran.

Los vecinos también cuestionan otros aspectos relacionados con el emplazamiento de la planta. Recuerdan que la normativa establece distancias mínimas entre este tipo de instalaciones y las explotaciones ganaderas para reducir riesgos sanitarios y epidemiológicos. Según sus alegaciones, la planta se construyó a 75 metros de una granja preexistente y a unos 340 de otra.

Las dudas alcanzan igualmente a los accesos. Los residentes sostienen que los camiones utilizados para transportar los residuos alcanzan las 40 toneladas de masa máxima autorizada, mientras que los caminos por los que circulan presentan limitaciones de 16 toneladas. “Nos cuesta entender que una actividad de este volumen dependa de unos caminos rurales que nunca fueron concebidos para soportar ese tráfico”, explican al respecto.

Además, denuncian que el último tramo de acceso a la planta discurre por la Vereda de Torre Pacheco, una vía pecuaria protegida que, según sostienen, ha sido modificada para facilitar el paso continuado de vehículos pesados.

La ubicación suscita otra preocupación añadida. La planta linda con un cauce natural considerado zona de flujo preferente, circunstancia que, a juicio de los afectados, debería haber motivado un análisis mucho más exhaustivo de los riesgos asociados a una instalación dedicada al tratamiento de residuos orgánicos.

La preocupación por el impacto ambiental

Si hay una imagen que los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas cuentan haber visto repetirse durante años es la de los tractores abandonando la planta con cubas cargadas para dirigirse a parcelas agrícolas del entorno.

“Los vemos salir prácticamente a diario y entrar en distintas parcelas de la zona para verter los purines. En algunos casos, sin que los propietarios sepan exactamente qué se está depositando allí”, afirman varios integrantes de la plataforma vecinal.

Esa escena cotidiana ha terminado convirtiéndose en una de sus mayores preocupaciones. Porque, más allá de los olores, consideran que la actividad puede tener consecuencias ambientales que trascienden a la propia pedanía.

“Nos preocupa muchísimo la contaminación del suelo y de los acuíferos por nitratos, pero también lo que pueda terminar llegando al Mar Menor. Las ramblas de esta zona desembocan allí y llevamos años viendo cómo la laguna intenta recuperarse mientras aquí parece que nadie quiere mirar lo que está ocurriendo”.

Los vecinos recuerdan que este entorno se encuentra incluido en la Zona 2 establecida por la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, una circunstancia que, a su juicio, debería haber llevado a las administraciones competentes a extremar la vigilancia. “Lo que no entendemos es cómo se destinan millones de euros para recuperar el Mar Menor mientras se permite que continúen produciéndose situaciones como las que denunciamos desde hace años. Si las instituciones europeas conocieran lo que está ocurriendo aquí, ¿qué pensarían?”.

No se trata únicamente de una percepción vecinal. En las alegaciones registradas durante la tramitación del proyecto solicitaron expresamente que la Administración comprobara el destino final de los residuos valorizados, revisara los movimientos de las deyecciones ganaderas y analizara el posible impacto sobre el suelo y las aguas subterráneas. “No pedimos que crean nuestra palabra. Pedimos que comprueben los hechos, que analicen el suelo, porque el suelo no miente”, reclaman.

La utilización de terrenos distintos de los incluidos oficialmente en el expediente constituye otro de los aspectos que más indignación provoca entre los vecinos. Según explican, el proyecto de ampliación únicamente hace referencia a la parcela 4 del polígono 158. Sin embargo, sostienen que las imágenes aéreas muestran residuos, acopios y actividad desarrollándose también sobre otras parcelas colindantes. “Cualquiera puede comprobarlo observando las fotografías aéreas. Los residuos no están solo donde dice el proyecto”.

Por ese motivo solicitaron que la Administración verificara la situación real de las parcelas afectadas, identificara sus usos autorizados y comprobara si la superficie utilizada por la actividad coincide realmente con la declarada por la empresa. “Nos sorprende que, después de haber comunicado esta circunstancia por escrito, la Administración no haga ninguna referencia a esas otras parcelas. Es como si sencillamente no existieran”.

Para la plataforma, esa comprobación permitiría despejar muchas de las dudas planteadas durante la tramitación administrativa y ofrecería una respuesta objetiva a una controversia que se prolonga desde hace años.

Vivir con las ventanas cerradas

Pero ninguna discusión técnica consigue explicar por sí sola lo que supone convivir diariamente con los olores procedentes de la planta. Las consecuencias aparecen en gestos cotidianos que han terminado modificando la forma de vivir de muchas familias. “No hablamos de un problema puntual. Hay días en los que directamente no puedes abrir una ventana, tender la ropa o sentarte a cenar en el patio. Tienes que vivir encerrado en tu propia casa”, asegura una de las vecinas.

La Organización Mundial de la Salud y distintos organismos europeos llevan años advirtiendo de que la contaminación odorífera constituye un problema ambiental complejo. Aunque no implique necesariamente un riesgo sanitario directo demostrable, la exposición continuada puede provocar estrés, alteraciones del sueño, ansiedad y una pérdida progresiva del bienestar. Son precisamente esas consecuencias las que describen muchos residentes.

Los vecinos que aparecen en este reportaje han solicitado preservar su identidad por temor a posibles consecuencias. Una de las residentes en la pedanía explica cómo esta situación ha alterado incluso sus momentos de convivencia familiar: “Era feliz invitando a mis hijos, nueras y nietos a almorzar los domingos en mi patio, pero han dejado de venir porque les comían las moscas y el olor a purines les quitaba las ganas de comer”.

Otro vecino tampoco recuerda haber vivido una situación semejante. “Llevamos cincuenta años viviendo aquí y jamás habíamos tenido que comer con las ventanas cerradas en pleno agosto”. “Me da vergüenza invitar a mis sobrinos de Murcia. En cuanto bajan del coche se tapan la nariz y dicen: '¡Qué peste!'”, se lamenta otra mujer.

Los afectados insisten en que son pequeñas escenas que difícilmente aparecen reflejadas en un expediente administrativo, pero que acaban alterando profundamente la vida de quienes las sufren. En algunos casos, las consecuencias afectan incluso al patrimonio de los vecinos, como relata uno de ellos: “Es imposible. Nuestra casa vale mucho menos ahora por culpa del olor. Pero es que, además, cada vez que viene alguien a verla acaba marchándose”.

Otros residentes hablan de noches sin dormir, de episodios de náuseas cuando el viento sopla hacia el núcleo urbano, de ansiedad ante la posibilidad de que el problema aumente si prospera la ampliación de la planta y de una sensación compartida de haber normalizado una situación que consideran inaceptable.

Ese deterioro de la calidad de vida es, para ellos, el verdadero centro del conflicto. La discusión ya no gira únicamente en torno a una instalación industrial o a un expediente administrativo, sino sobre el derecho de cientos de personas a disfrutar de sus viviendas.

El último golpe: una Declaración de Impacto Ambiental que vuelve a frustrar a los vecinos

Cuando los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas presentaron cientos de alegaciones al proyecto de ampliación confiaban en que el procedimiento administrativo sirviera para despejar muchas de las dudas que, a su juicio, planteaba la instalación. La publicación de la Declaración de Impacto Ambiental terminó provocando el efecto contrario.

En junio de 2026, se hizo pública la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación. Una evaluación elaborada por el órgano ambiental autonómico —la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, encabezada por Enrique Ujaldón— cuyo objeto es determinar los posibles efectos significativos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana.

En esa resolución, la Administración no realiza una valoración especialmente crítica del proyecto. Más bien al contrario. En la mayor parte de las cuestiones controvertidas considera satisfactorias las explicaciones ofrecidas por el promotor y da por válidas sus respuestas a las alegaciones formuladas por los particulares.

El documento llega a afirmar, por ejemplo, que la instalación viene funcionando desde 2010 “sin que se haya acreditado la existencia de incumplimientos relevantes en materia de olores o afecciones a la salud”. Para quienes llevan años denunciando la situación, esa afirmación supuso un duro golpe. “Sentimos que no paramos de golpearnos contra un muro”, resume uno de los integrantes de la plataforma.

El procedimiento, hoy continúa adelante. Lo hace con el beneplácito del Ayuntamiento de Murcia y pese a que el expediente incorpora informes de distintos organismos oficiales que contienen observaciones críticas sobre el proyecto. Entre ellos, figura el emitido por la Subdirección General de Planificación, Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial, que sostiene que la instalación ocupa “una superficie global que más que duplica la referida en el documento ambiental presentado”.

Los vecinos recuerdan además otro episodio que, a su juicio, resulta especialmente llamativo. Explican que, el 2 de mayo de 2019, la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor autorizó una ampliación de la planta hasta las 1.200 toneladas anuales. Sin embargo, el 12 de febrero de 2020, ese mismo organismo publicó una corrección de errores mediante la que la capacidad autorizada pasó a ser de 25.000 toneladas al año.

La plataforma sostiene que ese incremento constituía una modificación sustancial de la autorización y cuestiona que se utilizara la figura de una corrección de errores para introducir un cambio de esa magnitud, al considerar que esa vía impidió la presentación de alegaciones.

“Nos sentimos completamente desprotegidos”

Más allá de los aspectos urbanísticos, ambientales o administrativos, hay un sentimiento que se repite una y otra vez en todas las conversaciones mantenidas con los afectados: la sensación de abandono. “Lo peor no es solo convivir con el olor. Lo peor es sentir que nadie te escucha”, aseguran, a pesar de haber remitido numerosos escritos durante años a distintas administraciones sin obtener respuestas que disipen sus dudas o den solución a los problemas que denuncian. “Hemos acudido al Ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma, a la CHS… Y seguimos esperando a que alguien se digne en responder, venga, vea lo que ocurre y actúe”.

Esa decepción alcanza especialmente a la Administración regional. Algunos integrantes de la plataforma recuerdan la reunión que mantuvieron con Enrique Ujaldón, secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, durante la tramitación del expediente. “Salimos pensando que había entendido perfectamente nuestra situación. Después vimos que firmaba la Declaración de Impacto Ambiental. Fue un jarro de agua fría”.

Con el reciente relevo al frente del Ayuntamiento de Murcia, los vecinos depositan ahora parte de sus esperanzas en la nueva alcaldesa, Rebeca Pérez: “Solo pedimos que el Ayuntamiento intervenga de manera rápida y activa. No queremos privilegios; queremos que se nos garantice el mismo derecho que tiene cualquier ciudadano a vivir sin tener que respirar esta peste”.

Esta redacción se encuentra a la espera de declaraciones por parte de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia, así como del Ayuntamiento de Murcia respecto a este asunto.

Lo que empezó como una mañana cualquiera en su centro de trabajo, una de las sedes de Cáritas en la Región de Murcia, se convirtió para Inmaculada —nombre ficticio para preservar su identidad—en uno de los días más aciagos de su vida. Llevaba una década desempeñando labores técnicas para la organización como trabajadora social. Sin imaginar lo que sucedería minutos más tarde, a mitad de la jornada recibió una llamada de sus responsables para mantener una reunión. “Tráete tu portátil, que lo mismo lo necesitamos”, le pidieron. Media hora después abandonó el edificio sin el ordenador, sin el teléfono móvil profesional y con una carta de despido en la mano. Le comunicaron que no regresara al día siguiente y que utilizara las vacaciones pendientes como periodo de preaviso.

Aquella mañana Inmaculada no fue la única trabajadora despedida. Más de una decena de compañeras recibieron la misma comunicación de forma consecutiva. “Prácticamente nos despidieron en fila”, recuerda. “Han hecho una escabechina con nosotras”.

Según las trabajadoras afectadas, desde octubre de 2025 Cáritas de la Diócesis de Cartagena ha ejecutado sucesivas oleadas de despidos que ya afectan a cerca de una treintena de empleados, la mayoría personal técnico especializado en intervención social, orientación laboral, educación, psicología, pedagogía y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. La mayor parte han sido despedidos mediante extinciones por causas objetivas de carácter económico.

La situación resulta especialmente llamativa en una comunidad autónoma donde la pobreza continúa creciendo. El Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Región de Murcia 2025, elaborado por la Fundación FOESSA, estima que más de 320.000 personas —uno de cada cinco habitantes de la Región— se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

“No nos dejaron ni despedirnos”

Más allá del despido, las trabajadoras que han hablado con elDiario.es Región de Murcia coinciden en denunciar la forma en la que este fue ejecutado. “Nos sentimos indefensas”, afirma Mónica, cuya identidad también pide que sea protegida. Según explica, la entidad les retiró de forma inmediata todos los medios de trabajo y les impidió regresar a sus puestos.

“No nos permitieron despedirnos de los usuarios, ni cerrar procesos ni hacer un traspaso de los casos”. La consecuencia, sostiene, fue que decenas de expedientes quedaron interrumpidos de un día para otro. “Temo que muchos de los usuarios, personas muy vulnerables, se hayan quedado sin atender desde entonces. Yo tenía usuarios citados esa misma tarde, y ni me dejaron avisarlos. Pero es que tampoco lo hizo nadie. Era mentira lo que nos decían de que las personas vulnerables tenían que estar siempre en el centro de la atención”.

Otra de las afectadas, Esperanza —también nombre ficticio—, coincide en esa sensación de ruptura abrupta. “Desde hacía semanas notaba vacío por parte de mis coordinadores. Se notaba que algo estaba pasando, pero no esperábamos esto”.

Las trabajadoras sostienen, además, que el uso de las vacaciones pendientes como periodo de preaviso les impidió recopilar documentación laboral o preparar adecuadamente una eventual reclamación judicial, ya que abandonaron su puesto de forma inmediata tras recibir la comunicación. “Han sido muy crueles”, resume Inmaculada. A pesar de ello, algunas de las afectadas ya han presentado una papeleta de conciliación ante el Servicio de Relaciones Laborales (SMAC) de la Región de Murcia, y no descartan acudir al Juzgado de lo Social si no se respetan sus derechos laborales.

Un conflicto laboral en una de las principales entidades sociales de la Región

Cáritas Diócesis de Cartagena constituye la principal organización de acción caritativa y social de la Iglesia católica en la Región de Murcia. La propia entidad define su misión como el acompañamiento a las personas más pobres y vulnerables, promoviendo “el desarrollo integral de la persona y la justicia social”.

Durante 2025 atendió a 84.342 personas a través de su red de 160 Cáritas parroquiales y territoriales, una cifra superior a la del año anterior. Más de la mitad de los hogares atendidos tenían menores a cargo y cerca de un tercio eran familias monoparentales.

Su actividad se financia tanto con recursos públicos como privados. Según los datos publicados por la propia organización, en 2025 gestionó un presupuesto de 13,59 millones de euros, de los cuales el 57,48% procedía de administraciones públicas europeas, estatales, autonómicas y locales, mientras que el resto correspondía a donaciones, empresas, entidades de economía social, herencias y legados.

Precisamente por el peso que desempeña en la red de protección social, los despidos han despertado preocupación entre parte de la plantilla y también entre representantes sindicales: UGT ya alertó públicamente de una posible ola de despidos y avisa sobre el impacto que esta reducción de personal puede tener sobre los programas de atención social de esta y otras ONG.

La extraña estrategia de Cáritas

Las cartas de despido comunicadas a las trabajadoras justifican las extinciones por causas económicas. Según la entidad, la decisión responde a un resultado negativo en sus cuentas superior a los 800.000 euros. Sin embargo, las afectadas alertan de que esa situación económica responde, precisamente, a decisiones estratégicas adoptadas por la propia dirección.

Concretamente, señalan que durante los últimos meses Cáritas ha ido renunciando por voluntad propia a distintos programas financiados mediante subvenciones públicas, especialmente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Según explican, a finales de 2025 el Consejo Diocesano acordó poner fin a varios proyectos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

Entre ellos citan Nazaret, desarrollado en Yecla y Jumilla; Medina Siyasa, implantado en Abarán, Blanca y Cieza; y un proyecto de empleo para colectivos vulnerables en Molina de Segura. A ello se habría sumado, ya en 2026, la decisión de no concurrir a nuevas convocatorias del IMAS para programas como Begastri, en Cehegín, o Emplearitas, en Alcantarilla y El Palmar. Las entrevistadas aseguran además que este mes de julio la organización dejará de participar en la financiación de La Casica de Colores, una escuela infantil de Cieza sostenida conjuntamente con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.

Y, lo más extraño: en primer lugar, algunos de los trabajadores despedidos estaban laboralmente vinculados a programas cuya financiación, afirman, estaba garantizada con fondos europeos hasta 2029; y, en segundo, Cáritas tiene abiertos en estos momentos varios procesos de selección de técnicos sociales y de gestión.

Cambio en el modelo de gestión

Las trabajadoras sitúan el origen del conflicto en un cambio de orientación impulsado por la nueva dirección de Cáritas.

En noviembre de 2025 el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, nombró como nuevo director a Jesús Martínez-Pujalte y designó secretaria general a Eva María Rabasco Hernández. Ambos proceden del ámbito de la empresa privada; él con experiencia en gestión de recursos humanos y ella, del sector bancario.

Las entrevistadas consideran que, desde entonces, la organización ha iniciado una transformación interna que reduce el peso de los equipos técnicos y otorga mayor protagonismo al voluntariado. Ahí, las profesionales recuerdan que gran parte de su trabajo consiste en tramitar ayudas, diseñar itinerarios de inserción laboral, intervenir con menores, coordinar recursos sociales o realizar seguimiento especializado de familias en riesgo de exclusión. Funciones que, recuerdan, requieren una formación específica.

“La media de edad de las personas voluntarias que colaboran en mi centro es de 70 años”, explica Esperanza. “Una cosa es realizar un acompañamiento, pero ¿cómo van a poder asumir la enorme carga de trabajo de los técnicos, que además requiere formación cualificada?”.

Las trabajadoras denuncian “limpieza ideológica”

Más allá de las cuestiones organizativas, algunas de las trabajadoras consultadas sostienen que los despidos obedecen también a un cambio ideológico en la dirección de la entidad. Se trata de una acusación que no ha sido acreditada documentalmente y que Cáritas no ha reconocido.

Las entrevistadas afirman que “la extrema derecha se ha instaurado en la dirección de la organización” y que existe un patrón en la selección de las personas despedidas que hace que “no se fijen en la antigüedad del trabajador, ni en el coste del despido”. “Casualmente, los afectados somos personas de talante más progresista y laico”, aseguran estas fuentes, que también sostienen que entre los despedidos predominan empleados que habían mostrado una actitud reivindicativa respecto a sus derechos laborales.

Asimismo, interpretan que el nuevo modelo pretende recuperar el protagonismo de las parroquias: “Quieren centrar la atención social a través de las iglesias, bajo el control de los curas, no en los actuales centros, que van a terminar cerrando”.

Esta redacción se ha puesto en contacto con la sede central de Cáritas en Madrid para recabar su versión sobre las denuncias realizadas por las extrabajadoras de esta organización. Desde la capital de España se nos ha remitido a la sede provincial de Cáritas en Cartagena, cuya responsable de prensa, a su vez, ha asegurado a elDiario.es Región de Murcia que no tienen “nada que declarar sobre ese asunto”.

Temor por los que se quedan atrás

Las afectadas insisten en que su principal preocupación no es la pérdida del empleo, sino el impacto que los despidos puedan tener sobre las personas atendidas. “Los trabajadores somos números para ellos, pero lo más grave es que los usuarios también. Muy cristiano todo”, ironiza con amargura una de ellas.

De hecho, consideran que la salida simultánea de decenas de profesionales especializados dificulta la continuidad de procesos de inserción social que, en muchos casos, requieren meses o incluso años de seguimiento. Mientras tanto, la Región de Murcia mantiene una de las bolsas de exclusión social más importantes del país.

Por eso, el conflicto abierto dentro de una de las organizaciones sociales más relevantes de la comunidad y pieza esencial del sistema de atención a miles de familias, no afecta únicamente al futuro de las cerca de treinta personas despedidas, sino también a la continuidad del modelo de intervención con el que Cáritas ha venido acompañando durante décadas a quienes atraviesan situaciones de pobreza y exclusión en la Región de Murcia.

No se sabe qué ocurrió finalmente con las personas que, aquella tarde, esperaban la atención de Inmaculada, Mónica, Esperanza y del resto de las trabajadoras despedidas. Tampoco si alguien retomó sus expedientes, si recibieron una llamada para explicarles que su técnico ya no volvería o si, simplemente, dejaron de acudir porque nadie se interesó por ellas.

Porque la verdadera pregunta es quién acompaña ahora a quienes, precisamente por su vulnerabilidad, no pueden permitirse quedarse sin alguien que les ayude desde el otro lado de la mesa.

Como cualquier mujer en su misma situación, Ana —nombre ficticio— esperaba ilusionada aquella mañana que la ecografía morfológica del segundo trimestre desvelara por fin el sexo de su bebé. El mundo entero se le vino encima cuando la obstetra que le atendía en su hospital le comunicó que el feto que albergaba en su vientre tenía gravísimas malformaciones incompatibles con la vida. Aún en shock, Ana tuvo que enfrentarse entonces al protocolo oficial, que le ofreció dos posibles circuitos: realizar todo el procedimiento de interrupción del embarazo en una clínica concertada; o, si deseaba despedirse de la criatura, someterse a la técnica para el cese de la actividad cardiaca fetal en la clínica concertada —lo que da lugar a un aborto diferido o retenido, una condición médica en la que el feto ha dejado de ser viable pero permanece dentro del útero— y, tres días más tarde, finalizar el embarazo en su hospital de referencia mediante un parto inducido. Lo que se conoce como doble fase. Ana eligió esta segunda opción.

Tras 72 horas que le parecieron interminables, inició el expulsivo de manera espontánea y parió a su feto muerto en el coche, mientras iba al hospital.

Lidia también eligió la doble fase. En su caso, tres días después de que en la clínica privada forzaran la detención del corazón del hijo que ya no tendría, acudió a su hospital para culminar el doloroso proceso. Allí, mientras le hacían una ecografía de control, detectaron que el feto seguía vivo. El obstetra se lo comunicó a Lidia. Luego, decidió mirar para otro lado e inducir el parto.

Para evitar que otras mujeres pasen por las trágicas experiencias de Ana y Lidia, la puerta de la Consejería de Salud de la Región de Murcia se convirtió este jueves en escenario de una reivindicación que pone el acento en las condiciones en que, en esta comunidad autónoma, las mujeres deben afrontar un aborto, especialmente cuando es terapéutico.

Convocadas por la plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’, que ha denunciado públicamente ambos casos, medio centenar de mujeres reclamaron que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), especialmente aquellas motivadas por graves problemas médicos durante el segundo trimestre de gestación, dejen de derivarse a clínicas privadas y pasen a realizarse en hospitales públicos.

Bajo el lema 'No a las derivaciones de embarazadas a clínicas privadas', el acto de protesta coincide con el vencimiento del contrato suscrito por el Servicio Murciano de Salud (SMS) en 2022 para concertar esta prestación sanitaria con tres empresas privadas. La Consejería de Salud ya ha avanzado que mantendrá temporalmente el modelo mientras tramita una nueva adjudicación, una decisión que ha reactivado un debate que en Murcia permanece abierto desde hace más de una década y que gira en torno a una cuestión esencial: cómo debe garantizarse un derecho sanitario reconocido por la legislación española y cuál es el papel que le corresponde a la sanidad pública en su prestación.

Una prestación sanitaria regulada por ley

La interrupción voluntaria del embarazo en España está regulada por la Ley Orgánica 2/2010, modificada en 2023 por la Ley Orgánica 1/2023 para reforzar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

De forma simplificada, la norma establece tres grandes supuestos: la mujer puede decidir libremente interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación; entre las semanas 14 y 22 puede autorizarse cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o cuando se detecten graves anomalías fetales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley; y, después de la semana 22, únicamente puede practicarse cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables, previa valoración de un comité clínico.

La reforma de 2023 reforzó además la obligación de las administraciones sanitarias de garantizar el acceso efectivo a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud. También reguló por primera vez un registro específico de profesionales objetores de conciencia, con el objetivo de que las administraciones puedan organizar los servicios sin impedir el ejercicio del derecho reconocido por la ley. En la práctica, sin embargo, la aplicación de esta legislación continúa siendo muy desigual entre comunidades autónomas.

El caso singular de Murcia

La Región de Murcia constituye uno de los ejemplos más citados cuando se analiza la diferencia entre el reconocimiento legal del derecho y su aplicación práctica. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024, en la Comunidad se realizaron 3.673 interrupciones voluntarias del embarazo, de las que únicamente 34 tuvieron lugar en centros públicos, mientras que el 99,07% se practicó en centros privados concertados por derivación.

Estas cifras sitúan a Murcia entre las comunidades donde la externalización de esta prestación sanitaria alcanza un mayor peso. Una fórmula que el Ejecutivo autonómico de Fernando López Miras (Partido Popular) considera compatible con la legislación estatal en la medida de que “el acceso queda garantizado”, explican fuentes de la Consejería de Salud.

Sin embargo, distintas organizaciones feministas, asociaciones profesionales y colectivos de mujeres sostienen que la reforma legal de 2023 supone un paso más al reconocer expresamente que la prestación debe garantizarse desde la red sanitaria pública, evitando que la derivación a centros privados se convierta en la respuesta ordinaria. Es precisamente esta interpretación la que explica el conflicto que ha reaparecido coincidiendo con la finalización del contrato vigente.

“No queremos salir del hospital donde nos han acompañado”

La plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’ nació a partir de experiencias compartidas por mujeres que habían afrontado interrupciones del embarazo tras recibir diagnósticos médicos graves.

Su portavoz, Conchi —nombre con el que pide preservar su anonimato— explica que “no queremos que nos saquen del hospital donde hemos sido atendidas durante todo el embarazo justo cuando nos enfrentamos a uno de los momentos más duros de nuestra vida”.

Según expone la plataforma, muchas mujeres llegan a esa situación después de semanas de seguimiento por parte de equipos de medicina fetal, obstetricia, genética o neonatología. Cuando finalmente se adopta la decisión clínica y personal de interrumpir la gestación, la asistencia cambia, de repente, de centro sanitario. Las afectadas consideran que esa ruptura de la continuidad asistencial incrementa el impacto emocional de un proceso ya de por sí extremadamente complejo.

Para Conchi, la continuidad asistencial constituye un “elemento esencial” del cuidado sanitario, especialmente cuando la interrupción se produce tras un diagnóstico fetal grave o una complicación médica durante un embarazo inicialmente deseado. Desde esa perspectiva, defienden que mantener a la paciente dentro del hospital donde ha sido atendida desde el inicio del proceso favorece la seguridad clínica, “reduce el impacto emocional y evita añadir nuevas incertidumbres en un momento de especial vulnerabilidad”.

Por su parte, la Consejería de Salud mantiene que el sistema actualmente vigente garantiza tanto la asistencia sanitaria como la seguridad de las pacientes y que las derivaciones se realizan a centros autorizados que cumplen los requisitos establecidos por la normativa.

“Media hora más en la clínica privada y no lo cuenta”

Esa “seguridad” para las mujeres que garantiza el Ejecutivo murciano en clínicas privadas también ha sido puesta en tela de juicio por la plataforma, desde la que aseguran que determinados procedimientos realizados entre las semanas 15 y 22 pueden presentar complicaciones que hacen necesario disponer de todos los recursos hospitalarios, como unidades de cuidados intensivos, bancos de sangre, quirófanos especializados y equipos multidisciplinares. Por ese motivo reclaman que estos procedimientos pasen a desarrollarse íntegramente dentro de hospitales públicos.

Conchi explica que estas clínicas privadas-concertadas funcionan “con horario comercial” y no están preparadas para abordar situaciones de emergencia médica. El circuito está pensado para hacer abortos “en serie” y “salir pronto”. “Da igual que estés sangrando, te colocan un pañal y andando”, denuncia.

Fue el caso de una de las integrantes de la plataforma, embarazada de 20 semanas de un feto con anencefalia —falta de desarrollo de una parte del cráneo y del cerebro—, una malformación incompatible con la vida. La mujer estuvo a punto de morir tras un aborto practicado en la clínica privada a la que fue derivada a pesar de tener dos cesáreas previas. Durante el procedimiento, se presentó una hemorragia que en dicho centro no pudieron parar, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia al mismo centro público que la había enviado allí, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Conchi relata que los técnicos de la ambulancia le pedían a la paciente que no cerrara los ojos: “Intentaban que no se desvaneciera porque ya no tenían más sangre para ponerle”.

Ya en el hospital, tras cuatro horas de intervención quirúrgica los médicos lograron evitar que muriera desangrada, pero tuvieron que practicarle una histerectomía —extirpación del útero— de urgencia y, con ello, perdió para siempre la posibilidad de una nueva gestación. “Media hora más en la clínica y no estaría aquí”, cuenta Conchi, quien confirma que la plataforma ya está prestando asesoramiento jurídico a la afectada. La Consejería de Salud no se ha pronunciado sobre ese caso concreto.

El protocolo del Servicio Murciano de Salud

El funcionamiento actual en esta comunidad autónoma responde al protocolo aprobado por el Servicio Murciano de Salud. En él se distinguen diferentes circuitos asistenciales según las semanas de gestación y la causa que motiva la interrupción del embarazo. Si es voluntario y se realiza hasta la semana 14, la mujer es enviada sí o sí a una clínica concertada.

Cuando la interrupción responde a determinadas causas médicas entre las semanas 15 y 22, el proceso comienza en el hospital público donde la mujer está siendo atendida. Allí se realizan las pruebas diagnósticas, las valoraciones clínicas y, cuando procede, se cumplimenta la documentación necesaria. Posteriormente, la intervención suele ser derivada a uno de los centros privados concertados incluidos en el sistema si bien, como les sucedió a Ana y a Lidia, pueden optar por la doble fase.

Los embarazos que superan las 22 semanas y requieren autorización del comité clínico siguen un procedimiento distinto y, desde finales de 2021, en el Virgen de la Arrixaca, según explican desde la Consejería de Salud.

Para la plataforma convocante, esta diferenciación supone una fragmentación innecesaria de la atención sanitaria. La Consejería, por el contrario, sostiene que el protocolo garantiza la continuidad asistencial dentro del marco legal vigente.

¿Existe realmente un déficit de profesionales por la objeción de conciencia?

Uno de los argumentos utilizados históricamente para justificar la externalización ha sido la elevada objeción de conciencia existente entre profesionales sanitarios. La reforma legislativa de 2023 introdujo precisamente un registro oficial de objetores para disponer de datos fiables y facilitar la organización de los servicios.

Según los datos facilitados por la propia Consejería de Salud, actualmente 41 profesionales del Servicio Murciano de Salud figuran inscritos en ese registro, de los cuales 39 son médicos pertenecientes a distintas especialidades, sobre una plantilla de alrededor de 6.300 facultativos. Es decir, un ínfimo 0,6% de todos los que podrían declararse objetores.

Para la plataforma convocante, estas cifras muestran que la prestación podría integrarse en los hospitales públicos si hubiese voluntad organizativa, porque la de los facultativos “existe”. Al respecto, ginecólogos de distintas áreas de salud contactados por esta redacción han confirmado que la objeción de conciencia no sería ningún impedimento a la hora de incluir las interrupciones del embarazo en la programación quirúrgica de los hospitales públicos. Sí lo es, aseguran, “la falta de medios humanos y materiales”. Para algunos de estos profesionales, la razón de estas derivaciones es que al SMS le sale más barato pagar las intervenciones a las clínicas privadas —unas tarifas que van desde los 472,42 euros por un aborto hasta la semana 14, a los 1.298 por los practicados entre las semanas 18 y 22— que invertir en el aumento de las infraestructuras sanitariasy en la contratación de profesionales en la pública.

El contrato que vuelve a abrir el debate

El modelo de gestión elegido por la Comunidad Autónoma para garantizar la prestación es, precisamente, lo que está en el centro de la controversia. En agosto de 2022, el Consejo de Gobierno autorizó la contratación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo mediante un concierto con tres empresas privadas: Géminis Planificación Familiar, S.L., la sociedad unipersonal Clínica Delta Médica y el Instituto Ginecológico Murcia, S.L.

El contrato, con una duración de cuatro años y un valor estimado de 8,2 millones de euros, se diseñó para asegurar la atención de las mujeres derivadas por el SMS cuando la prestación no se realizaba en centros propios, lo que, según la ley, debería ser la excepción.

En el expediente administrativo, la Consejería, legalmente obligada a garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, justificó la necesidad del contrato en la imposibilidad de prestar de forma completa este servicio con medios propios hasta que exista “una alternativa organizativa” dentro del sistema público.

En ese sentido, la consejera de Salud, Isabel Ayala Vigueras, asegura que la Región de Murcia cumple la legislación vigente y que ninguna mujer queda sin acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por el hecho de residir en esta comunidad autónoma. Según ha explicado, el modelo actual garantiza la asistencia mediante una combinación de recursos públicos y concertados, un sistema que, en su opinión, resulta plenamente compatible con la normativa estatal. Ayala también recuerda que determinadas interrupciones del embarazo sí se realizan en hospitales públicos cuando concurren las circunstancias previstas en el protocolo asistencial.

Para la plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’, la renovación del concierto supondría consolidar un modelo que, a su juicio, contradice el espíritu de la reforma legal de 2023: que toda mujer que decida interrumpir la gestación pueda hacerlo, con toda la dignidad y seguridad que merece, en un centro público.

El sol todavía aprieta cuando José Joaquín Sánchez Ruiz, con solo 23 años, encara los últimos metros de su impresionante hazaña. Lleva dos semanas enlazando un triatlón tras otro, despertándose antes del amanecer para volver a lanzarse al agua, subirse a la bicicleta y correr a pesar de un cansancio que va haciendo mella en su joven cuerpo. Sin embargo, cuando cruza la meta, sonríe. Sabe que el verdadero objetivo nunca estuvo en el cronómetro. Durante quince días ha recorrido España —Málaga, Badajoz, Toledo, Madrid, Valladolid, A Coruña, Oviedo, Santander, Guipúzcoa, Pamplona, Logroño, Huesca, Barcelona, Valencia, Águilas y Lorca— para hacer visible una enfermedad que, demasiadas veces, nadie ve.

Porque, en realidad, esta prueba extrema para cualquier deportista nunca trató solo de deporte, sino de algo mucho más difícil: poner el foco sobre la esclerosis múltiple, una enfermedad que suele permanecer invisible para quienes no conviven con ella.

José Joaquín, inspirado en la historia real que cuenta la película 100 metros, ha conseguido que cada brazada, cada kilómetro sobre la bicicleta y cada zancada hayan sido un mensaje dirigido a miles de personas: la esclerosis múltiple existe, cambia vidas y necesita el compromiso de toda la sociedad; que hay carreras que duran unas horas, pero, otras, toda una vida.

En ese sentido, el primero de los objetivos de su gesta altruista, el de la visibilidad, está más que cumplido: los seguidores en redes sociales de la asociación AEMA RM, con la que colabora, han crecido exponencialmente durante el reto. A nivel personal, la experiencia le ha marcado profundamente, sobre todo en dos momentos. El primero, cuando en Valladolid, en plena carrera, le paró un muchacho con la enfermedad para darle las gracias. El segundo, cuando en la prueba por Toledo empezó a seguirle un coche que no conocía. “Pensé, madre mía, me van a pegar un palo que me va a dejar tieso, aquí nadie me ve (ríe)”. De repente, desde el vehículo empezaron a proferir gritos de ánimo: eran Francisco y Ginés, miembros de AEMA RM, que habían hecho 500 kilómetros en coche solo para darle aliento. “Fue un momento muy especial, me di cuenta del espíritu que mueve a la asociación, que les convierte en imparables”, asegura.

De su reto, a José Joaquín solo le queda una espina clavada: no haber llegado a los 5.000 euros que se había marcado como objetivo en la recaudación de fondos para una asociación que representa toda una historia de superación colectiva. Un camino que comenzó hace casi dos décadas de forma modesta, en una pequeña reunión donde un reducido grupo de pacientes del municipio de Lorca y su área de influencia decidió que no quería afrontar su diagnóstico en soledad.

El día en que todo cambia

Para la mayoría de las personas afectadas por la esclerosis múltiple, esta no suele ser una enfermedad que llegue de golpe. Antes aparecen pequeños avisos difíciles de interpretar: una pierna que deja de responder, una visión que se vuelve borrosa, un hormigueo persistente, un cansancio que ningún descanso consigue aliviar… Después llegan las pruebas, las resonancias, la incertidumbre. Finalmente, el diagnóstico.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica y autoinmune que afecta al sistema nervioso central. El propio organismo ataca la mielina, la capa que protege las fibras nerviosas, alterando la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Hay quienes pierden fuerza en las piernas, otros dejan de ver correctamente durante semanas, algunos desarrollan problemas de equilibrio, espasticidad o dolor. Otros luchan contra una fatiga tan intensa que convierte acciones tan sencillas como ducharse o preparar la comida en un auténtico esfuerzo. No en vano se la conoce como 'la enfermedad de las mil caras'. Y ningún paciente sabe exactamente cuál mostrará mañana.

“No estás solo”

La enfermedad suele aparecer entre los 20 y los 40 años y afecta especialmente a mujeres, que representan aproximadamente el 70% de los casos. Aunque hoy existen tratamientos capaces de frenar su evolución y mejorar enormemente la calidad de vida, todavía no tiene cura. Pero quienes conviven con ella aseguran que el mayor enemigo no siempre son los síntomas. Es la sensación de incomprensión y de quedarse solo.

Eso es precisamente lo primero que sintió María —nombre ficticio—, hasta que acudió por primera vez a una reunión de la asociación. “Entré pensando que iba a encontrar información. Salí con el teléfono de diez personas que me dijeron que podía llamarlas a cualquier hora”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia. Su historia se parece a la de muchos otros pacientes. Al principio cuesta aceptar la enfermedad, y después cuesta explicar a familiares y amigos algo que muchas veces ni siquiera se ve desde fuera. Porque la esclerosis múltiple tiene otra particularidad: una parte importante de sus síntomas son invisibles. Y lo invisible, con demasiada frecuencia, también resulta incomprendido. Por eso, el día que un paciente descubre que no tiene que seguir explicándose continuamente, empieza también a recuperar una parte de la tranquilidad que la enfermedad le había arrebatado. Y comienza a sentirse acompañado.

El neurólogo que nunca mira el reloj

En las salas 4 y 7 de la primera planta del bloque de Consultas Externas del Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca, pocas veces la jornada termina a la hora prevista. No porque la agenda esté mal organizada, sino porque casi todos saben que, si aparece un síntoma inesperado, una duda urgente o, simplemente, el miedo azuza, el doctor Antonio Candeliere intentará atenderlos.

Los usuarios hablan de él con un afecto poco habitual cuando se refieren a un médico. Dicen que recuerda prácticamente todos los nombres de sus más de doscientos pacientes; que explica cada diagnóstico sin prisas; que convierte conceptos ininteligibles para el común de los mortales en palabras sencillas; y que su marcado acento italiano nunca ha impedido entender lo más importante: que hay motivos para seguir haciendo planes.

“Cuando me diagnosticaron pensaba que iba a acabar en una silla de ruedas en pocos años”, recuerda Luis, otro paciente. “Fue él quien me enseñó que la enfermedad había cambiado mi vida, pero no había terminado con ella”.

Candeliere lleva años insistiendo en una idea que ha acabado convirtiéndose en una filosofía compartida entre profesionales y pacientes: la esclerosis múltiple no puede tratarse únicamente con medicamentos. Necesita equipo. Por eso mantiene un contacto permanente con AEMA Región de Murcia, anima a todos los pacientes recién diagnosticados a conocer la asociación y participa activamente en las actividades para las que se requiere su ayuda, como las Jornadas Técnicas sobre Esclerosis Múltiple, convertidas ya en una cita imprescindible para profesionales, investigadores y afectados, que este año han cumplido su decimoquinto aniversario.

Su trabajo forma parte de un Servicio de Neurología que se ha consolidado como uno de los referentes asistenciales del Área III de Salud. Junto a él trabajan especialistas como los doctores Gemma Alonso, Antonio Torres, Arturo Sampedro, Pablo Herrero, Isabel Sánchez, Laura Montiel y Carmen María Sánchez, cada uno dedicado a distintas patologías neurológicas —epilepsia, dolencias neuromusculares, neuroftálmicas y vasculares, cefaleas, enfermedad de Parkinson o demencias— que requieren una atención cada vez más especializada.

Todo empezó alrededor de una mesa

En 2008, en Lorca no existían grandes planes estratégicos ni proyectos europeos o centros especializados que dieran respuesta a las necesidades de un pequeño grupo de afectados por esclerosis múltiple, entre los que se encontraba Francisco José Del Vas Gris, recientemente nombrado presidente a nivel nacional de Esclerosis Múltiple España.

“Nadie nos estaba enseñando a vivir con la enfermedad”, cuenta Del Vas, y así nació AEMA. No como una organización, sino como un refugio. Sus fundadores comprendieron enseguida que el diagnóstico no terminaba cuando el paciente salía del hospital. Después había que aprender a reorganizar una vida entera: cómo continuar trabajando; cómo cuidar la salud mental; cómo explicar la enfermedad a los padres, a la pareja, a los hijos; cómo mantener la autonomía el mayor tiempo posible; cómo seguir adelante…

La asociación empezó ofreciendo algo tan sencillo como compañía y terminó construyendo una red de apoyo que hoy alcanza a centenares de personas en la Región de Murcia. Su historia es un fiel reflejo de lo que ocurre cuando quienes necesitan ayuda deciden convertirse en quienes ayudan a otros.

Mucho más que conservar la movilidad

El gran punto de inflexión llegó en 2017 con la apertura del Centro de Neurorrehabilitación Integral (CENERI) gestionado por AEMA, que cambió por completo la dimensión del proyecto. Porque donde antes había voluntad, ahora también existían recursos especializados.

La fisioterapia dejó de ser un tratamiento aislado para integrarse junto al de neuropsicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, nutricionistas y técnicos especializados en cuidados de enfermería, que comenzaron a trabajar alrededor de cada paciente. También se firmó un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca para que los asociados contaran con asesoramiento jurídico. Esta atención integral ha resultado fundamental porque la enfermedad nunca afecta solo al cuerpo: también golpea la autoestima, las relaciones familiares, el trabajo, la economía o los proyectos de futuro.

Con el paso de los años el centro amplió su atención a personas con daño cerebral adquirido y otras enfermedades neurológicas, convirtiéndose en un referente de la neurorrehabilitación en el sureste español.

Los números hablan por sí solos: cerca de treinta mil sesiones terapéuticas realizadas durante el último año y 215 personas atendidas. Pero basta cruzar la puerta para comprender que la verdadera magnitud del proyecto no aparece en ninguna estadística. Se percibe en los pasillos, en las conversaciones de quienes esperan su turno, en los profesionales que saludan a cada usuario por su nombre y en los pacientes que, años después del diagnóstico, siguen entrando a las instalaciones de AEMA RM con la tranquilidad de quien cruza el umbral de su casa.

Crecer sin dejar de ser familia

El crecimiento ha sido tan intenso que este mismo año AEMA RM ha adquirido un nuevo local en Lorca para ampliar sus instalaciones. Más espacio supone para sus responsables más tratamientos, más personas atendidas con mejores perspectivas de futuro.

Sin embargo, quienes conocen la entidad desde sus comienzos insisten en que hay algo que permanece exactamente igual: la manera de recibir a quien entra por primera vez. “Lo primero que notas es que aquí nadie te pregunta qué enfermedad tienes”, cuenta Carmen, esposa de un paciente. “Te preguntan cómo estás”. Y quizá esa sea la explicación de todo. Que AEMA nunca ha entendido la esclerosis múltiple únicamente como una enfermedad, sino como una realidad que afecta a personas, familias y proyectos de vida. Y eso cambia completamente la forma de acompañar.

La verdadera meta

Cuando José Joaquín Sánchez Ruiz completó su decimoquinto triatlón, muchas personas vieron ahí el final de un reto extraordinario. En realidad, solo era un nuevo capítulo de una carrera que empieza cada vez que un neurólogo comunica un diagnóstico difícil. La de quien debe aprender a convivir con una enfermedad imprevisible. La de las familias que reorganizan su vida de un día para otro. La de los profesionales sanitarios que acompañan, orientan y buscan el mejor tratamiento posible. Y la de asociaciones como AEMA RM, que llevan casi dos décadas demostrando que la mejor manera de afrontar la esclerosis múltiple es hacerlo juntos.

La meta nunca ha sido únicamente recaudar fondos o dar visibilidad a esta patología crónica y compleja. La verdadera meta consiste en que ninguna persona se sienta sola cuando la esclerosis múltiple irrumpe en su vida; en que pueda acceder a una atención especializada, recuperar la mayor autonomía posible y seguir construyendo un proyecto de vida pese a la enfermedad. Tener la seguridad de que, cada vez que una persona recibe un diagnóstico de esclerosis múltiple, al otro lado del miedo ya hay alguien esperándola para acompañarla en su camino.

El amanecer en la dársena de Escombreras arroja las primeras luces del día sobre el movimiento constante de grúas, tuberías y buques mercantes. Para quienes trabajan en el puerto de Cartagena, el atraque de un buque químico parece una operación rutinaria. Sin embargo, detrás de la llegada en la noche del jueves del Chemical Luna se esconde una controversia que conecta a la Región de Murcia con el conflicto palestino-israelí.

Boicot, Desinversiones y Sanciones de Murcia (BDS Murcia) y la plataforma Palestina Libre Región de Murcia, ambas parte de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), alertaban esta semana de la llegada este viernes al puerto cartagenero de un nuevo cargamento de ácido fosfórico procedente de Israel. Denuncian que la multinacional Israel Chemicals Limited (ICL) sigue introduciendo en España, a través de la Región de Murcia, materias primas procedentes de territorios ocupados, una actividad que consideran incompatible con el derecho internacional y con las medidas adoptadas por el Gobierno español.

Según la información recopilada por ambos colectivos a partir de registros portuarios y plataformas de seguimiento marítimo, el buque Chemical Luna, con bandera de Malta y procedente del puerto israelí de Ashdod, tenía prevista la descarga de 2.010 toneladas de ácido fosfórico en Escombreras. Una operación que ha vuelto a situar en el centro de la polémica a ICL Group, uno de los gigantes mundiales de la industria química y de fertilizantes, cuya presencia en la Región de Murcia es mucho más relevante de lo que podría parecer a simple vista.

Un gigante químico con fuerte implantación en Murcia

ICL Group es uno de los mayores productores mundiales de fertilizantes y el sexto productor global de potasa. ICL aporta anualmente aproximadamente 14.900 millones de ILS —nuevo séquel, la moneda oficial de Israel— a la economía israelí (cerca de 4.100 millones de dólares americanos). Una cifra que representa cerca de un 1,2% del PIB total de ese país y aproximadamente el 15% del PIB de la región del Néguev, donde se concentra su actividad industrial. El mismo lugar donde organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando demoliciones masivas de viviendas y planes de traslado forzoso sobre las comunidades beduinas autóctonas.

Esta multinacional israelí, que opera en numerosos países, también mantiene una importante estructura empresarial en España a través de su filial ICL Iberia. Su principal centro de producción y distribución en el país se encuentra en Totana, mientras que Cartagena constituye una pieza clave para la entrada de materias primas destinadas a la fabricación de fertilizantes.

La conexión murciana no termina ahí. La empresa utiliza habitualmente las instalaciones portuarias de Escombreras para recibir cargamentos químicos procedentes de Israel. Según las denuncias reiteradas por BDS Murcia, durante el último año han llegado más de quince barcos con productos similares desde el puerto de Ashdod, con una frecuencia aproximada de una embarcación al mes.

Las descargas son realizadas por Fomento y Desarrollo Agrícola (FOMDESA), empresa integrada en el grupo ICL y con instalaciones situadas en el propio recinto portuario de Cartagena, donde también se encuentran algunas de las infraestructuras logísticas vinculadas a la actividad de la multinacional.

Para los colectivos propalestinos, esta cadena logística convierte a la Región de Murcia en una de las principales puertas de entrada en España de materias primas extraídas en territorios cuya explotación es objeto de controversia jurídica internacional.

El origen de la controversia: recursos extraídos en territorios ocupados

La principal denuncia de RESCOP y BDS Murcia gira en torno al origen de los materiales comercializados por ICL. Diversas organizaciones de derechos humanos y plataformas de investigación han señalado durante años que la compañía obtiene parte de sus recursos minerales en zonas vinculadas a la cuenca norte del Mar Muerto y otros territorios sometidos a ocupación israelí. El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) ha llegado a calificar a ICL como una empresa cómplice de la ocupación palestina debido a su actividad extractiva en estas áreas y a sus conexiones corporativas con la industria militar israelí.

Según la documentación difundida por los colectivos, el ácido fosfórico transportado por el Chemical Luna procede de ICL Rotem, una filial que opera en el desierto del Néguev. Los activistas sostienen que parte de los recursos explotados por la compañía están vinculados a territorios palestinos ocupados y que la extracción de minerales y el aprovechamiento de recursos hídricos en esas zonas vulneran el derecho internacional.

“Estamos hablando de materias primas cuya rentabilidad depende directamente de una situación de ocupación que ha sido condenada reiteradamente por Naciones Unidas”, afirma Miguel Velázquez, miembro de BDS Murcia. “No es un comercio neutral. Son recursos obtenidos en un contexto de desposesión del pueblo palestino y transformados después en beneficios empresariales”.

La cuestión ha cobrado especial relevancia desde que la Asamblea General de Naciones Unidas respaldara en septiembre de 2024 el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia que insta a los Estados a evitar relaciones económicas que contribuyan al mantenimiento de la ocupación israelí.

El fósforo blanco y las acusaciones contra ICL

Uno de los aspectos más controvertidos de la actividad de ICL es su relación con la producción de fósforo blanco. Diversos informes y organizaciones han señalado que una filial estadounidense de la compañía, ICL Performance Products, suministró fósforo blanco al Ejército de Estados Unidos y a clientes comerciales. La cuestión adquirió una enorme repercusión internacional tras las denuncias de Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre el uso de municiones de fósforo blanco por parte de Israel en Gaza y el sur del Líbano.

Esta sustancia se adhiere a la piel y a la ropa, provocando quemaduras graves de hasta tercer grado que pueden llegar a los huesos. Las heridas provocadas por este compuesto, además de ser extremadamente dolorosas, tienen una alta tasa de mortalidad porque el cuerpo absorbe el fósforo, lo que puede causar envenenamiento y fallos multiorgánicos.

Aunque ICL ha rechazado en distintas ocasiones las acusaciones de participar directamente en operaciones militares israelíes, la existencia de contratos relacionados con la producción de fósforo blanco ha sido ampliamente documentada.

Para BDS Murcia, esta circunstancia añade una dimensión ética especialmente grave a la actividad de la compañía. “No podemos separar el negocio de ICL de las consecuencias humanas que estamos viendo en Palestina”, sostiene Velázquez. “Cuando una empresa obtiene beneficios de territorios ocupados y además aparece vinculada a la cadena de suministro de materiales como el fósforo blanco, existe una responsabilidad que debe ser examinada públicamente”.

¿Se está incumpliendo el Real Decreto-ley 10/2025?

La llegada periódica de estos barcos ha abierto también un debate jurídico. En octubre de 2025 entró en vigor el Real Decreto-ley 10/2025, impulsado por el Gobierno español para reforzar el embargo de armas a Israel y prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados.

BDS Murcia sostiene que los cargamentos vinculados a ICL deberían quedar afectados por esa normativa debido a su origen. La organización recuerda que en septiembre, noviembre y diciembre de 2025 ya denunció la llegada a Cartagena de los buques Trans Tind, Chemical Master, Abana y otro viaje anterior del Chemical Luna. Según los activistas, estas operaciones continuaron realizándose pese a la entrada en vigor del decreto.

Incluso Izquierda Unida llegó a presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitando que se investigara la legalidad de algunas de estas importaciones y si podían constituir una vulneración de la nueva normativa.

Sin embargo, hasta la fecha no existe constancia pública de que las autoridades españolas hayan paralizado estos cargamentos ni de que se haya producido una resolución administrativa o judicial firme que declare ilegal la actividad denunciada.

Universidad, instituciones y silencio político

Otro de los focos de crítica es la relación entre ICL y distintas instituciones públicas. Desde hace años, la compañía mantiene acuerdos de colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Según denuncian los colectivos propalestinos, el convenio fue renovado en noviembre de 2025, aunque bajo la denominación de Fuentes Fertilizantes, antigua marca comercial de la empresa. Los activistas han solicitado reiteradamente que la universidad rompa sus vínculos con la multinacional. Por el momento, la UPCT no ha emitido ningún pronunciamiento público relevante sobre estas peticiones.

Tampoco se conocen declaraciones específicas del Gobierno regional de Murcia respecto a las denuncias sobre los cargamentos de ICL o sobre la aplicación del Real Decreto-ley 10/2025 en el puerto de Cartagena. Ese silencio institucional es precisamente uno de los elementos que más indignación genera entre los activistas.

“Nos encontramos con una situación en la que se habla mucho de derechos humanos, pero se mantiene intacta una estructura económica que sigue permitiendo beneficios derivados de la ocupación”, afirma Velázquez. “Murcia no puede mirar hacia otro lado mientras su principal puerto continúa formando parte de estas rutas comerciales”.

Cartagena como símbolo

Las protestas convocadas sistemáticamente por RESCOP, BDS Murcia y la plataforma Palestina Libre Región de Murcia en la explanada del puerto de Cartagena, pretenden, precisamente, convertir esa contradicción en un asunto de debate público. Para los organizadores, la cuestión trasciende la mera llegada de un barco concreto. Lo que está en juego, aseguran, es el papel que desempeñan las infraestructuras españolas en una red económica global vinculada a la ocupación de Palestina.

La pregunta que plantean los colectivos es incómoda pero directa: ¿puede seguir considerándose un simple negocio la importación de recursos cuya explotación está ligada a territorios ocupados?

La respuesta divide a gobiernos, juristas, empresas y organizaciones internacionales. “Cada barco que llega es una prueba de que la ocupación también es un negocio del que se lucran algunas empresas”, asegura Miguel Velázquez, quien denuncia que, de momento, “no existe un control real sobre el negocio que nutre la maquinaria bélica israelí, ni sobre las empresas que se benefician de la ocupación y el genocidio que está perpetrando Israel en la franja de Gaza”.

Su exigencia más urgente resuena como un clamor: que las autoridades competentes denieguen el acceso a los servicios portuarios de Cartagena a aquellos barcos que, como el Chemical Luna, son parte de las rutas regulares del comercio de recursos y productos provenientes de unos territorios cuya ocupación ha sido declarada ilegal por el derecho internacional y que, en los últimos meses, ha acabado con la vida de más de 73.000 gazatíes, el 80% de ellos civiles.

“El boicot funciona”: la campaña que busca aislar a las empresas vinculadas a la ocupación

Más allá de las protestas en el puerto de Cartagena, BDS Murcia y Extinction Rebellion han intensificado en los últimos meses una campaña en la Región de Murcia dirigida a empresas, instituciones y patrocinadores para que rompan relaciones con compañías que, a juicio de ambos colectivos, se benefician de la ocupación israelí y del genocidio en Gaza. La iniciativa parte de una idea sencilla: la presión social y económica puede acabar teniendo efectos allí donde la diplomacia y las instituciones internacionales han demostrado sus limitaciones.

Los activistas señalan como ejemplos recientes las controversias que han rodeado a Eurovisión o la retirada de patrocinadores y colaboraciones vinculadas a grandes eventos deportivos como La Vuelta, casos que consideran una prueba de que la movilización ciudadana es capaz de modificar decisiones empresariales y abrir debates públicos que hasta hace poco parecían impensables.

“El boicot funciona porque obliga a las empresas a elegir entre seguir beneficiándose de una situación de ocupación o asumir que existe una responsabilidad ética que no puede ignorarse”, explica Velázquez. “Como sociedad tenemos la obligación de no convertirnos en cómplices pasivos de la destrucción que sufre el pueblo palestino. No se trata solo de lo que hacen los gobiernos, sino también de las decisiones que toman las empresas y del papel que desempeñamos como consumidores y ciudadanos”.

Desde BDS Murcia y Extinction Rebellion insisten, no obstante, en que sus acciones no están dirigidas contra las plantillas de las empresas afectadas. Los colectivos subrayan que los trabajadores de ICL Iberia y de las instalaciones de Totana y Cartagena ya formaban parte del tejido industrial murciano antes de la llegada del capital israelí y que seguirían desempeñando su actividad si la compañía recuperase una estructura empresarial independiente, como la antigua Fuentes Fertilizantes.

“No estamos señalando a los trabajadores ni cuestionando su derecho a conservar sus empleos”, afirma Velázquez. “Nuestra denuncia va dirigida a los propietarios y a un modelo empresarial que, a nuestro juicio, obtiene beneficios de la ocupación y contribuye a sostener una maquinaria de guerra. Los puestos de trabajo no tienen por qué desaparecer si desaparece esa vinculación”.

Al ser preguntada por esta redacción acerca de una valoración respecto a las denuncias formuladas por BDS Murcia y RESCOP sobre la llegada de cargamentos procedentes de Israel, desde la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia han declarado que en estos casos “se aplica el protocolo establecido, se examina la documentación y en caso de que la carga esté contemplada dentro del Real Decreto-ley 10/2025, se aplica y se actúa en consecuencia”.

ICL: “Los productos que descargamos en el Puerto de Cartagena no proceden de asentamientos israelíes situados en el Territorio Palestino”

Desde la compañía, aseguran que ICL “cumple estrictamente con la legislación vigente y con todos los controles aduaneros y de comercio exterior aplicables”. Asimismo, manifiestan que los productos importados por la compañía y descargados en el Puerto de Cartagena no están incluidos en el ámbito de las prohibiciones establecidas por el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre ni en la norma que desarrolla dicho Real Decreto.

En concreto, estas fuentes de ICL sostienen que “ninguno de los productos objeto de estas operaciones tiene origen en asentamientos israelíes situados en el Territorio Palestino”. También afirman que “ICL no explota minerales ni materias primas en Cisjordania ni en territorios palestinos” y que la compañía no ha figurado “ni ahora ni en el pasado” en ninguna base de datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre empresas vinculadas a actividades en asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.

Respecto a los productos descargados en Cartagena, desde la compañía se asegura que se trata de materias primas destinadas a usos civiles, principalmente industriales, agrícolas y alimentarios. “ICL no produce ni vende ningún tipo de producto para usos militares. Los productos de ICL a base de fosfato se desarrollan para funciones alimentarias, industriales y agrícolas, esenciales para los fertilizantes utilizados en regiones agrícolas como la de Murcia”, concluyen.

La redacción de elDiario.es Región de Murcia también ha solicitado declaración al propio Gobierno de la Región de Murcia, a la Autoridad Portuaria de Cartagena y a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre esta misma cuestión. En el momento de la publicación de este reportaje no se había recibido respuesta por parte de dichas entidades consultadas. En caso de producirse, sus declaraciones serán incorporadas a esta información.

El buque Chemical Luna enfilaba en la medianoche de este viernes la dársena cartagenera, donde hizo su entrada alrededor de las 00.42 horas. Tras una escala de algo más de 19 horas en Castellón, de donde zarpó este jueves a las 06.14 horas, el petrolero y quimiquero de bandera maltesa, construido en 2008 y con número IMO 9521423, llega al puerto de Cartagena con 2.010 toneladas de ácido fosfórico a bordo y con una nueva controversia sobre el origen de las materias primas que alimentan la industria de fertilizantes en la Región de Murcia.

La llegada del barco se produce en un contexto marcado por las denuncias del movimiento pacifista BDS Murcia y Palestina Libre Región de Murcia, que sostiene que el cargamento procede del territorio palestino ocupado del Negev y que, por tanto, podría estar afectado por las restricciones contempladas en el Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe la importación de productos provenientes de asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados.

No es la primera vez que un barco vinculado a la multinacional israelí ICL desembarca en Cartagena. Según recuerda BDS Murcia, a razón de aproximadamente un barco al mes, más de una quincena de embarcaciones han transportado productos químicos desde Israel hasta el puerto de Escombreras durante el último año. El precedente más reciente fue el del Trans Tind, cuya carga también generó una investigación por parte de las autoridades aduaneras.

ICL responde a las acusaciones de los movimientos pro palestinos

Esta redacción ha solicitado a ICL Iberia información sobre el origen exacto de las materias primas descargadas en Cartagena, así como su posición ante las acusaciones de explotación de recursos en territorios palestinos ocupados y las denuncias relacionadas con el suministro de fósforo blanco por parte de filiales del grupo.

La compañía asegura que “cumple estrictamente con la legislación vigente y con todos los controles aduaneros y de comercio exterior aplicables” y subraya que los productos importados “no están incluidos en el ámbito de las prohibiciones establecidas por el Real Decreto-ley 10/2025”.

ICL afirma que la documentación de origen y trazabilidad acredita que las materias primas proceden de Rotem, en Israel, y recalca que “ninguno de los productos objeto de estas operaciones tiene origen en asentamientos israelíes situados en el Territorio Palestino”. La empresa añade que conviene “no confundir denominaciones geográficas distintas como Nahal Rotem” con la instalación de Mishor Rotem, donde asegura que se localiza el origen de los productos.

Sin embargo, BDS Murcia rechaza esa explicación. Diego Miñano, miembro del colectivo, sostiene que “no existe ninguna garantía ni control sobre el sistema de etiquetado de ICL”. El activista recuerda que entidades como Who Profits o el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo han denunciado que la compañía extrae minerales mediante el bombeo y evaporación de aguas del Mar Muerto, una zona situada en Palestina.

“El origen de las mercancías y el proceso productivo se lleva a cabo en territorios ocupados ilegalmente, con independencia de que el posterior etiquetado se produzca en un determinado código postal”, afirma Miñano. A su juicio, la empresa se beneficia además del acuerdo comercial preferencial entre la Unión Europea e Israel, lo que le permitiría acogerse a ventajas arancelarias. “¿Qué empresa diría la verdad si mentir les sale más barato y además eluden posibles investigaciones?”, se pregunta.

Para el portavoz de BDS, el caso evidencia “la impunidad de empresas que se lucran de la ocupación ilegal en Palestina sin ser sancionadas” y también “la inacción del Gobierno de España, que aprueba medidas simbólicas cuya efectividad es nula”.

Mientras tanto, la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia asegura que, ante la llegada del Chemical Luna al puerto de Cartagena se activará el procedimiento habitual. Fuentes del organismo han explicado que “se llevará a cabo el protocolo establecido para este tipo de casos, y se examinará la documentación”. Asimismo, añaden que “en caso de que la carga esté contemplada dentro del Real Decreto-ley 10/2025, por supuesto que se aplicará y se actuará en consecuencia”.

Al respecto, BDS Murcia reclama a las autoridades aduaneras españolas que vayan más allá de la mera comprobación de la documentación aportada por la empresa y utilicen las herramientas legales previstas para comprobar el origen real de las materias primas. Unas facultades de control previstas en el Código Aduanero de la Unión (Reglamento UE 952/2013), que permiten verificar el origen efectivo de las mercancías y examinar su trazabilidad cuando existan indicios o sospechas de fraude en el etiquetado o de una declaración inexacta del país de procedencia.

Mientras, en tierra, activistas y administraciones se preparan para un nuevo episodio de una disputa que trasciende el ámbito comercial y que vuelve a situar a la ciudad portuaria en el centro del debate sobre las relaciones económicas con Israel y el alcance real de las medidas adoptadas por el Gobierno español.

Resulta difícil imaginar que uno de los barrios más importantes de la Murcia andalusí naciera, literalmente, sobre un vertedero. En el mismo lugar donde, hoy, miles de personas pasean cada día entre el Palacio de San Esteban —sede de la Presidencia y del Consejo de Gobierno de la región—, la avenida de la Libertad y El Corte Inglés, el subsuelo guarda la historia de un espacio que durante décadas sirvió para acumular cenizas, escombros y residuos domésticos antes de transformarse en el gran arrabal medieval de la Arrixaca, el principal barrio extramuros de la ciudad de Mursiya.

Es el gran giro de guion que están revelando las últimas excavaciones del yacimiento de San Esteban, un conjunto arqueológico de aproximadamente 10.000 metros cuadrados situado en pleno corazón de la Murcia actual. No se trata únicamente de un hallazgo excepcional por la calidad de sus restos, sino de una auténtica cápsula del tiempo que está obligando a revisar el relato sobre cuándo —parece que a principios del siglo XII— y cómo nació un enclave cuya relevancia trasciende el ámbito científico.

Cuando en 2009 comenzaron las obras para construir un aparcamiento subterráneo bajo los jardines de San Esteban, las excavaciones sacaron a la luz un barrio islámico prácticamente intacto. Lo que iba a ser una actuación urbanística terminó convirtiéndose en uno de los mayores conflictos patrimoniales de la historia reciente de la Región de Murcia. Arqueólogos, historiadores, asociaciones vecinales, colectivos sociales, diversas organizaciones y los partidos políticos PSOE e Izquierda Unida (IU), impulsaron una plataforma ciudadana que promovió movilización sin precedentes para reclamar la conservación íntegra del yacimiento, convencidos de que el valor histórico del conjunto era incompatible con la construcción del estacionamiento.

La dimensión del hallazgo fue resumida por el arqueólogo y exdirector del Museo Arqueológico Nacional, José María Luzón Nogué, con una frase que todavía hoy sirve para medir su importancia: “No hay una ciudad que pueda mostrar la historia de una época en esta extensión en ningún otro lugar”. No era una exageración. El arrabal de la Arrixaca constituye uno de los conjuntos urbanos andalusíes mejor conservados de Europa y permite estudiar, casi casa por casa y calle por calle, la evolución de una ciudad medieval.

Jorge Eiroa Rodríguez, arqueólogo y profesor de la Universidad de Murcia (UMU), es el director de la investigación arqueológica y miembro clave del Comité de Expertos encargados de garantizar el rigor científico y la adecuada musealización. Este reputado especialista resalta el gran valor de este patrimonio que “sin necesidad de ser monumental, es extraordinariamente representativo de lo que era la realidad en el pasado”. Para Eiroa, es una cuestión “de justicia” que la ciudad “recupere un conjunto patrimonial que pueda mostrar la historia islámica de Murcia en su momento de mayor esplendor”.

Una victoria ciudadana

La presión social e institucional para salvar el yacimiento resultó decisiva. Tras años de controversias, recursos judiciales, cambios de criterio administrativo y una indemnización de 6,4 millones de euros a las empresas adjudicatarias del aparcamiento, el proyecto fue definitivamente descartado y San Esteban pasó de ser un solar destinado a un parking a convertirse en una prioridad patrimonial. Quince años después, las excavaciones no solo continúan: están reescribiendo los orígenes de la Murcia que hoy se levanta sobre ellas.

Una de las voces más combativas en la defensa del yacimiento fue la del profesor de Arqueología de la Universidad de Murcia Javier García del Toro, fallecido en 2023. En esos días de movilización social, García del Toro contaba emocionado que, tras 35 años de profesor, “nunca había visto nada parecido para salvar un trozo de historia”.

Una financiación decisiva para desbloquear el proyecto

Salvar el yacimiento fue solo el primer paso. Durante más de una década, San Esteban permaneció condicionado por la falta de financiación suficiente y por la enorme complejidad técnica que supone intervenir sobre un barrio medieval de estas dimensiones.

El impulso definitivo ha llegado gracias a la colaboración entre administraciones y, especialmente, a la aportación económica del Estado, cuya financiación ha permitido afrontar las labores de excavación, conservación y la futura musealización del enclave. Sin esa inversión pública —más de 33 millones de euros, la mitad aportada por el Gobierno de España, otro 25% por la comunidad autónoma y un 25% más por el Ayuntamiento de Murcia— habría sido muy difícil desarrollar un proyecto de esta envergadura, llamado a convertirse en uno de los grandes referentes arqueológicos del sureste peninsular.

Mientras avanzan los trabajos, los investigadores continúan obteniendo datos que responden a preguntas planteadas desde el descubrimiento del yacimiento. Una de las más importantes era determinar cuándo comenzó realmente a poblarse este sector de la antigua Arrixaca Vieja.

Del vertedero al barrio

Las conclusiones preliminares de los arqueólogos apuntan a que la zona situada junto a la medina islámica no estuvo urbanizada desde los primeros momentos de la historia de Murcia. Antes de convertirse en un barrio densamente habitado, aquel espacio funcionó durante décadas como una amplia área periurbana utilizada para depositar residuos, escombros y restos de actividades domésticas.

El director de la intervención arqueológica, Clemente López Sánchez, ha explicado que los investigadores han documentado grandes depósitos de cenizas, carbón y materiales de desecho que evidencian ese uso inicial del terreno. Lejos de ser una información secundaria, esos estratos constituyen una fuente extraordinaria para reconstruir la evolución del barrio.

Los restos de cerámica, huesos de animales y otros materiales recuperados han permitido fechar con mayor precisión las distintas fases de ocupación. Gracias a ellos, los arqueólogos sitúan el inicio de una urbanización estable a finales del siglo XI o comienzos del XII, una cronología más tardía de lo que se había planteado hasta ahora. “Todos lo que estamos encontrando es un reflejo fiel de la vida cotidiana de los primeros murcianos que habitaron el arrabal”, explica López.

Este proceso coincide con una etapa de gran dinamismo para la Mursiya andalusí. Tras el declive del Califato y durante el periodo de las segundas taifas, especialmente bajo el gobierno de Ibn Mardanis, conocido como el Rey Lobo, la ciudad experimentó un importante crecimiento económico y demográfico que habría favorecido la expansión urbana hacia zonas periféricas hasta entonces escasamente ocupadas.

La cerámica que permite fechar una ciudad

Si existe un material capaz de contar la historia de una ciudad medieval, ese es la cerámica. Entre los objetos recuperados en San Esteban aparecen recipientes de almacenamiento, utensilios de cocina, platos y vasijas de uso cotidiano que, para los especialistas, funcionan como un auténtico calendario arqueológico.

La abundancia de determinadas producciones, como la denominada cuerda seca parcial, junto con la ausencia de otras tipologías posteriores, ha resultado fundamental para situar cronológicamente el inicio de la urbanización del sector excavado.

Además, algunas piezas muestran influencias de importantes centros productivos de Al-Ándalus, reflejando las conexiones comerciales y culturales que mantenía Murcia con otros territorios peninsulares.

Una ciudad más avanzada de lo que se imaginaba

Los nuevos trabajos también están sacando a la luz una faceta menos conocida de la Murcia medieval: su sofisticada gestión del agua y de los residuos.

La excavación ha permitido identificar complejos sistemas hidráulicos domésticos integrados en las viviendas. Canalizaciones, conducciones de agua, estructuras de evacuación y letrinas forman parte de una red que demuestra un grado de planificación urbana mucho más avanzado de lo que tradicionalmente se ha atribuido a las ciudades medievales.

En algunos casos, las estructuras conservan fosas sépticas y depósitos prácticamente intactos desde hace siglos. Estos elementos no solo hablan de ingeniería doméstica, sino también de hábitos de higiene, organización del espacio y formas de convivencia vecinal.

Para los especialistas, este conjunto refuerza la consideración de San Esteban como uno de los ejemplos más relevantes del urbanismo andalusí conservado en Europa.

La historia cotidiana escrita en huesos

Entre los restos recuperados durante la excavación también figuran numerosos huesos de animales que permiten acercarse a la vida diaria del arrabal. Uno de los hallazgos más llamativos ha sido el esqueleto de un perro localizado en un contexto arqueológico todavía objeto de estudio. También han aparecido restos de otros animales, entre ellos una yegua equipada con herraduras.

Para la arqueología actual, estos vestigios constituyen una fuente de información tan valiosa como la arquitectura. A través de ellos es posible conocer aspectos relacionados con la alimentación, el transporte, la actividad económica e incluso determinadas prácticas culturales de la sociedad medieval.

Otro descubrimiento singular es una estructura que algunos investigadores comparan con una especie de “caja fuerte” doméstica, destinada probablemente a custodiar bienes de valor dentro de la vivienda. A ello se suma la documentación de hasta cinco niveles superpuestos de pavimento en algunas casas, una circunstancia que demuestra que las viviendas fueron reformándose continuamente para adaptarse a las necesidades de sus habitantes.

Un proyecto para integrar el pasado en la ciudad del futuro

La importancia de San Esteban trasciende el ámbito científico. El objetivo de las administraciones es transformar el yacimiento en un gran espacio cultural abierto a la ciudadanía, capaz de combinar investigación, conservación y divulgación.

El proyecto ganador —la propuesta realizada por los estudios madrileños Burgos y Garrido Arquitectos y Ayllón Paradela de Andrés Arquitectos— plantea la creación de una gran plaza pública en superficie bajo la cual se desarrollará un espacio visitable sostenido por un “bosque de columnas” que permitirá recorrer los restos arqueológicos mediante un centro de interpretación integrado en el propio yacimiento. La propuesta busca compatibilizar la vida urbana con la protección del patrimonio y convertir el enclave en un nuevo referente cultural para Murcia. Además, recuperará el viejo Jardín de San Esteban haciéndolo “flotar” sobre el yacimiento, aseguran los arquitectos implicados.

No obstante, como ha ocurrido desde el descubrimiento del conjunto, el proyecto también ha suscitado debate. Algunos especialistas y colectivos patrimonialistas consideran que cualquier intervención debe extremar las precauciones para que las soluciones arquitectónicas contemporáneas no resten protagonismo a los restos originales y garanticen que la conservación prevalezca sobre cualquier criterio urbanístico. Otros han mostrado preocupación por la complejidad técnica de la actuación, su coste y los plazos de ejecución.

Según ha anunciado la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, la licitación de la última fase no llegará, como mínimo, hasta el verano de 2027.

Mucho más que una excavación arqueológica

Cada nuevo estrato excavado sigue aportando información sobre cómo se organizaba la ciudad, cómo vivían sus habitantes y cómo evolucionó uno de los espacios urbanos medievales más excepcionales conservados en Europa.

Pero San Esteban también simboliza otra historia: la de un patrimonio cuya supervivencia fue posible gracias a años de reivindicación ciudadana, al compromiso institucional y a una financiación pública que permitió desbloquear un proyecto largamente esperado.

En ese sentido, el verdadero hallazgo de San Esteban no es una pieza concreta, sino la posibilidad de comprender con una precisión cada vez mayor los orígenes de la Murcia que habitamos hoy y de demostrar que conservar el pasado también es una forma de construir el futuro.

La costa sur de la Región de Murcia lleva años acostumbrándose a convivir con dos realidades incómodas: la llegada periódica de embarcaciones con personas migrantes y la expansión silenciosa de las redes vinculadas al narcotráfico marítimo. El grupo municipal de Vox en Lorca —que desde 2023 gobierna este municipio junto con el Partido Popular— ha colocado ambos asuntos en el centro de la agenda política local, después de defender en el Pleno municipal ordinario correspondiente al mes de mayo, una batería de medidas contra las llamadas “pateras taxi” y las narcolanchas que operan en distintos puntos del litoral lorquino. José Martínez, edil de esta formación y responsable de la Concejalía de Protección Civil y Emergencias, asegura que la situación “ha desbordado la capacidad de vigilancia” del ayuntamiento, al tiempo que reclama más medios policiales y controles en la costa.

El anuncio de Vox llega en un contexto especialmente sensible. Apenas unos días antes, el 10 de mayo de 2026, una patera con 24 inmigrantes a bordo fue interceptada en Cala Blanca, en el diseminado de la pedanía lorquina de Garrobillo. Aquella imagen —la de un grupo de personas exhaustas llegando a una cala semidesierta del litoral murciano— volvió a sacudir a los vecinos de la zona, acostumbrados ya a ver dispositivos de Guardia Civil y Salvamento Marítimo en episodios similares.

No era un caso aislado. En marzo, las autoridades contabilizaron al menos 72 migrantes desembarcados en distintos puntos de la franja costera compartida entre Lorca y Águilas. El aumento de llegadas ha generado preocupación entre parte de la población local, aunque también ha despertado críticas hacia quienes intentan vincular automáticamente migración y delincuencia organizada para alimentar discursos de inseguridad.

La frontera invisible del Mediterráneo

En Puntas de Calnegre, una pequeña y pintoresca localidad costera perteneciente a la pedanía lorquina de Ramonete, la llegada de estas embarcaciones es un tema recurrente, pero que se comenta con discreción entre sus escasos setenta habitantes. “Muchas veces no sabes si es una patera o una lancha rápida”, explica un residente que pide mantener el anonimato. “Aquí por la noche apenas hay iluminación, pero la gente escucha motores y ve movimiento. Unas veces llegan las patrullas y otras no”.

La sensación de incertidumbre se ha instalado en parte del vecindario. No tanto por la presencia de personas migrantes, insisten algunos residentes, sino por la percepción de que esta franja litoral se ha convertido en una ruta relativamente accesible para distintos tipos de tráfico marítimo irregular.

Otros vecinos, sin embargo, cuestionan el tono alarmista que se está imponiendo en el debate público.“La mayoría de quienes llegan vienen desesperados, no son criminales”, comenta una trabajadora del sector hostelero de la zona. “El problema es que algunos partidos meten todo en el mismo saco”.

Ese matiz resulta clave. Expertos en migraciones y derechos humanos llevan años alertando del riesgo de criminalizar a quienes cruzan el Mediterráneo en condiciones extremas. España continúa siendo una de las principales puertas de entrada a Europa para personas que huyen de conflictos, pobreza o persecución, especialmente desde el norte de África y el Sahel.

Pero al mismo tiempo, las autoridades reconocen que determinadas rutas utilizadas para la inmigración irregular también son aprovechadas por redes de narcotráfico. Y es ahí donde el discurso político encuentra un terreno fértil.

Ramonete: el narcotráfico deja de ser invisible

Si en Puntas de Calnegre el fenómeno migratorio centra buena parte de la conversación, en Ramonete el miedo tiene otro nombre: narcotráfico.

La pedanía lorquina vivió uno de sus episodios más traumáticos en octubre de 2025, cuando un doble crimen relacionado con bandas dedicadas al tráfico de drogas sacudió la comarca. El 7 de octubre apareció el cuerpo de un hombre con impactos de bala dentro del maletero de un coche en la zona de Ramonete. Poco después, las autoridades localizaron una segunda víctima en una vivienda del paraje de El Cantar.

Las investigaciones apuntaron rápidamente a un ajuste de cuentas entre organizaciones vinculadas al tráfico de hachís. Entre las víctimas figuraba Giuliano Velo, ciudadano italiano con antecedentes relacionados con narcotráfico y presuntos vínculos con la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, una de las más poderosas del mundo. La otra víctima era un ciudadano marroquí supuestamente relacionado con el mundo de los 'vuelcos', como se conoce en el argot criminal a los robos de mercancía entre traficantes.

En diciembre de 2025, la Guardia Civil detuvo a tres personas implicadas en el doble asesinato. El propio alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, reconoció públicamente entonces que el crimen estaba relacionado con disputas derivadas del tráfico de drogas.

Aquellos hechos marcaron un antes y un después en la percepción del problema en la zona. Lo que durante años había permanecido en un segundo plano —comentarios aislados sobre lanchas rápidas, movimientos nocturnos o alijos en playas remotas—pasó a convertirse en una preocupación visible.

“Antes parecía algo lejano, como si ocurriera en Cádiz o en el Campo de Gibraltar”, explica un agricultor de la zona. “Pero cuando aparecen muertos aquí, la gente entiende que el problema está mucho más cerca”.

El ecosistema de las narcolanchas

Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Mediterráneo funcionan mediante una compleja red de colaboradores y apoyos logísticos. Aunque las autoridades evitan generalizaciones, distintos investigadores y expertos en seguridad reconocen que las mafias encuentran en algunas zonas costeras un entorno favorable debido a la dispersión geográfica, la dificultad de vigilancia y la existencia de economías precarias.

En ese entramado aparecen figuras como los llamados 'petaqueros', encargados de suministrar combustible a las narcolanchas en alta mar o en puntos estratégicos del litoral. Su papel resulta esencial para mantener operativas embarcaciones capaces de recorrer largas distancias a gran velocidad.

También están los 'chivatos', personas que alertan de posibles movimientos policiales o de la presencia de patrullas de vigilancia. A menudo utilizan teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería para transmitir información en tiempo real.

A ellos se suman conductores de embarcaciones, responsables de logística en tierra y pequeños colaboradores que participan en tareas puntuales. Las investigaciones policiales señalan que muchas de estas redes operan de forma fragmentada y flexible, dificultando la identificación de estructuras jerárquicas permanentes.

Hablar de la posible existencia de apoyos locales sigue siendo un tema delicado en municipios pequeños donde todos se conocen. Algunos vecinos admiten en privado que el narcotráfico genera una economía paralela difícil de ignorar. Otros rechazan frontalmente esa idea y consideran injusto señalar a comunidades enteras por la actuación de grupos minoritarios.

Lo cierto es que el fenómeno tiene una dimensión social compleja. En áreas con empleo estacional, precariedad laboral, bajos niveles de renta y pocas oportunidades para los jóvenes, las redes criminales encuentran más facilidad para captar colaboradores ocasionales ofreciendo dinero rápido.

Entre el miedo y la instrumentalización política

La propuesta presentada por Vox en Lorca se apoya precisamente en esa percepción creciente de inseguridad. El partido reclama reforzar la vigilancia marítima, incrementar la presencia de Guardia Civil y endurecer las medidas contra la inmigración irregular.

Sin embargo, organizaciones sociales y sectores progresistas acusan a la formación de utilizar episodios reales para construir un relato que mezcla migración y delincuencia de manera interesada.

“La llegada de personas migrantes no puede abordarse únicamente desde una perspectiva policial”, señalan desde colectivos de apoyo a refugiados en la Región de Murcia. “Se está generando un discurso que convierte a personas vulnerables en amenazas”.

La crítica no implica negar la existencia del narcotráfico. De hecho, expertos en seguridad consideran evidente que las rutas marítimas del sureste español están siendo utilizadas cada vez más por organizaciones criminales. Pero advierten de que simplificar el problema puede resultar contraproducente.

“El narcotráfico es una estructura económica transnacional con enormes recursos”, explica un criminólogo consultado para este reportaje. “Reducirlo al debate sobre pateras es políticamente rentable, pero no ayuda a entender cómo funcionan realmente estas redes”.

En paralelo, las fuerzas de seguridad enfrentan un desafío creciente. El litoral murciano combina kilómetros de costa abrupta, calas aisladas y zonas de difícil acceso que complican las labores de vigilancia. Las mafias aprovechan además tecnologías de navegación cada vez más sofisticadas y embarcaciones de alta potencia.

Una costa en transformación

Más allá del enfrentamiento político, lo que ocurre en Lorca refleja una transformación más amplia del Mediterráneo occidental. Las rutas migratorias cambian constantemente en función de la presión policial y de los conflictos internacionales, mientras que el narcotráfico adapta sus métodos con enorme rapidez.

La Región de Murcia, históricamente alejada de los focos mediáticos que acompañaban al Campo de Gibraltar, empieza a aparecer con más frecuencia en informes policiales y titulares relacionados con tráfico marítimo ilegal.

Algunos vecinos temen que esa imagen termine afectando al turismo y a la vida cotidiana de pueblos tradicionalmente tranquilos. Otros creen que negar el problema sería aún peor.

“Lo que hace falta es hablar con seriedad”, resume un residente de Puntas de Calnegre. “Ni convertir esto en una película de narcos ni fingir que no pasa nada”.

En el fondo, esa tensión resume el gran dilema que atraviesa hoy el debate público en la costa murciana: cómo afrontar fenómenos complejos —migración, exclusión social, crimen organizado y abandono institucional— sin caer ni en el alarmismo ni en la indiferencia.

Las elecciones al Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) suman una candidatura con una larga trayectoria académica y de gestión: la de Guillermo Díaz Baños. Catedrático de Química Física, su perfil combina experiencia docente, investigadora y una amplia implicación institucional que le ha llevado a ocupar responsabilidades clave dentro de la universidad.

“He sido secretario y director de mi departamento, vicerrector de Extensión Universitaria, director de la EIDUM y actualmente decano de la Facultad de Química”, resume. A ello se suma una trayectoria de más de cuarenta años vinculado a la UMU, primero como estudiante y después como profesor e investigador. “Todo ello me ha permitido conocer, de primera mano, la universidad desde muchos lugares distintos”, señala.

Esa experiencia acumulada es, precisamente, el fundamento de su candidatura. “Creo que para ser rector es importante tener una trayectoria que avale esa intención. La implicación, el compromiso y el modelo de universidad que defiendo se reconocen más en los hechos que en las palabras”, afirma. Su mensaje final, en latín, condensa su ambición: “Ad maiora” (hacia grandes cosas).

Motivación y visión: experiencia al servicio del cambio

Díaz no esconde que su decisión responde a un momento concreto. “He decidido presentarme porque creo que es el momento de poner toda mi experiencia al servicio de la Universidad de Murcia”, explica. Su diagnóstico es directo: la institución necesita cambios reales.

“No basta con seguir haciendo lo mismo. Me presento por compromiso con la universidad pública y porque creo que hay una forma más clara, más justa y más útil de gobernarla”, afirma.

Su visión de futuro se resume en una idea sencilla pero ambiciosa: “Una universidad pública, rigurosa, abierta y bien gobernada, que forme bien, investigue mejor, transfiera con sentido y cuide de sus miembros”. En esa frase se condensa el núcleo de su programa: reforzar lo esencial y eliminar lo superfluo.

Gobernanza: menos burocracia, más rumbo

Uno de los principales problemas que identifica es la complejidad de la gestión. “Hemos normalizado una universidad demasiado burocrática, lenta y desgastante”, advierte. Para Díaz, esta situación tiene consecuencias claras: se pierde energía en lo accesorio.

“Cuando una universidad dedica demasiada energía a lo accesorio, pierde fuerza en lo esencial: enseñar, investigar y transferir conocimiento”, sostiene. A ello suma la falta de planificación a medio y largo plazo, lo que, a su juicio, agrava la situación.

Su propuesta pasa por simplificar estructuras y clarificar prioridades. “Servicio público con gestión eficiente y planificación real”, resume. En este sentido, defiende una gobernanza “más cercana, participada, transparente y útil”.

“Gobernar bien no es multiplicar cargos ni trámites, sino dar rumbo, escuchar y decidir con criterios claros”, insiste. Entre sus medidas destaca el refuerzo del Claustro como espacio de debate, la descentralización de decisiones hacia los centros y la reducción de estructuras innecesarias.

Diálogo universitario: presencia real y corresponsabilidad

Díaz considera que uno de los déficits actuales es la falta de diálogo continuo entre los distintos colectivos universitarios. “El diálogo no puede quedar reducido a momentos puntuales”, afirma.

Para solucionarlo, propone una presencia activa del equipo rectoral en los centros. “Planteo que el rector visite cada mes un centro para escuchar directamente a estudiantado, profesorado y PTGAS (personal técnico, de gestión y de administración y servicios)”, explica.

Su modelo se basa en la corresponsabilidad. “Cada colectivo debe tener claro su papel: el profesorado centrado en docencia, investigación y transferencia; el PTGAS reforzado en la gestión; y el estudiantado con más protagonismo”. Y añade: “Si cada uno se siente escuchado de verdad, la universidad funciona mejor”.

Ética y transparencia: rendir cuentas con hechos

En el terreno electoral, Díaz apuesta por una campaña basada en el respeto. “Hay que evitar la descalificación personal, la propaganda vacía y la información sesgada”, señala. Para él, la universidad debe ser un ejemplo de debate riguroso.

“Defender ideas con firmeza es compatible con hacerlo desde la honestidad y el respeto”, afirma. Este planteamiento se traslada también a su compromiso de gobierno.

“Quiero que la comunidad universitaria sepa qué se hace, por qué se hace y con qué resultados”, explica. Entre sus propuestas destaca la publicación de indicadores de seguimiento, un informe anual que vincule presupuesto y resultados, y la creación de un portal único de transparencia.

Además, plantea la creación de una Oficina de Buen Gobierno e Integridad Pública. “Un organismo autónomo que supervise la aplicación del código ético y garantice canales seguros de alerta”, detalla.

Docencia y profesorado: planificar para mejorar

La mejora de la docencia pasa, según Díaz, por una idea clave: planificación. “No se puede mejorar la docencia si se improvisa con las plantillas”, afirma.

Por ello, propone un Plan Estratégico Plurianual de Capital Humano que permita anticipar necesidades, ordenar el relevo generacional y reducir la precariedad. “Necesitamos una carrera académica más clara y previsible”, sostiene.

También defiende reforzar el apoyo docente, mejorar los recursos y revisar los sistemas de evaluación. “Formar bien hoy exige metodologías más activas, un uso responsable de la inteligencia artificial y una docencia centrada en el aprendizaje real”.

Pero introduce un elemento diferencial: el bienestar. “No puede haber docencia de calidad sin una comunidad universitaria cuidada”, subraya. Y añade: “La salud mental, la conciliación y unas condiciones dignas no son un complemento, sino una base”.

Investigación: ampliar la base sin perder excelencia

En materia investigadora, Díaz plantea una estrategia dual: mantener la excelencia y ampliar la base. “La investigación es una seña de identidad de la universidad”, afirma.

Para reforzarla, propone apoyar especialmente a áreas con menor financiación, fomentar la interdisciplinariedad y desarrollar un plan a seis años con objetivos claros. También insiste en la necesidad de atraer y retener talento.

“Debemos reducir la burocracia que resta tiempo al profesorado y reconocer mejor el esfuerzo investigador”, señala. Pero va más allá de los indicadores tradicionales.

“Investigar no es solo publicar más, sino transferir mejor ese conocimiento para mejorar la vida de las personas”, afirma. En su visión, la investigación debe tener un impacto social tangible.

Transferencia y Europa: estrategia y misión pública

Díaz apuesta por una universidad más activa en la captación de fondos europeos. “No podemos esperar oportunidades, tenemos que salir a buscarlas”, afirma.

Propone aprovechar mejor programas como Horizonte Europa y fortalecer redes internacionales. También plantea modernizar la OTRI (Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación) y fomentar iniciativas como los doctorados industriales o las spin-offs.

Sin embargo, introduce una advertencia: “La apertura no puede hacerse a cualquier precio”. Para él, la colaboración con empresas debe estar alineada con la misión pública de la universidad.

“El conocimiento debe estar al servicio de la sociedad, también en las humanidades y las ciencias sociales”, subraya.

Estudiantes: protagonismo y bienestar

El estudiantado ocupa un lugar central en su propuesta. “Debe volver a ser el verdadero protagonista de la universidad”, afirma. Por eso, entre sus medidas destaca la mejora de la transición desde etapas previas, el refuerzo de la tutoría y la garantía de evaluaciones justas. Pero también pone el foco en la experiencia cotidiana.

“Hay que cuidar la vida universitaria: mentoría, orientación, prácticas de calidad y bienestar emocional”, explica. Además, insiste en la necesidad de espacios seguros y accesibles. “La universidad no solo enseña, también cuida y acompaña”, resume.

Empleabilidad: formación integral y pensamiento crítico

Para mejorar la inserción laboral, Díaz propone reforzar las prácticas externas, la formación dual y la orientación profesional. “Las prácticas deben tener valor formativo real”, advierte.

También subraya la importancia de la inteligencia artificial. “Ningún egresado debería salir sin saber utilizarla con criterio y responsabilidad”.

Sin embargo, introduce un matiz importante: “La empleabilidad no puede ser el único criterio”. Para él, la universidad pública tiene también una función social y cultural. “El mercado cambia, pero el valor de la formación universitaria va más allá de la rentabilidad inmediata”, sostiene.

Igualdad: romper inercias históricas

Con tres mujeres candidatas al rectorado, el proceso electoral actual puede marcar un hito en términos de igualdad de género en la UMU. Díaz reconoce su importancia: “Tiene un valor simbólico evidente”. Pero insiste en que el reto es más profundo. “La igualdad debe traducirse en políticas reales de conciliación, corresponsabilidad y eliminación de discriminaciones”.

Más que hablar de liderazgo femenino, apuesta por la diversidad. “Una universidad con liderazgos diversos gobierna mejor”, afirma.

Universidad y sociedad: presencia y utilidad pública

Para Díaz, la Universidad de Murcia debe ser un actor central en la Región. “No puede comportarse como una institución aislada”, advierte.

Por eso, propone reforzar la transferencia, las alianzas con empresas y administraciones y una extensión universitaria más ambiciosa. Pero también insiste en la necesidad de visibilidad. “Tenemos que estar más en la calle, divulgar mejor la ciencia y explicar lo que aportamos”, afirma.

En el plano territorial, plantea consolidar sedes en municipios y ajustar la oferta a las necesidades locales. “La universidad debe ser accesible, útil y cercana”.

Una universidad más clara, justa y humana como aspiración

De cara al final de su mandato, Díaz tiene claro cómo le gustaría ser recordado. “Como una etapa de servicio público, de honestidad y de trabajo serio”, afirma.

Díaz aspira a una universidad con menos burocracia y más claridad de rumbo. “Que se haya escuchado, explicado y dado la cara”, resume. Pero, sobre todo, pone el foco en las personas. “Que se haya cuidado más a la comunidad universitaria, en su bienestar y en sus condiciones”.

Y concluye con una idea que resume su proyecto: “Que la Universidad de Murcia sea más universidad: más rigurosa, más abierta, más justa y más útil para la sociedad”.