En verano, abrir una ventana en Los Martínez del Puerto puede convertirse en un imposible. Los vecinos de esta pedanía de poco más de 800 habitantes perteneciente al municipio de Murcia soportan desde hace años los malos olores que atribuyen a una planta de tratamiento de residuos orgánicos. La reciente tramitación para multiplicar por más de nueve su capacidad de gestión ha reavivado un conflicto que plantea interrogantes sobre el control ambiental, la planificación urbanística y la respuesta de las administraciones públicas ante quienes reclaman la protección de su salud y de su patrimonio.

El hedor —descrito por quienes conviven con él como una mezcla intensa de purines y materia orgánica en descomposición— invade las calles, obliga a cerrar puertas y ventanas y altera la vida cotidiana hasta el punto de generar impactos negativos en la salud física y psicológica de muchos de los afectados, que refieren síntomas como náuseas, estrés e insomnio.

Un problema que, lejos de poder contarse en episodios aislados, se ha cronificado hasta condicionar aspectos tan básicos como ventilar la vivienda, dejar que los menores jueguen en el exterior o disfrutar de una cena en el patio durante las noches de verano. “No puedo ni tender la ropa fuera porque cuando la recojo huele a mierda de cerdo”, resume una de las vecinas.

Su testimonio no es una excepción. Durante los últimos meses, decenas de residentes han decidido organizarse para documentar lo que consideran una realidad ignorada durante demasiado tiempo y presentar alegaciones contra el proyecto de ampliación de la planta.

Mucho más que un problema de olores

El conflicto gira en torno a una planta de tratamiento de residuos valorizables situada en las inmediaciones de la población. En sus instalaciones se reciben purines, estiércoles, restos de origen animal y lodos de depuradora para su transformación en productos destinados, entre otros usos, a la fertilización agrícola. Según la documentación aportada por la plataforma vecinal, la titularidad corresponde a TGRV Hijos de Martínez Roca S. L., mientras que la actividad es desarrollada por Digestos del Sur, empresas que, según los denunciantes, pertenecen al mismo entorno empresarial.

La actividad de valorización de residuos orgánicos forma parte de las estrategias impulsadas por la Unión Europea y las administraciones públicas para favorecer la economía circular. Los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas insisten en que nunca han cuestionado esa necesidad. “Somos un pueblo agrícola”, explican: “Hemos convivido toda la vida con granjas y con el campo. No estamos en contra de la ganadería ni de que los residuos se gestionen correctamente. Lo que no entendemos es que una instalación industrial de estas características pueda funcionar tan cerca de nuestras casas”.

El olor, recuerda Alberto Ruiz, doctor en Química y especialista en contaminación atmosférica, también constituye un contaminante. Aunque resulte mucho más difícil de medir, la exposición continuada a episodios intensos de contaminación odorífera puede afectar al bienestar físico y psicológico de la población. Es precisamente esa situación la que describen los vecinos.

Durante años, aseguran, la respuesta institucional ha sido prácticamente la misma. Cuando los malos olores se intensificaban, algunos llamaban al 112 o a la Policía Local; otros acudían directamente al Ayuntamiento de Murcia para presentar quejas. Con el paso del tiempo, muchos dejaron de hacerlo. “Siempre nos dicen que todo está en regla. Que tienen papeles”, lamentan.

Esa respuesta, explican, terminó convirtiéndose en el símbolo de una frustración creciente. Ya no cuestionan únicamente la existencia de autorizaciones administrativas. Lo que ponen en duda es si esas autorizaciones reflejan realmente la actividad que observan cada día y si los controles realizados son suficientes para garantizar una convivencia compatible con el derecho a disfrutar de sus viviendas.

Esta preocupación dio un salto cualitativo el 1 de marzo de 2025. Ese día se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el anuncio de información pública relativo a la ampliación de la planta. Muchos vecinos descubrieron entonces, casi por casualidad, que la empresa pretendía incrementar la capacidad autorizada de tratamiento desde las 25.000 toneladas anuales hasta las 230.600. “Cuando vimos la cifra nos echamos las manos a la cabeza. Si ahora ya es difícil vivir aquí, ¿cómo vamos a soportar una planta nueve veces mayor?”, se preguntan.

A partir de ese momento comenzaron a revisar centenares de páginas de documentación técnica, normativa urbanística, cartografía ambiental e imágenes aéreas. El trabajo desembocó en un amplio documento de alegaciones y en cerca de quinientas alegaciones particulares, además de escritos remitidos a la Fiscalía de Medio Ambiente, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el Ayuntamiento de Murcia y la Administración regional.

Una ubicación incompatible con la normativa, según los afectados

La primera gran objeción planteada por los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas no se refiere al funcionamiento diario de la planta, sino a su propia ubicación. “Nunca hemos entendido cómo pudo autorizarse una instalación de este tipo en este lugar”, afirman.

Según sostienen en sus alegaciones, el planeamiento urbanístico municipal establece que las actividades catalogadas como de Alta Incidencia Ambiental deben situarse a una distancia mínima de 2.000 metros de los núcleos de población. Sin embargo, aseguran que la planta se encuentra a unos 1.980 metros de Los Martínez del Puerto, a aproximadamente 1.700 metros de Los Calderones y a unos 400 metros de varios centros de trabajo ajenos a la actividad.

A ello añaden la proximidad —apenas 800 metros— a una bolsa de suelo donde está prevista la construcción de una urbanización y la existencia de otras cercanas ya consolidadas como Altaona Resort, El Valle Golf Resort o Finca Lo Santiago, donde, según relatan los residentes, también se perciben los olores procedentes de la instalación. “No solo afecta a nuestro pueblo, el hedor se percibe fuertemente también en las urbanizaciones cercanas”, aseguran.

Los vecinos también cuestionan otros aspectos relacionados con el emplazamiento de la planta. Recuerdan que la normativa establece distancias mínimas entre este tipo de instalaciones y las explotaciones ganaderas para reducir riesgos sanitarios y epidemiológicos. Según sus alegaciones, la planta se construyó a 75 metros de una granja preexistente y a unos 340 de otra.

Las dudas alcanzan igualmente a los accesos. Los residentes sostienen que los camiones utilizados para transportar los residuos alcanzan las 40 toneladas de masa máxima autorizada, mientras que los caminos por los que circulan presentan limitaciones de 16 toneladas. “Nos cuesta entender que una actividad de este volumen dependa de unos caminos rurales que nunca fueron concebidos para soportar ese tráfico”, explican al respecto.

Además, denuncian que el último tramo de acceso a la planta discurre por la Vereda de Torre Pacheco, una vía pecuaria protegida que, según sostienen, ha sido modificada para facilitar el paso continuado de vehículos pesados.

La ubicación suscita otra preocupación añadida. La planta linda con un cauce natural considerado zona de flujo preferente, circunstancia que, a juicio de los afectados, debería haber motivado un análisis mucho más exhaustivo de los riesgos asociados a una instalación dedicada al tratamiento de residuos orgánicos.

La preocupación por el impacto ambiental

Si hay una imagen que los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas cuentan haber visto repetirse durante años es la de los tractores abandonando la planta con cubas cargadas para dirigirse a parcelas agrícolas del entorno.

“Los vemos salir prácticamente a diario y entrar en distintas parcelas de la zona para verter los purines. En algunos casos, sin que los propietarios sepan exactamente qué se está depositando allí”, afirman varios integrantes de la plataforma vecinal.

Esa escena cotidiana ha terminado convirtiéndose en una de sus mayores preocupaciones. Porque, más allá de los olores, consideran que la actividad puede tener consecuencias ambientales que trascienden a la propia pedanía.

“Nos preocupa muchísimo la contaminación del suelo y de los acuíferos por nitratos, pero también lo que pueda terminar llegando al Mar Menor. Las ramblas de esta zona desembocan allí y llevamos años viendo cómo la laguna intenta recuperarse mientras aquí parece que nadie quiere mirar lo que está ocurriendo”.

Los vecinos recuerdan que este entorno se encuentra incluido en la Zona 2 establecida por la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, una circunstancia que, a su juicio, debería haber llevado a las administraciones competentes a extremar la vigilancia. “Lo que no entendemos es cómo se destinan millones de euros para recuperar el Mar Menor mientras se permite que continúen produciéndose situaciones como las que denunciamos desde hace años. Si las instituciones europeas conocieran lo que está ocurriendo aquí, ¿qué pensarían?”.

No se trata únicamente de una percepción vecinal. En las alegaciones registradas durante la tramitación del proyecto solicitaron expresamente que la Administración comprobara el destino final de los residuos valorizados, revisara los movimientos de las deyecciones ganaderas y analizara el posible impacto sobre el suelo y las aguas subterráneas. “No pedimos que crean nuestra palabra. Pedimos que comprueben los hechos, que analicen el suelo, porque el suelo no miente”, reclaman.

La utilización de terrenos distintos de los incluidos oficialmente en el expediente constituye otro de los aspectos que más indignación provoca entre los vecinos. Según explican, el proyecto de ampliación únicamente hace referencia a la parcela 4 del polígono 158. Sin embargo, sostienen que las imágenes aéreas muestran residuos, acopios y actividad desarrollándose también sobre otras parcelas colindantes. “Cualquiera puede comprobarlo observando las fotografías aéreas. Los residuos no están solo donde dice el proyecto”.

Por ese motivo solicitaron que la Administración verificara la situación real de las parcelas afectadas, identificara sus usos autorizados y comprobara si la superficie utilizada por la actividad coincide realmente con la declarada por la empresa. “Nos sorprende que, después de haber comunicado esta circunstancia por escrito, la Administración no haga ninguna referencia a esas otras parcelas. Es como si sencillamente no existieran”.

Para la plataforma, esa comprobación permitiría despejar muchas de las dudas planteadas durante la tramitación administrativa y ofrecería una respuesta objetiva a una controversia que se prolonga desde hace años.

Vivir con las ventanas cerradas

Pero ninguna discusión técnica consigue explicar por sí sola lo que supone convivir diariamente con los olores procedentes de la planta. Las consecuencias aparecen en gestos cotidianos que han terminado modificando la forma de vivir de muchas familias. “No hablamos de un problema puntual. Hay días en los que directamente no puedes abrir una ventana, tender la ropa o sentarte a cenar en el patio. Tienes que vivir encerrado en tu propia casa”, asegura una de las vecinas.

La Organización Mundial de la Salud y distintos organismos europeos llevan años advirtiendo de que la contaminación odorífera constituye un problema ambiental complejo. Aunque no implique necesariamente un riesgo sanitario directo demostrable, la exposición continuada puede provocar estrés, alteraciones del sueño, ansiedad y una pérdida progresiva del bienestar. Son precisamente esas consecuencias las que describen muchos residentes.

Los vecinos que aparecen en este reportaje han solicitado preservar su identidad por temor a posibles consecuencias. Una de las residentes en la pedanía explica cómo esta situación ha alterado incluso sus momentos de convivencia familiar: “Era feliz invitando a mis hijos, nueras y nietos a almorzar los domingos en mi patio, pero han dejado de venir porque les comían las moscas y el olor a purines les quitaba las ganas de comer”.

Otro vecino tampoco recuerda haber vivido una situación semejante. “Llevamos cincuenta años viviendo aquí y jamás habíamos tenido que comer con las ventanas cerradas en pleno agosto”. “Me da vergüenza invitar a mis sobrinos de Murcia. En cuanto bajan del coche se tapan la nariz y dicen: '¡Qué peste!'”, se lamenta otra mujer.

Los afectados insisten en que son pequeñas escenas que difícilmente aparecen reflejadas en un expediente administrativo, pero que acaban alterando profundamente la vida de quienes las sufren. En algunos casos, las consecuencias afectan incluso al patrimonio de los vecinos, como relata uno de ellos: “Es imposible. Nuestra casa vale mucho menos ahora por culpa del olor. Pero es que, además, cada vez que viene alguien a verla acaba marchándose”.

Otros residentes hablan de noches sin dormir, de episodios de náuseas cuando el viento sopla hacia el núcleo urbano, de ansiedad ante la posibilidad de que el problema aumente si prospera la ampliación de la planta y de una sensación compartida de haber normalizado una situación que consideran inaceptable.

Ese deterioro de la calidad de vida es, para ellos, el verdadero centro del conflicto. La discusión ya no gira únicamente en torno a una instalación industrial o a un expediente administrativo, sino sobre el derecho de cientos de personas a disfrutar de sus viviendas.

El último golpe: una Declaración de Impacto Ambiental que vuelve a frustrar a los vecinos

Cuando los vecinos de Los Martínez del Puerto y de las urbanizaciones cercanas presentaron cientos de alegaciones al proyecto de ampliación confiaban en que el procedimiento administrativo sirviera para despejar muchas de las dudas que, a su juicio, planteaba la instalación. La publicación de la Declaración de Impacto Ambiental terminó provocando el efecto contrario.

En junio de 2026, se hizo pública la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto de ampliación. Una evaluación elaborada por el órgano ambiental autonómico —la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente, encabezada por Enrique Ujaldón— cuyo objeto es determinar los posibles efectos significativos adversos sobre el medio ambiente y la salud humana.

En esa resolución, la Administración no realiza una valoración especialmente crítica del proyecto. Más bien al contrario. En la mayor parte de las cuestiones controvertidas considera satisfactorias las explicaciones ofrecidas por el promotor y da por válidas sus respuestas a las alegaciones formuladas por los particulares.

El documento llega a afirmar, por ejemplo, que la instalación viene funcionando desde 2010 “sin que se haya acreditado la existencia de incumplimientos relevantes en materia de olores o afecciones a la salud”. Para quienes llevan años denunciando la situación, esa afirmación supuso un duro golpe. “Sentimos que no paramos de golpearnos contra un muro”, resume uno de los integrantes de la plataforma.

El procedimiento, hoy continúa adelante. Lo hace con el beneplácito del Ayuntamiento de Murcia y pese a que el expediente incorpora informes de distintos organismos oficiales que contienen observaciones críticas sobre el proyecto. Entre ellos, figura el emitido por la Subdirección General de Planificación, Biodiversidad, Caza y Pesca Fluvial, que sostiene que la instalación ocupa “una superficie global que más que duplica la referida en el documento ambiental presentado”.

Los vecinos recuerdan además otro episodio que, a su juicio, resulta especialmente llamativo. Explican que, el 2 de mayo de 2019, la Dirección General de Medio Ambiente y Mar Menor autorizó una ampliación de la planta hasta las 1.200 toneladas anuales. Sin embargo, el 12 de febrero de 2020, ese mismo organismo publicó una corrección de errores mediante la que la capacidad autorizada pasó a ser de 25.000 toneladas al año.

La plataforma sostiene que ese incremento constituía una modificación sustancial de la autorización y cuestiona que se utilizara la figura de una corrección de errores para introducir un cambio de esa magnitud, al considerar que esa vía impidió la presentación de alegaciones.

“Nos sentimos completamente desprotegidos”

Más allá de los aspectos urbanísticos, ambientales o administrativos, hay un sentimiento que se repite una y otra vez en todas las conversaciones mantenidas con los afectados: la sensación de abandono. “Lo peor no es solo convivir con el olor. Lo peor es sentir que nadie te escucha”, aseguran, a pesar de haber remitido numerosos escritos durante años a distintas administraciones sin obtener respuestas que disipen sus dudas o den solución a los problemas que denuncian. “Hemos acudido al Ayuntamiento, a la Comunidad Autónoma, a la CHS… Y seguimos esperando a que alguien se digne en responder, venga, vea lo que ocurre y actúe”.

Esa decepción alcanza especialmente a la Administración regional. Algunos integrantes de la plataforma recuerdan la reunión que mantuvieron con Enrique Ujaldón, secretario general de la Consejería de Medio Ambiente, durante la tramitación del expediente. “Salimos pensando que había entendido perfectamente nuestra situación. Después vimos que firmaba la Declaración de Impacto Ambiental. Fue un jarro de agua fría”.

Con el reciente relevo al frente del Ayuntamiento de Murcia, los vecinos depositan ahora parte de sus esperanzas en la nueva alcaldesa, Rebeca Pérez: “Solo pedimos que el Ayuntamiento intervenga de manera rápida y activa. No queremos privilegios; queremos que se nos garantice el mismo derecho que tiene cualquier ciudadano a vivir sin tener que respirar esta peste”.

Esta redacción se encuentra a la espera de declaraciones por parte de la Secretaría General de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia, así como del Ayuntamiento de Murcia respecto a este asunto.

Lo que empezó como una mañana cualquiera en su centro de trabajo, una de las sedes de Cáritas en la Región de Murcia, se convirtió para Inmaculada —nombre ficticio para preservar su identidad—en uno de los días más aciagos de su vida. Llevaba una década desempeñando labores técnicas para la organización como trabajadora social. Sin imaginar lo que sucedería minutos más tarde, a mitad de la jornada recibió una llamada de sus responsables para mantener una reunión. “Tráete tu portátil, que lo mismo lo necesitamos”, le pidieron. Media hora después abandonó el edificio sin el ordenador, sin el teléfono móvil profesional y con una carta de despido en la mano. Le comunicaron que no regresara al día siguiente y que utilizara las vacaciones pendientes como periodo de preaviso.

Aquella mañana Inmaculada no fue la única trabajadora despedida. Más de una decena de compañeras recibieron la misma comunicación de forma consecutiva. “Prácticamente nos despidieron en fila”, recuerda. “Han hecho una escabechina con nosotras”.

Según las trabajadoras afectadas, desde octubre de 2025 Cáritas de la Diócesis de Cartagena ha ejecutado sucesivas oleadas de despidos que ya afectan a cerca de una treintena de empleados, la mayoría personal técnico especializado en intervención social, orientación laboral, educación, psicología, pedagogía y acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad. La mayor parte han sido despedidos mediante extinciones por causas objetivas de carácter económico.

La situación resulta especialmente llamativa en una comunidad autónoma donde la pobreza continúa creciendo. El Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en la Región de Murcia 2025, elaborado por la Fundación FOESSA, estima que más de 320.000 personas —uno de cada cinco habitantes de la Región— se encuentran en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

“No nos dejaron ni despedirnos”

Más allá del despido, las trabajadoras que han hablado con elDiario.es Región de Murcia coinciden en denunciar la forma en la que este fue ejecutado. “Nos sentimos indefensas”, afirma Mónica, cuya identidad también pide que sea protegida. Según explica, la entidad les retiró de forma inmediata todos los medios de trabajo y les impidió regresar a sus puestos.

“No nos permitieron despedirnos de los usuarios, ni cerrar procesos ni hacer un traspaso de los casos”. La consecuencia, sostiene, fue que decenas de expedientes quedaron interrumpidos de un día para otro. “Temo que muchos de los usuarios, personas muy vulnerables, se hayan quedado sin atender desde entonces. Yo tenía usuarios citados esa misma tarde, y ni me dejaron avisarlos. Pero es que tampoco lo hizo nadie. Era mentira lo que nos decían de que las personas vulnerables tenían que estar siempre en el centro de la atención”.

Otra de las afectadas, Esperanza —también nombre ficticio—, coincide en esa sensación de ruptura abrupta. “Desde hacía semanas notaba vacío por parte de mis coordinadores. Se notaba que algo estaba pasando, pero no esperábamos esto”.

Las trabajadoras sostienen, además, que el uso de las vacaciones pendientes como periodo de preaviso les impidió recopilar documentación laboral o preparar adecuadamente una eventual reclamación judicial, ya que abandonaron su puesto de forma inmediata tras recibir la comunicación. “Han sido muy crueles”, resume Inmaculada. A pesar de ello, algunas de las afectadas ya han presentado una papeleta de conciliación ante el Servicio de Relaciones Laborales (SMAC) de la Región de Murcia, y no descartan acudir al Juzgado de lo Social si no se respetan sus derechos laborales.

Un conflicto laboral en una de las principales entidades sociales de la Región

Cáritas Diócesis de Cartagena constituye la principal organización de acción caritativa y social de la Iglesia católica en la Región de Murcia. La propia entidad define su misión como el acompañamiento a las personas más pobres y vulnerables, promoviendo “el desarrollo integral de la persona y la justicia social”.

Durante 2025 atendió a 84.342 personas a través de su red de 160 Cáritas parroquiales y territoriales, una cifra superior a la del año anterior. Más de la mitad de los hogares atendidos tenían menores a cargo y cerca de un tercio eran familias monoparentales.

Su actividad se financia tanto con recursos públicos como privados. Según los datos publicados por la propia organización, en 2025 gestionó un presupuesto de 13,59 millones de euros, de los cuales el 57,48% procedía de administraciones públicas europeas, estatales, autonómicas y locales, mientras que el resto correspondía a donaciones, empresas, entidades de economía social, herencias y legados.

Precisamente por el peso que desempeña en la red de protección social, los despidos han despertado preocupación entre parte de la plantilla y también entre representantes sindicales: UGT ya alertó públicamente de una posible ola de despidos y avisa sobre el impacto que esta reducción de personal puede tener sobre los programas de atención social de esta y otras ONG.

La extraña estrategia de Cáritas

Las cartas de despido comunicadas a las trabajadoras justifican las extinciones por causas económicas. Según la entidad, la decisión responde a un resultado negativo en sus cuentas superior a los 800.000 euros. Sin embargo, las afectadas alertan de que esa situación económica responde, precisamente, a decisiones estratégicas adoptadas por la propia dirección.

Concretamente, señalan que durante los últimos meses Cáritas ha ido renunciando por voluntad propia a distintos programas financiados mediante subvenciones públicas, especialmente del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS). Según explican, a finales de 2025 el Consejo Diocesano acordó poner fin a varios proyectos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.

Entre ellos citan Nazaret, desarrollado en Yecla y Jumilla; Medina Siyasa, implantado en Abarán, Blanca y Cieza; y un proyecto de empleo para colectivos vulnerables en Molina de Segura. A ello se habría sumado, ya en 2026, la decisión de no concurrir a nuevas convocatorias del IMAS para programas como Begastri, en Cehegín, o Emplearitas, en Alcantarilla y El Palmar. Las entrevistadas aseguran además que este mes de julio la organización dejará de participar en la financiación de La Casica de Colores, una escuela infantil de Cieza sostenida conjuntamente con el Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma.

Y, lo más extraño: en primer lugar, algunos de los trabajadores despedidos estaban laboralmente vinculados a programas cuya financiación, afirman, estaba garantizada con fondos europeos hasta 2029; y, en segundo, Cáritas tiene abiertos en estos momentos varios procesos de selección de técnicos sociales y de gestión.

Cambio en el modelo de gestión

Las trabajadoras sitúan el origen del conflicto en un cambio de orientación impulsado por la nueva dirección de Cáritas.

En noviembre de 2025 el obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, nombró como nuevo director a Jesús Martínez-Pujalte y designó secretaria general a Eva María Rabasco Hernández. Ambos proceden del ámbito de la empresa privada; él con experiencia en gestión de recursos humanos y ella, del sector bancario.

Las entrevistadas consideran que, desde entonces, la organización ha iniciado una transformación interna que reduce el peso de los equipos técnicos y otorga mayor protagonismo al voluntariado. Ahí, las profesionales recuerdan que gran parte de su trabajo consiste en tramitar ayudas, diseñar itinerarios de inserción laboral, intervenir con menores, coordinar recursos sociales o realizar seguimiento especializado de familias en riesgo de exclusión. Funciones que, recuerdan, requieren una formación específica.

“La media de edad de las personas voluntarias que colaboran en mi centro es de 70 años”, explica Esperanza. “Una cosa es realizar un acompañamiento, pero ¿cómo van a poder asumir la enorme carga de trabajo de los técnicos, que además requiere formación cualificada?”.

Las trabajadoras denuncian “limpieza ideológica”

Más allá de las cuestiones organizativas, algunas de las trabajadoras consultadas sostienen que los despidos obedecen también a un cambio ideológico en la dirección de la entidad. Se trata de una acusación que no ha sido acreditada documentalmente y que Cáritas no ha reconocido.

Las entrevistadas afirman que “la extrema derecha se ha instaurado en la dirección de la organización” y que existe un patrón en la selección de las personas despedidas que hace que “no se fijen en la antigüedad del trabajador, ni en el coste del despido”. “Casualmente, los afectados somos personas de talante más progresista y laico”, aseguran estas fuentes, que también sostienen que entre los despedidos predominan empleados que habían mostrado una actitud reivindicativa respecto a sus derechos laborales.

Asimismo, interpretan que el nuevo modelo pretende recuperar el protagonismo de las parroquias: “Quieren centrar la atención social a través de las iglesias, bajo el control de los curas, no en los actuales centros, que van a terminar cerrando”.

Esta redacción se ha puesto en contacto con la sede central de Cáritas en Madrid para recabar su versión sobre las denuncias realizadas por las extrabajadoras de esta organización. Desde la capital de España se nos ha remitido a la sede provincial de Cáritas en Cartagena, cuya responsable de prensa, a su vez, ha asegurado a elDiario.es Región de Murcia que no tienen “nada que declarar sobre ese asunto”.

Temor por los que se quedan atrás

Las afectadas insisten en que su principal preocupación no es la pérdida del empleo, sino el impacto que los despidos puedan tener sobre las personas atendidas. “Los trabajadores somos números para ellos, pero lo más grave es que los usuarios también. Muy cristiano todo”, ironiza con amargura una de ellas.

De hecho, consideran que la salida simultánea de decenas de profesionales especializados dificulta la continuidad de procesos de inserción social que, en muchos casos, requieren meses o incluso años de seguimiento. Mientras tanto, la Región de Murcia mantiene una de las bolsas de exclusión social más importantes del país.

Por eso, el conflicto abierto dentro de una de las organizaciones sociales más relevantes de la comunidad y pieza esencial del sistema de atención a miles de familias, no afecta únicamente al futuro de las cerca de treinta personas despedidas, sino también a la continuidad del modelo de intervención con el que Cáritas ha venido acompañando durante décadas a quienes atraviesan situaciones de pobreza y exclusión en la Región de Murcia.

No se sabe qué ocurrió finalmente con las personas que, aquella tarde, esperaban la atención de Inmaculada, Mónica, Esperanza y del resto de las trabajadoras despedidas. Tampoco si alguien retomó sus expedientes, si recibieron una llamada para explicarles que su técnico ya no volvería o si, simplemente, dejaron de acudir porque nadie se interesó por ellas.

Porque la verdadera pregunta es quién acompaña ahora a quienes, precisamente por su vulnerabilidad, no pueden permitirse quedarse sin alguien que les ayude desde el otro lado de la mesa.

Como cualquier mujer en su misma situación, Ana —nombre ficticio— esperaba ilusionada aquella mañana que la ecografía morfológica del segundo trimestre desvelara por fin el sexo de su bebé. El mundo entero se le vino encima cuando la obstetra que le atendía en su hospital le comunicó que el feto que albergaba en su vientre tenía gravísimas malformaciones incompatibles con la vida. Aún en shock, Ana tuvo que enfrentarse entonces al protocolo oficial, que le ofreció dos posibles circuitos: realizar todo el procedimiento de interrupción del embarazo en una clínica concertada; o, si deseaba despedirse de la criatura, someterse a la técnica para el cese de la actividad cardiaca fetal en la clínica concertada —lo que da lugar a un aborto diferido o retenido, una condición médica en la que el feto ha dejado de ser viable pero permanece dentro del útero— y, tres días más tarde, finalizar el embarazo en su hospital de referencia mediante un parto inducido. Lo que se conoce como doble fase. Ana eligió esta segunda opción.

Tras 72 horas que le parecieron interminables, inició el expulsivo de manera espontánea y parió a su feto muerto en el coche, mientras iba al hospital.

Lidia también eligió la doble fase. En su caso, tres días después de que en la clínica privada forzaran la detención del corazón del hijo que ya no tendría, acudió a su hospital para culminar el doloroso proceso. Allí, mientras le hacían una ecografía de control, detectaron que el feto seguía vivo. El obstetra se lo comunicó a Lidia. Luego, decidió mirar para otro lado e inducir el parto.

Para evitar que otras mujeres pasen por las trágicas experiencias de Ana y Lidia, la puerta de la Consejería de Salud de la Región de Murcia se convirtió este jueves en escenario de una reivindicación que pone el acento en las condiciones en que, en esta comunidad autónoma, las mujeres deben afrontar un aborto, especialmente cuando es terapéutico.

Convocadas por la plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’, que ha denunciado públicamente ambos casos, medio centenar de mujeres reclamaron que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE), especialmente aquellas motivadas por graves problemas médicos durante el segundo trimestre de gestación, dejen de derivarse a clínicas privadas y pasen a realizarse en hospitales públicos.

Bajo el lema 'No a las derivaciones de embarazadas a clínicas privadas', el acto de protesta coincide con el vencimiento del contrato suscrito por el Servicio Murciano de Salud (SMS) en 2022 para concertar esta prestación sanitaria con tres empresas privadas. La Consejería de Salud ya ha avanzado que mantendrá temporalmente el modelo mientras tramita una nueva adjudicación, una decisión que ha reactivado un debate que en Murcia permanece abierto desde hace más de una década y que gira en torno a una cuestión esencial: cómo debe garantizarse un derecho sanitario reconocido por la legislación española y cuál es el papel que le corresponde a la sanidad pública en su prestación.

Una prestación sanitaria regulada por ley

La interrupción voluntaria del embarazo en España está regulada por la Ley Orgánica 2/2010, modificada en 2023 por la Ley Orgánica 1/2023 para reforzar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

De forma simplificada, la norma establece tres grandes supuestos: la mujer puede decidir libremente interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación; entre las semanas 14 y 22 puede autorizarse cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o cuando se detecten graves anomalías fetales, previo cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley; y, después de la semana 22, únicamente puede practicarse cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o enfermedades extremadamente graves e incurables, previa valoración de un comité clínico.

La reforma de 2023 reforzó además la obligación de las administraciones sanitarias de garantizar el acceso efectivo a esta prestación dentro del Sistema Nacional de Salud. También reguló por primera vez un registro específico de profesionales objetores de conciencia, con el objetivo de que las administraciones puedan organizar los servicios sin impedir el ejercicio del derecho reconocido por la ley. En la práctica, sin embargo, la aplicación de esta legislación continúa siendo muy desigual entre comunidades autónomas.

El caso singular de Murcia

La Región de Murcia constituye uno de los ejemplos más citados cuando se analiza la diferencia entre el reconocimiento legal del derecho y su aplicación práctica. Según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad correspondientes a 2024, en la Comunidad se realizaron 3.673 interrupciones voluntarias del embarazo, de las que únicamente 34 tuvieron lugar en centros públicos, mientras que el 99,07% se practicó en centros privados concertados por derivación.

Estas cifras sitúan a Murcia entre las comunidades donde la externalización de esta prestación sanitaria alcanza un mayor peso. Una fórmula que el Ejecutivo autonómico de Fernando López Miras (Partido Popular) considera compatible con la legislación estatal en la medida de que “el acceso queda garantizado”, explican fuentes de la Consejería de Salud.

Sin embargo, distintas organizaciones feministas, asociaciones profesionales y colectivos de mujeres sostienen que la reforma legal de 2023 supone un paso más al reconocer expresamente que la prestación debe garantizarse desde la red sanitaria pública, evitando que la derivación a centros privados se convierta en la respuesta ordinaria. Es precisamente esta interpretación la que explica el conflicto que ha reaparecido coincidiendo con la finalización del contrato vigente.

“No queremos salir del hospital donde nos han acompañado”

La plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’ nació a partir de experiencias compartidas por mujeres que habían afrontado interrupciones del embarazo tras recibir diagnósticos médicos graves.

Su portavoz, Conchi —nombre con el que pide preservar su anonimato— explica que “no queremos que nos saquen del hospital donde hemos sido atendidas durante todo el embarazo justo cuando nos enfrentamos a uno de los momentos más duros de nuestra vida”.

Según expone la plataforma, muchas mujeres llegan a esa situación después de semanas de seguimiento por parte de equipos de medicina fetal, obstetricia, genética o neonatología. Cuando finalmente se adopta la decisión clínica y personal de interrumpir la gestación, la asistencia cambia, de repente, de centro sanitario. Las afectadas consideran que esa ruptura de la continuidad asistencial incrementa el impacto emocional de un proceso ya de por sí extremadamente complejo.

Para Conchi, la continuidad asistencial constituye un “elemento esencial” del cuidado sanitario, especialmente cuando la interrupción se produce tras un diagnóstico fetal grave o una complicación médica durante un embarazo inicialmente deseado. Desde esa perspectiva, defienden que mantener a la paciente dentro del hospital donde ha sido atendida desde el inicio del proceso favorece la seguridad clínica, “reduce el impacto emocional y evita añadir nuevas incertidumbres en un momento de especial vulnerabilidad”.

Por su parte, la Consejería de Salud mantiene que el sistema actualmente vigente garantiza tanto la asistencia sanitaria como la seguridad de las pacientes y que las derivaciones se realizan a centros autorizados que cumplen los requisitos establecidos por la normativa.

“Media hora más en la clínica privada y no lo cuenta”

Esa “seguridad” para las mujeres que garantiza el Ejecutivo murciano en clínicas privadas también ha sido puesta en tela de juicio por la plataforma, desde la que aseguran que determinados procedimientos realizados entre las semanas 15 y 22 pueden presentar complicaciones que hacen necesario disponer de todos los recursos hospitalarios, como unidades de cuidados intensivos, bancos de sangre, quirófanos especializados y equipos multidisciplinares. Por ese motivo reclaman que estos procedimientos pasen a desarrollarse íntegramente dentro de hospitales públicos.

Conchi explica que estas clínicas privadas-concertadas funcionan “con horario comercial” y no están preparadas para abordar situaciones de emergencia médica. El circuito está pensado para hacer abortos “en serie” y “salir pronto”. “Da igual que estés sangrando, te colocan un pañal y andando”, denuncia.

Fue el caso de una de las integrantes de la plataforma, embarazada de 20 semanas de un feto con anencefalia —falta de desarrollo de una parte del cráneo y del cerebro—, una malformación incompatible con la vida. La mujer estuvo a punto de morir tras un aborto practicado en la clínica privada a la que fue derivada a pesar de tener dos cesáreas previas. Durante el procedimiento, se presentó una hemorragia que en dicho centro no pudieron parar, por lo que tuvo que ser trasladada en ambulancia al mismo centro público que la había enviado allí, el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Conchi relata que los técnicos de la ambulancia le pedían a la paciente que no cerrara los ojos: “Intentaban que no se desvaneciera porque ya no tenían más sangre para ponerle”.

Ya en el hospital, tras cuatro horas de intervención quirúrgica los médicos lograron evitar que muriera desangrada, pero tuvieron que practicarle una histerectomía —extirpación del útero— de urgencia y, con ello, perdió para siempre la posibilidad de una nueva gestación. “Media hora más en la clínica y no estaría aquí”, cuenta Conchi, quien confirma que la plataforma ya está prestando asesoramiento jurídico a la afectada. La Consejería de Salud no se ha pronunciado sobre ese caso concreto.

El protocolo del Servicio Murciano de Salud

El funcionamiento actual en esta comunidad autónoma responde al protocolo aprobado por el Servicio Murciano de Salud. En él se distinguen diferentes circuitos asistenciales según las semanas de gestación y la causa que motiva la interrupción del embarazo. Si es voluntario y se realiza hasta la semana 14, la mujer es enviada sí o sí a una clínica concertada.

Cuando la interrupción responde a determinadas causas médicas entre las semanas 15 y 22, el proceso comienza en el hospital público donde la mujer está siendo atendida. Allí se realizan las pruebas diagnósticas, las valoraciones clínicas y, cuando procede, se cumplimenta la documentación necesaria. Posteriormente, la intervención suele ser derivada a uno de los centros privados concertados incluidos en el sistema si bien, como les sucedió a Ana y a Lidia, pueden optar por la doble fase.

Los embarazos que superan las 22 semanas y requieren autorización del comité clínico siguen un procedimiento distinto y, desde finales de 2021, en el Virgen de la Arrixaca, según explican desde la Consejería de Salud.

Para la plataforma convocante, esta diferenciación supone una fragmentación innecesaria de la atención sanitaria. La Consejería, por el contrario, sostiene que el protocolo garantiza la continuidad asistencial dentro del marco legal vigente.

¿Existe realmente un déficit de profesionales por la objeción de conciencia?

Uno de los argumentos utilizados históricamente para justificar la externalización ha sido la elevada objeción de conciencia existente entre profesionales sanitarios. La reforma legislativa de 2023 introdujo precisamente un registro oficial de objetores para disponer de datos fiables y facilitar la organización de los servicios.

Según los datos facilitados por la propia Consejería de Salud, actualmente 41 profesionales del Servicio Murciano de Salud figuran inscritos en ese registro, de los cuales 39 son médicos pertenecientes a distintas especialidades, sobre una plantilla de alrededor de 6.300 facultativos. Es decir, un ínfimo 0,6% de todos los que podrían declararse objetores.

Para la plataforma convocante, estas cifras muestran que la prestación podría integrarse en los hospitales públicos si hubiese voluntad organizativa, porque la de los facultativos “existe”. Al respecto, ginecólogos de distintas áreas de salud contactados por esta redacción han confirmado que la objeción de conciencia no sería ningún impedimento a la hora de incluir las interrupciones del embarazo en la programación quirúrgica de los hospitales públicos. Sí lo es, aseguran, “la falta de medios humanos y materiales”. Para algunos de estos profesionales, la razón de estas derivaciones es que al SMS le sale más barato pagar las intervenciones a las clínicas privadas —unas tarifas que van desde los 472,42 euros por un aborto hasta la semana 14, a los 1.298 por los practicados entre las semanas 18 y 22— que invertir en el aumento de las infraestructuras sanitariasy en la contratación de profesionales en la pública.

El contrato que vuelve a abrir el debate

El modelo de gestión elegido por la Comunidad Autónoma para garantizar la prestación es, precisamente, lo que está en el centro de la controversia. En agosto de 2022, el Consejo de Gobierno autorizó la contratación del servicio de interrupción voluntaria del embarazo mediante un concierto con tres empresas privadas: Géminis Planificación Familiar, S.L., la sociedad unipersonal Clínica Delta Médica y el Instituto Ginecológico Murcia, S.L.

El contrato, con una duración de cuatro años y un valor estimado de 8,2 millones de euros, se diseñó para asegurar la atención de las mujeres derivadas por el SMS cuando la prestación no se realizaba en centros propios, lo que, según la ley, debería ser la excepción.

En el expediente administrativo, la Consejería, legalmente obligada a garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, justificó la necesidad del contrato en la imposibilidad de prestar de forma completa este servicio con medios propios hasta que exista “una alternativa organizativa” dentro del sistema público.

En ese sentido, la consejera de Salud, Isabel Ayala Vigueras, asegura que la Región de Murcia cumple la legislación vigente y que ninguna mujer queda sin acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por el hecho de residir en esta comunidad autónoma. Según ha explicado, el modelo actual garantiza la asistencia mediante una combinación de recursos públicos y concertados, un sistema que, en su opinión, resulta plenamente compatible con la normativa estatal. Ayala también recuerda que determinadas interrupciones del embarazo sí se realizan en hospitales públicos cuando concurren las circunstancias previstas en el protocolo asistencial.

Para la plataforma ‘Embarazadas expulsadas de la Sanidad Pública’, la renovación del concierto supondría consolidar un modelo que, a su juicio, contradice el espíritu de la reforma legal de 2023: que toda mujer que decida interrumpir la gestación pueda hacerlo, con toda la dignidad y seguridad que merece, en un centro público.

El sol todavía aprieta cuando José Joaquín Sánchez Ruiz, con solo 23 años, encara los últimos metros de su impresionante hazaña. Lleva dos semanas enlazando un triatlón tras otro, despertándose antes del amanecer para volver a lanzarse al agua, subirse a la bicicleta y correr a pesar de un cansancio que va haciendo mella en su joven cuerpo. Sin embargo, cuando cruza la meta, sonríe. Sabe que el verdadero objetivo nunca estuvo en el cronómetro. Durante quince días ha recorrido España —Málaga, Badajoz, Toledo, Madrid, Valladolid, A Coruña, Oviedo, Santander, Guipúzcoa, Pamplona, Logroño, Huesca, Barcelona, Valencia, Águilas y Lorca— para hacer visible una enfermedad que, demasiadas veces, nadie ve.

Porque, en realidad, esta prueba extrema para cualquier deportista nunca trató solo de deporte, sino de algo mucho más difícil: poner el foco sobre la esclerosis múltiple, una enfermedad que suele permanecer invisible para quienes no conviven con ella.

José Joaquín, inspirado en la historia real que cuenta la película 100 metros, ha conseguido que cada brazada, cada kilómetro sobre la bicicleta y cada zancada hayan sido un mensaje dirigido a miles de personas: la esclerosis múltiple existe, cambia vidas y necesita el compromiso de toda la sociedad; que hay carreras que duran unas horas, pero, otras, toda una vida.

En ese sentido, el primero de los objetivos de su gesta altruista, el de la visibilidad, está más que cumplido: los seguidores en redes sociales de la asociación AEMA RM, con la que colabora, han crecido exponencialmente durante el reto. A nivel personal, la experiencia le ha marcado profundamente, sobre todo en dos momentos. El primero, cuando en Valladolid, en plena carrera, le paró un muchacho con la enfermedad para darle las gracias. El segundo, cuando en la prueba por Toledo empezó a seguirle un coche que no conocía. “Pensé, madre mía, me van a pegar un palo que me va a dejar tieso, aquí nadie me ve (ríe)”. De repente, desde el vehículo empezaron a proferir gritos de ánimo: eran Francisco y Ginés, miembros de AEMA RM, que habían hecho 500 kilómetros en coche solo para darle aliento. “Fue un momento muy especial, me di cuenta del espíritu que mueve a la asociación, que les convierte en imparables”, asegura.

De su reto, a José Joaquín solo le queda una espina clavada: no haber llegado a los 5.000 euros que se había marcado como objetivo en la recaudación de fondos para una asociación que representa toda una historia de superación colectiva. Un camino que comenzó hace casi dos décadas de forma modesta, en una pequeña reunión donde un reducido grupo de pacientes del municipio de Lorca y su área de influencia decidió que no quería afrontar su diagnóstico en soledad.

El día en que todo cambia

Para la mayoría de las personas afectadas por la esclerosis múltiple, esta no suele ser una enfermedad que llegue de golpe. Antes aparecen pequeños avisos difíciles de interpretar: una pierna que deja de responder, una visión que se vuelve borrosa, un hormigueo persistente, un cansancio que ningún descanso consigue aliviar… Después llegan las pruebas, las resonancias, la incertidumbre. Finalmente, el diagnóstico.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica y autoinmune que afecta al sistema nervioso central. El propio organismo ataca la mielina, la capa que protege las fibras nerviosas, alterando la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Hay quienes pierden fuerza en las piernas, otros dejan de ver correctamente durante semanas, algunos desarrollan problemas de equilibrio, espasticidad o dolor. Otros luchan contra una fatiga tan intensa que convierte acciones tan sencillas como ducharse o preparar la comida en un auténtico esfuerzo. No en vano se la conoce como 'la enfermedad de las mil caras'. Y ningún paciente sabe exactamente cuál mostrará mañana.

“No estás solo”

La enfermedad suele aparecer entre los 20 y los 40 años y afecta especialmente a mujeres, que representan aproximadamente el 70% de los casos. Aunque hoy existen tratamientos capaces de frenar su evolución y mejorar enormemente la calidad de vida, todavía no tiene cura. Pero quienes conviven con ella aseguran que el mayor enemigo no siempre son los síntomas. Es la sensación de incomprensión y de quedarse solo.

Eso es precisamente lo primero que sintió María —nombre ficticio—, hasta que acudió por primera vez a una reunión de la asociación. “Entré pensando que iba a encontrar información. Salí con el teléfono de diez personas que me dijeron que podía llamarlas a cualquier hora”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia. Su historia se parece a la de muchos otros pacientes. Al principio cuesta aceptar la enfermedad, y después cuesta explicar a familiares y amigos algo que muchas veces ni siquiera se ve desde fuera. Porque la esclerosis múltiple tiene otra particularidad: una parte importante de sus síntomas son invisibles. Y lo invisible, con demasiada frecuencia, también resulta incomprendido. Por eso, el día que un paciente descubre que no tiene que seguir explicándose continuamente, empieza también a recuperar una parte de la tranquilidad que la enfermedad le había arrebatado. Y comienza a sentirse acompañado.

El neurólogo que nunca mira el reloj

En las salas 4 y 7 de la primera planta del bloque de Consultas Externas del Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca, pocas veces la jornada termina a la hora prevista. No porque la agenda esté mal organizada, sino porque casi todos saben que, si aparece un síntoma inesperado, una duda urgente o, simplemente, el miedo azuza, el doctor Antonio Candeliere intentará atenderlos.

Los usuarios hablan de él con un afecto poco habitual cuando se refieren a un médico. Dicen que recuerda prácticamente todos los nombres de sus más de doscientos pacientes; que explica cada diagnóstico sin prisas; que convierte conceptos ininteligibles para el común de los mortales en palabras sencillas; y que su marcado acento italiano nunca ha impedido entender lo más importante: que hay motivos para seguir haciendo planes.

“Cuando me diagnosticaron pensaba que iba a acabar en una silla de ruedas en pocos años”, recuerda Luis, otro paciente. “Fue él quien me enseñó que la enfermedad había cambiado mi vida, pero no había terminado con ella”.

Candeliere lleva años insistiendo en una idea que ha acabado convirtiéndose en una filosofía compartida entre profesionales y pacientes: la esclerosis múltiple no puede tratarse únicamente con medicamentos. Necesita equipo. Por eso mantiene un contacto permanente con AEMA Región de Murcia, anima a todos los pacientes recién diagnosticados a conocer la asociación y participa activamente en las actividades para las que se requiere su ayuda, como las Jornadas Técnicas sobre Esclerosis Múltiple, convertidas ya en una cita imprescindible para profesionales, investigadores y afectados, que este año han cumplido su decimoquinto aniversario.

Su trabajo forma parte de un Servicio de Neurología que se ha consolidado como uno de los referentes asistenciales del Área III de Salud. Junto a él trabajan especialistas como los doctores Gemma Alonso, Antonio Torres, Arturo Sampedro, Pablo Herrero, Isabel Sánchez, Laura Montiel y Carmen María Sánchez, cada uno dedicado a distintas patologías neurológicas —epilepsia, dolencias neuromusculares, neuroftálmicas y vasculares, cefaleas, enfermedad de Parkinson o demencias— que requieren una atención cada vez más especializada.

Todo empezó alrededor de una mesa

En 2008, en Lorca no existían grandes planes estratégicos ni proyectos europeos o centros especializados que dieran respuesta a las necesidades de un pequeño grupo de afectados por esclerosis múltiple, entre los que se encontraba Francisco José Del Vas Gris, recientemente nombrado presidente a nivel nacional de Esclerosis Múltiple España.

“Nadie nos estaba enseñando a vivir con la enfermedad”, cuenta Del Vas, y así nació AEMA. No como una organización, sino como un refugio. Sus fundadores comprendieron enseguida que el diagnóstico no terminaba cuando el paciente salía del hospital. Después había que aprender a reorganizar una vida entera: cómo continuar trabajando; cómo cuidar la salud mental; cómo explicar la enfermedad a los padres, a la pareja, a los hijos; cómo mantener la autonomía el mayor tiempo posible; cómo seguir adelante…

La asociación empezó ofreciendo algo tan sencillo como compañía y terminó construyendo una red de apoyo que hoy alcanza a centenares de personas en la Región de Murcia. Su historia es un fiel reflejo de lo que ocurre cuando quienes necesitan ayuda deciden convertirse en quienes ayudan a otros.

Mucho más que conservar la movilidad

El gran punto de inflexión llegó en 2017 con la apertura del Centro de Neurorrehabilitación Integral (CENERI) gestionado por AEMA, que cambió por completo la dimensión del proyecto. Porque donde antes había voluntad, ahora también existían recursos especializados.

La fisioterapia dejó de ser un tratamiento aislado para integrarse junto al de neuropsicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, nutricionistas y técnicos especializados en cuidados de enfermería, que comenzaron a trabajar alrededor de cada paciente. También se firmó un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca para que los asociados contaran con asesoramiento jurídico. Esta atención integral ha resultado fundamental porque la enfermedad nunca afecta solo al cuerpo: también golpea la autoestima, las relaciones familiares, el trabajo, la economía o los proyectos de futuro.

Con el paso de los años el centro amplió su atención a personas con daño cerebral adquirido y otras enfermedades neurológicas, convirtiéndose en un referente de la neurorrehabilitación en el sureste español.

Los números hablan por sí solos: cerca de treinta mil sesiones terapéuticas realizadas durante el último año y 215 personas atendidas. Pero basta cruzar la puerta para comprender que la verdadera magnitud del proyecto no aparece en ninguna estadística. Se percibe en los pasillos, en las conversaciones de quienes esperan su turno, en los profesionales que saludan a cada usuario por su nombre y en los pacientes que, años después del diagnóstico, siguen entrando a las instalaciones de AEMA RM con la tranquilidad de quien cruza el umbral de su casa.

Crecer sin dejar de ser familia

El crecimiento ha sido tan intenso que este mismo año AEMA RM ha adquirido un nuevo local en Lorca para ampliar sus instalaciones. Más espacio supone para sus responsables más tratamientos, más personas atendidas con mejores perspectivas de futuro.

Sin embargo, quienes conocen la entidad desde sus comienzos insisten en que hay algo que permanece exactamente igual: la manera de recibir a quien entra por primera vez. “Lo primero que notas es que aquí nadie te pregunta qué enfermedad tienes”, cuenta Carmen, esposa de un paciente. “Te preguntan cómo estás”. Y quizá esa sea la explicación de todo. Que AEMA nunca ha entendido la esclerosis múltiple únicamente como una enfermedad, sino como una realidad que afecta a personas, familias y proyectos de vida. Y eso cambia completamente la forma de acompañar.

La verdadera meta

Cuando José Joaquín Sánchez Ruiz completó su decimoquinto triatlón, muchas personas vieron ahí el final de un reto extraordinario. En realidad, solo era un nuevo capítulo de una carrera que empieza cada vez que un neurólogo comunica un diagnóstico difícil. La de quien debe aprender a convivir con una enfermedad imprevisible. La de las familias que reorganizan su vida de un día para otro. La de los profesionales sanitarios que acompañan, orientan y buscan el mejor tratamiento posible. Y la de asociaciones como AEMA RM, que llevan casi dos décadas demostrando que la mejor manera de afrontar la esclerosis múltiple es hacerlo juntos.

La meta nunca ha sido únicamente recaudar fondos o dar visibilidad a esta patología crónica y compleja. La verdadera meta consiste en que ninguna persona se sienta sola cuando la esclerosis múltiple irrumpe en su vida; en que pueda acceder a una atención especializada, recuperar la mayor autonomía posible y seguir construyendo un proyecto de vida pese a la enfermedad. Tener la seguridad de que, cada vez que una persona recibe un diagnóstico de esclerosis múltiple, al otro lado del miedo ya hay alguien esperándola para acompañarla en su camino.

El amanecer en la dársena de Escombreras arroja las primeras luces del día sobre el movimiento constante de grúas, tuberías y buques mercantes. Para quienes trabajan en el puerto de Cartagena, el atraque de un buque químico parece una operación rutinaria. Sin embargo, detrás de la llegada en la noche del jueves del Chemical Luna se esconde una controversia que conecta a la Región de Murcia con el conflicto palestino-israelí.

Boicot, Desinversiones y Sanciones de Murcia (BDS Murcia) y la plataforma Palestina Libre Región de Murcia, ambas parte de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), alertaban esta semana de la llegada este viernes al puerto cartagenero de un nuevo cargamento de ácido fosfórico procedente de Israel. Denuncian que la multinacional Israel Chemicals Limited (ICL) sigue introduciendo en España, a través de la Región de Murcia, materias primas procedentes de territorios ocupados, una actividad que consideran incompatible con el derecho internacional y con las medidas adoptadas por el Gobierno español.

Según la información recopilada por ambos colectivos a partir de registros portuarios y plataformas de seguimiento marítimo, el buque Chemical Luna, con bandera de Malta y procedente del puerto israelí de Ashdod, tenía prevista la descarga de 2.010 toneladas de ácido fosfórico en Escombreras. Una operación que ha vuelto a situar en el centro de la polémica a ICL Group, uno de los gigantes mundiales de la industria química y de fertilizantes, cuya presencia en la Región de Murcia es mucho más relevante de lo que podría parecer a simple vista.

Un gigante químico con fuerte implantación en Murcia

ICL Group es uno de los mayores productores mundiales de fertilizantes y el sexto productor global de potasa. ICL aporta anualmente aproximadamente 14.900 millones de ILS —nuevo séquel, la moneda oficial de Israel— a la economía israelí (cerca de 4.100 millones de dólares americanos). Una cifra que representa cerca de un 1,2% del PIB total de ese país y aproximadamente el 15% del PIB de la región del Néguev, donde se concentra su actividad industrial. El mismo lugar donde organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando demoliciones masivas de viviendas y planes de traslado forzoso sobre las comunidades beduinas autóctonas.

Esta multinacional israelí, que opera en numerosos países, también mantiene una importante estructura empresarial en España a través de su filial ICL Iberia. Su principal centro de producción y distribución en el país se encuentra en Totana, mientras que Cartagena constituye una pieza clave para la entrada de materias primas destinadas a la fabricación de fertilizantes.

La conexión murciana no termina ahí. La empresa utiliza habitualmente las instalaciones portuarias de Escombreras para recibir cargamentos químicos procedentes de Israel. Según las denuncias reiteradas por BDS Murcia, durante el último año han llegado más de quince barcos con productos similares desde el puerto de Ashdod, con una frecuencia aproximada de una embarcación al mes.

Las descargas son realizadas por Fomento y Desarrollo Agrícola (FOMDESA), empresa integrada en el grupo ICL y con instalaciones situadas en el propio recinto portuario de Cartagena, donde también se encuentran algunas de las infraestructuras logísticas vinculadas a la actividad de la multinacional.

Para los colectivos propalestinos, esta cadena logística convierte a la Región de Murcia en una de las principales puertas de entrada en España de materias primas extraídas en territorios cuya explotación es objeto de controversia jurídica internacional.

El origen de la controversia: recursos extraídos en territorios ocupados

La principal denuncia de RESCOP y BDS Murcia gira en torno al origen de los materiales comercializados por ICL. Diversas organizaciones de derechos humanos y plataformas de investigación han señalado durante años que la compañía obtiene parte de sus recursos minerales en zonas vinculadas a la cuenca norte del Mar Muerto y otros territorios sometidos a ocupación israelí. El Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterráneo (ODHE) ha llegado a calificar a ICL como una empresa cómplice de la ocupación palestina debido a su actividad extractiva en estas áreas y a sus conexiones corporativas con la industria militar israelí.

Según la documentación difundida por los colectivos, el ácido fosfórico transportado por el Chemical Luna procede de ICL Rotem, una filial que opera en el desierto del Néguev. Los activistas sostienen que parte de los recursos explotados por la compañía están vinculados a territorios palestinos ocupados y que la extracción de minerales y el aprovechamiento de recursos hídricos en esas zonas vulneran el derecho internacional.

“Estamos hablando de materias primas cuya rentabilidad depende directamente de una situación de ocupación que ha sido condenada reiteradamente por Naciones Unidas”, afirma Miguel Velázquez, miembro de BDS Murcia. “No es un comercio neutral. Son recursos obtenidos en un contexto de desposesión del pueblo palestino y transformados después en beneficios empresariales”.

La cuestión ha cobrado especial relevancia desde que la Asamblea General de Naciones Unidas respaldara en septiembre de 2024 el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia que insta a los Estados a evitar relaciones económicas que contribuyan al mantenimiento de la ocupación israelí.

El fósforo blanco y las acusaciones contra ICL

Uno de los aspectos más controvertidos de la actividad de ICL es su relación con la producción de fósforo blanco. Diversos informes y organizaciones han señalado que una filial estadounidense de la compañía, ICL Performance Products, suministró fósforo blanco al Ejército de Estados Unidos y a clientes comerciales. La cuestión adquirió una enorme repercusión internacional tras las denuncias de Amnistía Internacional y Human Rights Watch sobre el uso de municiones de fósforo blanco por parte de Israel en Gaza y el sur del Líbano.

Esta sustancia se adhiere a la piel y a la ropa, provocando quemaduras graves de hasta tercer grado que pueden llegar a los huesos. Las heridas provocadas por este compuesto, además de ser extremadamente dolorosas, tienen una alta tasa de mortalidad porque el cuerpo absorbe el fósforo, lo que puede causar envenenamiento y fallos multiorgánicos.

Aunque ICL ha rechazado en distintas ocasiones las acusaciones de participar directamente en operaciones militares israelíes, la existencia de contratos relacionados con la producción de fósforo blanco ha sido ampliamente documentada.

Para BDS Murcia, esta circunstancia añade una dimensión ética especialmente grave a la actividad de la compañía. “No podemos separar el negocio de ICL de las consecuencias humanas que estamos viendo en Palestina”, sostiene Velázquez. “Cuando una empresa obtiene beneficios de territorios ocupados y además aparece vinculada a la cadena de suministro de materiales como el fósforo blanco, existe una responsabilidad que debe ser examinada públicamente”.

¿Se está incumpliendo el Real Decreto-ley 10/2025?

La llegada periódica de estos barcos ha abierto también un debate jurídico. En octubre de 2025 entró en vigor el Real Decreto-ley 10/2025, impulsado por el Gobierno español para reforzar el embargo de armas a Israel y prohibir la importación de productos procedentes de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados.

BDS Murcia sostiene que los cargamentos vinculados a ICL deberían quedar afectados por esa normativa debido a su origen. La organización recuerda que en septiembre, noviembre y diciembre de 2025 ya denunció la llegada a Cartagena de los buques Trans Tind, Chemical Master, Abana y otro viaje anterior del Chemical Luna. Según los activistas, estas operaciones continuaron realizándose pese a la entrada en vigor del decreto.

Incluso Izquierda Unida llegó a presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitando que se investigara la legalidad de algunas de estas importaciones y si podían constituir una vulneración de la nueva normativa.

Sin embargo, hasta la fecha no existe constancia pública de que las autoridades españolas hayan paralizado estos cargamentos ni de que se haya producido una resolución administrativa o judicial firme que declare ilegal la actividad denunciada.

Universidad, instituciones y silencio político

Otro de los focos de crítica es la relación entre ICL y distintas instituciones públicas. Desde hace años, la compañía mantiene acuerdos de colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). Según denuncian los colectivos propalestinos, el convenio fue renovado en noviembre de 2025, aunque bajo la denominación de Fuentes Fertilizantes, antigua marca comercial de la empresa. Los activistas han solicitado reiteradamente que la universidad rompa sus vínculos con la multinacional. Por el momento, la UPCT no ha emitido ningún pronunciamiento público relevante sobre estas peticiones.

Tampoco se conocen declaraciones específicas del Gobierno regional de Murcia respecto a las denuncias sobre los cargamentos de ICL o sobre la aplicación del Real Decreto-ley 10/2025 en el puerto de Cartagena. Ese silencio institucional es precisamente uno de los elementos que más indignación genera entre los activistas.

“Nos encontramos con una situación en la que se habla mucho de derechos humanos, pero se mantiene intacta una estructura económica que sigue permitiendo beneficios derivados de la ocupación”, afirma Velázquez. “Murcia no puede mirar hacia otro lado mientras su principal puerto continúa formando parte de estas rutas comerciales”.

Cartagena como símbolo

Las protestas convocadas sistemáticamente por RESCOP, BDS Murcia y la plataforma Palestina Libre Región de Murcia en la explanada del puerto de Cartagena, pretenden, precisamente, convertir esa contradicción en un asunto de debate público. Para los organizadores, la cuestión trasciende la mera llegada de un barco concreto. Lo que está en juego, aseguran, es el papel que desempeñan las infraestructuras españolas en una red económica global vinculada a la ocupación de Palestina.

La pregunta que plantean los colectivos es incómoda pero directa: ¿puede seguir considerándose un simple negocio la importación de recursos cuya explotación está ligada a territorios ocupados?

La respuesta divide a gobiernos, juristas, empresas y organizaciones internacionales. “Cada barco que llega es una prueba de que la ocupación también es un negocio del que se lucran algunas empresas”, asegura Miguel Velázquez, quien denuncia que, de momento, “no existe un control real sobre el negocio que nutre la maquinaria bélica israelí, ni sobre las empresas que se benefician de la ocupación y el genocidio que está perpetrando Israel en la franja de Gaza”.

Su exigencia más urgente resuena como un clamor: que las autoridades competentes denieguen el acceso a los servicios portuarios de Cartagena a aquellos barcos que, como el Chemical Luna, son parte de las rutas regulares del comercio de recursos y productos provenientes de unos territorios cuya ocupación ha sido declarada ilegal por el derecho internacional y que, en los últimos meses, ha acabado con la vida de más de 73.000 gazatíes, el 80% de ellos civiles.

“El boicot funciona”: la campaña que busca aislar a las empresas vinculadas a la ocupación

Más allá de las protestas en el puerto de Cartagena, BDS Murcia y Extinction Rebellion han intensificado en los últimos meses una campaña en la Región de Murcia dirigida a empresas, instituciones y patrocinadores para que rompan relaciones con compañías que, a juicio de ambos colectivos, se benefician de la ocupación israelí y del genocidio en Gaza. La iniciativa parte de una idea sencilla: la presión social y económica puede acabar teniendo efectos allí donde la diplomacia y las instituciones internacionales han demostrado sus limitaciones.

Los activistas señalan como ejemplos recientes las controversias que han rodeado a Eurovisión o la retirada de patrocinadores y colaboraciones vinculadas a grandes eventos deportivos como La Vuelta, casos que consideran una prueba de que la movilización ciudadana es capaz de modificar decisiones empresariales y abrir debates públicos que hasta hace poco parecían impensables.

“El boicot funciona porque obliga a las empresas a elegir entre seguir beneficiándose de una situación de ocupación o asumir que existe una responsabilidad ética que no puede ignorarse”, explica Velázquez. “Como sociedad tenemos la obligación de no convertirnos en cómplices pasivos de la destrucción que sufre el pueblo palestino. No se trata solo de lo que hacen los gobiernos, sino también de las decisiones que toman las empresas y del papel que desempeñamos como consumidores y ciudadanos”.

Desde BDS Murcia y Extinction Rebellion insisten, no obstante, en que sus acciones no están dirigidas contra las plantillas de las empresas afectadas. Los colectivos subrayan que los trabajadores de ICL Iberia y de las instalaciones de Totana y Cartagena ya formaban parte del tejido industrial murciano antes de la llegada del capital israelí y que seguirían desempeñando su actividad si la compañía recuperase una estructura empresarial independiente, como la antigua Fuentes Fertilizantes.

“No estamos señalando a los trabajadores ni cuestionando su derecho a conservar sus empleos”, afirma Velázquez. “Nuestra denuncia va dirigida a los propietarios y a un modelo empresarial que, a nuestro juicio, obtiene beneficios de la ocupación y contribuye a sostener una maquinaria de guerra. Los puestos de trabajo no tienen por qué desaparecer si desaparece esa vinculación”.

Al ser preguntada por esta redacción acerca de una valoración respecto a las denuncias formuladas por BDS Murcia y RESCOP sobre la llegada de cargamentos procedentes de Israel, desde la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia han declarado que en estos casos “se aplica el protocolo establecido, se examina la documentación y en caso de que la carga esté contemplada dentro del Real Decreto-ley 10/2025, se aplica y se actúa en consecuencia”.

ICL: “Los productos que descargamos en el Puerto de Cartagena no proceden de asentamientos israelíes situados en el Territorio Palestino”

Desde la compañía, aseguran que ICL “cumple estrictamente con la legislación vigente y con todos los controles aduaneros y de comercio exterior aplicables”. Asimismo, manifiestan que los productos importados por la compañía y descargados en el Puerto de Cartagena no están incluidos en el ámbito de las prohibiciones establecidas por el Real Decreto-ley 10/2025, de 23 de septiembre ni en la norma que desarrolla dicho Real Decreto.

En concreto, estas fuentes de ICL sostienen que “ninguno de los productos objeto de estas operaciones tiene origen en asentamientos israelíes situados en el Territorio Palestino”. También afirman que “ICL no explota minerales ni materias primas en Cisjordania ni en territorios palestinos” y que la compañía no ha figurado “ni ahora ni en el pasado” en ninguna base de datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre empresas vinculadas a actividades en asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado.

Respecto a los productos descargados en Cartagena, desde la compañía se asegura que se trata de materias primas destinadas a usos civiles, principalmente industriales, agrícolas y alimentarios. “ICL no produce ni vende ningún tipo de producto para usos militares. Los productos de ICL a base de fosfato se desarrollan para funciones alimentarias, industriales y agrícolas, esenciales para los fertilizantes utilizados en regiones agrícolas como la de Murcia”, concluyen.

La redacción de elDiario.es Región de Murcia también ha solicitado declaración al propio Gobierno de la Región de Murcia, a la Autoridad Portuaria de Cartagena y a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) sobre esta misma cuestión. En el momento de la publicación de este reportaje no se había recibido respuesta por parte de dichas entidades consultadas. En caso de producirse, sus declaraciones serán incorporadas a esta información.

El buque Chemical Luna enfilaba en la medianoche de este viernes la dársena cartagenera, donde hizo su entrada alrededor de las 00.42 horas. Tras una escala de algo más de 19 horas en Castellón, de donde zarpó este jueves a las 06.14 horas, el petrolero y quimiquero de bandera maltesa, construido en 2008 y con número IMO 9521423, llega al puerto de Cartagena con 2.010 toneladas de ácido fosfórico a bordo y con una nueva controversia sobre el origen de las materias primas que alimentan la industria de fertilizantes en la Región de Murcia.

La llegada del barco se produce en un contexto marcado por las denuncias del movimiento pacifista BDS Murcia y Palestina Libre Región de Murcia, que sostiene que el cargamento procede del territorio palestino ocupado del Negev y que, por tanto, podría estar afectado por las restricciones contempladas en el Real Decreto-ley 10/2025, que prohíbe la importación de productos provenientes de asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados.

No es la primera vez que un barco vinculado a la multinacional israelí ICL desembarca en Cartagena. Según recuerda BDS Murcia, a razón de aproximadamente un barco al mes, más de una quincena de embarcaciones han transportado productos químicos desde Israel hasta el puerto de Escombreras durante el último año. El precedente más reciente fue el del Trans Tind, cuya carga también generó una investigación por parte de las autoridades aduaneras.

ICL responde a las acusaciones de los movimientos pro palestinos

Esta redacción ha solicitado a ICL Iberia información sobre el origen exacto de las materias primas descargadas en Cartagena, así como su posición ante las acusaciones de explotación de recursos en territorios palestinos ocupados y las denuncias relacionadas con el suministro de fósforo blanco por parte de filiales del grupo.

La compañía asegura que “cumple estrictamente con la legislación vigente y con todos los controles aduaneros y de comercio exterior aplicables” y subraya que los productos importados “no están incluidos en el ámbito de las prohibiciones establecidas por el Real Decreto-ley 10/2025”.

ICL afirma que la documentación de origen y trazabilidad acredita que las materias primas proceden de Rotem, en Israel, y recalca que “ninguno de los productos objeto de estas operaciones tiene origen en asentamientos israelíes situados en el Territorio Palestino”. La empresa añade que conviene “no confundir denominaciones geográficas distintas como Nahal Rotem” con la instalación de Mishor Rotem, donde asegura que se localiza el origen de los productos.

Sin embargo, BDS Murcia rechaza esa explicación. Diego Miñano, miembro del colectivo, sostiene que “no existe ninguna garantía ni control sobre el sistema de etiquetado de ICL”. El activista recuerda que entidades como Who Profits o el Observatorio de Derechos Humanos y Empresas del Mediterráneo han denunciado que la compañía extrae minerales mediante el bombeo y evaporación de aguas del Mar Muerto, una zona situada en Palestina.

“El origen de las mercancías y el proceso productivo se lleva a cabo en territorios ocupados ilegalmente, con independencia de que el posterior etiquetado se produzca en un determinado código postal”, afirma Miñano. A su juicio, la empresa se beneficia además del acuerdo comercial preferencial entre la Unión Europea e Israel, lo que le permitiría acogerse a ventajas arancelarias. “¿Qué empresa diría la verdad si mentir les sale más barato y además eluden posibles investigaciones?”, se pregunta.

Para el portavoz de BDS, el caso evidencia “la impunidad de empresas que se lucran de la ocupación ilegal en Palestina sin ser sancionadas” y también “la inacción del Gobierno de España, que aprueba medidas simbólicas cuya efectividad es nula”.

Mientras tanto, la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia asegura que, ante la llegada del Chemical Luna al puerto de Cartagena se activará el procedimiento habitual. Fuentes del organismo han explicado que “se llevará a cabo el protocolo establecido para este tipo de casos, y se examinará la documentación”. Asimismo, añaden que “en caso de que la carga esté contemplada dentro del Real Decreto-ley 10/2025, por supuesto que se aplicará y se actuará en consecuencia”.

Al respecto, BDS Murcia reclama a las autoridades aduaneras españolas que vayan más allá de la mera comprobación de la documentación aportada por la empresa y utilicen las herramientas legales previstas para comprobar el origen real de las materias primas. Unas facultades de control previstas en el Código Aduanero de la Unión (Reglamento UE 952/2013), que permiten verificar el origen efectivo de las mercancías y examinar su trazabilidad cuando existan indicios o sospechas de fraude en el etiquetado o de una declaración inexacta del país de procedencia.

Mientras, en tierra, activistas y administraciones se preparan para un nuevo episodio de una disputa que trasciende el ámbito comercial y que vuelve a situar a la ciudad portuaria en el centro del debate sobre las relaciones económicas con Israel y el alcance real de las medidas adoptadas por el Gobierno español.

Resulta difícil imaginar que uno de los barrios más importantes de la Murcia andalusí naciera, literalmente, sobre un vertedero. En el mismo lugar donde, hoy, miles de personas pasean cada día entre el Palacio de San Esteban —sede de la Presidencia y del Consejo de Gobierno de la región—, la avenida de la Libertad y El Corte Inglés, el subsuelo guarda la historia de un espacio que durante décadas sirvió para acumular cenizas, escombros y residuos domésticos antes de transformarse en el gran arrabal medieval de la Arrixaca, el principal barrio extramuros de la ciudad de Mursiya.

Es el gran giro de guion que están revelando las últimas excavaciones del yacimiento de San Esteban, un conjunto arqueológico de aproximadamente 10.000 metros cuadrados situado en pleno corazón de la Murcia actual. No se trata únicamente de un hallazgo excepcional por la calidad de sus restos, sino de una auténtica cápsula del tiempo que está obligando a revisar el relato sobre cuándo —parece que a principios del siglo XII— y cómo nació un enclave cuya relevancia trasciende el ámbito científico.

Cuando en 2009 comenzaron las obras para construir un aparcamiento subterráneo bajo los jardines de San Esteban, las excavaciones sacaron a la luz un barrio islámico prácticamente intacto. Lo que iba a ser una actuación urbanística terminó convirtiéndose en uno de los mayores conflictos patrimoniales de la historia reciente de la Región de Murcia. Arqueólogos, historiadores, asociaciones vecinales, colectivos sociales, diversas organizaciones y los partidos políticos PSOE e Izquierda Unida (IU), impulsaron una plataforma ciudadana que promovió movilización sin precedentes para reclamar la conservación íntegra del yacimiento, convencidos de que el valor histórico del conjunto era incompatible con la construcción del estacionamiento.

La dimensión del hallazgo fue resumida por el arqueólogo y exdirector del Museo Arqueológico Nacional, José María Luzón Nogué, con una frase que todavía hoy sirve para medir su importancia: “No hay una ciudad que pueda mostrar la historia de una época en esta extensión en ningún otro lugar”. No era una exageración. El arrabal de la Arrixaca constituye uno de los conjuntos urbanos andalusíes mejor conservados de Europa y permite estudiar, casi casa por casa y calle por calle, la evolución de una ciudad medieval.

Jorge Eiroa Rodríguez, arqueólogo y profesor de la Universidad de Murcia (UMU), es el director de la investigación arqueológica y miembro clave del Comité de Expertos encargados de garantizar el rigor científico y la adecuada musealización. Este reputado especialista resalta el gran valor de este patrimonio que “sin necesidad de ser monumental, es extraordinariamente representativo de lo que era la realidad en el pasado”. Para Eiroa, es una cuestión “de justicia” que la ciudad “recupere un conjunto patrimonial que pueda mostrar la historia islámica de Murcia en su momento de mayor esplendor”.

Una victoria ciudadana

La presión social e institucional para salvar el yacimiento resultó decisiva. Tras años de controversias, recursos judiciales, cambios de criterio administrativo y una indemnización de 6,4 millones de euros a las empresas adjudicatarias del aparcamiento, el proyecto fue definitivamente descartado y San Esteban pasó de ser un solar destinado a un parking a convertirse en una prioridad patrimonial. Quince años después, las excavaciones no solo continúan: están reescribiendo los orígenes de la Murcia que hoy se levanta sobre ellas.

Una de las voces más combativas en la defensa del yacimiento fue la del profesor de Arqueología de la Universidad de Murcia Javier García del Toro, fallecido en 2023. En esos días de movilización social, García del Toro contaba emocionado que, tras 35 años de profesor, “nunca había visto nada parecido para salvar un trozo de historia”.

Una financiación decisiva para desbloquear el proyecto

Salvar el yacimiento fue solo el primer paso. Durante más de una década, San Esteban permaneció condicionado por la falta de financiación suficiente y por la enorme complejidad técnica que supone intervenir sobre un barrio medieval de estas dimensiones.

El impulso definitivo ha llegado gracias a la colaboración entre administraciones y, especialmente, a la aportación económica del Estado, cuya financiación ha permitido afrontar las labores de excavación, conservación y la futura musealización del enclave. Sin esa inversión pública —más de 33 millones de euros, la mitad aportada por el Gobierno de España, otro 25% por la comunidad autónoma y un 25% más por el Ayuntamiento de Murcia— habría sido muy difícil desarrollar un proyecto de esta envergadura, llamado a convertirse en uno de los grandes referentes arqueológicos del sureste peninsular.

Mientras avanzan los trabajos, los investigadores continúan obteniendo datos que responden a preguntas planteadas desde el descubrimiento del yacimiento. Una de las más importantes era determinar cuándo comenzó realmente a poblarse este sector de la antigua Arrixaca Vieja.

Del vertedero al barrio

Las conclusiones preliminares de los arqueólogos apuntan a que la zona situada junto a la medina islámica no estuvo urbanizada desde los primeros momentos de la historia de Murcia. Antes de convertirse en un barrio densamente habitado, aquel espacio funcionó durante décadas como una amplia área periurbana utilizada para depositar residuos, escombros y restos de actividades domésticas.

El director de la intervención arqueológica, Clemente López Sánchez, ha explicado que los investigadores han documentado grandes depósitos de cenizas, carbón y materiales de desecho que evidencian ese uso inicial del terreno. Lejos de ser una información secundaria, esos estratos constituyen una fuente extraordinaria para reconstruir la evolución del barrio.

Los restos de cerámica, huesos de animales y otros materiales recuperados han permitido fechar con mayor precisión las distintas fases de ocupación. Gracias a ellos, los arqueólogos sitúan el inicio de una urbanización estable a finales del siglo XI o comienzos del XII, una cronología más tardía de lo que se había planteado hasta ahora. “Todos lo que estamos encontrando es un reflejo fiel de la vida cotidiana de los primeros murcianos que habitaron el arrabal”, explica López.

Este proceso coincide con una etapa de gran dinamismo para la Mursiya andalusí. Tras el declive del Califato y durante el periodo de las segundas taifas, especialmente bajo el gobierno de Ibn Mardanis, conocido como el Rey Lobo, la ciudad experimentó un importante crecimiento económico y demográfico que habría favorecido la expansión urbana hacia zonas periféricas hasta entonces escasamente ocupadas.

La cerámica que permite fechar una ciudad

Si existe un material capaz de contar la historia de una ciudad medieval, ese es la cerámica. Entre los objetos recuperados en San Esteban aparecen recipientes de almacenamiento, utensilios de cocina, platos y vasijas de uso cotidiano que, para los especialistas, funcionan como un auténtico calendario arqueológico.

La abundancia de determinadas producciones, como la denominada cuerda seca parcial, junto con la ausencia de otras tipologías posteriores, ha resultado fundamental para situar cronológicamente el inicio de la urbanización del sector excavado.

Además, algunas piezas muestran influencias de importantes centros productivos de Al-Ándalus, reflejando las conexiones comerciales y culturales que mantenía Murcia con otros territorios peninsulares.

Una ciudad más avanzada de lo que se imaginaba

Los nuevos trabajos también están sacando a la luz una faceta menos conocida de la Murcia medieval: su sofisticada gestión del agua y de los residuos.

La excavación ha permitido identificar complejos sistemas hidráulicos domésticos integrados en las viviendas. Canalizaciones, conducciones de agua, estructuras de evacuación y letrinas forman parte de una red que demuestra un grado de planificación urbana mucho más avanzado de lo que tradicionalmente se ha atribuido a las ciudades medievales.

En algunos casos, las estructuras conservan fosas sépticas y depósitos prácticamente intactos desde hace siglos. Estos elementos no solo hablan de ingeniería doméstica, sino también de hábitos de higiene, organización del espacio y formas de convivencia vecinal.

Para los especialistas, este conjunto refuerza la consideración de San Esteban como uno de los ejemplos más relevantes del urbanismo andalusí conservado en Europa.

La historia cotidiana escrita en huesos

Entre los restos recuperados durante la excavación también figuran numerosos huesos de animales que permiten acercarse a la vida diaria del arrabal. Uno de los hallazgos más llamativos ha sido el esqueleto de un perro localizado en un contexto arqueológico todavía objeto de estudio. También han aparecido restos de otros animales, entre ellos una yegua equipada con herraduras.

Para la arqueología actual, estos vestigios constituyen una fuente de información tan valiosa como la arquitectura. A través de ellos es posible conocer aspectos relacionados con la alimentación, el transporte, la actividad económica e incluso determinadas prácticas culturales de la sociedad medieval.

Otro descubrimiento singular es una estructura que algunos investigadores comparan con una especie de “caja fuerte” doméstica, destinada probablemente a custodiar bienes de valor dentro de la vivienda. A ello se suma la documentación de hasta cinco niveles superpuestos de pavimento en algunas casas, una circunstancia que demuestra que las viviendas fueron reformándose continuamente para adaptarse a las necesidades de sus habitantes.

Un proyecto para integrar el pasado en la ciudad del futuro

La importancia de San Esteban trasciende el ámbito científico. El objetivo de las administraciones es transformar el yacimiento en un gran espacio cultural abierto a la ciudadanía, capaz de combinar investigación, conservación y divulgación.

El proyecto ganador —la propuesta realizada por los estudios madrileños Burgos y Garrido Arquitectos y Ayllón Paradela de Andrés Arquitectos— plantea la creación de una gran plaza pública en superficie bajo la cual se desarrollará un espacio visitable sostenido por un “bosque de columnas” que permitirá recorrer los restos arqueológicos mediante un centro de interpretación integrado en el propio yacimiento. La propuesta busca compatibilizar la vida urbana con la protección del patrimonio y convertir el enclave en un nuevo referente cultural para Murcia. Además, recuperará el viejo Jardín de San Esteban haciéndolo “flotar” sobre el yacimiento, aseguran los arquitectos implicados.

No obstante, como ha ocurrido desde el descubrimiento del conjunto, el proyecto también ha suscitado debate. Algunos especialistas y colectivos patrimonialistas consideran que cualquier intervención debe extremar las precauciones para que las soluciones arquitectónicas contemporáneas no resten protagonismo a los restos originales y garanticen que la conservación prevalezca sobre cualquier criterio urbanístico. Otros han mostrado preocupación por la complejidad técnica de la actuación, su coste y los plazos de ejecución.

Según ha anunciado la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, la licitación de la última fase no llegará, como mínimo, hasta el verano de 2027.

Mucho más que una excavación arqueológica

Cada nuevo estrato excavado sigue aportando información sobre cómo se organizaba la ciudad, cómo vivían sus habitantes y cómo evolucionó uno de los espacios urbanos medievales más excepcionales conservados en Europa.

Pero San Esteban también simboliza otra historia: la de un patrimonio cuya supervivencia fue posible gracias a años de reivindicación ciudadana, al compromiso institucional y a una financiación pública que permitió desbloquear un proyecto largamente esperado.

En ese sentido, el verdadero hallazgo de San Esteban no es una pieza concreta, sino la posibilidad de comprender con una precisión cada vez mayor los orígenes de la Murcia que habitamos hoy y de demostrar que conservar el pasado también es una forma de construir el futuro.

La costa sur de la Región de Murcia lleva años acostumbrándose a convivir con dos realidades incómodas: la llegada periódica de embarcaciones con personas migrantes y la expansión silenciosa de las redes vinculadas al narcotráfico marítimo. El grupo municipal de Vox en Lorca —que desde 2023 gobierna este municipio junto con el Partido Popular— ha colocado ambos asuntos en el centro de la agenda política local, después de defender en el Pleno municipal ordinario correspondiente al mes de mayo, una batería de medidas contra las llamadas “pateras taxi” y las narcolanchas que operan en distintos puntos del litoral lorquino. José Martínez, edil de esta formación y responsable de la Concejalía de Protección Civil y Emergencias, asegura que la situación “ha desbordado la capacidad de vigilancia” del ayuntamiento, al tiempo que reclama más medios policiales y controles en la costa.

El anuncio de Vox llega en un contexto especialmente sensible. Apenas unos días antes, el 10 de mayo de 2026, una patera con 24 inmigrantes a bordo fue interceptada en Cala Blanca, en el diseminado de la pedanía lorquina de Garrobillo. Aquella imagen —la de un grupo de personas exhaustas llegando a una cala semidesierta del litoral murciano— volvió a sacudir a los vecinos de la zona, acostumbrados ya a ver dispositivos de Guardia Civil y Salvamento Marítimo en episodios similares.

No era un caso aislado. En marzo, las autoridades contabilizaron al menos 72 migrantes desembarcados en distintos puntos de la franja costera compartida entre Lorca y Águilas. El aumento de llegadas ha generado preocupación entre parte de la población local, aunque también ha despertado críticas hacia quienes intentan vincular automáticamente migración y delincuencia organizada para alimentar discursos de inseguridad.

La frontera invisible del Mediterráneo

En Puntas de Calnegre, una pequeña y pintoresca localidad costera perteneciente a la pedanía lorquina de Ramonete, la llegada de estas embarcaciones es un tema recurrente, pero que se comenta con discreción entre sus escasos setenta habitantes. “Muchas veces no sabes si es una patera o una lancha rápida”, explica un residente que pide mantener el anonimato. “Aquí por la noche apenas hay iluminación, pero la gente escucha motores y ve movimiento. Unas veces llegan las patrullas y otras no”.

La sensación de incertidumbre se ha instalado en parte del vecindario. No tanto por la presencia de personas migrantes, insisten algunos residentes, sino por la percepción de que esta franja litoral se ha convertido en una ruta relativamente accesible para distintos tipos de tráfico marítimo irregular.

Otros vecinos, sin embargo, cuestionan el tono alarmista que se está imponiendo en el debate público.“La mayoría de quienes llegan vienen desesperados, no son criminales”, comenta una trabajadora del sector hostelero de la zona. “El problema es que algunos partidos meten todo en el mismo saco”.

Ese matiz resulta clave. Expertos en migraciones y derechos humanos llevan años alertando del riesgo de criminalizar a quienes cruzan el Mediterráneo en condiciones extremas. España continúa siendo una de las principales puertas de entrada a Europa para personas que huyen de conflictos, pobreza o persecución, especialmente desde el norte de África y el Sahel.

Pero al mismo tiempo, las autoridades reconocen que determinadas rutas utilizadas para la inmigración irregular también son aprovechadas por redes de narcotráfico. Y es ahí donde el discurso político encuentra un terreno fértil.

Ramonete: el narcotráfico deja de ser invisible

Si en Puntas de Calnegre el fenómeno migratorio centra buena parte de la conversación, en Ramonete el miedo tiene otro nombre: narcotráfico.

La pedanía lorquina vivió uno de sus episodios más traumáticos en octubre de 2025, cuando un doble crimen relacionado con bandas dedicadas al tráfico de drogas sacudió la comarca. El 7 de octubre apareció el cuerpo de un hombre con impactos de bala dentro del maletero de un coche en la zona de Ramonete. Poco después, las autoridades localizaron una segunda víctima en una vivienda del paraje de El Cantar.

Las investigaciones apuntaron rápidamente a un ajuste de cuentas entre organizaciones vinculadas al tráfico de hachís. Entre las víctimas figuraba Giuliano Velo, ciudadano italiano con antecedentes relacionados con narcotráfico y presuntos vínculos con la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, una de las más poderosas del mundo. La otra víctima era un ciudadano marroquí supuestamente relacionado con el mundo de los 'vuelcos', como se conoce en el argot criminal a los robos de mercancía entre traficantes.

En diciembre de 2025, la Guardia Civil detuvo a tres personas implicadas en el doble asesinato. El propio alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, reconoció públicamente entonces que el crimen estaba relacionado con disputas derivadas del tráfico de drogas.

Aquellos hechos marcaron un antes y un después en la percepción del problema en la zona. Lo que durante años había permanecido en un segundo plano —comentarios aislados sobre lanchas rápidas, movimientos nocturnos o alijos en playas remotas—pasó a convertirse en una preocupación visible.

“Antes parecía algo lejano, como si ocurriera en Cádiz o en el Campo de Gibraltar”, explica un agricultor de la zona. “Pero cuando aparecen muertos aquí, la gente entiende que el problema está mucho más cerca”.

El ecosistema de las narcolanchas

Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Mediterráneo funcionan mediante una compleja red de colaboradores y apoyos logísticos. Aunque las autoridades evitan generalizaciones, distintos investigadores y expertos en seguridad reconocen que las mafias encuentran en algunas zonas costeras un entorno favorable debido a la dispersión geográfica, la dificultad de vigilancia y la existencia de economías precarias.

En ese entramado aparecen figuras como los llamados 'petaqueros', encargados de suministrar combustible a las narcolanchas en alta mar o en puntos estratégicos del litoral. Su papel resulta esencial para mantener operativas embarcaciones capaces de recorrer largas distancias a gran velocidad.

También están los 'chivatos', personas que alertan de posibles movimientos policiales o de la presencia de patrullas de vigilancia. A menudo utilizan teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería para transmitir información en tiempo real.

A ellos se suman conductores de embarcaciones, responsables de logística en tierra y pequeños colaboradores que participan en tareas puntuales. Las investigaciones policiales señalan que muchas de estas redes operan de forma fragmentada y flexible, dificultando la identificación de estructuras jerárquicas permanentes.

Hablar de la posible existencia de apoyos locales sigue siendo un tema delicado en municipios pequeños donde todos se conocen. Algunos vecinos admiten en privado que el narcotráfico genera una economía paralela difícil de ignorar. Otros rechazan frontalmente esa idea y consideran injusto señalar a comunidades enteras por la actuación de grupos minoritarios.

Lo cierto es que el fenómeno tiene una dimensión social compleja. En áreas con empleo estacional, precariedad laboral, bajos niveles de renta y pocas oportunidades para los jóvenes, las redes criminales encuentran más facilidad para captar colaboradores ocasionales ofreciendo dinero rápido.

Entre el miedo y la instrumentalización política

La propuesta presentada por Vox en Lorca se apoya precisamente en esa percepción creciente de inseguridad. El partido reclama reforzar la vigilancia marítima, incrementar la presencia de Guardia Civil y endurecer las medidas contra la inmigración irregular.

Sin embargo, organizaciones sociales y sectores progresistas acusan a la formación de utilizar episodios reales para construir un relato que mezcla migración y delincuencia de manera interesada.

“La llegada de personas migrantes no puede abordarse únicamente desde una perspectiva policial”, señalan desde colectivos de apoyo a refugiados en la Región de Murcia. “Se está generando un discurso que convierte a personas vulnerables en amenazas”.

La crítica no implica negar la existencia del narcotráfico. De hecho, expertos en seguridad consideran evidente que las rutas marítimas del sureste español están siendo utilizadas cada vez más por organizaciones criminales. Pero advierten de que simplificar el problema puede resultar contraproducente.

“El narcotráfico es una estructura económica transnacional con enormes recursos”, explica un criminólogo consultado para este reportaje. “Reducirlo al debate sobre pateras es políticamente rentable, pero no ayuda a entender cómo funcionan realmente estas redes”.

En paralelo, las fuerzas de seguridad enfrentan un desafío creciente. El litoral murciano combina kilómetros de costa abrupta, calas aisladas y zonas de difícil acceso que complican las labores de vigilancia. Las mafias aprovechan además tecnologías de navegación cada vez más sofisticadas y embarcaciones de alta potencia.

Una costa en transformación

Más allá del enfrentamiento político, lo que ocurre en Lorca refleja una transformación más amplia del Mediterráneo occidental. Las rutas migratorias cambian constantemente en función de la presión policial y de los conflictos internacionales, mientras que el narcotráfico adapta sus métodos con enorme rapidez.

La Región de Murcia, históricamente alejada de los focos mediáticos que acompañaban al Campo de Gibraltar, empieza a aparecer con más frecuencia en informes policiales y titulares relacionados con tráfico marítimo ilegal.

Algunos vecinos temen que esa imagen termine afectando al turismo y a la vida cotidiana de pueblos tradicionalmente tranquilos. Otros creen que negar el problema sería aún peor.

“Lo que hace falta es hablar con seriedad”, resume un residente de Puntas de Calnegre. “Ni convertir esto en una película de narcos ni fingir que no pasa nada”.

En el fondo, esa tensión resume el gran dilema que atraviesa hoy el debate público en la costa murciana: cómo afrontar fenómenos complejos —migración, exclusión social, crimen organizado y abandono institucional— sin caer ni en el alarmismo ni en la indiferencia.

Las elecciones al Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) suman una candidatura con una larga trayectoria académica y de gestión: la de Guillermo Díaz Baños. Catedrático de Química Física, su perfil combina experiencia docente, investigadora y una amplia implicación institucional que le ha llevado a ocupar responsabilidades clave dentro de la universidad.

“He sido secretario y director de mi departamento, vicerrector de Extensión Universitaria, director de la EIDUM y actualmente decano de la Facultad de Química”, resume. A ello se suma una trayectoria de más de cuarenta años vinculado a la UMU, primero como estudiante y después como profesor e investigador. “Todo ello me ha permitido conocer, de primera mano, la universidad desde muchos lugares distintos”, señala.

Esa experiencia acumulada es, precisamente, el fundamento de su candidatura. “Creo que para ser rector es importante tener una trayectoria que avale esa intención. La implicación, el compromiso y el modelo de universidad que defiendo se reconocen más en los hechos que en las palabras”, afirma. Su mensaje final, en latín, condensa su ambición: “Ad maiora” (hacia grandes cosas).

Motivación y visión: experiencia al servicio del cambio

Díaz no esconde que su decisión responde a un momento concreto. “He decidido presentarme porque creo que es el momento de poner toda mi experiencia al servicio de la Universidad de Murcia”, explica. Su diagnóstico es directo: la institución necesita cambios reales.

“No basta con seguir haciendo lo mismo. Me presento por compromiso con la universidad pública y porque creo que hay una forma más clara, más justa y más útil de gobernarla”, afirma.

Su visión de futuro se resume en una idea sencilla pero ambiciosa: “Una universidad pública, rigurosa, abierta y bien gobernada, que forme bien, investigue mejor, transfiera con sentido y cuide de sus miembros”. En esa frase se condensa el núcleo de su programa: reforzar lo esencial y eliminar lo superfluo.

Gobernanza: menos burocracia, más rumbo

Uno de los principales problemas que identifica es la complejidad de la gestión. “Hemos normalizado una universidad demasiado burocrática, lenta y desgastante”, advierte. Para Díaz, esta situación tiene consecuencias claras: se pierde energía en lo accesorio.

“Cuando una universidad dedica demasiada energía a lo accesorio, pierde fuerza en lo esencial: enseñar, investigar y transferir conocimiento”, sostiene. A ello suma la falta de planificación a medio y largo plazo, lo que, a su juicio, agrava la situación.

Su propuesta pasa por simplificar estructuras y clarificar prioridades. “Servicio público con gestión eficiente y planificación real”, resume. En este sentido, defiende una gobernanza “más cercana, participada, transparente y útil”.

“Gobernar bien no es multiplicar cargos ni trámites, sino dar rumbo, escuchar y decidir con criterios claros”, insiste. Entre sus medidas destaca el refuerzo del Claustro como espacio de debate, la descentralización de decisiones hacia los centros y la reducción de estructuras innecesarias.

Diálogo universitario: presencia real y corresponsabilidad

Díaz considera que uno de los déficits actuales es la falta de diálogo continuo entre los distintos colectivos universitarios. “El diálogo no puede quedar reducido a momentos puntuales”, afirma.

Para solucionarlo, propone una presencia activa del equipo rectoral en los centros. “Planteo que el rector visite cada mes un centro para escuchar directamente a estudiantado, profesorado y PTGAS (personal técnico, de gestión y de administración y servicios)”, explica.

Su modelo se basa en la corresponsabilidad. “Cada colectivo debe tener claro su papel: el profesorado centrado en docencia, investigación y transferencia; el PTGAS reforzado en la gestión; y el estudiantado con más protagonismo”. Y añade: “Si cada uno se siente escuchado de verdad, la universidad funciona mejor”.

Ética y transparencia: rendir cuentas con hechos

En el terreno electoral, Díaz apuesta por una campaña basada en el respeto. “Hay que evitar la descalificación personal, la propaganda vacía y la información sesgada”, señala. Para él, la universidad debe ser un ejemplo de debate riguroso.

“Defender ideas con firmeza es compatible con hacerlo desde la honestidad y el respeto”, afirma. Este planteamiento se traslada también a su compromiso de gobierno.

“Quiero que la comunidad universitaria sepa qué se hace, por qué se hace y con qué resultados”, explica. Entre sus propuestas destaca la publicación de indicadores de seguimiento, un informe anual que vincule presupuesto y resultados, y la creación de un portal único de transparencia.

Además, plantea la creación de una Oficina de Buen Gobierno e Integridad Pública. “Un organismo autónomo que supervise la aplicación del código ético y garantice canales seguros de alerta”, detalla.

Docencia y profesorado: planificar para mejorar

La mejora de la docencia pasa, según Díaz, por una idea clave: planificación. “No se puede mejorar la docencia si se improvisa con las plantillas”, afirma.

Por ello, propone un Plan Estratégico Plurianual de Capital Humano que permita anticipar necesidades, ordenar el relevo generacional y reducir la precariedad. “Necesitamos una carrera académica más clara y previsible”, sostiene.

También defiende reforzar el apoyo docente, mejorar los recursos y revisar los sistemas de evaluación. “Formar bien hoy exige metodologías más activas, un uso responsable de la inteligencia artificial y una docencia centrada en el aprendizaje real”.

Pero introduce un elemento diferencial: el bienestar. “No puede haber docencia de calidad sin una comunidad universitaria cuidada”, subraya. Y añade: “La salud mental, la conciliación y unas condiciones dignas no son un complemento, sino una base”.

Investigación: ampliar la base sin perder excelencia

En materia investigadora, Díaz plantea una estrategia dual: mantener la excelencia y ampliar la base. “La investigación es una seña de identidad de la universidad”, afirma.

Para reforzarla, propone apoyar especialmente a áreas con menor financiación, fomentar la interdisciplinariedad y desarrollar un plan a seis años con objetivos claros. También insiste en la necesidad de atraer y retener talento.

“Debemos reducir la burocracia que resta tiempo al profesorado y reconocer mejor el esfuerzo investigador”, señala. Pero va más allá de los indicadores tradicionales.

“Investigar no es solo publicar más, sino transferir mejor ese conocimiento para mejorar la vida de las personas”, afirma. En su visión, la investigación debe tener un impacto social tangible.

Transferencia y Europa: estrategia y misión pública

Díaz apuesta por una universidad más activa en la captación de fondos europeos. “No podemos esperar oportunidades, tenemos que salir a buscarlas”, afirma.

Propone aprovechar mejor programas como Horizonte Europa y fortalecer redes internacionales. También plantea modernizar la OTRI (Oficina de Transferencia de los Resultados de la Investigación) y fomentar iniciativas como los doctorados industriales o las spin-offs.

Sin embargo, introduce una advertencia: “La apertura no puede hacerse a cualquier precio”. Para él, la colaboración con empresas debe estar alineada con la misión pública de la universidad.

“El conocimiento debe estar al servicio de la sociedad, también en las humanidades y las ciencias sociales”, subraya.

Estudiantes: protagonismo y bienestar

El estudiantado ocupa un lugar central en su propuesta. “Debe volver a ser el verdadero protagonista de la universidad”, afirma. Por eso, entre sus medidas destaca la mejora de la transición desde etapas previas, el refuerzo de la tutoría y la garantía de evaluaciones justas. Pero también pone el foco en la experiencia cotidiana.

“Hay que cuidar la vida universitaria: mentoría, orientación, prácticas de calidad y bienestar emocional”, explica. Además, insiste en la necesidad de espacios seguros y accesibles. “La universidad no solo enseña, también cuida y acompaña”, resume.

Empleabilidad: formación integral y pensamiento crítico

Para mejorar la inserción laboral, Díaz propone reforzar las prácticas externas, la formación dual y la orientación profesional. “Las prácticas deben tener valor formativo real”, advierte.

También subraya la importancia de la inteligencia artificial. “Ningún egresado debería salir sin saber utilizarla con criterio y responsabilidad”.

Sin embargo, introduce un matiz importante: “La empleabilidad no puede ser el único criterio”. Para él, la universidad pública tiene también una función social y cultural. “El mercado cambia, pero el valor de la formación universitaria va más allá de la rentabilidad inmediata”, sostiene.

Igualdad: romper inercias históricas

Con tres mujeres candidatas al rectorado, el proceso electoral actual puede marcar un hito en términos de igualdad de género en la UMU. Díaz reconoce su importancia: “Tiene un valor simbólico evidente”. Pero insiste en que el reto es más profundo. “La igualdad debe traducirse en políticas reales de conciliación, corresponsabilidad y eliminación de discriminaciones”.

Más que hablar de liderazgo femenino, apuesta por la diversidad. “Una universidad con liderazgos diversos gobierna mejor”, afirma.

Universidad y sociedad: presencia y utilidad pública

Para Díaz, la Universidad de Murcia debe ser un actor central en la Región. “No puede comportarse como una institución aislada”, advierte.

Por eso, propone reforzar la transferencia, las alianzas con empresas y administraciones y una extensión universitaria más ambiciosa. Pero también insiste en la necesidad de visibilidad. “Tenemos que estar más en la calle, divulgar mejor la ciencia y explicar lo que aportamos”, afirma.

En el plano territorial, plantea consolidar sedes en municipios y ajustar la oferta a las necesidades locales. “La universidad debe ser accesible, útil y cercana”.

Una universidad más clara, justa y humana como aspiración

De cara al final de su mandato, Díaz tiene claro cómo le gustaría ser recordado. “Como una etapa de servicio público, de honestidad y de trabajo serio”, afirma.

Díaz aspira a una universidad con menos burocracia y más claridad de rumbo. “Que se haya escuchado, explicado y dado la cara”, resume. Pero, sobre todo, pone el foco en las personas. “Que se haya cuidado más a la comunidad universitaria, en su bienestar y en sus condiciones”.

Y concluye con una idea que resume su proyecto: “Que la Universidad de Murcia sea más universidad: más rigurosa, más abierta, más justa y más útil para la sociedad”.

La carrera hacia el Rectorado de la Universidad de Murcia (UMU) se presenta como un momento decisivo para redefinir el futuro de la institución. En este contexto, la figura de Samuel Baixauli emerge con una trayectoria consolidada en la gestión académica y una visión clara de cambio. Catedrático del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas, Baixauli conoce bien los entresijos de la universidad tras años de experiencia docente y como decano de la Facultad de Economía y Empresa.

Licenciado y doctor en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valencia, ha desarrollado toda su carrera docente en la UMU, donde ha impartido clases en todos los niveles formativos. Esa vinculación prolongada con la institución le permite, según sus propias palabras, tener “una visión realista de sus fortalezas y de sus problemas estructurales”.

Su candidatura llega en un momento que él mismo define como “clave”, tanto en lo personal como en lo institucional. Con un programa que se sostiene sobre tres pilares —formación, investigación y transferencia, y compromiso social—, Baixauli propone una transformación profunda basada en la eficiencia, la participación y la adaptación a los cambios tecnológicos.

Motivación y visión: una universidad que aprende

Baixauli no elude el contexto complejo en el que se presenta. “Es un momento en el que, personalmente, puedo afrontar la responsabilidad y propiciar cambios en un contexto de financiación insuficiente y recursos limitados”, explica. Su diagnóstico es claro: la universidad arrastra problemas estructurales desde hace años.

“Todos coincidimos en que hay rigidez y falta de agilidad en la gestión, desmotivación en el personal y necesidad de adaptarse a los cambios tecnológicos”, afirma. Ante este escenario, plantea una gobernanza que fomente “el debate constructivo, el pensamiento crítico y la consecución de objetivos compartidos”.

Su propuesta se sintetiza en una idea que ha repetido durante la campaña: construir una “universidad inteligente”. Pero ¿qué significa exactamente? “Un ecosistema conectado en el que todo —colectivos, espacios y decisiones— funcione de forma eficiente y adaptativa”, detalla. Y resume su aspiración en una frase: “La universidad inteligente que sabe mejorar”.

Gobernanza: participación, transparencia y agilidad

Uno de los ejes centrales de su programa es la reforma del modelo de gobernanza. Para Baixauli, el principal problema estructural de la Universidad de Murcia es la infrafinanciación, pero no el único. “Existen problemas de gobernanza, planificación y coordinación, y una gestión poco ágil”, advierte.

La consecuencia de esta situación, según señala, es una institución lenta para adaptarse a los cambios. “Esa lentitud dificulta nuestra eficiencia interna y nos impide alcanzar una universidad más moderna, flexible y competitiva”.

Frente a ello, propone reforzar la gobernanza participativa. “Cuando los órganos colegiados funcionan como espacios efectivos de deliberación, las políticas se enriquecen con la diversidad de perspectivas”, sostiene. Pero también insiste en la necesidad de transparencia: “La comunicación, la planificación conjunta y la rendición de cuentas generan confianza y reducen los conflictos”.

En este sentido, plantea medidas concretas como una mayor anticipación en la comunicación de decisiones y un acceso más claro a la información institucional. “La comunidad universitaria debe poder conocer, anticiparse y seguir los procesos de decisión, no enterarse cuando ya están cerrados”.

Diálogo interno: escuchar más allá de las elecciones

Baixauli también pone el foco en la relación entre los distintos colectivos universitarios. Considera que el diálogo no puede limitarse a los periodos electorales. “No debería ser necesario esperar a una campaña para escuchar a la comunidad universitaria”, afirma.

Su propuesta pasa por establecer canales de comunicación permanentes y efectivos. Entre las ideas que plantea destaca la implantación de un horario regular de atención institucional por parte de la gerencia, con presencia rotatoria en los distintos campus.

“Tenemos claro que hay que mantener una comunicación periódica con centros, departamentos y representantes de los colectivos”, señala. El objetivo es doble: recoger propuestas y necesidades, y resolver conflictos de manera más ágil.

Ética en campaña: debate frente a desinformación

En un contexto electoral donde el tono puede elevarse, Baixauli reivindica una campaña basada en el respeto. “Las elecciones universitarias deberían alejarse de prácticas electoralistas como el desprestigio o la desinformación”, advierte.

Especialmente crítico se muestra con el uso de bulos en redes sociales. “En la universidad tenemos que centrarnos en debatir ideas porque somos compañeros y nuestro objetivo es mejorar la institución”.

Este planteamiento conecta con su compromiso de transparencia si resulta elegido. Entre sus propuestas figura la creación de un registro informativo sobre política de personal y la garantía de acceso a la información institucional. “Queremos que la información sea permanente y accesible, reforzando la memoria institucional y la rendición de cuentas”.

Docencia y profesorado: mejorar condiciones y calidad

La mejora de la calidad docente es otro de los pilares de su programa. Baixauli insiste en que es necesario actuar de forma coordinada en varios frentes. “Es fundamental reducir el número de estudiantes por grupo para aplicar metodologías docentes eficaces”, explica.

También señala la importancia de reforzar infraestructuras y equipamientos, así como reconocer adecuadamente tareas como la tutorización de prácticas. A ello suma la necesidad de incorporar personal técnico de apoyo en laboratorios y talleres.

En cuanto a las condiciones del profesorado, su diagnóstico apunta a la precariedad y la sobrecarga. “Es imprescindible avanzar hacia una mayor estabilidad laboral y reducir la temporalidad”, afirma. Además, defiende un reconocimiento equilibrado de docencia, investigación y transferencia para evitar desequilibrios.

“También es necesario reducir las cargas administrativas y reforzar el apoyo técnico”, añade, subrayando que estas medidas son clave para mejorar tanto la calidad docente como la satisfacción del personal.

Investigación: excelencia y cooperación

En un entorno cada vez más competitivo, Baixauli considera que la Universidad de Murcia debe apostar por la calidad científica y la participación en convocatorias competitivas. “Es fundamental mejorar el acceso a la financiación nacional y europea”, señala.

Para lograrlo, propone reforzar el apoyo técnico en la preparación y gestión de proyectos, así como consolidar grupos de investigación potentes. “La interdisciplinariedad y las redes internas son clave para abordar retos complejos con mayor impacto”.

Otro aspecto prioritario es la incorporación de jóvenes investigadores. “Necesitamos programas competitivos y condiciones laborales estables”, afirma. En su opinión, la combinación de excelencia, cooperación y apoyo institucional es la base para fortalecer la posición investigadora de la universidad.

Transferencia y fondos europeos: una universidad protagonista

Más allá de la investigación, Baixauli insiste en el papel activo que debe asumir la universidad en la captación de fondos europeos y la colaboración con empresas e instituciones. “No puede limitarse a participar de forma puntual, debe liderar proyectos estratégicos”, defiende.

Para ello, considera imprescindible mejorar la coordinación interna y fortalecer las estructuras de apoyo. “Tenemos que facilitar que el personal acceda a estas convocatorias con mayores garantías”. Al mismo tiempo, apuesta por una relación más estrecha con el tejido productivo. “La transferencia de conocimiento debe tener un impacto real en la economía y la sociedad”, subraya.

Estudiantes: experiencia universitaria y empleabilidad

El estudiantado ocupa un lugar central en su programa. Baixauli plantea una visión integral de la experiencia universitaria. “Es fundamental eliminar barreras económicas, sociales y tecnológicas para que nadie se quede fuera”, afirma.

También defiende la mejora de los servicios y espacios universitarios para favorecer una experiencia completa. “El estudiante no solo debe recibir formación, sino vivir una etapa enriquecedora”.

En cuanto a la empleabilidad, propone una mayor conexión entre formación y mundo profesional. “Necesitamos prácticas de calidad, orientación y colaboración con empresas”, explica. Además, apuesta por el desarrollo de competencias digitales y transversales, así como por la formación continua. “La universidad no solo debe formar, sino acompañar al estudiante en su transición al mundo laboral”, resume.

Igualdad: diversidad en la gobernanza

El actual proceso electoral podría marcar un hito en la historia de la UMU. Con tres candidatas optando al Rectorado, por primera vez una mujer podría terminar convirtiéndose en la cabeza del gobierno de la institución. Para Baixauli, este contexto refleja un avance significativo.

“Lo importante es garantizar que cualquier persona pueda aspirar a liderar la universidad en condiciones de igualdad”, señala. Más allá del género, apuesta por modelos de gobernanza diversos e inclusivos.

“La incorporación de más mujeres en puestos de responsabilidad enriquece la toma de decisiones”, afirma el aspirante a rector, aunque insiste en que el objetivo final es una gobernanza basada en mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.

Universidad y sociedad: compromiso con el entorno

El tercer pilar de su programa —el compromiso social— se traduce en una universidad más abierta y conectada con su entorno. “La Universidad de Murcia debe ser un motor de desarrollo social, económico y territorial”, defiende.

Para ello, plantea fortalecer la colaboración con empresas, administraciones e instituciones, así como generar alianzas estables. “No se trata de relaciones puntuales, sino de vínculos duraderos con impacto real”.

También subraya la importancia de acercar la universidad a la ciudadanía. “Debemos reforzar la conexión con la sociedad, acercando la ciencia, la cultura y la formación continua”.

Una universidad más cercana y participativa como legado

De cara al final de su posible mandato, Baixauli tiene claro cómo le gustaría ser recordado. “Me gustaría que dijeran que fue una etapa de transformación positiva, en la que la universidad se volvió más cercana, inclusiva y comprometida con la sociedad sin perder su rigor académico”.

Pero, sobre todo, insiste en una idea: el valor del diálogo. “Que las decisiones importantes se tomaron tras escuchar a la comunidad universitaria”.

Y vuelve a su concepto central, casi como una declaración de intenciones: “Hemos construido una universidad inteligente”.

Alfonsa García Ayala, catedrática de Biología Celular, ha decidido dar un paso al frente en un momento clave para la Universidad de Murcia (UMU). Lo hace con una candidatura que no surge de la improvisación, sino de una larga trayectoria vinculada a la institución, donde ha desempeñado distintas responsabilidades de gestión académica.“Doy este paso después de muchos años de dedicación a esta universidad, en los que he desempeñado responsabilidades como secretaria, vicedecana y decana de la Facultad de Biología y más recientemente como vicerrectora de Coordinación y Calidad”, explica.

Asegura llegar a este momento con la serenidad que proporciona la experiencia y con un conocimiento profundo de la institución. Pero, sobre todo, con la motivación intacta: “Mantengo la ilusión por seguir contribuyendo a su mejora desde la responsabilidad, el liderazgo y la capacidad de gestión”. Esa combinación de experiencia y compromiso es, a su juicio, la base sobre la que construir una nueva etapa para la universidad.

Una visión global de la institución

La decisión de presentarse a rectora responde, según García Ayala, a un contexto que exige cambios profundos. Considera que la universidad se enfrenta a retos estructurales derivados de transformaciones sociales y tecnológicas de gran calado. “La Universidad de Murcia debe afrontar retos que requieren decisiones firmes y una planificación clara, sin inercias”, afirma.

Tras una reflexión que define como “serena y rigurosa”, ha decidido asumir la responsabilidad convencida de que puede aportar un liderazgo dialogante, basado en acuerdos y orientado a objetivos estratégicos. Su experiencia previa en distintos cargos de gestión le permite, dice, tener una visión global de la institución.

Además, subraya que se encuentra en una etapa profesional que le permite centrarse plenamente en la gestión universitaria. “He consolidado mi actividad investigadora y de transferencia, lo que me permite dedicarme con total disponibilidad, sin condicionantes”, señala.

Su proyecto se apoya también en un equipo comprometido y en un programa que define como realista, sólido y con un claro carácter reivindicativo, especialmente en materia de financiación y fortalecimiento institucional.

Si tuviera que resumir su modelo de universidad en una sola idea, lo tiene claro: una institución abierta, cercana, conectada con la sociedad y el entorno internacional, capaz de formar a sus estudiantes para los desafíos del presente y del futuro. Una universidad innovadora en lo digital, con infraestructuras sostenibles y un modelo de gobierno transparente que sitúe a las personas en el centro. “Una universidad que rinda cuentas y que explique con claridad sus decisiones”, añade.

Financiación pública “justa, suficiente y estable”

Para García Ayala, la Universidad de Murcia cuenta con fortalezas evidentes, pero también con aspectos estructurales que requieren ser abordados. Entre ellos, destaca el relevo generacional del profesorado, la estabilización de plantillas, el mantenimiento de infraestructuras y la necesidad de impulsar nuevas titulaciones estratégicas.

También pone el foco en la captación y retención de talento, el refuerzo de la investigación, la transformación digital y la internacionalización como elementos clave para mejorar la competitividad.

En materia económica, valora positivamente la reciente financiación aprobada por la comunidad autónoma, pero insiste en que no es suficiente. “Seguiremos reivindicando una financiación pública justa, suficiente y estable”, afirma, con el objetivo de alcanzar al menos el 1% del PIB regional.

Uno de los pilares de su programa es la transformación del modelo de gobernanza. Propone un sistema basado en la planificación, el uso de datos y la participación. Entre sus medidas, destaca la elaboración de un Plan Estratégico participativo con objetivos verificables, así como la implantación de presupuestos por objetivos y experiencias piloto de presupuestos participativos.

La transparencia será otro eje central. García Ayala apuesta por reforzar el Portal de Transparencia, aprobar un reglamento de buenas prácticas y crear un Observatorio de Sostenibilidad que permita evaluar de forma continua el impacto ambiental, social y económico de la universidad.

Diálogo con la comunidad universitaria

Alfonsa García considera que uno de los grandes retos de la UMU es mejorar el diálogo entre los distintos colectivos universitarios. Para ello, propone un modelo basado en estructura, canales y respuesta efectiva.

Entre sus propuestas, figura el impulso de un diálogo estructurado con representantes del profesorado, del personal técnico y del estudiantado, así como la creación de canales estables de escucha activa, como encuestas, consultas y buzones.

También plantea establecer un canal directo de interlocución con la rectora, con compromiso de respuesta, y reforzar herramientas ya existentes como UMU Escucha o el procedimiento SQRF. “Se trata de combinar participación real con capacidad de decisión y seguimiento”, resume.

Ética y campaña electoral

En el contexto electoral, García Ayala defiende un proceso basado en el respeto institucional. Por ello, considera imprescindible evitar prácticas como la desinformación, las descalificaciones personales o el uso indebido de recursos universitarios.

Especialmente contundente se muestra en la protección de los datos personales y la privacidad: “Resulta inaceptable cualquier uso indebido de información personal”, afirma.

Su programa incluye una política de tolerancia cero frente a prácticas que comprometan la ética o la confianza institucional. En este sentido, insiste en que no basta con proclamar códigos éticos, sino que es necesario garantizar su cumplimiento.

En cuanto a transparencia, la candidata asume compromisos concretos: publicación de informes periódicos de gestión, desarrollo de un plan estratégico con indicadores medibles y evaluación pública de los avances. “La rendición de cuentas será parte del método de gobierno”, asegura.

Docencia, investigación y financiación

La mejora de la calidad docente es otra de sus prioridades. Para ello, propone un Plan de Innovación Docente basado en metodologías activas, evaluación formativa y formación continua del profesorado.

También apuesta por revisar los procesos de aprendizaje en los grados, impulsar formatos híbridos de calidad y reforzar la participación en convocatorias nacionales e internacionales.

En paralelo, plantea mejorar las condiciones del profesorado mediante un plan de estabilización, la reducción de la dependencia del profesorado asociado y la simplificación de los procedimientos administrativos.

En el ámbito investigador, su propuesta se centra en tres ideas: más financiación estructural, menos burocracia y mejor coordinación. Entre las medidas previstas, destaca la creación de un programa de carrera investigadora con mentoría en todas las etapas y el refuerzo de la movilidad.

Además, apuesta por una evaluación responsable alineada con estándares internacionales y por el uso de indicadores claros y trazables.

Fondos europeos y colaboración institucional

García Ayala defiende que la universidad debe asumir un papel protagonista en la captación de fondos europeos y en la colaboración con empresas e instituciones. Para ello, propone la creación de una Oficina de Proyectos Estratégicos que facilite la identificación y gestión de financiación competitiva. También plantea incentivar la participación del personal universitario en estos procesos.

Entre las líneas de actuación, menciona el aprovechamiento de fondos europeos para sostenibilidad y eficiencia energética, así como el impulso de alianzas público-privadas en innovación y empleabilidad. Asimismo, apuesta por diversificar las fuentes de ingresos mediante formación permanente, títulos propios y contratos con entidades externas.

Estudiantes y empleabilidad

La experiencia del estudiantado también ocupa un lugar central en su programa. García Ayala plantea medidas orientadas al acompañamiento, los recursos y la vida universitaria. Entre ellas, destaca la revisión del Plan de Orientación, la implantación de programas de mentoría y la detección temprana del riesgo de abandono.

También propone reforzar las becas y ayudas, abordar el problema del alojamiento con nuevas residencias y programas de alquiler asequible, y mejorar el transporte mediante convenios y bonificaciones.

La creación de una Casa de Estudiantes y de un Portal Digital Unificado son otras de sus iniciativas para mejorar la vida universitaria.

En cuanto a empleabilidad, apuesta por un enfoque integral basado en orientación personalizada, prácticas de calidad y conexión con empleadores. Su propuesta incluye el desarrollo de un programa específico que integre asesoramiento, datos de inserción laboral y apoyo al emprendimiento.

Igualdad y liderazgo femenino

La posibilidad de que la Universidad de Murcia tenga por primera vez una rectora en más de un siglo es, para García Ayala, “una oportunidad histórica”. “Supone modernizar el liderazgo universitario y avanzar en igualdad de género”, afirma. Pero insiste en que no se trata de un gesto simbólico, sino de una apuesta por una gobernanza basada en mérito, transparencia y corresponsabilidad.

La candidata defiende que el liderazgo femenino puede contribuir a consolidar prioridades como la escucha, el diálogo y la rendición de cuentas y, además, propone incorporar la perspectiva de género en la planificación económica para garantizar“que la igualdad sea medible y evaluable”.

Extender la UMU por toda la Región

García Ayala concibe la universidad como un agente clave de cohesión territorial y desarrollo social. En su visión, la Universidad de Murcia debe reforzar su conexión con el entorno mediante la transferencia de conocimiento, la formación a lo largo de la vida y la colaboración con instituciones públicas y privadas.

Acercar la universidad a todos los municipios de la Región mediante sedes y colaboraciones locales, así como consolidar su papel como agente cultural, son otras de las ambiciosas propuestas de la candidata. También destaca la importancia del ámbito biosanitario y la colaboración con instituciones como el sistema sanitario regional y centros de investigación. “La universidad debe ser un referente de conocimiento y un garante de información rigurosa”, señala, subrayando su papel en la estabilidad social y económica.

Un mandato con vocación de legado

Pensando en el final de su posible mandato, García Ayala tiene claro cómo le gustaría ser recordada por la comunidad universitaria y la sociedad murciana. Lo resume en tres aspectos fundamentales: “Que fue un rectorado que escuchó y cuidó a las personas, que desarrolló una gestión planificada, rigurosa y alineada con un programa de actuaciones cumplido de forma efectiva, y que ejerció una rendición de cuentas transparente, accesible y sostenida en el tiempo”.

También desea que se reconozca como una etapa de avance en docencia, investigación, digitalización e internacionalización, y como un periodo en el que la universidad se haya fortalecido como proyecto colectivo.

En definitiva, su objetivo es que la Universidad de Murcia salga reforzada y reconocida como un motor de transformación social, construido desde la participación de toda su comunidad.

'Horizonte UMU 2032: Escuchar, Avanzar, Contigo', es la propuesta con la que Senena Corbalán García, catedrática de Bioquímica y Biología Molecular, aspira a convertirse en la nueva rectora de la Universidad de Murcia (UMU) tras las elecciones que se celebrarán entre el 14 y el 21 de abril. Con una trayectoria académica que ha estado marcada por una vocación constante por la docencia, la investigación y el compromiso institucional, la candidata ha desarrollado su carrera dentro de la propia universidad que aspira a liderar, lo que le ha permitido conocer en profundidad tanto sus fortalezas como sus tensiones internas.

En su etapa como vicerrectora de Investigación, Senena Corbalán ha impulsado una agenda centrada en el fortalecimiento del sistema investigador, trabajando para consolidar un ecosistema de I+D sólido, apoyar al personal investigador en todas las fases de su carrera y posicionar la institución en espacios estratégicos tanto a nivel nacional como internacional. Su compromiso con una investigación de calidad, ética y conectada con Europa se ha traducido en una participación activa en redes y alianzas de referencia, así como en el liderazgo de iniciativas que han reforzado el posicionamiento institucional. Esa trayectoria define también su manera de entender la universidad pública: como motor de conocimiento, innovación y responsabilidad social.

Desde esa experiencia, Corbalán afronta ahora el reto de optar al Rectorado con una idea clara: la universidad necesita ordenar su potencial para poder dar un salto adelante. “He tomado esta decisión desde la responsabilidad”, explica, dejando ver que no se trata de un impulso coyuntural, sino de una convicción madurada con el tiempo. Haber trabajado “muy cerca de la comunidad universitaria” le ha permitido detectar tanto el talento existente como las dificultades que lo frenan. Y es precisamente esa combinación la que, según defiende, hace que este sea el momento adecuado para presentarse.

La candidata sitúa su decisión en un contexto todavía más amplio: el de una transformación profunda del modelo universitario. Digitalización, cambios sociales, nuevas formas de producir conocimiento… todo ello configura un escenario en el que, a su juicio, la Universidad de Murcia no debe limitarse a adaptarse, sino aspirar a liderar desde su identidad como institución pública. “Creo que puedo aportar experiencia, conocimiento institucional y una forma de gobernar basada en escuchar”, resume.

Modelo de universidad: Escuchar, cuidar e impulsar a las personas

Si tuviera que condensar su proyecto en una sola frase, la aspirante a rectora de la UMU lo tiene claro: “una universidad pública que escucha, que cuida y que impulsa a las personas”. Tres verbos que funcionan como eje de su discurso y que aparecen de manera recurrente al abordar los distintos ámbitos de la vida universitaria.

Uno de los diagnósticos más contundentes que realiza tiene que ver con los problemas estructurales de la institución. Corbalán identifica dos grandes retos: la falta de financiación y la ausencia de conexión interna entre sus distintas unidades. Sobre el primero, apunta a la necesidad de diversificar estrategias para captar más recursos. Sobre el segundo, introduce una idea clave en su planteamiento: la fragmentación. “Tenemos talento, compromiso y muchas iniciativas valiosas, pero con demasiada frecuencia funcionan de forma aislada”, señala.

Esa falta de articulación se traduce, según explica, en ineficiencias, lentitud en la toma de decisiones y una cierta desconexión entre la institución y quienes la integran. Por eso insiste en que no basta con aumentar los recursos: también es necesario cambiar el modelo de gobernanza. Su propuesta pasa por una estructura más clara, participativa y coordinada, capaz de alinear prioridades y simplificar procesos. “Cuando una universidad conecta bien su talento, su capacidad se multiplica”, afirma.

Gobernanza: más participación, claridad y rendición de cuentas

En ese sentido, uno de los pilares de su candidatura es precisamente la transformación de la forma de gobernar. Corbalán apuesta por una gobernanza más cercana a las personas, basada en tres ejes: participación real, claridad en la toma de decisiones y rendición de cuentas. Escuchar, en su planteamiento, no es un gesto simbólico, sino un mecanismo que debe tener consecuencias concretas. “No se trata solo de informar mejor, sino de incorporar esa voz en la construcción de las políticas universitarias”, subraya.

A ello añade la necesidad de simplificar procedimientos y hacer más comprensibles los procesos internos, sin renunciar al rigor. Y, finalmente, introduce una idea que considera irrenunciable en una institución pública: explicar qué se hace, por qué se hace y con qué resultados. Evaluar, medir impacto y corregir forman parte, en su visión, de una gobernanza responsable.

El diálogo entre colectivos —profesorado, personal técnico y estudiantado— ocupa también un lugar central en su programa. Corbalán considera que ese diálogo no puede ser puntual ni reactivo, sino estructural. Propone institucionalizar espacios de escucha continuos, mejorar la comunicación interna y fomentar una cultura de comunidad universitaria. “A veces funcionamos como ámbitos separados, cuando en realidad formamos parte del mismo proyecto”, reflexiona.

En el contexto de la campaña electoral, la candidata se muestra especialmente clara al hablar de ética. Defiende que hay líneas que no deberían cruzarse nunca: la desinformación, los ataques personales o cualquier práctica que fracture la convivencia. Para ella, la universidad debe ser coherente con los valores que promueve como espacio de pensamiento crítico y respeto. “Después de las elecciones, seguimos siendo la misma comunidad”, recuerda.

Esa misma lógica se traslada a sus compromisos en materia de transparencia. Corbalán plantea una rendición de cuentas permanente, basada en información accesible, evaluación continua y espacios de diálogo abiertos. Gobernar, insiste, implica dar explicaciones y responder ante la comunidad universitaria de forma constante.

Comunidad universitaria: mejorar condiciones, conectar el talento y fortalecer el diálogo

En el ámbito de la docencia, su enfoque parte de una premisa clara: no puede haber calidad sin condiciones adecuadas para el profesorado. Por ello propone mejorar la estabilidad laboral, especialmente en las etapas iniciales de la carrera académica, y reconocer de forma más equilibrada la dedicación docente. También apuesta por reforzar la innovación educativa, pero acompañándola de recursos, formación y tiempo. “No podemos pedir cambios metodológicos sin facilitar las condiciones para aplicarlos”, advierte.

La investigación, por su parte, aparece como uno de los terrenos donde su experiencia resulta más visible. Su propuesta combina excelencia científica, atracción de talento, reducción de burocracia e internacionalización. Habla de consolidar una carrera investigadora predecible y alineada con Europa, de reforzar infraestructuras y de apoyar tanto a grupos emergentes como a líneas consolidadas.

Especial relevancia adquiere en su discurso la participación en convocatorias altamente competitivas y el impulso a alianzas internacionales. También la transferencia de conocimiento, que plantea como un pilar fundamental a través de instrumentos como un Nodo de Innovación o espacios de cocreación con empresas e instituciones. En su visión, la universidad debe ser un actor activo en la captación de fondos europeos y un socio estratégico para su entorno.

Esa conexión con el entorno enlaza directamente con otra de sus prioridades: la empleabilidad del estudiantado. Corbalán insiste en que no se trata de un objetivo que deba abordarse al final de los estudios, sino desde el primer día. Para ello propone integrar mejor formación, prácticas, orientación y emprendimiento en un itinerario coherente. “El reto es que nuestros egresados no solo tengan un título, sino también un proyecto de futuro”, resume.

Empleabilidad: formar con un proyecto de futuro

La experiencia universitaria, en su conjunto, es otro de los focos de su programa. “Muchas veces, la dificultad no está en estudiar, sino en todo lo que rodea el estudio: horarios poco conciliadores, trámites complejos, falta de espacios adecuados o problemas de movilidad”. En este punto, Corbalán identifica tres grandes líneas de actuación: reforzar el apoyo al estudiantado (becas, orientación, salud mental), eliminar barreras cotidianas (trámites, horarios, espacios) y ampliar oportunidades (prácticas, internacionalización, competencias transversales). La idea de fondo es construir una universidad más habitable, más accesible y más centrada en las necesidades reales de quienes la viven.

En el terreno de la igualdad, la posible elección de una rectora por primera vez en más de un siglo de historia de la UMU introduce un elemento simbólico que Corbalán aborda con equilibrio. Reconoce la importancia del momento, pero subraya que lo esencial es la capacidad, la trayectoria y el proyecto. “Normalizar que una mujer pueda ser rectora no debe ser la excepción”, afirma.

Proyección de futuro: avanzar sin perder la identidad

Sobre el liderazgo femenino, plantea una reflexión más amplia. Lo entiende como una oportunidad para explorar nuevas formas de gobernanza, más colaborativas e inclusivas, pero también advierte de la necesidad de superar estereotipos. Para ella, el objetivo final es una universidad donde la diversidad se traduzca en mejores decisiones y comunidades más justas.

La relación con la sociedad es, en último término, el marco que engloba todas sus propuestas. Corbalán defiende una universidad abierta, conectada con su territorio y comprometida con su entorno social y económico. No solo como generadora de conocimiento, sino como agente de transformación. Eso implica colaborar con empresas y administraciones, reforzar la cohesión territorial y facilitar el acceso de la ciudadanía al conocimiento.

Al mismo tiempo, apuesta por una proyección internacional que no diluya las raíces locales. Ser global sin dejar de ser profundamente local: esa es la síntesis de su planteamiento.

Cuando se le pregunta cómo le gustaría que se recordara su etapa como rectora, su respuesta vuelve al punto de partida: las personas. Aspira a que se perciba como un periodo en el que la universidad avanzó “sin perder su identidad”, cuidando a su comunidad y reforzando su papel en la sociedad. Una etapa de diálogo, de mejora real de las condiciones de estudio y trabajo, y de consolidación de proyectos con visión de futuro.

A primera hora de la mañana, cuando millones de personas desbloquean su móvil para saber si necesitarán paraguas, abrigo o prepararse para una ola de calor, pocas imaginan que ese gesto cotidiano está ligado a una plataforma nacida muy lejos de Silicon Valley, en un lugar improbable: la pedanía de Almendricos, en el municipio murciano de Lorca.

En este remoto rincón del sureste español al que solo se accede a través de carreteras secundarias, comenzó hace 25 años una historia que hoy conecta a 200 millones de usuarios en todo el planeta con el estado de la atmósfera. Lo que empezó como un proyecto impulsado por aficionados a la meteorología se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas del mundo para consultar el tiempo.

No es una metáfora exagerada: Meteored ocupa ya la cuarta posición global en su sector. Y lo hace, además, en condiciones muy distintas a las de sus rivales directos. En el competitivo universo de las apps, ha tenido que ganarse cada usuario. Y lo ha conseguido. Según datos de Comscore, la compañía ha incrementado su audiencia un 60% en apenas año y medio. Una cifra que no solo habla de crecimiento, sino de confianza en un contexto en el que el tiempo —en todos los sentidos— importa cada vez más.

A diferencia de otras aplicaciones meteorológicas que llegan instaladas de fábrica en los teléfonos móviles, la de Meteored ha crecido a base de la elección consciente. No ha sido el camino más rápido, pero sí uno de los más sólidos. Y los resultados empiezan a reflejarlo.

Ese matiz, que podría parecer menor, define buena parte de su identidad. “Somos una empresa de información, una empresa de software, la plataforma de aficionados a la meteorología por excelencia, pero ante todo somos una compañía llena de personas apasionadas por lo que hacemos”, asegura Javier López Martínez, CEO de Meteored.

De la intuición a la precisión

Javier López, economista de formación e informático aficionado, fundó la empresa junto a su primo hermano, el geólogo Juan José Martínez Serrano, allá por el año 2000. Ambos compartían una misma pasión: la meteorología. En un pueblo de tradición agrícola como Almendricos, acostumbrado a mirar al cielo, esta ciencia ha sido siempre una necesidad. Así que en el salón de la casa de sus abuelos empezaron a dar forma a un proyecto que, sin renunciar a sus raíces, hoy se codea con los proveedores de pronósticos más importantes del mundo.

Ahora, esta pedanía de poco más de 1.700 habitantes forjada al calor del ferrocarril y la minería, donde hasta hace no mucho había verdaderas dificultades para acceder a internet, puede presumir de albergar las modernas instalaciones de la compañía, que ocupan mil metros cuadrados en el corazón de la localidad.

En sus primeros años, el proyecto tenía mucho de intuición, curiosidad y comunidad. Pero el salto a la élite de la meteorología digital exigía algo más: precisión.

Ahora los pronósticos de Meteored se apoyan en el modelo europeo ECMWF que, respaldado por la Organización Meteorológica Mundial, es, objetivamente, el más fiable del mundo. Esta base científica ha sido clave para construir credibilidad en un terreno donde el margen de error se mide en impacto real sobre la vida cotidiana.

La evolución tecnológica ha hecho el resto. Mapas interactivos, imágenes de satélite, radar o información sobre calidad del aire. La app 'El tiempo en 14 días' se ha convertido en una herramienta compleja bajo una apariencia y un manejo sencillos.

Detrás de esa interfaz hay una infraestructura que no ha dejado de crecer. La colaboración con Google Cloud ha permitido a la compañía procesar grandes volúmenes de datos y ofrecer información en tiempo real a escala global.

Una empresa que también cuenta historias

Meteored no es solo una app. Es también una redacción internacional, una comunidad científica y un proyecto divulgativo. Cada mes, más de un centenar de profesionales —ingenieros, físicos, meteorólogos, diseñadores o periodistas— en once países distintos generan más de 600 piezas informativas entre predicciones, análisis y contenido divulgativo.

Esa dimensión editorial no es secundaria. En un momento en el que la meteorología ha pasado de ocupar conversaciones ligeras a convertirse en un asunto de interés público, explicar lo que ocurre en la atmósfera se ha vuelto casi tan importante como predecirlo.

Juan José Villena, periodista especializado en clima y redactor jefe de tiempo.com, la principal web informativa del grupo, explica que la clave del éxito de Meteored es la “revalorización de la información fiable”. O lo que es lo mismo, frente al ruido, el dato contrastado y la explicación del contexto. La compañía ha construido su crecimiento sobre esa premisa.

Villena cuenta que muchas cosas han cambiado en Meteored a lo largo de estos 25 años, sin embargo, “otras están intactas”. “Con el paso de los años, el producto ha ido sofisticándose y evolucionando, conquistando espacios y creciendo, pero sin perder nunca de vista la motivación que lo hizo realidad y que lo impulsó en sus primeros años, la pasión por la meteorología y las ganas de contagiarla por todo el mundo”, asegura.

Un puente entre la comunidad científica y la ciudadanía

En el centro de la labor científica, Meteored cuenta con un elenco de meteorólogos apabullante. Ahí están, entre otros, el celebérrimo ‘hombre del tiempo’ José Antonio Maldonado, Francisco Martín León o José Miguel Viñas.

Este último, físico, consultor de la Organización Meteorológica Mundial, autor de Los cielos retratados y una de las voces más reconocidas en divulgación científica en España, explica a elDiario.es Región de Murcia cómo la relación de la sociedad con la meteorología ha sufrido una transformación profunda. “Antes mirábamos el tiempo casi por costumbre; ahora lo hacemos por necesidad”, señala. Y es que ya no se trata solo de saber qué ponerse, sino de anticipar riesgos, planificar actividades o tomar decisiones con impacto económico.

Viñas también lleva años advirtiendo de una aceleración de los fenómenos extremos que ya no admite dudas. “Estamos viendo cosas que pensábamos que tardarían décadas en llegar”, explica el meteorólogo, que reconoce que incluso dentro de la comunidad científica existía una cierta expectativa de mayor gradualidad. Sin embargo, la realidad ha desbordado esas previsiones con la aparición de fenómenos extremos más frecuentes, más intensos y, en algunos casos, más difíciles de anticipar.

Un nuevo escenario salpicado de olas de calor persistentes, lluvias torrenciales o cambios bruscos en los patrones atmosféricos, que no solo tensiona los sistemas de predicción, sino también la forma en que la sociedad interpreta la información meteorológica.

Esta aceleración de los cambios obliga, en opinión de Viñas, a mejorar tanto la calidad de la información como la capacidad de trasladarla al gran público. “La clave está en explicar bien lo que está pasando, sin alarmismo, pero sin restar importancia a la situación”, añade. En este sentido, plataformas como Meteored desempeñan un papel fundamental al actuar como puente entre la comunidad científica y la ciudadanía.

En palabras del experto, “la meteorología es una ciencia compleja, pero también muy cercana al ciudadano”. Por eso, saber comunicarla de forma adecuada no solo mejora la comprensión, sino que “contribuye a generar una mayor conciencia sobre los riesgos asociados al clima”. Y en un ecosistema digital donde proliferan predicciones virales, posiciones negacionistas, mapas fuera de contexto o interpretaciones erróneas, esa tarea se vuelve especialmente necesaria.

Romper, sacudir estructuras que llevan años funcionando por inercia y, al mismo tiempo, proteger aquello que sí funciona. Ese es el equilibrio que plantea Alicia Rubio Bañón en su salto a la primera línea de la Universidad de Murcia (UMU), donde aspira a convertirse en rectora a partir del próximo 5 de mayo. No lo hace desde fuera, sino tras años ocupando responsabilidades clave dentro de la institución, lo que le permite hablar tanto desde la experiencia como desde cierta autocrítica.

Catedrática del Departamento de Organización de Empresas y Finanzas, Rubio ha construido su candidatura sobre una idea clara: la universidad necesita cambios, pero también reconocimiento a lo conseguido. “No solo vengo a romper el techo de cristal, sino otras muchas barreras”, resume, en una declaración que combina el simbolismo de poder convertirse en la primera rectora de la UMU con un programa centrado en reformas estructurales.

Su trayectoria en gestión universitaria avala ese discurso. Ha sido vicedecana de la Facultad de Ciencias del Trabajo (2004-2006), coordinadora de Inserción Laboral (2006-2014), vicerrectora de Empleo, Emprendimiento y Sociedad (2018-2022) y, en la actualidad, vicerrectora de Estudiantes y Empleo (2022-2026). Un recorrido que, según defiende, le ha permitido conocer de cerca tanto los aciertos como las carencias del sistema universitario.

Durante ese tiempo, su gestión ha estado ligada a medidas concretas: el aumento del 31% en la financiación de becas propias, la remuneración del 100% de las prácticas extracurriculares o la creación de la Oficina de Atención Social para estudiantes en situación de vulnerabilidad. Iniciativas que ahora quiere escalar al conjunto de la universidad.

Transformar sin destruir

“Me presento para transformar lo que no funciona y proteger lo que va bien”. La frase resume el eje de su candidatura y también su forma de situarse frente a etapas anteriores. Rubio evita el discurso de ruptura total, pero no esquiva la crítica.

Reconoce que hay decisiones que han generado “desafección” dentro de la comunidad universitaria. “Hay cuestiones que nos han enfadado —a mí la primera—”, admite. Sin embargo, matiza su posición: “Cuando estás en un equipo debes ser leal y respetar las competencias de los demás”.

Ese equilibrio entre crítica y lealtad institucional es una constante en su discurso. No se presenta como una outsider, sino como alguien que ha formado parte del sistema y que, precisamente por eso, cree que puede mejorarlo. “Retos que parecían complejos se han logrado gracias al trabajo conjunto. Ese modelo de colaboración e innovación puede extenderse al conjunto de la institución”, sostiene.

Su objetivo final es una universidad más habitable: “donde todo el mundo se sienta valorado, no se castigue la iniciativa y no se ahogue el talento con procedimientos innecesarios”.

Contra el “piloto automático”

Uno de los diagnósticos más repetidos por Rubio durante la entrevista es la falta de revisión de ciertas dinámicas internas. “A veces tenemos el piloto automático activado”, afirma.

Esa inercia, en su opinión, explica por qué hay problemas compartidos por toda la comunidad universitaria que, sin embargo, no se abordan. “Hay cosas que nos disgustan a todos, pero nadie sabe muy bien por qué no se cambian”, señala.

Frente a eso, propone un equipo rectoral “con ambición de transformación”, capaz de cuestionar rutinas y de impulsar cambios reales. La clave, insiste, está en abandonar la cultura del conformismo y avanzar hacia una gestión más ágil y eficiente.

Su modelo de gobernanza se apoya en tres pilares: escucha activa, innovación y participación. Defiende una universidad construida “de abajo a arriba”, con mayor protagonismo de departamentos y grupos de investigación, y rechaza “cualquier forma de imposición o intervencionismo”.

Esa apuesta pasa también por mantener el contacto directo con la comunidad universitaria más allá de la campaña. “No podemos aislarnos en una torre de marfil”, advierte.

Reordenar las relaciones internas

Uno de los puntos donde Rubio pone más énfasis es en la convivencia entre los distintos colectivos universitarios. Parte de una idea clara: “somos interdependientes y funcionamos mejor cuando la colaboración fluye”.

Rechaza jerarquías implícitas entre el Personal Docente e Investigador (PDI), el Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) y el estudiantado. “Nunca me ha gustado pensar que el PDI está por encima del PTGAS o que a los estudiantes hay que tratarlos como niños”, afirma.

Sin embargo, reconoce tensiones habituales. En muchos casos, explica, derivan de marcos normativos “asfixiantes” que obligan a aplicar reglas que ni siquiera quienes las ejecutan comparten.

Por eso, su propuesta pasa por simplificar la normativa, clarificar funciones y vincularlas a una retribución justa. Una reorganización que, en su opinión, permitiría reducir fricciones y mejorar el funcionamiento interno.

Una campaña sin ruido

La campaña electoral universitaria no es ajena a tensiones personales, algo que Rubio reconoce abiertamente. “Veo otras candidaturas llenas de gente valiosa a la que respeto tanto que el proceso se me hace difícil”, confiesa.

Habla incluso de una comunidad con “el corazón dividido”, donde la competencia convive con relaciones personales y profesionales consolidadas. Precisamente por eso, marca una línea roja: evitar ataques personales o presiones.

“Los medios que usas para lograr tus objetivos importan”, afirma. Ese compromiso se materializó, según explica, en la firma de un decálogo ético al registrar su candidatura.

También lanza una advertencia poco habitual en campaña: no prometer lo que no se puede cumplir. “Eso daña irreparablemente la confianza en la institución”, sostiene.

En materia de transparencia, su propuesta incluye retransmitir en directo las sesiones del Claustro y del Consejo de Gobierno, así como elaborar informes anuales de seguimiento de los compromisos electorales. El objetivo: que la comunidad universitaria pueda evaluar el grado real de cumplimiento.

Profesorado, investigación y financiación

Uno de los compromisos más concretos de su programa es impulsar el nuevo convenio colectivo del profesorado en los primeros cien días de mandato.

Su propuesta incluye actualizar el modelo de encargo docente (Valdoc), reconocer mejor el trabajo del profesorado —especialmente en grupos numerosos— y simplificar los sistemas de evaluación de la calidad docente para evitar cargas burocráticas excesivas.

También pone el foco en las figuras más precarizadas, para las que plantea mejorar las condiciones laborales a través de la negociación colectiva.

Pero el debate, en su opinión, no puede limitarse al ámbito interno. Rubio sitúa la financiación como uno de los grandes retos de la universidad pública: “Ahora mismo no competimos en igualdad de condiciones con las universidades privadas”, afirma. Por ello, reclama mayor compromiso político y más recursos para ampliar plazas en titulaciones con alta demanda y evitar que estudiantes con capacidad se queden fuera del sistema público. “Cada euro invertido retorna a la sociedad en forma de avances útiles”, defiende.

En investigación, apuesta por un enfoque más flexible y menos penalizador: permitir explorar, equivocarse y volver a intentar. “Ahí es donde nace el conocimiento que realmente cambia las cosas”, sostiene.

Al mismo tiempo, aboga por mantener la autoexigencia y adaptar la oferta académica a los cambios sociales, impulsando nuevas dobles titulaciones en un contexto cada vez más interdisciplinar.

Más allá del aula

Rubio insiste en que la experiencia universitaria no se limita a las aulas. Por eso, su programa incluye medidas centradas en el bienestar cotidiano del estudiantado.

Vivienda, salud mental, movilidad e igualdad de oportunidades son sus cuatro ejes prioritarios. Entre las propuestas, plantea acuerdos con residencias para ampliar plazas asequibles y la creación de una Unidad de Escucha y Acompañamiento psicológico accesible también por teléfono y WhatsApp.

Además, propone reforzar las ayudas propias, adaptándolas a la inflación e incorporando nuevos conceptos como el alquiler o los materiales necesarios en titulaciones con costes elevados.

En paralelo, sitúa la empleabilidad como un objetivo estratégico. No solo en términos de adaptación al mercado laboral, sino también como motor de transformación.“La universidad debe responder a las demandas del mercado, pero también impulsar la innovación empresarial”, señala. Su modelo pasa por un desarrollo basado en el conocimiento y en empleo con derechos.

Liderazgo y cambio

La posibilidad de convertirse en la primera rectora de la UMU es, para Rubio, un elemento importante, pero no suficiente por sí mismo. “Es un horizonte ilusionante, pero hay que dotarlo de contenido”, afirma.Su planteamiento va más allá del simbolismo: utilizar ese hito para abrir nuevas vías de cambio. “Quiero ser la primera rectora para que pasen más cosas por primera vez”, explica.

Defiende un liderazgo que “inspire y no imponga”, basado en escuchar, cuidar y comprender, que son las cualidades que imprimen su forma de dirigir que, además, se apoya en su experiencia investigando sobre gestión del capital humano.

También tiene claro que “no se pueden conseguir resultados excelentes si las personas no tienen condiciones de desarrollo excelentes”, resume.De ahí que uno de sus objetivos centrales sea reducir la distancia entre los órganos de gobierno y la base universitaria. “Tenemos que reconciliar e incluir”, insiste.

Universidad y compromiso social

En su visión, la universidad pública debe desempeñar un papel activo en la sociedad. No solo como generadora de conocimiento, sino como motor de desarrollo.

Ahí Rubio plantea tres líneas de acción: mejorar el bienestar ciudadano a través de la transferencia de conocimiento, dinamizar el tejido productivo y reforzar el compromiso social de la institución. Esto último incluye situar a la universidad “a la vanguardia de la conciencia medioambiental, la cultura de la paz y la justicia social” porque “no somos una isla”, recuerda.

Más allá de programas y medidas concretas, Rubio resume su aspiración en una idea sencilla, la de reconstruir la confianza, y en una promesa difícil de medir, pero decisiva: cambiar la forma en la que la universidad se relaciona consigo misma.

Si logra convertirse en rectora, le gustaría que su mandato se recordara de una forma muy concreta: “Siempre nos escuchó, nunca nos engañó y nos defendió donde había que hacerlo”.

La creación de un Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor (OM2), presentado como un “complejo científico de primer nivel al servicio de la recuperación del ecosistema”, es el último as en la manga del Gobierno de la Región de Murcia para afrontar el desastre ecológico crónico provocado por décadas de contaminación agraria, urbanización masiva y falta de gestión medioambiental de la laguna salada más importante de Europa, en estado crítico.

La iniciativa, presupuestada en unos 12 millones de euros y que será financiada con fondos europeos y de la propia comunidad autónoma, ha sido anunciada por el presidente autonómico, Fernando López Miras (PP), quien augura que se convertirá en “una herramienta clave para la conservación de la biodiversidad” del Mar Menor.

Según el Ejecutivo autonómico, el centro, que se construirá en la antigua terminal de aeródromo de San Javier, se orientará a la investigación, reproducción y reintroducción de especies, así como al seguimiento científico del estado ecológico del Mar Menor. El proyecto se enmarca en el discurso institucional que apuesta por la innovación tecnológica y la ciencia como pilares de la recuperación ambiental.

Sobre el papel, la propuesta resulta difícilmente cuestionable: reforzar la investigación, dotar de infraestructuras científicas y proteger la biodiversidad son medidas necesarias para poner freno a lo que muchos consideran un ‘ecocidio’. Sin embargo, el contexto en el que se produce este anuncio obliga a ir más allá de su formulación y preguntarse si se trata de un cambio de rumbo real o de una estrategia política que prioriza el impacto mediático frente a las soluciones estructurales.

Una crisis ecológica prolongada

Para valorar la eficacia potencial de este nuevo centro, es imprescindible recordar la situación actual del Mar Menor, que lleva más de una década sumido en una profunda crisis ecológica.

La laguna ha sufrido episodios recurrentes de eutrofización, provocados principalmente por la entrada masiva de nutrientes (especialmente nitratos) procedentes de la agricultura intensiva del Campo de Cartagena. Este exceso de nutrientes genera proliferaciones de fitoplancton que reducen la transparencia del agua, alteran el equilibrio ecológico y, en episodios extremos, provocan anoxia (falta de oxígeno).

Las consecuencias han sido dramáticas: mortandades masivas de peces y crustáceos en 2019, 2021 y otros episodios posteriores, colapso de hábitats submarinos, desaparición de praderas de fanerógamas marinas y una pérdida generalizada de biodiversidad.

A ello se suman otros factores como la urbanización intensiva del litoral, la presión turística, la alteración de ramblas y cauces naturales, y el impacto del cambio climático, que agrava los episodios de lluvias torrenciales y escorrentías contaminantes.

En este contexto, la pregunta clave es evidente: ¿puede un centro científico revertir una crisis que tiene causas estructurales profundamente vinculadas al modelo productivo y territorial?

La voz de la ciencia y el ecologismo

Para Julia Martínez Fernández, doctora en Biología, profesora asociada de Ecología en la Universidad Miguel Hernández de Elche y directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, donde coordina la actividad científico-técnica de dicha entidad, dedicar recursos a la conservación y a la recuperación de la biodiversidad —en este caso de las especies del Mar Menor— “es siempre una buena noticia”.

Ahora bien, la eficacia real de esa inversión depende de varios factores, explica Martínez. “No es lo mismo disponer de una nueva instalación que disponer de una nueva instalación que funcione realmente”. Es decir, “sabemos que el edificio costará doce millones, pero conocemos mucho menos o nada de cuál va a ser la inversión anual garantizada para dotar a ese edificio de todo el personal científico, técnico y administrativo necesario”.

Para la experta, si atendemos la trayectoria del Gobierno regional en materia de financiación de la investigación y, sobre todo,de la que tiene que ver con los profesionales dedicados a la gestión ambiental, “la verdad es que hay muchas dudas de que el capítulo de personal esté garantizado de forma suficientemente amplia y consolidada a largo plazo”.

Otra de las reflexiones de Martínez tiene que ver con uno de los objetivos importantes del futuro centro: la conservación ex situ, o sea, fuera de la laguna, de especies amenazadas como el caballito del mar o la nacra (Pinna nobilis), para que puedan ser reintroducidas en la laguna. Al respecto, opina que “no conviene olvidar que la estrategia más eficaz, económica y con menor riesgo ambiental para recuperar la biodiversidad es la restauración natural y la conservación in situ. ”La prioridad debe ser eliminar las presiones que afectan a la laguna y que sea la propia dinámica del ecosistema lagunar la que recupere la buena salud de las especies“, insiste Martínez.

Esta reconocida investigadora también pone el foco en las “incoherencias” del Gobierno regional en relación con la biodiversidad del Mar Menor: “por un lado está dedicando doce millones de euros a la construcción de este centro, mientras el mes pasado votó en contra de la propuesta del Gobierno central de declarar la anguila europea en peligro de extinción y, por tanto, protegerla”.

Hablamos de una especie clasificada en peligro crítico de desaparición por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza desde 2008. La única población de esta especie en la Región de Murcia está, precisamente, en el Mar Menor, donde este pez migratorio pasa una de las etapas de su vida. “Como custodios temporales de esta especie, tenemos una responsabilidad internacional muy importante para evitar su extinción, y el Ejecutivo de López Miras se aparta de ella”, se lamenta Martínez. “Ahí se demuestra que la política ambiental de la comunidad autónoma no es integral ni coherente”, concluye.

Francisca Giménez Casalduero, catedrática de Ciencias del Mar en la Universidad de Alicante, atesora más de tres décadas de experiencia en la investigación y la gestión de las zonas marinas y costeras, contaminación marina y los efectos de las actividades humanas sobre los sistemas biológicos. Para esta experta,el anuncio del OM2 es “muy positivo” en tanto constituye la continuidad del proyecto del Banco de Especies del Mar Menor, impulsado por el Acuario de la Universidad de Murcia (UMU) y el Gobierno Regional para mantener el “stock genético” de las especies más emblemáticas de la laguna a raíz de las crisis de eutrofización, y que considera “exitoso”. La experta también cree un acierto la reutilización de una infraestructura ya existente. Otro de los aspectos loables de esta inversión —en el que coincide con Julia Martínez— es la labor divulgativa que puede hacerse del ecosistema lagunar.

A pesar de ello, también considera que si las actuaciones para la recuperación de la biodiversidad de la laguna se limitan en exclusiva a la creación de este centro “serán insuficientes”. “Esta es una acción importante y necesaria, pero debe ser complementaria a otras que deben realizarse. Y las primeras son disminuir las presiones externas”, asegura.

Para José Antonio García Charton, doctor en Biología, profesor de Ecología e investigador responsable del grupo ECOMARE —enfocado en los efectos ecológicos de la protección en reservas marinas del Mediterráneo— en la Universidad de Murcia, el futuro OM2 puede llegar a ser “una infraestructura de muchísimo valor para impulsar la investigación científica, sobre todo en función de los proyectos que se desarrollen”.

Sin embargo, para García Charton “nada sustituye a una verdadera gestión integrada de la laguna”. Todo lo que tenga que ver con la conservación de especies fuera de su medio y sin tener en cuenta la protección del Mar Menor y los impactos que recibe, sería un esfuerzo inútil. Por eso, espera que la inversión “no se desconecte de la investigación en el medio natural ni de la toma de decisiones respecto a la situación de la laguna”.

Como él, otros especialistas también han alertado de que la reproducción en cautividad y la reintroducción de especies, aunque útiles en determinados contextos, no garantizan la recuperación si el ecosistema sigue degradado. Reintroducir especies en un medio hostil equivale, en palabras de algunos investigadores, a “llenar un vaso roto”.

Por su parte, desde organizaciones ecologistas se ha advertido en repetidas ocasiones del riesgo de apostar por soluciones “cosméticas” o tecnológicas que no abordan las causas profundas. En este sentido, la creación de un centro de especies es algo “a priori positivo”, aunque hay dudas de que más allá de financiar la obra luego se disponga de partida presupuestaria para dotar las instalaciones de suficiente personal científico y cualificado para su desarrollo.

Además, si no va acompañada de cambios estructurales como la reducción del aporte de nutrientes, el control del regadío ilegal, la restauración de zonas de amortiguación (como humedales y filtros verdes) y la eliminación de la expansión agrícola, no conseguiremos la recuperación real del ecosistema y de sus especies más amenazadas, y puede convertirse en otra medida ineficaz y multimillonaria más, que no sirva realmente para solucionar el problema, como resume Pedro Luengo, coordinador y portavoz de Ecologistas en Acción.

Responsabilidad política y conflicto de intereses

Y es que la crisis del Mar Menor no es solo ambiental; también lo es política. Durante años, diferentes administraciones han permitido —por acción u omisión— un modelo de desarrollo insostenible.

El Gobierno regional gobernado por el Partido Popular ha sido especialmente señalado por su falta de contundencia frente al regadío ilegal y por su defensa de los intereses del sector agrícola intensivo. A pesar de la aprobación de normativas para limitar la contaminación, su aplicación ha sido irregular y, en muchos casos, insuficiente.

Las posturas de determinados colectivos de regantes han contribuido a dificultar la adopción de medidas más estrictas. Parte del sector ha negado su responsabilidad en la degradación de la laguna o ha minimizado su impacto, atribuyendo la crisis a factores naturales o a episodios puntuales de lluvias.

Por su parte, partidos como Vox han adoptado posiciones aún más negacionistas respecto a la dimensión ambiental del problema, rechazando restricciones al regadío y cuestionando el consenso científico. En febrero de este año, el recientemente defenestrado por su partido, José Ángel Antelo, registró en la Asamblea Regional de Murcia una proposición de ley para reformar la actual Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor que, según la formación ultra, criminaliza a los agricultores.

En este contexto, el anuncio del centro científico puede interpretarse como un intento de desplazar el foco del debate: de la regulación del modelo productivo a la inversión en infraestructuras científicas. Sin embargo, sin una voluntad política clara para abordar los intereses económicos en juego, cualquier medida técnica corre el riesgo de quedarse en un parche.

Biodiversidad en riesgo: el caso del caballito de mar

El Mar Menor alberga una biodiversidad singular, con especies adaptadas a sus condiciones únicas de salinidad y temperatura. Sin embargo, los episodios de colapso que ha sufrido la laguna, y que la han llevado a convertirse en una verdadera 'sopa verde', han hecho que muchas de ellas se encuentren en retroceso.

Uno de los casos más emblemáticos es el del caballito de mar de hocico largo (Hippocampusguttulatus), cuya población ha sufrido un declive drástico en las últimas décadas. Este pequeño pez, convertido en símbolo del Mar Menor, depende de hábitats como las praderas de fanerógamas marinas, que han sido gravemente afectadas por la eutrofización.

La reciente decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de incluir al caballito de mar en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, en la categoría de vulnerable, refleja la gravedad de su situación. La pérdida de hábitat, la contaminación y las alteraciones del ecosistema han reducido sus poblaciones a niveles críticos: en sólo una década, se ha pasado de 196.000 ejemplares a apenas 800.

Aquí es, precisamente, donde iniciativas como el Centro de Especies podrían tener un papel relevante: programas de cría en cautividad, investigación sobre su biología y proyectos de reintroducción podrían contribuir a su conservación.

Sin embargo, la experiencia en otros ecosistemas muestra que estas medidas solo son efectivas si se restauran previamente las condiciones ambientales. Sin praderas marinas saludables, sin aguas limpias y sin estabilidad ecológica, el caballito de mar —y muchas otras especies— difícilmente podrán recuperarse de forma sostenible.

Europa vigila: advertencias y futuro incierto

La crisis del Mar Menor no ha pasado desapercibida en Europa. La Comisión Europea ha abierto procedimientos de infracción contra España por el incumplimiento de normativas ambientales, especialmente en relación con la Directiva de Nitratos.

Las advertencias europeas han sido claras: es necesario reducir la contaminación agrícola, mejorar la gestión del agua y garantizar la protección efectiva del ecosistema. Los fondos europeos, que ahora se presentan como una oportunidad para financiar el nuevo centro, también están condicionados al cumplimiento de objetivos ambientales.

Esto plantea una paradoja: Europa financia parte de la solución, pero al mismo tiempo exige corregir las causas del problema. Si las administraciones no cumplen con estas exigencias, no solo estará en riesgo la recuperación del Mar Menor, sino también la continuidad de la financiación.

De cara al futuro, el escenario sigue siendo incierto. Existen señales positivas, como el otorgamiento —gracias a una iniciativa legislativa popular— de personalidad jurídica al ecosistema lagunar del Mar Menor (y, por tanto, sujeto de derecho) o el aumento de la conciencia social. Sin embargo, los avances son lentos y a menudo se ven contrarrestados por la inercia de intereses económicos y políticos.

Así que la eficacia de este proyecto dependerá fundamentalmente de si se integra en una política ambiental coherente, basada en la reducción de la contaminación en origen, la regulación del modelo agrícola y la restauración de los ecosistemas.

Si, por el contrario, se utiliza como un elemento de marketing político destinado a proyectar una imagen de compromiso sin afrontar las decisiones difíciles, el riesgo es evidente: que se convierta en otro anuncio grandilocuente que no cambie el rumbo del Mar Menor.Como advierten los expertos, la laguna no necesita solo más ciencia; necesita, sobre todo, más valentía política.

El antiguo Cine Rex forma parte del paisaje sentimental y urbano de Murcia. Levantado en el primer tercio del siglo XX, cuando el cinematógrafo comenzaba a consolidarse como el gran espectáculo de masas, por sus butacas desfilaron generaciones de murcianos que aprendieron a amar el cine en una sala que fue mucho más que un negocio: refugio climático en los veranos de sol inclemente, punto de encuentro sentimental y espejo de una ciudad que crecía soñando en blanco y negro y, después, en technicolor.

Pero, en agosto de 2019, el telón del emblemático cine cayó por última vez. Un cierre definitivo que puso fin a más de cien años de actividad ininterrumpida como sala de espectáculos en Murcia. Desde entonces, el futuro del Rex ha estado pendiendo de un hilo, amenazado por la especulación y por la lógica de la rentabilidad inmediata.

Hasta el pasado 26 de febrero, cuando el Ayuntamiento de Murcia aprobó definitivamente —con los votos del PP, el rechazo del PSOE y la abstención de Vox— la modificación del Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico del Centro de Murcia, que incluye reconocer el valor histórico, arquitectónico y sentimental del inmueble y abre la puerta a su protección formal dentro del catálogo municipal.

La medida no ha sido adoptada sin polémica: el equipo de Gobierno municipal ha apostado por reforzar la figura de protección urbanística como herramienta eficaz para impedir la demolición del Rex y garantizar la conservación de sus elementos esenciales; mientras que los grupos de la oposición exigían ir más allá y estudiar fórmulas de protección más ambiciosas, como su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que implicaría mayores garantías y obligaciones para la propiedad que, finalmente, podrá destinar el inmueble a actividades terciarias (comerciales, oficinas, restauración, lúdicas o deportivas) excepto a las relacionadas con el ocio nocturno.

En medio de la discusión institucional, la voz de la ciudadanía organizada también se ha oído de la mano de la Plataforma Cine Rex Vivo, que ha visto frustrada sus expectativas de recuperar la actividad original en estas instalaciones.

Una lucha, como en tantas otras, en la que también ha estado presente la Asociación para la Conservación del Patrimonio de la Huerta de Murcia, más conocida como Huermur, que sí ha conseguido que el Consistorio asuma todas sus alegaciones respecto al refuerzo de la protección del edificio. Su victoria respecto al Rex es solo la punta del iceberg de un ímprobo trabajo centrado en la vigilancia y denuncia de todas las amenazas que pongan en riesgo la herencia cultural murciana.

Veinte años sembrando conciencia

Fundada en 2007, Huermur nació con un objetivo claro: defender el patrimonio histórico, paisajístico, cultural y natural de la huerta y del municipio de Murcia frente a su progresiva degradación. En un contexto en el que la expansión urbanística avanzaba con rapidez sobre terrenos agrícolas y sobre edificios tradicionales, un pequeño grupo de ciudadanos decidió organizarse para poner límites.

“Nuestro principal logro es que, a lo largo de estos veinte años, hemos fomentado y posibilitado que haya una verdadera conciencia social en torno a la huerta y al patrimonio”, explica Pedro Jesús Fernández Ruiz, portavoz de la asociación. “Hace dos décadas la huerta se veía en muchos lugares como algo acabado, esperando que viniera la gente a comprar las parcelas para construir en ellas. Hoy creemos que la huerta se ve con un futuro y una protección mayor de la que había en su momento”, asegura.

La afirmación no es retórica. Cuando Huermur comenzó su andadura, hablar de protección integral de acequias, molinos o casas torre era casi una excentricidad. El paisaje de la huerta, con su milenaria red de riego heredada de época andalusí, se consideraba más un obstáculo que un valor. Las grandes acequias mayores, arterias vivas del sistema hidráulico tradicional, carecían de una protección acorde a su importancia histórica.

La asociación participó activamente en los expedientes que condujeron a la declaración como BIC de las dos acequias mayores de la huerta de Murcia, aportando documentación histórica, informes técnicos y alegaciones. No fue su única intervención. A solicitud de Huermur se protegieron también diversas acequias menores, molinos y elementos hidráulicos que, sin esa presión ciudadana, podrían haber sido entubados o derribados.

“Fruto de ese trabajo”, subraya Fernández Ruiz, “se han salvaguardado para el futuro muchos elementos, impidiendo nuevos entubamientos y nuevos derribos de molinos”.

De los despachos a los tribunales

La estrategia de Huermur ha combinado activismo en la calle con una intensa labor administrativa y jurídica. Desde su creación, la asociación ha presentado varios centenares de expedientes y más de medio millar de escritos dirigidos tanto a la Consejería de Cultura como a la de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia. Su objetivo: lograr la inclusión de edificios y paisajes en los catálogos de protección, impulsar declaraciones BIC o exigir el cumplimiento de la normativa vigente.

Esa perseverancia ha dado lugar a la incorporación de numerosos inmuebles en el planeamiento urbanístico protegido, así como a la delimitación de entornos de protección para monumentos que antes carecían de ellos. También se han promovido figuras como la de Lugar de Interés Etnográfico o Sitio Histórico para distintas zonas de la comarca de Murcia.

No todas las batallas se han ganado, aunque Huermur habla de “cuestiones pendientes” más que de derrotas. El caso de la reconstrucción del Molino de Oliver, en la pedanía de Aljucer —cuya defensa se remonta a 2008—, sigue abierto como ejemplo de una lucha prolongada en el tiempo. Lo mismo ocurre con la protección de casas torre o de árboles singulares y monumentales. “Aunque se han perdido numerosos ejemplares, como los pinos de Churra, es una iniciativa que sigue en marcha”, afirma el portavoz. “Allá donde había determinados ejemplares de gran porte, aunque se hayan perdido, se pueden plantar otros que crezcan para el futuro”.

La asociación no ha dudado en acudir a los tribunales cuando ha considerado que el patrimonio estaba en riesgo. En varios casos, sentencias contencioso-administrativas han dado la razón a sus planteamientos, ordenando proteger monumentos o sancionar derribos ilegales. Incluso se han producido condenas penales en supuestos de destrucción de bienes protegidos. “Hay determinadas batallas que había que lucharlas por muy difíciles que fueran”, sostiene Fernández Ruiz.

El precedente de San Esteban

Uno de los hitos más recordados en la trayectoria de Huermur es la defensa del yacimiento arqueológico de San Esteban. En 2009, las obras para construir un aparcamiento subterráneo en el centro de Murcia sacaron a la luz un importante conjunto de restos andalusíes. El proyecto inicial contemplaba su eliminación parcial para seguir adelante con el parking.

La reacción ciudadana fue inmediata. Asociaciones, colectivos y vecinos se movilizaron para exigir la conservación íntegra del yacimiento. Huermur desempeñó un papel activo en esa coordinación, aportando argumentos técnicos y presión social. Finalmente, el proyecto fue paralizado y el conjunto arqueológico se conservó. Posteriormente, fue declarado BIC, consolidando su protección.

Aquel episodio marcó un antes y un después en la percepción del patrimonio en Murcia. Demostró que la ciudadanía organizada podía influir en decisiones de gran calado y que el desarrollo urbano no tenía por qué estar reñido con la conservación de la memoria histórica.

Cárcel Vieja y castillos: memoria en disputa

Otra de las luchas emblemáticas ha sido la de la antigua Prisión Provincial, conocida como la Cárcel Vieja. Huermur ha defendido que su rehabilitación respete la memoria histórica del edificio y evite convertirlo en un espacio despojado de significado. La asociación ha reclamado que cualquier intervención arquitectónica conserve los elementos que permiten entender su pasado y su papel en la historia reciente de Murcia.

En el ámbito del patrimonio defensivo, la mirada de Huermur se ha dirigido a los castillos de la comarca, especialmente al conjunto de Monteagudo, dominado por la silueta del Cristo que corona la fortaleza. La asociación denunció en su día deficiencias en el plan director y logró que intervinieran las distintas administraciones —estatal, autonómica y local— para coordinar actuaciones de conservación y puesta en valor. Pero su preocupación abarca el conjunto de fortalezas medievales que jalonan el territorio murciano, consideradas un legado fundamental del pasado islámico y cristiano.

Divulgar para proteger

Más allá de la acción reivindicativa y jurídica, Huermur ha apostado por la divulgación y la investigación como herramientas esenciales de protección. La asociación colabora con universidades, institutos y colegios, impartiendo charlas y trabajando con docentes en la formación del alumnado. Participa en congresos, jornadas y encuentros, y publica artículos en revistas especializadas, en ocasiones de ámbito internacional.

Esa dimensión pedagógica ha contribuido a consolidar la “conciencia social” de la que habla su portavoz. La defensa del patrimonio ya no es asunto exclusivo de expertos o activistas: forma parte del debate público. Cada vez que se anuncia la posible demolición de un edificio histórico o la alteración de un paraje tradicional, la reacción ciudadana es más rápida y articulada.

El Cine Rex como símbolo

En ese contexto de madurez cívica se inscribe el caso del Cine Rex. Para Huermur, su protección no es un hecho aislado, sino la culminación de un proceso de sensibilización colectiva. La asociación ha respaldado las reivindicaciones de la Plataforma Cine Rex Vivo y ha instado al Ayuntamiento a adoptar medidas firmes para garantizar la conservación del inmueble.

El “blindaje” acordado en pleno supone un paso significativo. Aunque queda por concretar el alcance exacto de la figura de protección y su traducción normativa, el mensaje político es claro: el Rex no se derriba. La ciudad reconoce en él un valor que trasciende el mercado inmobiliario.

Inspiración para el resto de la Región

Para Cristina Gómez, historiadora del arte y presidenta de la asociación ciudadana 'Lorca por su patrimonio cultural', el blindaje del Rex tiene una dimensión que va más allá del caso concreto. “Debemos tener una cosa clara —explica—, y es que no solamente para este edificio, sino de manera generalizada en historia del arte, conservar los interiores de los edificios es trascendental porque tanto interior como exterior nos hablan de la propia historia y evolución del edificio”.

Gómez insiste en que los espacios interiores contienen información histórica insustituible. “Un edificio, y sobre todo un conjunto de ellos, hablan de la historia de la ciudad, de sus costumbres. Nos hablan de la cultura y de muchísimos aspectos que se conocen a través de los edificios, tanto por su interior como su exterior, pero sobre todo por el interior”.

Desde su experiencia en Lorca, donde tras los terremotos de 2011 surgieron movimientos ciudadanos para proteger el patrimonio, pone ejemplos concretos: la antigua cárcel, que en origen fue un pósito de grano. Sus grandes salas, concebidas para almacenar cereal, corren el riesgo de subdividirse y perder así la lectura de su función original. “Esto requiere un estudio para no perder esta información interior”, subraya.

En el caso de los cines históricos como el Rex, añade, hay además una dimensión social. A comienzos del siglo XX, con la irrupción del cinematógrafo, el ocio dejó de estar estrictamente reservado a las clases altas que podían permitirse el teatro. El proletariado encontró en el cine una forma de esparcimiento accesible. Proteger estos espacios es también proteger la memoria de esa democratización cultural.

Gómez advierte asimismo del peligro del “fachadismo”, una práctica extendida durante años: derribar los interiores y conservar solo la fachada. “Esto es peligroso —señala— porque a veces las fachadas son mucho menos interesantes que los interiores”. En ciudades como Lorca, recuerda, abundan los ejemplos.

Sobre si lo conseguido por Huermur abre oportunidades para blindar otros edificios en la Región, su respuesta es prudente. “Por desgracia, el hecho de que un municipio conserve o no los interiores no resulta vinculante para el resto de la región, aunque sea un grandísimo ejemplo”. La gestión del patrimonio cultural en la Región de Murcia, añade, no siempre ha evolucionado en esa dirección, salvo honrosas excepciones.

Ciudadanía en defensa de la memoria colectiva

La historia del Cine Rex es, en cierto modo, la historia de una transformación cultural en Murcia. Donde antes predominaba la resignación ante la pérdida de edificios emblemáticos, hoy se alza una red de asociaciones, plataformas y ciudadanos dispuestos a defenderlos. Huermur ha sido uno de los motores de ese cambio.

“Nos quedamos con muchas cosas positivas”, concluye Fernández Ruiz. “No tanto con derrotas, sino con batallas que siguen en marcha. Lo importante es que hoy existe una conciencia ciudadana que entiende que el patrimonio no es un lastre, sino una riqueza colectiva”.

En la penumbra del antiguo cine, donde aún parecen flotar las voces de las películas proyectadas durante décadas, late esa convicción. El Rex puede que vuelva algún día a encender su pantalla o que encuentre un nuevo uso cultural. Lo que ya ha conseguido es algo quizá más valioso: convertirse en símbolo de una ciudad que ha decidido no olvidar.

Cuando la economía familiar aprieta, a la vuelta de la esquina hay trabajo en el campo, en el almacén o en la hostelería —donde ya están los amigos, los primos, o los hermanos mayores— y, además, el aula no siempre motiva, la escuela deja de ser promesa de un futuro mejor para convertirse en un lastre.

En la Región de Murcia esa escena tiene rostro de clase trabajadora y, con demasiada frecuencia, de hijo o hija de la migración. En 2025, esta comunidad autónoma volvió a ostentar uno de los peores datos del país en abandono escolar temprano: un 20,6% frente al 12,6% de la media nacional, según datos del Ministerio de Educación.

Aquí, uno de cada cinco jóvenes de entre 18 y 24 años no ha completado el Bachillerato o la FP de Grado Medio y no sigue ningún tipo de formación. La brecha no es nueva, pero sí persistente. Y, como viene denunciando el sindicato CCOO en su informe Segregación escolar, un problema de justicia social sin resolver: análisis y propuestas (2024), el fenómeno no puede analizarse al margen de la desigualdad social estructural y de la creciente segregación del sistema educativo.

Una desigualdad que empieza antes del aula

El informe de CCOO recuerda que España es uno de los países europeos con mayores niveles de desigualdad y que la escuela, lejos de corregirla, tiende a reproducirla cuando se organiza de forma segregada.

Según datos de 2025 de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Murcia, esta Comunidad autónoma lidera el ranking nacional de la pobreza infantil con una tasa del 40,7%, lo que afecta a unos 122.000 menores. Un dato que supera en más de once puntos la media nacional (29,2%) y sitúa a la Región en niveles críticos de pobreza severa infantil (20,8%), en un contexto que impacta directamente en las trayectorias escolares.

Los datos de PISA 2022 son elocuentes en ese sentido: un estudiante del cuartil más bajo de renta tiene hasta 5,5 veces más probabilidades de repetir curso que uno del cuartil alto. Y la repetición, como advierte desde FUNCAS —un prestigioso centro de análisis dedicado a la investigación económica y social— el experto en políticas y reformas educativas Lucas Gortázar, “reduce notablemente las expectativas de titular en estudios medios”.

Pero en el abandono escolar aún hay brechas más profundas. Y es que cuando, además, se introduce la variable de origen, la desigualdad se agrava. Así, en la Región de Murcia, el alumnado de origen extranjero presenta tasas de desenganche escolar más altas que el autóctono, como apuntan los trabajos de los investigadores y doctores en Pedagogía Juan Navarro, Andrés Escarbajal y Pilar Arnaiz. Los datos son demoledores: tras agotar los tres años posibles en 4º de la ESO, solo un 28% del alumnado de origen migrante —y humilde— logra titular, frente al 63% del alumnado nativo. La brecha es brutal.

Y, sin embargo, el debate público se desliza con facilidad hacia explicaciones culturalistas. Hace apenas unas semanas, el portavoz del Gobierno regional, Marcos Ortuño Soto (PP), apuntó a la “población joven extranjera” —“factores externos”, lo llamó— como una de las causas de los malos datos de abandono escolar. Como si el problema fuera demográfico y no estructural.

La tesis incómoda: clase y estigma

Frente a esa lectura, la socióloga Isabel María Cutillas Fernández, doctora por la Universidad de Murcia, ha dedicado años a desmontar prejuicios. En su tesis Hijos e hijas de la migración: trayectorias escolares, expectativas y condicionamientos (2021), Cutillas insiste en que no se puede analizar el desempeño educativo del alumnado de origen migrante sin atender a la clase social, al proyecto migratorio familiar y a los procesos de estigmatización que atraviesan sus vidas.

Uno de los hallazgos más reveladores de la experta, que actualmente trabaja junto a otros investigadores en el proyecto ATEF (Abandono Temprano de la Educación y la Formación), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, es la sobrerrepresentación del alumnado extranjero en itinerarios de diversificación curricular en Secundaria. Es decir, programas pensados para estudiantes con desfase curricular acaban convirtiéndose, en la práctica, en espacios donde “origen migrante” y “baja capacidad” se confunden. Una profesora entrevistada por Cutillas en su investigación relata cómo, en ocasiones, los alumnos llegan con un dictamen de necesidades educativas que probablemente responden más al desconocimiento del castellano que a verdaderas limitaciones cognitivas. Un etiquetado precoz que acaba condicionando fuertemente decisiones que limitan expectativas.

Cutillas advierte también del riesgo de centrar el foco exclusivamente en el fracaso y apuesta por analizar las trayectorias de éxito, lo que permite comprender qué factores —familiares, escolares, comunitarios— favorecen la continuidad formativa. Pero para ello hay que abandonar el estereotipo y reconocer que el origen no es destino: sí lo es, en gran medida, la posición social.

Universidad: la puerta casi cerrada

La desigualdad acumulada se hace especialmente visible en la educación superior. Apenas un 3,3% del alumnado de Grado en las universidades públicas murcianas pertenece a nacionalidades extracomunitarias. Sin embargo, el 16% de la población joven de entre 20 y 24 años en la Región proviene de terceros países, lo que da muestra de su infrarrepresentación en la educación superior.

En este punto, la conclusión de Cutillas es contundente: la juventud de origen extranjero está mayoritariamente expulsada de los espacios universitarios, de manera que ya no se trata únicamente de abandonar antes, sino de no llegar nunca. Y en ese trayecto pesan las expectativas familiares, la necesidad de contribuir a la economía doméstica y la percepción de que el ascensor social está averiado.

La red pública y la concertada: dos realidades

El debate sobre abandono escolar en Murcia no puede desligarse de la estructura del sistema. Según datos de escolarización, alrededor del 30% del alumnado de Primaria estudia en la red concertada o privada. Sin embargo, el porcentaje de estudiantes extranjeros en estos centros ronda el 12%. La sobre-concentración de alumnado vulnerable en la red pública alimenta dinámicas de guetización que el propio informe de CCOO describe como uno de los grandes problemas del sistema.

Porque cuando las clases medias abandonan determinados centros por la llegada de población inmigrante, se generan escuelas de “alta complejidad” donde la acumulación de desventajas dificulta cualquier proyecto pedagógico.

La OCDE ha advertido que agrupar al alumnado de bajo rendimiento en las mismas escuelas conduce a peores resultados globales. Y, sin embargo, la tendencia es hacia un sistema cada vez más segregado. Hay municipios, como Lorca, con colegios públicos —San Cristóbal, Nuestra Señora del Rosario, en la pedanía de Ramonete, y San Juan, en la de Morata— en los que cerca del 90% del alumnado son hijos e hijas de inmigrantes, fundamentalmente marroquíes, que no hablan español.

Para Nacho Tornel, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia, la segregación escolar es “un problema de justicia social” que exige medidas estructurales. La receta: planificación equilibrada de la oferta, limitación de la libre elección cuando genera concentración de desventajas, refuerzo de recursos en centros complejos y compromiso activo de la red concertada en la escolarización equilibrada.

Distrito Único: el origen de la guetificación

En Lorca y otros municipios murcianos, la guetificación —el proceso social y urbano de segregación que aísla a grupos minoritarios o vulnerables por razones étnicas, religiosas o socioeconómicas— surge con la implantación del denominado Distrito Único. Un sistema de escolarización en el que no se delimitan zonas escolares estrictas: es decir, todo el municipio se considera un único territorio para la admisión de alumnos. Esto significa que, en teoría, cualquier familia puede solicitar plaza en cualquier centro dentro de ese municipio sin que la cercanía geográfica al domicilio sea un criterio vinculante.

El argumento oficial del Gobierno regional para mantener este modelo es que favorece la “libre elección de centro” y que, según las autoridades autonómicas, ofrece mayores oportunidades para las familias. Sin embargo, esta interpretación ha sido criticada por sindicatos, asociaciones de madres y padres, así como organismos académicos, por vulnerar el espíritu de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), que prioriza la proximidad como criterio para evitar la segregación.

En la práctica, lo que ha favorecido es la concentración del alumnado en riesgo de exclusión, mientras que los centros “más deseados” por razones de “reputación” —lo que generalmente significa menor presencia de alumnado de origen extranjero— terminan atrayendo al de clases medias y altas, cuyos progenitores, muchas veces, prefieren desplazarse kilómetros en coche cada día en vez de optar por el colegio más cercano a su vivienda.

Más allá del “culpar al extranjero”

En los últimos años, en la Región de Murcia se han implementado programas de prevención, seguimiento y control del absentismo escolar y reducción del abandono escolar, como el PRAE o el PEMAR. Pero como señala la tesis de Cutillas, no existe un plan específico integral dirigido al alumnado de origen extranjero más allá de las Aulas de Acogida Lingüística. Es decir, la intervención se limita al idioma cuando el problema es socioeconómico y estructural.

La investigadora insiste en que la categoría “hijos e hijas de migrantes” debe analizarse huyendo de lo periférico —el color de piel, el acento— y atendiendo a lo central: las relaciones de poder, la exclusión y la desigual distribución de capitales. Lo contrario, es decir, convertir el abandono de la educación en un problema meramente “cultural”, es una forma de “escapismo ideológico” y una excusa de los poderes públicos para no responsabilizarse de la situación.

Humanizar la estadística

Detrás de ese 20,6% de jóvenes que no siguen estudiando más allá de la ESO, hay historias concretas. Algunos repiten curso, ven cómo sus amigos avanzan y entonces abandonan. Hay familias que priorizan el salario inmediato sobre una promesa formativa incierta… Pero también hay centros que hacen lo imposible con ratios y recursos insuficientes y docentes comprometidos que luchan contra inercias estructurales.

No se trata de negar que haya jóvenes recién llegados que se incorporan tarde al sistema y encuentran más dificultades. Se trata de reconocer que la persistencia de una de las tasas de abandono más altas del país no puede explicarse por la “extranjería” sino por una estructura económica precarizada, una distribución desigual del alumnado y una inversión insuficiente en equidad.

Frente a ello, hay expertos que apuntan soluciones. El informe de CCOO plantea ejes claros: reducir la segregación, reforzar la escuela pública, limitar prácticas selectivas, dotar de más recursos a los centros con mayor complejidad y apostar por políticas de compensación educativa. Cutillas, por su parte, subraya la necesidad de trabajar con las familias, elevar expectativas y desmontar prejuicios en el propio sistema escolar.

Y todos coinciden: si el objetivo es que la Región de Murcia deje de liderar las tasas de abandono escolar, habrá que mirar menos al origen y más a la clase; menos al supuesto déficit cultural y más a la desigualdad material; menos a la estadística deshumanizada y más a las trayectorias vitales. Entender que, como defiende Arnaiz, “cuando el alumno abandona no fracasa él, fracasa el sistema”.

“A esto es a lo que está llevando la política negligente del Gobierno de la Región de Murcia: a que, si eres víctima de un incendio en un tercero, tu alternativa para salvar la vida sea tirarte por la ventana. Eso o tener la suerte de que cerca haya alguna empresa con carretilla elevadora, porque el parque de bomberos de tu localidad no dispone de vehículos de altura. Terrorífico”. La frase, pronunciada por un bombero del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, no es una exageración fruto de un enfado. Es la descripción literal de lo ocurrido este miércoles en Águilas donde, estos días, se congregan hasta 500.000 personas entre vecinos y visitantes para celebrar el carnaval, la fiesta más popular de este municipio murciano, declarada de Interés Turístico Internacional.

Mientras comparsas y desfiles llenan las calles de música y color, un incendio declarado en el tercer piso de un bloque de viviendas situado en la calle Barcelona, ha puesto en evidencia una realidad que los bomberos llevan meses denunciando: el parque de Águilas no dispone de vehículo de altura. O lo que es lo mismo: no hay manera reglamentaria de alcanzar con seguridad una terraza en llamas situada a varios metros del suelo.

Ante esa carencia estructural, la escena que se vivió esta mañana roza lo surrealista. A las 09:26 horas el 112 recibió más de una decena de llamadas alertando del incendio y de que había personas gritando desde el balcón del inmueble afectado. Sin autoescala, la alternativa para rescatarlas ha venido de la mano de trabajadores de una empresa de construcción que operaba en las inmediaciones y que decidieron, por iniciativa propia y sin contar con las correspondientes medidas de seguridad, utilizar una carretilla elevadora para acceder a la terraza afectada. Un gesto de coraje y solidaridad que pudo haber terminado en tragedia.

“Lo que ha ocurrido define perfectamente nuestra situación”, explica otro bombero. “Obreros de la construcción con coraje poniendo los medios de su empresa para salvar vidas, mientras los profesionales cualificados del servicio público, que deberíamos estar haciendo ese trabajo, nos desesperamos por no contar con un vehículo esencial”.

Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas mortales. El incendio se ha saldado con dos personas afectadas por inhalación de humo —una menor de 15 años y una mujer de 43— que han sido trasladadas en ambulancia al hospital comarcal Rafael Méndez de Lorca, a unos 35 kilómetros de distancia. El estado de ambas no reviste gravedad, pero los bomberos advierten que el suceso podría haber resultado en una tragedia irreparable: “No hemos tenido que llorar una desgracia porque casualmente había una máquina cerca que pudo ser utilizada”, insisten.

Toda la plantilla unida ante la falta de medios

El sentir de la plantilla es unánime. “Parece una película de miedo, pero no hace falta ir al cine para verla porque es real, está pasando. Se llama abandono del Gobierno regional”. La acusación apunta directamente al Ejecutivo presidido por Fernando López Miras (PP), al que responsabilizan de años de recortes, falta de inversión y promesas incumplidas.

Recuerdan que la escena de Águilas no es un episodio aislado, sino “el síntoma visible de un deterioro más profundo”. Como ya informó eldiario.es Región de Murcia en un reciente reportaje, el Consorcio se encuentra “al borde del colapso”, con carencias que afectan a la seguridad tanto de la ciudadanía como de los propios profesionales. Deficiencias que llegan al punto de tener que utilizar compresores caducados para rellenar equipos de respiración autónoma, una práctica que pone en riesgo directo la salud de quienes intervienen en incendios.

Las denuncias no se limitan a la falta de vehículos de altura en determinados parques. Los bomberos hablan de plantillas insuficientes, materiales obsoletos, infraestructuras envejecidas y una planificación que no responde al crecimiento demográfico ni a la complejidad creciente de las emergencias. La Región de Murcia ha experimentado en las últimas décadas una expansión urbana notable, especialmente en zonas costeras y turísticas. Sin embargo, los recursos del Consorcio no han evolucionado al mismo ritmo.

“Toda la plantilla, independientemente de las siglas sindicales, está reivindicando en sus respectivos parques mediante pancartas y pintadas en los camiones que se solventen las deficiencias que sufrimos”, explican. La protesta es transversal. No responde a una estrategia partidista, sino a la percepción compartida de que se ha cruzado una línea roja.

Esa movilización, sin embargo, también ha encontrado obstáculos. “Nos han instado a retirar las pintadas con amenazas para que no le molesten a López Miras cuando asista a los desfiles del carnaval. Nos han dicho que no ven bien que en plenas celebraciones se paseen los camiones con nuestras reivindicaciones. Prefieren evitar un escándalo a que se sepa que aquí, y en otros lugares de la Región, la ciudadanía corre peligro porque nos faltan medios para poder hacer nuestro trabajo”, aseguran trabajadores del consorcio.

La denuncia es grave: se estaría priorizando la imagen institucional sobre la transparencia y la seguridad pública. “En lugar de asumir las críticas y abrir una negociación real para dotar al servicio de los recursos necesarios, la respuesta es intentar silenciar la protesta para no empañar la agenda política y festiva. Es demencial”, aseguran delegados sindicales de los bomberos.

El incendio de esta mañana en Águilas deja una pregunta incómoda flotando en el aire: ¿qué habría ocurrido si la carretilla elevadora no hubiera estado allí? ¿Si el fuego hubiera avanzado con mayor rapidez? ¿Si alguien hubiera quedado atrapado sin posibilidad de escapar por sus propios medios? En emergencias, los minutos cuentan. Y los medios técnicos marcan la diferencia entre un rescate exitoso y una tragedia.

Por eso, para los bomberos, lo ocurrido este miércoles en Águilas debería ser un punto de inflexión. “No por el impacto mediático del suceso, ni por la coincidencia con el carnaval, sino porque revela con crudeza lo que los bomberos llevamos tiempo advirtiendo, que la precarización de lo público tiene consecuencias reales, y que esas consecuencias, en el ámbito de las emergencias, se miden en vidas”, asegura otro trabajador.

“No estamos reclamando privilegios. Pedimos autoescalas, equipos en condiciones, compresores homologados, plantillas suficientes… Poder hacer nuestro trabajo, que es proteger a las personas, con garantías y dignidad”, concluye.

Cuando en 2020 Modou decidió participar en una iniciativa del Ayuntamiento de Lorca, en la Región de Murcia, contra el racismo y la xenofobia, no podía imaginar que, apenas cinco años después, sus compatriotas de Senegal, peones agrícolas como él, tendrían que enfrentarse a serios obstáculos para lograr el sueño que él sí pudo ver cumplido: reunirse con su esposa y, juntos, ver crecer a su hija.

Este municipio murciano no puede entenderse sin la presencia de personas y familias migrantes que conforman una parte significativa de su tejido social y laboral. Según datos recientes del padrón municipal, cerca de un 12% del total de su población —98.969 habitantes— nació fuera de España, con flujos procedentes de países como Marruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia, Ghana o Senegal. Comunidades que han dinamizado sectores fundamentales como la agricultura, la hostelería o los servicios domésticos, y que contribuyen a frenar el envejecimiento demográfico, a dotar de trabajadores el campo de Lorca y a ocuparse del cuidado de personas ancianas y dependientes.

Sin embargo, las aportaciones de las personas migrantes y sus derechos han vuelto a ser puestos en entredicho con la última decisión política del Ayuntamiento de Lorca. Y es que, el Gobierno municipal, formado por el PP y Vox, con esta última formación —el autodenominado “partido de la familia”— al frente de la Concejalía de Servicios Sociales, ha anunciado el endurecimiento de las condiciones para emitir informes favorables de inserción social y de idoneidad de la vivienda, indispensables para que las personas extranjeras puedan conseguir la reagrupación familiar.

Esta decisión ha generado alarma entre colectivos sociales, juristas y organizaciones de derechos humanos que interpretan el cambio como un endurecimiento que pone en riesgo el acceso efectivo de las familias migrantes a un derecho legalmente reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Carta Social Europea o el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Reagrupación familiar: un derecho reconocido y sus mecanismos legales

La reagrupación familiar no es una concesión discrecional ni una medida de gracia, sino un derecho que también está regulado en la legislación española. Concretamente, en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Tal y como explican desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las personas extranjeras que residen legalmente en España pueden solicitar la reunión con familiares cercanos —como cónyuges, hijos menores o ascendientes— siempre que se cumplan ciertos requisitos, básicamente, medios económicos suficientes y vivienda adecuada.

La importancia de este derecho no es sólo legal sino profundamente humana. Para miles de familias migrantes, la reagrupación significa la posibilidad de reconstruir la vida cotidiana, facilitar la escolarización de los hijos e hijas, acceder conjuntamente a la sanidad, y construir un proyecto vital estable —y muchas veces seguro— en el lugar donde residen.

ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) también reconoce que la reagrupación familiar es una herramienta central para proteger a las personas bajo protección temporal o internacional, permitiéndoles reunirse con cónyuges, hijos o progenitores que dependían de ellos y que están fuera del espacio Schengen.

El relato de Vox: acusaciones y funcionarios en el punto de mira

En Lorca, la concejala de Servicios Sociales, María Castillo (Vox) defiende el nuevo enfoque de su departamento con un mensaje que ha levantado ampollas entre los empleados municipales. Asegura que desde su llegada a este departamento “los informes [de arraigo y de idoneidad de la vivienda] han dejado de emitirse de forma automática” y ahora se realizan “con rigor legal y técnico”, con visitas domiciliarias “reales” y “comprobación exhaustiva de los requisitos”. La edil presume de estadísticas: desde 2024, solo se han emitido un 30% de informes favorables frente a un 70% desfavorables, cuando antes “prácticamente todos eran favorables”.

Lo que no cuenta Castillo es que esos datos encierran una trampa. Esta redacción ha tenido acceso a documentos administrativos oficiales que acreditan que, durante el anterior mandato corporativo, centenares de expedientes de reagrupación fueron archivados al no quedar acreditados los requisitos necesarios para acceder a este derecho. En esos casos, lo que no hacían los funcionarios era entregar dictámenes desfavorables a los interesados, al no resultarles de ninguna utilidad, puesto que los únicos válidos para solicitar la reagrupación familiar son los favorables.

Al no aclarar este aspecto, el subtexto de las declaraciones de Castillo es otro muy distinto: durante años, funcionarios municipales habrían actuado de forma negligente, emitiendo informes “automáticos”, sin visitas ni comprobaciones y, por tanto, incumpliendo la ley. Vox lanza así una sombra de sospecha sobre el trabajo de los profesionales de Servicios Sociales.

Dentro del propio Ayuntamiento el malestar es patente. Varios trabajadores, que prefieren no dar su nombre por temor a represalias, rechazan de plano estas acusaciones. “Es muy duro que la persona que está políticamente al frente de la concejalía nos acuse de hacer nuestro trabajo fuera de la ley”, explica una trabajadora social. “Siempre ha habido visitas, entrevistas y valoración técnica. La diferencia es que antes se entendía que nuestro papel era facilitar derechos, no bloquearlos”.

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, su presidente, Juan Carrión Tudela, se ha dirigido por carta al alcalde del municipio, Fulgencio Gil (PP), para expresarle el malestar de este colectivo por unas declaraciones que “trasladan a la ciudadanía un mensaje sesgado y estigmatizante que puede contribuir a la desinformación, la desconfianza hacia los Servicios Sociales y el rechazo hacia colectivos en situación de vulnerabilidad”. Para Carrión, es “preocupante” que se interprete como algo positivo la limitación en el acceso a derechos reconocidos legalmente. Más aún cuando ese mensaje se lanza desde la Concejalía de Derechos y Servicios Sociales, “que tiene entre sus funciones la de garantizar el respeto y la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo colectivos vulnerables y personas extranjeras”.

elDiario.es Región de Murcia también se ha puesto en contacto con los representantes de los trabajadores afectados por las afirmaciones de la concejala de Vox. Fuentes de UGT han censurado duramente las acusaciones de Castillo, a quien han acusado de hacer una “instrumentalización política de los Servicios Sociales” y de intentar convertir este servicio público en “una herramienta de control ideológico”. Desde CC.OO. han declinado hacer declaraciones al respecto.

Del enfoque garantista al restrictivo

Más allá de la retórica, lo que describen profesionales y entidades sociales es un cambio de criterio. Donde antes se evaluaba si una vivienda era razonablemente adecuada para una familia concreta, ahora se obliga a realizar interpretaciones mucho más restrictivas de los estándares. Donde antes se valoraba el conjunto de la situación social, ahora se enfatizan los elementos que permiten un informe desfavorable.

Este giro no es exclusivo de Lorca. Forma parte de una tendencia más amplia impulsada por la extrema derecha allí donde gobierna o influye, que consiste en utilizar procedimientos administrativos como barrera indirecta a la inmigración. No se cambia la ley, pero se endurece su aplicación hasta vaciarla de contenido.

La socialista María Dolores Chumillas, edil de Servicios Sociales en Lorca en el anterior mandato corporativo, advierte de las consecuencias de endurecer las condiciones para el reagrupamiento: “Hablamos de familias separadas durante años, de niños y niñas que crecen lejos de sus padres y madres, o de mujeres que quedan atrapadas en situaciones de dependencia económica y emocional”. Por eso, asegura, “hablar así de porcentajes es tremendamente frívolo e inhumano, porque detrás de cada informe desfavorable sabemos que hay una vida que se trunca”.

Historias que importan: humanizar las cifras

Al margen de los términos técnicos y los debates jurídicos y políticos, existen historias personales que ilustran lo que está en juego cuando se trata de reagrupación familiar. Mahdia, una mujer afgana que logró reagrupar a su hermana y a sus tres sobrinas tras años de espera, cuenta que antes de reunirse con su familia en España el estrés constante y la inseguridad eran una carga diaria: “Aquí por fin están a salvo: podrán ir al colegio y vivir tranquilamente sin preocuparse por las bombas o por los talibanes. Allí vivían con depresión, porque no hay ningún futuro para ellas en Afganistán”, relata Mahdia.

También respira aliviada Sandrine, una camerunesa, rescatada en el mar por el barco Open Arms que llegó a España dejando atrás una situación de violencia y migración forzada. Su hijo Dijibril, entonces de 12 años, había cruzado el Mediterráneo antes que ella y permaneció solo en Malta durante varios meses. Las leyes españolas y la coordinación entre organizaciones y autoridades, lograron unirles de nuevo.

Las historias de integración también muestran el impacto positivo de la reagrupación en el largo plazo. Por ejemplo, Chaimae Hainan, originaria de Marruecos, llegó a nuestro país siendo niña gracias a la reagrupación familiar. Hoy, con 27 años, es abogada y asesora jurídica en temas de migración. Se dedica precisamente a ayudar a otras personas que atraviesan procesos similares de regularización y reunión familiar, consciente de lo diferente que hoy sería su vida si ella no hubiera podido reunirse con sus padres, trabajadores legales en España.

Vivencias que muestran que, lejos de ser procesos unidimensionales, los procedimientos de reagrupación familiar pueden actuar como verdaderas palancas de transformación social, integración y estabilidad emocional y económica para las personas y sus comunidades.

¿Qué cambia realmente en Lorca? Entre la acción política y la vida cotidiana

La iniciativa del Ayuntamiento de Lorca —presentada como una medida de “rigor”— tiene repercusiones que van más allá de un ajuste burocrático. El endurecimiento en la emisión de informes sociales y de vivienda, con un brutal aumento de los desfavorables, puede traducirse en familias separadas durante años, menores que no pueden acceder a la escolarización o la atención sanitaria, o trayectorias vitales truncadas por la imposición de requisitos interpretativos más estrictos.

Los críticos argumentan que, si bien es legítimo asegurar el cumplimiento de la ley, no es jurídico ni ético convertir procedimientos técnicos en barreras ideológicas. “Lo que antes se abordaba desde un enfoque de integración ahora parece dominado por un afán de exclusión dirigido por mero interés político y electoral”, afirma Chumillas, quien recuerda que, en una sociedad democrática, “las políticas migratorias deben equilibrar el respeto a la legalidad con el respeto a los derechos humanos y la protección de la vida familiar”.

Por eso, el anuncio de Lorca, enmarcado en un discurso de “cumplimiento estricto”, abre un debate más amplio sobre qué se entiende por derechos, justicia, equidad y convivencia en tiempos de polarización política.

Para muchos juristas y organizaciones humanitarias, la respuesta no pasa por cerrar puertas administrativas, sino por hacer que los mecanismos existentes funcionen más rápido, con más claridad y con mayor enfoque en las personas, no en las cifras. Porque si la política migratoria sólo se cuenta en expedientes y denegaciones, se estará olvidando que, en cada caso, hay una historia de vida esperando a ser, por fin, reunida con los suyos.

En Lorca, los salones de juegos triplican la media nacional. Mientras que en la mayoría de localidades españolas suele haber un local de este tipo por cada 13.000 habitantes, en este municipio, el tercero más poblado de la Región de Murcia, hay uno por cada 4.000. En algunos barrios, los locales de apuestas se han convertido en el primer negocio que los jóvenes ven al salir del instituto, mientras que para acceder a un centro polideportivo o una biblioteca deben caminar kilómetros.

La ubicación de estos locales junto a centros educativos hace años que encendió todas las alarmas. Especialmente en una región donde más de 7.000 menores ya apuestan diariamente, según un informe del Departamento de Sociología de la Universidad de Murcia (UMU). Es la heroína del siglo XXI. Una industria que mueve 373 millones de euros anuales en este territorio, con base en los datos aportados por el Consejo Empresarial del Juego (CeJuego).

Para muchos padres y educadores la cercanía de salones de apuestas y juegos de azar tan cerca de donde se forman los jóvenes normaliza una actividad que puede ser especialmente dañina para personas jóvenes y vulnerables.

Especialistas en salud mental y adicciones también han advertido en numerosas ocasiones del riesgo que supone la exposición temprana al juego para los jóvenes. Numerosos estudios apuntan a que el juego puede convertirse en un grave problema para una proporción significativa de personas jóvenes con edades clave comprendidas entre los 14 (que es la de iniciación) y los 25 años.

Las adicciones al juego no solo implican pérdidas económicas, sino que están asociadas a trastornos de ansiedad, deterioro de relaciones personales y trastornos emocionales profundos, especialmente cuando el juego se vincula a entornos familiares con mayor vulnerabilidad socioeconómica.

El psicólogo clínico especializado en trastornos de conducta y patología dual en adolescentes, Jordi Royo i Isach, explica los primeros signos de ludopatía en los jóvenes: “Suele haber un cambio de comportamiento, que incluye la irritabilidad o ansiedad cuando no pueden jugar. También mienten sobre el tiempo y el dinero invertido en apostar, y pierden el interés por otras actividades, de modo que el juego se convierte en su principal fuente de ocupación, dejando de lado los estudios y otras aficiones y aislándose de su entorno”.

Para este especialista, los casos más graves pasan por llevar a cabo conductas arriesgadas, incluidos delitos, para conseguir dinero para jugar. Hay un dato aún más alarmante: el 20% de los jugadores patológicos intentarán suicidarse durante su vida, como recuerda la reconocida psicóloga especializada en Psicología Clínica y Conductas Adictivas, Sara Meca.

Focos de conflictos e inseguridad

Para muchos vecinos de Lorca, estos establecimientos no solo representan una amenaza social, sino también un foco de inseguridad, ruido y desorden en barrios que, por otra parte, siguen pendientes de inversiones en espacios deportivos, culturales o de ocio juvenil.

Carmen L. vive frente al Instituto de Educación Secundaria (IES) José Ibáñez Martín. Justo enfrente de la puerta de acceso a este centro educativo hay un salón de juegos. “Se ha vuelto insoportable vivir aquí. Hay peleas constantes, gritos de madrugada, o consumo de alcohol y drogas en las inmediaciones de nuestros portales, donde también hacen sus necesidades los usuarios de este local”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia. “He perdido la cuenta de las veces que ha venido ya la policía para disolver reyertas”, relata otra vecina. “Queremos poder vivir tranquilos. Este tipo de locales deberían estar donde no generen problemas”, añade un comerciante de la zona.

Los residentes afectados y también la comunidad docente de este instituto y de otro próximo, el IES Francisco Ros Giner, llevan meses recogiendo firmas entre familias y alumnado. De momento, no hay respuesta a sus reivindicaciones.

El intento de regulación y la respuesta judicial

Parte de la proliferación de salones de juego en Lorca se explica por una ausencia de legislación autonómica ambiciosa. A día de hoy, la normativa de la Región de Murcia no contempla distancias mínimas obligatorias que impidan que estos locales se ubiquen cerca de colegios o institutos. Esto deja a los municipios como Lorca con pocos instrumentos regulatorios efectivos, obligándolos a recurrir al planeamiento urbanístico —como el Plan General Municipal de Ordenación (PGMO)— para intentar limitar la expansión del juego.

Así, en el año 2020, desde el Grupo Municipal de IU-Verdes, en la oposición en el Ayuntamiento de Lorca, se empezó a trabajar en una propuesta de modificación del PGMO que suscitara el consenso de todas las fuerzas políticas con representación en el pleno municipal que debía aprobarla. Y se consiguió.

En enero de 2023, todos los partidos acordaron esta reforma del PGMO para establecer distancias claras: 1.000 metros entre salones de juego y 500 metros respecto a centros educativos, sanitarios, deportivos o culturales. El objetivo era proteger a la ciudadanía y, especialmente, a los más jóvenes, de la ludopatía. Con la adopción de las nuevas distancias, en la práctica, en Lorca ya no podrían abrirse más locales de juego.

Sin embargo, la medida chocó con la justicia. Hace unos días, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJRM) anuló esta reforma urbanística.

La sentencia estimó el recurso presentado por varias empresas del sector del juego argumentando que la medida municipal no contaba con justificación técnica ni legal suficiente para imponer distancias más restrictivas que las fijadas por la normativa de la comunidad autónoma, que es la que tiene la competencia principal en materia de juegos y apuestas.

Según el TSJRM, el Ayuntamiento había excedido los límites al endurecer las condiciones sin un respaldo sólido que explicara por qué eran necesarias esas distancias más amplias. En resumidas cuentas, mientras la Asamblea de Región de Murcia siga sin aprobar distancias mínimas obligatorias, los municipios seguirán con las manos atadas para abordar este problema de salud pública.

En septiembre de 2018, el presidente Fernando López Miras (PP) anunció un decreto para establecer una distancia mínima entre centros educativos y salones de juego. Ocho años después, esa iniciativa está “completamente paralizada”, como denuncia José Luis Álvarez-Castellanos, diputado regional de Izquierda Unida-Verdes, quien acusa al mandatario murciano de “plegarse a los intereses de la patronal del juego”.

Álvarez-Castellanos explica las claves: “En la Región de Murcia, cuando los propietarios de los salones de juegos renuevan las licencias, la administración vuelve a tener en cuenta las condiciones iniciales existentes en el momento de su concesión, y no las nuevas derivadas de cambios normativos, que es lo que exige el artículo 7.2 de la Ley regional del Juego y las Apuestas”, que establece que las condiciones para la renovación de las licencias son las vigentes en el momento de su solicitud. Si se aprobaran distancias mínimas a centros educativos —como sucede en la mayoría de las autonomías españolas—, muchas casas de apuestas “tendrían los días contados”. Por eso, “el Gobierno regional decidió paralizar el asunto y dejarlo morir en un cajón”, denuncia el parlamentario de IU-Verdes.

Regulaciones autonómicas frente a la “barra libre” en Murcia

El debate abierto en Lorca no es una excepción en España. En los últimos años, varias comunidades autónomas y algunos grandes municipios han endurecido su normativa para alejar los salones de juego y casas de apuestas de los centros educativos, sanitarios y espacios frecuentados por menores, precisamente para frenar la ludopatía juvenil.

El caso más citado es el de la Comunidad Valenciana, pionera en este tipo de regulación. Desde 2020, su ley autonómica exige una distancia mínima de 850 metros entre los locales de juego y centros educativos, sanitarios o deportivos, además de imponer separación entre los propios salones. La medida supuso, en la práctica, un freno casi total a nuevas aperturas en zonas urbanas consolidadas, tal y como se pretendía en Lorca.

Otras regiones han seguido ese camino, aunque con distancias más moderadas. En Castilla y León, una reforma legal aprobada en 2023 amplió de 100 a 150 metros la distancia mínima respecto a colegios e institutos, y fijó hasta 300 metros entre establecimientos de juego, con el objetivo de evitar la concentración en barrios concretos. Andalucía también establece actualmente una distancia de 150 metros para nuevos locales, mientras que Canarias dio un paso más en 2024 al elevar esa separación hasta los 300 metros.

En grandes áreas urbanas, el debate ha sido aún más intenso. Barcelona, por ejemplo, aprobó un plan especial que fijaba 800 metros de distancia respecto a centros educativos y otros equipamientos sensibles. Aunque parte de esa regulación fue posteriormente anulada por los tribunales, el caso ilustra hasta qué punto algunos ayuntamientos han intentado utilizar el urbanismo como herramienta de salud pública ante la falta de respuestas más contundentes desde otros niveles administrativos.

A las puertas de una batalla jurídica y política en Lorca

La anulación del plan ha provocado reacciones políticas y sociales en Lorca. El PSOE local, a través de su portavoz Isabel Casalduero, ha reclamado públicamente que se recurra la sentencia y se agoten todas las vías judiciales para defender la normativa aprobada en 2023.

Casalduero sostiene que permitir que los salones de apuestas puedan instalarse frente a institutos, centros de salud o zonas sensibles es “incomprensible” y que la polémica no debe quedarse en un debate técnico: “La ludopatía destroza vidas, familias y proyectos vitales cada día. Lo mínimo que podemos hacer es alejar estos focos de adicción de los más vulnerables”, ha declarado.

Vecinos, familias y asociaciones también reclaman una legislación autonómica que fije distancias, límites y controles efectivos, así como programas educativos en escuelas e institutos, campañas de prevención y el impulso de alternativas de ocio saludable para los jóvenes.

Mientras tanto, la ciudad se prepara para una batalla jurídica y política que definirá si la protección de la ciudadanía ocupará un lugar prioritario frente a los intereses de los operadores del juego o si, por el contrario, la normativa actual seguirá alentando su expansión sin freno, permitiendo que estos locales sigan abriendo más puertas en el corazón de los barrios y cerca de los centros que deberían proteger el futuro de la juventud.