Las paredes de pino encadenan temblores de los sucesivos impactos de cohetes Grad rusos. La consecución de estallidos secos se sienten en el pecho además de en los oídos. Se nota también en los pies, cuando el suelo retumba después del estallido y mueve la camilla sobre la que gime un soldado ucraniano con el estómago abierto por el impacto de artillería, pero no interrumpe la cirugía ni altera el pulso de los sanitarios que rodean al paciente. Mientras todo retumba, unos mantienen los ojos en la incisión, otros corren a por más material o barren la tierra desprendida por las botas de los pacientes recién llegados del frente.

Al caer la noche, el eco de las detonaciones se transforma en sonido ambiente, pero todo sigue. Saben que, pese a estar a escasos kilómetros del frente, en una zona objetivo constante de artillería rusa, están seguros.

Nos encontramos en un hospital militar subterráneo fortificado, localizado a una decena de kilómetros de un punto del frente que el Ejército pide no detallar. Se trata del primero de una red de centros fortificados bajo tierra donde son atendidos los soldados directamente salidos del campo de batalla, financiados por el empresario más rico de Ucrania, Rinat Ajmétov. La estructura, construida a prueba de bombas, protege varios quirófanos con capacidad para realizar hasta cinco cirugías simultáneas y trata de ser invisible desde el aire, para esquivar la permanente mirada de los drones rusos que rastrean la zona.

El lugar es imperceptible a la vista, en el exterior solo puede observarse una cuesta de unos 40 metros por donde descienden las ambulancias a toda velocidad. Para acceder, como si de un garaje se tratase, los vehículos recorren la pendiente y atraviesan una cortina de plástico que actúa de barrera ante cualquier intento de penetración de los pequeños drones invasores. “Las paredes tiemblan, pero seguimos operando. Hay constantes ataques, muchas veces muy cerca, pero nos sentimos seguros”, describe Oleksandre Golovashenko, doctor al mando del hospital, mientras señala uno de los quirófanos de aspecto futurista, introducidos en una suerte de cilindros metálicos a prueba de bombas: “Aquí encima cayó un misil tipo Grad, nos llenamos de polvo, pero solo se rompieron las puertas”, dice con cierto orgullo.

El hospital es uno de los llamados “puntos de estabilización” y evacuación repartidos por las inmediaciones de la línea de combate entre Ucrania y Rusia donde son trasladados militares heridos desde el campo de combate. Lo más peligroso no es estar dentro, sino llegar; atravesar las carreteras y áreas colindantes bajo el enjambre de aeronaves no tripuladas con las que Rusia vigila los movimientos de las fuerzas ucranianas.

“Tranquilo. Ahora estás seguro. Ya no estás en el frente, estás en un punto de estabilización”, le dice uno de los cirujanos a Mykola (nombre ficticio del herido), con sus manos aun inspeccionando parte de sus tripas antes de entrar a quirófano. El militar, herido en un ataque de misiles rusos durante una misión ucraniana de drones de combate, llegó alrededor de las 21.00 horas, pero los médicos llevaban horas esperándole.

El doctor Golovashenko ya hablaba de él con preocupación nueve horas antes de poder atenderle, pues habían recibido la alerta en torno al mediodía: “Nos han avisado de un caso urgente. Un soldado con heridas en el estómago, pierna y glúteo. Parecía grave, pero no hemos sabido nada más. Llegará en cualquier momento”, decía entonces a elDiario.es el médico, un pediatra reconvertido en médico militar tras el inicio de la invasión rusa.

Cómo sacar a los soldados heridos del frente

Evacuar a un soldado del frente, o incluso en sus alrededores, no es sencillo, especialmente durante el día. Además de los centros médicos de “estabilización” próximos a la línea de batalla, los soldados sanitarios también se distribuyen por distintos puntos de evacuación, donde aguardan recibir las alertas de militares ucranianos heridos en combate para tratar de responder en función del caso.

No siempre pueden ir a por ellos, depende del lugar donde se encuentren, el nivel de trabajo, de la situación de seguridad y, en este momento especialmente, de la cantidad de drones rusos que planeen sobre sus cabezas. Es habitual que sean los propios militares heridos, acompañados o no por otros compañeros, quienes tengan que alcanzar el punto de evacuación más próximo, por sus propios medios o con la ayuda de drones terrestres.

Ni ese herido ni otros llegaron al hospital durante las horas diurnas de la guardia y el personal solo podía esperar. Cuando no hay pacientes, la estancia, con sus paredes construidas a base de roble, adornadas con guirnaldas de luces no retiradas de la última Navidad, se vuelve acogedora. Si no se observa el material médico, el espacio luce como una confortable cabaña de madera, hasta que el rugido de la artillería recuerda de nuevo el lugar donde nos encontramos.

Varios enfermeros y médicos charlan en la sala de descanso, sobre las camillas militares desplegadas, mientras de fondo la televisión emite la telenovela de la tarde. El cocinero prepara unas costillas en salsa, que hará repetir a sus compañeros en un ambiente de extraña calma intercalado con la atención constante a cada posible aviso. En sus móviles, miran de tanto en tanto los sistemas con los que vigilan el tipo de armamento que sobrevuela en cada momento la zona.

“¿Qué habrá podido pasar con aquel herido?”, le preguntaba Golovashenko al traumatólogo con el que cenaba momentos antes de la esperada llegada. La calma tensa del hospital chocaba con la situación que en esos momentos vivía el soldado herido, según relata Doc, alias del militar a cargo de su evacuación, a elDiario.es. Los médicos que lo acabarían atendiendo aún no lo sabían, pero Mykola llevaba horas en un búnker a unos tres kilómetros del frente a la espera de la evacuación.

Fue allí donde sufrió el golpe de un ataque de artillería que impactó directamente en la posición donde pilotaba un dron FPV (pequeños drones controlados mediante unas gafas especiales que reciben vídeo en tiempo real desde una cámara frontal) en una misión de ataque en zona ocupada. Estaba bajo tierra, pero los proyectiles lanzados por los destructores MLRS rusos y su onda expansiva alcanzaron a herir al piloto, cuyo estómago resultó especialmente dañado. Sus compañeros le aplicaron los primeros auxilios, insuficientes para sus lesiones abdominales.

'Doc' estaba en el punto de evacuación más próximo, pero en un primer momento no podía llegar al lugar donde se encontraba. “Yo estaba atendiendo otra evacuación anterior, en la que había un muerto y dos heridos”, explica el militar, agotado, tras una dura jornada. “Su búnker fue golpeado por artillería directamente. Eran tres compañeros en esa posición y había otra posición al lado, y fueron a ayudarle, pero necesitaba una serie de medicamentos”, añade. Durante ese momento del día, la vigilancia constante de las aeronaves no tripuladas rusas complicaba cualquier acercamiento para llevar a cabo la evacuación suponía un gran riesgo.

Se optó, cuenta Doc, por enviar un dron terrestre, una especie de robot con ruedas, con capacidad para transportar material o heridos a lugares más peligrosos a plena luz del día, cuando cualquier movimiento ucraniano puede ser detectado por los pilotos rusos. Pretendían entregar el material sanitario más urgente y, cuando fuese posible, utilizar el mismo dron terrestre para evacuar al militar. Tampoco fue posible.

El primer dron que enviaron, cuenta Doc, fue disparado por un avión no tripulado ruso, lo que les obligó a esperar a la caída del sol. Tras el atardecer, un segundo dron terrestre logró evacuarle hasta el lugar donde Doc se encontraba. “Mi trabajo es evacuar heridos o muertos. Me siento en un sótano y espero el mensaje o la orden para evacuación. Durante el día había muchos drones y tuve que esperar a que el sol bajase. Cuando estaba oscuro, mandaron el siguiente dron, y esa misión fue exitosa”, explica el militar.

“Cuando me avisaron, fui a buscarlo a las coordenadas indicadas para traerlo aquí”, detalla bajo la oscuridad del pasillo subterráneo que divide el hospital, por donde las ambulancias entran y aparcan durante unos minutos antes de regresar a su posición más próxima del frente.

“Está estable, pero la artillería hirió la piel y las capas internas. Pensábamos que no había afectado a los órganos, pero hemos visto algo que nos hace tener que comprobarlo. Han limpiado la herida y ahora han abierto para comprobarlo”, sostiene el doctor jefe, mientras regresa el repetido trueno de los proyectiles múltiples cercanos. El quirófano donde ha sido trasladado el herido cuenta con novedosa tecnología y está preparado para tratar de urgencia cualquier especialidad, excepto las neurológicas. Una vez estabilizado, el personal decide enviar al soldado atendido al siguiente punto en la cadena sanitaria un hospital regular donde el paciente será ingresado.

Finalizada la operación, pasada la una de la madrugada, la mayoría del equipo médico se hace con alguna de las camillas militares para descansar el tiempo que permita la siguiente alerta. Mientras otros compañeros observan toda la noche las cámaras de seguridad que rodean su posición y los distintos mapas que dibujan los límites de las zonas ucranianas y las ocupadas, sobre los que pueden observarse los distintos tipos de drones o proyectiles que sobrevuelan la zona. Se apagan las luces, llegan los ronquidos, y ninguna alerta obliga a despertar a quienes duermen.

Pasadas las ocho de la mañana, vuelve la actividad. Un vehículo militar entra veloz al aparcamiento del hospital subterráneo. El sonido del embrague avisa al personal médico de la aparente llegada de nuevos heridos. De la furgoneta blindada salen varios hombres magullados, alguno con el rostro y las manos ensangrentadas. Caminan con dificultad, baldados y entre quejidos de dolor, pero por su propio pie. Acaban de ser atacados por varios drones FPV.

“Un puto dron golpeó directamente mi coche. No sé de dónde ha salido, no lo vio el detector, debió de aparecer por detrás”, decía el conductor de uno de los vehículos dañados, aún sin entender bien lo ocurrido. Se toca la cabeza y mira su teléfono, mientras otros compañeros están siendo atendidos en las camillas. “Me he golpeado la cabeza en el coche, pero nada más. Tengo que descansar un poco y tengo que irme por la tarde”, añade con nerviosismo el joven, que pide pastillas para paliar el dolor. “No sé qué ha pasado. No había nada delante de nosotros, nada a los lados, algo tuvo que venir por detrás”, repite con incredulidad.

El vehículo blindado que conducía fue sorprendido por el dron ruso cuando habían acudido al rescate de otros compañeros militares que acababan de ser atacados por otra aeronave no tripulada. No eran sanitarios ni militares de evacuación, pero solo estaban ellos. “Llegaron a las unidades adyacentes por su cuenta y su comandante nos llamó directamente. Al ser estar más cerca, salí inmediatamente para no retrasarnos Cuando llegué, en qué estado me los encontré… Estaban en estado de shock, no me han reconocido hasta que han llegado aquí”, reflexiona el comandante.

“Se quedaron impactados porque la herida era grave. Tenían las manos ensangrentadas, la cara llena de heridas de metralla”, describe el militar. Los diminutos restos de metralla marcan la mitad izquierda de su rostro. “Yo también estaba muy estresado, porque cuando íbamos en el coche a por ellos, también volamos. Otro dron nos dio, pero como nuestro vehículo está blindado era más robusto, no hubo bajas, solo algunos tienen conmoción por los golpes en el coche tras el impacto”.

Tras el ataque, continuaron para recoger a los otros heridos. “Íbamos conduciendo hacia allá, yo solo miraba al cielo, con mi fusil en la mano, para estar preparado en caso de ver otro dron”, recuerda el comandante.

Una ambulancia espera a los soldados heridos que, una vez atendidos de urgencia, requieren ser trasladados a otro centro hospitalario para una asistencia más especializada. “Es la segunda vez que resulto herido, también por dron, pero hoy ha sido peor. Dicen que los ucranianos nos acostumbramos a la guerra, ¿cómo vamos a acostumbrarnos a esto?”, se pregunta otro militar, con un vendaje que oculta su ojo dañado durante la explosión.

Durante el trayecto, en el que está presente elDiario.es, este último militar herido intercala reflexiones profundas con constantes bromas que destensan la rápida carrera de la ambulancia, mientras el detector de drones avisa de la presencia de aviones no tripulados enemigos sobre nuestras cabezas. El conductor pisa el acelerador y tranquiliza a sus pasajeros: “Parece que no está muy cerca”, dice a quienes han sido atacados horas antes por un dron indetectable, de fibra óptica, que cayó de forma repentina sobre su vehículo. “De esta nos libramos”.

La proporción de coches civiles frente a los militares se desploma una vez atravesada la frontera invisible que da paso a la región del Donbás. A los habituales blindados, se suman vehículos preparados para la nueva guerra electrónica: picks-ups con inhibidores de señal para evitar la aproximación de drones regulares o todoterrenos encerrados en jaulas para tratar de reducir riesgos ante cualquier ataque de aparatos aéreos no tripulados de fibra óptica, que resisten el bloqueo de las señales.

En el centro de Oleksandrivca, uno de los pueblos de la retaguardia del Donetsk, apenas se encuentran ciudadanos no uniformados, pero están. A medida que aumenta el número de militares asentados en su localidad, muchos civiles reconocen sentir cierto miedo. No es la llegada de soldados en sí misma lo que les asusta, aclaran, sino el posible significado de su presencia: “El frente cada vez se siente más cerca”.

Una sucesión de decenas de retratos de soldados fallecidos en combate, con la bandera ucraniana a sus espaldas, informan de que nos encontramos en una de las localidades cuyos orígenes como retaguardia del Donbás se remotan más allá de la invasión rusa iniciada por Vladimir Putin en 2022. Oleksandrivka se encuentra a unos 50 kilómetros de Kramatorsk y Sloviansk, los dos grandes bastiones ucranianos que Rusia ansía pero no ha podido conquistar en cuatro años de guerra en la región de Donetsk (Donbás) pero ambas ciudades cada vez están siendo más azotadas por permanente presencia de los drones tipo 'FPV' (Vista en Primera Persona) que aterrorizan a la población local y a los militares presentes en la zona.

Se trata de importantes centros logísticos, y ambas localidades forman la mitad norte del ‘cinturón de fortalezas’ que Ucrania comenzó a construir tras el conflicto que estalló en 2014 y ha reforzado desde entonces, sin embargo, los drones han disparado el peligro en ambas localidades, por lo que han dejado de ser un lugar de descanso para las fuerzas ucranianos. Oleksandrivka, junto a Dobropillya, Bilozerske y Novodonetske, forma parte de una línea defensiva más occidental, que se extiende de norte a sur y que por el momento mantiene mayores condiciones de seguridad.

Pero la población local lleva meses observando el incremento de los bombardeos en la zona. Todas las semanas, cuentan sus vecinos, el intenso zumbido de los drones Shahed sobrevuela sus cabezas. Las calles casi vacías, las ventanas de varias viviendas precintadas y protegidas con tablas de madera, un coche amarillo destartalado abandonado en medio de una de las calles cubiertas de barrio por el inicio del deshielo ucraniano describen noches de intensos ataques. La “retaguardia más segura” del Donbás ha dejado de serlo. Iván lo comprobó el pasado mes de julio cuando, al teléfono con su mujer, decidió levantarse del sofá y tomar una cerveza. Se levantó y se dirigió a la cocina, localizada en la esquina derecha de su vivienda.

Se recuerda con una lata de Obolon en la mano cuando un fuerte estruendo zarandeó su alrededor. Después todo eran escombros y los gritos de preocupación de su esposa al otro lado del teléfono. Le dijo que estaba bien y corrió a socorrer a su padre, que se encontraba en el baño de la vivienda, del que ahora solo se reconoce una bañera cubierta de cascotes. Sobre ella salta un gato callejero y, a su alrededor, varios patos campan a sus anchas. Ya no hay rastro del sofá en el que debía haber estado de no haberse levantado minutos antes a la cocina. El hombre, de 30 años, ironiza con lo sucedido: “Ahora le digo a mis amigos: 'La cerveza salva vidas”, bromea entre las ruinas.

Un hoyo excavado frente a la estructura de la vivienda marca el impacto del primer dron, ese tras el que Iván corrió a socorrer a su padre, caído y ensangrentado entre los escombros. Minutos después el sonido continuado y bronco característico de los shahed volvió a rodearles. “Acompañé a mi padre al sótano, fui a por unos documentos y, cuando ya estaba bajando al refugio, impactó el segundo dron”, recuerda el treinteañero, mientras señala un segundo boquete en la zona trasera de la casa.

Ahora vive junto a su mujer sus dos hijos mellizos de cinco años en la casa prestada por una vecina. Iván se resiste a abandonar su pueblo, pero reconoce que quedarse cada vez es más complicado. Su mujer, Tatiana, admite cambiar de idea cada día. “Los días tranquilos, estoy muy bien, y no me quiero ir. Pero cuando los drones vuelven, recuerdo todo lo que nos ha pasado, y pienso en irme cuanto antes”, cuenta.

“A veces tengo miedo. Antes, cuando volaban esos drones, pensaba: 'Vale, no pasa nada, están pasando por aquí y ya está”, reflexiona la mujer frente a su casa destruida por el imacto de una de esas máquinas a las que trató de restar importancia durante meses. “Ahora, cada una de las madrugadas que empiezan a sonar, entramos en pánico. Cogemos a nuestros hijos y bajamos al sótano”, añade Tatiana, parada en medio de la que fue su calle hasta que dejó de serlo. “Lloro muchas veces porque hemos trabajado tanto, hemos dedicado tanto esfuerzo para consruir todo paso a paso... ”, lamenta, con las ruinas de su hogar a sus espaldas.

En otra de las calles enbarradas de Oleksandrivska, una mujer camina a toda prisa con una bolsa entre sus manos. “Desde hace cuatro meses hay más militares aquí. Puede ser que la línea de frente se acerca”, dice Marian mientras se dirige a una de las viviendas donde asiste a personas mayores que viven solas. Cada vez tiene menos casas que visitar. Muchas de las mujeres a las que atendía se han ido, pero otras no tienen a donde ir“, lamenta la mujer.

Donetsk sigue siendo la zona más conflictiva del campo de batalla, ahora dominado por los drones. Pero, en su guerra de desgaste, el avance ruso es lento y costoso –se calcula que, en 2025, se apoderó de menos del 1% del territorio de Ucrania–. No lograron tomar la mayor parte de la ciudad de Pokrovsk hasta el pasado diciembre, 21 meses después de iniciar su asalto. Se trataba de un importante centro logístico, pero los ataques rusos negaron a las fuerzas ucranianas, condición que perdió cuando las tropas de Moscú intensificaron su impulso para capturar la ciudad en el invierno de 2025. Aunque el progreso es metro a metro, la presión es constante. En la parte central de la región industrializada, las fuerzas de Putin continuaron adentrándose hacia el centro logístico de Kostiantynivka y hacia Lyman desde el norte y el este. Los soldados de Zelenski también perdieron la asediada localidad de Siversk. Según el Ejército, Rusia pudo avanzar gracias a una importante ventaja numérica y a la constante presión de pequeños grupos de asalto. Moscú presenta sus conquistas territoriales como una “liberación”. Gran parte del frente es una zona gris, así que muchas veces los analistas discrepan sobre cómo evaluar el control territorial.

Tetyna Logvinenko, de 59 años, se pregunta cuánto va a durar esto. “Nadie lo sabe, pero ya se alarga demasiado”, explica la señora, cansada de las noches frías en el sótona. “Muchas noches completas dormimos bajo el sonido de los drones, aunque descansar es casi imposible”, explica la señora, agotada de este paréntesis vital que siente interminable. Vive junto a su marido en la región más caliente de Ucrania, en su retaguardia, pero siempre se negado a abandonar el hogar mimado durante décadas. Ahora, reconoce, empieza a plantearselo. “El frente se siente cada vez más cerca. Cada vez que cae un pueblo más, cada vez que los rusos dan un paso más, las noches son más insoportables”, reconoce la señora. “¿Pero qué vamos a hacer? A dónde vamos a ir. Esta es nuestra casa, no quiero vivir en la calle o de la ayuda de otros. ¿A dónde vamos a ir?”, se pregunta. Su marido, Oleksiy Logvinenko 64 años, suele mirar los escasos avances del frente de forma recurrente. “Si se acercan los rusos, no vamos a estar aquí. Yo quiero vivir en Ucrania”, concluye.

El Donbás es el territorio estratégico y densamente fortificado que el Kremlin quiere. El 20% de Donetsk que aún está en manos ucranianas y que aún no ha podido arrebatarle por la vía militar a Kiev. El mismo cuya defensa con uñas y dientes ha costado la vida de miles de soldados. Los analistas creen que una cesión de las partes de la región controladas por Ucrania, y de sus posiciones defensivas, colocaría a las fuerzas rusas en zonas desde las que podrían atacar con más ventajas otras regiones –en el caso de entregar Oleksandrivka, se acercarían a Dnipropetrovsk–. 

Nadie en Oleksandrivska, de los ciudadanos y militares preguntados por elDiario.es, dice confiar en las negociaciones de paz. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, EEUU ha intentado impulsar un proceso de negociación con rondas de conversaciones que hasta ahora siguen encalladas en cuestiones espinosas. La principal es el control territorial. Rusia no ha dado muestras públicas de ceder en sus exigencias y pretende, entre otras cosas, controlar todo el Donbás –las regiones de Donetsk y Lugansk–. Esto es algo que Ucrania no se muestra dispuesta a aceptar. En cambio, ha ofrecido repetidamente congelar la línea del frente como base de las conversaciones sobre el territorio. “Estamos dispuestos a hablar de paz en este momento, sobre la base de quedarnos donde estamos. Este es un gran compromiso”, reiteró Zelenski hace unos días. Las autoridades ucranianas también se han abierto a explorar soluciones como la creación de una zona desmilitarizada.

El minero Sergey Kovalenko conduce por otra de las vías afectadas por un bombardeo ruso reciente. Trabaja en una mina cerca del frente, por eso cuenta con la exención que le libra de la obligación de prestar sevicio en base a la Ley Marcial de la se esconden otros hombres en edad militar. Sus ventanas están destrozadas por los ataques que hace “dos semanas” destrozaron la casa de sus vecinos. Él trabajaba a las 13 horas cuando su mujer le llamó en pánico para avisarle del último ataque de drones rusos. “Menos mal que estaba bien”, reflexiona el joven de 26 años. Él procede de una de las localidades de Donetsk que ya ha sido ocupada por las tropas rusas y, durante las sangrientas batallas previas, decidió trasladarse a Oleksandrivska. Ahora vuelve a plantea mudarse de nuevo.

“El frente se acerca y, si sigue así, no tendremos otra opción”, sostiene. Kovalenko no quiere vivir bajo control ruso y por eso ha pasado los últimos años de su vida desplazándose a medida que las batallas se aproximaban. Está cansado, dice, y quiere paz cueste lo que cueste. Él ya siente haber perdido su ciudad natal, el hogar en el que creció, por lo que aprobaría la cesión de la totalidad del Donbás, si es a cambio de una paz con garantías. “Siempre hay que ceder y no podemos alargar más esta guerra. Hay que pararla”, apunta el veinteañero, que cada día arriesga su vida en su camino al trabajo. “Las minas son también objetivo de guerra, y la nuestra está muy cerca del frente, pero de momento no hemos sufrido muchos ataques”, sostiene.

Su opinión contrasta con la de la mayoría de los vecinos de Oleksandrivska y de la totalidad de Ucrania. Según la última encuesta del Instituto Internacional de Sociología de Kiev (KIIS), de enero, el 52% de los ucranianos rechaza la propuesta de transferir estas regiones orientales a Moscú a cambio de garantías, y otro 31% está dispuesto a aceptarla como un compromiso difícil. Muchos señalan su casa para argumentar su respuesta.

“Algunos ucranianos no se muestran solidarios con los vecinos del Donbás y prefieren ceder la región para conseguir la paz. Les diría que, si ceden Donetsk, me tendrán que comprar una casa donde vivir. A mí y al resto de habitantes”, responde resignado Oleg, un hombre de unos 60 años que prefiere mantener su anonimato. Señala su coche y aclara la razón de sus desperfectos: “No es por un ataque, es por un accidente con soldados borrachos”, zanja el hombre, mientras el humo del carbón rodea toda su vivienda. “En general no hay problemas, la convivencia entre los civiles y los militares es buena, pero algunos se emborrachan y molestan”, añade el hombre, quien prestó servicio militar en 2014 y, ahora, retirado se preocupa por las noticias que su hijo militar le cuenta desde Kramatorsk. “Allí los drones atacan todo el rato”, comenta mientras muestra varias fotos un edifico destrozado en una zona de la ciudad que hasta ahora se consideraba más tranquila. “Allí ya no hay ningún lugar seguro. Los drones FPV siempre están vigilando”.

La ciudad de Járkov queda atrás, los edificios desaparecen del paisaje para dar paso a los campos ucranianos cubiertos de hielo y solo las hileras de árboles parecen interrumpir el blanco que todo lo cubre durante el invierno ucraniano. Entre las enredaderas de ramas secas, se intuyen montañas de nieve, proliferan los socavones en la tierra, se divisan las trincheras y los check points ucranianos interrumpen el paso. Cuando las redes antidrones envuelven la carretera, los coches aceleran. 

Las mallas sobre nuestras cabezas confirman que nos acercamos a nuestro destino: la posición desde donde una unidad de las tropas ucranianas, la unidad de las fuerzas especiales Taifun, va a iniciar una nueva misión mediante el lanzamiento de un dron de reconocimiento para inspeccionar la zona ocupada por Rusia en el norte de la región de Járkov y localizar sus posiciones militares. Este tipo de misiones, realizadas por distintas unidades y en diferentes puntos próximos al frente, se repiten cada día para recopilar información con la finalidad de organizar próximos objetivos de ataque. Los grupos especializados en drones de reconocimiento se coordinan con los equipos de ataque. Unos observan y recogen coordenadas, los otros están preparados para disparar en caso de recibir la orden. “Nosotros no matamos porque creemos en Dios”, dice irónicamente uno de los mandos.

A medida que el frente se acerca, el riesgo de drones aumenta. A 15 kilómetros de la zona de batalla, los vehículos aéreos no tripulados rusos tipo FPV (Vista en Primera Persona, observan con detalle cada movimiento y cuentan con una gran precisión de ataque) pueden alcanzar esa distancia, por lo que los vehículos que circulan por las carreteras de su alrededor aumentan la velocidad para reducir riesgos. Nos adentramos en las extensiones de campo que divisábamos por la ventana en el camino. Todo blanco, pocos árboles donde intentar despistar a los drones rusos en caso de aparición. Nos escolta 'Barba', el comandante al mando que, como su pseudónimo militar describe, posee una barba frondosa alrededor de su sonrisa socarrona. Sus ventanillas están bajadas y sobre sus piernas reposa una ametralladora preparada para utilizar ante el mínimo zumbido, ese sonido característico de los pequeños drones de ataque FPV, ese sonido que aterroriza a quien lo escucha; ese sonido que, dice, en ocasiones retumba en su cabeza.

El zumbido de los drones se ha convertido en uno de los sonidos más persistentes de la guerra en Ucrania. Desde pequeños aparatos comerciales adaptados hasta sofisticados sistemas militares, con su proliferación se amplía la distancia física entre quien observa y quien es observado. La contienda que antes se definía por la artillería y las formaciones mecanizadas ha evolucionado hacia una centrada en las capacidades de ataque de precisión, la guerra electrónica y los drones, métodos que Rusia también ha adoptado, según explican los analistas. En el terreno, en el frente y sus alrededores, todo ha cambiado. Mientras antes las operaciones de reconocimiento eran protagonizadas por soldados de infantería, ahora la mayoría se realiza desde el interior de cuartuchos subterráneos más alejados del frente. El riesgo puede parecer menor, si no fuese porque la peligrosidad se ha expandido mucho más allá de la habitual línea de batalla.

“Antes luchábamos hombres contra hombres, ahora ya no”, dice el comandante al mando. Si antes solía cumplir con sus turnos en líneas de frente repletas de tanques y participaba en misiones de asalto, ahora pasa sus meses en esta pequeña trinchera. “Antes había una línea clara donde estaba el peligro, hacíamos la operación y luego podíamos descansar tranquilamente en los alrededores, sin miedo de ser objetivo. Ahora, con los drones, sé que me puede impactar en cualquier lugar, en la carretera, saliendo de la base, hasta en 30 kilómetros de distancia. Antes a esa distancia podías tener mala suerte en un ataque de artillería, pero ahora pueden observarnos y atacar posiciones alejadas”, resume horas después Aleman, otro de los soldados de la unidad. Es la llamada “kill zone”.

El lanzamiento

Ya en las posiciones, los túneles escarbados bajo tierra y nieve aportan el lugar seguro al que lanzarse en caso de peligro. Los militares de Tifoun caminan rápido para lanzar su segundo dron de reconocimiento de la jornada. El vehículo aéreo no tripulado espera colocado en dirección hacia el frente de guerra, mientras dos soldados realizan los últimos preparativos, agarrando el aparato con una suerte de cordones elásticos.

Uno de ellos lo abraza por detrás y, guiado por su compañero a sus espaldas, da rápidos pasos hacia atrás, hasta alcanzar la máxima tensión de las cuerdas que lo sujetan y, como si de una especie de tirachinas humano se tratase, suelta las gomas y el dron sale disparado hasta confundirse con el horizonte. Antes de desaparecer ante nuestros ojos, los militares empiezan a urgir correr hacia las trincheras tras escuchar el zumbido aterrador. “¡Vamos, vamos!”, dicen mientras se lanzan a la carrera a los pasillos subterráneos, abren una compuerta en el suelo y se resguardan en un cuartucho bajo tierra, donde tres militares tienen los ojos pegados a las pantallas desplegadas sobre un escritorio ocupado por varios ordenadores y comandos para dirigir el vehículo aéreo que aún sobrevuela territorio ucraniano.

La vigilancia

“El dron ahora vuela sobre nuestro territorio y queremos llevarlo a la zona ocupada para mostrar esa imagen a otros equipos de artillería y que ellos puedan decidir si hay necesidad de atacar”, dice el comandante Barba, mientras sus compañeros continúan concentrados frente a los ordenadores. Jajj (alias militar de otro de los miembros de la unidad) mantiene la mirada sobre toda la información trasladada por el dron, otro señala el mapa para identificar el lugar exacto de su vuelo. Tienen dos horas para localizar las posiciones que buscan, el tiempo que dura la batería del vehículo no tripulado. “Buscamos cualquier cosa de los enemigos: sus soldados, sus drones, sus posiciones, artillería, o cualquier cosa importante para herir la guerra electrónica”, añade el comandante de la misión.

Los ojos del dron observan desde el cielo las tierras ucranianas del norte de Járkov durante los primeros minutos del vuelo. “No grabéis hasta que no sobrepasemos el frente”, dice uno de los militares, alegando razones de seguridad. Los miembros de Taifun permanecen pegados a cualquier movimiento del vehículo aéreo, pendientes ante la posibilidad de cualquier fallo. Conectados a una videollamada con el control de mando, unas voces dan directrices y describen lo observado.

El dron atraviesa la línea imaginaria y los comentarios de los militares se aceleran, así como las voces de quienes dirigen la operación desde un ordenador. Las imágenes que proceden de los cielos de la tierra invadida por Rusia muestran varios edificios, a los que señalan mientras esperan el feedback de la videollamada. Quien dirige el aparato mueve los mandos para llevarlo a las coordenadas de una de las posiciones que habían empezado a localizar en misiones anteriores. Lo hace bajar, y la máquina desciende hasta que la imagen cartográfica adquiere un sentido más real.

Se ven edificaciones, una zona arbolada, algunos caminos, y el nerviosismo de los miembros de la misión se acelera. Pasa un camión militar, observan un tanque que las tropas rusas han intentado ocultar sin éxito. “Ese tanque lo detectamos ayer”, dicen a través de la videollamada. “¡Mirad, hay un movimiento!”, alerta Mayor, que envía las coordenadas a sus compañeros. “Hay gente. ¿Recibido?”, insisten desde el habitáculo subterráneo. Las pantallas muestran tres siluetas caminando entre los árboles. “Son tres orcos (una de las fórmulas utilizadas por los ucranianos para insultar a los rusos)”, explica otro de los soldados. “Copy”, responden al otro lado.

Pronto vuelven a elevar la voz y acelerar sus palabras. “Hay un tanque, hay un tanque”, advierten para activarse y enviar las coordenadas para que las unidades de ataque puedan tener la información en su próxima misión. “Ya está destruido, relájate. Pero posiblemente puede haber algo de artillería. Solo marca ese lugar y seguimos para adelante”, aclaran al otro lado. El zoom se adentra en una zona arbolada y se divisa un camino. “Vamos a verificar rápido cada lugar y continuamos”, urgen desde la unidad Taifun, conscientes del tiempo de batería con el que cuenta el dron para regresar a la base.

“Antes veíamos a los rusos en la distancia, ahora los vemos, pero a través de la pantalla”, resume Barba mientras mira al cielo a cada pequeño ruido, preparado para disparar en caso de escuchar el zumbido que alerta de la aproximación de un dron enemigo. “La guerra ha cambiado totalmente”.

El Ministerio de Transformación Digital de Ucrania, a través de la iniciativa “Army of Drones”, ha formado a más de 10.000 pilotos de drones. El despliegue, sin embargo, enfrenta un nuevo actor en combate: la guerra electrónica (EW). El campo de batalla ahora es también un torrente de interferencias. Informes del Royal United Services Institute (RUSI) estiman que, en ciertos periodos de alta intensidad, Ucrania ha perdido cerca de 10.000 drones al mes debido a los sistemas rusos de interferencia como el Shipovnik-Aero, que cortan el vínculo entre el piloto y la aeronave, convirtiendo en segundos la costosa tecnología en deshechos de plástico.

En un conflicto que ya ha transformado la forma de combatir en Europa, los drones simbolizan también un dilema ético cada vez más documentado por organismos independientes: la búsqueda de eficiencia militar frente a la protección de la población civil. La propia Misión de Observación de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania advierte que, aunque la tecnología de los drones ha mejorado la precisión operativa, “no ha aumentado la protección de los civiles” y, por el contrario, estos dispositivos se han convertido en una de las principales causas de muerte y heridas entre la población en zonas próximas al frente.

“Tenemos que volver”, anuncia Jajj a sus compañeros antes de ordenar a la máquina su regreso. Cuando en las pantallas localizan su aproximación, el equipo se moviliza y sale al exterior. Es otro momento peligroso. Del mismo modo que este grupo de soldados ucranianos vigilaba cada movimiento de una de las posiciones rusas, los desarrollados equipos de reconocimiento de Rusia pueden estar vigilándoles con el mismo detalle, preparados para atacar. En la superficie, en el horizonte se divisa el aparato lanzado un par de horas antes. Con el walkie en la mano, llega una orden, y el dron se despliega un pequeño paracaídas naranja que lo ayuda a descender. Solo dos soldados toman el riesgo de acercarse a recogerlo. Mientras el resto del equipo está pendiente para actuar con sus armas en caso del regreso del temido zumbido.

La misión finaliza con varias nuevas coordenadas trasladadas a la misión que organizará a sus posiciones en los ataques en los próximos días. En el camino de vuelta, el cielo está despejado y los rayos de sol en contacto con las redes antidrones repletas de escarcha desprenden destellos de una belleza que embelesa, pero también engaña. La pureza del paisaje contrasta con el dolor provocado en cualquier frente de guerra, especialmente este, cuyos límites se desdibujan mientras se multiplica el área donde estas pequeñas máquinas expanden el miedo entre la población civil.

La guerra no solo se mide en kilómetros de frente o cifras de destrucción, también en las vidas que acaban desviadas de su curso para siempre. En Ucrania, desde la invasión rusa, el día a día se ha reconfigurado en torno a sirenas, refugios y decisiones impensables hace apenas unos años. Nos fijamos en aquellas elecciones tomadas en el contexto bélico o aquellas situaciones que podrían parecer temporales, pero que han acabado marcando cientos de miles de vidas para siempre.

Un técnico que instalaba fibra óptica ahora fabrica drones, una estudiante que, tras haber perdido para siempre la adolescencia imaginada, ansía la paz a cualquier precio para intentar recuperar la liviandad no disfrutada; una adolescente que vivió bajo ocupación rusa y ni la recuerda, porque entonces tenía nueve años y el miedo la protegió con olvido. Una mujer que visita una vez por semana la tumba de su marido, porque ya no le importa la vida.

Recopilamos las historias de ocho ucranianos que trazan el mapa personal de un país donde la vida no se detiene, pero tampoco transcurre igual.

La guerra acabó para Victoria

Victoria Goborova retira con cuidado la nieve que tapa el rostro de su marido. Viene a verlo “casi una vez por semana”, dice al pie de su tumba, en el cementerio número 18 de Járkov, donde ondean centenares de banderas azules y amarillas que diferencian las parcelas donde yacen soldados de las que contienen a los civiles. Un día antes del cuarto aniversario de la guerra, siete agujeros en la tierra congelada y siete familias destrozadas esperan entre flores a sus nuevos ocupantes.

Oleg Igoróvich nació en 1997 en un pueblo cercano a Kupianks, en la región de Járkov, una ciudad que ha cambiado de manos cuatro veces desde la invasión rusa de Ucrania. Fue allí donde murió en combate, en abril de 2025,meses antes de que las tropas de Kiev lograran retomar el control de este estratégico enclave, ahora reducido a escombros. “Antes me daban miedo los cementerios, pero ahora que está aquí mi persona más cercana, en cierto modo me da calma, algo de paz”, explica sin intentar contener unas lágrimas que no cambian su voz, como si se hubiera habituado a ellas.

 “Paz, eso es lo que todos queremos”, asegura sobre las negociaciones entre Ucrania y Rusia con mediación de Estados Unidos. Aunque tiene poca fe, incluso poco interés. “Para mí la guerra terminó el día que mataron a mi marido”, reconoce. Solo hacía ocho meses que se habían casado cuando murió. Ahora, Victoria es oficialmente una de las incontables viudas para las que nada será igual en Ucrania aunque cesen las hostilidades. “Ya ha pasado un tiempo, pero sigue siendo difícil. Intentas seguir adelante con tu vida de alguna manera, pero me tengo que esforzar. Lo hago porque sé que él querría que me mantuviera fuerte”, confiesa.

“Ahora cobro la pensión correspondiente y tengo descuentos en servicios comunitarios. No puedo decir que las autoridades no me estén apoyando, aunque durante mucho tiempo intenté saber qué pasó exactamente. El comandante no lo cuenta todo. Solo sé que salió en una misión con una unidad distinta a la habitual, que fue herido por un proyectil y que murió desangrado cuando un dron FPV (vista en primera persona, por sus siglas en inglés) impactó contra el equipo que lo estaba evacuando”, recuerda la mujer. “Siempre me pregunto por qué tuvo que pasar así”, dice. Oleg había sobrevivido a medio año de ocupación rusa, había logrado desplazarse a Járkov con Victoria, pero volvía a menudo para cuidar de sus abuelos, a los que tuvo que evacuar cuando sus casas fueron destruidas. “Al final fue capturado y obligado a hacer el servicio militar en el frente. Su prioridad era tener días de permiso para venir a verme, por eso se ofrecía voluntario para todas las misiones, pero no sirvió ni un año”, concluye.

De instalador Internet a mejorar drones de guerra

Cuando Vlad instalaba el cableado de fibra óptica en las casas de Kiev, para instalar la conexión de Internet de la compañía telefónica en la que trabaja, nunca imaginó que su trabajo sería clave en una guerra. Mucho menos que esa guerra se produciría en su país y que el material con el que trabajaba desde hacía años iba a convertirse en una de las necesidades más urgentes en la línea de frente. Ni que él se ofrecería voluntario para alistarse en un batallón especializado en drones que se nutren de la tecnología de la que él tanto sabe. Pero Vlad aquí está, rodeado de ordenadores, pegado a los chips que dan vida a los drones en un sótano cubierto por redes militares, en una antigua vivienda de ubicación secreta, en la región de Jarkov.

“El enemigo utiliza una guerra electrónica muy fuerte que impiden volar a los drones regulares y, con fibra óptica, puedes atacar al enemigo fácilmente, sin problemas de conexión”, explica Vlad, técnico de fibra óptica en una compañía telefónica que en 2024 decidió incorporarse al batallón Taifoun, unidad de fuerzas especiales de Ucrania dedicados exclusivamente a sistemas de vehículos aéreos no tripulados. “Un amigo me dijo que este equipo necesitaba un experto en fibra óptica y decidí unirme”, explica.

Su trabajo, dice, no es muy diferente al realizado en la instalación de conexión a Internet en viviendas de Kiev. Lo que cambia es todo lo demás que gira a su alrededor. “Hago cosas parecidas a novel técnico y me gusta. Pero lo que más me afecta es que no puedo ver a mi familia tanto como me gustaría”, lamenta el militar.

María y la adolescencia robada

María atiende las peticiones de los clientes tras la barra de una conocida cafetería de Kiev. La joven, de 18 años, tenía solo 14 cuando la guerra empezó. Para ella la invasión rusa le ha arrebatado la adolescencia que empezaba a acariciar cuando, hace cuatro años, Rusia comenzó su operación especial sobre Ucrania. Los bombardeos, la incertidumbre y los rígidos toques de queda le pilló en una mala edad. Los últimos años de estudios los cursó en remoto: “Creo que afectó mucho mentalmente. Me volví más retraída, más callada, más encerrada en mí misma. No me comunicaba mucho con la gente durante esos primeros tiempos en los que apenas se podía salir”, explica la chica, estudiante de Comercio en la Universidad.

“Creo que me han robado algunos años felices, esos años en los que nada importa y solo quieres divertirte”, reflexiona la joven, que estudia por las mañanas on line y trabaja por las tardes.

Sobre las negociaciones de paz, la joven ansía el acuerdo que les devuelva las noches de sueño tranquilas, sin abruptos despertares ante las alertas ni peregrinajes a los refugios de madrugada. “Estoy cansada de pasar tanto tiempo en esos sótanos tan fríos”, dice María, que vive en una residencia para estudiantes en orilla izquierda del río Dnipro, una de las zonas más afectadas por los cortes de luz.

Olga, la profesora que quería volver al colegio

En la ciudad de Jarkov, los bombardeos rusos provocaron daños en los ventanales del colegio 'Liceo 17' donde Olga Nepluyeba impartía clases de español y alemán durante 35 años. Desde 2022, la dirección de la escuela decidió regresar a las clases online como vía para asegurar el avance académico de sus alumnos en condiciones de seguridad. “Funcionaba bien, pero ya eran muchos años sin vernos, sin tocarnos, sin que los niños se pudiesen comunicar con sus compañeros”, reflexiona Nepluyeba.

A las ganas del regreso a la presencialidad se sumaban las dificultades para conectarse debido a los frecuentes apagones o la necesidad de sus alumnos de desconectarse durante las clases para bajar a un refugio en caso de alarma antiaérea. En septiembre del año pasado, la escuela abrió esta nueva versión de sí misma. Ahora, las clases se han trasladado un sótano construido específicamente para levantar una escuela desde cero. Nepluyeba recorre sus pasillos con energía y orgullo. Ha seguido de cerca la evolución educativa de sus alumnos durante los años en los que muchos huyeron de Ucrania al inicio del conflicto. “Dábamos clases y estábamos todos repartidos, no era fácil. Y, los que se quedaban, no podían asistir muchas veces por los fallos de electricidad o las alarmas antiaéreas... Teníamos ganas de volver”, dice la maestra.

Ahora, la profesora ha vuelto a ver a sus alumnos en persona, abrazarlos y a enseñarles sin una pantalla como intermediario. “Lo necesitábamos”, dice la mujer en la sala de estudios excavada bajo tierra.

Harta de ser refugiada, Nina se alistó en el Ejército

Nina tenía 26 años cuando Rusia comenzó a atacar su país por tierra mar y aire el 24 de febrero de 2022. Los ataques la despertaron en la ciudad de Dnipro, donde vivía con su familia. Días después, la joven salió del país junto a su madre y sus hermanas, como lo hicieron cientos de miles de ucranianas en los primeros meses de la contienda. Se instalaron en Noruega, desde donde Nina solía trabajar en remoto como diseñadora digital. Su empleo on line le permitió viajar por distintos lugares.

Su Instagram muestra imágenes de paisajes paradisiacos durante los primeros años de la guerra hasta que el año pasado tomó la decisión de volver. “Sentía que no era mi lugar, necesitaba volver a mi país y hacer lo que pueda para ayudar”, explica la treintañera en una exposición de un conocido centro cultural de Járkov. Nina regresó a Ucrania y se alistó voluntariamente en el ejército como sanitaria militar. Tras meses de formaciones, ahora está destinada en uno de los centros médicos de “estabilización”, uno de los espacios bajo tierra donde los combatientes heridos son enviados para la primera atención sanitaria de urgencia cerca del frente, antes de ser derivados a un hospital oficial.

“Estoy viendo situaciones muy duras, cosas que nunca imaginé que iba a ver antes de la guerra, pero me había preparado mucho para ello”, añade la mujer. “Mi vida ha cambiado completamente”, añade. Sobre las negociaciones de paz, es tajante: “No creo que sirvan de nada. Estoy convencida de que esta guerra se acabará cuando uno de los dos la gane”, sostiene la militar, quien rechaza la posibilidad de que

Los niños que dejaron de serlo en la guerra

Acaba de salir de la escuela y Stanislav se ha introducido en un tren parado en un barrio de la orilla izquierda de la ciudad de Kiev. No va a viajar, solo acude a calentarse. Es uno de los lugares habilitados de emergencia en la región para paliar la crisis energética. El adolescente, de 14 años, solo tiene horas limitadas de luz al día y carece de calefacción. El frío de menos 14 grados que congelaba Kiev la semana pasada le empujó a hacer una parada junto a un amigo para templar sus cuerpos de camino a casa.

La invasión rusa empezó cuando solo tenía 10 años. Cuando se le pregunta cómo le ha afectado la guerra, dice que apenas percibe el impacto de la contienda en su vida pero está en un tren parado en medio de la nieve para calentar sus manos. Sus palabras evidencian que, más que no afectarle, percibe sus consecuencias como parte de su vida porque apenas conoce otra cosa. Ha crecido entre cortes de luz, sirenas antiaéreas y bombardeos en una ciudad que no es de las más azotadas por el conflicto. “Como he crecido cuando ya había aguerra, a mí no me afecta mucho. Veo que lo pasan peor mis padres, porque tienen más problemas de dinero, temen que mi padre sea llamado al frente y les veo sufrir mucho cada día”, explica el menor. “Quizá he tenido que crecer de repente”, añade el chaval, que en vez de hablar de sí mismo se preocupa por las consecuencias en la vida de sus familiares y de “los otros niños en las regiones más cercanas al frente”.

Masha tenía nueve años cuando las tropas rusas ocuparon su ciudad. Dice no recordar el mes que pasó encerrada en casa durante el inicio de la guerra. “Era una niña”, dice de lo ocurrido hace cuatro años. “Quizá es el shock”, añade sin darle mucha importancia. Un tiempo después, se trasladó con su familia a Kiev en busca de un lugar más tranquilo bajo control ucraniano. Tras la liberación de su ciudad, Balaklia, regresó a casa. Desde entonces se ha adaptado a la vida en guerra, pero está cansada de los constantes bombardeos de drones Sahed rusos que azotan su localidad y la despiertan por las noches.

Quiere que llegue la paz, dice, para estudiar de manera tradicional, sentados con el resto de su clase en un aula en la que poder encontrarse cada día con sus compañeros. De momento, sigue siguiendo on line las asignaturas, aunque por las tardes acude a una escuela subterránea creada por sus profesores tras la destrucción de su anterior colegio con el impacto de dos drones rusos el pasado mes de marzo. También desea el final de la guerra para sentir “más libertad”. “Me gustaría tener más libertad para ir a mis amigos, salir con ellos, hacer cosas, vivir experiencias... pero mis padres están muy preocupados por la guerra y tengo muchas restricciones”, lamenta la chica, de 15 años.

No se atreve a planear que querría ser de mayor. “Prefiero pensar a corto plazo, por ejemplo, en aprobar mis próximos exámenes”, dice entre risas.

Los pupitres donde estudiaron Zhenya y Masha ahora se amontonan unos sobre otros. Algunas de las aulas que les vieron crecer solo guardan escombros y el recuerdo de lo que fueron: unas pizarras en el suelo, una cajonera destartalada cargada de carpetas de deberes que nunca fueron corregidos; el perchero con los maletines de colores que varios niños decidieron dejar colgados la tarde del 8 de marzo de 2025 para recogerlos un día que nunca llegó. Esa medianoche, dos drones rusos impactaron en el edificio del principal liceo de Balaklia (región de Jarkov). 

Casi un año después, los maletines continúan colgados entre los escombros. Aunque han empezado las obras para su reparación, la escuela aún no ha vuelto a ser escuela. El frío y algunos de copos de nieve atraviesan las ventanas fracturadas tras el ataque ruso. Los cascotes obstaculizan los pasillos y las estanterías que cargaban decenas de libros ahora lucen vacías. La vida escolar, las clases, los juegos infantiles o las conversaciones adolescentes que antes llenaban las distintas plantas del edificio ahora no están aquí, sino bajo tierra. 

A unos 100 metros de distancia del colegio destruido hace casi un año, un cartel amarillo y azul señala la existencia de un refugio. Basta abrir su puerta metálica, descender sus resbaladizas escaleras y volver a empujar un segundo portón para chocarse con toda la actividad que en la superficie escasea. Por sus pasillos corren varios adolescentes minutos antes de una actuación teatral, en una jornada especial para celebrar la antigua tradición eslava que celebra el final del invierno y la llegada de la primavera. Decenas de menores aplauden los bailes de sus compañeros y, durante horas, se olvidan del rugido de los ataques rusos que ya acostumbran a escuchar durante las noches en Balaklia, localidad localizada a unos 70 kilómetros del frente de Kupiansk (Jarkov), que durante los primeros meses de la guerra fue ocupada por las tropas rusas y vivió encarnizadas batallas hasta su liberación.

Las cicatrices del colegio en desuso también hablan de aquella etapa. Andriy Vasilyovich, profesor de educación física en este centro durante los últimos 25 años, camina con precaución sobre los escombros de las zonas más dañadas. “Los rusos usaron uno de los edificios como almacén militar. Cuando la ciudad fue liberada, nos encontramos tantas cajas de armas que llegaban hasta el techo”, dice el hombre mientras abre una caja verde oscura, rectangular y alargada donde los soldados rusos acumulaban armamento durante la ocupación.

“Cuando la ocupación terminó, lo primero que sentí fue una gran felicidad por volver a casa. He trabajado 35 años en este colegio y lo es todo para mí. Pero, después, la felicidad dejó paso a la preocupación de arreglar y limpiar todos los destrozos de los primeros meses de la invasión”, explica el profesor. “Cuando el colegio ya funcionaba de nuevo para apoyar a los estudiantes, llegaron los drones y volvieron a destrozalo todo. Siento dolor cuando somos atacados todo el tiempo, pero otra vez tendremos que atravesar todo esto. Somos fuertes y lo haremos”.

Ante la destrucción del colegio, la dirección del colegio y sus profesores han trasladado las principales asignaturas y clases extraescolares al principal sótano de la ciudad, hasta convertirlo en la escuela de la que carecen. No imparten las clases oficiales, pues estas continúan en la modalidad online, pero el espacio permite mantener un sistema mixto para alimentar el contacto directo entre los menores y sus profesores.

No es una decisión puntual. Otros centros educativos del país de las regiones más azotadas por los bombardeos rusos han optado a esconderse las clases bajo tierra. Si en un primer momento se optó por las clases online, ante los cientos de miles de familias que habían abandonado el país o sus ciudades de origen, ahora algunos centros de la región de Jarkov apuestan por la creación de espacios seguros para que los alumnos puedan rozar un sistema educativo similar al recibido antes de la guerra y la pandemia.

En ese paisaje de alarmas antiaéreas y aulas vacías, Ucrania ha comenzado a excavar su derecho a la educación. Bajo tierra, en ciudades castigadas por los ataques como Járkov y Zaporiyia, se han levantado escuelas subterráneas diseñadas para resistir bombardeos y garantizar cierta continuidad educativa en medio de la guerra. Son espacios protegidos, sin ventanas, con paredes reforzadas y rutas de evacuación, donde los niños aprenden matemáticas mientras, en la superficie, persiste el riesgo de un nuevo ataque ruso.

En la ciudad de Jarkov, el colegio 'Liceo 17' también sufrió distintos daños en sus ventanales durante el inicio del conflicto. Desde 2022, la dirección de la escuela decidió regresar a las clases online como vía para asegurar el avance académico de sus alumnos en condiciones de seguridad. “Funcionaba bien, pero ya eran muchos años sin vernos, sin tocarnos, sin que los niños se pudiesen comunicar con sus compañeros”, reflexiona Olga Nepluyeba, profesora de español y alemán. A las ganas del regreso a la presencialidad se sumaban las dificultades para conectarse debido a los frecuentes apagones o la necesidad de sus alumnos de desconectarse durante las clases para bajar a un refugio en caso de alarma antiaérea. En septiembre del año pasado, la escuela abrió esta nueva versión de sí misma. Ahora, en un sótano construido específicamente para levantar una escuela desde cero.

Olena Dedyaeva, directora de Departamento de Educación de Jarkov, gira con fuerza el volante amarillo que permite desbloquear la puerta blindada que protege a los menores durante sus clases. En su interior, los niños se reparten por cursos y reciben la educación reglada. Vlad está en clase de inglés y levanta la mano para explicar a elDiario.es por qué echaba de menos regresar al colegio, al de verdad, al presencial. “En casa me aburría mucho y no me gustaba. Pero ahora es más divertido”, explica el niño de diez años. “Ahora podemos abrazar a nuestras profesoras”, dice Marta, de nueve años, antes de correr hacia su profesora para abrazarla.

Muchos estudiantes han pasado años alternando entre clases online, refugios y mudanzas forzadas, con conexiones inestables y contextos familiares marcados por el exilio y el duelo. En solo una clase de unas 20 personas, más de la mitad levanta la mano para explicar su paso temporal por otro país: Holanda, Alemania, Turquía, Azerbaiyán, Polonia... Vlad vivió seis meses en Berlín. “Mi padre tenía que quedarse en Ucrania -los hombres tienen prohibido salir del país debido a la Ley Marcial- y le echaba mucho de menos”, dice el menor. Una niña menuda, de mirada tímida, cuenta que su familia continúa viviendo en un lugar que no es el suyo. Procede de Donetsk, una de las regiones más azotadas por la guerra.

Desde 2022, más de 2.800 centros educativos han sido dañados o destruidos y solo una parte de las escuelas ha podido mantener la enseñanza presencial de forma estable, lo que obliga a millones de estudiantes a alternar entre clases online, híbridas o en refugios. UNICEF advierte de que los ataques, los cortes de energía y la falta de refugios adecuados han interrumpido de forma continuada el acceso a la educación, dificultando tanto el aprendizaje presencial como el digital y poniendo en riesgo el futuro académico de toda una generación

La creación de estas aulas bajo tierra responde a una realidad prolongada de ataques contra infraestructuras civiles, incluidas escuelas, que han obligado a miles de centros educativos a cerrar o a funcionar en modalidad on line durante largos periodos. Según autoridades locales, el objetivo no es únicamente garantizar la seguridad física del alumnado, también evitar el abandono escolar en una generación que ha crecido entre sirenas, desplazamientos y pérdidas.

Ya hay varias generaciones de menores ucranianos cuya infancia ha estado atravesada por el conflicto en su país. Marsha tiene 15 años y ha vivido su paso de la niñez a la adolescencia en plena guerra. Admite no recordar con detalle cómo era la vida antes de la invasión rusa, pero sí echa en falta experimentar algunos de los anhelos de cualquier adolescente.

“Me gustaría estudiar adecuadamente, y también me gustaría tener más libertad. Por la guerra, mis padres son más estrictos. Tienen miedo de los ataques y no nos dejan salir con los amigos con normalidad. Tenemos más limitaciones. Nos gustaría ser como cualquier otro adolescente”, explica la menor, junto a su amigo Zenhya, con quien ha protagonizado una de las actuaciones en la escuela subterránea. “Si no hubiese habido guerra tendríamos muchas más opciones para hacer y, como otras personas de nuestra edad, no nos preocuparíamos de las cosas más básicas. Pero nosotros estamos cercas de la línea de frente, por lo que tenemos muchas restricciones. Me encantaría tener más libertad”, concluye el joven de 16 años.

Nombrar el asesinato de su hermana aún se le atraviesa en la garganta, pero es la razón que la empujó a sustituir la toga por el uniforme militar que ahora viste. Es el motivo que la empujó a abandonar el juzgado de Shevchenko (Kiev), tras 25 años en la judicatura, por jornadas de 24 horas en busca de drones que derribar. Las tropas rusas la mataron durante los días de la ocupación de Bucha, símbolo de las atrocidades cometidas durante los primeros días de la invasión de Ucrania. Y la jueza, con 52 años, decidió cambiar la justicia por la venganza.

Sanskia pasó a formar parte activa de “Las Brujas de Bucha”, una unidad de defensa aérea voluntaria compuesta por mujeres ucranianas que protegen los cielos de Kiev de drones rusos, especialmente los tipo Shahed, utilizando ametralladoras antiaéreas. “Me duele recordar cómo mataron a mi hermana. Por eso, tengo una cuenta que no está cerrada. Ahora la quiero cerrar aquí”, dice para explicar su decisión de abandonar la judicatura para asumir más responsabilidad en este grupo

Pasadas las 8 de la mañana, Sanskia y sus compañeras empiezan una guardia más en una de las casas donde el grupo de voluntarias están preparadas para actuar en caso de que un dron sobrevuele su área de responsabilidad en la ciudad ucraniana de Bucha (en la región de Kiev). Hace casi cuatro años, blindados rusos recorrían estas mismas calles durante el primer mes de la invasión de Ucrania, mientras Sanskia pasaba las horas encerrada en casa para evitar cualquier contacto con los soldados ocupantes hasta lograr escapar de la localidad. Ahora rastrea esas mismas carreteras pero con la mirada pegada a la ametralladora antiaérea, en busca drones.

Las mujeres llegan a la base y recogen sus armas para portarlas en caso de alerta. Si reciben un aviso, no tienen mucho tiempo: correrán al vehículo pick-up, donde cargan con una ametralladora con la que ya han derribado drones rusos. El último aparato vencido por el grupo, aseguran, se produjo en otoño del año pasado. A cargo del operativo estaba Sanskia.

La exjueza, de 52 años, desprende la autoridad característica de su oficio. Sus órdenes son obedecidas por sus compañeras con rapidez. Su seguridad parece inquebrantable, hasta que nombra a su hermana. La exjueza refiere no detenerse en el recuerdo solo lo nombra, traga y devuelve a la tripa las imágenes más dolorosas de los días de la ocupación rusa en Bucha.

Tras la liberación de Bucha, cuando aparecieron decenas de cuerpos por las calles, patios y fosas comunes de la localidad ucraniana, decenas de mujeres víctimas de la ocupación se ofrecieron voluntarias para reconstruir su ciudad. Recorrían sus bosques en busca de minas, participaban en formaciones militares y en la búsqueda de posibles soldados rusos infiltrados. Se hicieron llamar las Brujas de Bucha.

Sanskia aún no estaba allí, pero siguió de cerca la evolución del grupo de mujeres del que ansiaba formar parte. Ahora es comandante en una de sus unidades. “Al principio los voluntarios eran sobre todo hombres, pero cuando empezó la movilización ellos se fueron a las Fuerzas Armadas y las mujeres nos quedamos aquí”, explica la exjueza.

Aunque intentó compaginar durante un tiempo las guardias en el tribunal con el trabajo en la unidad, era imposible responder a casos urgentes —especialmente los que solo puede asumir una jueza con amplia experiencia como ella era— mientras estaba de servicio operativo. “No podía estar aquí en la unidad y, al mismo tiempo, ir a ver un caso cuando me llamaban. Era incompatible”, añade la voluntaria. Cuando reunió los años necesarios para jubilarse anticipadamente, decidió hacerlo: “Podría haber seguido trabajando, pero entendí que aquí tengo más oportunidades de proteger nuestros cielos”, añade. “Tan pronto como tuve la oportunidad de renunciar, lo hice y vine aquí”.

Con el paso del tiempo, la labor del grupo se fue adaptando al desarrollo del conflicto. Detalla que al inicio patrullaban la ciudad en busca de soldados rusos rezagados o grupos infiltrados y participaban en tareas de desminado y seguridad para proteger a los civiles. Más tarde, cuando comenzaron a sobrevolar drones, el grupo se especializó en su detección y derribo: “Al principio usábamos ametralladoras antiguas, Maxims soviéticas, y funcionaban. Luego empezaron a volar más alto y tuvimos que aprender y cambiar de armas”.

Nika se unió al grupo hace un año. “Quería hacer algo por nuestro país. Quería saber si era capaz de utilizar un arma, de formarme, de disparar. Ahora sé que puedo hacerlo”, dice la mujer, de 50 años. El voluntariado le permite hacer una guardia y un entrenamiento a la semana. Con la certeza de verse capaz, le gustaría ir más allá y hacer el servicio completo, pero de momento no puede conciliarlo con el cuidado de sus hijos. “No doy el paso por mi hijo de 10 años, que está muy unido a mí y sería muy complicado”, apunta. También compagina sus guardias con su trabajo como médica en el departamento de riesgos laborales de una empresa. “Tengo que trabajar fines de semana para recuperar el tiempo que dedico al servicio voluntario, pero no me importa”, añade.

Tanto Nika como Sanskia huyeron de Bucha tras unos días bajo ocupación rusa. La exjueza abandonó la ciudad antes de que existiera un corredor humanitario efectivo, después de pasar horas esperando autobuses de evacuación que “nunca aparecieron”. Recuerda que cientos de personas aguardaron desde primera hora de la mañana hasta la tarde pero, ante la ausencia de ayuda, se organizaron por su cuenta. “La columna estaba limpia, sin escolta, sin nada. ¿Cómo salimos? Todavía no lo sé”, explica. Describe escenas de confusión generalizada en los grupos de evacuación posteriores, tras la caída de proyectiles en la zona y controles donde los militares rusos revisaban documentos y teléfonos móviles.

Volver a Bucha tras la liberación no fue fácil. La alegría de la retirada de las tropas rusas se unía a la destrucción de la ocupación. “Vimos coches baleados con personas dentro que no habían podido ser enterradas, calles destrozadas, vehículos aplastados y casas dañadas, cuerpos en las calles...”, lamenta Sanskia. Su hermana era una de las personas que se quedaron atrás, que no lograron escapar con vida de Bucha. Casi cuatro años después, ya no pide justicia: “Es mi propia venganza”.

Ese frío que penetra hasta el mejor abrigo. Ese frío que atraviesa capa a capa, se cuela por los pies y se enreda en la garganta. Ese que enrojece la nariz, tensa el cuerpo y lo entumece; que muerde la mano en los escasos minutos en que se libera del guante para responder un mensaje. El frío que duele, enfada y desgana. Ese frío húmedo que cala y llega para quedarse; al que un café caliente parece engañar pero no lo suficiente, porque no abandona el cuerpo, solo se duerme hasta rugir de nuevo con el siguiente contacto con el exterior.

Ese frío; pero sin calefacción, con reiterados apagones y bajo la incertidumbre constante de un nuevo bombardeo ruso que arramble con la electricidad recuperada. Ese es el frío enraizado en Kiev en el invierno más duro desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania, hace casi cuatro años. Las temperaturas habían regresado a niveles algo más habituales en el país -en torno a menos 10 grados- tras la ola de frío extremo -de hasta menos 20 grados- que congeló la capital hace unas semanas, pero la intensa nevada sufrida este lunes en la ciudad y la crisis energética provocada por los ataques de Rusia sobre las infraestructuras eléctricas impiden entrar en calor a miles de ucranianos de la ciudad que continúan sin calefacción, especialmente en dos distritos de la orilla izquierda del río Dniéper.

Alrededor de 1.500 viviendas siguen sin calefacción en los distritos de Dnipro y Darnytsia, según los últimos datos de la Administración Militar de la Ciudad de Kiev. “Siento que el frío no se va a acabar de irse de mi cuerpo”, dice Victoria, mientras trata de calentarse en una de las tiendas de emergencia desplegadas por el Gobierno ucraniano por distintas zonas de la ciudad, puntos con calefacción y electricidad, donde los ciudadanos pueden calentarse, cargar sus teléfonos y tomar un plato de comida caliente para paliar las temperaturas bajo cero.

Un problema surgido en el suministro del servicio de calefacción del edificio de Oksana fue empeorando aún más tras el descenso de la potencia ligado a los ataques rusos a infraestructuras energéticas y el impacto de un dron en el vecindario, explica la ucraniana. Así, la mujer acumula más de un mes sin calefacción, durante los peores momentos del invierno, cuando las temperaturas han llegado a alcanzar los 20 grados bajo cero.

Como muchos ucranianos, este invierno Victoria se ha convertido en experta en remedios caseros para intentar subir la temperatura de su vivienda durante los repetidos apagones. Agarra su móvil y enseña varias imágenes que lo demuestran: de la pequeña cocina de gas rodeada de ladrillos refractarios, que expanden el calor generado por el fuego; hasta la creación de una suerte de botes de conservas de agua caliente, que introducía en la cama para tratar de calentarla por más tiempo. Acercar su gato a su regazo, cuenta, también le ayuda a disminuir el frío anclado en su cuerpo. Retrasar la ducha todo lo posible para evitar el momento de retirarse la ropa y mojar su cuerpo durante los días en que sus ventanas amanecían congeladas no era una elección.

“Aunque calentemos el agua, si la casa está bajo cero, se enfría y se pasa muy mal”, añade la mujer, que aún no ha recuperado la calefacción pero sí ha logrado obtener un generador que nutre de energía a todo su edificio, lo que le permite calentar parte de su vivienda con calefactores eléctricos. “Ahora sigue haciendo frío en casa, pero se puede gestionar mejor”, añade cubierta en un abrigo rojo en el interior de una de las carpas de emergencia ubicadas frente al bloque de viviendas, que ya deja ver algo de luz detrás de varias de sus ventanas.

Agencias de la ONU y las autoridades locales han alertado de que los cortes de energía en Kiev duran entre 8 y 16 horas diarias, dependiendo de la intensidad de los ataques y la temperatura. A finales de 2025 y principios de 2026, hasta el 50% de los consumidores en Kiev llegaron a quedarse sin energía al mismo tiempo, según el Ministerio de Energía de Ucrania.

Colas en puntos de emergencia

En otro barrio de la orilla este de Kiev, una caseta hinchable naranja, otra de las utilizadas para contrarrestar la crisis energética, contrasta sobre el color de la nieve que baña el distrito de Dnipro. En el exterior apenas algunos vecinos caminan con rapidez, cubiertos con su mejor ropa de abrigo, para evitar entretenerse demasiado. En el interior de la tienda, decenas de personas, la mayoría de edades superiores a 60 años, hacen fila para recibir una comida caliente. A la falta de calor en miles de casas, se suman los cortes constantes de electricidad que vive la ciudad, lo que empuja a los kievitas afectados, aquellos que carecen de generadores, a buscar la manera de calentar alimentos o recargar sus baterías portátiles y teléfonos móviles.

Oksana Koslova, de 61 años, es una de las personas que esperaba el momento de recoger un plato de comida caliente. Lo come enfundada en un gorro de lana rojo, sentada en el interior de la carpa que guarda un calor que no logra generar en su casa. Ni siquiera la vivienda donde duerme es su hogar, pues la suya propia quedó dañada tras “un ataque de un dron ruso” en las proximidades de su edificio, cuenta, que rompió los cristales de sus ventanas. Para huir del frío, se mudó temporalmente a la casa de un familiar.

Aunque sus ventanas sí aíslan del frío exterior, la vivienda tampoco obtiene el calor suficiente, desde el ataque ruso que hace menos de un mes impactó en la central térmica que abastecía a buena parte de esta zona de la ciudad. “Llevo tres semanas sin calefacción y sin agua caliente. Pero tengo al menos agua fría y algunas horas de electricidad”, explica mientras introduce en su boca una nueva cucharada del guiso que templa su cuerpo. “Así vivimos”, dice con resignación.

Cuando se mete en la cama, Oksana no se quita el abrigo. Como no es suficiente para entrar en calor, ha ideado una estrategia para templar la casa antes de dormir. “Cuando me acuesto, enciendo el fuego con el gas y caliento así un poco el piso”, reconoce mientras encoge los hombros, a sabiendas del riesgo que implica dormir con el gas encendido. A las 2 de la madrugada suena una alarma que cada noche programa para recordarse que debe apagar el gas. “Así no estoy toda la noche con ello encendido, porque es muy peligroso, pero necesito calentar la casa de alguna manera”, añade.

“Intento apagarlo antes de dormir pero a veces hace tanto frío que no lo apago. Me duermo pero pongo la alarma para despertarme de noche y apagar el gas”, explica Oksana.

Al trajín nocturno para templar la vivienda se suma el temor a los bombardeos rusos. “Por la noche llegan los demonios”, resume la señora, quien asegura que duerme vestida para estar lista para bajar al sótano y protegerse en caso de que suenen las alarmas de la ciudad. “Cuando recibo la notificación de que ya no hay riesgo, bajo al supermercado para estar allí un rato y calentarme. Luego, vengo a la carpa para recoger la comida que traen los voluntarios y cargar mi teléfono”, detalla la mujer sobre su rutina diaria durante este invierno. A las 18 horas, ya de noche, regresa a casa y enciende las velas colocadas estratégicamente por toda su vivienda.

La misión de Observación de las Naciones Unidas en Ucrania ha llamado la atención sobre algunos de los grupos de personas especialmente afectados por la suspensión prolongada de los servicios básicos. Los cortes de electricidad han obligado a las personas con movilidad reducida o nula a permanecer en sus hogares durante los cortes, cuando los ascensores dejan de funcionar, sostienen en un comunicado reciente.

Los ataques rusos contra infraestructura energética dañaron la planta térmica de Darnitsca (TEC 4 de Kiev). La enorme chimenea que antes abastecía de agua caliente a 300.000 residentes, escuelas y hospitales en los distritos de Dnipro y Darnytsia de Kiev, sigue presentando tres semanas después importantes destrozos, mordiscos provocados por los bombardeos masivos con los que Rusia ha provocado una crisis energética que congela a la población ucraniana.

Último ataque masivo

La nieve caía con fuerza en Kiev en las últimas 24 horas, los coches conducían con precaución tras la nueva tormenta y las temperaturas, después de cierto respiro, volvían a descender este lunes en la capital de Ucrania. “Hace más frío, ha nevado, todo nos indica que habrá un nuevo ataque masivo”, avisaba Igor, oficial del Ejército ucraniano en Kiev. Horas después, de madrugada, su pronóstico se cumplía.

Rusia perpetró un nuevo ataque contra Ucrania a pocas horas de que se reiniciaran los contactos para un acuerdo de paz entre ambos bandos en Ginebra, auspiciados por EEUU. Durante la noche, las fuerzas de Moscú lanzaron cerca de 400 drones y 29 misiles de diversos tipos, incluidos balísticos, según ha informado el presidente Volodímir Zelenski, quien ha denunciado que se ha tratado de un “ataque combinado, calculado deliberadamente para causar el mayor daño posible” al sector energético del país.

En total, 12 regiones del país fueron atacadas este martes, según Zelenski, que también indicó que más de diez edificios residenciales e infraestructura ferroviaria han resultado dañados. Varias personas han resultado heridas en diversos puntos del país, de Jersón a Járkov, según los diversos balances de las autoridades regionales. En Sumy, una mujer de 68 años ha fallecido, según la Fiscalía, y otros tres trabajadores de la central térmica de Sloviansk, en la región de Donetsk, también han perdido la vida tras el ataque de un dron ruso contra su vehículo, según el Ministerio de Energía.

La noche siguiente, durante la madrugada de este miércoles, no han sonado las alarmas de la ciudad. Oksana no ha tenido que bajar al sótano a toda prisa, Victoria no ha corrido hacia el pasillo, lo que sí habrán notado al amanecer es más frío que ayer. Las temperaturas han bajado un poco más y lo seguirán haciendo hasta el fin de semana, según los pronósticos. Y ese frío, además de desganar y agarrotar, también activa la tensión de quienes aseguran conocer la estrategia bélica de Rusia en un invierno en el que las condiciones meteorológicas también se han utilizado como arma de guerra.

“Hace menos grados que ayer. Esta noche puede haber un ataque más fuerte”, vuelve a escucharse por Kiev, mientras miles ciudadanos ucranianos de la orilla este salen de casa un día más en busca de una taza de café caliente para engañar al frío.

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Texto: Gabriela Sánchez.

Fotografía: Jairo Vargas.

Medio siglo después de la Marcha Verde marroquí y del precipitado abandono español de su colonia en el Sáhara, el pueblo saharaui sigue atrapado en el desierto argelino o bajo la férrea ocupación marroquí. Salvo fugaces excepciones, el silencio político sobre el conflicto ha ido acompañado de cada vez más respaldo internacional a Marruecos y del olvido de quienes no hace tanto portaban un DNI español expedido en la que era la provincia número 53 del país.

El periodista de Público José Carmona (Madrid, 1992) ha querido actualizar la mirada a ese conflicto en su primer libro, Los despojados. Medio siglo de lucha y exilio del pueblo saharaui (Altamarea), en el que aborda el pasado, el presente y el incierto futuro del último territorio pendiente de descolonizar y de sus gentes. Una crónica llena de arena, silencios y amnesia, pero también de lucha y dignidad, que Carmona desgrana para elDiario.es coincidiendo con la noticia de la muerte de Robe, líder de Extremoduro.

Al inicio del libro toma una cita de Robe Iniesta: “Del tiempo perdido en causas perdidas nunca me he arrepentido”. No sé si la causa saharaui está perdida, pero al menos parece más ahogada que nunca en este último medio siglo. ¿Cómo se enfrenta a la escritura sobre el tema en un momento tan complicado?

Estos versos y, en general, cómo se relaciona Robe con las derrotas encajan muy bien con los saharauis y avanzan al lector lo que va a encontrarse. Quería que el libro encajara para los que ya están interesados en el conflicto, pero también para que los no iniciados puedan indagar y descubrir lo que es el Sáhara, porque ese es el gran problema: casi nadie sabe ni conoce esta historia. La cita de Robe venía bien para abrir la mente y buscar nuevas conexiones.

En cuanto a la debilidad de la causa, esa es de hecho la motivación, aportar cosas nuevas a la causa porque, en España, se ha quedado liderada por activistas y movimientos muy ligados a los años 70 y 80, gente que vivió la Marcha Verde, que hizo allí la mili y que poco a poco va envejeciendo. Mi primer viaje a los campamentos de Tinduf me marcó mucho y, muy entre comillas, he querido dar un poco el relevo a esa generación.

Sin duda, estamos ante el momento de mayor desinterés por el Sáhara, promovido en gran parte por el PSOE. Se ve en la actividad política cotidiana. Hace poco, Pedro Sánchez estuvo en la Cumbre Unión Africana - Unión Europea, donde también estaba Brahim Gali, líder del Frente Polisario, y ni siquiera se encontraron o hablaron. España y el PSOE juegan un papel muy importante en fomentar el olvido del Sáhara, y eso hace muy complicado salir de esta dinámica.

La causa del Sáhara en España ha quedado liderada por activistas y movimientos muy ligados a los años 70 y 80, gente que vivió la Marcha Verde, que hizo allí la mili y que poco a poco va envejeciendo

El libro comienza con su visita a Dajla, una ciudad saharaui bajo ocupación marroquí. Un viaje que duró apenas un día, acabó con 60 policías irrumpiendo en el salón de una casa y su expulsión de la ciudad. ¿Cómo ocurrió?

Fue todo inesperado. Nuestro objetivo no era armar ruido ni mucho menos ser expulsados ni enfrentarnos a lo que pasó. Aprovechando el primer vuelo Madrid-Dajla que empezó a ofrecer Ryanair, CEAS [Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara] propuso a Público que un redactor los acompañara para visibilizar la explotación del turismo como nueva vía para legitimar la ocupación marroquí de los territorios saharauis. Hay decenas de hoteles y muchos más en construcción en esa larga península. Cada vez más turistas franceses y españoles van allí a disfrutar de esa mezcla entre Benidorm y Jordania.

También nos reunimos con activistas saharauis de la ciudad y fue durante una entrevista en casa de uno de ellos cuando llegó la policía y acabamos expulsados a Agadir, una ciudad a mil kilómetros al norte de Dajla. Es un resumen muy fiel de lo que significa ser activista por la independencia del Sáhara bajo ocupación.

Cuentas que uno de los entrevistados recibió una paliza tras su marcha. ¿Ha habido más consecuencias después?

Por suerte seguimos en contacto y sus vidas siguen más o menos igual. Para ellos, que nosotros, activistas y un periodista español, fuéramos a verlos significaba una acción política muy importante. Intentamos ser discretos porque nos estuvieron vigilando desde que aterrizamos en Dajla, pero cuando nos encontramos en la calle con estos chicos ellos empezaron a grabar vídeos y hacer gestos a los coches que nos seguían. Su vida es el activismo y también son las palizas continuas y la represión.

Ser saharaui en los territorios ocupados significa que no tienen acceso normal al trabajo, que están estigmatizados por lo que son, que la policía les pare simplemente porque van en grupo por la calle. Se niegan a renunciar a la independencia del Sáhara y asumen todos los costes, que podrían ser mucho menores si no lo reivindicaran. Cuando lo ves de cerca percibes lo que es: un ejercicio de dignidad impresionante.

Aunque esta expulsión tuvo gran impacto mediático, a nivel político no tuvo consecuencias. ¿Le sorprendió?

Me encuadro en ese tipo de periodistas o de medios de comunicación a los que siempre le va a costar un poco más que le hagan caso las instituciones. Ya sabía que un gobierno socialista siempre va a querer evitar problemas con Marruecos. Pero sí fue muy sorprendente que desde el Gobierno nos dieran versiones contradictorias de por qué no habían hecho nada. Primero dijeron que se enteraron tarde de la expulsión, luego la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, dijo que habían estado en contacto permanente con nosotros, algo que era falso y que luego atribuyó a un malentendido.

La jugada de Marruecos fue que no nos deportaron a España, algo que sí podría haber generado un conflicto diplomático. Nos expulsaron de Dajla, pero nos dejaron en territorio marroquí. Aun así, perdimos nuestros billetes de vuelta desde Dajla porque ya no podíamos volver.

Sorprende la falta de memoria de las nuevas generaciones de saharauis de la que habla, ese tabú familiar de hablar de la guerra y la huida al desierto. ¿No es contradictorio en este caso?

Es algo parecido a lo que pasa en España con la Guerra Civil. Cuando sacas el tema en una jaima cambia el ambiente y se producen momentos especiales. Las chicas de la casa en la que estuve en el último viaje a los campamentos, que ya eran madres de 22 y 23 años, nunca habían oído hablar de la travesía por el desierto de su familia. Su abuelo no quería hablar de la guerra porque se le había muerto un hermano. Hay una especie de tapón que todavía no se les ha quitado, en parte porque siguen en el mismo sitio desde 1976. Ya es casi la cuarta generación de saharauis que nace en un campamento después de la guerra.

Para mí fue muy bonito vivir en primera persona cuando les pedí a estas chicas que me llevaran a hablar con los veteranos del campamento y ellas escucharon cómo fue la huida por el desierto. Se quedaron muy sorprendidas con los relatos de los bombardeos marroquíes a las columnas de refugiados que huían, sabían que fueron expulsados, pero no en qué circunstancias brutales.

Uno de esos relatos son los bombardeos de Um Draiga, auténticos crímenes de guerra de los que apenas se ha hablado en España y, por lo que describe, tampoco en los campamentos saharauis.

Me impactó mucho que Marruecos lanzara fósforo blanco y napalm a la gente que huía por el desierto. Los testimonios de dos ancianas que recogí cuentan que la forma de reconocer a sus familiares eran las pulseras y los relojes, porque el resto se había convertido en cenizas. Es alucinante y uno de los grandes capítulos olvidados de la historia del Sáhara, incluso para los propios saharauis. Para mí es el capítulo más negro de la historia del pueblo saharaui, uno de los más terribles de Marruecos como agente represor, y ha caído en el olvido porque en España no hay ninguna organización o ningún partido político que lo evite, aunque muchas de las víctimas tenían DNI español.

Es uno de los muchos paralelismos entre el conflicto saharaui y el palestino y, sin embargo, España, con gran parte de la responsabilidad en la situación del Sáhara, ha mostrado posturas muy diferentes entre un caso y otro.

Es esto que llaman realpolitik: puedes justificar cualquier crimen porque la política internacional es complicada y punto. No tengo ninguna duda de que si los españoles tuviéramos la misma información sobre el Sáhara que la que tenemos sobre Palestina, estaríamos igual o más volcados con el Sáhara. Si el conflicto apareciese más en los medios, si el PSOE quisiese hablar del Sáhara, habría cambios. El Gobierno español prefiere ceder ante las exigencias de Marruecos, que es a la vez ceder a las posiciones de EEUU.

Con Palestina ha decidido no respetar ese consenso internacional de dejar morir a los palestinos porque en este tema ha encontrado un motor para su propia supervivencia electoral. También es una realidad que Marruecos es la valla que regula el flujo de migrantes hacia España y es fundamental mantener una relación normalizada y sin conflictos.

Tras medio siglo, el Frente Polisario sigue siendo el representante legítimo del pueblo saharaui, pero ¿cómo lo perciben actualmente las nuevas generaciones de saharauis?

Desde la opinión de un hombre blanco europeo, creo que su gran problema es la falta de relevo. Los chavales llaman dinosaurios a los actuales dirigentes, de los que muchos hicieron la guerra no ya contra Marruecos, sino contra España. Creo que a los chicos de 25 o 30 años es eso lo que más les quema; aunque reconozcan el mérito del Frente Polisario, están desencantados.

La lucha armada es una opción para muchos jóvenes, pero es fruto de la desesperación y del fracaso de la diplomacia

Los actuales líderes entienden la no guerra como paz y no quieren ir a un conflicto armado para no exponer a su gente. Pero ningún nieto se conforma con las victorias de sus abuelos, y los jóvenes de los campamentos no ven como paz estar confinados en el desierto, mientras que en los territorios ocupados muchos jóvenes ahorran para pagarse una patera a España. La lucha armada es una opción para muchos, pero es fruto de la desesperación y del fracaso de la diplomacia.

¿Cómo gestionan esa frustración los jóvenes?

Con la migración o con desentenderse del conflicto. Los que pueden, se van a España o a Francia para trabajar y enviar dinero a sus familias o intentan poco a poco llevárselas con ellos. En los campamentos muchos intentan conseguir el pasaporte de apátrida para irse a estudiar fuera, o por las vías de las migraciones forzadas o incluso saliendo de los campamentos sin permiso del Polisario, que es reacio a que la gente se vaya. Pero si no les das alternativa y no hay órganos diplomáticos y políticos en los que debatir, pues la alternativa es la desconexión total con la causa, en mi opinión.

En el libro habla de las cocinas de las jaimas como “pequeños espacios de libertad” para las mujeres. ¿Cómo es la vida de las mujeres saharauis?

En los campamentos saharauis pasó lo mismo que en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, mientras los hombres hacían la guerra, ellas tejían la sociedad, construían los campamentos, organizaban la vida. Tienen tendencia a ser la cabeza de familia porque los hombres están más desconectados del día a día doméstico. Ser saharaui no es fácil, pero ser mujer saharaui es aún más duro. No hay que mirarlo con la condescendencia de un hombre europeo blanco, pero es una realidad que no se han quitado la lapa del machismo, que en un campamento de refugiados todavía se endurece más.

Hay mucha más reticencia a que sean ellas las que se marchen a trabajar a Europa, mientras que está normalizado en el caso de los hombres. Su vida se resume en cuidar, cocinar y limpiar. Es cierto que cada vez hay más mujeres que quieren entrar en política o en el ejército, es difícil, pero poco a poco va permeando el feminismo.

El muro levantado por Marruecos es otro de los capítulos. ¿Qué se siente al verlo?

Lo primero que piensas es por qué nadie me ha hablado de esto. Muy pocas personas en España saben que el mayor muro del mundo está ahí y que no tiene comparación con el de Berlín, el de Trump en México e incluso con el de Adriano. Además, da mucho vértigo pensar en la enorme cantidad de minas que lo preceden, que nunca se han terminado de contar. Aunque el Sáhara se libere, seguirán siendo un problema porque siempre van a estar ahí y se mueven cuando llueve.

He querido poner el foco en esto, porque conocí a gente que había trabajado desminando y ahora les faltan las manos por una explosión. Es espectacular poder ver y contar esto, porque no son agentes del TEDAX con protecciones y robots los que van a desactivarlas, sino gente que estudió química en la antigua Yugoslavia que va con las manos desnudas. Muchas minas las pusieron los soldados españoles para evitar la Marcha Verde, pero desde entonces, uno de los grandes negocios de empresas europeas ha sido venderle minas a Marruecos.

Muy pocas personas en España saben que el mayor muro del mundo está en el Sáhara y que no tiene comparación con el de Berlín, el de Trump en México e incluso con el de Adriano

¿Qué ha lastrado más a la causa saharaui, los movimientos y presiones marroquíes o la amnesia colectiva y el desconocimiento social sobre el tema?

Que apenas haya habido cambios en los últimos 50 años hace que el conflicto pierda interés en los medios y, por tanto, para la ciudadanía. Marruecos ha pasado simplemente de lanzar napalm a conseguir que la misión de la ONU cambie algunas palabras en los acuerdos anuales para legitimar su postura. Juega con la ventaja de que a Pedro Sánchez no le pasa factura electoral ceder ante las posiciones marroquíes en este tema, y si vuelve a gobernar el PP, no me cabe duda de que también asumirá estos postulados.

Si hubiera un chispazo que agitara la cuestión estoy seguro de que pasarían cosas, como hemos visto con el conflicto palestino. Era impensable de la Comisión Europea se plantease embargos para Israel, y, sin embargo, lo hemos visto. Lamentablemente, la sociedad no está en esas con el Sáhara, pero se debe a la inacción premeditada del poder político.

Cuando Bucharaya Bahi piensa en el 6 de noviembre de 1975, se traslada al aula del que era su colegio, La Paz, en El Aaiún (Sáhara Occidental). En su mente aparece la cara de preocupación de su último profesor español, Don Ambrosio, y un transistor que informaba sobre la noticia de la que todos hablaban: la denominada “Marcha Verde”.

De madrugada, 350.000 civiles marroquíes, la mayoría campesinos, comenzaron a caminar desde Marruecos hacia el Sáhara Occidental tras su reclutamiento por orden del rey Hassan II, quien aprovechó la inminente muerte de Franco para hacerse ilegalmente con el territorio colonial, administrado por España. El objetivo era presionar hasta ocupar la que hasta entonces fue la provincia española número 53, con el fin de “recuperar” un territorio que, según defendía el monarca marroquí, le pertenecía antes de su colonización.

Bucharaya, que apenas tenía siete años, no llegaba a descifrar la angustia de los rostros adultos que le rodeaban. Aún desconocía hasta qué punto ese día marcaría su futuro. Tampoco lo sabía Syed, que ni siquiera había nacido. Lo hizo en 1976, pocos meses después la Marcha Verde que cambiaría el devenir de sus vidas.

Recuerdos del 6 de noviembre de 1975

“Nuestros padres y maestros estaban preocupados. Ellos entendían lo que estaba ocurriendo, pero nosotros éramos demasiado pequeños para comprenderlo”, dice Bucharaya Bahi a elDiario.es por mensaje desde El Aaiún, capital de los territorios saharauis, ocupados por Marruecos desde aquel 6 de noviembre de 1975. Medio siglo después, aquel niño de casi siete años roza los 57 y su vida ha estado atravesada, como la de todos los saharauis, por la invasión marroquí del Sáhara Occidental y el posterior abandono de España de su colonia.

“De repente, los tanques empezaron a rodear nuestros barrios, incluso el mío, Colomina Vieja, cerca del aeropuerto”, cuenta Bucharaya Bahi. Las fuerzas armadas militares se desplegaron de manera disuasoria por varios puntos para cerrar la capital por sus flancos, y los testimonios de los residentes de El Aaiún en la época hablan también de movilización repentina de tanques y vehículos blindados españoles dentro de la ciudad.

Dos días antes, el entonces príncipe Juan Carlos había visitado la capital del Sáhara Occidental para mostrar su respaldo a los militares españoles. El Borbón aseguró que España “cumpliría sus compromisos” con el territorio colonial, que esperaba la celebración de un referéndum de autodeterminación. “Deseamos proteger también los legítimos derechos de la población civil saharaui, ya que nuestra posición en el mundo y nuestra historia nos lo exigen”, añadió en un discurso aplaudido por cientos de saharauis.

El pequeño Bucharaya Bahi recuerda el revuelo generado en la ciudad por la visita del príncipe español. “Con los años, hemos comprendido que la visita de Juan Carlos a El Aaiún fue una maniobra para ocultar la realidad de lo que sucedía. Luego vinieron los Acuerdos de Madrid y, finalmente, el Real Decreto 2258/76, que nos arrebató nuestra nacionalidad española”, lamenta.

Efectos para las nuevas generaciones

De la Marcha Verde, Syed sabe lo que ha leído y lo que le contaron sus padres cuando era niño. Pero también ha vivido los efectos de aquel abandono español y de afán expansionista de Marruecos durante todos sus 49 años de vida. Después de aquel día, su familia quedó separada para siempre.

Días después de la marcha, el 14 de noviembre de 1975, el chantaje marroquí dio sus frutos y España firmó los Acuerdos Tripartitos de Madrid, con los cedió ilegalmente el Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania. Tras su rúbrica, Marruecos ocupó el territorio militarmente y, tiempo después, estalló un conflicto con el Frente Polisario, aún pendiente de resolución definitiva. La ONU nunca ha reconocido dicho pacto y aún considera al Sáhara un territorio pendiente de descolonizar, bajo la potencia administrativa española.

Syed prefiere ocultar su nombre real, aunque ya lleve 24 años viviendo en España, la mitad de su vida. Los 25 años anteriores los pasó en los territorios saharauis ocupados ilegalmente por Marruecos, sobre todo en Dajla, la antigua Villa Cisneros española, y en El Aaiún. También se refugió unos años, los primeros tras la Marcha Verde, en la ciudad de Sidi Ifni, que fue entregada definitivamente por España a Marruecos en 1969. Su vida es fiel al espíritu nómada del pueblo saharaui, aunque en su caso, ha sido un continuo exilio forzado por la ocupación primero y la represión después.

La familia de Syed no tuvo otra que dividirse: unos acabaron en Dajla y El Aaiún, bajo la férrea ocupación marroquí, y otros en los campamentos de Tindouf, donde unos 170.000 saharauis siguen resistiendo medio siglo después la dureza del desierto y la apatridia. “Para nosotros no fue una marcha verde, sino una marcha negra. No fue una marcha civil pacífica. La realidad, las masacres con napalm y fósforo blanco que sufrieron los saharauis desplazados al desierto, está tapada y escondida”, afirma Syed.

En 1976, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), y comenzó la guerra con Marruecos y Mauritania. Posteriormente, el Gobierno mauritano decidió abandonar sus pretensiones en la zona, pero el Reino marroquí continuó hasta 1991, cuando se firmó el alto el fuego. La ONU creó entonces la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental (Minurso) con el objetivo de preparar una consulta prevista para 1992 y mantener la paz. El referéndum no llegó a producirse.

Bahi también enumera los muchos cambios sufridos desde entonces, presenciados en primera persona. Su ciudad pasó de estar administrada por España a pasar a control marroquí: “De niño estudiaba en un colegio español, vivíamos en una sociedad conservadora, con respeto a nuestra religión y costumbres. Los maestros y comerciantes solían pasar los fines de semana en Canarias. En casi todas las casas se hablaba español. Convivíamos unos con otros”, describe el saharaui.

“Hoy, todo eso ha cambiado. Nuestra sociedad, nuestra educación y nuestra forma de vida se transformaron por completo. Lo que antes era cotidiano, ahora casi ha desaparecido”. Tras la ocupación, el saharaui nunca pudo recuperar su nacionalidad española, pese a que su padre, como toda la población del territorio colonial, contaba con DNI español.

El último golpe

Syed, desde España, denuncia la represión sufrida por los saharauis en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Su activismo por la causa desde el interior de los territorios ocupados lo puso en busca y captura cuando no tenía ni 30 años. Su condición de saharaui le ocasionó el despido del pesquero ruso en el que trabajaba en Dajla.

“No podía ser funcionario, no podía ser policía, no podía ser pescador en las flotas que expolian el pescado de mi tierra ni en las minas de fosfatos. Qué otra cosa podía hacer. Me fui en patera y llegué a Fuerteventura. Porque para nosotros no hay visados”, resume. Pero “incluso estando aquí, en España, sientes miedo de hablar sobre el conflicto saharaui. Hace años salí en un periódico y no paré de recibir amenazas. Y también me da miedo que mis palabras tengan consecuencias para mis familiares que siguen en el Sáhara ocupado”, explica por teléfono desde Zaragoza, donde vive con su mujer y sus dos hijos.

“Sobre todo ahora, con la última noticia que ha salido”, puntualiza. Se refiere a la renovación del mandato de Naciones Unidas para la resolución del conflicto del Sáhara. La ONU nunca ha reconocido a Marruecos como potencia administradora del Sáhara Occidental pero la última resolución del Consejo de Seguridad, votada el pasado viernes, dio un último mazazo a la causa saharaui. Por primera vez, a propuesta de Donald Trump, el escrito insta a las partes a entablar negociaciones “tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos con miras a alcanzar una solución política definitiva mutuamente aceptable que prevea la libre autodeterminación del pueblo del Sáhara Occidental”.

Pese a que el borrador inicial presentado por EEUU eliminaba mención alguna al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, “derecho inalienable según la Asamblea General de las Naciones Unidas, el documento aprobado la semana pasada por el Consejo de Seguridad acabó incluyendo de nuevo esa salvaguarda, pero por primera vez ha asentado como opción más viable la autonomía saharaui bajo soberanía marroquí. El abogado y observador internacional de derechos humanos Sidi Talebbuia, saharaui y español, considera que pese a suponer un ”espaldarazo al régimen de Marruecos y su presencia en el territorio“ el documento final pudo haber sido ”aún peor“, pues finalmente ha mantenido la mención al derecho a la autodeterminación.

“Viene a constatar el posicionamiento que ha tomado Francia y España en los últimos años, que apoya la ocupacion del territorio. Pero también en el año 91 se dio un plazo de 6 meses para celebrar un referéndum que nunca ha sucedido”, añade el jurista.

El rey alauí, Mohamed VI, ha declarado fiesta nacional el 31 de octubre, cuando se aprobó esta resolución, lo que da una idea del espaldarazo que el monarca ha sentido. “Hay mucho miedo a hablar, ahora más todavía. Si aparece mi nombre criticando al Estado marroquí estoy seguro de que van a por mi familia. Ya se sabe lo que hay, detenciones, palizas, torturas o directamente desapariciones. Cuántos activistas saharauis están en paradero desconocido…”, lamenta.

“La única vía es la lucha armada”

Para Syed, el giro de la ONU a favor de la postura marroquí es solo “el último episodio” de un declive de la causa que “empieza con el alto el fuego de 1991”, apunta. Un “error de los líderes políticos saharauis” que, en su opinión, ahora está pagando su pueblo a ambos lados del muro marroquí. “Ahora estamos dominados, totalmente, sobre todo en los territorios ocupados, pero también en los campamentos. La juventud quiere que se vuelva a la lucha armada, pero la situación ahora es de mucha más debilidad en lo militar”, apostilla.

“Muchos lo tenemos claro. Lo que diga la ONU nos da igual. Aunque hubiera un referéndum, Marruecos nunca se va a ir del Sáhara por voluntad propia. Ahora hablan de una autonomía, pero ya sabemos lo que significa eso: nada. Lo que llega con violencia solo se saca con violencia. Por eso tengo claro que la única vía para liberar mi tierra es la lucha armada, como la de los años 80”, asegura. “Puede que haya inferioridad militar, pero los soldados saharauis combaten por su país, mientras que los soldados marroquíes son solo chavales que cobran 400 euros al mes”, confía Syed. “Estamos en la última etapa de la causa saharaui, si resurge la lucha armada eso puede cambiar”, añade.

En la misma línea se expresa Bahi. “Los saharauis seguimos cada año las resoluciones del Consejo de Seguridad, pero esta vez fue diferente: el contexto en Gaza, en Marruecos y las manifestaciones recientes generaban preocupación. El primer borrador causó miedo, porque muchos temían un cambio total a favor de Marruecos”, sostiene desde la capital del Sáhara. “Al final, la resolución salió casi equilibrada, aunque contradictoria. Marruecos intentó presentarla como una victoria total, con festejos y manipulación mediática, pero la realidad muestra que no todo salió según sus planes”, apunta.

Separación de familias

Cuando los ataques marroquíes contra la población saharaui refugiada empezaron a arreciar, la madre de Sayed estaba embarazada de él, “por eso no huyó al desierto”, apunta. “Mi padre, que fue durante 26 años sargento de la Policía Territorial en la Villa Cisneros española, reunió a sus hijos más pequeños y buscó refugio en Sidi Ifni”, explica. “El resto de mis hermanos, primos y tíos huyeron al desierto y nunca han podido regresar a su tierra ni a visitar a su familia”, lamenta.

“Yo he tocado techo en cuanto a la realidad de esta separación”, confiesa. Syed conoció a una de sus hermanas “por pura casualidad” después de 30 años sin siquiera haberse visto las caras. Ambos acudieron el mismo día y a la misma hora a la misma oficina de Córdoba para pedir la nacionalidad española. Cuando escuchó el nombre y sus mismos apellidos, le preguntó si tenía un hermano en Dajla al que no había conocido. Ella respondió que sí y él le dijo: “Pues aquí está, soy yo”. “Fue un momento de mucha emoción, de muchas lágrimas. Ella no me abrazaba, me mordía. No se esperaba una sorpresa así”.

A diferencia de su hermana, él sí ha logrado volver a su tierra, aunque lo que vio y vivió no fue agradable. “Me costó 5.000 euros en sobornos a un juez marroquí para que borrara mi expediente y dejara de estar buscado en Marruecos”, explica. En 2010 acudió al llamado “campamento de la dignidad” de Gdeim Izik, a unos 10 kilómetros de El Aaiún. Fue la mayor protesta saharaui desde el alto el fuego acordado entre Marruecos y el Frente Polisario en el 91. Decenas de miles de activistas acamparon durante más de un mes hasta que las fuerzas de seguridad marroquíes asaltaron el campamento y detuvieron a más de 200 personas. Algunas siguen en prisión, cumpliendo condenas de hasta 20 años de cárcel o cadena perpetua.

“Esa es la respuesta a las protestas. Si preguntas, muchos saharauis que siguen bajo la ocupación te dirán que solo quieren vivir en paz, que no quieren problemas. Ese el resultado de todo este tiempo, del miedo y de la desprotección que viven, porque nadie se preocupa del pueblo saharaui. Ni España ni la ONU ni ningún gobierno del mundo”, lamenta. “Así, quién va a salir a protestar en el Sáhara ocupado después de esta resolución. Nadie. Saben que si lo hacen estarán condenados de por vida. Si la gente está tranquila es porque teme por su vida, por su libertad y por la de su familia”, asevera.

Sin embargo, en 50 años, Marruecos ha conseguido un impasse político en el que ha sabido arañar poco a poco avances que legitiman su ocupación ilegal. Su acercamiento diplomático a Israel no solo le ha granjeado el respaldo de EEUU, sino también tecnología militar punta israelí. Su chantaje migratorio continuo a España ayudó a que el Gobierno de Pedro Sánchez aceptara la propuesta marroquí de autonomía controlada para el Sáhara.

Mientras tanto, ha sabido blanquear internacionalmente la ocupación mediante el turismo de masas, con Dajla como perla del Atlántico. Si hoy Syed volviera a la ciudad en la que creció, se encontraría un lugar en plena transformación, donde camiones y excavadoras levantan cada centímetro de acera para construirla de nuevo. Llena de hoteles de lujo a pie de mar en sus más de mil kilómetros de costa, pero en los que no trabaja ningún saharaui.

Con vuelos diarios cargados de españoles y franceses amantes de kitesurf que no saben o no quieren saber que esas olas y esos vientos les fueron arrebatados por las armas a un pueblo que mira en silencio el normalizado manto del expolio. Hechos consumados ante la inacción de la comunidad internacional que, según Syed, ha llevado a la mayoría de los saharauis que han podido a escapar de su propia tierra saqueada.

El problema de las citas para los trámites de extranjería en las comisarías españolas sigue enquistado tras su primera explosión en 2018. Todavía hoy pueden pasar meses o incluso más de un año para que quien lo necesita desesperadamente logre acceder a la Administración, lo que perjudica muy especialmente a las mujeres, según el informe Sin citas no hay derechos: refugiadas contra la discriminación administrativa, presentado esta semana en el Congreso de los Diputados por la Asociación de Mujeres de Guatemala (AMG).

“Cientos de miles de personas que están trabajando, que hacen España todos los días, están discriminadas. Tienen negado el derecho de acceso a la Administración, y así no se pueden ejercer derechos básicos como el trabajo, la vivienda, la atención sanitaria o la autonomía económica”, explica, Adilia de las Mercedes, abogada especializada en derechos humanos y derecho antidiscriminatorio, que dirige la AMG y es fundadora de DEMOS, Estudio Legal de Derechos Humanos.

Las imágenes de multitudinarias colas en la comisaría madrileña de Aluche, hiciese frío o calor, las atajó el Ministerio de Interior transformando la espera física en virtual, pero sin solucionar el problema: disponer o no de cita marca la enorme diferencia entre estar condenado a la clandestinidad o poder buscar trabajo, alquilar un piso, abrir una cuenta bancaria o dar de alta el suministro eléctrico, por ejemplo.

El mercado negro puso precio a un trámite que debería ser gratuito y de obligado cumplimiento para la Administración, pero que en la práctica es muy difícil: entre 50 y 600 euros por una cita. A día de hoy, pese a las reiteradas denuncias y con el triple de peticiones de asilo en España que en 2018 (más de 167.000 en 2024, frente a 55.000 en 2018), hay solicitantes que echan de menos aquellas terribles e inciertas esperas en Aluche, porque al menos entonces había una posibilidad pequeña, pero real de acceder al sistema, recuerda De las Mercedes.

Durante la pandemia trabajaba en una residencia de ancianos. En la zona de la UCI, totalmente expuesta al virus y con mucho miedo de contagiar a mis tres hijos en casa

María Caliego — refugiada

Esta discriminación de facto tiene, según la experta, efectos mucho más profundos cuando la persona solicitante es mujer —muchas veces una madre que busca protección para sus hijos, lo que no es tan habitual en el caso de los hombres—. El número de solicitantes de asilo y el porcentaje respecto no han dejado de aumentar en los últimos años.

Además de las causas comunes que las empujan a huir de sus países, también sufren tipos de persecución y violencia específicos por su sexo. Pero falta un “enfoque de género e interseccional” que hace muchas de sus solicitudes sean rechazadas, muchas veces por culpa de “estereotipos y prejuicios de género, étnico-raciales y nacionales, así como clasistas, edadistas y capacitistas”, añade el informe, que recoge ocho testimonios de mujeres refugiadas que se han topado con este obstáculo administrativo.

Un efecto directo del retraso: el hambre

“Durante la pandemia trabajaba en una residencia de ancianos. En la zona de la UCI, totalmente expuesta al virus y con mucho miedo de contagiar a mis tres hijos en casa”, recuerda María Caliego, una de las refugiadas que figura en el informe y contó su caso durante la presentación en el Congreso.

Guatemalteca de 57 años, Caliego es de ascendencia maya y fue víctima del genocidio que el ejército de Guatemala perpetró contra la población indígena durante el conflicto armado que asoló el país entre 1960 y 1996. Su padre sigue siendo uno de los desaparecidos, secuestrado y ejecutado por los militares. Su madre, Ana Calate, que falleció hace poco, fue la primera víctima que consiguió iniciar la búsqueda de los represaliados y exhumar fosas comunes en Guatemala.

La inseguridad por las pandillas y la preocupación por sus hijos la llevaron a buscar una salida.“Tenía miedo de que fueran reclutados por las maras o que pudieran ser secuestrados o asesinados. Por eso empecé la migración. Y ese proceso ha sido cuesta arriba”, lamenta. Su primera solicitud de protección en España fue rechazada, pero gracias al apoyo de la AMG, logró que se admitiera a trámite a la segunda.

Así pudo buscar y encontrar trabajo en una residencia de ancianos en, pero la lentitud administrativa la volvió a condenar, en pleno apogeo de la COVID-19. “Tenía que renovar el permiso, pero era imposible conseguir una cita [...] Me despidieron porque no podían contratarme en situación irregular. Después de acompañar a tantos abuelos que murieron, me quedé en la calle. No teníamos qué comer en casa”, rememora. “Si no podía pagar internet, cómo iba a conseguir una cita”, explica al elDiario.es.

Fueron meses de ansiedad que también afectaron a sus hijos. “Al racismo se añadía el clasismo. Mi hija sufría acoso en el colegio, se metían con su ropa, con la comida que llevaba. Todos lo pasamos muy mal”, comenta. Tras una largo y extenuante periodo, Caliego ya tiene DNI y trabaja para que también lo tengan sus hijos. “Lo que quiero dejar claro es que nosotros no queremos ayudas del Estado. Lo que queremos es poder trabajar, contribuir, para impuestos, pero no entiendo que tengamos tantas barreras”, denuncia.

“Tuve que buscar citas en el mercado de Telegram”

Nora Rugama, nicaragüense de 40 años, llegó a España en 2019 para estudiar. Cuando terminaba su formación, tenía que volver a una Nicaragua donde la persecución política a cualquier voz que el régimen de Daniel Ortega considerara crítica se había recrudecido. En ese clima, Rugama, psicóloga y defensora de víctimas de violencia sexual en la infancia mediante su organización, Aguas Bravas, tuvo miedo de volver. “La dictadura de Ortega y Murillo desde el inicio emprendió una política de represión contra las mujeres. Todavía hoy hay una política de castigo, de violencia directa, sexual, tortura, encarcelamiento político, exilio forzoso y cancelación de organizaciones como la mía, que fue cerrada oficialmente en 2024

Ella no tuvo dificultades para iniciar sus trámites, reconoce, porque los hizo cuando todavía se conseguían citas haciendo cola en Aluche. Pero a la hora de renovar la autorización, le fue imposible conseguir cita. Tuve que recurrir al mundo de Telegram para que no caducaran mis permisos“, apunta. Su crítica o ”aprendizaje“ es que ”el monopolio de las citas no puedo estar solo en manos de las mafias y de las grandes ONG“.

De la represión franquista al exilio cubano

“Mis bisabuelos eran republicanos, huyeron de España y llegaron a Cuba por los mismos motivos por los que yo he llegado aquí desde Cuba, la persecución política. No es fácil dejar tu país con 47 años, sola con una hija pequeña. Para mí era una especie de derrota tener que volver al lugar de donde mi familia fue expulsada. Y pienso que si mi familia hubiera sido recibida allí como me han recibido a mí aquí, su historia de exilio no habría sido tan feliz”. Marta María Ramírez es periodista y activista política y feminista, exiliada por el acoso del régimen castrista. También es solicitante de asilo en España, pero hace tiempo que sus permisos están caducados porque no consigue cita para renovarlos.

“Tengo el privilegio de haber encontrado a personas dentro de la Administración que han entendido que somos garantes de derecho. Pero el asilo político no es algo que se puede dejar a la suerte del funcionario que te toque”, denuncia. No puede depender de la suerte, lamenta, que se mantenga o pierda la cobertura sanitaria temporalmente cuando una hija con discapacidad necesita un tratamiento después de una operación complicada, por ejemplo. Pero además de la falta de citas para renovar sus permisos, Ramírez critica situaciones de riesgo derivadas de procesos administrativos que no valoran las dimensiones de cada caso.

“Para pedir una beca comedor para mi hija me piden documentación del padre, que está en Cuba. Yo no puedo reclamar esa documentación a un país donde corro peligro”, ilustra. “O no puede ser que pida una tarjeta de crédito en el banco y me la envíen a mi dirección de Cuba, sin saber qué efectos puede tener eso”, añade. “Lo peor es la incertidumbre con la que vives, y eso se lo trasladas a tu hija, que entiende que algo ocurre. Sobre todo si tu situación administrativa no te permite firmar un contrato de alquiler”, apostilla.

De las Mercedes lamenta que esta discriminación “se está produciendo con el llamado Gobierno más progresista del mundo” y hace un llamamiento para que el maltratado derecho de asilo sea defendido toda la sociedad. “Nadie tiene seguro, y menos en este contexto mundial, que no va a ser perseguido por su género, orientación sexual o su procedencia, que no va a tener que huir de una guerra. El panorama en España es crítico, ni siquiera sabemos si nosotros, los exiliados, nos vamos a tener que reexiliar. Por eso esta lucha es global”, advierte.

“Al principio, desconfiaba. Cuando vi las primeras convocatorias de manifestaciones en Marruecos me reuní con varios amigos para comentarlo. ¿De dónde sale todo esto? ¿De verdad se van a atrever? ¿Va a salir tanta gente a las calles? Era algo increíble”. Así recuerda Houda Abouz (Khemisset, Marruecos, 1996) su primera reacción a las protestas que estallaron en su país el pasado mes de septiembre. La joven de menos de 30 años responde a las preguntas de elDiario.es sin dejar de contestar mensajes en su móvil. El ritmo es frenético y pide disculpas en varias ocasiones por interrumpir la entrevista en un moderno café del centro de Casablanca. “Tengo que coger esta llamada, es un familiar de un chico detenido hace dos semanas que está todavía en la cárcel. Es diabético y su salud ha empeorado mucho en este tiempo”, explica.

Abouz, más conocida por su nombre artístico, ‘Khtek’ ('tu hermana', en dialecto marroquí, en el que tiene un cariz misógino y peyorativo) fue una de las primeras figuras relevantes del país en posicionarse públicamente del lado de los manifestantes de la ‘Generación Z’. “Me considero desde siempre una militante por los derechos de las mujeres, por los derechos humanos y por las libertades. Y estos jóvenes son un ejemplo para todo el país. Se han organizado a través de nuevas herramientas, tienen demandas legítimas que siguen lo dictado por la Constitución y los discursos del Gobierno. Solo exigen que se cumpla con lo prometido y que haya mejoras en sanidad, educación y libertad de expresión. Pero lamentablemente muchos van a pasar en la cárcel una larga temporada”.

Estos jóvenes son un ejemplo para todo el país. Solo exigen que se cumpla con lo prometido y que haya mejoras en sanidad, educación y libertad de expresión. Pero lamentablemente muchos van a pasar en la cárcel una larga temporada

La suya no es una voz cualquiera. Graduada en cine por la Universidad pública Abdelmalek Essaâdi de Tetuán, es una de las raperas más famosas de Marruecos: en 2020, fue incluida por la BBC en su lista de las cien mujeres más influyentes; en 2024, ganó el premio a mejor artista femenina de hip-hop en árabe de la prestigiosa revista musical Billboard. Su perfil en Instagram roza el medio millón de seguidores, supera los 140.000 en TikTok y los 190.000 en YouTube.

“Cuando vi todas esas detenciones, no lo dudé ni un momento y decidí utilizar esta plataforma como altavoz para apoyar las movilizaciones y exigir la liberación de todos los detenidos”, recuerda. En un vídeo de TikTok, con el mensaje #FREEKOULCHI ('libertad para todos', uno de los lemas del movimiento GenZ212), la artista se preguntaba si tenía lógica tal nivel de represión contra una generación que expresaba pacíficamente unas demandas sociales legítimas. “Se hizo viral enseguida”.

Enlace entre detenidos, abogados y familias

Las primeras manifestaciones pillaron a Abouz en París, donde llevaba tres meses trabajando en nuevos proyectos musicales, pero al tercer día de protestas, represión y violencia policial, regresó a Casablanca. Ha acabado convertida en una especie de enlace entre abogados y familiares de jóvenes detenidos que llevan semanas en prisión preventiva o, incluso, de manifestantes que han salido en libertad bajo fianza pero se enfrentan a duras penas de prisión. “Tengo a más de 40 conocidos que han pasado por comisaría o que tienen una causa judicial abierta por participar en las protestas”, lamenta.

“Lo primero que noté fue una gran falta de información sobre los detenidos en prisión preventiva y una total falta de coordinación entre los abogados que los atendían y los familiares de los arrestados”, dice. Por eso, junto a otros amigos, está empleando sus redes sociales para paliar esa situación. “Conseguía las listas de los abogados de los detenidos y las publicaba en mis redes para que quien las viera pudiera contactarme. También escribía a la gente que publicaba sobre arrestos de conocidos o familiares, un día u otro, en una ciudad o en otra. Y así podía intentar localizar a su familia”. “Si así se consigue que, al menos, una pena de diez años de prisión acabe en una de ocho, para mí significa mucho y para ellos y sus familias es un logro”, reconoce.

Si así se consigue que, al menos, una pena de diez años de prisión acabe en una de ocho, para mí significa mucho y para ellos y sus familias es un logro

El caso que le toca más de cerca y por el que notó esa falta de información es el de su amigo y también conocido rapero Hamza Raid, detenido en dos ocasiones. “La primera vez, lo soltaron enseguida, sin cargos. Pero a los dos días volvieron a detenerlo, junto a otro compañero, cuando intentaba volver a casa tras una de las manifestaciones. Su detención fue grabada y tuvo mucho impacto en medios y redes sociales, y eso le ha complicado mucho las cosas”. “Su caso es un ejemplo de la falta de libertad de expresión en Marruecos. A todos los detenidos los soltaron ese mismo día, pero él pasó 48 horas en custodia policial y tuvo que declarar en el juzgado”, explica.

Según Abouz, su amigo Raid puede enfrentarse a una pena de cárcel de entre un mes y cinco años y a una multa de 11.000 euros. “Es el equivalente a un año de salario de un trabajador muy bien pagado en Marruecos”, ilustra la artista. “Y todo se basa en una publicación en Instagram con las convocatorias de nuevas manifestaciones en la que decía que la represión de estos días, tarde o temprano, le puede afectar a cualquiera”, expone. “Lo que le imputan es serio: no solo la participación en una protesta no armada, sino también la instigación a cometer delitos u ofensas mediante canales electrónicos”.

Choque generacional

A Raid le hubiera gustado hablar con elDiario.es sobre su caso, pero como tantos detenidos en las protestas y sus familiares, prefiere ser cauteloso con la prensa hasta que su situación judicial se aclare. Abouz, en cambio, cree que la presión mediática es fundamental para que los procesos judiciales contra más de 400 jóvenes se conozcan dentro y fuera de Marruecos, pero entiende a los que no lo ven así. “Es un gran choque generacional. Muchos jóvenes con los que estoy en contacto quieren hablar, denunciar la situación y que haya presión mediática dentro y fuera del país. Pero sus padres han crecido con el miedo a expresarse y están impidiendo que sus hijos levanten la voz, creen que es lo mejor para ellos”.

“Lo entiendo, porque mi background político es diferente, sobre todo, gracias al ejemplo de mi familia”, sostiene la rapera. Su padre es abogado y milita en la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) y el sindicato Union Marocaine du Travail (UMT). “He crecido viéndole pelear por la verdad y por las libertades”, incide. Por eso, ella participó en las protestas sociales del Movimiento 20 de febrero, que estuvo detrás de las movilizaciones que surgieron al calor de las revueltas árabes en 2011. Abouz tenía solo 15 años, pero fue parte activa de las protestas dentro de la Unión de Estudiantes por el Cambio en el Sistema Educativo.

Muchos jóvenes con los que estoy en contacto quieren hablar, denunciar la situación y que haya presión mediática dentro y fuera del país. Pero sus padres han crecido con el miedo a expresarse y están impidiendo que sus hijos levanten la voz

“Lo que vi no es muy diferente a lo que ha pasado ahora. Vivimos una gran represión contra la gente que salía a la calle a pedir demandas básicas como educación, sanidad o libertad de expresión”. En aquel entonces, el contexto internacional llevó al rey Mohamed VI a dar un giro en su estrategia para evitar que Marruecos siguiera los pasos de países vecinos como Túnez, Egipto o Libia –donde regímenes autoritarios que llevaban décadas en el poder fueron derrocados. Gracias a las movilizaciones en las calles, el régimen marroquí elaboró una nueva Constitución, amplió las libertades políticas y los derechos civiles, aunque las actuales demandas de la GenZ212 demuestran que todavía falta mucho para que aquellas reformas se conviertan en una realidad palpable.

Fue durante su participación en el Hirak de 2017, las protestas sociales en la maltratada región del Rif, cuando Abouz confirmó que el Gobierno y la Casa Real marroquíes no estaban dispuestos a cumplir sus promesas. Las demandas de más inversiones sociales, con el reclamo de un hospital oncológico en la región rifeña, fueron sofocadas con violencia policial, redadas y arrestos masivos de la cúpula del movimiento y decenas de condenas de hasta 20 años de cárcel.

“Ahí fue cuando murió dentro de mí la esperanza de cambio. Lejos de mejorar, el sistema empeoraba, con cientos de compañeros en prisión o en el exilio”, reconoce. “He visto lo mismo ante cualquier crítica al sistema, ante cualquier manifestación artística o cultural contraria al discurso oficial, incluso en la prensa. Hay periodistas que están cumpliendo decenas de años de prisión después de publicar opiniones o informaciones críticas”.

Protestas de cara al Mundial de 2030

Miedo, censura y autocensura, dice, van de la mano en un país que se revuelve periódica e inevitablemente contra un régimen autoritario, violento y corrupto que, sin embargo, vende una imagen de prosperidad y progreso de cara al exterior. Hasta el punto de que será una e las sedes del Mundial de fútbol de 2030, junto a España y Portugal. Por eso la rapera confía en que las protestas resurjan y que más figuras públicas como ella se sumen al movimiento de los jóvenes “más allá de posts y mensajes en redes sociales”. “Internet puede ser el motor de la movilización por un cambio, pero donde se cambian las cosas es en las calles y en el espacio público”, defiende.

Sabe que no es fácil, que las consecuencias de una significación pública en Marruecos pueden afectar a una carrera personal, a la propia libertad o incluso a personas de tu entorno cercano; es consciente de que una opinión crítica puede dejarla fuera de festivales de música o de medios de comunicación en su país. Recuerda los numerosos casos de raperos marroquíes que han sido detenidos “por una canción, por una línea o, incluso, por una sola palabra en sus letras”. “Eso contribuye a un rap más frívolo, a una política de borreguismo que hace que los chavales prefieran escuchar temas de rap que fardan de cochazos y de culos y tetas antes que de política y de la realidad social en la que viven”.

Internet puede ser el motor de la movilización por un cambio, pero donde se cambian las cosas es en las calles y en el espacio público

“Mi estatus de artista conocida tiene privilegios, pero también responsabilidades ciudadanas, militantes y humanas. Yo puedo y debo elegir cómo usar mis altavoces: si para vender un producto falso sobre mi país o para ayudar y minimizar los daños que están sufriendo estos chavales. Lo mismo pueden hacer muchos otros artistas famosos”, asegura ‘Khtek’. “Claro que puedo sufrir una cancelación oficial, una censura o un boicot. Pero el dinero que pueda perder porque no me llamen de un festival no es nada comparado con los riesgos a los que se enfrentan cientos de chavales detenidos. Lo único que me asusta es poder ir a prisión o que haya represalias contra mi familia”.

“Este movimiento ha sido liderado por jóvenes, que son los que tienen el tiempo y la energía para ponerse al frente de las movilizaciones sociales y políticas. Pero estos chavales son la voz de todo el mundo, del resto de marroquíes que están contra la violencia, la marginalización social, la humillación y la represión”, concluye.

Hace tiempo que ha caído la tarde en Casablanca y Younes Makout, de 21 años, alto y espigado, se disculpa por el retraso. “Volví a casa para cambiarme la camiseta. Quiero salir con esta en la foto”, explica. “De momento es una edición limitada, solo tengo una, pero haré más para repartirlas y seguir denunciando, para que este caso y otros muchos parecidos se conozcan”, dirá al finalizar la entrevista. Será la única broma que se permita, casi obligada para aliviar el peso de una conversación que por momentos le lleva al borde del llanto. Porque el chaval que aparece estampado en la tela negra bajo el lema “Free Mouhcine” es su hermano mayor.

Mouhcine, su hermano, tiene 23 años, es estudiante de Derecho y lleva en prisión preventiva desde el pasado 28 de septiembre, cuando fue detenido en Casablanca tras participar en una de las protestas de la llamada “Generación Z”, que comenzaron a extenderse entre los jóvenes de varias ciudades de Marruecos un día antes de su detención.

La respuesta inicial de las autoridades fue la represión policial, a pesar del carácter pacífico de los manifestantes. Los jóvenes participantes, que en su mayoría no llegan a los 30 años, reclamaban mejoras en la sanidad y educación pública y una mayor lucha contra la corrupción.

Los primeros tres días de protestas fueron totalmente pacíficos y sin incidentes, aunque las detenciones arbitrarias y los excesos policiales contra la juventud fueron la tónica general. La reacción violenta acabó llegando con graves disturbios el cuarto día de manifestaciones, localizados en las periferias marginales de grandes ciudades. El episodio más grave se saldó con tres manifestantes muertos por disparos de la policía cuando un grupo de encapuchados atacó un puesto de la Gendarmería en una localidad cercana a la ciudad de Agadir, en el sur del país.

Las primeras cifras oficiales del Ministerio del Interior hablaban de 409 detenidos en prisión preventiva por su participación en los disturbios, más de 260 agentes y 23 civiles heridos, unos 40 vehículos policiales quemados o destruidos y daños en numerosos edificios oficiales y establecimientos privados. La Fiscalía ha abierto procesos penales a unos 200 detenidos por delitos graves de “violencia, destrucción e incitación”, con penas de cárcel que van de 20 años a cadena perpetua. Su advertencia era clara, “máxima firmeza” contra los disturbios y previsibles “condenas ejemplares” que ya han empezado a dictarse.

La pasada semana, el Tribunal de Apelación de Agadir sentenció a 15 de los arrestados a penas de entre tres y 15 años de cárcel por su implicación en actos de violencia que enmarca fuera de las protestas de la autodenominada “GenZ212”, que siempre se ha distanciado de los altercados. Fuentes de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) confirman otras seis condenas por los disturbios en la ciudad de Salé, junto a la capital del país, entre las que se cuentan una pena de 20 años y otra de 15. Según esta organización, la cifra total de detenidos rondaba el millar antes de cumplirse una semana de las protestas.

En ese contexto, previo a la violencia, se produjeron en Casablanca los arrestos de Mouhcine y otros 23 jóvenes, entre ellos seis menores, acusados de cortar el tráfico en una autopista de la ciudad durante una “protesta no autorizada”. Ahora, en la prisión de Oukacha, espera un juicio inminente tras el que podría ser condenado con hasta 10 años de cárcel. “Mi hermano puede ir 10 años a la cárcel por cortar el tráfico durante una protesta pacífica”, lamenta Younes.

Para la Fiscalía de la corte de Casablanca, los presuntos delitos de Mouhcine y los demás arrestados son el de obstrucción del tránsito, con la intención de bloquearlo y causar molestias. Unos actos que “no guardan relación con protestas pacíficas, sino que constituyen delitos sancionados por la ley” con prisión de cinco a diez años. Teniendo en cuenta las penas que van saliendo a la luz cada semana entre los cientos de detenidos y procesados en todo el país por estas manifestaciones, la posibilidad de cumplir una larga condena es muy grande, apuntan distintas fuentes jurídicas.

Quiero confiar en el sistema judicial porque fue detenido de forma injusta. Iba con dos compañeros que también fueron detenidos y hay vídeos que prueban que fueron arrestados lejos de esa autopista”, responde Younes con el vértigo dibujado en la cara.

Younes, hermano de uno de los detenidos

“No sé qué va a pasar con mi hermano. Quiero confiar en el sistema judicial porque fue detenido de forma injusta. Iba con dos compañeros que también fueron detenidos y hay vídeos que prueban que fueron arrestados lejos de esa autopista”, responde Younes con el vértigo dibujado en la cara. Ha medido bien sus palabras tras un largo silencio en el que se anudaban a su garganta demasiados temores: una pena máxima para su hermano, una madre viuda y enferma que “ha empeorado desde que Mouhcine está en prisión”, la posibilidad de tener que dejar sus estudios universitarios o, quizás, el miedo a represalias por hablar a cara descubierta con la prensa extranjera en un momento de convulsión en Marruecos.

A pesar de todo, Younes ha sido el único familiar de un detenido que ha accedido a hablar con elDiario.es de la larga decena con los que este medio ha contactado. “Es importante que se sepa que hay detenidos que pueden ir a la cárcel sin cometer ningún crimen”, incide. Son muchos los que piensan lo mismo, pero muy pocos quienes lo denuncian.

Apoyo de abogados voluntarios

“Hay mucho miedo a hablar porque cualquier crítica o denuncia pública puede influir durante los juicios que están por venir. De hecho, recomendamos a las familias que no hablen con la prensa mientras el proceso judicial está en curso”, advierte Yasmine Zaki, abogada de Casablanca y militante de las juventudes del izquierdista Partido del Progreso y el Socialismo (PPS). La secundan otros abogados que, como ella, se ofrecieron voluntarios para representar y defender de forma gratuita al aluvión de manifestantes que en pocos días llenaron las comisarías marroquíes.

El miedo más extendido ahora entre activistas, abogados y familiares de los más de 400 jóvenes encausados por las movilizaciones -más de 200 con cargos penales graves- es el riesgo a las llamadas “sentencias ejemplarizantes”. Es decir, temen recibir condenas más duras como estrategia para intentar conseguir que el miedo y el desánimo ahoguen un movimiento que ha perdido intensidad en la última semana, pero que el pasado sábado volvía a reunir a cientos de personas en varias ciudades.

El pulso de los jóvenes ha conseguido que los medios de comunicación y las instituciones marroquíes den legitimidad a sus demandas, que el rey Mohamed VI recoja veladamente algunas de las reivindicaciones durante su último discurso y que cese la represión. Pero no hay mucho optimismo entre los que, como Mouhcine, esperan el desenlace en prisión con la única ayuda de unos abogados voluntarios desbordados de casos, pero cuya labor está siendo vital para los detenidos y sus familias.

Younes y, sobre todo, su hermano lo corroboran. “Gracias a ellos mi hermano puede intentar defenderse y presentar pruebas de que no cometió los delitos que le imputan. Hay mucha gente que no tiene medios económicos o información para recibir asistencia legal. Gran parte de los detenidos son tan jóvenes que ni siquiera sabían el riesgo que podían conllevar ir a las manifestaciones”, destaca. A eso se suma la falta de información por parte de las autoridades. “Yo me pasé la noche recorriendo comisarías para encontrar a mi hermano. Nadie nos avisó de la detención, no tuvimos ninguna información, ni una sola llamada. Lo encontré a las seis de la madrugada esa noche en una comisaría, pero no me quisieron decir nada, ni siquiera por qué estaba detenido”, lamenta Younes.

Violencia bajo custodia policial

Junto a su madre, vivió con angustia las 48 horas de custodia policial de Mouhcine, su declaración ante el Procurador, la presentación de los cargos y, sobre todo, los diez días que tuvieron que pasar hasta que les permitieron visitarlo en la cárcel. “Lo vimos bien. Nos dijo que el trato en prisión era correcto, aunque otros presos han tenido que prestarle ropa y productos de aseo, porque nosotros no hemos podido llevarle nada en todo ese tiempo”, explica. “Parecía estar bien de ánimo hasta que empezó a hablar de la violencia en comisaría, de los golpes y los insultos de los policías”, destaca. Prefiere no dar detalles, ni siquiera precisar si su hermano sufrió esos malos tratos o simplemente los presenció, pero confirma el “terror” y el “trauma” que transmitía al recordar aquellos momentos.

“Los testimonios de violencia durante custodia policial han sido comunes, tanto con los detenidos en los primeros días de protestas pacíficas como con los detenidos por participar en los disturbios”, asegura desde el anonimato a elDiario.es un abogado de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) que ha asistido a decenas de arrestados en Marraquech y alrededores. Según este letrado, ha habido detenidos procesados sin presencia de abogado, procesos acelerados en pocos días, sin apenas instrucción y sin garantías, arrestos de manifestantes en sus propios domicilios e incluso detenciones preventivas.

Younes no comprende el trato que el régimen ha dado a estas protestas que, para él, “han demostrado el potencial de una generación que sabe organizarse, debatir y exigir pacíficamente demandas legítimas que están recogidas en la Constitución”. Pone como ejemplo la autoorganización horizontal y descentralizada de las manifestaciones a través la plataforma digital Discord, un chat muy usado para juegos online que en las últimas semanas se ha convertido en el punto neurálgico del movimiento.

Autoorganización

“Discord ha sido superefectivo. Ahí he podido ver de forma ordenada cómo, cuándo y dónde pasaban las cosas. Los debates sobre las reivindicaciones, la insistencia en que las protestas fueran totalmente pacíficas, las imágenes de la brutal represión, las charlas online con activistas, expertos y expolíticos que explicaban los problemas del país”, resume.

El servidor creado por el movimiento “GenZ212”, en referencia a los números del prefijo telefónico internacional de Marruecos, pasó de un millar de miembros cuando se hicieron los primeros llamamientos a manifestarse a más de 200.000 en la actualidad. “Por eso creo que las protestas van a seguir hasta que se atiendan las demandas de más inversión en sanidad y educación pública, más lucha contra la corrupción y la puesta en libertad de todos los detenidos en las protestas”, opina Yousef.

Durante la última semana, las protestas han cesado y la respuesta a las nuevas movilizaciones no ha sido tan numerosa como en el inicio. Sin embargo, sus demandas han calado en el debate público y, sobre todo, en una generación que ve cómo se levantan grandes estadios de fútbol para albergar el Mundial de 2030 y la Copa Africana de Naciones en 2026 mientras en un hospital público mueren ocho mujeres dando a luz el mismo día. Que sabe que la economía de su país ha crecido un 22% desde 2019 al tiempo que los sistemas públicos de salud y educación siguen siendo más que endebles. Que reciben en sus ciudades cada año a más de 17 millones de turistas extranjeros cuyo gasto no ha evitado que miles de jóvenes marroquíes se suban a una patera para escapar de un desempleo juvenil que supera el 35%.

“Las razones están claras, las demandas sin legítimas. Por eso seguiré protestando. Y para que mi hermano y otros detenidos puedan salir en libertad”, concluye Younes.

La primera vez que Sami (nombre ficticio) fue encerrado en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), se tragó las pilas de un mando a distancia para ser hospitalizado y evitar su deportación. Es de Túnez, tenía 48 años y llevaba dos décadas viviendo en Lugo (Galicia), donde tiene mujer y tres hijas de 15, 14 y 9 años. Todas ellas tienen nacionalidad española, aunque Sami solo pudo acceder a un permiso de residencia temporal como familiar de ciudadano de la UE durante cinco años (desde 2014 hasta 2019). Su residencia permanente fue denegada por no cumplir los requisitos legales, ya que contaba con antecedentes penales hacía una década.

A pesar de estar en situación irregular, su vida era, según sus palabras, “organizada y estable”, trabajaba en el bar que su mujer regentaba, llevaba a sus hijas al colegio cada día y no le faltaban amigos en un vecindario que todavía considera suyo y que le había ayudado a superar sus dificultades personales y legales del pasado. Sin embargo, un delito contra la seguridad vial se convirtió en una orden de expulsión que recibió en su casa en febrero de 2022. Eso fue lo que llevó a Sami al CIE de Aluche y a tragarse las pilas del mando de la tele. “Cabe detenerse a pensar qué puede llevar a una persona a tomar esa decisión”, reflexiona el Servicio Jesuita al Migrante (SJM).

“Ese tipo de acciones, fruto de la desesperación, ocurren en ocasiones puntuales en que el internamiento se alarga y se acerca al máximo legal de 60 días”, apunta la organización, que acompañó a Sami durante este traumático proceso que, finalmente, concluyó con su expulsión del país tres meses después.

No fueron las pilas las que evitaron su deportación, sino un cambio en los planes de los vuelos. Tras 57 días encerrado, alejado de su familia y de su entorno, Sami pudo volver a Lugo tras su puesta en libertad en Madrid, pero el alivio fue solo temporal, porque a los tres meses, Sami fue detenido después de dejar a su hija en la puerta del colegio. En apenas dos días aterrizó en Túnez “mediante un rápido dispositivo de traslado hasta el aeropuerto de Barajas para poder ejecutar la repatriación conforme a la ley, dentro del plazo máximo estipulado de 72 horas desde su detención”. No hizo falta que volviera a pasar por el CIE.

Este es uno de los casos con el que el SJM ha ilustrado su informe anual sobre los CIE, titulado este año “Raíces tras los muros”. En el documento, presentado este lunes en la sala Clara Campoamor del Congreso de los Diputados, la organización ha querido denunciar los drásticos efectos de la reclusión y la expulsión de migrantes en un momento en el que el discurso xenófobo de la extrema derecha acapara el foco político y la próxima batalla electoral.

“La privación de libertad en CIE penaliza a personas migrantes con arraigo, familia y trayectorias de inclusión en España, aplicándose a menudo de forma innecesaria y con liberaciones lejos de su lugar de residencia”, señala el informe.

A falta de datos oficiales, el SJM ofrece algunas cifras basadas en el acompañamiento de los voluntarios de organizaciones sociales a más de 600 personas internadas en los diferentes CIE del país, y concluye que “las personas acompañadas contaban con largo tiempo de arraigo e inclusión en España”.

Casi un 60% de ellos llevaba de uno y siete años en el país antes de ser encerrados. Casi el 16% aseguró llevar más de 15 años en el país y un 13,5% llevaría entre siete y 15 años antes de pasar por este trance. Las edades más comunes de las personas internadas están entre los 25 y 46 años, destacando las nacionalidades de Marruecos (30,4%) y, como novedad en el perfil, de Colombia (16%). “Son datos extrapolables a todas las personas internadas”, ha asegurado Iván Lendrino Tejerina, coordinador del programa CIE en SJM y Pueblos Unidos y autor de este informe.

“Sufrimiento inútil”

“La Ley de Extranjería establece que el internamiento debe ser una medida excepcional y no penitenciaria, concebida únicamente para facilitar la repatriación. No obstante, casos acompañados por el SJM muestran que esta excepcionalidad no se respeta: se priva de libertad a personas con largas trayectorias de arraigo, sin valorar circunstancias personales ni contemplar alternativas legales ya previstas”, denuncian.

Con las deportaciones de migrantes y el pánico migratorio en la espoleta de todo el arco político conservador, este informe trata de arrojar luz sobre unos de los procesos menos transparentes de la realidad migratoria española: las detenciones, privaciones de libertad en los CIE y las repatriaciones de migrantes. Una realidad compleja sobre la que el Ministerio del Interior no da cuentas en ningún informe ni balance oficial. Los datos llegan a cuentagotas, denuncia el SJM, gracias a solicitudes de las organizaciones al Portal de Transparencia.

Según estos datos, se sabe que en 2024 fueron deportadas forzosamente 3.286 personas migrantes desde España. De ellas, solo el 33% (1.037 personas) fueron repatriadas desde un CIE. Sin embargo, durante el pasado año, un total de 1.863 personas migrantes fueron encerradas en uno de estos criticados centros, por lo que casi la mitad (55%) de los internamientos resultó ser un “sufrimiento inútil”, ya que no concluyeron en una repatriación efectiva.

“Todas las personas internadas y no repatriadas pueden pasar hasta dos meses para ser liberadas, en muchos casos, a 500 kilómetros de su hogar. Nadie repara ese internamiento, ni siquiera se les paga billete de vuelta a casa. Son internadas de forma inútil”, ha denunciado Lendrino.

El autor también pone el foco en las alrededor de 2.000 deportaciones realizadas desde fuera de los CIE. “Si en los CIE se mantiene la falta de mecanismos efectivos de acceso a la defensa y tutela judicial y la ausencia de garantías y acceso a abogados, ¿cuáles son las garantías en esos otros procedimientos y centros”, se pregunta Lendrino, que exige un monitoreo constante en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE), aeropuertos y comisarías.

El informe también cuestiona las condiciones de internamiento, con un “limitado” acceso a la comunicación, con “restricciones al uso de móviles” y “obstáculos en las visitas familiares o de ONG” a las personas internadas. La atención sanitaria es “insuficiente, con un pliego de subcontratación denunciado por organizaciones como el SJM”. En cuanto a la salud mental, “gravemente deteriorada por la propia reclusión, carece de recursos y especialistas, a pesar de las demandas de los jueces de control”, apuntan. A ello se suman “entornos hostiles, la ausencia de canales de denuncia seguros y procedimientos de repatriación con prácticas que continúan presentando irregularidades”, abunda el informe.

Los CIE de Madrid y Barcelona

El 2024 terminó con 358 quejas presentadas por las personas internadas, de las que la gran mayoría (266) se interpusieron en el CIE de Madrid, seguido del de Zona Franca en Barcelona (78). Una “desproporción” que para el SJM convierte a estos dos centros en “lugares de especial preocupación” por el “incremento de situaciones de violencia o tensión”. El informe se basa en las cifras de separaciones preventivas y de aplicación de protocolos de prevención de suicidio y autolisis, que se elevaron a 67 en el de Barcelona y 89 en el de Madrid.

A pesar de todo, el informe advierte de que los CIE “permanecen ausentes del debate social, público y político”, en un contexto decisivo tanto por los discursos de odio contra las personas migrantes como por los “cambios normativos” que se avecinan con la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA), la reforma de la Ley de Extranjería. Entre los cambios que más preocupan están los posibles decretos de internamiento en CIE de personas solicitantes de asilo, incluso menores de edad, en determinados casos, incluso por periodos superiores a los 60 días máximos que hay actualmente. “Resulta alarmante que el mismo reglamento avale un régimen de excepción, el cual permite prolongar ”por un período adicional“ de seis semanas el internamiento cuando se entienda que se está produciendo una situación de crisis migratoria”, alerta el SJM.