El tablero de Oriente Medio vuelve a tambalearse. Estados Unidos e Israel han entrado en guerra contra Irán tras semanas de negociaciones fallidas. Los ataques cruzados se han convertido en una constante y ya afectan a buena parte de Oriente Medio e incluso al Mediterráneo oriental.

El objetivo declarado de Washington y Tel Aviv es acabar con la “amenaza” que representa la República Islámica. En términos prácticos, esto se traduce en cuatro objetivos: neutralizar su flota, desmantelar su programa nuclear, destruir su arsenal de misiles y debilitar su red de proxies en Oriente Medio. Para muchos, además, un cambio de régimen en Irán sería un desenlace deseable.

Sin embargo, este último objetivo se presenta como el más difícil. Estados Unidos e Israel no quieren desplegar tropas en territorio iraní debido a la enorme complejidad que implicaría, y Teherán ha logrado resistir el envite –al menos por ahora– e incluso responder con contundencia. Ante este escenario, Washington y Tel Aviv parecen buscar agitar el avispero interno para “balcanizar” Irán y debilitar al Estado iraní.

Esta estrategia tampoco es nueva. La doctrina israelí ha hecho de la alianza con minorías étnicas y religiosas en Oriente Medio una herramienta estratégica para influir y, en última instancia, fragmentar a sus adversarios. Irán, con su compleja composición multiétnica, se presenta como un objetivo especialmente tentador para esta lógica de “divide y vencerás”.

La promoción de narrativas separatistas o el apoyo encubierto a grupos periféricos no son simples maniobras tácticas, sino parte de una visión más amplia: debilitar la cohesión interna de un rival regional y reconfigurar el equilibrio de poder en Oriente Medio.

La balcanización de Irán

Aunque el concepto “balcanización” surge a partir de la evolución histórica de los Balcanes tras el colapso de los grandes imperios que dominaron la región y la fragmentación de Yugoslavia, en el lenguaje geopolítico contemporáneo se utiliza para referirse a estrategias destinadas a erosionar la cohesión interna de un país y reducir su capacidad de actuar como un actor unificado explotando las diferencias nacionales, étnicas y políticas.

En el caso de Irán, uno de los núcleos más activos en este planteamiento es la neoconservadora Fundación para la Defensa de las Democracias(FDD), con sede en Washington. Brenda Shaffer, vinculada a esta institución, sostiene que la composición multiétnica de Irán constituye una vulnerabilidad explotable para debilitar a la República Islámica.

Líderes estadounidenses e israelíes sostienen que la composición étnica iraní podría utilizarse para forzar un cambio de régimen, debilitar al Estado iraní o generar inestabilidad sin necesidad de desplegar tropas sobre el terreno. En otras palabras, se pretende que el “trabajo sucio” lo realicen actores como los kurdos, los baluches o los azeríes

Su postura coincide con la visión de numerosos responsables políticos y mediáticos en Estados Unidos e Israel. Un editorial de The Jerusalem Post, publicado tras los primeros ataques israelíes en junio de 2025 instaba abiertamente a Donald Trump a respaldar la desmembración del país conforme a sus minorías étnicas.

El artículo proponía la formación de una “coalición de Oriente Medio para la partición de Irán” y el otorgamiento de “garantías de seguridad a las regiones suníes, kurdas y baluchis dispuestas a separarse”. The Jerusalem Post ha defendido explícitamente que Israel y Estados Unidos respalden la secesión de lo que denominan Azerbaiyán del Sur, es decir, las provincias del noroeste iraní habitadas por población azerí.

Estas propuestas no son meras declaraciones marginales. En la actual guerra, mucho más dura y extensa que la de 2025, líderes estadounidenses e israelíes sostienen que la composición étnica iraní podría utilizarse para forzar un cambio de régimen, debilitar al Estado iraní o generar inestabilidad sin necesidad de desplegar tropas sobre el terreno. En otras palabras, se pretende que el “trabajo sucio” lo realicen actores como los kurdos, los baluches o los azeríes.

En esa línea se expresó el propio Benjamin Netanyahu cuando afirmó que los iraníes tendrán “su momento” para derrocar al régimen, “un momento en el que se os exigirá que salgáis a las calles para terminar el trabajo”. En este contexto, se especula que la CIA, probablemente con apoyo del Mossad, está trazando planes para armar a fuerzas kurdas con el objetivo de impulsar un levantamiento, según han informado medios como la CNN y New York Times citando fuentes kurdas y fuentes oficiales de EEUU.

Cabe recordar que esta estrategia no es casual. A finales de febrero, cinco grupos kurdos crearon la Coalición de Fuerzas Políticas del Kurdistán Iraní (CFPKI) con el objetivo de superar sus diferencias y avanzar en “la lucha por el reconocimiento y la realización del derecho a la autodeterminación del pueblo kurdo en el Kurdistán del Este”.

La doctrina periférica israelí

Esta doctrina fue formulada por David Ben-Gurión, primer ministro de Israel, tras la guerra de Suez en 1956 como una forma de romper el cerco árabe y buscar apoyo en países no árabes de la región –como Turquía e Irán antes de la Revolución Islámica– y en minorías étnicas periféricas sometidas, de acuerdo a la visión israelí, a la presión árabe.

La naturaleza colonial del proyecto sionista y su situación regional precaria alimentaron una mentalidad securitaria que percibe la diferencia como amenaza y al vecino como potencial enemigo.

Desde la guerra de 1967 y con el aumento del poder militar israelí, esta política se ha institucionalizado como parte del proyecto de dominación regional. Irán, por su composición multiétnica, representa un objetivo particularmente codiciado dentro de esta lógica.

Esta lógica estructural ha dado forma a una política exterior que legitima el sectarismo como herramienta de dominio. Además de establecer alianzas interestatales, Israel ha mantenido vínculos encubiertos con minorías en países árabes e islámicos, desde los kurdos hasta los drusos –como se ha podido comprobar en el sur de Siria–.

Estas alianzas han tenido como objetivo debilitar los Estados-nación considerados enemigos mediante la promoción del fraccionamiento interno. Teóricos israelíes como Aryeh Ornstein y Vladimir Jabotinsky defendieron abiertamente la fragmentación de los países árabes en entidades tribales como una oportunidad estratégica.

Desde la guerra de 1967 y con el aumento del poder militar israelí, esta política se ha institucionalizado como parte del proyecto de dominación regional. Irán, por su composición multiétnica, representa un objetivo particularmente codiciado dentro de esta lógica.

Así pues, la finalidad última sería debilitar al principal rival de Israel para garantizar la hegemonía israelí y sustituir el viejo orden del Estado-nación surgido del Acuerdo Sykes-Picot por un mosaico de tribus, clanes o emiratos locales que compitan por el favor de Estados Unidos e Israel.

Diversidad y cohesión política en Irán

Irán es un país de profunda diversidad étnica, lingüística y religiosa, pero esta diversidad se ha articulado dentro de un marco de cohesión política que sostiene a la República Islámica. La mayoría persa representa entre el 73% y el 75% de la población, seguida por azeríes (15%–17%), kurdos, árabes y baluchis en proporciones menores. A pesar de esta pluralidad, más del 99% de la población es musulmana, con un predominio del chiismo duodecimano del 95%.

Desde una perspectiva geopolítica y de seguridad, Irán se divide en una parte central más homogénea y unidades periféricas heterogéneas. Pero a lo largo de su historia, estas partes han mostrado un comportamiento complementario y coordinado dentro del Estado, lo que garantiza una continuidad política y territorial sólida.

Irán no es un Estado frágil ni un mosaico étnico al borde del colapso. Es una nación de casi 90 millones de habitantes, con una profunda identidad histórica y cultural que trasciende la diversidad de sus componentes

Un ejemplo recurrente de esa continuidad política fue la invasión de Irak a la región de Juzestán, de mayoría árabe, en 1980, durante la guerra contra Irán. La ofensiva iraquí estuvo acompañada por el lema de la unidad de la nación árabe y por una propaganda divisoria basada en diferencias étnicas. Aunque la parte occidental de la provincia de Juzestán está habitada mayoritariamente por árabes, la invasión encontró una resistencia local y regional significativa.

Irán no es un Estado frágil ni un mosaico étnico al borde del colapso. Es una nación de casi 90 millones de habitantes, con una profunda identidad histórica y cultural que trasciende la diversidad de sus componentes. Los promotores de la balcanización suelen centrarse obsesivamente en la pluralidad étnica –azeríes, kurdos, baluchis, árabes– subestimando la fuerza integradora de otros factores en Irán.

El caso más paradigmático de esta falacia es la población azerí iraní, la segunda más numerosa después de la persa. Los azeríes habitan mayoritariamente en el noroeste del país, en provincias como Azerbaiyán Occidental y Oriental, Ardabil, Zanjan y Qazvín, extendiéndose también hacia Hamadán y el oeste de Gilan.

A su vez, una importante comunidad azerí está plenamente integrada en centros urbanos clave como Teherán, Qom y Arak. Es importante destacar que los azeríes ocupan una posición social y política destacada dentro de Irán, con élites intelectuales, religiosas, científicas y culturales que desempeñan roles relevantes tanto a nivel local como nacional.

En este sentido, conviene recordar que figuras clave del sistema iraní, como el actual presidente, Masoud Pezeshkian, y el asesinado Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, pertenecen a esta minoría. Más allá de la composición étnica, existen lazos culturales y memorias colectivas compartidas entre iraníes de distintas procedencias étnicas que han contribuido a cimentar un sentido de identidad nacional compartida.

La cohesión nacional iraní ha demostrado una notable capacidad para resistir intentos externos de fragmentación o desestabilización. Bajo un liderazgo enfocado en mantener la estabilidad interna, la República Islámica ha promovido una identidad nacional que busca integrar a sus diversas comunidades dentro de un proyecto común. Esta unidad nacional se sostiene tanto por factores históricos y culturales, como por la percepción compartida de amenazas que ponen en riesgo la integridad territorial y política del país.

Ahora bien, sería un error idealizar la unidad iraní o negar la existencia de disensiones internas. Algunas minorías –especialmente kurdas, árabes y baluchis– denuncian discriminación, marginación y falta de representación política. En regiones periféricas donde estas comunidades son mayoría han estallado protestas recurrentes por cuestiones económicas, ambientales y de derechos civiles.

Un ejemplo reciente son las protestas de julio de 2021 en Juzestán motivadas por la escasez de agua y agravadas por la percepción de abandono estatal, o la indignación tras el colapso del edificio Metropol en Abadán en 2022, interpretado como resultado de corrupción y negligencia oficial. Estas movilizaciones, aunque localizadas y de naturaleza diversa, reflejan un descontento real con el Gobierno central y ponen de manifiesto la existencia de reivindicaciones legítimas por parte de estos sectores de la población.

La intervención de Estados Unidos en Venezuela, si bien más limitada que otras realizadas en distintos lugares y en épocas pasadas, refleja las transformaciones que está atravesando el sistema internacional.

La Administración de Donald Trump, en su intento de reforzar o recuperar su primacía en el hemisferio occidental, ha dejado claro que puede recurrir al uso de la fuerza, además de a otras herramientas como la presión diplomática, los aranceles o las sanciones, para alcanzar sus objetivos sin atender a las consecuencias que sus acciones puedan tener sobre el orden internacional.

Venezuela ha sido un campo de prueba de esta nueva mentalidad estadounidense y un mensaje claro dirigido al resto del mundo: Washington no permitirá que potencias extrarregionales adquieran una influencia significativa en el hemisferio occidental en general, y en América Latina en particular. El destinatario principal de este mensaje es, como no, China, su gran adversario estratégico.

En lo inmediato, a falta de ver cuáles serán exactamente las ramificaciones regionales, la intervención en Venezuela pone en jaque los intereses chinos en el país latinoamericano. La potencia asiática ha reaccionado con cautela, limitándose por ahora al plano discusivo. Ha denunciado el “uso de la fuerza contra un Estado soberano”, calificando el acto de “unilateral, ilegal y abusivo” que, además, vulnera el “derecho internacional y los principios de la Carta de las Naciones Unidas”.

De puertas para adentro, en Pekín ya analizan cómo va a afectar todo esto a sus vínculos con Venezuela, unos lazos que se remontan a 1974, pero que se profundizaron especialmente tras la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

Claves de una relación

Las ideas políticas del chavismo y su crítica frontal al “imperialismo” de Estados Unidos fomentaron la sintonía entre Caracas y Pekín e integraron a Venezuela en un bloque –no oficial– de países que respaldaban la visión defendida por China de avanzar hacia un mundo multipolar y reformar el orden internacional.

Sin embargo, la relación era asimétrica. Mientras Chávez veía en China a un aliado que le permitía mitigar la presión de Washington, Pekín evitaba sumarse a la retórica antiestadounidense del líder venezolano para preservar la estabilidad de su relación con la potencia norteamericana. Aun así, esto no impidió que los vínculos económicos y financieros entre ambos se profundizaran.

Según datos del Inter-American Dialogue y de Boston University, entre 2007 y 2016 China proporcionó más de 60.000 millones de dólares en financiación a Venezuela. Si se amplía el periodo del 2000 a 2023, la cifra asciende a 106.000 millones de dólares, conforme a los registros de AidData, lo que convierte a Venezuela en el mayor receptor de préstamos chinos de la región.

La relación económica entre Venezuela y China comenzó a enfriarse tras la muerte de Hugo Chávez y la llegada al poder de Maduro en 2013

Gran parte de ese capital se destinó a proyectos de telecomunicaciones, infraestructuras y energía. Estos pasaron a integrarse en la Nueva Ruta de la Seda, una de las iniciativas más emblemáticas del presidente Xi Jinping, cuando Venezuela se incorporó formalmente en 2018, ya bajo mandato de Nicolás Maduro.

No obstante, la relación económica comenzó a enfriarse tras la muerte de Hugo Chávez y la llegada al poder de Maduro en 2013. Tres factores explican esta dinámica. En primer lugar, el entorno político venezolano, cada vez más polarizado, con importantes crisis como la autoproclamación de Juan Guaidó en 2019.

En segundo lugar, las sanciones adoptadas por Estados Unidos. Con la llegada de Maduro al Palacio de Miraflores, Washington introdujo un paquete de sanciones económicas, financieras y sectoriales contra Caracas, lo que generó un entorno empresarial menos estable y dificultó que los inversores extranjeros llevaran a cabo proyectos en el país.

En tercer lugar, la reevaluación de la política china motivada por los problemas domésticos. Los elevados niveles de préstamos a Venezuela coincidieron con la capacidad y la voluntad de los actores chinos de enviar capital al exterior para resolver el problema de la sobreacumulación. Sin embargo, este fenómeno se fue moderando de forma notable, especialmente desde la pandemia, ya que las dificultades internas han obligado a replantear las prioridades de inversión a proyectos más seguros.

En este contexto, la inversión extranjera directa (IED) china en Venezuela en 2024 fue de apenas 318 millones de dólares, una décima parte de la cantidad registrada en 2014. El comercio bilateral, por su parte, aunque ha crecido en los últimos años, se sitúa muy lejos de los niveles de 2012, cuando superó los 20.000 millones de dólares, impulsado sobre todo por la venta de petróleo en un contexto de precios elevados.

Cómo afecta la intervención a China

Pese a la pérdida del interés económico, Venezuela seguía siendo una pieza importante en el esquema de China en América Latina, máxime teniendo en cuenta las derrotas electorales que la izquierda latinoamericana, generalmente más partidaria de reforzar los vínculos con Pekín, está sufriendo en países como Perú, Chile, Honduras o Argentina. De hecho, ambos elevaron su relación a una “asociación estratégica a toda prueba y todo tiempo” en 2023, cuando Maduro viajó a Pekín en una visita oficial.

Así pues, la operación estadounidense apunta a la pérdida de un eslabón discursivo, político y simbólico relevante en la región, ya que Washington ha declarado abiertamente que administrará Venezuela el tiempo que sea necesario e impondrá su criterio en cuestiones estratégicas, entre ellas la política exterior y la relación con China.

Esto tendrá un impacto más allá de las fronteras venezolanas, pues Donald Trump utilizará la intervención para presionar a otras capitales a fin de que reduzcan sus compromisos con la potencia asiática.

Asimismo, en el plano más estrictamente comercial y bilateral, Pekín afronta un problema importante: la deuda. Hasta ahora, Venezuela empleaba su crudo para saldar las deudas contraídas con China, que, según algunas estimaciones, alcanzan los 20.000 millones de dólares.

Y, aunque Donald Trump aseguró que Pekín podría seguir adquiriendo el “oro negro” venezolano, medios estadounidenses informan de que Washington ha exigido a la administración de Delcy Rodríguez “expulsar” a China, entre otros países, “cortar lazos económicos” y “asociarse exclusivamente con Estados Unidos en la producción de petróleo” y su posterior exportación.

No sería extraño, por tanto, que China deje de importar petróleo venezolano o, en caso de hacerlo, lo hiciera en volúmenes inferiores –en la actualidad, alrededor de 400.000 barriles diarios–, siempre bajo gestión absoluta de la Administración republicana y sin participar en otros segmentos de la industria, como la explotación o la extracción. En este contexto, sin esa fuente de pago, la deuda se mantiene, los inversores chinos se impacientan y Pekín podría exigir responsabilidades.

Si esta dinámica se consolida en los próximos meses y tiene éxito, la potencia asiática podría ver afectados sus importantes activos en América Latina y se encontraría ante un serio dilema sobre cómo actuar y reaccionar

Esto puede extrapolarse a otros sectores, como el de las telecomunicaciones, donde empresas chinas como Huawei y ZTE han ejercido durante años una influencia notable. Con un gobierno dirigido desde Washington, Caracas podría verse obligado a desmantelar la presencia china, alegando, por ejemplo, motivos de “seguridad nacional”.

En suma, la intervención estadounidense en Venezuela no es un problema en sí mismo para Pekín, sino por lo que simboliza: los intentos decididos de Estados Unidos de expulsar a China de la región.

Si esta dinámica se consolida en los próximos meses y tiene éxito, la potencia asiática podría ver afectados sus importantes activos en América Latina y se encontraría ante un serio dilema sobre cómo actuar y reaccionar. Ya no se trataría solo de unos pocos proyectos y de la cuestión de la deuda, como en Venezuela, sino de proyectos y vínculos comerciales valorados en decenas de miles de millones de dólares. Por ponerlo en perspectiva, el comercio entre América Latina y el Caribe y China rondó en 2024 los 500.000 millones de dólares.