EEUU, Venezuela y la carrera por los recursos, las rutas y los mercados en el mundo

Desde 1945 Washington ha lanzado más de un centenar de operaciones militares en el extranjero de forma directa o encubierta. La mayoría consistieron en el uso de la fuerza con un objetivo concreto, pero también hubo invasiones y ocupaciones, como la de República Dominicana en 1965, Vietnam entre 1965 y 1973, Camboya en 1970, Granada en 1983, Panamá en 1989, Afganistán en 2001 o Irak en 2003.

En otros casos EEUU realizó intervenciones de combate más limitadas, pero con un uso masivo de la fuerza, como en sus bombardeos contra Serbia en 1999, el lanzamiento de misiles contra Sudán en 1998 o los ataques aéreos contra Libia en 2011. A ello se suman decenas de despliegues militares coercitivos para impulsar cambios de gobiernos o imponer su influencia bajo los eufemismos de misiones de paz, protección de civiles, estabilización, lucha contra el terror o represalia, así como ataques puntuales. Así lo han documentado historiadores y politólogos como Stephen Kinzer, Lindsey O’Rourke o William Blum, junto con investigaciones como la del Uppsala Conflict Data Program.

Además, Estados Unidos ha intentado influir en gobiernos y condicionar las políticas económicas en decenas de países, con diferentes niveles de intervención: financiando campañas y grupos de presión —y de represión— incidiendo en la selección de candidatos, coordinándose con actores influyentes para generar deuda y dependencia y, en último caso, si estos pasos fracasaban, apoyando o impulsando operaciones más o menos encubiertas para asegurarse de que sus intereses se cumplieran.

El perímetro mundial de EEUU

No hay ningún país del planeta que haya intervenido tantas veces en territorios extranjeros, ni que se acerque al número de operaciones claras o encubiertas acumulado por Estados Unidos. Otra seña de identidad de Washington es que no se ha limitado a intervenir en su “patio trasero” o en países cercanos a sus fronteras, sino que su perímetro es global. Ha actuado en Asia, África, Latinoamérica, Oriente Medio e incluso en Europa. Cuenta para ello con el mayor número de bases e instalaciones militares repartidas por el mundo y con una capacidad militar inigualable.

Estados Unidos no es el único país que ha violado el derecho internacional en repetidas ocasiones, pero sí es el que ha hecho de esa actuación un modus operandi normalizado y disimulado por el relato oficial occidental. Tal es así que estos días, ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia, se observan reacciones institucionales europeas que parecen haber descubierto por primera vez que Washington no es un actor respetuoso con los derechos humanos y el derecho internacional. No suena igual la impunidad cuando esta puede dañar los intereses propios.

Donald Trump ha cambiado las formas y la política comunicativa, pero el fondo no ha empezado con él como presidente. Desde la operación encubierta de EEUU en Guatemala en 1954, cuando impulsó un golpe de Estado para derrocar al gobierno democrático de Jacobo Árbenz —cuya reforma agraria perjudicaba a la United Fruit Company— hasta los bombardeos contra Venezuela de la pasada semana, pasando por el Cono Sur americano, Vietnam, Panamá, Irak, Afganistán o Palestina, entre otros muchos, Washington ha operado para moldear el mundo a la medida de sus intereses como potencia imperial y neocolonial.

Cuando una nación convence a su población de que la fuerza militar es el canal inevitable y necesario, esta termina conquistando espacio interno en forma de represión e impunidad contra sus propios ciudadanos.

Trump es producto de su época, del momento histórico que vive su país. La pérdida del primer puesto como hegemón económico —en beneficio de China— y la resistencia a aceptar otros objetivos menos ambiciosos empujan a Washington a desplegar la amenaza de la fuerza sin eufemismos, porque la instalación del miedo y de la impunidad es una herramienta de coacción en sí misma.

El exfiscal jefe fundador de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo, nada sospechoso de ser partidario del Gobierno venezolano, ha indicado, al igual que otros expertos, que la operación de Estados Unidos en Caracas es un crimen de agresión según el derecho internacional.

EEUU ve en la ley del más dispuesto a usar la fuerza bruta una de sus máximas apuestas, porque cuenta con el Ejército más poderoso del mundo. Los gobiernos estadounidenses de las últimas décadas han ido construyendo esa narrativa basada en la necesidad de la guerra —en sus múltiples formas, de baja o alta intensidad— en territorios ajenos como vía imprescindible para “el bien”, para “la seguridad”, “la democracia” o “la libertad”.

Para cumplir sus objetivos, Trump busca una internacional reaccionaria y ultraderechista en Latinoamérica y Europa.

Esa ideología terminó condicionando el voto de muchos ciudadanos y la llegada de Trump al poder. Si la ley del más fuerte es lo necesario, ¿por qué no elegir a un presidente que muestre claramente, sin tapujos, que está dispuesto a hacer las cosas “a su manera” para conseguir lo que es preciso? Cuando una nación convence a su población de que la fuerza militar —incluidos bombardeos contra civiles y cárceles secretas con torturas— es el canal prioritario para misiones exteriores, esta termina conquistando espacio interno en forma de represión e impunidad contra sus propios ciudadanos.

Los relatos confeccionados para justificar intervenciones militares como las impulsadas en Afganistán, en Irak o en la propia Venezuela tienen la misma base que la narrativa partidaria de la represión contra personas migrantes en EEUU o contra estudiantes estadounidenses que defienden los derechos palestinos.

Ya sea en nombre de la libertad, de la seguridad, de la civilización, de la democracia o de los intereses económicos, la esencia de esas posturas es la defensa del brutalismo militarista. Esto implica el aplastamiento de la vía política y diplomática, de los derechos humanos y del derecho internacional en pos de los intereses de una élite y de una ideología racista y neocolonial. Y así, de este modo, se termina abrazando la necesidad de una entente ultraderechista.

Si Europa hubiera reaccionado con las medidas necesarias frente al genocidio israelí en Gaza, quizá hoy la correlación de fuerzas sería diferente. No lo sabremos nunca, porque ni siquiera lo intentó.

El derecho internacional

Washington no ha suscrito el Estatuto de Roma y solo ha aceptado la aplicación del derecho internacional contra sus adversarios. Sin embargo, en los relatos oficiales de la Unión Europea se habla a menudo como si EEUU formara parte de ese orden basado en reglas.

Bruselas ha contribuido activamente a disfrazar la impunidad estadounidense, porque ha participado y se ha beneficiado de ella. Ahora, cuando Trump prescinde de eufemismos y disimulos, surge la incomodidad en la UE, porque esta posición del presidente de EEUU desactiva el relato habitual europeo para justificar las alianzas y los apoyos a EEUU.

A ello se une que esta vez las amenazas también se dirigen contra intereses europeos. Como el comisario Renault en la película Casablanca, y tras haber recibido sus ganancias, la UE exclama “qué escándalo, aquí se juega”.

Argentina, Ecuador, El Salvador o el presidente electo de Chile han celebrado la agresión militar de EEUU en Venezuela. También lo han hecho directivos de varias compañías petroleras recibidos este viernes por Trump

El negocio

Para cumplir sus objetivos, Trump busca una internacional reaccionaria y ultraderechista en Latinoamérica y Europa. Tanto Milei como el presidente electo de ultraderecha en Chile, José Antonio Kast, el Ecuador de Daniel Noboa o El Salvador de Bukele celebraron la agresión militar de EEUU en Venezuela y el secuestro de Maduro.

También lo han hecho directivos de varias compañías petroleras recibidas por Trump este viernes en la Casa Blanca, incluida la española Repsol: “Gracias, presidente, por abrir la puerta a una Venezuela mejor”, dijo Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol y expresidente del PNV, quien añadió que la compañía está lista “ para invertir en Venezuela” y “triplicar la producción allí”.

Todos los representantes de petroleras presentes en ese encuentro expresaron gratitud a Donald Trump. Algunos, como el directivo de Exxon, indicaron su necesidad de que Venezuela modifique la ley para que sus empresas puedan obtener más beneficios económicos, sin la normativa que exige una participación estatal venezolana de al menos un 60% en los proyectos petroleros.

La ubicación de los yacimientos energéticos y las rutas para transportarlos condicionan la geopolítica del necrocapitalismo y la sobreacumulación (en manos de una élite internacional).

Israel, aliado clave de EEUU, también busca ampliar acceso y presencia en Latinoamérica, contribuyendo a esa red internacional trumpista. En diciembre suscribió con la Argentina de Milei los Acuerdos Isaac, inspirados en los Acuerdos Abraham impulsados por Trump –cuyo empuje continuó Biden– con los que varios países árabes normalizaron sus relaciones con Tel Aviv. A través de los Acuerdos Isaac, Buenos Aires y Tel Aviv pretenden incentivar una mayor presencia israelí en Argentina y otros países de la región, con negocios y alianzas económicas que contribuirán a normalizar los crímenes israelíes.

Con los Acuerdos Isaac suscritos recientemente con Argentina, Israel busca mayor presencia en Latinoamérica y extender negocios en otros países de la región dispuestos a normalizar los crímenes israelíes

El genocidio en Gaza continúa y juega un papel fundamental para este cambio de fase en Occidente. Dos días antes de los bombardeos de EEUU contra Venezuela y del secuestro de Maduro, Donald Trump estaba compartiendo festejos de Nochevieja en su residencia con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, responsable de la matanza de decenas de miles de personas y de la destrucción de Gaza. Sobre Netanyahu pesa una orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional, tribunal contra el que Washington ha emprendido una agresión directa, con sanciones, insultos y acusaciones públicas.

Ningún argumento de Trump relacionado con los derechos humanos o la democracia tiene credibilidad. Ante la impunidad y la ley del más dispuesto a usar la fuerza bruta sí hay margen de maniobra, pero para eso se necesita voluntad política. Ante las sanciones de EEUU contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (entre los que hay varios ciudadanos europeos) y contra la relatora de la ONU, la Unión Europea debería haber activado su reglamento de bloqueo para proteger la aplicación del derecho internacional y a los sancionados, que sufren vetos como la imposibilidad de acceder a sus cuentas en bancos europeos.

Si Bruselas priorizara la defensa de un orden global basado en la ley, habría suspendido hace mucho tiempo sus acuerdos preferenciales y su amistad con Israel y replanteado en otros términos su relación con EEUU. Si Europa hubiera reaccionado con las medidas necesarias frente a los crímenes masivos contra Palestina, quizá hoy la correlación de fuerzas sería diferente. No lo sabremos nunca, porque la UE no solo no lo intentó, sino que avaló —y avala— la impunidad israelí en Oriente Próximo. A día de hoy la Unión Europea sigue negándose a reconocer una obviedad: que Washington, como cualquier potencia, da prioridad a su agenda por encima de los intereses europeos e incluso a costa de sus 'aliados', si estos pueden ser obedientes clientes dispuestos a comprar más a la neometrópoli.