Los bombardeos de EEUU en Venezuela y el secuestro de Maduro: un crimen internacional de agresión con consecuencias para Europa

Los ataques ilegales de EEUU contra Venezuela, la injerencia extranjera y el secuestro de Maduro y su esposa constituyen una violación de la soberanía nacional del país, una acción extraterritorial y una intromisión en asuntos de otra nación.

Estados Unidos ha causado bajas mortales –que se suman a los civiles asesinados en meses pasados en ataques estadounidenses contra embarcaciones– ha bombardeado un territorio ajeno y ha exhibido al mandatario venezolano secuestrado, esposado y con los ojos vendados. Trump asegura que tomará el control del país hasta que haya “una transición segura”.

Da igual cómo sea el gobierno o el régimen de un Estado: inmiscuirse en asuntos ajenos a través de la fuerza militar constituye un crimen de agresión, término específico según el derecho internacional. Y lo es porque, de lo contrario, se abre la veda a que cualquier nación pueda invadir países o derrocar gobiernos, incluidos los europeos, con excusas peregrinas.

Un “crimen de agresión” es, según el Estatuto de Roma, el que comete una persona que “planifica, prepara, inicia o realiza un acto de agresión” que constituya una violación manifiesta de la Carta de Naciones Unidas. Y un “acto de agresión” es definido como “el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado”.

Un crimen de agresión, según el derecho internacional, es aquel por el que se hace "uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado"

Son varias las diferencias entre la invasión ilegal de Irak en 2003 y los ataques ilegales contra Venezuela, pero también hay similitudes, y una de ellas es la política comunicativa para justificar ambas. Ante Irak, Washington creó la excusa de unas armas de destrucción masiva que no existían. Ante Venezuela, Trump apunta al narcotráfico como razón de peso, acusando a Nicolás Maduro de liderar un cártel de tráfico de drogas. También utiliza otros conceptos ya agitados en 2003: libertad, justicia, democracia.

La diferencia en la narrativa oficial es que en 2003 Estados Unidos no mencionó públicamente las razones geoestratégicas de peso: la ubicación geográfica de Irak, su enemistad con Israel y la existencia de grandes reservas de petróleo en territorio iraquí.

En 2026, Trump habla abiertamente de la importancia del crudo venezolano y anuncia, incluso, la presencia estadounidense en Venezuela “en lo que respecta al petróleo”. No oculta su voluntad neocolonial. Es un hombre de negocios, presume de que gobierna EEUU como gestiona su imperio empresarial y no tiene interés en emplear eufemismos para referirse a los intereses económicos que motivan sus decisiones políticas y militares.

Trump habla abiertamente de la importancia del petróleo venezolano y anuncia, incluso, la presencia estadounidense en Venezuela 'en lo que respecta al petróleo'. No oculta su voluntad neocolonial.

Por eso podemos ir más atrás en el tiempo y recordar el golpe de Estado contra el Gobierno democrático de Mohammad Mossadeq en Irán en 1953, orquestado por Reino Unido y la CIA. Al igual que Venezuela, Mossadeq había nacionalizado el petróleo iraní, hasta entonces controlado en buena parte por Londres a través de la Anglo-Iranian Oil Company, propiedad mayoritaria del Gobierno británico.

De ese modo se instauró en Irán el gobierno monárquico de Mohammad Reza Pahlavi, en lo que fue la primera acción encubierta de Estados Unidos para derrocar a un gobierno extranjero en tiempos de paz. El sha Pahlavi fue un gran aliado de Washington y gobernó de forma autoritaria hasta su derrocamiento por la revolución islámica en 1979.

En Latinoamérica Estados Unidos impulsó cinco intervenciones militares directas en los últimos 75 años, todas en el siglo XX, y al menos una quincena de operaciones indirectas mediante apoyo a golpes de Estado, regímenes autoritarios, grupos armados y otras formas de injerencia política y militar.

Venezuela contiene las mayores reservas de petróleo del mundo. También posee oro, gas natural, hierro, coltán, bauxita y tierras raras. Este dato no puede extraerse de la ecuación

Intereses políticos, económicos, geoestratégicos

Hace unas semanas, cuando EEUU secuestró un petrolero venezolano, Donald Trump anunció el bloqueo total de los buques sancionados hasta que Venezuela “devolviera” a EEUU “todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron”. Posteriormente, afirmó que tenían “mucho petróleo allí”: “Como saben, expulsaron a nuestras empresas y lo queremos de vuelta”.

Este sábado, Trump volvió a insistir en este enfoque, repitiendo las palabras petróleo y energía decenas de veces, mezclándolas con las acusaciones de narcotráfico contra Maduro.

“Vamos a tener presencia en lo que respecta al petróleo”, “tomaremos una gran cantidad de riqueza de la tierra”, “vamos a hacer que las grandes petroleras de EEUU gasten millones de dólares en Venezuela y comiencen a ganar dinero”, “tenemos las mejores compañías petroleras del mundo, las más grandes, las mejores, y vamos a estar muy involucrados en ello”, etc. son algunas de las afirmaciones del presidente de Estados Unidos en su comparecencia del sábado por la tarde.

También ha vuelto a referirse al pasado –“nos robaron nuestro petróleo”– en referencia a la nacionalización del crudo venezolano en 1976 y a las medidas adoptadas posteriormente por el Gobierno de Hugo Chávez.

EEUU busca controlar flujos y precios del crudo, reforzar el papel central del dólar en los mercados energéticos, preservar el sistema del petrodólar y obtener más vía libre –sin consecuencias en los suministros– para actuar contra Irán de diversos modos.

En 2007, Chávez aprobó el decreto “Plena Soberanía Petrolera”, que estableció una participación estatal de al menos el 60% sobre los proyectos del petróleo. Las estadounidenses ExxonMobil y ConocoPhillips rechazaron las nuevas condiciones y abandonaron el país. Chevron aceptó quedarse.

El Gobierno de Trump no actúa motivado por la defensa de la democracia o los derechos humanos –ya ha demostrado que los suele despreciar–. Su objetivo es reafirmar su dominio político en la región y el control estratégico sobre la energía, las rutas comerciales y las alineaciones regionales. Propugna la doctrina Monroe y defiende su influencia sobre Latinoamérica, en un momento en el que crece la extrema derecha en la región.

Con su agresión militar en Venezuela y el secuestro de Maduro EEUU busca controlar flujos y precios del petróleo, reforzar el papel central del dólar en los mercados energéticos, preservar el sistema del petrodólar y obtener más vía libre –sin consecuencias en los suministros– para actuar contra Irán de diversos modos, con menos riesgo ante interrupciones energéticas en el Golfo.

Que empresas de EEUU y aliados puedan acceder al crudo de Venezuela es un seguro a largo plazo para Washington. También lo es que Rusia, Irán o China no puedan contar con ese petróleo o con otras riquezas del país.

Venezuela contiene las mayores reservas de petróleo del mundo. También posee oro, gas natural, hierro, coltán, bauxita y tierras raras. Este dato no puede extraerse de la ecuación.

Que empresas de EEUU y aliados tengan acceso al crudo venezolano es un seguro a largo plazo para Washington. También lo es que Rusia, Irán o China no puedan contar con ese petróleo o con otras riquezas del país. Este es otro de los objetivos de Trump en su guerra comercial con Pekín y en su voluntad de acceder a más rutas y recursos en Oriente Medio, de la mano de Israel.

Con el crudo pesado venezolano bajo su influencia, EEUU podría afrontar o compensar mejor la destrucción o la suspensión de la infraestructura energética en el Golfo Pérsico en caso de conflicto bélico, lo que facilitaría la presión militar contra Irán. Por todo ello, lo que pase en Venezuela no es solo un asunto regional. Los resultados tendrán repercusiones globales.

El mundo se reconfigura en función del control de los recursos minerales y de las rutas que los transportan, y para ello se consolida la impunidad y la ley del más dispuesto a usar la fuerza militar

La impunidad consolidada

La intervención militar estadounidense en Venezuela se enmarca en una era de crecimiento y normalización de la impunidad global, en la que el genocidio israelí en Gaza, facilitado por Washington, ha dado el pistoletazo de salida a la ley del más fuerte y del más dispuesto a usar la fuerza bruta, sin reglas.

Esto deteriora seriamente el derecho internacional y los intereses de los pueblos del mundo, incluidos los europeos, cuya vulnerabilidad aumenta en este nuevo marco. Aceptar esta dinámica suprime los argumentos contra futuras invasiones ilegales u operaciones militares de otras naciones para derrocar regímenes o gobiernos aliados de Bruselas.

En el contexto actual se agita la bandera de la fuerza militar como medio –para acceder a materias primas y a rutas estratégicas– y como fin en sí mismo, para sostener, a través de la industria armamentística, un modelo económico con un ritmo y un reparto de la riqueza insostenibles para el planeta y para las mayorías sociales.

Ante ello, gran parte de la UE sigue posicionándose con EEUU, en contra de sus propios intereses, sin responder a la destrucción del derecho internacional por parte de sus aliados –Washington e Israel– y sin acción ni reacción política a la altura frente a crímenes internacionales que ya han modificado el mundo.

Hoy es Venezuela, mañana pueden ser Cuba o Colombia, pero también países europeos que no adopten los marcos políticos de EEUU –como apuntan algunas declaraciones de Trump y la Estrategia de Seguridad Nacional – y que contengan recursos o territorios con rutas interesantes para Washington, como es el caso de Groenlandia, perteneciente a Dinamarca.

Las formas podrán ser diferentes, pero el fondo es el mismo: modificar o desmantelar de un modo u otro aquellos gobiernos o alianzas que no prioricen los intereses económicos de EEUU y sus posicionamientos políticos. Las sanciones de EEUU contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional, contra la relatora de Naciones Unidas para Palestina o contra varios funcionarios europeos son solo el inicio de los planes de Donald Trump. Es urgente una reacción política europea a la altura de las circunstancias.