Hasta 115.000 euros menos al año: la Diputación de Zaragoza centraliza el ciclo del agua para aliviar a los ayuntamientos
Un municipio de 1.000 habitantes puede gastar cada año más de 115.000 euros solo en cumplir la normativa sanitaria del agua de consumo y de las piscinas municipales. Para aliviar esa carga económica —especialmente en los pueblos con menor capacidad de gestión— la Diputación Provincial de Zaragoza pondrá en marcha un servicio centralizado que asumirá íntegramente estos costes.
Los ayuntamientos están obligados a cumplir las exigencias establecidas en el Real Decreto 3/2023 sobre calidad del agua de consumo y en el Real Decreto 742/2013 en materia de piscinas. Estas normas implican controles periódicos, análisis técnicos, planes sanitarios específicos y mantenimiento especializado de equipos.
Solo en costes mínimos de control sanitario, un pequeño municipio puede destinar alrededor de 80.000 euros anuales al agua de consumo y unos 35.000 euros al control de piscinas. A estas cantidades se suman amortizaciones, personal o reparaciones.
Un servicio centralizado y financiado al 100%
Con el nuevo proyecto, la Diputación asumirá directamente la prestación del servicio mediante un contrato administrativo de tres años, prorrogable por otros dos.
El servicio incluirá el análisis y toma de muestras del agua de consumo humano; la elaboración y actualización de los Planes Sanitarios del Agua; la gestión y actualización de registros en la plataforma SINAC; la sustitución o reposición de equipos de desinfección al final de su vida útil; el control de calidad del agua de piscinas; la actualización de la plataforma SILOE y el mantenimiento preventivo básico de los equipos.
Los municipios interesados deberán aprobar el acuerdo de adhesión y firmar un convenio con la institución provincial, donde se detallarán las obligaciones de cada parte.
Apoyo a los municipios más pequeños
La Diputación considera que este proyecto refuerza la colaboración con los ayuntamientos en un ámbito estratégico como es el ciclo integral del agua, garantiza el cumplimiento de la normativa sanitaria y evita que los pequeños municipios tengan que repercutir estos costes en sus vecinos.
La iniciativa se suma a otras políticas ambientales impulsadas por la institución. Entre ellas destaca Ecoprovincia, que desde 2023 permite a 254 municipios reciclar los residuos del contenedor verde sin asumir el coste del transporte ni del tratamiento en el Complejo de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ). La Diputación financia cerca de dos millones de euros para el traslado de los residuos y adelanta más de un millón adicional para cubrir la tasa de tratamiento, evitando subidas en el recibo de la basura.
Además, en el marco de la Agenda 2030, más de 200 municipios zaragozanos están implantando plantas de autoconsumo municipal para reducir la factura eléctrica de los ayuntamientos y, en cerca de un centenar de casos, también la de sus vecinos.
El proyecto del ciclo integral del agua fue presentado en 2024, cuando se realizó una primera manifestación de interés por parte de los municipios para evaluar su alcance. Está previsto que la Diputación impulse próximamente un servicio similar en materia de alumbrado público.
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