Los dos contratos menores que adjudicó el Servicio Aragonés de Salud a la mujer de Guitarte: idénticos e instruidos a petición de su propia empresa

El Servicio Aragonés de Salud (Salud) accedió en dos ocasiones, en 2023 y 2024, a la petición de la empresa Arquilab SL, cuya administradora es Nieves Sánchez −la mujer del líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte−, para tramitar sendos modificados de un lote dentro de las obras de construcción del nuevo Hospital de Teruel. La firma resultó adjudicataria de ambos contratos menores. Entonces, Nieves ya era entonces jefa de gabinete de la vicepresidenta segunda de la Diputación de Teruel, Beatriz Martín, un cargo del que tuvo que dimitir la semana pasada por la polémica creada.

La mercantil solicitó estos dos modificados alegando “diversas incidencias en la ejecución del contrato”. En sendas resoluciones de la Dirección Gerencia del Salud se motivó la necesidad de la actuación, se aprobó el gasto para la redacción del proyecto modificado y se justificó la licitación, tanto en 2023 como en 2024, de contratos menores de servicios por un importe ligeramente inferior a los 15.000 euros cada uno.

Los contratos están vinculados a la construcción del nuevo hospital de Teruel, una obra dividida en nueve lotes que se inició el 25 de febrero de 2019. La dirección de obras había sido adjudicada un año antes a Arquilab SL, en la que Sánchez continúa figurando como administradora única. En ese momento, Guitarte aún no era diputado autonómico.

La solicitud de modificación del lote 2 afecta a trabajos relacionados con tabiquería, fachadas, cubiertas, carpintería y otros acabados menores. La justificación de ambos procedimientos fue idéntica: la redacción de un nuevo proyecto básico que recogiera las modificaciones necesarias ante “diversas incidencias en la ejecución del contrato”. Las resoluciones del Salud explican que “es preciso licitar un contrato menor de servicios, ya que los medios personales con los que cuenta actualmente el Salud son insuficientes para la ejecución de este trabajo y es preciso recurrir a medios externos a la Administración”.

El mismo contrato

El Salud pidió ofertas a las tres mismas empresas en los dos casos −Arquilab SL, Unaluna SL y Ángel Jarque Escusa− y también en ambos la adjudicataria fue la empresa de Nieves Sánchez.

El Departamento de Sanidad asegura ahora a este periódico que se trata del mismo contrato, solo que el primero no se habría llegado a adjudicar. Sin embargo, no consta referencia a ello en el segundo de los procedimientos y tampoco figura nada al respecto en el portal de contratación.

Por su parte, este periódico se ha puesto en contacto con Teruel Existe pero la formación ha renunciación a hacer declaraciones.

Los contratos menores fueron solicitados cuando ella ya ocupaba el cargo de jefa de gabinete de la vicepresidenta de la Diputación Provincial de Teruel, sin haber solicitado la compatibilidad para contratar con la Administración. Sánchez dimitió la semana pasada, tras el plazo otorgado por el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, a la vicepresidenta de Teruel Existe para que su jefa de gabinete abandonara el puesto por decisión propia o mediante resolución final de Presidencia.

Sin solicitar la compatibilidad

Al ser nombrada en 2023, Sánchez firmó no estar incursa en ninguna incompatibilidad. Tampoco consta que realizara la tramitación correspondiente en 2025, cuando ya admitió la existencia de los contratos con el Salud sin haber solicitado compatibilidad, lo que impidió que el pleno de la Diputación Provincial de Teruel pudiera pronunciarse al respecto, como sí hizo en otros casos de funcionarios a quienes se les denegó la compatibilidad.

Los hechos se precipitaron tras la denuncia presentada el pasado 4 de febrero por el empresario y periodista José Luis Campos ante el Tribunal de Instancia de Teruel. En ella acusaba a Sánchez de presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionario, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y fraude a la Administración.

En un comunicado remitido a los medios, Sánchez anunció su renuncia por si su “situación laboral pudiera generar alguna irregularidad administrativa” y aseguró que podría demostrar que a comienzos de 2025 trasladó a la Diputación su “situación de posible incompatibilidad, que anteriormente” desconocía, pero añadió que no se le había “requerido documentación alguna relativa a este asunto”. Añadió que si en 2023 se produjo un error al incorporarse a la institución, “así se reconocerá”, e insistió en que la situación fue “subsanada por propia voluntad en febrero de 2025”.

Sobreseimiento provisional

En este asunto, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha informado este lunes del sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas contra la exjefa de gabinete provincial. La resolución no aprecia indicios penales en esta actuación y apunta que, en todo caso, las posibles irregularidades tendrían carácter administrativo.

El juez Manuel Turmo Peña, titular de la plaza nº 2 de la sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, acuerda en concreto el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra Nieves Sánchez por presuntos delitos contra la Administración Pública, de negociaciones y actividades prohibidas a funcionario y/o tráfico de influencias, prevaricación administrativa y fraude a la Administración.

En su auto, el magistrado argumenta que “el proceso penal no puede iniciarse sobre meras conjeturas acerca de una intervención indirecta no descrita, ni sobre la sola sospecha”. Añade que “no se aporta un relato fáctico con entidad bastante para afirmar, siquiera en términos iniciales, la existencia de indicios racionales de criminalidad imputables a la denunciada” y que la denuncia “carece del soporte indiciario mínimo exigible para justificar la apertura y mantenimiento de unas diligencias penales”. Concluye que “es improcedente acordar diligencias encaminadas a comprobar si existen los elementos típicos del delito cuya ausencia se reconoce en el propio escrito”.

Asimismo, señala que “la denuncia no aporta indicios de manipulación del procedimiento o cualquier otro dato objetivo que permita apuntalar una imputación penal ni tan siquiera indiciariamente”. Apoyándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el instructor subraya que “no es posible iniciar procesos penales para investigar en general a una persona, un ámbito profesional o un fenómeno, por más reprochables que pudieran parecer (…) solo cabe seguir un proceso penal cuando existan indicios de comisión de una infracción penal”, y advierte de que un proceso penal instrumentado en forma de “inquisición general” no es compatible con la Constitución.

* CORRECCIÓN Esta información apuntaba por error en un principio que Tomás Guitarte era diputado en el Congreso de los Diputados en 2018, cuando no accedió a este cargo hasta noviembre de 2019.