Nieves Sánchez dimite como jefa de gabinete en la Diputación de Teruel por sus contratos con el Gobierno de Aragón

La jefa de gabinete de la vicepresidenta primera de la Diputación de Teruel, Nieves Sánchez –mujer de Tomás Guitarte (Teruel Existe)–, renuncia a su cargo. Así lo ha comunicado este jueves después de la crisis creada en la institución provincial, tras conocerse que ha contratado con la administración pública sin haber solicitado la compatibilidad, ni al acceder al cargo en 2023 ni tampoco en 2025, cuando admitió que una empresa suya había ganado dos concursos del Gobierno de Aragón para unas obras menores del Hospital de Teruel. Se marcha, asegura, por si hubiera “alguna irregularidad administrativa” y después del ultimátum del presidente provincial, Joaquín Juste (PP).

Pese a que el año pasado Sánchez comunicó a la institución provincial la existencia de una incompatibilidad, no llegó a rellenar el formulario de la DPT para el que el pleno de la institución se pronunciara al respecto, como sí lo han hecho otros funcionarios que sí han solicitado la compatibilidad.

La situación se ha acelerado tras la denuncia presentada el pasado 4 de febrero por el empresario y periodista José Luis Campos ante el Tribunal de Instancia de Teruel, en la que acusa a Sánchez de presuntos delitos de negociaciones y actividades prohibidas a funcionario, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y fraude a la Administración.

En un comunicado enviado a los medios de comunicación, explica que por su “situación laboral pudiera generar alguna irregularidad administrativa” y “ante la manipulación de este asunto” que está –ha asegurado “pudiendo observar, con la difusión de falsos testimonios y falsedades”, ha decidido “renunciar al cargo” que ostenta en esta institución “antes siquiera de haberse pronunciado un juez al respecto”. “En este caso hablamos de un asunto vinculado a trámites administrativos, que se irá dilucidando en próximas fechas”, ha añadido.

Sánchez dice poder demostrar que a comienzos del año 2025 trasladó a la Diputación su “situación de posible incompatibilidad”, que dice haber desconocido “anteriormente”, pero manifiesta no se le ha “requerido documentación alguna relativa a este asunto”. Este miércoles, Juste precisó sin embargo a este periódico que a Sánchez se le requirió expresamente que rellenara la solicitud para llevarlo al pleno provincial, pero que no llegó a hacerlo. “Si en 2023, al entrar a formar parte de esta institución, hubo un error, así se reconocerá, pero insisto, la situación fue subsanada por propia voluntad en febrero de 2025. En ese momento no había ninguna denuncia”, ha justificado este jueves la jefa de gabinete de la vicepresidenta Beatriz Martín.

“Una 'vendetta' personal”

Sánchez, que afirma no tener constancia de que se haya admitido a trámite ninguna denuncia ni tener un informe jurídico elaborado todavía en relación con la situación, asegura que ha puesto su cargo a disposición “desde el primer momento, entendiendo que el recorrido que tienen estas afirmaciones responde a una 'vendetta' personal”.

La ex jefa de gabinete de la vicepresidenta de la DPT añade que “la denuncia penal que se ha interpuesto” contra ella, “que no está admitida, no tiene ningún recorrido ni justificación”. “En todo caso sería una cuestión estrictamente administrativa. Todo lo demás son fuegos de artificio con ánimo de llamar la atención y perjudicar un proyecto del que formo parte”, añade.

Lamenta que la denuncia contra ella se intentara “instrumentalizar maliciosamente durante la campaña electoral para hacer daño a un proyecto” que le “trasciende, con más de 26 años de trayectoria y el trabajo y esfuerzo de muchas personas cuyo único objetivo es defender la provincia de Teruel”. “Y esto no lo voy a consentir”, ha trasladado.

Pese a que el presidente de la Diputación de Teruel, Joaquín Juste, habló con la vicepresidenta Martín aconsejando la dimisión de la empleada antes de tener que actuar de acuerdo a la legalidad, esto es, destituyéndola del cargo, a juicio de Sánchez “los tiempos para tomar una decisión u otra” en su caso “no dependen de amenazas ni ultimátums de otros” hacia su persona, “sino del ejercicio de la legítima defensa”, en la que se requiere por su parte “información legal al respecto acerca de la situación que se plantea”. “Lo contrario sería indefensión”, concluye.