Vox aspira a presidir las Cortes de Aragón y a ocupar al menos un tercio de las consejerías para investir a Azcón

Ya hay negociaciones abiertas entre el PP y Vox para la investidura de Jorge Azcón como presidente. Lo ha confirmado este miércoles el propio dirigente popular, que ha reclamado al tercer partido más votado el 8F una “política adulta”. La formación de extrema derecha no será, en todo caso, tan benevolente como en las conversaciones de 2023 y planteará exigencias fuertes: para empezar, renovar la Presidencia de las Cortes de Aragón; para continuar, un tercio de las consejerías, incluida una vicepresidencia y con peso presupuestario.

Ese es el marco de inicio de los contactos entre las dos partes, que están muy condicionadas por el continuum electoral que vive el país, con los tiras y aflojas entre María Guardiola y Vox en Extremadura y pocas semanas de las elecciones en Castilla y León.

Lo que es un hecho es que, también a diferencia de lo que sucedió hace tres años, cuando el PP midió mucho los tiempos en el arranque de las negociaciones con la extrema derecha, los contactos ya están en marcha. Azcón, jefe del Ejecutivo en funciones, ha explicado en sendas entrevistas en televisión este miércoles que ya se han cruzado los primeros mensajes por WhatsApp y que el primer objetivo es cerrar una reunión de trabajo presencial.

El dirigente popular ha pedido una “política adulta” y ha recordado a Vox que “lo bueno es enemigo de lo mejor”. Ha marcado como línea roja el plantear acuerdos que vayan “contra las leyes”, como ha señalado en más de una ocasión sobre cuestiones como la limpieza de cauces, que deben siempre contar con el permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

También la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, se ha referido tras el Consejo de Gobierno a las negociaciones con Vox. Ha enmarcado las conversaciones en un “ambiente de discreción” que es “compatible la transparencia” y ha desvinculado los contactos de la necesidad de concretar “un importe presupuestario o una cantidad de direcciones generales”.

Cuestionada sobre si el trasvase sería una línea roja, ha pedido evitar las “especulaciones sobre lo que se puede poner encima de la mesa o no”, pero ha insistido en las manifestaciones de Azcón de que “mientras el PP gobierne en Aragón no habrá trasvase”.

Pero lo cierto es que Vox sí que está pensando ya en cuántos cargos le corresponden, una línea que traza a partir de los propios resultados electorales: al obtener algo más de la mitad de diputados que el PP (14 frente a 26), deberá ocupar al menos un tercio de las consejerías. Teniendo en cuenta que hay nueve en el actual gobierno en funciones, el número mágico sería tres. Aunque es probable que los populares se vean obligados a aumentar el tamaño del Ejecutivo para dar cabida a las necesidades de unos y otros.

Además, el portavoz nacional de Vox –otra de las constataciones es que los representantes aragoneses de la formación siguen teniendo un papel subalterno–, José Antonio Fuster, ha apuntado a que una de las reclamaciones será ocupar una vicepresidenta, como ya hizo Alejandro Nolasco en 2023. Y, al contrario que entonces, las competencias asignadas a la extrema derecha deberán tener peso, tanto presupuestario como de decisión.

Gestión con recursos

Vox se niega a aceptar lo sucedido hace tres años, cuando, pese a tener una representación nominal importante, lo cierto es que a efectos prácticos los departamentos y direcciones generales en su poder eran carcasas en cuanto a gestión de recursos y peso político. Un ejemplo sucedió con la Consejería de Agricultura: se la quedó Vox pero sin el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), la oficina encargada de visar los proyectos de renovables o las explotaciones agrarias, sobre los que Vox ha tratado de marcar agenda. Otro ejemplo: la extrema derecha obtuvo la Dirección General de Ordenación del Territorio, pero sin capacidad de gestionar los planes de interés general (PIGA) que tanta importancia han tenido en esta pasada legislatura. Ahora –al menos, es la intención de Vox– no sucederá lo mismo.

Para empezar, hay una fecha marcada ya en el calendario: el 3 de marzo, cuando se elige al presidente o presidenta de las Cortes de Aragón. En 2023, el PP y Vox acordaron que la ultraderechista Marta Fernández ocupara este importante cargo –cuarta institución más importante de la comunidad autónoma, tras el jefe del Ejecutivo y el presidente del TJSA– antes incluso de cerrar un pacto de gobierno y ahora la formación de Santiago Abascal aspira a lo mismo.

En un segundo plano queda por ahora el contenido político del eventual pacto, que en todo caso no se producirá antes de las elecciones de Castilla y León. Aquí la extrema derecha aspira como mínimo a lo acordado con el PP en la Comunitat Valenciana.