La coherencia como prueba

Hay una prueba silenciosa que mide la calidad democrática de una sociedad: qué hace cuando la igualdad le resulta incómoda. No cuando la consigna es unánime, no cuando el consenso es rentable, no cuando la indignación se dirige hacia el adversario político. La verdadera medida aparece cuando la exigencia atraviesa la propia casa, cuando interpela a quienes nos son próximos, cuando obliga a revisar prácticas, culturas organizativas y liderazgos. Ahí, en ese punto de fricción, es donde se decide si hablamos de compromiso o de estrategia.

En España hemos construido en las últimas dos décadas un andamiaje normativo sólido en materia de igualdad. La Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género supuso un hito al reconocer la especificidad estructural de la violencia contra las mujeres y articular una respuesta integral. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres introdujo la obligación de planes de igualdad en empresas y administraciones, institucionalizando la corresponsabilidad. Más recientemente, la Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual amplió el foco hacia la centralidad del consentimiento y la prevención. La arquitectura institucional y social especializadas y los sucesivos pactos de Estado han consolidado un marco técnico y presupuestario que no existía hace apenas veinte años.

Sin embargo, la existencia de leyes no garantiza por sí sola la coherencia de las prácticas. Los datos nos recuerdan que la violencia machista no es un episodio aislado ni un problema coyuntural, sino una manifestación de desigualdades estructurales que atraviesan todas las organizaciones: partidos, sindicatos, empresas, universidades, asociaciones. Pensar que el acoso o la violencia pertenecen ideológicamente a un espacio político concreto es, además de erróneo, técnicamente insostenible. Las investigaciones académicas y los informes institucionales coinciden en señalar que hablamos de dinámicas de poder, de culturas organizativas tolerantes con determinadas conductas y de déficits en los sistemas de prevención y respuesta.

La instrumentalización partidista de estos fenómenos introduce un riesgo añadido: trivializa su gravedad y desincentiva la denuncia. Cuando la reacción pública depende del color político de quien presuntamente agrede, el mensaje implícito para las víctimas es devastador. No se trata sólo de la exposición mediática o del desgaste reputacional; se trata de la percepción de justicia. Si la vara de medir es variable, la confianza se erosiona. Y sin confianza no hay prevención eficaz.

Desde una perspectiva técnica, la prevención del acoso y la violencia exige tres pilares: protocolos claros y conocidos, órganos independientes de investigación y una cultura organizativa que priorice la protección de la víctima sobre la preservación de la imagen. Esto no es ideología, es gestión del riesgo y garantía de derechos fundamentales. Las organizaciones que entienden la igualdad como un eje estratégico y no como un departamento accesorio integran estas herramientas en su gobernanza cotidiana. Las que la conciben como un elemento discursivo tienden a activarlas sólo cuando la presión externa lo impone.

La igualdad incomoda porque cuestiona inercias. Obliga a revisar bromas normalizadas, estilos de liderazgo basados en la intimidación o redes informales de poder. Exige formación continuada, evaluación y, en ocasiones, asumir responsabilidades que no son penalmente relevantes pero sí éticamente significativas. Ese tránsito no es sencillo y genera resistencias. Pero precisamente por eso resulta imprescindible abordarlo con serenidad y rigor, sin convertir cada caso en un campo de batalla simbólico.

La experiencia comparada muestra que los entornos más seguros para las mujeres no son aquellos donde nunca hay denuncias, sino aquellos donde existen canales accesibles y garantías de imparcialidad. La ausencia de casos públicos no siempre indica ausencia de violencia; a veces revela silencio. Por eso es tan importante desplazar el foco del escándalo a la estructura: ¿qué mecanismos preventivos existen?, ¿qué recursos se destinan?, ¿qué evaluación independiente se realiza?, ¿qué protección se ofrece a quien denuncia?

Hablar de igualdad con envergadura implica reconocer su complejidad. No basta con proclamar principios; es necesario dotarlos de procedimientos, indicadores y seguimiento. Tampoco es útil convertir cada debate en una pugna moral entre bloques irreconciliables. La violencia machista es un problema de derechos humanos y de calidad democrática, no una herramienta de desgaste parlamentario. Cuando la utilizamos como arma arrojadiza, debilitamos la causa que decimos defender.

Quizá la tarea pendiente sea construir una ética pública compartida en la que la coherencia no dependa de la coyuntura. Una cultura política donde la primera reacción ante una denuncia sea activar protocolos y proteger a la persona afectada, no calcular el impacto electoral. Donde la autocrítica no se interprete como traición, sino como madurez democrática. Donde la igualdad deje de ser una bandera ocasional y se convierta en un estándar transversal.

La igualdad, cuando incomoda, nos ofrece una oportunidad. La de demostrar que los avances normativos han arraigado en nuestras prácticas; que entendemos la gravedad de la violencia más allá de su rentabilidad mediática; que somos capaces de sostener el mismo criterio hacia dentro y hacia fuera. No es una exigencia menor. Es, en última instancia, una cuestión de credibilidad colectiva.

Porque si algo nos enseñan las políticas públicas es que la coherencia es la forma más profunda de compromiso. Y la igualdad —la de verdad, la que transforma— empieza justo ahí, en el momento en que deja de ser cómoda.