Gaslighting territorial en la España disponible

En las provincias marcadas por la huella de la escasez de habitantes, se repite una idea: todos los pueblos juegan, supuestamente, en la misma liga de planes contra la despoblación, fondos europeos y grandes programas de cohesión territorial.

Sin embargo, al mirar el mapa real de inversiones, aparece otra fotografía: hay municipios que encadenan proyectos, asfaltos y titulares, mientras otros siguen esperando que les toque algo más que migas. Ese desajuste entre el discurso igualitario y la realidad del reparto es a lo que he descrito como luz de gas entre pueblos, una forma de gaslighting territorial aplicada a la España disponible como la llamamos unos o a la España vaciada como la siguen nombrando otros.

El relato oficial subraya que las convocatorias están abiertas a todos, que 'el que quiere, puede' y que todo depende del esfuerzo de cada ayuntamiento. Al mismo tiempo, se observan localidades pequeñas que han concentrado en pocos años varios millones en subvenciones, frente a otras de tamaño similar que apenas consiguen tramitar una ayuda al año. En la conversación pública, cuando estos desequilibrios se señalan, a menudo se responde atribuyéndolos a falta de iniciativa o de trabajo por parte de los pueblos que se quedan atrás, reforzando la sensación de que el problema no está en el sistema, sino en quienes lo padecen.

Esta narrativa tiene efectos muy concretos. Por un lado, invisibiliza las diferencias de partida: no es igual gestionar un municipio con técnicos, consultorías externas en Madrid y contactos políticos, que hacerlo con una plantilla mínima y múltiples cargos acumulados en una misma persona. Por otro, convierte cualquier crítica en sospecha: quien pregunta por qué determinadas localidades están sobrerrepresentadas en convocatorias y mapas de inversión puede ser acusado de envidia, victimismo o desconocimiento.

Así, el foco se desplaza de las reglas del juego a la supuesta incapacidad de quienes levantan la voz.

En el debate sobre el reparto de fondos en los diferentes marcos, aparece de forma inevitable, el papel de quienes ocupan cargos de representación más allá del ámbito local. Un diputado provincial, regional o nacional nace políticamente de un pueblo concreto, pero su responsabilidad se extiende a toda la provincia que le ha confiado la voz. Hay voces del territorio que consideran deseable que esa doble pertenencia debería reflejarse en una actitud especialmente cuidadosa: poner su conocimiento, sus contactos y su capacidad de influencia al servicio del conjunto del territorio, evitando cualquier apariencia de que el municipio de origen se beneficia de una prioridad no escrita.

En contextos donde la despoblación y la falta de oportunidades son heridas compartidas, se valora mucho que estos representantes se conviertan en garantes de equilibrio, y no en sospechosos de favoritismo y de barrer para casa.

La diplomacia institucional, en este sentido, pasa por dos gestos muy concretos: explicar con transparencia cómo se han conseguido los proyectos de su pueblo y, al mismo tiempo, trabajar activamente para que herramientas similares estén al alcance del resto de municipios de la provincia. De ese modo, su éxito local se percibe como puerta abierta para los demás, y no como un privilegio difícil de replicar.

Manifiesto de los pueblos que no quieren más luz de gas

Este manifiesto recoge las demandas que se escuchan cada vez con más frecuencia en ayuntamientos pequeños, asociaciones y foros comarcales de la provincia. No habla en nombre de una persona concreta, sino de un malestar colectivo que empieza a tomar forma:

1. Reconocimiento del desequilibrio. Muchos municipios no ponen en duda el mérito de quienes han logrado atraer inversiones, pero sí reclaman que se reconozca la desigualdad de condiciones administrativas, técnicas y políticas a la hora de concurrir a las ayudas.

2. Transparencia total. Se demanda la publicación anual, clara y accesible, de todas las subvenciones concedidas por municipio: importe, programa, finalidad y cofinanciación. Solo con ese cuadro completo puede saberse quién está realmente en primera línea y quién sigue en la cuneta.

3. Límites a la concentración de fondos. Cuando los programas están pensados para un territorio amplio, se reclama que se evite que localidades monopolicen convocatoria tras convocatoria, dejando al resto en lista de espera permanente.

4. Apoyo técnico real a los pueblos pequeños. Se pide reforzar oficinas comarcales, equipos supramunicipales y servicios de asistencia que permitan a cualquier ayuntamiento presentar proyectos dignos, sin depender de favores partidistas ni de la buena voluntad ocasional de otras administraciones.

5. Debate público sobre el mapa de inversiones. Se propone abrir espacios comarcales y provinciales donde se presenten los datos y se puedan formular preguntas sin que ello se interprete como ataque personal o partidista. Interrogar al sistema de reparto es una forma de cuidar el territorio, no de dañarlo.

6. Coherencia entre discurso y práctica contra la despoblación. La lucha por la supervivencia de los pueblos no puede quedarse en fotos y consignas; debe traducirse en servicios básicos, conectividad, transporte, vivienda y un reparto de recursos acorde con la gravedad del problema en cada lugar.

7. Fin del gaslighting territorial. La demanda central es que se deje de responsabilizar a los pueblos más débiles de los fallos del sistema. La igualdad de oportunidades no puede reducirse a una frase hecha mientras unos juegan con autopista administrativa y otros siguen transitando por caminos de cabras burocráticos.

Desde esta posición de observadora y relatora, lo que se pone sobre la mesa no es un ajuste de cuentas entre pueblos, es un debate que está en las redes sociales y medios de comunicación y también una invitación a encender la luz completa sobre cómo se está repartiendo el futuro de las provincias de la despoblación y quiénes tienen la capacidad y la responsabilidad de contribuir a un reparto más equitativo. Sólo a partir de esa claridad será posible hablar, de verdad, de cohesión y justicia territorial.