Igualdad y poder en la política aragonesa: un debate pendiente

En Aragón, como en muchos territorios, la igualdad entre mujeres y hombres aparece en los discursos políticos como un principio compartido, casi como una certeza. Sin embargo, la experiencia demuestra que esa apariencia de consenso convive con profundas tensiones: no todas las mujeres que acceden al poder pueden ejercerlo plenamente, y no todos los feminismos son igualmente aceptados dentro de las estructuras institucionales. La política sigue siendo un espacio donde las reglas del poder no se reescriben con la simple presencia femenina.

El incremento de la representación femenina en los cargos públicos ha sido indiscutible en las últimas décadas, pero la cifra por sí sola no transforma las jerarquías ni garantiza autonomía. La pregunta relevante no es sólo quién ocupa los puestos, sino cómo se ejerce ese poder, bajo qué condiciones y con qué margen para cuestionar las lógicas internas. Muchas mujeres que intentan introducir una perspectiva feminista crítica enfrentan mayores resistencias que aquellas que se adaptan a los marcos existentes. La etiqueta de feminismo, cuando se reduce a una declaración de intenciones, puede ser tolerada; cuando cuestiona el sistema, encuentra obstáculos.

Las estructuras partidarias conservan dinámicas patriarcales: redes informales de influencia, decisiones en espacios opacos, valoración de disponibilidad total y escasa atención a los cuidados. Estas dinámicas no son patrimonio exclusivo de los hombres: muchas mujeres consolidadas las reproducen, a veces como estrategia de supervivencia, a veces como forma de legitimación. El resultado es un feminismo institucional que puede perder densidad transformadora y convertirse en un recurso instrumental, útil para la imagen y los pactos, pero limitado en capacidad de modificar prácticas.

Este fenómeno tiene efectos concretos: las mujeres que defienden un feminismo consistente encuentran desgaste constante, menor tolerancia a errores y presión por adaptarse. La igualdad se convierte en moneda de cambio, visible en campañas y declaraciones, pero no siempre efectiva en la vida cotidiana de los partidos. Rebajar la ambición de las políticas de igualdad por comodidad interna no sólo diluye su alcance, sino que puede reforzar estructuras que perpetúan desigualdades.

El feminismo, en este sentido, debe hacer pedagogía: explicar por qué la igualdad no es un privilegio, por qué los retrocesos no siempre llegan por ruptura sino por desgaste, y por qué la presencia femenina no garantiza por sí sola una transformación real. Las elecciones son un momento de visibilidad, pero la igualdad se mide en las condiciones que se crean para ejercer el poder de manera justa y sostenible.

El debate pendiente en Aragón no es teórico ni simbólico: es práctico. Implica revisar liderazgos, jerarquías y dinámicas internas. Significa preguntarse qué feminismos son aceptables dentro de las estructuras y cuáles incomodan, y asumir que sostener un liderazgo feminista coherente casi siempre tiene costes. Sólo a partir de esa reflexión es posible que la igualdad deje de ser un valor retórico y se transforme en un principio operativo que atraviese toda la política.

Las elecciones pasarán. Las estructuras permanecerán. Y la igualdad seguirá siendo un desafío mientras no se revise el núcleo del poder: quién decide, cómo y en qué condiciones. Ese es el verdadero debate democrático y también el que determinará si la política aragonesa está preparada para cumplir sus promesas de igualdad