El accidente de Adamuz abona el terreno de la antipolítica y engorda a Vox en su ciclo ascendente de voto

Hubo un tiempo en el que las mentiras en política se combatían con información veraz. Bastaba con aclarar, explicar y ofrecer datos para que la verdad aflorase. Hoy esa máxima es baldía. Porque lo cierto ha dejado de importar y porque las reglas del juego son distintas. En la política y en el periodismo. El embuste y la desinformación no son solo ingredientes de una palmaria degradación del debate público, sino toda una estrategia muy bien diseñada, además de eficaz para quienes la utilizan. Mentir es fácil, la indignación se propaga con facilidad y la tentación de buscar culpables en momentos de incertidumbre es hasta humana.

Así que no, el dato no siempre mata el relato, como pone de manifiesto la conversación que ya se libra tras el trágico accidente de tren en Adamuz en el que murieron el pasado domingo 45 personas. Mientras el Gobierno, especialmente el ministro de Transportes, Óscar Puente, se desgañita por los medios de comunicación y ofrece todo tipo de datos, estadísticas y comparativas sobre la inversión en infraestructuras ferroviarias, las fechas de las revisiones técnicas de los trenes o el gasto en mantenimiento de la red, la sensación en La Moncloa es que se enfrentan a un imposible. Y eso que el siniestro debería más que nunca poner en el centro del debate la necesaria financiación de los servicios públicos y la falacia de las derechas sobre lo que consideran un “expolio fiscal” a los ciudadanos. Una argucia que presenta los impuestos como una especie de saqueo que hay que rebajar al mínimo cuando la verdad es que sin ellos no hay Estado ni servicios públicos.

Vox, pero también el PP —que tras una mini tregua durante los días de luto oficial ha vuelto por sus fueros—, tratan de capitalizar un descontento con las instituciones que ya venía de lejos, pero que con esta tragedia ha adquirido una nueva dimensión. Pasó con la pandemia, pasó con la dana, pasó con el apagón eléctrico y regresa ahora con el accidente de Adamuz. La ola de la antipolítica se acentúa en cada crisis o catástrofe porque la ultraderecha aprovecha para instrumentalizar el malestar o la desazón social. Y lo peor es que el PP de Alberto Núñez Feijóo le acompaña en el juego con el anhelo de que enredarse en la provocación y en el consiguiente terremoto emocional que provocan sus aliados, aumentará su expectativa de voto. No hay una sola encuesta que confirme esta tesis. Emular a Abascal o Ayuso —que representa lo mismo que Vox— da votos a Abascal, pero no a Feijóo, que no termina de despegar ni capitaliza el desgaste del Gobierno. “Dábamos por hecho que Ayuso daría la orden y Feijóo obedecería”, lamentan en La Moncloa en alusión a la ruptura de la unidad institucional del PP una vez acabado el luto oficial. 

El jefe de la oposición sentenció el viernes que “el estado de las vías del tren es el reflejo del estado de la nación” en el transcurso de una comparecencia pública en la que afirmó que no hacía “crítica sino crónica”, pese a que habló de opacidad y silencio del Gobierno después de que el ministro Puente hubiera dado ya tres ruedas de prensa sin límite de preguntas sobre los detalles técnicos y más de una docena de entrevistas con diferentes medios de comunicación. Feijóo aún añadiría que el accidente es consecuencia de “la mala política y la incapacidad patente” del Gobierno de Pedro Sánchez.

Pero, como con la dana, Adamuz engordará, según todos los expertos consultados, no las expectativas electorales del PP, sino las del partido de Santiago Abascal en su ciclo ascendente de voto. Y es que la población reacciona con tristeza, pero también con rabia y con ira y busca responsables en la política espoleados por los extremistas y por determinados medios de comunicación que contribuyen a que la atención la acaparen los agitadores y la difusión de sus hipótesis sin contrastar.

Dicho de otro modo: para los que se sitúan en los extremos, la tragedia es una ocasión perfecta con la que promover su propia causa y de ahí la difusión de falsas verdades o informaciones manipuladas para poner especial énfasis en el cuestionamiento del Estado. Un ejemplo de lo que hablamos es la reiteración de enfoques y editoriales en algunos medios alineados con la derecha e incorporados a los discursos políticos sobre el abandono estructural y el colapso del sistema ferroviario, pese a que en los últimos años se ha producido un crecimiento exponencial de las inversiones al pasar de 1.747 millones de euros en 2017 a superar los 5.000 millones en 2025. Concretamente, en la red convencional, la inversión se ha multiplicado por seis (de 400 millones en 2017 a más de 2.400 en 2025) y en alta velocidad se ha duplicado (de 1.300 millones en 2017 a más de 2.500 en 2025).

Los ultras han instalado ya en el imaginario colectivo que viajar en tren en nuestro país no es seguro, que se han multiplicado los accidentes ferroviarios y que la renovación de las vías no garantiza la seguridad de los viajeros. La realidad es que entre 2017 y 2024, el número de accidentes graves se ha reducido de 26 a 18 y la tasa siniestros significativos por viajero, un 7%. De hecho, España tiene menos accidentes ferroviarios que países como Alemania, Francia o Italia y estamos por debajo de la media europea, pese a contar con la red de alta velocidad más extensa de Europa.

Del mismo modo, en redes y en medios de comunicación se ha difundido que Óscar Puente suprimió en julio pasado la Unidad de Emergencias y Prevención de Accidentes del Ministerio de Transportes, cuando lo que hizo el ministro fue modificar las funciones de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Gestión de Crisis, que se pasó a denominar Observatorio para la coordinación y prevención de crisis y la atención a las víctimas de accidentes e incidentes en los modos de transporte. 

O la acusación de que el Gobierno ha priorizado intereses externos por encima de la seguridad de los españoles, concretamente con financiación para el tren de Marruecos y el metro de Egipto “mientras las condiciones de los trenes y vías en España son precarias”. La verdad es que se trata de créditos reembolsables con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), un instrumento público que apoya la internacionalización de las empresas españolas financiando proyectos de exportación de bienes y servicios. No son ayudas a fondo perdido: son créditos reembolsables y condicionados, y la financiación solo se activa si una empresa española resulta adjudicataria del contrato. Es decir, que no se financia al país receptor, sino que cada euro movilizado está ligado obligatoriamente a bienes y servicios producidos por empresas españolas. 

Hasta el propio Feijóo ha difundido como cierto que “el centro de control de Atocha perdió el contacto con el Alvia” siniestrado, pese a que pocos minutos después del choque la interventora, herida, pudo contactar con Madrid. En la misma línea ha cuestionado que “los sensores detecten las anomalías”, dado por bueno que se “desoyeron las advertencias” de los maquinistas y puesto en duda que se hayan “custodiado las piezas clave” para la investigación. Esto además de sugerir una supuesta mala calidad de los materiales en las obras de mantenimiento y relacionarla con la corrupción que investiga la justicia en el ámbito del Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Idéntico guion al desplegado por sus medios de referencia.

La prueba de que la estrategia de la desinformación llega hasta el último rincón del país y es asumida por buena parte de la población es que hasta los familiares de algunas víctimas repiten ya idénticos argumentos convencidos de que son ciertos. Así se ha podido escuchar en estos días, por ejemplo, al abuelo y una tía de la pequeña de seis años, cuyos padres y hermano fallecieron en el accidente, hablar de una supuesta petición de los maquinistas que nunca existió para que se rebajara la velocidad en el tramo de vía en el que ocurrió el accidente y de tres millones de euros que “el Gobierno ha prestado a otro país para que arreglen sus vías de tren mientras las nuestras están abandonadas”.

“Están matando a la población”

“Pido explicaciones y pido responsables de los asesinatos porque son asesinos. Le pido desde aquí ayuda a todos los ciudadanos para echar de una vez a este Gobierno. ¡Que se vayan ya! Que dejen de mentir, de ser corruptos y de gastarse nuestro dinero en cosas innecesarias”, reclamaban los familiares de la pequeña en una intervención en la que arremetieron hasta contra “el señor rey, que tuvo un acto de cobardía y se fue sin dar explicaciones”, en alusión a Felipe VI el día que visitó la zona de la catástrofe y visitó a algunos de los heridos. “Están matando a la población y tirando este país a la ruina. No hay nada que funcione. ¿Los impuestos para qué sirven?”, concluía no sin antes defender que “son hechos probados, ya que la causa del accidente fue una negligencia”. Uno tras otro todos los ingredientes de la antipolítica repetidos machaconamente por la derecha política y mediática sin ninguna base cierta ni el más mínimo rigor.

Es fácil que esos mismos mensajes, escuchados antes en boca de algunos dirigentes políticos de Vox, pero también de las populares Cayetana Álvarez de Toledo o Ayuso, circulen con rapidez en momentos de crisis social cuando la confusión lo domina todo. En ese contexto, los ciudadanos no quieren explicaciones técnicas, ni datos, ni estadísticas, solo una respuesta sencilla con la que canalizar su ira. Y la ultraderecha sabe cómo aprovechar esos momentos de debilidad porque maneja con soltura las herramientas para hacerlo. De hecho, son sus huestes las más entrenadas en la utilización de las redes sociales como instrumento de propaganda y de movilización, como manda el manual del buen trumpista. Saben perfectamente cuál es la guerra a librar, y no es la de la verdad, ni la de la estabilidad de las instituciones, ni la de la democracia, sino la de la demonización del Gobierno y por extensión la de todo el Estado. Todo para presentarse, ante un supuesto colapso del Estado, como la solución. 

Y esto a tan solo dos semanas de las elecciones en Aragón, en las que, si se confirman los sondeos, como en las de Extremadura de diciembre, el partido de Abascal aumentará notablemente su apoyo social y el PP estará condenado a formar gobierno con los ultras, aunque cuando Azcón las convocó lo hizo con la esperanza de no depender de ellos para mantener el poder institucional.