Denuncian por la vía penal al Miteco y al Gobierno de Aragón por la tramitación “ventajosa” de proyectos de Forestalia

No es la primera acción judicial contra macroproyectos renovables en Aragón, pero sí es la primera vez que 17 entidades se coordinan para acudir conjuntamente a la vía penal y señalar a las administraciones responsables de la tramitación “ventajosa” de los proyectos de la empresa aragonesa Forestalia. Los demandados son tres organismos: el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), a través de sus direcciones generales de Energía y de Evaluación Ambiental; el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga); y la Dirección General de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, además de la propia empresa denunciada.

La Plataforma 13 de marzo —nombre que alude a la primera manifestación celebrada en Aragón contra los macroproyectos renovables— integra colectivos de las tres provincias aragonesas. Esta nueva denuncia incorpora aspectos que no figuraban en las dos demandas anteriores, como el supuesto trato diferencial a favor de Forestalia; la externalización de evaluaciones ambientales por parte del Inaga que, según los denunciantes, deberían ser realizadas por funcionarios; la presentación de adendas con cambios sustanciales sin someter nuevamente los expedientes a información pública; y el presunto fraccionamiento de proyectos para eludir controles más estrictos.

Los demandantes solicitan paralizar, de forma cautelar, todos los proyectos de Forestalia que no hayan comenzado a ejecutarse, “en tanto no exista garantía jurídica de su plena legalidad”.

Denuncias anteriores

En febrero de 2025, la Plataforma Paisajes de Teruel presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que fue derivada a la Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid. Con anterioridad, Teruel Existe interpuso una demanda en el Juzgado de Instrucción número 1 por el proyecto del Maestrazgo.

Esta tercera denuncia pretende unificar distintos hechos que, según los colectivos, fundamentan su reclamación. Entre ellos destaca la construcción de grandes líneas de evacuación con múltiples ramificaciones, torres de hasta 80 metros y tendidos eléctricos que superan los 300 kilómetros, conectando Aragón con Euskadi, Valencia y Cataluña.

En el caso del Inaga, la plataforma denuncia una supuesta “tergiversación” de informes, como el relativo al Clúster del Maestrazgo. Según han explicado los representantes de la plataforma Paisajes de Teruel, Javier Oquendo; de la Plataforma Cinco Villas, José Luis Ruiz, y de la Huerta de Movera, Violeta Marqués, el documento inicial era “muy restrictivo” y planteaba numerosas objeciones. Posteriormente, aseguran, fue modificado sin que se haya aclarado cómo ni por decisión de quién, lo que atribuyen a la “voluntad” del director del organismo.

Líneas de evacuación o de transporte

Uno de los argumentos centrales es que Forestalia habría presentado como líneas de evacuación lo que, en opinión de la plataforma, son en realidad líneas de transporte de energía. Recuerdan que, según la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, Red Eléctrica de España debe actuar como transportista único. Por ello, José Luis Ruiz sostiene que el MITECO “no debería haber autorizado la línea de transporte privada de Forestalia”, denominación que, según afirma, figura en las propias evaluaciones ambientales de la empresa.

También critican que algunos proyectos obtuvieran autorizaciones fuera del plazo establecido por el Real Decreto 23/2020. Según explican, al no conseguir la Declaración de Impacto Ambiental en el plazo máximo de 49 meses, se habrían modificado los expedientes y vinculado a otros proyectos distintos de los originales. A su juicio, estos hechos podrían constituir un delito de prevaricación en la concesión de autorizaciones.

Asimismo, denuncian que determinadas líneas que atravesarían Navarra, Euskadi y La Rioja fueron finalmente descartadas por la presión de las comunidades autónomas afectadas, mientras que en Aragón se habría aprobado legislación “ad hoc” favorable a Forestalia, asumiendo competencias que consideran estatales.

Javier Oquendo ha apuntado también a un posible delito de falsificación en la tramitación. Como ejemplo, cita la línea entre Biota y Olite, presentada por dos compañías distintas —Green Capital y Forestalia— con proyectos similares: una obtuvo declaración ambiental positiva y la otra no. “Clara prevaricación a favor de una empresa”, ha afirmado.

Por su parte, Violeta Marqués ha hecho hincapié en el supuesto fraccionamiento de proyectos para eludir evaluaciones y cita como zonas gravemente afectadas como las comarcas de Monegros (16 parques contiguos), en Cinco Villas (14 proyectos de un solo promotor con 100 parques y más de 640 aerogeneradores ) o Campo de Romanos (donde se presentaron ocho plantas solares de forma independiente que comparten la misma línea de evacuación, de 28 kilómetros hasta Cariñena) o en Andorra, con 14 plantas fotovoltaicas. Según la plataforma, estos casos “vulnerarían” la prohibición legal de acumular procedimientos cuando existe una clara conexión entre proyectos —mismos promotores, misma línea de evacuación y mismo territorio—.

También denuncian la implantación de proyectos en espacios protegidos como la Red Natura 2000, en zonas agrarias de especial protección —como Cinco Villas y Monegros— y en suelo no urbanizable protegido, como ocurre en la huerta de Movera (Zaragoza). Además, critican actuaciones en terrenos afectados por la Ley de Montes, incluyendo zonas quemadas o montes de utilidad pública que, aseguran, se estarían utilizando en beneficio de intereses privados.

La plataforma cuestiona igualmente que algunas Declaraciones de Impacto Ambiental hayan sido tramitadas por empresas públicas como Sarga o Tragsatec, práctica que consideran irregular, ya que las evaluaciones deben realizarlas funcionarios de carrera.

Por otro lado, denuncian la “modificación sustancial” de proyectos inicialmente incompletos que, tras ser ampliados, no volvieron a someterse a exposición pública. También sostienen que se habrían recuperado proyectos que ya habían perdido sus derechos de conexión por superar los plazos legales, utilizándolos como “percha” para reactivar líneas previamente caducadas.

Finalmente, recuerdan que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha señalado la falta de información para acreditar la capacidad patrimonial de algunas empresas, “centenares de microempresas” entre las que la promotora energética podría dividir proyectos de millones de euros. Según Ruiz, existen serias advertencias del organismo y, sin embargo, han superado trámites y obtenido licencias.

Desde la Plataforma 13 de marzo critican además la ley energética aragonesa —tanto del anterior como del actual Gobierno— y rechazan que, a su juicio, se legisle en beneficio de grandes multinacionales tecnológicas con alto consumo energético, lo que, advierten, podría llevar a una electrificación masiva del territorio con un impacto paisajístico que califican de “terrorífico”.