Paisajes de Teruel denuncia al Ministerio por presuntas irregularidades en la tramitación de proyectos de Forestalia

La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por presuntas irregularidades en la tramitación ambiental de los proyectos de energías renovables promovidos por Forestalia y evaluados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). El escrito señala posibles delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias y se dirige formalmente contra la Subdirección General de Evaluación Ambiental y, en concreto, contra su exsubdirector, Eugenio Jesús Domínguez Collado.

La denuncia, registrada este 18 de diciembre, tiene como origen la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable del conocido como Clúster Maestrazgo —22 parques eólicos en la provincia de Teruel—, publicada en el BOE en diciembre de 2022, aunque la Plataforma sostiene que los indicios detectados afectarían por extensión a todas las DIAs tramitadas por el Ministerio para proyectos de Forestalia en los últimos años.

La presidenta del colectivo, Ana Cortés, ha explicado que la comparecencia frente al Palacio de la Aljafería responde al valor simbólico de las Cortes de Aragón como sede de la comisión de seguimiento de las renovables, una comisión que ha calificado de “fallida”. “Faltaron comparecencias clave y no hubo voluntad de profundizar. Ahora está saliendo aquello de lo que no se quiso hacer seguimiento en su momento”, ha señalado, subrayando que la Plataforma actúa “como representación de la ciudadanía” y no vinculada a ningún partido político.

Por su parte, el portavoz del colectivo, Javier Oquendo, ha detallado que la denuncia se apoya en una acumulación de indicios detectados desde hace casi cinco años. Entre ellos, destaca la existencia de informes técnicos previos con importantes objeciones ambientales al Clúster Maestrazgo, tanto de la Dirección General de Medio Natural del Gobierno de Aragón como del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). Este último, según recoge la denuncia, fue inicialmente redactado por técnicos del organismo y posteriormente corregido por su director, Jesús Lobera, extremo que este reconoció en sede parlamentaria.

Uno de los pilares de la denuncia es la “falta de transparencia” sobre la identidad de los funcionarios responsables de la tramitación de las evaluaciones ambientales. La Plataforma asegura haber solicitado hasta en catorce ocasiones esa información —tanto para el Clúster Maestrazgo como para proyectos del Matarraña y de otras zonas— sin obtener nunca una respuesta concreta. Según el colectivo, el Ministerio se ha limitado a alegar reiteradamente que las DIAs fueron elaboradas por un “órgano colegiado”, sin aportar actas ni identificar a los técnicos intervinientes, pese a los requerimientos del Consejo de Transparencia.

En este sentido, la denuncia sostiene que esta negativa “vulnera la legislación administrativa y de transparencia” y constituye “un indicio de que las evaluaciones no habrían sido realizadas por personal funcionario”. La Plataforma apunta además a una “posible externalización irregular” de los expedientes, presuntamente a través de TRAGSATEC, o incluso a informes que habrían llegado ya redactados por la propia empresa promotora, algo que consideran “fraudulento”.

El escrito incorpora además comparativas que, a juicio del colectivo, evidencian un “trato de favor” a Forestalia. Uno de los ejemplos que destacan se sitúa en la comarca del Matarraña, donde dos proyectos “prácticamente idénticos” —uno promovido por Forestalia y otro por Green Capital— coincidían en ubicación, número de aerogeneradores y municipios afectados, llegando incluso a solaparse espacialmente. El proyecto de Forestalia obtuvo una DIA favorable, mientras que el de Green Capital recibió una declaración incompatible. La Plataforma subraya que en estas comparativas se dan “valoraciones dispares” en aspectos clave como la afección a hábitats de interés comunitario, el impacto paisajístico, la incidencia sobre el águila perdicera o la Red Natura 2000. “La única diferencia objetiva entre proyectos con resultados opuestos es el promotor”, sostiene el colectivo en la denuncia.

Una situación similar se habría producido, según el escrito, en una línea de evacuación de alta tensión entre Biota y Olite, en la comarca de Cinco Villas, donde dos proyectos con 50 kilómetros de trazado coincidente recibieron resoluciones ambientales distintas: favorable en el caso de Forestalia y negativa en el de Green Capital, “pese a compartir afecciones sobre espacios protegidos”.

La denuncia también señala que, tras revisar 36 proyectos tramitados por Forestalia en el Ministerio entre 2021 y 2023, solo tres —los de menor potencia— fueron rechazados. Aseguran que en ninguno de esos expedientes aparece el denominado “Listado de consultados”, documento habitual en otros procedimientos y en el que deberían figurar las iniciales del funcionario responsable de la tramitación.

La Plataforma en Defensa de los Paisajes de Teruel ha decidido acudir a la Fiscalía Anticorrupción. El colectivo advierte además de que el inicio de las obras —actualmente bajo la titularidad de la empresa CIP— podría provocar daños ambientales “irreversibles” y reclama que se investigue la totalidad de los proyectos de Forestalia tramitados por el Ministerio antes de que se ejecuten actuaciones sustentadas, a su juicio, en declaraciones de impacto ambiental presuntamente “irregulares”.

Teruel Existe pide parar las obras del Clúster del Maestrazgo e Izquierda Unida revisar todos los expedientes de Forestalia

Teruel Existe ha hecho un llamamiento a frenar las obras del Clúster del Maestrazgo, antes de que “el daño se irreversible”, según ha advertido hoy en rueda de prensa el portavoz de esta formación, Tomás Guitarte. Ha señalado que “el ruido” de las revelaciones diarias sobre la presunta trama de corrupción que rodea a Forestalia está “enmascarando” la amenaza inminente sobre el Maestrazgo: “Se han desestimado las medidas cautelares contra el Clúster, y, si nadie lo remedia, la empresa danesa CIP puede empezar a destrozar la zona en unas semanas”, ha advertido.

En su intervención, Teruel Existe ha destacado que los medios de comunicación estén destapando “cada día un dato nuevo, y cada uno más grave que el anterior” sobre la presunta trama de corrupción ligada a Forestalia, y ha reconocido el trabajo “encomiable” de la UCO, pero ha sido contundente al señalar que no es solo la reputación de Forestalia la que debe ser puesta en cuestión: “Aquí hay otros responsables de todo lo que está saliendo en los medios de comunicación que no se pueden ir de rositas,” ha dicho Guitarte, quien ha recordado que “en la legislatura pasada, con el gobierno del PSOE, PAR, CHA y Podemos, se multiplicaban los anuncios de inversiones para instalar en el territorio megaparques eólicos y fotovoltaicos”. 

Por otra parte, el portavoz de Teruel Existe ha lamentado que la comisión de investigación celebrada en las Cortes de Aragón “quedó en agua de borrajas” porque “no había voluntad política real de profundizar en estos temas”. Guitarte ha finalizado insistiendo en el llamamiento de Teruel Existe a “salvar el Maestrazgo antes de que sea irreversible”, ya que, si las obras del Clúster se llevan a cabo, “aunque al final la Justicia anule la autorización ambiental, miles de árboles habrán sido talados”: “Una superficie forestal arrasada no se recupera de la noche a la mañana”, ha dicho. “Hay que salvar el Maestrazgo ahora, no después”, ha concluido.

También Izquierda Unida de Aragón ha reclamado este jueves la revisión de todos los expedientes relacionados con el grupo Forestalia, la suspensión de las autorizaciones otorgadas y la anulación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Búfalo, que el Gobierno de Aragón declaró de interés autonómico recientemente. Su portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, ha señalado en una rueda de prensa en las Cortes que las noticias sobre presunta corrupción en la concesión de autorizaciones y actos administrativos “en favor del entramado empresarial de Forestalia” incrementan las sospechas tanto sobre esta compañía como sobre el despliegue acelerado y desordenado de centrales eólicas y fotovoltaicas en los últimos años. Sanz ha apuntado que ese despliegue se llevó a cabo sin planificación, sin moratoria, sin planes de conservación de especies protegidas y con falta de transparencia en las tramitaciones, “desoyendo las alegaciones de la sociedad civil”.

“Hubo un interés real en no regular y planificar, y hoy seguimos sin hacerlo”, ha aseverado el diputado, que ha instado a revisar el voto de cada grupo político en las conclusiones de la Comisión de Investigación de las Cortes de Aragón y a recuperar informes apartados de funcionarios, citando los del INAGA en el Maestrazgo y el cambio de criterio en el Consejo Provincial de Urbanismo de Zaragoza.

Según el responsable de Modelo Productivo y Ecologismo de IU Aragón, Jesús García Usón, la situación de las grandes renovables en Aragón está marcada por la vorágine expansiva que genera la demanda de la industria electrointensiva y “alimenta un mercado claramente especulativo”. García Usón ha enumerado proyectos vinculados a desarrollos energéticos que ahora son objeto de investigación y que, pese a contar con consideración ambiental favorable del Ministerio, cayeron por la negativa ambiental en otras comunidades autónomas y ahora se recuperan. Entre ellos, el Proyecto Búfalo (con centros de datos en Magallón, Botorrita y Alfamén), el Proyecto Toro (la megafactoría de baterías de CATL en Figueruelas) y el Centro de Datos de Repsol en Escatrón.

En este contexto, Izquierda Unida exige la revisión de todos los expedientes en tramitación y la suspensión de las autorizaciones otorgadas a Forestalia.Por su parte, la recién nombrada Coordinadora General de IU Aragón, Marta Abenchochea, ha recordado que el Gobierno de Azcón está obligado a dejar en suspenso la Declaración de Interés Autonómico (DIA) otorgada al Proyecto Búfalo, anunciado como uno de los mayores operadores energéticos y tecnológicos de Aragón. El plan combina tres centros de datos con producción y gestión energética, incorporando centrales energéticas que tramitaron sus declaraciones ambientales en el Ministerio de Transición Ecológica, pero que fueron rechazadas por su impacto ambiental en otras comunidades autónomas, unca la aragonesa, ha subrayado.