La Agencia Tributaria, en servicio de auxilio judicial, ha presentado un nuevo informe ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga un fraude en el IVA del sector de los hidrocarburos y en el que se instrumentalizó a la operadora Villafuel. Si bien la causa ya cuenta con informes que profundizan en cómo se perfeccionaba ese delito, en este nuevo documento el funcionario de Hacienda ofrece un dato relevante: el 11 por ciento de lo defraudado se canalizaba “desde las sociedades interpuestas a través de presuntos contratos de asesoramiento”.

Este dato cobra relevancia al hacer un cálculo rápido: si el dinero presuntamente defraudado por la presunta trama que lideraban el empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas ascendía a 181 millones entre los años 2022 y 2024, ese once por ciento ascendería a 20 millones. Esa cantidad se habría transformado en esos contratos de asesoramiento 'fake' que se formalizaban fundamentalmente como comisiones de venta.

Estos contratos, indica el informe, se formalizaban especialmente con entidades ubicadas en Portugal, y algunas de esas mercantiles reintroducían estos fondos a través de inversiones en España. El objetivo era “deslocalizar los ingresos y dificultar o impedir el seguimiento de los fondos defraudados”. Y añade que también se detectaron salidas de fondos hacia China. Y resalta el inspector de Hacienda que todas esas salidas de fondos “podrían ser indiciarias de un presunto vaciamiento patrimonial de las sociedades involucradas en la trama a los efectos de dificultar el cobro y recuperación de las cantidades defraudadas”.

Según explica el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es y que ya está en la mesa del juez instructor, “existe un claro patrón” cuando se analizan las operativas realizadas en las siete sociedades interpuestas por la trama para hacer desaparecer el IVA. El 21 por ciento de esas cuotas defraudadas y no ingresadas al erario público se repartía de esta manera: el 11 por ciento en ese “asesoramiento” y el otro 10 por ciento se dedicaba a “rebajar el precio de venta ofertado a sus clientes finales”. Este segundo movimiento permitía manejar precios de venta muy reducidos, “lo que supuso una ventaja competitiva en el mercado de hidrocarburos”.

La reintroducción de fondos

El informe explica que los beneficios obtenidos con las actividades de la trama fueron, en una parte relevante, desviados por las sociedades interpuestas a cuentas bancarias y que algunas de ellas estaban situadas en el extranjero. Añade que, con posterioridad, “dichos fondos fueron parcialmente retornados a España en forma de inversiones inmobiliarias, societarias y de gastos de consumo privado, ”cuyos beneficiarios han sido los principales responsables de la trama descrita (Víctor de Aldama y Claudio Rivas)“. Para la Agencia Tributaria estas conductas ”pueden ser constitutivas de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales“.

Precisamente, un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que fue conocido a finales de septiembre, cifraba en 78,3 millones de euros los fondos transferidos desde cuentas bancarias españolas hasta otras de empresas portuguesas por la empresa Villafuel, operadora que se ubica en el centro de la trama de hidrocarburos.

Hacienda señala ahora, por otro lado, que Villafuel como las siete sociedades interpuestas “se han nombrado como administradores a personas con claro perfil de testaferros, ocultándose a los verdaderos responsables que estaban al frente de la gestión y dirección de las mercantiles”. Añade que las entidades interpuestas sólo tienen a Villafuel como proveedor de productos petrolíferos y presentan unos rasgos comunes: “sus administradores y socios tienen perfil de testaferros; apenas disponen de una estructura empresarial o profesional; su vida operativa es muy breve; carecen de capital y fondos propios relevantes; y tienen una misma red comercial y cartera de clientes que se van sucediendo”.

Y añade que la clave para hacer viable la estructura defraudatoria era apropiarse de la cuota de IVA para rebajar precios y expulsar del mercado a otros operadores que cumplen con la normativa tributaria.

El magistrado de la Audiencia Nacional Antonio Piña, que valora si este tribunal especial es competente para investigar al cantante Julio Iglesias, ha solicitado a las dos extrabajadoras que presentaron la querella que acrediten que se cumple con el requisito de doble incriminación en este caso concreto. Es decir, que los hechos por los que se solicita que se investigue al artista en España son también delito en los países en los que presuntamente ocurrieron, en este caso Bahamas y República Dominicana.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es señalan que el magistrado no solo habría acordado esta diligencia, que ya ha sido respondida por la representación legal de las dos extrabajadoras, sino que también ha reclamado que se le facilite el expediente preprocesal de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Ese expediente es en el que la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, concluyó que la denuncia presentada previamente ante el Ministerio Público no podía ser admitida por falta de competencia de los juzgados españoles. Frente a esa primera conclusión de Durántez, el pasado 14 de octubre trascendió que el fiscal Vicente González Mota sostuvo que este tribunal especial sí era competente para investigar la querella por agresión sexual presentada contra el cantante Julio Iglesias.

Sobre la respuesta de las querellantes al requerimiento del juez Piña, fuentes jurídicas explican que ya fue remitida este lunes al Juzgado Central de Instrucción número 6 y que complementa un resumen que estaba incluido en la querella en la que se sostenía que se daba ese requisito de la doble incriminación. El nuevo informe incluye extractos de la legislación penal y procesal de Bahamas y República Dominicana, además de hasta doce documentos anexados que sustentan la doble incriminación en este caso particular.

Por otro lado, y en paralelo a estas diligencias, las extrabajadoras han presentado un recurso de apelación, ante la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, en el que se solicita que se revoque la resolución por la que el magistrado daba acceso a la defensa del cantante a la querella y se le daba traslado para presentar alegaciones a la jurisdicción. Y esto sin haber tomado medidas de protección a las querellantes, aun cuando se pidieron en la misma querella y en repetidas ocasiones.

La querella de Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), que trabajaron en las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas en 2021, acusa al cantante de varios delitos: trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, varios delitos contra la libertad sexual y contra los derechos de los trabajadores por la imposición de condiciones abusivas, lesiones y trato vejatorio.

Según el comunicado Women’s Link por el que se anunciaba la querella los testimonios de las extrabajadoras revelan que “el querellado habría aprovechado su posición de poder y su situación de vulnerabilidad para captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante”. Describieron que Iglesias “las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”, dice la organización.

A las 8.53 horas del pasado miércoles 28 de octubre dos trenes, el AVE 2080 y el Iryo 6076, colisionaron en la vía 2 de la línea de alta velocidad que une Madrid con Sevilla causando al menos 69 muertos. El trágico accidente ocurrió a la altura de la localidad toledana de Urda y, en cuanto los juzgados de instrucción de Orgaz tuvieron conocimiento del suceso, dos juezas cogieron su vehículo y se dirigieron al lugar del siniestro.

A medida que pasaban los minutos y las horas se iban conociendo detalles que podían explicar esa colisión. Desde un inicio, y con fuentes gubernamentales, se habló del factor humano como posible causa, y se puso el foco en uno de los controladores del tráfico ferroviario que operaba desde el centro de control de Adif en la estación de Atocha. Habría cogido las riendas de la circulación tras un fallo en el sistema automático LZB. Llegó esa tesis, llegaron también los audios en los que se pudo escuchar a los maquinistas acatar las órdenes (o intentarlo, en el caso de la maquinista del Iryo). Llegó finalmente un relato que afectaba de lleno a una futura investigación que nunca fue manejado en esas primeras horas por las autoridades judiciales y sí por el ámbito político.

A pesar del comprensible caos informativo de esas primeras horas, en el que se mezclaba la información de servicio a las víctimas con detalles del posible detonante, en cuanto la Fiscalía Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tomaron cartas en el asunto y las juezas de Orgaz estuvieron sobre el terreno, se puso pie en pared. La jueza de instrucción Aristea Afroditi Ortiz, recién salida de la carrera judicial y con primer destino en esa localidad toledana, asumió la investigación porque fue quien estaba de guardia en esa mañana. Y una de sus primeras decisiones fue decretar el secreto de las pesquisas. Ahora se conoce que ella se dedicará en exclusiva a investigar el accidente.

Con esta base, la pregunta que está en el aire es cómo transcurrirá esta instrucción y qué paralelismos puede seguir con otros casos como el de Adamuz o el de Angrois. ¿Se eternizará?, ¿acabará en un callejón sin salida?, ¿se parecerá en algo la verdad judicial a la verdad que ya planea por programas informativos y de entretenimiento? Expertos consultados por elDiario.es ponen el foco en que, si bien en los tres casos se investigan accidentes ferroviarios que han conllevado un gran número de víctimas mortales (en Córdoba fallecieron 46 personas y en Angrois, 80), los sucesos son completamente distintos en atención a las posibles causas.

En lo que sí coincidirán las investigaciones de Adamuz y de Urda es en que se personarán en la causa asociaciones ultras, seudosindicatos y partidos que harán que la instrucción no solo pierda agilidad, sino que, además, tenga una gran carga política, con el ruido innecesario que conlleva para cualquier causa. Otro punto en el que coinciden ambos accidentes es en que, en la investigación, tendrá un peso determinante el análisis técnico de lo que ocurrió. Y ahí, el papel de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil (AITAT) será determinante para la vía judicial, más allá de lo que puedan aportar los diferentes peritos de parte a los que, con toda seguridad, acabará recurriendo la principal empresa pública afectada, Adif.

Bajando a lo concreto, lo que se sabe hasta ahora de la instrucción de la jueza Ortiz es que ha tomado decisiones rápidas y relevantes con el objetivo de salvaguardar la prueba, algo que en Adamuz fue diferente. En ese caso, se dio la circunstancia de que operarios de Adif llegaron a mover parte del material que era objeto de investigación sin autorización de la jueza, según indicó la Unidad Central Operativa (UCO) en un informe.

Las primeras decisiones

La jueza que investiga en Urda, en las primeras horas, acordó por providencia prohibir el acceso a la zona del siniestro a toda persona ajena a la instrucción. De hecho, no permite que nadie se acerque a menos de dos kilómetros de la vía y solo fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, equipos de salvamento y sanidad y personal judicial cuentan con la autorización judicial para permanecer en la zona. En esa misma resolución, la jueza prohibió la retirada de cualquier elemento, así como la toma y difusión de imágenes de la zona afectada con el objetivo de esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios.

Por otro lado, acordó también la incautación y custodia por parte de la Policía Judicial de Toledo de las cajas negras de los trenes siniestrados para su posterior análisis. Y acordó que agentes de la policía judicial, que solo deben responder ante ella y no ante sus superiores jerárquicos, se personaran en el centro de control de Atocha para obtener cuanta información pudieran para dar con la causa del siniestro. En este sentido, especificó que debían hacerse con los primeros informes al respecto que elaborara Adif sobre los controladores implicados en el suceso, y obtener los protocolos de actuación relativos a los minutos previos, en el momento del siniestro, y posteriores al accidente ferroviario.

La lectura de todas estas diligencias es clara: la jueza dio un golpe en la mesa y dejó claro que ella era la que iba a tomar todas las decisiones y a marcar los tiempos, por encima de cualquier interés práctico que pudiera llegar a tener Adif para reparar o restablecer el tramo afectado. E hizo una cosa más para evitar filtraciones de datos sensibles en los primeros días, decretó el secreto de sumario de las actuaciones.

Pero más allá de estas primeras decisiones, lo que cabe preguntarse ahora es qué ritmo o qué se puede esperar de la investigación judicial. Como siempre, los pasos de la instrucción serán lentos, los avances se harán esperar y, previsiblemente, no casarán bien con las expectativas de los afectados y mucho menos con la sed de avances de los medios de comunicación. Ya ha ocurrido en Adamuz. Ya ha ocurrido en otras catástrofes como la dana.

Por de pronto, teniendo en cuentas las decisiones de la jueza, aún se está en el momento de recuperar todos los cadáveres y restos por lo que las labores sobre el terrero continúan. Este mismo domingo trascendía que había requerido de forma urgente a Adif Renfe para que dispusiera de los operarios de grúa necesarios para que, por turnos, pudieran continuar con las labores de retirada de vagones de la zona del accidente y así localizar todos los posibles restos que podrían hallarse todavía en el lugar.

Además, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Orgaz está decidida a proteger a las víctimas y familiares del accidente, y ha acordado por resolución que se prohíba la obtención, divulgación o publicación de información o imágenes relativas a las víctimas del siniestro o sus familias para preservar la intimidad, integridad y dignidad de las mismas y evitar situaciones de revictimización.

Más allá de estas primeras decisiones, la jueza tendrá que valorar cuándo comienza a tomar declaración a las diferentes personas de interés en relación al siniestro. Hasta ahora, por fuentes conocedoras del caso ha trascendido que se ha intentado sin éxito tomar declaración -fuentes señalan que incluso se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil- en hasta dos ocasiones al operario que, según las grabaciones filtradas, dio la orden de que el AVE siguiera con “marcha normal”. Por las manos de la jueza pasarán, con todo, una pluralidad de actores, desde operarios de Adif, a testigos, víctimas o cargos políticos. Pero si en este caso ocurre como en Adamuz, esas declaraciones se harán esperar y se dejarán para una segunda fase de la investigación una vez se avance en la parte más técnica.

En el aire está que no ocurra como sucedió con el siniestro ferroviario de Angrois, que tuvo lugar en julio de 2013 y que hasta 2024, once años después, no contó con una sentencia. El Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela condenó entonces a dos años y medio de prisión tanto al maquinista, Francisco Garzón, como al exjefe de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, por el descarrilamiento del tren Alvia. La jueza Elena Fernández Currás consideró probado que ambos eran responsables de 79 delitos de homicidio y de 143 de lesiones por imprudencia grave. En enero de 2026, la Audiencia Provincial absolvió a Cortabitarte y confirmó la condena del maquinista. Pero Garzón recibió en septiembre informe favorable para su indulto.

Investigación paralela a la de la AITAT

En todo caso, en la tragedia de Urda la investigación judicial correrá en paralelo a la que realice la AITAT, que ya ha hecho públicos hasta dos informes, si bien el segundo de este pasado 1 de noviembre, es una ampliación del primero. Y en algún momento, la pata judicial del caso acabará bebiendo de las pesquisas de esa autoridad independiente que pende del Ministerio de Transportes. Y en otro carril, independiente, pero que tratará de utilizar el suceso políticamente, transcurrirá el discurso de los grandes partidos con sus comisiones de investigación parlamentarias sobre la responsabilidad del Gobierno en funciones de Pedro Sánchez.

Con todo, la prioridad ahora mismo es la identificación de cadáveres. A 2 de noviembre, el Centro Integrado de Datos informó de que gracias a las labores del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real se había logrado poner a disposición de los familiares a 47 fallecidos. El balance provisional en este momento sigue siendo de 69 personas fallecidas y, en la noche del 1 al 2 de noviembre se informó de que se habían identificado ya 66. Más de 60 profesionales han participado o participan aún en Toledo en esas labores de realización de autopsias, entre ellos una veintena de médicos forenses de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo, Ciudad Real y Cáceres.

Cuando estas primeras pesquisas acaben, la vía judicial deberá resolver sobre personaciones de acusaciones populares, sobre unificación de querellas y denuncias a la causa principal, y sobre las diferentes diligencias que desde partidos como Vox ya han solicitado y dejado por escrito. Incluso el Tribunal Supremo deberá decidir si acepta o no una querella de los de Santiago Abascal que piden imputar al ministro Óscar Puente por homicidio imprudente. Pero ese será otro escenario, totalmente ajeno al momento de urgencia de identificación de las víctimas que, todavía, es prioritario.

Dos Mil Palabras S. L., la empresa editora del medio digital Okdiario, pagó 242.000 euros (IVA incluido) en dos facturas al despacho IDBO Consultants, donde trabaja Leticia de la Hoz, la abogada que defendía al exasesor ministerial Koldo García tanto en la causa de la Audiencia Nacional como en la que se siguió en el Tribunal Supremo. El concepto de las facturas es conciso y no deja lugar a la imaginación: “Honorarios, aranceles y gastos por asesoramiento jurídico y procedimientos del señor D. Koldo García”.

Esas facturas y las dos transferencias que las respaldan, a las que ha tenido acceso elDiario.es, han sido aportadas por De la Hoz ante el juez que la investiga por su posible implicación en el caso Leire Díez. Esta documentación consta de dos facturas fechadas en 27 de noviembre de 2025 y 23 de enero de 2026 y dos órdenes de transferencia. Leticia de la Hoz busca así defenderse de la acusación que la mantiene imputada en el denominado caso Leire Díez, una trama delictiva vinculada al PSOE dedicada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban a dirigentes o familiares de dirigentes de esta formación política.

“Los documentos acreditan que el Partido Socialista Obrero Español no hizo abono alguno a mi representada por la defensa de D. Koldo García Izaguirre, como ella ha afirmado reiteradamente”, resalta el escrito presentado este jueves ante el magistrado. La abogada está imputada en ese caso porque supuestamente ofreció dinero a una empresaria, Carmen Pano, a cambio de que esta mujer rectificara una declaración en la que aseguraba haber llevado 90.000 euros en bolsas de dinero a la sede del PSOE en la calle Ferraz.

La entrevista a Koldo antes de entrar en prisión

Las facturas que ha entregado Leticia de la Hoz al juez Santiago Pedraz demuestran cómo un medio de comunicación afín a la derecha política española –su director Eduardo Inda llegó a pedir tanto a Alberto Núñez Feijóo (PP) como a Santiago Abascal (Vox) que se entendieran “porque el enemigo de los 48 millones de españoles es Pedro Sánchez”– pagó los gastos de defensa de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, condenado a 19 años y ocho meses de cárcel por corrupción.

De hecho, en el mismo mes de noviembre en el que se abonó la primera de las facturas, la más elevada de 150.000 euros más IVA, Okdiario publicó una entrevista exclusiva con Koldo García en la que este censuraba a Pedro Sánchez y a su Gobierno: “Escuché a Sánchez decir que su suegro aportaba 100.000 euros para las primarias”; “se hizo pitufeo en las primarias con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos”; “no pongo la mano en el fuego por Sánchez, Begoña, Marlaska, Chivite ni Zapatero”.

Seis meses después, en el último día del juicio del Supremo, Koldo García utilizó su turno de última palabra para denunciar que le habían hecho ofrecimientos ilegales prometiéndole que iba a salir libre del proceso por el denominado caso Mascarillas: “A mí se me ofreció que se me iba a quedar esto en nada si decía o me metía con el Gobierno. Hay dos medios de comunicación que se reunieron conmigo, y lo que estoy diciendo lo puedo demostrar, para que mienta y engañe a todos los españoles”.

Esta declaración se puede escuchar en el video del juicio:

La abogada de Koldo García pretende acreditar ahora ante la Audiencia Nacional que la defensa de su cliente la pagó un medio de comunicación, Okdiario, caracterizado por sus campañas contra el PSOE y contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Leticia de la Hoz quiere ahuyentar así todas las sospechas sobre su supuesta colaboración con el PSOE en el denominado caso Leire Díez.

El juez que investiga el caso, Santiago Pedraz, no autorizó en un primer momento que De la Hoz revelará durante su declaración como imputada el nombre de quién le pagó por la defensa del ex asesor de José Luis Ábalos. Pero este pasado miércoles firmó una providencia en la que pedía a la abogada aportar “a la causa la nota de encargo, factura o justificante de pago referidas a la defensa que ha venido ejerciendo para Koldo García Izaguirre”.

ElDiario.es ha tratado de contactar sin éxito tanto con responsables de la editora Dos Mil Palabras y del medio para recabar una respuesta a ese escrito presentado en una causa judicial que se sigue en la Audiencia Nacional.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ya tiene sobre la mesa el informe pericial elaborado por la Joyería Yanes sobre las piezas halladas en la caja fuerte del despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Cifra el valor en 1.023.000 euros, y, por tanto, se aproxima al cálculo inicial que tasó la Joyería Ansorena al inicio de las pesquisas.

Fue el pasado mes de septiembre cuando el magistrado solicitó ese informe pericial gemológico y joyero de las piezas incautadas para obtener distinta información como la posible identificación del área geográfica de creación, la identificación de los metales preciosos, su valor de reposición actual y del conjunto del lote, así como su antigüedad, entre otros extremos. Yanes indica que en su informe que “pudieran haber sido fabricadas en India, Tailandia, China o países de Asia Central”.

En esta pericia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se explica que no los diamantes que contienen las piezas son naturales si bien no se puede determinar su procedencia. Con todo, añaden que por su calidad de talla se podría descartar que vinieran de Rusia. Sobre las esmeraldas, también naturales, puntualiza que son “de una calidad muy comercial y que el origen podría ser compatible con Zambia. Sobre las gemas rojas señala que no se pueden denominar rubíes porque tienen relleno de vidrio de plomo, y sobre los zafiros, también ”muy comerciales“ indica que el origen puede estar en Tailandia.

Explica la pericial, por otro lado, que los lotes 1, 2 y 3 -que son los que Zapatero habría recibido como obsequio de Arabia Saudí, fueron “fabricados simultáneamente” y, aunque no se puede precisar el año “ya que son joyas de estilo clásico atemporal y ajenas a modas”, tendencias o a una localización geográfica determinada“, fueron fabricadas a su juicio después de que en junio de 2007 entrara en vigor una normativa que reducía los niveles de níquel para que no fueran nocivos para la salud. ”La hipótesis de que estas joyas no hayan sido fabricadas en la Unión Europea, reforzaría la idea de que, en años posteriores a 2007, pudieran haber sido fabricadas en India, Tailandia, China o países de Asia central“, explica.

Por otro lado, los joyeros señalan que es “incoherente” que piezas de este valor no estén acompañadas de sus estuches originales para su debida conservación y protección. Tampoco entiende por qué carecen de la documentación y acreditación de calidad e identidad que normalmente acompañan a joyas ostentosas como las estudiadas. “Cuando se adquieren este tipo de joyas, se hace en joyerías conocidas, con certificaciones, con estuchería y con marcas trazables que identifiquen al fabricante y a la firma comercial”, añade.

Tras conocerse ese nuevo encargo a Yanes, el expresidente pidió que no fuera esa joyería porque su propietario ya se había pronunciado con anterioridad en un medio de comunicación sobre esas piezas. Además, remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el que atribuía la parte principal de la “colección” de joyas incautada en su despacho a un “obsequio de carácter personal” que el rey Abdullah Bin Abdulaziz Al-Saud de Arabia Saudí le entregó cuando era jefe del Ejecutivo. Según el escrito, la entrega se produjo en el Palacio de la Moncloa durante la visita oficial del monarca a Madrid los días 18 y 19 de junio de 2007.

El primer informe, el de Ansorena, tasó de forma preliminar el valor de las joyas en 1,3 millones de euros. La pieza más preciada, valorada en 278.000 euros, era un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia. La defensa del expresidente rechaza esa valoración. Argumenta que la joyería hizo una estimación a “valor de reposición” a precios de mercado de junio de 2026 que está orientada a pólizas de seguro y que no refleja el valor real que tenían las piezas cuando fueron entregadas hace casi dos décadas, en 2007.

El exjuez Luis Sáenz de Tejada ha declarado este miércoles como investigado en el caso Leire Díez. Ante Santiago Pedraz, el ahora abogado Sáenz de Tejada ha negado “rotundamente” haber contactado con la presunta jefa de un clan de narcotraficantes de Badajoz, Cintia Rocho, para proponerle atentar contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora de la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Sáenz de Tejada ha atribuido su imputación en la Audiencia Nacional a una represalia por sus denuncias de “prevaricación judicial en Badajoz”, a lo que se une el momento de “campaña electoral” y el intento por perjudicar al PSOE. El exjuez está imputado por pertenecer presuntamente al grupo de Leire Díez en una de las maniobras de la exmilitante del PSOE, consistente en intentar apartar a Beatriz Biedma del caso de David Sánchez.

La investigación contra Sáenz de Tejada surge de noticias periodísticas que han seguido los agentes de la UCO, “un bulo” de un periodista de un medio madrileño, ha explicado el investigado al salir de su declaración. Rocho declaró en televisión que Sáenz de Tejada se puso en contacto con ella y le comentó que había que “eliminar” a Biedma.

Este miércoles, el exjuez ha asegurado que nunca ha hablado con Rocho y que si se ha referido a “eliminar” a la jueza en algún otro foro ha sido en el sentido de apartarla de una causa judicial, como ya logró el mismo en el procedimiento que instruía Biedma contra él por violencia de género. Biedma fue apartada por anticipar la condena a Sáenz de Tejada en un escrito.

Sáenz de Tejada compartía un chat con Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset y el expresidente del Badajoz Joaquín Parra en el que supuestamente se habría abordado la corrupción judicial en la ciudad extremeña y las maniobras para apartar a Biedma. Sáenz de Tejada ha dicho este miércoles a los medios, tras declarar durante casi hora y media, que quien creó y tenía auténtico interés en ese chat era Parra, asediado por varias causas judiciales. Recientemente ha sido condenado a 10 años por un fraude de hidrocarburos.

El exjuez ha negado que trasladara sus quejas a la Fiscalía General del Estado por indicación de Leire Díez y que todo lo que habló con ella fue facilitándole información de la supuesta corrupción en Badajoz, como ha hecho con periodistas y políticos locales y nacionales.

Igualmente, Sáenz de Tejada ha insistido en la falsedad de que siguió en su coche a Beatriz Biedma el día de su declaración en la Audiencia Nacional y ha precisado que hay tres testigos y su geolocalización de que se encontraba a 450 kilómetros del lugar de los supuestos hechos.

El pasado 23 de octubre trascendió que la exmilitante Leire Díez se querellaba contra el PP por utilizar su imagen en un video realizado con inteligencia artificial en el que ponían en su boca que había contratado matones para eliminar a la jueza de Badajoz Beatriz Biedma. Esa querella fue presentada ante el magistrado de la Audiencia Nacional que la investiga por coordinar una supuesta trama que se dedicó a desestabilizar causas judiciales abiertas contra miembros del PSOE y del entorno de Pedro Sánchez. Ahora, el juez Santiago Pedraz le dice que ha llamado a la puerta equivocada y que se trata de un tema personal ajeno a su causa.

“Procede inadmitir a trámite la querella interpuesta por cuanto los delitos que se atribuyen al querellado no figuran entre los supuestos tasados atribuidos a la competencia de la Audiencia Nacional”, le responde. Leire Díez imputaba a la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo de delitos de calumnias con publicidad, contra la integridad moral y de suplantación de identidad digital por la publicación en sus redes de ese vídeo realizado con inteligencia artificial en el que se puede ver a Díez indicando: “Si haber contratado a matones para quitar de en medio a una jueza es de zurdos, sí soy zurda”.

Para Pedraz, lo único que vincula el vídeo con la causa que él investiga es que en él se hace referencia a extremos relacionados con las diligencias que se siguen en su juzgado. Pero no genera de por sí “una conexión procesal” bastante para que se quede con esa querella. “Se pretende incorporar al procedimiento una controversia de carácter personal y mediático que resulta completamente extraña al objeto de la investigación en curso”, subraya.

El magistrado no pasa por alto en su resolución que esa querella puede ser una artimaña de Leire Díez para cambiar el foco el de la investigación, y recuerda que precisamente ella consta como investigada por delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación y denuncia falsa, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado. “No puede desconocerse que la presentación de la querella (...) evidencia una utilización procesal anómala del procedimiento, orientada a desplazar el foco de la investigación hacia cuestiones completamente ajenas al objeto de la instrucción”.

En la querella, a la que tuvo acceso elDiario.es, la defensa de Leire Díez indica que esa recreación digital de su figura para poner en su boca palabras que no ha expresado fue difundida de forma simultánea por todas las redes del PP y eran “una clara alusión” a la jueza que instruyó la causa David Sánchez, Beatriz Biedma, que declaró recientemente en ese mismo juzgado del magistrado Santiago Pedraz.

La abogada de Díez lamentaba en la querella que “los hechos y afirmaciones contenidos en dicha publicación son absoluta y rotundamente falsos, habiendo no obstante el querellado actuado con pleno conocimiento de la falsedad de los datos difundidos y con un temerario desprecio hacia la verdad, con el único e inequívoco propósito de menoscabar el honor y la dignidad de la Sra. Díez”.

La jueza que investiga la entrada masiva de migrantes por la frontera de Ceuta que tuvo lugar los días 30 y 31 de julio ha tomado declaración en calidad de testigos a tres consejeros del Gobierno de Juan José Vivas: el consejero de Presidencia, Alberto Ramón Gaitán Rodríguez; la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina; y el vicepresidente de la Ciudad de Ceuta, Alejandro Ramírez Magaña.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es señalan que estos cargos políticos, que tuvieron presencia en la zona afectada y que participaron en la gestión de la crisis han señalado ante la magistrada María Tardón que fueron conscientes de que la entrada no era alocada sino que existía cierto orden y organización, y que percibieron que desde el otro lado de la frontera los gendarmes marroquíes actuaban con pasividad.

Uno de ellos, el vicepresidente, ha relatado que pudo observar la actitud de cinco gendarmes que se encontraban al otro lado del paso fronterizo: uno estaba tumbado en el suelo mirando el móvil, otro estaba rezando, otro ayudaba los que querían cruzar a nado... También ha recordado que los que ya habían logrado pasar tiraban flotadores al otro lado para que fueran utilizados por los siguientes para salvar la distancia por mar.

Los tres consejeros habrían coincidido en señalar que por parte de la Administración del Estado no recibieron ayuda concreta a pesar de las diferentes peticiones de auxilio que solicitaron los días previos a la entrada masiva, aunque sí ha destacado, el primero de ellos, el buen tono que tenía para su situación la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, con la que mantuvieron varias conversaciones telefónicas y una reunión presencial. De hecho, han recordado que desde Interior les respondía que ese goteo de entradas era como el de otros veranos y esto a pesar de que si en julio de 2025 los accesos fueron de 113 personas, en 2026 ya llevaban 681.

Por otro lado, también se ha comentado en la declaración la petición que habría realizado el Gobierno de Vivas de aumentar la longitud de la red de boyas para dificultar el acceso de 'nadadores', y el consejero de Presidencia ha explicado que desde Interior rechazaron esa posibilidad porque el entramado de cuerdas que acompaña a ese tipo de barrera acuática podía provocar que personas quedaran atrapadas y murieran ahogadas.

Las fuentes presentes en las declaraciones han destacado, asimismo, que la consejera de Sanidad ha referido una conversación que mantuvo en la frontera el mismo 30 de julio con el entonces delegado del Gobierno Miguel Ángel Pérez Triano. Éste le dijo que si se daba cuenta de la colaboración de las autoridades marroquíes, y ella se molestó con ese comentario porque estaba en shock por la entrada masiva.

Esta consejera también se ha referido a la gestión de los cadáveres rescatados en Ceuta, un total de 90. Ha explicado que hubo problemas con el Instituto de Medicina Legal porque sólo podía albergar a siete cadáveres y que tuvieron que improvisar cámaras frigoríficas para mantener al resto. Además, ha afeado que el país aluita rechazara cadáveres ya identificados.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, ha rechazado la solicitud del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero de enviar una comisión rogatoria a Arabia Saudí para acreditar el origen de las joyas que le fueron incautadas en el registro de su despacho el pasado 19 de mayo. El magistrado resolverá en otra resolución aparte si le imputa un delito de malversación en relación con estas joyas, tal y como reclamó la Fiscalía la semana pasada.

En un auto, Calama explica Zapatero alega que los tres juegos de joyería compuestos por rubíes, esmeraldas y zafiros le fueron entregados por el entonces monarca de Arabia Saudí como muestra de atención personal durante la visita oficial a España en junio de 2007, cuando ostentaba la condición de presidente del Gobierno. Según la versión del expresidente, aceptó tales efectos por deferencia hacia el soberano extranjero y los conservó desde entonces en el ámbito privado, junto con otras joyas de origen familiar y regalos recibidos de terceros, sin hacer uso de ellos ni conocer su valor material. 

La resolución refleja que el magistrado no cree la versión del expresidente. Así, otorga relevancia al hecho de que las joyas no se encontraran conservadas en sus estuches originales ni fueran acompañadas de certificados de autenticidad, documentación acreditativa de procedencia o cualquier otro elemento identificativo habitualmente asociado a bienes de esta naturaleza y valor.

Y apunta que esa circunstancias “difícilmente se compadecen con la tesis de que se tratara de un regalo institucional efectuado por un jefe de Estado y destinado a su incorporación al patrimonio público”. En ese supuesto, dice, cabría esperar la conservación de la documentación y de los elementos accesorios necesarios para su adecuada identificación, inventario y custodia.

El magistrado, de acuerdo con el informe de la Fiscalía Anticorrupción, señala que no se trata de invertir la carga de la prueba ni de exigir al investigado la acreditación de su versión de los hechos, pero precisa que en el momento actual “lo que se constata es que la hipótesis fáctica sobre la que descansa la diligencia interesada” carece de “un mínimo elemento objetivo de corroboración que permita apreciar su utilidad, necesidad y pertinencia”. 

La resolución explica que el investigado afirma haber remitido dos comunicaciones, a través de la Embajada de Arabia Saudí en Madrid, a la Jefatura de Protocolo de la Corte Real saudí. Zapatero pretendía una confirmación oficial de los hechos ahora alegados. Sin embargo, apunta Calama, no ha aportado acreditación alguna de la efectiva presentación o remisión de tales escritos. “Con todo, aun prescindiendo de esta circunstancia, la versión ofrecida carece en este momento de cualquier elemento objetivo de corroboración externa y no encuentra suficiente fundamento en los elementos obrantes en las actuaciones, a la vista de las consideraciones que se exponen seguidamente”, advierte. 

En efecto, continúa el juez, consta la visita oficial a España del Monarca de Arabia Saudí en junio de 2007. Asimismo, aparece documentada la entrega de determinados obsequios institucionales con ocasión de dicha visita que fueron incorporados al patrimonio público, una circunstancia que para el instructor “difícilmente se compadece con el tratamiento diferenciado que, según la versión del investigado, habrían recibido las joyas ahora examinadas”.

En este sentido, para Calama adquiere particular relevancia el hecho de que, en 2005, bajo su Presidencia, se aprobara el Código de Buen Gobierno en el que se establecía expresamente que los obsequios institucionales de especial significación debían incorporarse al patrimonio público. “Esta circunstancia pone de manifiesto el pleno conocimiento por parte del investigado del régimen aplicable a este tipo de bienes y, por tanto, no resulta coherente con la explicación actualmente ofrecida”, destaca el instructor. 

“Sin perjuicio de la valoración pericial que finalmente corresponda a las piezas intervenidas, resulta razonable inferir que unos juegos de joyería integrados por rubíes, esmeraldas y zafiros, atribuidos a un obsequio realizado por un monarca saudí, presentan una relevante entidad patrimonial. A ello se suma que las propias características externas de las joyas permiten advertir, incluso a cualquier observador carente de conocimientos especializados, que se trata de bienes de notable valor económico. Desde esta perspectiva, la afirmación de que permanecieron durante años en su poder 'sin conciencia de su valor material' encuentra difícil acomodo en las características objetivas de los efectos de que se trata”, añade el escrito del instructor. 

Calama: “El propio Zapatero podría acreditarlo”

Según el juez, tampoco puede obviarse que el propio investigado dispone de medios para intentar obtener la corroboración de los hechos que afirma y recuerda que no se ha adoptado medida cautelar que le impida desplazarse personalmente a Arabia Saudí para realizar las gestiones que estime oportunas ante las autoridades o instituciones de dicho Estado.

“La versión que sostiene se fundamenta precisamente en la relación institucional y personal que habría mantenido con la Corte Real saudí con ocasión de su condición de presidente del Gobierno, circunstancia de la que razonablemente cabría inferir una particular facilidad de interlocución con los órganos de protocolo o las instancias competentes de aquel país”, indica Calama.

De este modo, concluye el auto, la emisión del instrumento de cooperación jurídica internacional solicitado no se orienta a completar o contrastar una hipótesis que ya cuente con algún grado de corroboración objetiva, aunque sea periférica, “sino a construir ex novo el soporte probatorio de una mera afirmación formulada por el propio investigado”.

La defensa del empresario Claudio Rivas, conocido por haber sido socio de Víctor de Aldama, ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el que pide el archivo para él en el 'caso Gaslow', un asunto en el que el juez Santiago Pedraz investigó un fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos y en el que ese empresario leonés consta como procesado. Como argumento principal, su letrado señala que tras el primer año de instrucción la investigación no se prorrogó cuando debía y, por tanto, todo lo instruido desde el 22 de marzo de 2022 debe apartarse de la causa, incluido todo lo que llevó a imputar a su defendido. Además, suma a este hecho que a Rivas se le ocultó esta investigación durante años y, por lo tanto, le generó indefensión.

La representación legal de Rivas ha desplegado en los últimos dos meses una estrategia de defensa en las dos causas en las que está imputado que contrasta con la seguida hasta ahora –ha cambiado de letrado recientemente–. En el caso Villafuel, donde consta como presunto colíder junto a Aldama de una trama dedicada al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, ha solicitado una declaración voluntaria (que tendrá lugar el 3 de noviembre) y ha pedido una serie de diligencias encaminadas a aclarar que estaba apartado de la propiedad de esa operadora y, por tanto, de su control. Mientras, en el caso Gaslow, mucho más avanzado ya porque ha sido dictado un auto de procesamiento, la defensa se ha decantado por un recurso de apelación en el que ataca los cimientos mismos de la causa al entender que se debe expurgar todo lo instruido después de marzo de 2022.

La base de esta pretensión es que el juez Santiago Pedraz acordó dos veces la incoación de diligencias (una el 21 de marzo de 2021 y otra el 25 de ese mismo mes) y que luego tuvo en cuenta esa segunda fecha para las sucesivas prórrogas de la investigación. “Una causa se incoa una sola vez”, recuerda el letrado para luego añadir que “el defecto es estructural, atañe al mismo suelo del proceso” y que, por tanto, el 22 de marzo de 2022 “se produjo la muerte del plazo sin prórroga enlazada”. Usa un símil para ilustrar a la Sala: “Un puente no se sostiene por noventa y nueve arcos si el primero jamás tocó la orilla”.

Por eso, entiende que la incorporación de Claudio Rivas a la causa, que tuvo lugar en 2025, “se produjo fenecido el plazo de investigación y tras años de instrucción desarrollada a sus espaldas, sin posibilidad alguna de conocimiento ni contradicción, lo que la hace constitucionalmente inválida”. En este sentido, indica que “no tuvo posibilidad jurídica alguna, ni cauce material, de conocer que esos indicios se dirigían contra su persona ni de reaccionar frente a ellos”.

“Fuera del plazo legal”

Para la defensa se ha lesionado su derecho a la defensa porque la citación para declarar en la causa se hizo “fuera del plazo legal de investigación” y eso que su nombre aparecía ya incluso en la querella de Fiscalía que daba origen a la causa en 2021, cuando se le vinculaba a la venta de participaciones de una de las mercantiles investigadas: Keep it Save. Además, indican que también se fueron acumulando indicios contra él a lo largo de 2022 sin tener noticias de la causa. “La unidad policial UCO ya afirmaba ante el juez la propiedad de Claudio Rivas de las dos sociedades nucleares -investigadas-, su conexión con la compra de Gaslow, y ya recogía testimonios que le llamaban jefe”, añade.

Por eso, no entiende la defensa que no le citaran o le dieran traslado de la causa y, en cambio, sí “se continuó con la instrucción a sus espaldas como prohíbe el canon”. “El vicio aquí denunciado no es la validez del material reunido en 2021 sino la ocultación al investigado, durante años, de la imputación que de él resultaba”, añade, para luego lamentar que de los tres presuntos cabecillas de esa trama es el único que “atravesó toda la instrucción sin acto ni garantía alguna”.

Por eso, entiende que se ha producido una vulneración de sus derechos a la defensa, a la contradicción, a la igualdad de armas y a un proceso con todas las garantías“ y solicita la ”invalidez radical“ de su imputación.

La denuncia de fallos en la instrucción de esta causa concreta por parte de Claudio Rivas se suma al hecho de que otra de las investigadas durante el procedimiento, la empresaria Carmen Pano -que sostiene haber entregado 90.000 euros en la sede del PSOE en Ferraz-, finalmente no fuera imputada a pesar de los indicios recabados.

El Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid ha dictado una orden de búsqueda y detención contra el agitador ultra Vito Quiles para poder notificarle la apertura de un juicio oral después de que no haya sido posible comunicarle la resolución tras varios intentos. “Tal hecho supone que dicho acusado intenta sustraerse de la acción de la Justicia”, indica el magistrado en un auto fechado el pasado 23 de octubre, adelantado por La Sexta y al que ha tenido acceso elDiario.es.

El magistrado recuerda que según recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) si una vez que se abre juicio oral los acusados se hallan en paradero ignorado y no han designado un domicilio se debe expedir un requerimiento para su llamamiento, y por lo tanto son declarados en rebeldía en caso de ue no comparezcan o no sean hallados. “Se decreta la busca, detención y presentación de Vito Zoppellari QUiles a fin de notificarle el auto de apertura de juicio oral, darle traslado de copia del escrito de acusación del Ministerio Fiscal, hacerle el emplazamiento y requerimientos acordados, y verificado, sea puesto en inmediata libertad”, indica.

En concreto, Vito Quiles, el periodista Javier García Negre y la web EDATV fueron investigados por delitos de odio y contra la integridad moral después de denigrar en una entrevista a pie de calle a una persona con una discapacidad intelectual del 75% durante unas protestas ante la sede del PP en la calle Génova, en 2024. El Ministerio Fiscal achaca a Quiles haber actuado “guiado por el ánimo de denigrar (a la mujer) por razón de su discapacidad y por las ideas políticas que le atribuía”, y solicita para él en su escrito de acusación dos años de prisión.

La organización feminista Libres y Combativas fue la que impulsó la denuncia contra Vito Quiles, además de contra Javier Negre, director del medio para el que presta sus servicios. Las imágenes se difundieron en el propio canal de EDATV y en redes sociales. La asociación considera que fue “un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de Lesión de la dignidad de las personas previsto y penado en el artículo 510.2.a) y 3 del Código Penal”, y que la situación de la mujer podía “ser advertida por cualquier persona que converse brevemente con ella”.

Esta es la segunda vez que trasciende una orden judicial de detención contra Quiles. La última ocurrió en julio cuando un juzgado madrileño ordenó a la Policía detenerle después de que no compareciera en una causa en la que se le investiga por un “bulo” sobre un funcionario del Ministerio de Trabajo del que dijo que era asesor de Yolanda Díaz y había salido de prisión gracias a ella, según informaron a EFE fuentes jurídicas.

El teniente coronel de la Guardia Civil Miguel Lobo, citado este lunes a declarar en la Audiencia Nacional en la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes del pasado 30 y 31 de julio, ha señalado que fue él quien dio la orden de que la puerta de la frontera de Ceuta con Marruecos se mantuviera abierta en contra de la opinión de la Policía Nacional que abogaba por parar el flujo de migrantes. Según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, Lobo ha relatado que logró imponer su criterio en ese choque y que fue decisión suya, sin mediar orden del delegado de Gobierno ni de nadie más.

Ante la magistrada María Tardón, ha explicado que, en realidad, esa puerta de la frontera siempre está abierta y que él se negó a que fuera cerrada ante la avalancha “por el riesgo de tapón”. De hecho, ha recordado que en el paso fronterizo había familias con bebés y gente mayor, y que, de haber seguido el criterio de la Policía Nacional, se podrían haber producido muertes por aplastamiento. Pero la competencia sobre la puerta de acceso era de Guardia Civil y no de Policía.

El teniente coronel ha explicado que su intención con no cerrar la valla era evitar que ante ese obstáculo, los migrantes optaran por lanzarse al mar y morir ahogados, como de hecho ocurrió con más de 70 personas. El mando de la Guardia Civil ha narrado cómo los gendarmes marroquíes “canalizaban” a sus compatriotas a lanzarse a alcanzar la frontra a nado. El guardia civil ha mencionado que quizá el mando de la Policía se negaba a abrir la puerta porque desconocia la situación en la playa, donde se apreciaba cómo llegaban a nado los migrantes, y que por contra, él sí había pasado por allía antes.

Además, ha destacado que pudo apreciar que los militares de Marruecos estaban “de brazos caídos” durante la entrada de migrantes, y que ellos no recibieron aviso previo de que se fuera a producir una entrada masiva coincidiendo con el día del Trono en Marruecos. Con todo, ha reconocido que se percibía que algo podía ocurrir porque las fuerzas marroquíes había desplegado seis barcos en la zona: dos patrulleros, dos interceptores y dos embarcaciones menores. En cualquier caso ha dicho desconocer si esas embarcaciones estaban en aguas o españolas.

En cuanto a si tuvo alguna comunicación con mandos superiores, ha explicado que sí recibió llamadas en el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil dado lo extraordinario de la situación una vez se producía la avalancha. Pero, ha insistido, nadie le informó de una previsión de asalto masivo a la frontera ni siquiera de la convocatoria en redes sociales de las que hablan algunos informes conocidos con posterioridad.

El teniente coronel ha explicado que solo pudo contar con 20 o 30 agentes para contener la llegada de migrantes pese a que hay 700 agentes destinados en Ceuta, una escasa movilización que ha llamado la atención de la Fiscalía, según fuentes presentes en la declaración.

También ha declarado esta mañana el inspector Jefe de la Brigada Provincial de la Seguridad Ciudadana de Policía, encargado del control de masas en la frontera y en la ciudad autónoma. Ha dicho que, cuando se acercó a la playa del Tarajal el día 30 de julio y vio el “río humano” fluyendo hacia España -lo ha calificado de “invasión”-, consideró que debía cerrarse la frontera para evitar el acceso, pero no lo consiguió porque el mando de la Guardia Civil le prohibió cerrar la puerta para evitar que el tapón de gente provocara muertes. A respuesta de las acusaciones populares ha llegado a lamentar que se vivió un problema de autoridad en la frontera entre varias autoridades de Policía y Guardia Civil.

Por otro lado, ha recordado que el incremento de entradas de migrantes por Ceuta había sido exponencial en los días previos, que él tenía por encima a varios mandos que podían haber dado instrucciones pero que no recibió comunicación alguna de su cadena de mando. En este sentido, ha explicado que sus superiores le dijeron que actuara como considerara oportuno y, ante la beligerancia del guardia civil al mando del paso fronterizo, procuró redirigir la avalancha al polígono del Tarajal.

Preguntado por la magistrada María Tardón sobre el posible papel de personal de seguridad de Marruecos en la entrada masiva, ha explicado que él no vio a cuerpos de seguridad de este país en la zona froteriza pero sí que pudo observar que dos adultos “no se movían” en el lado marroquí y que había mucha gente de complexión atlética que parecía que entraba “tranquila”. Además, ha puntualizado que pudo apreciar embarcaciones que parecían de la armada de Marruecos, si bien no ha podido precisar la distancia a la que se encontraban.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero que le imputa un nuevo delito de malversación agravada por las joyas que fueron halladas en el registro de su despacho. Entiende que si fue un regalo de Arabia Saudí, como sostiene el expresidente, debió entregarlo a Patrimonio tal y como hizo con otros artículos, como dos relojes de sobremesa o una artesanía que representaba escenas del desierto fabricada en oro, plata, mármol y jade. En caso de que el magistrado haga suyo el criterio de la fiscal Elena Lorente, a los delitos de contrabando y fraude fiscal, se le sumaría el de malversación, que en este caso y dado el valor de los objetos prescribiría a los 15 años.

Por de pronto, el juez José Luis Calama, que investiga el conocido como 'caso Plus Ultra', se ha dirigido por escrito a la subdirección de Patrimonio para pedir información sobre los regalos y obsequios que recibió José Luis Rodríguez Zapatero durante sus dos legislaturas como presidente del Gobierno. Y eso antes de decidir si se dirige a Arabia Saudí como ha pedido el expresidente. Pide a Patrimonio del Estado “acta de aceptación de los obsequios institucionales efectuados a la Presidencia del Gobierno” de 2004 a 2011.

La fiscal, en el informe al que ha tenido acceso elDiario.es, en realidad no cree que el expresidente se haya dirigido a la embajada saudí para solicitar certificado que demuestre que ese juego de joyas fue un regalo personal del fallecido Abdullah Al-Saud los días 18 y 19 de junio de 2007, cuando estuvo en España de visita oficial. “Sólo un ejercicio de puro voluntarismo permite dar por válidas siquiera las fechas de tales cartas al carecer de justificación documental de la recepción de las mismas en la Embajada de Madrid”, indica.

Para la fiscal del caso, la petición de la defensa de Zapatero de que se emita una Comisión Rogatoria desde el juzgado a Arabia Saudí busca dar “por buena su versión del origen de las joyas”, y por eso, entiende que es injustificado. Considera que el foco hay que ponerlo en investigar “la línea justificativa que ofrece el Sr Zapatero pero no con la emisión de una injustificada y dudosamente operante comisión rogatoria, sino con la comprobación de la comisión de un delito de malversación”.

Por otro lado, la fiscal indica que ha tenido conocimiento por fuentes abiertas (The Objective) de que los obsequios recibidos por Zapatero fueron donados por Presidencia del Gobierno para su incorporación al Patrimonio de la Administración General del Estado. Pero en la relación no figuran las joyas encontradas y sí aparece, en cambio, otros tres regalos realizados en el marco de esa visita. “Por tanto, Zapatero viene a reconocer que Siendo presidente del Gobierno aceptó unas joyas de muy significativo valor y que no los entregó a Patrimonio del Estado, como sí hizo con otros regalos al finalizar su Presidencia”, recalca.

Suma a esto que durante su mandato, en 2005, se publicó el llamado Código de Buen Gobierno que en su artículo 6 incluía que “en el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado”. Y recalca que “en el presente caso, el elevado valor económico de las joyas no exige un especial esfuerzo argumental para concluir que su aceptación no puede en modo alguno inscribirse en el marco de la adecuación social”. Concluye así que Zapatero debió entregar las joyas a Patrimonio.

No hay prescripción de la malvesación

“Nos hallaríamos, por tanto, ante un presunto acto de sustracción de caudal público que, sin perjuicio de las cautelas de calificación jurídica de esta fase de instrucción, se insertaría dentro del delito de malversación”, indica Lorente, para añadir que “de alcanzar veracidad la versión del propio investigado, fue la recepción de las joyas en junio de 2007 en el Palacio de la Moncloa por quien era el Presidente del Gobierno, lo que convirtió esos efectos en caudal público”.

Considera así que Zapatero “se apropió con ánimo de lucro, al finalizar su mandato, al excluir y ocultar tales joyas de los efectos que sí declaró y entregó a Patrimonio del Estado el 1 de marzo de 2012”. Y entiende que el delito de malversación “no puede considerarse prescrito” porque el tipo agravado eleva esa prescripción a los 15 años y se debe contar desde la redacción de la orden por la que se entregaban los obsequios a patrimonio: 1 de marzo de 2012.

El magistrado de la Audiencia Nacional mantiene varias líneas de investigación abiertas en torno a José Luis Rodríguez Zapatero y sus negocios. La principal consiste en averiguar si cobró algún tipo de comisión por interceder a favor del rescate millonario de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. Pero el juez Calama también tiene la lupa puesta sobre las joyas, valoradas por ahora en 1,3 millones de euros, que los investigadores encontraron en una caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz.

Después de varias semanas a la espera de las explicaciones del expresidente del Gobierno, la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero pidió al magistrado que se dirigiera a las autoridades de Arabia Saudí. Esas joyas, explicó, fueron un “obsequio” del monarca saudí cuando él era presidente. Zapatero ubica el regalo en 2007 y afirma en una carta que guardó esas joyas junto con otras de “origen familiar” y otros regalos. Poco después solicitó al juez que se dirigiera a ese país para poder certificar el origen de las joyas.

El magistado ha optado por dirigirse en primer lugar a la subdirección general de Patrimonio del Estado, dependiente en última instancia del Ministerio de Hacienda, para que aporte la lista de cuántos “obsequios institucionales” recibió Zapatero en sus dos legislaturas como presidente del Gobierno.

La exmilitante socialista Leire Díez ha presentado una querella ante el juzgado de la Audiencia Nacional que la investiga en la que acusa al PP de los delitos de calumnias con publicidad, contra la integridad moral y de suplantación de identidad digital. Lo hace después de que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo publicara en redes un vídeo realizado con inteligencia artificial en el que se puede ver a Díez indicando: “Si haber contratado a matones para quitar de en medio a una jueza es de zurdos, sí soy zurda”.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la defensa de Leire Díez indica que esa recreación digital de su figura para poner en su boca palabras que no ha expresado ha sido difundida de forma simultánea por todas la redes del PP y son “una clara alusión” a la jueza que instruyó la causa David Sánchez, Beatriz Biedma, que declaró recientemente en ese mismo juzgado del magistrado Santiago Pedraz.

La abogada de Díez lamenta que “los hechos y afirmaciones contenidos en dicha publicación son absoluta y rotundamente falsos, habiendo no obstante el querellado actuado con pleno conocimiento de la falsedad de los datos difundidos y con un temerario desprecio hacia la verdad, con el único e inequívoco propósito de menoscabar el honor y la dignidad de la Sra. Díez”.

Al hilo, recuerda que el PP está personado en la causa en la que se investiga la presunta trama que coordinaría Leire Díez y que buscaba entorpecer causas relacionadas con el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno. Y por eso, entiende que es conocedor “de la ausencia de cualquier tipo de material probatorio” que demuestre que ella pudiera haber realizado cualquier acción encaminada a lo que sugiere el vídeo.

Tras esto, recalca que la difusión de este contenido falso está generando “un perjuicio de extrema gravedad e irreparable en la esfera personal, familiar y profesional” de Díez porque ha superado los 2 millones de reproducciones y porque a consecuencia de esa publicación ella y sus hijas han tenido que “aislarse en el domicilio”. Denuncia que, además, ella ha sufrido un ataque de ansiedad fruto de padecer todo tipo de “insultos, descalificaciones y vejaciones”.

Tras exponer los hechos, solicita la declaración como investigado del PP, y que se identifique a la persona del partido encargada de redes sociales, de colgar el contenido y los que aprobaron la publicación. Solicita, además,lal entrada y registro de la sede de la formación por parte de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil para que se acceda a los servidores y ordenadores para identificar a todas aquellas personas que hayan participado en la creación del vídeo, y capturen las huellas digitales tanto del vídeo como de los textos, fotografías y demás elementos que se hayan utilizado para la producción del vídeo.

Por otro lado, la exmilitante socialista pide que se retire cautelarmente el vídeo de las redes sociales que estén bajo control del PP o de cualquier otra persona.

Este mismo viernes, el presidente del PP ha señalado en una entrevista en la Cadena Ser que en ese vídeo en el que se podía ver a Begoña Gómez, José Luis Ábalos, José Luis Rodríguez Zapatero o Santos Cerdán, entre otros, venía acompañado de un letrero que advertía de que era inteligencia artificial. Ha subrayado, además, que quién hace esos vídeos es alguien “muy bueno”, según la han explicado.

Corría el año 2020 cuando un empresario que se hacía llamar 'Maverik' en la aplicación de mensajería Threema mantenía una conversación de confianza y confidencia con su interlocutora 'RR2AES4W' en relación al mal trago que le tocaba pasar al ministro de Transportes, José Luis Ábalos, que se enfrentaba a una reprobación en el Congreso de los Diputados. Ella se interesaba por cómo estaba “el jefe”, y Maverik le respondía a RR2AES4W: “Tiene más votos a favor que en contra, pero la puta oposición está tirando a matar”.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Maverik era el empresario Víctor de Aldama. RR2AES4W era la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez. Por entonces se refería a Abalos, secretario de Organización del PSOE, como “el jefe”. El PP era la “puta oposición”. Ahora, seis años después, en un escenario completamente distinto, con una condena por corrupción a sus espaldas y con la pátina que le da el haber contribuido a la sentencia que ha acabado con Ábalos en la prisión de Soto del Real, Aldama pide el voto para aquella oposición y califica al Gobierno de Pedro Sánchez de “mafia”.

Esa conversación tuvo lugar después de la visita fallida de Delcy Rodríguez a España en enero de 2020. Aldama le transmitía a Delcy Rodríguez que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Ábalos habían tenido una conversación con “palabras muy duras” al respecto. Y en ese contexto, en uno de los anexos del informe entregado por la UCO en la causa que se siguió en el Tribunal Supremo, es donde el empresario se quejaba de que el PP estaba “tirando a matar” contra Ábalos con el entonces conocido como 'Delcygate'. Unos días más tarde, el 19 de febrero, se votaba la reprobación del ministro, que no salió adelante gracias a la bancada progresista.

A ese episodio se suma otro que también trascendió durante la instrucción del conocido como caso Mascarillas: Aldama sostenía en un audio que la UCO no incluyó en otro informe que la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no había tenido ningún tipo de participación en el rescate de Air Europa. “Quieren vincular la operación de Air Europa con Begoña, nada es verdad”, decía en ese mensaje de voz que recogió El País.

Pero los años en los que Aldama llevó puesta esa 'chaqueta' socialista acabaron cuando estalló el caso Mascarillas y, más aún, cuando meses más tarde fue detenido y enviado a prisión preventiva por su participación en un fraude millonario en el sector de los hidrocarburos. Ahí decidió empezar a colaborar con la Fiscalía Anticorrupción. El PP arropó y aplaudió ese movimiento, sus revelaciones lograron la condena de todo un ministro y acabó siendo encumbrado por la derecha mediática en programas como Horizonte de Iker Jiménez.

Tan es así que el empresario ha participado en manifestaciones contra el Gobierno de Pedro Sánchez, como la convocada en mayo por Sociedad Civil Española: “He venido por apoyar a España y al pueblo”. Este giro del empresario choca con la actitud de aquel Aldama que en 2019 se arrimó al asesor ministerial Koldo García para ganarse al ministro José Luis Ábalos y que asistió incluso a un mitin en el que se presentó la candidatura de Pepu Hernández al Ayuntamiento de Madrid.

El PSOE ha enviado un escrito al juez del caso Leire Díez en el que le explica que no puede entregarle la documentación que le solicitó -relación de todos los despachos de abogados que han trabajado para el partido desde 2021 y hasta 2025 y las hojas de encargo- porque esa información no está centralizada y, como el partido está volcado en la precampaña electoral, “la capacidad de respuesta inmediata se ve obviamente mermada”. Suma a esto que lo solicitado por el magistrado Santiago Pedraz afecta “a muchas personas distintas y ajenas al partido, cuyos concretos derechos e intereses pueden quedar lesionados si se conocieran públicamente los datos solicitados”.

La asesoría jurídica del PSOE, que dirige el letrado Alberto Cachinero, indica al juez que, en realidad, entre el primer mandamiento de Pedraz del día 6 de octubre al apremio del 21 de octubre sólo han pasado siete días hábiles, “tiempo absolutamente insuficiente para cumplir un requerimiento que abarca cinco años y a todo el ámbito territorial de I PSOE. Advierte, además, de que ”una parte sustancial de la información requerida se encuentra sometida al deber de secreto profesional“. Y recuerda que el artículo 22.1 del Estatuto General de la Abogacía Española (EGAE) extiende ese deber y derecho a ”todos los hechos, comunicaciones, datos, informaciones, documentos y propuestas“ conocidos, emitidos o recibidos en el ejercicio profesional.

En este sentido, advierte al juez de que ya el mero hecho de establecer una relación completa de letrados o despachos profesionales que han sido contratados “no solo revela la existencia de actuaciones profesionales, sino que también, con frecuencia permite inferir su objeto”. Añade que esos datos afectan a terceros (abogados externos) y que, por tanto, debería tener autorización de cada uno para levantar ese secreto profesional.

Cachinero indica, además, que las hojas de encargo, los contratos y los expedientes de contratación solicitados, “no solo describen el objeto del encargo, los asuntos encomendados y las partes sino que frecuentemente anuncian la estrategia de defensa o permiten inferirla sobre la base de las actuaciones e intervenciones minutadas o a minutar”.

De hecho, advierte de que ha solicitado al Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) que se pronuncie sobre el alcance del secreto profesional en relación con la información requerida pero no con la finalidad de “dilatar ni eludir el cumplimiento de lo acordado” sino solo por “dotarlo de las garantías” que se exigen. Por eso, insiste, necesita que Pedraz “conceda a este Partido un plazo adicional para el cumplimiento del requerimiento” desde que se pronuncie el CGAE.

En el escrito remitido al colegio, que anexan para conocimiento del juez, Cachinero señala que la información requerida por Pedraz “desborda” su ámbito individual porque “compromete el secreto de numerosos compañeros y compañeras incorporados a distintos Colegios, así como la confidencialidad de las encomiendas de terceros. Por eso, pide al CGAE que traslade al juez su criterio sobre el alcance del secreto profesional en referencia a los datos que pide el magistrado. Y recuerda que el reglamento tilda de ”inquietante o perturbadora toda actuación de autoridades judiciales o del personal de las oficinas judiciales que suponen una limitación o menoscabo de la confidencialidad de las comunicaciones y el secreto profesional.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que instruye la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes a finales de julio por la frontera de Marruecos con Ceuta, ha requerido al Ministerio de Defensa para que le informe de si, entre el 29 de julio y el 10 de agosto, se produjo la entrada, permanencia, tránsito o presencia en aguas territoriales españolas próximas a esa ciudad de buques de guerra o embarcaciones militares de la Armada de Marruecos.

En una resolución, la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número tres quiere constatar así si hubo una posible intrusión por mar de Marruecos y los términos en que pudiera haberse producido. Con todo, advierte de que, de lo investigado hasta el momento, “no existe elemento objetivo alguno que permita afirmar que una eventual presencia de unidades navales marroquíes en aguas territoriales españolas (...) tuviera participación, intervención, colaboración o relación causal con los hechos” que ella investiga.

Responde así a la batería de diligencias que solicitaba la acusación popular dirigida por Iustitia Europa y, aunque rechaza todo lo que se solicitaba por esa parte, sí que quiere obtener esa información del Jefe del Estado Mayor de la Defensa. Con todo, recalca que hasta la fecha no se puede sostener que esos buques formaran parte del “mecanismo de organización” de esa entrada masiva que colapsó la frontera.

Por otro lado, además de saber si hubo buques marroquíes en aguas españolas, quiere saber también si ello propició la necesidad de que se produjera “algún tipo de acción, reacción, aproximación o interacción” por parte de la Armada Española o de cualquier otra unidad militar nacional. En caso de existan, también pide a Defensa las grabaciones de que dispongan de estancias de buques marroquíes en aguas españolas. Y añade que quiere saber si desde el 10 de agosto hasta ahora se ha tenido conocimiento de alguna nueva incursión.

En su auto, la jueza recuerda que el fiscal del caso, Jesús Alonso, indicó en su informe al respecto que la petición de Iustitia Europa descansaba en informaciones periodísticas -fundamentalmente de El País, que publicó el pasado 12 de octubre que “buques de guerra marroquíes invadieron aguas de Ceuta coincidiendo con la entrada masiva de inmigrantes”. La magistrada recuerda a Alonso, no obstante, que el presidente del Gobierno y algunos ministros ya han admitido, con diferentes valoraciones, pero como hecho cierto que, aun sin mayor concreción ni detalle, sí se habría producido la intrusión de buques de la Armada de Marruecos en las referidas aguas españolas.

Cabe recordar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, confirmó el pasado 12 de octubre en una conversación informal con periodistas durante la recepción por el día de la Fiesta Nacional que la Armada Española envió una fragata para frenar las incursiones de la Marina marroquí en aguas de Ceuta los días 30 y 31 de julio.

Aunque Sánchez no llegó a explicar por qué entraron esos busques marroquíes, dijo que fueron días muy intensos y muy difíciles y aseguró que hubo interlocución a un alto nivel entre las fuerzas armadas de ambos países.

Buques de guerra de la Armada marroquí estuvieron en aguas de soberanía española cercanas a Ceuta sin autorización coincidiendo con la entrada de migrantes a la ciudad, los pasados días 30 y 31 de julio. El Estado Mayor de la Defensa movilizó de inicio al Buque de Acción Militar (BAM) 'Rayo', con base en el arsenal de Las Palmas de Gran Canaria y que llegó a la ciudad autónoma el lunes 3 de agosto.

El fiscal anticorrupción Juan José Rosa ha solicitado este miércoles al tribunal que decaigan todas las peticiones de nulidades que solicitaron las defensas en el primer día de juicio durante el turno de cuestiones previas en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la compañía Duro Felguera. Además, ha recalcado que la compañía si debe ser juzgada porque llevó a cabo “un plan corruptor unitario”. En esta vista se ventila si hubo pagos de sobornos a funcionarios venezolanos para que la empresa dedicada a la ingeniera de plantas de energía se adjudicara en Caracas la construcción de una central termoeléctrica.

Rosa ha sostenido, primeramente, que la comisión rogatoria que se dirigió durante la instrucción a Andorra, y que se tradujo en el envío de una ingente cantidad de documentos que luego sirvieron para sostener la acusación en este caso, fue completamente legal porque remitieron “lo que estimaron oportuno”. Para el fiscal, la comisión se tramitó conforme al convenio internacional que lo regula.

También ha pedido que se desestime la petición de la nulidad del delito de falsedad documental que solicitaron los exjerarcas venezolanos Nervis Villalobos y Javier Ochoa Alvarado indicando que no fue ninguna acusación sorpresiva por el mero hecho de que se conociera esa imputación en el auto de procesamiento.

En cuanto a la petición de que se anule la entrada y registro en Duro Felguera porque encontraba origen en la entrega de un pendrive con denuncia anónima en Anticorrupción, el fiscal ha negado que fallara la cadena de custodia y que el asunto ya fue despachado en recursos previos. Sobre si el asunto ya fue juzgado en Venezuela o en Andorra, el fiscal ha señalado que en esta causa no coinciden ni todos los investigados ni los delitos concretos.

Sobre la posible prescripción de los delitos respecto a la persona jurídica Duro Felguera, y sobre la alegación de que cuando se comete el presunto delito la empresa no podía ser penalmente responsable (porque la ley no había recogido aún esa figura penal) el fiscal tampoco ha dado la razón a las defensas. Ha explicado que, si bien sostiene Duro Felguera que el contrato que pesa es de 2008, la acusación en realidad se centra “en el plan corruptor unitario que tiene conductas que se ejecutan cuando sí es penalmente responsable en 2011”.

Por otro lado, ha recalcado que “no hubo oscurantismo” en este asunto por parte de los fiscales encargados, y que es habitual que lleguen denuncias anónimas a Anticorrupción o documentos a la Fiscalía General del Estado. “Es un vicio que tienen los ciudadanos de denunciar”, ha ironizado, ara luego señalar que no han hecho otra cosa que cumplir la ley.

Tras esta exposición, el magistrado presidente, Alfonso Guevara, ha admitido toda la prueba propuesta en las cuestiones previas y ha dejado para la sentencia la resolución de todas las nulidades solicitadas por las defensas.

Este miércoles también ha declarado uno de los investigadores de la UDEF que participó en la instrucción y ha confirmado las transferencias que llevaron a cabo entre los investigados para perfeccionar el supuesto soborno.

Fue un contrato de emergencia

Según el Ministerio Público, a través de diversos contratos los directivos de Duro Felguera Juan Carlos Torres Inclán (presidente) y Ángel Antonio del Valle Suárez (consejero delegado) entregaron varias cantidades de dinero y hasta los 105 millones de dólares al exviceministro venezolano Nervis Villalobos. Esos pagos se hicieron, presuntamente, a través de las sociedades interpuestas Terca e Ingespre. El objetivo era que Villalobos “usara su capacidad de influencia en la administración venezolana en beneficio de Duro Felguera”.

A preguntas de la defensa de Villalobos, el agente ha reconocido que no se investigó su la empresa intermedia Terca era un “cascarón” o si estaba capacitada para realizar actividades mercantiles en Venezuela. Y ha reseñado que el contrato para la construcción de la planta era de emergencia por la crisis energética y por tanto no era necesaria más concurrencia. Además, ha reseñado que desconoce si el ya fallecido presidente venezolano Hugo Chávez cobró algo por esa adjudicación.

Víctor de Aldama, el empresario condenado en el caso Mascarillas por ser el “nexo corruptor” de la trama, ha irrumpido este miércoles en la precampaña electoral gracias a un vídeo que ha compartido en sus redes sociales en el que pide el voto para los partidos de la derecha: “Sois una panda de mafiosos y espero que no robéis las elecciones, soy de derechas sí, y a quien hay que votar en este país en estas elecciones es a la derecha y no a la izquierda mafiosa de Pedro Sánchez”.

Este vídeo ha sido publicado en su perfil de X para criticar al ministro Óscar Puente después de que el titular de Transportes se hiciera eco del último informe de la UCO de la Guardia Civil. En ese atestado, que ya tiene sobre la mesa el magistrado que le investiga por un fraude del IVA millonario en el sector de los hidrocarburos, se pone en entredicho la versión mantenida por Aldama de que su vehículo blindado -un Audio A8- fue tiroteado. Esta tesis alimentó en 2024 la idea de que el comisionista sufría presiones para que no colaborara con la investigación del caso Mascarillas.

“El ídolo de la derecha. De profesión inventor. La UCO concluye que Aldama se inventó un tiroteo a su coche para perjudicar a Sánchez”, reza el mensaje compartido por Puente sobre ese informe de la UCO, y al que ha respondido Aldama.

Aldama señala que es una pena que mucha gente de izquierdas se haya quedado sin nadie a quien votar porque los dirigentes del PSOE “han destrozado el partido”. Y le pide a Puente que “aprenda a leer”, porque lo que dice, a su juicio, el informe de la UCO es que por distintas llamadas, esos impactos en el cristal de su vehículo pueden tener otra interpretación. “Cuando me encuentro los impactos en la ventanilla llamo a personas de mi confianza, a mi hermano (escolta) y a un ex guardia civil, y me dicen qué puede ser”, indica.

Al hilo, ha aprovechado para explicar que decidió entonces no pedir protección a la Policía porque “todo lo maneja Marlaska” -por el ministro del Interior socialista Fernando Grande-Marlaska-. “No me fio un pelo de vosotros. A día de hoy sigo amenazado por vuestra culpa, porque sois una panda de mafiosos”, añade.

Julio Martínez Martínez, el empresario amigo personal del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, envió un escrito al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama el pasado 20 de julio en el que se mostraba dispuesto a colaborar en la causa en la que se indaga en si el expresidente del Gobierno lideró una trama de influencias que maniobró para que, entre otros asuntos, la aerolínea Plus Ultra se hiciera con un rescate público de más de 50 millones. Un día después de que al juez le llegara ese escrito, Martínez Martínez declaró ante él y, ahora cuando se cumplen tres meses de ese capítulo, la transcripción de lo que dijo ante el juez ha sido puesto a disposición de las partes.

A lo largo de las 35 páginas lo que queda claro es que al magistrado Calama no le convencieron para nada las explicaciones de Julio Martínez. Tanto es así que, tras preguntas y repreguntas sobre el origen de determinados cobros en sus cuentas -la mayor parte por negocios relacionados con Venezuela-, el juez le indicó en varias ocasiones que quizá lo mejor sería que enviara “un escrito ampliatorio”. La declaración de Martínez Martínez basculaba entre su defensa de la existencia de un trabajo de intermediación real y la desmemoria y falta de fluidez para aclarar el origen de pagos a empresas chinas.

“Es que no sé cómo explicarlo”, decía sobre por qué cobró 169.000 euros en 2025 de una mercantil china a la que facilitó negocios relacionados con la compra venta de minerales en Venezuela. El juez no entendía qué había hecho él para cobrar, y por eso insistía: “Hago esa gestión de que esos barcos vayan a Venezuela”. Para Calama tanta “logística” y tanta “gestión” no le valían -“son términos muy genéricos”- y volvía repreguntar intentando meter en la ecuación a Zapatero. Pero quien fuera amigo del expresidente no le mezcló en esos negocios y sostuvo que, aunque viajaron juntos en siete u ocho ocasiones a ese país, fue para asuntos distintos y con agendas separadas. “Perdón, el señor Zapatero aquí no hace nada”, le dijo al juez.

Dado que al juez no le valían las explicaciones, llegó a interpelarle: “Mire, se lo voy a decir más claro, si quiere me contesta y, si no, no me contesta, pero no me gusta que me hagan la rueda de hámster”. Julio Martínez trató de subirse al carro del interrogatorio pero no terminaba de entrar porque sus respuestas eran vagas y poco precisas. En un momento dado, confirma que él facilitaba gestiones contactando con autoridades venezolanas, pero no daba nombres porque no se acordaba. Y eso a Calama le molestó: “No estamos hablando de las guerras púnicas, estamos hablando de octubre de 2025”. Finalmente, Julio Martínez dio un nombre: “Vamos a ver, mi relación fundamental en Venezuela es con la vicepresidenta Delcy Rodríguez”.

Lo que, a juicio del juez, eran respuestas poco claras se extendieron al tema clave de la causa, el rescate millonario de Plus Ultra y el papel que pudieron jugar Zapatero y él para facilitarlo. “Hablan a veces de acompañamiento y cosas así curiosas, pero si la empresa -Plus Ultra- cumplía los requisitos de la orden ministerial que se dictó, tampoco necesitaban, no les necesitaban a ustedes en principio salvo que lo que hicieran ustedes eran gestiones con la SEPI o con otro tipo de funcionarios o autoridad”, llegó a indicarle el magistrado tratando de arrojar luz sobre qué pudo hacer el expresidente en favor de la aerolínea.

Martínez Martínez una vez más sabía que su respuesta no iba a gustar al juez -“lo que le voy a decir no le va a gustar a usted, señoría”- pero aun así explicó que ellos vieron que esa empresa estaba “loca por financiación” y que la compañía se encargó de todas las labores administrativas. Plus Ultra le informaba de los pasos y él a su vez le transmitía a Zapatero: “Yo, obviamente, en mi regularidad informo al presidente Zapatero de lo que ellos están haciendo... Es que no sé cómo explicarlo”.

“No me creo” el trabajo de las hijas, dijo el juez

Calama volvía a la carga indicándole que ellos recibieron “un pastón de Plus Ultra” -la investigación sostiene que cobraron el 1 por ciento del rescate, 530.000 euros- y entendía que no lo harían “por nada”. Acto seguido le soltó a la cara la tesis acusatoria, y es que la aerolínea compraba los contactos de Zapatero con las autoridades y los funcionarios de la SEPI y quizá con alguien de “más arriba”. “Luego se viste el santo en esa serie de informes no sé si simulados o de escasísimo valor (...) para pagar el tráfico de influencias”, añadió. A esto, Julio Martínez respondió la frase clave de su declaración: “Lo que hace el presidente Zapatero, yo lo desconozco”.

Por otro lado, sobre los pagos a la empresa de las hijas de Zapatero desde su mercantil Análisis Relevante -más de 200.000 euros-, Julio Martínez defendió que ambas hicieron al principio un buen trabajo. “Nosotros firmamos un contrato de iguala de alrededor de 3.000 euros al mes y, al principio, de verdad creo que debo de ser honesto, la verdad, trabajan muy bien”, dijo, para añadir que hicieron labores de seguimiento de informes, organización de webinars, etc. Pero Calama volvió a ser cortante: “Bueno, sobre este tema, que yo no me lo creo, digo abiertamente que no lo creo, haremos una investigación muy exhaustiva”.