La defensa de Begoña Gómez acusa al juez Juan Carlos Peinado de vulnerar sus derechos fundamentales por avanzar en la causa por la que pretende llevarla a juicio sin contestar a sus recursos. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Antonio Camacho protesta por la tramitación “anormalmente acelerada” y exige al magistrado que resuelva el recurso que presentó hace casi un mes contra el auto que iniciaba el procedimiento del Tribunal del Jurado. El escrito denuncia que el juez dictó un nuevo auto el 13 de abril en el que propone llevar a juicio a su clienta sin haber resuelto ese recurso. 

El abogado argumenta que avanzar en el procedimiento penal sin contestar a los recursos de las partes supone una grave vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y a no sufrir indefensión, así como del derecho a un proceso equitativo. Y señala que el derecho al recurso no se satisface solo con presentarlo, sino que exige “una respuesta expresa, motivada y en un plazo razonable por parte del órgano judicial”. 

El escrito denuncia que esta forma de proceder del juez Peinado provoca una doble indefensión. Por un lado, al no responder, la defensa no puede corregir decisiones que afectan a aspectos esenciales del proceso. Y, por otro, se consolidan situaciones y se avanza a fases posteriores sin el debido “control jurisdiccional”.

El juez instructor de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha acordado abrir diligencias previas de investigación tras recibir la denuncia del partido político Iustitia Europa contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, por la detención de un sargento del Ejército español en Líbano. Como primer paso solicita a la Fiscalía que informe sobre si considera que ese tribunal especial es competente para investigar los hechos y le pide que se pronuncie sobre la idoneidad de las diligencias solicitadas que, entre otras, incluía la declaración del propio militar que fue retenido.

“Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, indica el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, en su resolución a la que ha tenido acceso elDiario.es, para acto seguido apuntar que dado que no se ha determinado la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido es procedente instruir diligencias previas para decidir qué pasos dar.

Cabe recordar que Iustitia Europa incluía en su denuncia no solo a Netanyahu sino también al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzi Halevi, y a otros mandos y militares israelíes aún por identificar. Les imputa la comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, detención ilegal y coacciones. Los hechos que se recogen en la denuncia, a la que tuvo acceso elDiario.es, ocurrieron el pasado 7 de abril cuando un sargento del Ejército español que formaba parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) fue presuntamente detenido ilegalmente por fuerzas israelíes durante aproximadamente una hora.

La formación presidida por el abogado Luis Pardo, que se identifica como “apartido” y ha ejercido la acusación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, califica el episodio de “ataque deliberado y flagrante violación del Derecho Internacional” y recuerda que se produjo cuando un convoy logístico del contingente español de la FINUL (cascos azules) fue “interceptado de manera hostil por fuerzas israelíes en la demarcación de Taybeh”. Cabe recordar que sobre esta detención, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, indicó que ella había tenido controles de tráfico en los que había estado “bastante más tiempo retenida”.

“Sometido a violencia física”

La denuncia explica que ese personal español que fue retenido por fuerzas israelíes operaba bajo el amparo de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el respeto a la seguridad y libertad de movimiento de la FINUL. “Durante la interceptación, un sargento español fue extraído violentamente de su vehículo, retenido ilegalmente durante aproximadamente una hora y sometido a violencia física y trato degradante, antes de ser liberado tras una intensa presión diplomática”, recuerda.

Añade que el incidente ha sido calificado por fuentes oficiales como un “acto absolutamente hostil con violencia física” y recuerda que tras ser extraído e introducido con violencia en otro vehículo sufrió “un traslado forzoso a una localización distinta y no autorizada, consumando así una privación de libertad ambulatoria”. Suma a esto que lo ocurrido “no solo constituye una detención ilegal en toda regla, sino un trato degradante proscrito por el Derecho Internacional” que fue ejecutado “con la clara intención de amedrentar y desmoralizar al contingente de paz”.

Lamenta además que la liberación del militar solo se produjo “tras una intensa y urgente gestión diplomática del Gobierno de España ante las autoridades israelíes” y asevera que este no es un hecho aislado o fortuito sino que se enmarca “en un patrón de hostigamiento” dado que se han dado ataques directos e indirectos contra patrullas de la FINUL.

Tras describir lo acaecido, la formación indica en su denuncia que la Audiencia Nacional es la competente para conocer de los hechos dado que son compatibles con el delito de crímenes de guerra y no consta que se haya iniciado procedimiento alguno en Israel ni en el ámbito de la Corte Penal Internacional al respecto. Y recuerda que afectan a un ciudadano nacional y atenta contra los intereses del Estado español en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como contra la propia arquitectura de seguridad colectiva de las Naciones Unidas.

Para Iustitia Europa la responsabilidad penal debe recaer primariamente en los militares que ejecutaron materialmente la detención porque fueron autores directos de la interceptación del convoy, de la coacción para detenerlo, de la extracción del militar español de su vehículo, y de su posterior retención y traslado forzoso. “La identificación precisa de estos ejecutores materiales es, por tanto, una de las finalidades primordiales de la fase de instrucción que se solicita, a fin de que respondan individualmente por sus acciones”, añade. Y suma a esto que el Derecho Penal Internacional “ha consolidado el principio de responsabilidad del superior para la prevención y sanción de atrocidades”. Por otro lado, resalta que aunque la jurisdicción penal se centra en la responsabilidad individual, considera que los actos denunciados conllevan “la responsabilidad internacional del Estado de Israel”.

La denuncia solicita una serie de diligencias a la Audiencia Nacional, como que requiera a Interpol y Europol que identifique al personal israelí que llevó a cabo la detención; que recabe los informes al respecto que hayan elaborado desde el CNI; y que cite en calidad de testigos tanto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el militar retenido, entre otras. Sobre las mismas tendrá que pronunciarse la Fiscalía.

En un comunicado de ese partido, remitido tras conocerse la apertura de diligencias, se indica que ya han solicitado la personación como acusación popular en esas diligencias para impulsar activamente el procedimiento contra Netanyahu.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha presentado al instructor del caso Mascarillas de la Audiencia Nacional un nuevo informe, esta vez relativo a los contratos que logró cerrar en 2020 la presunta trama con Baleares, en el que se concluye que Koldo García tuvo un papel protagónico en ese contacto. Gracias a su gestión, la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la presunta trama, vendió mascarillas y PCRs al Govern presidido entonces por Francina Armengol, actual presidenta del Congreso.

“Buenos días, presidenta ayer la llamé. Caí en la cuenta que igual no tiene mi móvil, soy Koldo García, estoy con José Luis Ábalos, si puede por favor me llama cuando pueda gracias”. Éste mensaje de 'wasap' es de 25 de abril de 2020 y la UCO indica que es el primer contacto detectado entre Koldo García y Armengol.

A continuación, los agentes indican que desconocen si se produjo esa llamada pero ese mismo día Manuel Palomino, director de Gestión del Servicio de Salud de Balares, envió al asesor ministerial un mensaje en el que le informaba de que le habían dado su contacto y que querían adquirir un millón de mascarillas FFP2 a un precio de 2,50 euros. Diez minutos más tarde, el comisionista Víctor de Aldama ya compartía con su entorno el contacto de Palomino.

En el informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, se recuerda que con motivo de la pandemia de Covid-19 la Administración Balear realizó numerosas contrataciones de material médico, entre ellas, la de 8 de mayo de 2020 con Soluciones de Gestión por importe de 3,7 millones, más otra de 19 de junio de 2020 por importe de 57.700 euros. A esto se sumó la compra de pruebas de diagnóstico para el Covid-19 (PCR) a la empresa MEGALAB S.A, vinculada a Aldama, por importe de 1,1 millones de euros.

La UCO recuerda que en el contexto en el que se suceden estas adjudicaciones públicas, el asesor “habría percibido pagos en metálico por valor de 10.000 euros de manera mensual” pagados por el comisionista Víctor de Aldama. Indica, además, que el comisionista estuvo muy pendiente del encargo balear haciendo consultas recurrentes al administrador de Soluciones de Gestión, Íñigo Rotaeche, y mostrando su preocupación porque el material llegara en los plazos marcados. «Tienen que ir sí o sí y si no llamará al chiquitín», recogen que indicó el empresario pudiéndose referir a Koldo García.

El informe recoge más conversaciones de Koldo García con Armengol, todas relacionadas con la pandemia. En un momento dado, el 26 de abril de 2020, la expresidenta balear le pregunta si podría conocer a alguien que vendiera mascarillas infantiles, a lo que el asesor responde con un escueto “te lo arreglo”. Ese mismo día valoraba que “para niños será casi regalado” porque “nadie va a querer hacer negocio con eso”.

En otro momento, en junio de 2020 Koldo García también habría intecedido ante Ábalos por petición de Armengol para que se solucionara un problema relacionado con los test PCR que se estarían haciendo para permitir el tránsito de pasajeros a las islas.

Cabe recordar que el pasado 7 de abril se leyó en el juicio que se celebra en el Supremo por el caso Mascarillas el informe redactado por Armengol informado en calidad de testigo que, si bien no recuerda las conversaciones que mantuvo con el exasesor del Ministerio de Transportes Koldo García en abril de 2020 para la adquisición de material sanitario, sí que puede afirmar “con seguridad” que cualquier gestión la habría derivado al órgano de contratación correspondiente. En este sentido, indicó que, si bien no descarta que se cruzara wasaps con Koldo García, no alberga dudas de que nunca lo hizo para hablar sobre expedientes de contratación.

Armengol aseveró también que “nunca” habló en esa etapa en la que estaba al frente de la presidencia de Baleares con el exministro José Luis Ábalos sobre esos temas, solo por el cierre de puertos y aeropuertos, ni con el empresario Víctor de Aldama. Y recordó que las mascarillas adquiridas a Soluciones de Gestión estaban a un precio razonable en un mercado roto. “Nunca recibí orden o presión para contratar con nadie y no tuve conocimiento de que otros tuvieran presiones para contratar con determinados proveedores”,sentenció.

República Dominicana

Los agentes destacan particularmente las actuaciones concretas solicitadas por el comisionista a Koldo García, que irían desde los pormenores derivados de la contratación de emergencia de material sanitario por la administración balear, a la certificación del propio material, y el cobro por parte de Soluciones de Gestión. Indican que el flujo de información demuestra que “no sólo la influencia de De Aldama en el Ministerio de Transportes sino también en otros órganos de decisión, mediante el empleo del binomio Koldo-Ábalos”.

El informe también apunta a que Aldama trató de utilizar la influencia de Koldo García y del entonces ministro José Luis Ábalos para expandir sus negocios vinculados a la pandemia en la República Dominicana. Los investigadores se basan, para ello, en una serie de mensajes intercambiados entre ambos.

Según esas comunicaciones, Aldama facilitó a Koldo García el número de teléfono personal del presidente de la República Dominicana para organizar una llamada telefónica en la que interviniera el ministro Ábalos para impulsar la entrada de sus empresas en el país. Ante la demora en la gestión, Aldama presionó e instó a Koldo enviándole el siguiente mensaje: “Llamar (sic) al Puto presidente de RD [Repúbloca Dominicana] que tenéis allí a una persona que sin conoceros de nada ha dado todo y más”. Unos días después, Koldo le confirmó que la llamada finalmente se había realizado. 

El informe recoge que, cuatro meses después, un socio de Aldama contactó directamente a través de WhatsApp con el presidente dominicano. En su mensaje, se presentó indicando que su contacto se lo había facilitado “Koldo García, asesor de ministro de fomento de España el SR. Abalos (sic)”. Y le ofreció los servicios de su laboratorio para realizar pruebas de detección de COVID-19 en los aeropuertos y el abastecimiento de maquinaria. Según la UCO, Aldama sí logró establecer una “relación contractual” con la República Dominicana para prestarles dichos servicios.

La fiscal de la Sección de Violencia contra la Mujer del Área Móstoles-Fuenlabrada ha solicitado al juez que investigue al alcalde de Móstoles, el 'popular' Manuel Bautista por la querella presentada por una exconcejala de ese municipio en la que denunciaba delitos de acoso sexual, acoso laboral, contra la integridad moral, lesiones, coacciones y descubrimiento y revelación de secretos. Pide que, dado que hasta la fecha no se ha avanzado nada en este asunto, se dé “un impulso procesal” y, por tanto, se dicte una resolución para abrir esa investigación y que el Ministerio Fiscal pueda informar al respecto.

En un sucinto escrito con fecha de 9 de marzo, avanzado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía recuerda que la querella iba tanto contra el alcalde como contra el PP. Fue en febrero cuando trascendió que esa exconcejala, que pidió auxilio a la cúpula del partido en la región por el acoso laboral y sexual que supuestamente sufrió en 2024 a manos del alcalde, había presentado una querella en los juzgados. Desde entonces ya han pasado dos meses sin que el juzgado haya movido ficha.

Según relataba Antonio Suárez-Valdés, letrado director del caso, se trata de “un procedimiento de alta complejidad técnica al haberse producido una parte de los hechos en la intimidad de la víctima y su presunto acosador y al haber sido borrados los correos electrónicos oficiales de la víctima”.

La concejala de Móstoles denunció internamente un supuesto caso de acoso sexual que, por su negativa a acceder a las peticiones de Bautista, se convirtió en acoso laboral, según reveló El País. Lo hizo ante el PP de Madrid, con cuyos principales dirigentes se reunió al menos en tres ocasiones, siempre con la excepción de Ayuso, quien no encontró un hueco en su agenda durante meses para recibirla personalmente. 

Ayuso sí recibió al alcalde, apuesta personal suya, apenas cinco días después de tener por escrito la petición de ayuda de la víctima. Pero el PP de Madrid no activó los protocolos ni abrió ningún expediente. Tampoco su Comité de Derechos y Garantías. 

Las reuniones fueron con el secretario general autonómico, Alfonso Serrano, y la responsable de Organización, Ana Millán, números dos y tres del partido, respectivamente. La última de las entrevistas del PP de Madrid con la concejala se produce el 2 de octubre de 2024. En esa cita, Millán, imputada por corrupción, amenazó a la denunciante con llevarla a los tribunales.

Según informaba el diario El País, el letrado de la víctima ha solicitado la declaración como testigos de un total de once personas, entre las que estarían el propio Alfonso Serrano, la dirigente popular Ana Millán o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

20 días después, la concejala remitió su denuncia a la dirección nacional, al margen de la dirección madrileña y a través de la Vicesecretaría de Organización nacional que entonces dirigía Carmen Fúnez. El partido cerró la investigación sin entrevistarla personalmente. El instructor recabó información directa de ella por correo electrónico. Con Bautista, sin embargo, sí hablaron personalmente.

“Nutrido soporte probatorio”

En un comunicado, el despacho Suárez-Valdés, afirma que la querella se sustenta “en un nutrido soporte probatorio”. Con ello se buscará, primero, acreditar la existencia de la presunta solicitud de favores de tipo sexual a la exconcejala por parte del regidor. Y, después, la existencia de “un presunto patrón sistemático de hostigamiento y abuso de superioridad” ante el rechazo a sus pretensiones. 

Según el letrado, “la omisión primero y el fracaso después de los mecanismos internos de protección de la víctima y la ausencia de respuesta institucional por parte del Partido Popular” han obligado a su representada a buscar amparo directo en la vía penal, que intentó evitar inicialmente.

“El silencio y la falta de respuesta de las personas jurídicas ante el abuso de poder constituye, en sí mismo, una forma de revictimización. La ausencia de adecuada implantación de los protocolos de protección frente al acoso por parte de esas personas jurídicas puede generar su responsabilidad penal directa por los hechos acaecidos en el seno de sus organizaciones, según tipifica nuestro código penal”, sostiene el comunicado.

La expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera ha señalado este miércoles en su declaración como testigo en el Tribunal Supremo que cuando se enteró de que Jésica Rodríguez tenía una relación con el exministro José Luis Ábalos vio que había un claro “conflicto de intereses” y tomó la decisión de que la joven no podía renovar su contrato en la empresa pública de Ineco para realizar labores para Adif. Según ha recalcado, llamó por teléfono directamente a Ábalos y le comunicó que no era posible continuar con esa relación contractual.

Ante esa llamada, según ha recordado a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, el ministro le indicó que lo que ella hiciera “por supuesto bien hecho está”. Y ha recordado que debió ser “la última” del Ministerio en enterarse de esa relación del ministro con la odontóloga 'enchufada' en empresas públicas. Pardo de Vera, que está imputada en la Audiencia Nacional, ha comparecido como testigo en la sexta sesión del juicio contra Ábalos, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama que se celebra en el Supremo.

En relación con la expareja del que fuera ministro, la testigo ha afirmado que en ningún momento se le transmitió que hubiera queja alguna con el trabajo de esa persona. Y eso a pesar de que la propia Jésica Rodríguez ha confesado ante el tribunal que nunca llegó a trabajar a pesar de cobrar su salario. Además, se ha desligado de la tesis de que ella mediara en una segunda contratación para Jésica Rodríguez, esta vez en Tragsatec: “Rotundamente no”.

Previamente, el fiscal Alejandro Luzón le había pedido que detallara cómo se fraguó el contrato de la pareja del ministro en Ineco, y ella ha explicado que en febrero de 2019 recibió un wasap de Koldo García en el que apuntaba que debían iniciar los trámites o Ábalos le iba a “cortar los huevos”. Si bien ha enfatizado que ella no conocía a esa persona de nada, ha apuntado que el lenguaje usado por el asesor ministerial era “habitual en él”. Ella transmitió el curriculum de Jésica Rodríguez a la presidenta de Ineco, a la que le transmitió que desde el Gabinete del Ministerio le pasaban ese currículum “por si tenía encaje”.

Y ha recalcado que nunca transmitió a Ineco que fuera una exigencia porque además no tenía competencia para dar orden a esa empresa pública. “Sin mayor importancia. No sabía quién era la señora, era algo residual”, ha afirmado, para añadir que, de todas formas entendía que por la expresión de Koldo García, el ministro tenía interés en que se le contratara. No obstante, ha matizado que el ministro “jamás” la llamó por ese asunto y que si Koldo García le dijo en alguna ocasión que el ministro la llamaría sería porque era “típico” del asesor decir esas cosas para que pareciera que tenía luz verde para transmitir esa cuestión. 

Defiende el contrato de mascarillas

Por otro lado, Pardo de Vera ha defendido el contrato de cinco millones de mascarillas por valor de 12,5 millones de euros que Adif adjudicó en 2020 a la empresa Soluciones de Gestión y que está bajo sospecha. Pocos días después de lograr un contrato de Puertos del Estado por 24,2 millones de euros, esa empresa logró adjudicarse un segundo contrato con el gestor ferroviario a pesar de que aún no había entregado el material del primer pedido en el plazo acordado y existían ofertas más baratas.

Pardo de Vera ha señalado que no recibió “ninguna instrucción” para contratar mascarillas a esa empresa y que, en todo caso, fue una decisión acertada dado que “los resultados fueron satisfactorios”. A preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, ha detallado que cuando recibió la orden ministerial de que Adif se debía hacer cargo de la compra de esa cantidad de material sanitario reunió a su comité de dirección y se decidió que fuera la Dirección General de Gestión de Personas la que llevara las riendas de la contratación.

A partir de ahí se evaluaron criterios de calidad, se buscaron ofertas y tras ese análisis multicriterio, se optó por Soluciones de Gestión (cinco millones) y por Injoo Technologies (un millón). Ha recordado que el resto de contratistas se descartaron porque no podrían hacer frente a ese pedido y ha apostillado que pesó que la empresa de la trama ya había arrancado los fletes desde China para el pedido de ocho millones de mascarillas para Puertos del Estado. “Fue la primera entrega que llegaba a España de todas las que se habían pedido en España”, ha añadido.

Aldama, uno más en el Ministerio

En el interrogatorio, Pardo de Vera ha admitido que vio en varias ocasiones al empresario Víctor de Aldama en el área reservada del Ministerio de Transportes e incluso en el despacho de Ábalos y que eso era algo que le llamaba la atención porque había coincido en su trayectoria con cinco ministros y nunca había visto algo así.

A preguntas del fiscal, la expresidenta de Adif ha afirmado que “más de una vez” la citaron para encontrarse con Ábalos y que, cuando llegaba a su despacho, quienes estaban allí eran su entonces asesor Koldo García y Aldama. “Era algo que me chocaba aunque sea solo por un código ético y profesional”, ha aseverado.

Ese extremo ha sido confirmado también por el subteniente de la Guardia Civil José Luis Rodríguez, quien ha aseverado que Aldama “tenía acceso permanente” en el Ministerio de Transportes en época de Ábalos y que “entraba y salía sin que nadie le dijera nada”. Además, ha recordado que el empresario “estacionaba en el aparcamiento de autoridades”: “Es el único caso que conozco de alguien que sin ser del Ministerio tenía acceso (...), subía a la planta noble y entraba sin pedir permiso”.

Otro de los testigos, el que fuera secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, ha confirmado la ascendencia de Aldama dentro del Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos. Ante los magistrados, Sánchez Manzanares ha afirmado que, en 2020, cuando se adjudicaron los contratos que están bajo sospecha, él consideraba que el empresario “estaba en la parte del Ministerio”, ya que estaba “ayudando en la coordinación de los aviones” que transportaron las mascarillas desde China.

De cuatro a ocho millones en 38 minutos

Uno de los elementos que ha centrado la sesión de este miércoles ha sido el hecho de que el contrato adjudicado por Puertos del Estado se duplicara en solo 38 minutos de cuatro hasta los ocho millones. Según la Fiscalía, ese es uno de los indicios del control que la trama ejercía sobre el Ministerio. Sobre este extremo, el secretario general de este ente ha admitido la influencia de Aldama en este cambio, que permitió que se multiplicaran los ingresos de la empresa de la trama.

Sánchez Manzanares ha señalado que cuando transmitió al empresario que el pedido inicial para la compra de mascarillas era de cuatro millones de unidades, el comisionista le indicó que eso no era posible porque tenían un avión preparado en Lisboa para traer ocho millones. Quien fuera 'número dos' de Puertos le contestó que ellos se debían ceñir a la orden ministerial y que por eso él entendía que Aldama era parte del Ministerio y ayudaba en la coordinación de los aviones.

El alto cargo de Transportes que hizo la previsión de mascarillas que se iban a necesitar también ha confirmado ante los magistrados que fue el entonces subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez, que le dijo que “en un primer momento” la intención era comprar cuatro millones de mascarillas.

Isabel Pardo de Vera, quien fuera presidenta de Adif, ha presentado ante la Audiencia Nacional un contrainforme en el que rebate el presentado el pasado marzo por la unidad de apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) adscrita a la Fiscalía Anticorrupción que ponía el foco en posibles incumplimientos normativos en los contratos de obra pública adjudicados, entre otros, por el administrador de infraestructuras ferroviarias a Acciona o a UTEs en las que participó. Pardo de Vera está imputada en la causa que investiga la Audiencia Nacional por supuesto amaño de obras en el ministerio de Transportes junto al exministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En su escrito, la defensa legal de Pardo de Vera indica que tiene “dudas sobre el rigor” de la IGAE a la hora de realizar ese informe y lamenta que ese organismo dependiente del ministerio de Hacienda “emita conjeturas o infiera irregularidades” sobre cuestiones técnicas de manera injustificada y sin motivación suficiente. A esto, suma que la Intervención obvia en dicho informe que miembros de su propio cuerpo, delegados en Adif, realizan informes de fiscalización periódicos en ese organismo que incluyen la contratación, la ejecución y las modificaciones de los mismos. Por eso, no entiende que ahora, y en el marco de la investigación que se lleva a cabo en el Juzgado Central de Instrucción número 2, se presente 'ex post' como una rectificación “tácita e indiferenciada de todos los expedientes”.

Al hilo de esa cuestión, el escrito presentado por Pardo de Vera advierte de que en ninguno de los informes previos de esa delegación de la IGAE en Adif constan “aseveraciones, especulaciones o insinuaciones” como las que se recogen en el informe de la Intervención del pasado 2 de marzo de 2026. Y recuerda, además, que este organismo también participa en los contratos de carácter administrativo de la entidad Adif en las mesas de contratación.

Añade que en esas modificaciones en las que pone el foco el informe de la IGAE del pasado marzo participan tanto los servicios técnicos y jurídicos de Adif como los interventores del Ministerio de Fomento, que “verifican la concurrencia de las circunstancias legalmente habilitantes para proceder a su aprobación y formalización”. Al hilo, recuerda que todos esos informes técnicos, económicos y jurídicos fueron con pronunciamiento favorable, lo que implica “la correcta apreciación de la concurrencia y cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación vigente”.

A eso, suma que las manifestaciones “de gran contenido y calado técnico fueron realizados por profesionales con la titulación y experiencia adecuada para hacerlos y, en definitiva, sirven de base para que el órgano de contratación tome una decisión al respecto”.

Pronunciamiento de los tribunales

Por otro lado, el abogado de Pardo de Vera recuerda que todos los contratos objeto de análisis por parte de la Audiencia Nacional y su proceso de adjudicación y ejecución, así como los modificados de los mismos, se encuentran sometidos a la jurisdicción de los tribunales competentes y a la revisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Y destaca que no consta que en los expedientes analizados se haya obtenido pronunciamiento alguno sobre la actuación de Adif o Adif-Alta Velocidad. Además, destaca que es “llamativo” que los potenciales afectados no hayan apreciado en ningún momento vicio o defecto, como los que parece apuntar ahora el informe de la IGAE, que les hubiera movido a presentar el correspondiente recurso.

En todo caso, subraya el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es, era exigible a la IGAE que sus opiniones sobre cuestiones técnicas debían haber sido “motivadas o justificadas debidamente antes de emitir conjeturas o inferir ilegalidades”. Y para apuntalar las dudas que le genera el informe destaca, por ejemplo, que tenga en cuenta y cite en su análisis una normativa caduca, decretos ley que se encuentran “derogados y superados” o que plasme afirmaciones que denotan un “desconocimiento de lo previsto de forma expresa en la normativa en vigor” recogida en el reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Y, por eso, denuncia que el informe de la IGAE realiza un análisis “parcial y tergiversado” de las diferentes normas .

Así las cosas, subraya que Adif cumplió “escrupulosamente la normativa que resultaba en cada caso de aplicación” y que nada se le puede reprochar. Por tanto, añade que la Intervención no debió limitarse a formular “una sospecha retrospectiva” para insinuar que las adjudicaciones estuvieran predeterminadas, que las valoraciones fueran anómalas o que determinados modificados no se ajustaran a derecho. E insiste en que la unidad de apoyo de la IGAE para Anticorrupción solo hace “manifestaciones genéricas” que no son suficientes para afirmar que “se hayan aplicado criterios de arbitrariedad o discriminatorios o que se haya incurrido en error material”.

Por eso, precisamente, indica la defensa de Pardo de Vera que el informe “carece de cualquier valor invalidante de las decisiones” y reduce por completo su valor como prueba pericial.

Juicio de valor

Asimismo, la defensa de Pardo de Vera indica que el proceder de Adif en los expedientes cuestionados, tanto a la hora de fijar los criterios, como a la hora de llevar a cabo su aplicación, “se ajusta a la normalidad administrativa (...) y a la legislación vigente”. Y añade que en una licitación “multicriterio” la adjudicación no la determina la oferta técnica de manera aislada ni la oferta económica considerada en abstracto.

“La adjudicación la determina la puntuación total resultante de aplicar el pliego a las ofertas válidas”, explica, y añade que, por ello, afirmar que el juicio de valor determinó la adjudicación carece de relevancia jurídica autónoma si no se acredita, además, alguna de estas circunstancias: acceso anticipado al precio, contaminación de sobres, alteración de la fórmula, manipulación del umbral técnico, exclusión irregular de ofertas o arbitrariedad o falta de motivación en la valoración técnica.

Por último, tras reiterar que la IGAE no analizó de manera suficiente informes técnicos tenidos en cuenta en esas adjudicaciones, recalca que en procedimientos de contratación pública relativos a obras de infraestructura complejas, “las valoraciones técnicas efectuadas por los equipos responsables del proyecto, de la dirección de obra y de los servicios técnicos de la entidad gozan de una presunción de acierto derivada de la cualificación técnica de quienes las emiten”.

Patricia Uriz, que se ha presentado ante el Tribunal Supremo como expareja de Koldo García, ha decidido sólo responder a preguntas de su abogada para indicar que no reconoce los mensajes de wasap en los que hablaba de chistorras, lechugas y soles para hablar de dinero en efectivo. Además, ha subrayado que el dinero recibido desde la sede del PSOE en Ferraz se correspondía con gastos adelantados por Koldo García y por el exministro José Luis Ábalos y siempre iban contra recibo porque el partido en eso era “muy rígido”.

En esta cuarta sesión del juicio que se celebra en el Alto Tribunal por el caso Mascarillas, la mayoría de los testigos relevantes se han acogido a su derecho a no declarar por estar investigados en causas abiertas en la Audiencia Nacional, ha sido el caso del empresario Claudio Rivas. Así, el plato fuerte de la jornada ha sido finalmente Uriz, que ha llegado ataviada con peluca, pañuelo y gafas de sol para no ser reconocida por los medios a la entrada y que no ha sido enfocada ni por la cámara del directo de la Sala del Plenario. Cámara, habilitada para que los periodistas puedan seguir las sesiones desde una sala contigua.

Su interrogatorio, de aproximadamente una hora, se ha dirigido a desmentir punto por punto aseveraciones tanto de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como de la Fiscalía, y a denunciar que a fecha de hoy no ha podido tener acceso a sus dispositivos móviles para armar su propia defensa ante la Audiencia Nacional.

Sobre esos mensajes en los que participaba junto a su entonces pareja y en los que según la UCO se hablaba de efectivo que la trama pudo recibir como contraprestación a esos contratos de mascarillas, ha declarado que tras verlos en los informes no se reconoce y “no encajan” con su manera de escribir o hablar. Además, entiende que dado que se mandaba más de 200 mensajes diarios con Koldo García, “puede faltar algo” de la conversación que los descontextualice. “Además, tenía dos móviles Koldo, y era complicado seguir las conversaciones”, ha añadido.

En este sentido, ha recordado que ella trabajaba como secretaria para el Ministerio de Transportes en la época en la que estuvo al frente del mismo Ábalos, y que se encargaba tanto de los gastos domésticos como de los que realizaba Koldo García. En esa segunda partida ha incluido gastos del propio ministro que adelantaba el asesor. Y ha puesto como ejemplo que llegó a pagar la pensión del hijo de Ábalos porque a la entonces mujer de éste, Carolina Perles, “no le hacía gracia” que se abonaran esas partidas.

Dos sobres: Ministerio y Ferraz

Además, Uriz ha sido preguntada por si entre esos gastos que ella controlaba había alguno referido a dietas del propio Koldo García relacionadas con sus labores para la formación socialista. Ella ha comentado que su entonces pareja hacía muchas horas extras, muchos viajes y, por tanto, pasaba gastos que eran abonados por el PSOE. “Pasaba comidas, gasolina, cafés, viajes, hoteles”, ha recordado, para subrayar que los distinguía de los gastos generados por su actividad del Ministerio y que separaba ambas partidas en dos sobres.

Sobre la mecánica de devolución de esos importes adelantados, ha señalado que entre ella y Koldo García rellenaban una hoja de gastos del partido a la que sumaban los tiques, y que una vez entregados eran cobrados en dinero en efectivo que era entregado en un sobre. Ha recordado que ella mismo pasó alguna vez a recoger esas cantidades, tal y como se incluye en un informe de la UCO sobre el patrimonio de Ábalos. Y ha matizado que el Ministerio siempre o casi siempre abonaba gastos por transferencia.

Por otro lado, ha explicado que también se encargó de comprar el tabaco para el exministro, de llevarle trajes a la tintorería, de reservar viajes (“buscaba siempre el más económico”) o de asuntos más personales como elegir regalos para amigas de Ábalos. “¿Esto de adelantar gastos era tónica habitual con el exministro?”, le ha preguntado la abogada Leticia de la Hoz, a lo que ha respondido con un tajante “sí” para posteriormente matizar que si bien la pareja adelantaba ese tipo de compras no siempre llegó a cobrar de Ábalos por ello.

Más allá de esto, ha negado que recibieran dinero en efectivo de Víctor de Aldama, el comisionista encausado como supuesto corruptor del exministro, y ha defendido la legalidad del alquiler de un chalé denominado Villa Parra que la investigación traduce como una posible dádiva que recibió el exministro a cambio de emitir una nota de prensa en la que su ministerio apoyaba el rescate de Air Europa. Uriz ha dicho al respecto que ella se encargó de firmar ese alquiler y que si bien entre Koldo y ella adelantaron parte del pago, Ábalos no les reembolsó esa cantidad. De hecho ha comentado que tuvo una discusión al respecto con el propio Koldo.

El patrimonio

El interrogatorio se ha adentrado entonces en el patrimonio de Uriz con el objetivo de echar por tierra la tesis de la UCO de que la pareja incrementó el mismo en los años de la pandemia fruto de esas comisiones por dar a Soluciones de Gestión los contratos para la adquisición de mascarillas. Ella ha sostenido que de los más de 20.000 euros encontrados en el registro del domicilio de ambos, 13.000 eran ahorros suyos, y ha apuntado que nunca mezcló patrimonio con Koldo García, con el que comparte una hija.

Además, ha combatido la aseveración de los investigadores de que adquirieron una vivienda en Benidorm (Alicante) sin hipoteca, indicando que sí que hubo tal pero que se vinculó a su piso de Huarte (Navarra). Y ha añadido que se puso otro inmueble a nombre de su hija, menor de edad, porque Koldo García no quería que en un futuro entrara en el reparto de su herencia para que no pudiera reclamarla otro hijo previo con el que no tiene relación.

Por último, ha salido a colación de nuevo el nombre de la expareja de Ábalos, Jésica García. Uriz ha recordado que la conoció como “amiga de Aldama” -misma tesis que la sostenida por el hermano de Koldo García, Joseba García-. Además, ha comentado que nunca supo nada de quién pagaba el alquiler del piso en el que residía en Plaza de España y que cuando se refirió en un mensaje a “Puta 1” no era por ella sino por Perles, la exmujer de Ábalos.

El juez Juan Carlos Peinado cierra la investigación que abrió hace dos años contra Begoña Gómez y propone llevarla a juicio ante un jurado popular por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. El magistrado archiva la acusación por intrusismo contra la esposa del presidente del Gobierno y da cinco días a las partes para que presenten su escrito de acusación a pesar de que propone una nueva diligencia, lo que contraviene la Ley del Jurado. También propone juzgar a su asistente en la Moncloa, Cristina Álvarez, y al empresario Juan Carlos Barrabés, un conocido emprendedor del sector de Internet.

En la resolución, fechada el 11 de abril, el magistrado apunta los indicios recabados durante los dos años que ha durado la investigación y sostiene la tesis de que Begoña Gómez influyó sobre autoridades y funcionarios prevaliéndose de su relación personal como esposa del presidente del Gobierno. Así, afirma que desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense de Madrid gracias a su “posición relacional”.

Respecto al delito de tráfico de influencias, el juez Peinado otorga total relevancia al hecho de que Begoña Gómez utilizara el Palacio de la Moncloa, que era su domicilio oficial, para mantener reuniones sobre proyectos empresariales y académicos. Apunta que se trata de conductas que “parecen más propias de regímenes absolutistas” y defiende que “quizás hubiera que remontarse al reinado de Fernando VII” para analizar estos hechos.

En relación con este mismo delito, el magistrado se refiere también a las “cartas de apoyo” en favor de la UTE vinculada al grupo empresarial de Barrabés que suscribió Begoña Gómez. En realidad, era una “declaración de interés y apoyo” en la que acreditaba que el máster que ella dirigía iba a colaborar con el programa de formación al que optaba Barrabés. Era una carta tipo: idéntica a la que firmaron 32 personas más. Entre otras, la directora de la Agencia de Empleo del Ayuntamiento de Madrid. 

El juez concluye que Gómez utilizó esa “ascendencia” para buscar financiación de un proyecto que tenía potencial de explotación económica privada, como era esa cátedra. Las defensas han reiterado que Begoña Gómez no cobraba remuneración alguna por el desarrollo de esa cátedra y que los fondos iban al patrimonio de la Complutense. El juez dice, no obstante, que no puede dar “verosimilitud” a este argumento dado que considera que “el beneficio puede ser indirecto” y a favor de un tercero, el también investigado, Juan Carlos Barrabés.

De hecho, el magistrado llega a acusar incluso a la esposa de Sánchez de apropiarse para su “patrimonio personal” de los fondos privados que captaba para la cátedra, si bien es un extremo en el que nunca ha ahondado la investigación. Según la información recopilada, Begoña Gómez tenía en sus cuentas bancarias algo más de 21.000 euros. El juez señala que la prueba indiciaria más clara de este supuesto intercambio de favores son las citadas cartas de apoyo a favor de la UTE de Barrabés.

La financiación inicial de la cátedra contó con el patrocinio de dos empresas de “gran relevancia nacional” como son Reale Seguros, que hizo una aportación única de 60.000 euros; y la Fundación la Caixa, que se comprometió a una aportación anual de 15.000 euros.

Además, Begoña Gómez buscó financiación privada para la puesta en marcha de una herramienta informática vinculada a la cátedra que era gratuita para todos los usuarios. El software era una aplicación tecnológica diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con los criterios de sostenibilidad, facilitando así su acceso a ayudas públicas. Fue sufragado con fondos de Indra (128.442 euros), Google (110.000 euros) y Telefónica (50.000 euros).

El juez apunta sin hacer alusión a ningún tipo de indicio que ese patrocinio pudiera ser solo la “fachada” de una “retribución encubierta” por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas que estarían “relacionadas” con las numerosas adjudicaciones públicas a las que se presentan estas compañías. Al menos hasta la fecha, las acusaciones no han podido probar que esas empresas hayan conseguido trato preferente alguno en sus relaciones con la Complutense u otros lugares de la Administración relacionados con estos patrocinios.

La Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez siempre han defendido que, dado que la herramienta era gratuita, la esposa de Sánchez nunca pudo hacer negocio con ella. Y que no hubo, por tanto, ningún ánimo de lucro porque era un programa que ni se ofrece en el mercado ni reporta ganancias, tal y como puso de manifiesto el Ministerio Público en un escrito aportado al sumario.

Sin embargo, el juez insiste en que Begoña Gómez pudo cometer un delito de apropiación indebida porque se apropió de ese software, ya que registró la marca y adquirió el dominio web (transformatsc.org) donde lo alojó. También constituyó una sociedad mercantil limitada con el mismo nombre, de la que es administradora y socia única.

Por otro lado, el juez dedica gran parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. Aunque la mujer de Pedro Sánchez no es una funcionaria que administre fondos públicos directamente, el juez argumenta que participó en este delito como “inductora, cooperadora necesaria y beneficiaria consciente del desvío de recursos públicos”.

Su tesis es que “solicitó, aceptó y aprovechó” el trabajo de la asistente Cristina Álvarez para tareas estrictamente privadas, como gestionar la cátedra, buscar patrocinadores y reunirse con tecnológicas. El auto incluso señala que Begoña Gómez pidió expresamente la contratación de esta asesora por su “relación de confianza” con ella.

En este auto, el juez decide archivar la acusación por el delito de intrusismo profesional que le atribuían las acusaciones populares en relación con la firma de los pliegos técnicos para contratar el citado software. El magistrado considera que hay un único indicio “endeble” —un informe de una asociación minoritaria de abogados del Estado— y que, por contra, hay contraindicios que avalan la posibilidad de la firma del pliego.

Hace varios meses que consta en la causa el correo en el que la gerente de la Escuela de Gobierno de la UCM da instrucciones Begoña Gómez para que firme esos pliegos. Además, la Interventora de la Universidad Complutense declaró como testigo y afirmó que de acuerdo con las normas de ejecución presupuestaria, la firma de los pliegos debía realizarse por la Jefa de la Unidad, que era Begoña Gómez.

El bróker Luis Felipe Suárez-Olea se enfrenta a una querella por estafa tras la gestión de 250.000 euros que le confió un inversionista para que invirtiera esa cantidad a través del fondo Langur Holding Corporation SL. Según la querella, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el financiero debía colocar ese dinero en participaciones de Enerside Energy SA, una empresa especializada en el desarrollo, construcción y mantenimiento de proyectos de energía renovable, con presencia en España y Sudamérica. En la junta directiva de Langur consta un nombre vinculado al PP, Germán Alcayde, quien fuera jefe de gabinete del expresidente José María Aznar, y, además, compañero de Isabel Díaz Ayuso y de Pablo Casado en las juventudes del PP madrileño. Alcayde entró en diciembre de 2025 a formar parte de la gestora del PP valenciano después de la salida de Carlos Mazón.

Un portavoz de José María Aznar asegura a elDiario.es que el expresidente “no colabora con Suárez-Olea desde hace años”. Juntos se les ha podido ver en actos como el celebrado el pasado enero en el Colegio Mayor Guadaira (Sevilla), donde ambos fueron protagonistas de una tertulia sobre geopolítica y energía patrocinada por el propio fondo de inversión y por otra de las empresas vinculadas al bróker: HVR Energy.

HVR Energy es una energética que pende de Langur y que está especializada en el desarrollo y operación de estaciones de repostaje de hidrógeno. Además de contar en su equipo directivo con Alcayde y con Suárez-Olea (CEO), también incluye en su consejo asesor a Isabel Tocino, quien fuera ministra de Medio Ambiente en el último Gobierno de Aznar.

Precisamente, hace escasos días el Instituto de Crédito Oficial (ICO) informó de que concedía una financiación de casi 13 millones de euros a esa compañía española para su proyecto 'ACTIVA' que contemplaba el despliegue de 30 hidrolineras de hidrógeno en España. En una nota que publicaba la entidad pública, explicaba que HVR es impulsora de uno de los planes más ambiciosos de infraestructura de hidrógeno en Europa, con el objetivo de alcanzar 75 hidrolineras operativas en España antes de 2030. Y añadía que hasta la fecha, ha movilizado más de 33 millones de euros en financiación pública y privada, que permitirán poner en marcha al menos 55 estaciones hasta 2028.

Además de ese crédito del ICO, esa empresa celebraba en sus redes sociales hace cuatro semanas que había firmado un acuerdo con el Comité Olímpico Español (COE) que les convierte en el patrocinador oficial de la entidad hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Y anunciaba que ponía a disposición del organismo presidido por Alejandro Blanco cinco vehículos propulsados por hidrógeno para impulsar “la movilidad más sostenible dentro del ecosistema deportivo español”.

“El artífice del engaño”

La querella acusa a Suárez-Olea de ser “el artífice del engaño urdido” al hacer uso del patrimonio del estafado “en beneficio propio y de sus empresas”. “Y, para dar mayor apariencia de garantía y solvencia (...), se erigió en garante personal de la operación”, indica, para luego recordar que esa inversión 'verde' se materializó pero no llegó a ponerse a nombre del propietario real de esas participaciones. Por eso, el inversor acudió a la Justicia para ir contra el bróker por la vía civil primero —tal y como adelantó El Confidencial— y, de forma complementaria, por la vía penal.

Según el relato de hechos, una vez se hizo con el dinero, el financiero adquirió participaciones de Enerside Energy con Langur y, cuando debía devolver el préstamo al inversor en 2021, movió ese paquete a otra empresa denominada Demonte. Pasaron los meses y el inversor sólo recibió evasivas de parte de Suárez-Olea que siempre le prometía, según la querella, una pronta devolución de las cantidades prestadas. Finalmente, y ante notario, se le exigió el abono de ese préstamo y se hizo un recálculo de los adeudos porque las acciones de la energética se habían revalorizado. El montante ascendió a 1,2 millones de euros.

Una vez que el inversor se percató de que el bróker podía haber seguido idéntico proceder con otros clientes, y puesto que estaba “en paradero desconocido”, decidió interponer la querella, que fue admitida por los juzgados madrileños, y solicitó su declaración como investigado. Esa comparecencia se produjo en marzo de 2025 y en la misma se acogió a su derecho como imputado a no declarar argumentando que no había tenido posibilidad de instruirse sobre la causa que le afectaba.

Pocos días después, el bróker indicó en respuesta a la querella que la misma se basaba en “generalidades, suposiciones, menciones imprecisas y vagas” que no acreditaban ni indiciariamente engaño alguno y que en realidad se interponía “de modo instrumental para forzar una solución a una simple disputa civil”. Y puntualizaba que nunca ha estado en paradero desconocido y siempre ha respondido a las distintas peticiones de información del cliente por lo que solicitó el archivo de la causa.

Más allá de este procedimiento, las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es explican que el último movimiento del financiero ha sido el de consignar los 1,2 millones de euros que le reclamaba el inversor para poner fin a la causa civil, que se había ventilado con una sentencia condenatoria. Así, la vía que continúa latente es la penal.

Mientras esto ocurre, el perfil de LinkedIn de HVR describe a Suárez-Olea como un experimentado profesional del mundo de la banca de inversión y las finanzas, que aporta al proyecto “una sólida trayectoria de 24 años dedicados a la estructuración financiera y la colocación de activos en diversos e importantes sectores industriales, principalmente en energía e infraestructuras”.

El juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor Gonzalo de Aldama empieza a dibujar en sus primeras jornadas un boceto del alcance real de la trama que llevó la corrupción al corazón del Gobierno. A la espera de abordar los contratos de mascarillas, en las tres primeras sesiones celebradas esta semana se han acumulado testimonios que apuntalan las tesis de las acusaciones sobre el nepotismo ejercido en las empresas de la órbita del Ministerio de Transportes. De forma paralela, sin embargo, la declaración de otros testigos ha apuntado las dificultades que tuvo la presunta organización criminal para desplegar su influencia en otros departamentos estratégicos de la Administración. 

Los intentos de la red por extender su esfera de favores a otros ministerios fracasaron al toparse con los procedimientos burocráticos que, en algunos casos, sí funcionaron. El primer ejemplo de este bloqueo afectó directamente a los intereses económicos de Aldama. La investigación detalla cómo Koldo García utilizó sus contactos para conseguir que el empresario se reuniera en junio de 2020 con Carlos Moreno, quien era en ese momento jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El objetivo del encuentro era de máxima urgencia para Aldama: lograr el aplazamiento de una deuda tributaria que asfixiaba a una de sus sociedades, Pilot Real Estate. 

Moreno se reunió con el comisionista, pero no tenía competencias directas sobre expedientes de la Agencia Tributaria, así que derivó el asunto a un asesor técnico de su gabinete, el inspector de Hacienda Ignacio Granado. El pasado jueves, en su declaración ante un tribunal de siete magistrados, Granado reconoció que trasladó a la Agencia Tributaria la consulta sobre si esa deuda podía ser aplazada. Pero la presión de la trama fue estéril: no llegó a producirse aplazamiento de deuda alguna en favor de la sociedad, tal y como ha reconocido la Fiscalía en el escrito en el que pide 24 años de cárcel para Ábalos. 

Según Granado, él procedió como en otras ocasiones ante este tipo de peticiones “no habituales, pero tampoco infrecuentes” porque la competencia para esos asuntos no es del Gabinete del Ministerio de Hacienda sino del Gabinete de la Agencia Tributaria. “Me limité a trasladar [el asunto concreto] y al cabo de unos días, cuando desde la Agencia Tributaria me respondieron, yo se lo trasladé a mi superior jerárquico”. Y ahí acabó su gestión sobre el asunto, según el testimonio que prestó bajo la promesa de decir verdad. 

El asunto del aplazamiento de esta deuda evidencia los vaivenes de Aldama en su estrategia de colaborar con la Justicia. En la declaración en la Audiencia Nacional que le permitió salir de prisión en noviembre de 2024 —adonde había entrado por un grave caso de fraude en el sector de los hidrocarburos—, afirmó que Hacienda le concedió el aplazamiento tras la “gestión” con el jefe de Gabinete de la ministra. E incluso fue más allá al afirmar que “al mes o dos meses” acabó dando al alto cargo Carlos Moreno, a través de Koldo García, un sobre con 25.000 euros en una reunión que mantuvieron los tres en un bar de “debajo” del Ministerio de Hacienda. Carlos Moreno, que también declarará como testigo en el juicio, negó en su interrogatorio durante la investigación haber recibido ese dinero. 

El comisionista repitió esta misma versión en un escrito remitido un mes después al Tribunal Supremo y que lleva la firma de su abogado, José Antonio Choclán. “Podrá obtenerse de la Agencia Tributaria el expediente tributario completo relativo a esta mercantil, donde podrá comprobarse la concesión del aplazamiento y su fecha, y su cotejo con las fechas en las que se mantuvieron aquellas comunicaciones”, puede leerse en el escrito, en el que el comisionista trató de reforzar su acusación y aportó como prueba un pantallazo que acreditaría que tiene su número de teléfono guardado en la lista de contactos de su teléfono y su tarjeta de visita. 

Sin embargo, un año después, en su escrito de defensa, el letrado del comisionista mostraba su conformidad con el relato plasmado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, en su escrito de acusación. En ese escrito, el representante del Ministerio Público destaca que Aldama no logró el aplazamiento de la deuda con Hacienda a pesar de las maniobras de la trama. 

El abogado del empresario añadió sobre ese episodio parte de lo recogido en el escrito de la acusación popular, dirigida por el letrado del PP: que Koldo García intermedió con Moreno por esa deuda que había pretendido aplazar previamente sin éxito Aldama por falta de avales. Y que el entonces asesor le habría indicado que debía tener un detalle —25.000 euros— con el jefe de gabinete de Montero por la gestión. 

Pero el letrado de Aldama nada dice en su escrito de lo que sí incluye el del PP, que ese aplazamiento sí habría sido concedido y que “la citada mercantil no figuró en la lista de deudores cerrada a 31 de diciembre de 2020”. Según la acusación popular, la empresa no figuró como morosa “hasta la lista de diciembre de 2021, que recogía las deudas hasta agosto de ese mismo año y en la que figuraba ya la citada sociedad”, Pilot Real Estate. 

Las gestiones equivocadas para Villafuel

El segundo fracaso se evidenció en los intentos de la trama por adentrarse en el sector de los hidrocarburos. Nuevamente, Koldo García orquestó reuniones al más alto nivel, aunque en la ventanilla equivocada. En enero de 2021, el entonces asesor promovió un encuentro entre Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de Gabinete de la entonces ministra de Industria Reyes Maroto, y los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano, quienes buscaban desesperadamente una licencia de operador al por mayor para la empresa Villafuel. 

Carmen Pano, que compareció esta semana como testigo en el juicio, dijo que fue Aldama quien facilitó que se produjera esa reunión gracias a sus “relaciones” en el Gobierno. Y que Claudio Rivas quedó “encantado” con la cita, en la que llegó a estar en algún momento Koldo García. Esa misma mañana, su hija Leonor González Pano puso cifras al precio que Claudio Rivas había puesto a las gestiones de Aldama. Según ella, abonó al comisionista un millón de euros con contraprestación por sus movimientos en relación con la licencia. 

No obstante, las promesas de la trama chocaron con la realidad administrativa: el Ministerio de Industria no tenía las competencias legales para otorgar autorizaciones sobre hidrocarburos. El expediente dependía realmente del Ministerio para la Transición Ecológica, que evaluó la solicitud basándose en criterios técnicos y económicos y que llegó a denegar la licencia formalmente en diciembre de 2021 al considerar que no se acreditaba la capacidad financiera exigida.

En paralelo a esas gestiones y, según el escrito del fiscal, Aldama, que ya hacía meses que buscaba premiar a Ábalos con un chalé por los contratos de las mascarillas, encontró la ocasión ideal para que su socio en el sector de los hidrocarburos, Claudio Rivas, corriera con la compra de esa nueva dádiva. La fórmula fue la de adquirir el inmueble a través de una sociedad vinculada a Rivas, Have Got Time, de la que era testaferro Leonor González Pano. Y canalizar el disfrute de la vivienda para el entonces ministro por medio de un contrato de alquiler con opción a compra. 

En julio de 2021, Ábalos abonó 7.500 euros como fianza y pago de un primer mes de alquiler. No hizo ningún abono más hasta que en noviembre de ese mismo año y, según la versión ofrecida por la empresaria Carmen Pano en el juicio, madre de la testaferro de Have Got Time, Claudio Rivas se hartó de ver cómo pagaba y pagaba sobornos a cambio de nada y decidió dejar a Ábalos sin chalé.

Villafuel solo logró obtener el título de operador casi un año después, en septiembre de 2022, tras subsanar los requisitos técnicos con su propio equipo de auditores y cuando Koldo García ya había sido apartado del proceso y Ábalos llevaba más de un año fuera del Gobierno de España.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al caso en el que están investigados Aldama y Claudio Rivas por el fraude en los hidrocarburos cifra un millón de euros el dinero invertido por ambos para “comprar la voluntad” de Ábalos. Gran parte de esos fondos se habrían dedicado a la compra del chalé de La Alcaidesa.  

Los enchufes de la 'sobrina' y de la amiga militante 

Con todo, y a pesar de que esos intentos de la trama por penetrar en otros ministerios que no fueran el de Ábalos no fueron efectivos, lo que sí ha quedado acreditado a lo largo de las tres sesiones del juicio es que tanto Ábalos como Koldo García pudieron implicarse en la contratación de dos mujeres vinculadas al ministro en empresas públicas que dependían en última instancia de Transportes. Es el caso de Jésica Rodríguez, con quien Ábalos mantuvo una relación sentimental durante meses. La joven disfrutó de un sueldo de mileurista primero en Ineco y luego en Tragsatec —ambas subcontratadas por Adif— sin tener que trabajar. 

Durante la vista, Joseba García, hermano de Koldo, afirmó que ella se quejaba de una gran carga de trabajo. Sin embargo, la joven declaró que no tuvo que trabajar nada y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y, cuando dejamos de ser pareja, seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, afirmó.

Claudia Montes, la segunda mujer presuntamente 'enchufada', esta vez en Logirail, sostuvo que sí trabajó en la compañía dependiente de Renfe, pero superiores suyos declararon ante los magistrados que estuvo a punto de ser despedida porque faltaba al trabajo. 

Una decena de testigos vinculados a las diferentes empresas públicas afectadas por esos enchufes han corroborado que en la contratación de ambas hubo singularidades y que en ambos casos hubo llamadas y avisos para que no se las molestara. Enrique Martínez Torres, quien fue director gerente de Logirail para la zona norte, declaró que cuando denunció ante sus superiores que Montes no iba a trabajar a su puesto en Oviedo recibió hasta dos llamadas de Koldo García en las que le “amenazó”, tanto a él como a la directiva de esa filial de Renfe, con que si “se trataba mal a esta señora y que iban a rodar cabezas”.

Por su parte, Virginia Barbancho, la responsable de Tragsatec que controló en 2021 si Jésica Rodríguez trabajaba realmente en esa empresa pública, explicó que cuando se percató de que no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema a sus superiores y estos le recomendaron que “la dejara en paz”. Y afirmó que Ignacio Zaldivar, el responsable de Adif (para el que trabajaba Tragsatec) le indicó que era una orden de la entonces presidenta de ese ente público, Isabel Pardo de Vera, porque había recibido una llamada del ministro Ábalos. Ese extremo fue confirmado por el propio Zaldivar, que apuntó que llegó a recibir hasta dos apercibimientos sobre el asunto Jésica Rodríguez por parte de Pardo de Vera. 

El partido político extraparlamentario Iustitia Europa ha interpuesto ante la Audiencia Nacional una denuncia contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, contra el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), Herzi Halevi y contra otros mandos y militares israelíes aún por identificar por la presunta comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, detención ilegal y coacciones. Los hechos que se recogen en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, ocurrieron el pasado 7 de abril cuando un sargento del Ejército español que formaba parte de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL) fue presuntamente detenido ilegalmente por fuerzas israelíes durante aproximadamente una hora.

La formación presidida por el abogado Luis Pardo, que se identifica como “apartido” y ha ejercido la acusación contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, califica el episodio de “ataque deliberado y flagrante violación del Derecho Internacional” y recuerda que se produjo cuando un convoy logístico del contingente español de la FINUL (cascos azules) fue “interceptado de manera hostil por fuerzas israelíes en la demarcación de Taybeh”. Cabe recordar que sobre esta detención, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, indicó el pasado jueves que ella había tenido controles de tráfico en los que había estado “bastante más tiempo retenida”.

La denuncia explica que ese personal español que fue retenido por fuerzas israelíes operaba bajo el amparo de la Resolución 1701 (2006) del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige el respeto a la seguridad y libertad de movimiento de la FINUL. “Durante la interceptación, un sargento español fue extraído violentamente de su vehículo, retenido ilegalmente durante aproximadamente una hora y sometido a violencia física y trato degradante, antes de ser liberado tras una intensa presión diplomática”, recuerda.

Añade que el incidente ha sido calificado por fuentes oficiales como un “acto absolutamente hostil con violencia física” y recuerda que tras ser extraído e introducido con violencia en otro vehículo sufrió “un traslado forzoso a una localización distinta y no autorizada, consumando así una privación de libertad ambulatoria”. Suma a esto que lo ocurrido “no solo constituye una detención ilegal en toda regla, sino un trato degradante proscrito por el Derecho Internacional” que fue ejecutado “con la clara intención de amedrentar y desmoralizar al contingente de paz”.

Lamenta además que la liberación del militar solo se produjo “tras una intensa y urgente gestión diplomática del Gobierno de España ante las autoridades israelíes” y asevera que este no es un hecho aislado o fortuito sino que se enmarca “en un patrón de hostigamiento” dado que se han dado ataques directos e indirectos contra patrullas de la FINUL.

Tras describir lo acaecido, la formación indica que la Audiencia Nacional es la competente para conocer de la denuncia dado que los hechos descritos son compatibles con el delito de crímenes de guerra y no consta que se haya iniciado procedimiento alguno en Israel ni en el ámbito de la Corte Penal Internacional. Y recuerda que afectan a un ciudadano nacional y atenta contra los intereses del Estado español en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, así como contra la propia arquitectura de seguridad colectiva de las Naciones Unidas.

La responsabilidad penal

Para Iustitia Europa la responsabilidad penal debe recaer primariamente en los militares que ejecutaron materialmente la detención porque fueron autores directos de la interceptación del convoy, de la coacción para detenerlo, de la extracción del militar español de su vehículo, y de su posterior retención y traslado forzoso. “La identificación precisa de estos ejecutores materiales es, por tanto, una de las finalidades primordiales de la fase de instrucción que se solicita, a fin de que respondan individualmente por sus acciones”, añade. Y suma a esto que el Derecho Penal Internacional “ha consolidado el principio de responsabilidad del superior para la prevención y sanción de atrocidades”. Por otro lado, resalta que aunque la jurisdicción penal se centra en la responsabilidad individual, considera que los actos denunciados conllevan “la responsabilidad internacional del Estado de Israel”.

La denuncia solicita una serie de diligencias a la Audiencia Nacional, como que requiera a Interpol y Europol que identifique al personal israelí que llevó a cabo la detención; que recabe los informes al respecto que hayan elaborado desde el CNI; y que cite en calidad de testigos tanto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el militar retenido, entre otras.

El tribunal del caso Kitchen ha rechazado ordenar el ingreso en prisión de dos de los acusados, Francisco Martínez (exsecretario de Estado de Seguridad) y Andrés Gómez Gordo (el policía de cabecera de Cospedal), como había solicitado la acusación popular del PSOE. Los magistrados de la Sección Cuarta alegan que los dos acusados “han concurrido en cada una de las ocasiones al llamamiento judicial” que se les ha cursado desde que son investigados, hace más de seis años.

Los socialistas argumentaron una semana antes del arranque del juicio que en Martínez y Gómez Gordo concurren cuatro circunstancias que elevarían el riesgo de fuga: la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel para ellos, el juicio de Kitchen era inminente, los problemas de ambos con la justicia se han agrandado con otras causas desde que se dictó hace tres años el auto de apertura de juicio oral y existe la sospecha de que tienen fuentes de financiación ocultas. El tribunal responde que “no consta que hayan efectuado movimiento alguno dirigido a ocultarse o sustraerse al devenir del procedimiento”.

La acusación popular del PSOE solicitaba igualmente tener acceso a la pieza de responsabilidad civil -destinada a satisfacer el pago de multas por condena e indemnizaciones- y el tribunal asegura que debía haberse dirigido al Juzgado de Instrucción que investigó el caso Kitchen, donde hubiera tenido posibilidad de comprobar los datos que deseara.

Francisco Martínez, número dos de Interior en la primera legislatura de Mariano Rajoy, está acusado de coordinar el espionaje parapolicial a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, por lo que debe responder en el juicio de Kitchen, entre otros, de los delitos de malversación de dinero público, revelación de secretos y organización criminal.

Por su parte, Andrés Gómez Gordo está acusado en el caso Kitchen de reclutar al chófer de la familia para intentar recuperar información comprometedora para el Partido Popular. Gómez Gordo también habría realizado pagos con fondos reservados al conductor, Sergio Ríos Esgueva. Gómez Gordo era asesor de María Dolores de Cospedal cuando arrancó la operación y dejó su puesto para reingresar en la Policía y monitorizar al chófer.

El sindicato Manos Limpias está en la génesis de la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. No en vano fue quien interpuso la primera querella que sirvió al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para abrir diligencias. Pero desde el inicio, y dado que no logró hacerse con la dirección letrada de las acusaciones populares tras la unificación de las mismas, la participación del sindicato dirigido por Miguel Bernad quedó desdibujada. Al menos hasta ahora.

En un nuevo escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la representación legal del sindicato pide al juez que les permita ejercer la acusación en el caso pero sin depender de la batuta legal de los ultracatólicos de Hazte Oír debido a “discrepancias radicales y profundas”. Y señala, concretamente, que considera que se debe archivar la causa contra Cristina Álvarez, la asistente de Gómez en La Moncloa, porque “a la luz de los hechos y de la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, no es mínimamente razonable imputarle un delito de malversación”.

Manos Limpias indica que “en plena sintonía con lo que han manifestado las defensas y el Ministerio Fiscal” no se está en condiciones de proseguir la instrucción frente a ella. Advierte de que se corre el riesgo de poner en peligro “el buen fin del proceso” porque su declaración como testigo podría ser “determinante para que exista prueba de cargo suficiente” contra Gómez y contra el tercero de los imputados, el empresario Juan Carlos Barrabés.

A esto suma que también discrepa con la calificación jurídica de los hechos que hace Hazte Oír como dirección letrada de las acusaciones populares. Entiende que solo puede prosperar la acusación por los delitos de malversación y tráfico de influencias, y si acaso por un delito de prevaricación. Pero advierte de que “ni remotamente” es posible inferir la comisión de los delitos de corrupción en los negocios, apropiación indebida o intrusismo profesional. Por ello, señala que más allá de que el juez Peinado comulgue con las tesis de Hazte Oír, debe darle a Manos Limpias la oportunidad de escindirse y conformar una nueva agrupación a la que se puedan sumar acusaciones que vean más ajustada su línea de actuación.

Este escrito del sindicato de Bernad llega después de que se celebrara el pasado Miércoles Santo una vista en la que el juez comunicó a las partes que de nuevo procedía a seguir la causa por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Ese mismo día trascendía que Manos Limpias no estaba de acuerdo con la imputación de Cristina Álvarez y consideraba prematuro llevar el asunto por la vía del jurado popular.

Vox ya advirtió en febrero de 2025

Cabe recordar que en febrero de 2025, cuando era Vox quien dirigía la acusación popular ya trasladó por escrito al juez Peinado su preocupación por las consecuencias que pudiera tener imputar a la asesora sin fundamentar la decisión. Hasta entonces habían sido las defensas de los acusados quienes habían tratado de poner límite, sin apenas éxito, en los excesos de la instrucción de Peinado, pero ese movimiento de Vox alertaba del carácter contraproducente de adoptar medidas sin respeto a la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Meses más tarde, en noviembre, Peinado llegó a expulsar de la causa al sindicato porque no había consignado en el juzgado el importe exigido para ser tenido como parte en el procedimiento. Esta decisión, que acabó revocando, se produjo después de que Carlos Perales, su abogado en la causa y redactor de la querella que dio pie a Peinado para abrir la investigación en 2024, renunciara a llevar a Manos Limpias al entender que existían fines políticos en la acción de esta acusación popular en el caso Begoña Gómez.

El pasado 14 de marzo se cumplieron seis años desde que el Gobierno declarara el estado de alarma por la pandemia de coronavirus. También se cumplen seis años de unos protocolos sanitarios que fueron aplicados en la Comunidad de Madrid por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y que priorizaban que ancianos con infección respiratoria fueran atendidos en las propias residencias y no en los hospitales. Esos 'protocolos de la vergüenza', según sostienen asociaciones como Marea de Residencias, provocaron la muerte de más de 7.000 personas en las residencias madrileñas entre marzo y abril de 2020. Y el asunto acabó siendo judicializado. ¿Pero en qué punto se encuentra la investigación de esos fallecimientos por parte de la justicia madrileña?

Entre 2020 y 2021 se llegaron a interponer alrededor de 350 querellas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid que iban dirigidas contra la presidenta Díaz Ayuso, contra el exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y contra varios directores de residencias geriátricas. Los delitos que se les imputaban eran los de homicidio imprudente, prevaricación, denegación del deber socorro o trato degradante, al entender que fueron los responsables de impedir que esos mayores fueran tratados en centros médicos.

Esas primeras querellas, formuladas gracias al ánimo de abogados que actuaron por puro activismo social, según explican desde Marea de Residencias, corrieron diferente fortuna: algunas se agruparon, otras fueron archivadas y, en definitiva, quedan vivas a día de hoy unas 90 de ellas en diferentes juzgados. En las que fueron sobreseídas se optó por el recurso ante la Audiencia Provincial y, tras la confirmación de los diferentes archivos, se elevaron hasta 80 casos —siempre cifras aproximadas— por medio de recursos de amparo al Tribunal Constitucional.

Y ahí, por el momento, se congela el proceso para esos casos. ¿Por qué? Según fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por elDiario.es, los recursos se estudian de manera agrupada y, dado que aún hay causas que no han sido archivadas, se debe actuar con la debida cautela. Entienden que una inadmisión de esos recursos de amparo podría suponer “una injerencia en la jurisdicción penal” porque tanto los hechos denunciados como las personalidades contra las que se va son los mismos en todas esas causas.

Advierten, sin embargo, de que pese a que de momento no se prevé cercano un pronunciamiento del Constitucional, sí se está discutiendo al respecto en las distintas secciones del tribunal de garantías constitucionales. Y reiteran que, si el Constitucional inadmitiera ahora un solo recurso, podría entenderse que invita a archivar las causas vivas y esto podría interferir en los procedimientos penales abiertos.

La vía del 511 del Código Penal

A esta primera vía siguió en 2024 una segunda en la que los familiares de las víctimas decidieron acudir con sus denuncias ante la Fiscalía para que fuera desde el Ministerio Público desde donde se impulsara una judicialización de la investigación. En total se presentaron 109 denuncias que atacaban el asunto desde el prisma del delito contemplado en el artículo 511 del Código Penal. Ese tipo contempla penas de hasta dos años de cárcel para el cargo público o funcionario que deniegue a una persona una prestación a la que tenga derecho y que lo haga por razón de su ideología, religión o creencias, su situación familiar, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, edad, orientación o identidad sexual o de género, o por razones de aporofobia, e exclusión social, de la enfermedad que padezca o de su discapacidad.

Según explican desde Marea de Residencias, si bien en un inicio la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, tardó un mes en derivar a los 'buzones fiscales' correspondientes esas denuncias, poniendo en riesgo que las mismas fueran judicializadas antes de que prescribiera el delito, finalmente llegaron a interponerse en diferentes juzgados entre 80 y 90 querellas (una vez más, una cifra no exacta y que choca con la que manejan otras fuentes jurídicas consultadas). Esto posibilitó, además, que causas ya archivadas —de la primera vía ya citada— fueran reabiertas de nuevo gracias a ese impulso fiscal y por ese nuevo delito.

Por medio de este cauce, los interesados sí que han podido ver desfilar a investigados ante diferentes sedes judiciales: es el caso de Carlos Mur, quien fuera director de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante la pandemia y firmante de esos 'protocolos de la vergüenza'; de Francisco Javier Martínez Peromingo, otro ex alto cargo que también se implicó en la elaboración de esos protocolos; y Pablo Busca Ostolaza, que dirigía las ambulancias del Summa 112 en lo más crudo de la pandemia.

La cuestión de competencia

En paralelo, se abrió otro 'melón' entre los diferentes juzgados con el asunto de la competencia. Gran parte de los familiares de las víctimas consideran que deben agruparse todas las querellas en el juzgado que primero decidió abrir causa, esto es, el Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid, del que es titular la magistrada María Isabel Durántez. De hecho, varios resolvieron por auto inhibirse en favor de ese juzgado de Plaza de Castilla.

Pero Durántez no estaba de acuerdo con que su juzgado tuviera esa fuerza atractiva de las otras causas y acordó mediante auto que suspendía las declaraciones programadas y que delimitaba el objeto de su investigación a los hechos de la querella que había admitido. El asunto fue elevado por medio de una cuestión de competencia ante la Audiencia Provincial, que en diciembre de 2025 resolvió que Durántez tenía razón y que era necesario analizar cada uno de los supuestos de forma separada atendiendo así “a las circunstancias personales de cada víctima y a las de cada una de las residencias donde se encontraban ingresadas al tiempo de producirse su fallecimiento como consecuencia del Covid-19”. Y esto a pesar de que eran conscientes de que los ex altos cargos emprenderían un peregrinaje declarativo que les llevaría a múltiples juzgados para declarar en calidad de investigados.

A esa cuestión de competencia se sumó un recurso ante la Audiencia Provincial impulsado desde las acusaciones para que la Sección Primera entre a decidir si la resolución de Durántez debe ser revocada o confirmada. Será el próximo 16 de abril cuando los magistrados se citen para deliberar al respecto, y de ahí puede surgir una gran causa que aglutine todos los casos o puede confirmar la vía que se ha seguido hasta ahora y es que cada juzgado haga la guerra por su cuenta en un asunto que, en lo fundamental, es común a todos.

Esta 'espera', la enésima para las familias de las víctimas, se ha salpicado con diferentes decisiones, como la de un juez de Getafe que ha ampliado la imputación tanto para Mur como para Peromingo sumándoles un nuevo delito, el de prevaricación. Tomó esta decisión después de admitir parcialmente una ampliación de denuncia del PSOE, que ejerce en varios juzgados la acusación popular, y la acotaba a la investigación de “la orden que se hubiera transmitido al Hospital de Getafe y a la Residencia Geriátrica Los Ángeles”.

Esta semana estaba citado a declarar como investigado Antonio Burgueño, exasesor del Gobierno regional durante la pandemia, aunque se ha suspendido al no haber sido notificado a las partes un informe de la Fiscalía. A su salida, apuntó en declaraciones a los medios contra Fernando Simón y el Gobierno central: “Yo sigo diciendo que Madrid tuvo una explosión de una enfermedad pandémica, y que el responsable era el Ministerio de Sanidad”. Los familiares le han reprochado que cargase la culpa de lo sucedido en Madrid sobre Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias.

Con todo, fuentes del entorno de las familias afectadas lamentan que hasta la fecha han visto poco interés por parte de la Justicia en llegar al fondo del asunto, aunque consideran que, si permanecen firmes en su reivindicación, al final los jueces no tendrán más remedio que entrar a valorar los diferentes casos y confían que se llegue a escalar a responsabilidades políticas. No obstante, advierten de que, después de lo que pasó en las residencias, si no se realiza una investigación judicial profunda, sería un reflejo de la sociedad muy lamentable.

El juez que investiga al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González por una presunta agresión sexual a una subordinada ha acordado que se realice una valoración médica de los posibles daños psiquiátricos que pudo sufrir la inspectora que presentó la querella.

Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso elDiario.es en la que el titular de la Plaza 8 de la Sección de la Violencia sobre la Mujer, David Mamán, acuerda librar oficio al Punto Violeta situado en el Ayuntamiento de Rivas-Vacia Madrid para que remita el informe psicosocial elaborado con motivo de la asistencia realizada a la víctima por la psicóloga, la trabajadora social y la asesora jurídica.

Asimismo, acuerda que se solicite a la Clínica Salud Día de Rivas Centro que el médico psiquiatra que atendió a la querellante remita al juzgado el informe sobre la atención y tratamiento realizado a la misma. Y todo esto como paso previo a decidir si acuerda la citación de ambos profesionales para que declaren en la causa.

Cabe recordar que la representación legal de la presunta víctima, dirigida por el letrado Jorge Piedrafita, imputa al ex jefe policial delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos. En la querella, la mujer explicaba que mantuvo una relación con el comisario en el pasado, siendo su subordinada, y a continuación hacía un prolijo relato de los hechos. Afirmaba que ella puso fin a la relación en un momento sin determinar y que, “a partir de entonces, fue víctima de una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado que culminó con los gravísimos hechos” acaecidos el 23 de abril de 2025, el día de la agresión denunciada.

El pasado 18 de marzo ambos declararon ante el juez y fue entonces cuando la subordinada ratificó los hechos relatados en la querella. El propio exDAO en declaraciones a los medios a la salida de esa comparecencia negó los hechos y lamentó que le habían destrozado “la vida personal, familiar y profesional”.

Ante el juez, el comisario trató de defender que la agente había puesto en marcha una conspiración para perjudicarle y definió a la denunciante con una persona “celosa” e “histérica” que le había tendido una trampa. También afirmó que aquel 23 de abril solo hubo entre ambos “besos y abrazos” y que todo fue consentido.

La empresaria Carmen Pano, imputada por el fraude millonario en los hidrocarburos, ha reiterado en el juicio que se celebra contra José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo que entregó 90.000 euros en efectivo al PSOE siguiendo instrucciones del presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama. Según su testimonio, habría efectuado dos entregas de 45.000 euros cada una.

La empresaria, que ha comparecido como testigo, ha dicho que cuando llegó a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz se limitó a decir quién era y que le comunicaron que la estaban esperando en la segunda planta, pero no ha especificado a qué persona le proporcionó supuestamente ese dinero. A preguntas de la defensa de Koldo García, la testigo se ha mostrado titubeante cuando se le han preguntado detalles concretos en relación con esas entregas. Aldama siempre ha negado que él le pidiera llevar dinero a la sede socialista.

Carmen Pano también ha asegurado que el chalé de La Alcaidesa, en la costa de Cádiz, del que disfrutó el exministro durante varios meses de 2021 fue un “regalo” de Claudio Rivas, un empresario interesado en conseguir una licencia de operador de productos petrolíferos al por mayor para su empresa Villafuel. Y que se trató de una “contraprestación” por su “mediación” para conseguir esa licencia.

Aunque únicamente abonó la renta del mes de julio y la fianza equivalente a dos mensualidades —en total, 7.500 euros—, Ábalos hizo uso del inmueble hasta el mes de noviembre de ese año, cuando llevaba ya unos meses fuera del Ministerio. En ese momento, según Carmen Pano, Claudio Rivas comprobó que las gestiones no fructificaban, así que ordenó el desahucio del ya exministro.

Entre esas gestiones está la reunión que ella y Rivas tuvieron en enero de 2021 una entrevista con Juan Ignacio Díaz Bidart, quien en ese momento era el jefe de gabinete de la entonces Ministra de Industria, Reyes Maroto. En esa reunión, de acuerdo su declaración, también habría estado presente de forma puntual el exasesor Koldo García.

En realidad, ese Ministerio no tenía competencia para otorgar autorizaciones sobre hidrocarburos. La competencia en esa materia la tiene el Ministerio de Transición Ecológica, que tardó casi dos años en otorgar la licencia a Villafuel tras rechazar una primera solicitud por falta de solvencia. De hecho, se la otorgó en septiembre de 2022, cuando Ábalos llevaba más de un año fuera del Gobierno.

La existencia de esa reunión también ha evidenciado una de las contradicciones de la jornada. Ante el tribunal, Carmen Pano ha afirmado que acudió al Ministerio en el vehículo de Claudio Rivas. Su chófer, Álvaro Gallego, ha afirmado, sin embargo, que fue él quien la condujo en su coche a esa cita. Álvaro Gallego ha afirmado también que llevó a la empresaria a finales de 2020 a las “inmediaciones” de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid y que ella portaba “una bolsa transparente blanca dentro de una bolsa más grande marrón en la que había tacos de billetes”.

En la sesión de este jueves también ha comparecido su hija, Leonor González Pano, que fue en el pasado pareja de Aldama. Ante el tribunal, la testigo ha afirmado que a pesar de esas gestiones resultaron fallidas, Aldama llegó a recibir un millón de euros de Claudio Rivas, que confió en el comisionista después de que ella le hablara de sus buenas “relaciones” con el Gobierno.

La estrategia del exministro José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García para camuflar como procesos selectivos ordinarios la colocación de dos mujeres de su círculo íntimo en empresas de la órbita del Ministerio de Transportes se resquebraja ante el peso de los testimonios escuchados en las dos primeras jornadas del juicio.

A las declaraciones de las dos beneficiadas por estos contratos reconociendo que cobraron sin trabajar, se suman las afirmaciones de media docena de cargos de esas compañías que, con mayor o menor detalle, han evidenciado la excepcionalidad de las contrataciones y de la situación de ambas en las empresas públicas en las que recalaron gracias a la influencia del entonces ministro y quien fuera su mano derecha, según la tesis de la Fiscalía. 

La contratación “arbitraria” de ambas en Ineco, Tragsatec y Logirail en la época en la que Ábalos estaba al frente del Ministerio de Transportes centra la acusación por el delito de tráfico de influencias que las acusaciones atribuyen al que fuera ministro y su asesor. Además, en relación con la expareja de Ábalos Jésica Rodríguez, el Ministerio Público considera que ambos cometieron un delito de malversación porque tenían conocimiento de que fue contratada y percibió salarios de Ineco (34.477,86 euros) y Tragsatec (9.500,54 euros) sin acudir ni un solo día a su puesto. Las acusaciones populares, algunas vinculadas a la extrema derecha, ven también un delito de prevaricación en sus contrataciones. 

Frente a estos testimonios, la estrategia de los abogados de Ábalos y Koldo García ha consistido en tratar de que los diferentes responsables de Ineco, Tragsatec y Logirail certifiquen ante el tribunal que hubo entrevistas, que se analizaron sus currículums y que los trámites burocráticos fueron normales, al menos en apariencia. Entre las bazas de la defensa está también tratar de evidenciar la poca entidad y cualificación de los puestos asignados a ambas, donde cobraban apenas el salario mínimo. 

Ante el tribunal, la propia Jésica Rodríguez afirmó que estuvo contratada durante dos años y medio en dos empresas públicas, pero que no llegó a realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, afirmó.

Por su parte, la militante del PSOE Claudia Montes, la segunda beneficiaria de esos contratos, afirmó que trabajó y mucho en la filial de Renfe Logirail —“más de 80 horas” extras al año—, aunque confesó también que hubo una etapa en la que iba a la biblioteca a coger libros sobre trenes que leía en horario laboral. Dos cargos de la empresa llegaron a confirmar que casi se le expedienta por su absentismo. 

Sobre su llegada a las empresas públicas, Jésica Rodríguez admitió que si acabó en Ineco fue porque el político le recomendó que “cotizara algo” mientras estudiaba. “Yo realmente no tenía ni idea, no sabía ni que Ineco fuera empresa pública ni nada (...). Yo fui con Koldo García a una entrevista y ya”, explicó.

Claudia Montes, por su parte, afirmó que cuando se quedó sin trabajo en 2019 se lo comentó al entonces ministro porque eran amigos, y que él le envió un par de enlaces de un portal de ofertas de empleo. Pero negó que entonces tuviera conocimiento de que el propio Ábalos o su asesor Koldo García hubieran operado a su espalda para que fuera contratada. “Ábalos nunca me dijo 'oye te he enchufado', nunca me lo dijo”, enfatizó.

Cargos de empresas públicos

Durante estas dos primeras jornadas de juicio, el tribunal ha escuchado también a una docena de funcionarios y cargos de las empresas públicas que han evidenciado la singularidad de las contrataciones de ambas y de sus trayectorias en esas empresas de la órbita de Transportes. 

Jésica Rodríguez estuvo a sueldo de Ineco durante casi dos años sin ir a trabajar, según admitió ella misma. Su llegada a la compañía no siguió el procedimiento habitual, según reconoció Ana Araceli Arigita, una de las responsables de reclutamiento de Ineco. Ante los magistrados, esta funcionaria explicó que aunque ella misma se encargó de citarla para una entrevista, ese trámite nunca llegó a producirse. “Lo supe a posteriori”, indicó para luego añadir que todo se hizo más rápido de lo habitual en esos procesos de selección.

Después, en la tecnológica nadie se percató del absentismo de Jésica Rodríguez. “A los ojos de Ineco, esta persona prestaba sus servicios. Fue una sorpresa su declaración”, afirmó la actual secretaria general de la compañía, Amparo Monterrey, que trató de justificar que desde el usuario de Jésica Rodríguez se completaron los partes de trabajo y el control horario. La tesis de las acusaciones es que fue el hermano de Koldo García, Joseba, el que se encargaba de hacer esa labor burocrática. Aunque, para él, solo estaba haciendo un “favor” a una compañera. 

Otra de las responsables de Ineco que dirigía el proyecto en el que estaba Jésica Rodríguez, María Dolores Tapia, explicó que en todo caso el responsable de controlar que trabajara era de Adif, que ejercía como cliente. Y que desde Ineco sólo sabían que era un perfil de administrativo, y por tanto, quien llevaba el peso del día a día era del responsable de Adif, en este caso Ignacio Zaldivar. En todo caso, matizó que nunca recibieron incidencia por parte del cliente.

Uno de los testimonios más desfavorables para las defensas fue el de Virginia Barbancho, la responsable de Tragsatec que controló en 2021 si Jésica Rodríguez trabajaba realmente en esa empresa pública. La funcionaria mantuvo que cuando vio que la mujer a la que le presentaron primero como “sobrina” de Koldo y después como “sobrina” del ministro no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema tanto a sus superiores en Tragsatec como en Adif, que actuaba como cliente en ese caso. 

Según el testimonio de Barbancho, en su empresa le recomendaron que “dejara en paz” a Jésica Rodríguez, algo que nunca le había pasado, mientras que en el gestor ferroviario le respondieron que desde la Presidencia, que entonces ostentaba Isabel Pardo de Vera, habían pedido que la dejara de molestar.

Sobre ese episodio también declaró este miércoles el ex director de gestión administrativa de Adif Ignacio Zaldivar quien señaló que recibió llamadas en dos ocasiones de la entonces presidenta de Adif en las que le indicaba que el ministro Ábalos se había comunicado con ella porque “estaban molestando” a Jésica Rodríguez.

Zaldivar era el responsable de Adif que controlaba el proyecto para el que trabajaba Jésica Rodríguez. A preguntas del fiscal jefe Antocorrupción, Alejandro Luzón, comentó que en la primera de las ocasiones se puso en contacto con responsables de Ineco que le trasladaron que el problema había surgido al intentar comunicar con ella para hacerle llegar unos cheques de comida. Y así se lo hizo saber a Pardo de Vera. La segunda ocasión se produjo ya cuando Rodríguez, a la que calificó de “altiva y soberbia”, estaba en Tragsatec, pero esa vez, tras hablar con responsables de esa entidad no obtuvo respuesta.

También el que fuera responsable de asesoría jurídica de Tragsatec admitió ante el tribunal que el problema con Jésica Rodríguez fue que nadie controló o monitorizó su día a día. 

Un puesto “inadecuado”

Respecto a Claudia Montes, los jueces escucharon este miércoles los testimonios de quienes fueron directores gerentes de Logirail en la época en la que estuvo contratada. José Ángel Méndez, que ocupó ese puesto en la época en la que se fraguó la entrada en la compañía, admitió que el correo de la militante socialista llegó a Logirail directamente a través de su matriz, Renfe, aunque a su juicio era un procedimiento relativamente habitual. Su sucesor, Óscar Gómez Barbero, llegó a justificar incluso el absentismo laboral de Claudia Montes con el argumento de que se la había situado en un lugar “inadecuado”. 

Sobre cómo acabó Montes en Logirail, el expresidente de Renfe Isaias Taboas indicó que recibió su currículum de Koldo García, quien entonces era consejero de la empresa de ferrocarriles y que además le habló previamente del asunto. Él envió ese documento a recursos humanos: “El proceso estándar normal es que recibía un currículum y lo enviaba a recursos humanos de Renfe para ver si era útil. Y en este caso debí hacer lo mismo”.

Claudia Montes, la militante del PSOE que logró un puesto en la empresa pública Logirail -dependiente de Renfe- presuntamente gracias al 'enchufe' del exministro José Luis Ábalos, ha indicado que cuando se quedó en 2019 sin empleo lo comentó con él porque eran amigos, y que él le envió un par de enlaces. Pero ha negado que entonces tuviera conocimiento de que el propio Ábalos o su asesor Koldo García hubieran operado a su espalda para que fuera contratada. “Ábalos nunca me dijo 'oye te he enchufado', nunca me lo dijo”, ha enfatizado.

La testifical de Montes era, en realidad, el plato fuerte de esta segunda jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo contra el exministro, contra su asesor y contra el comisionista Víctor de Aldama, y más después de que este martes Jésica Rodríguez, quien fuera pareja de Ábalos, declarara que no llegó a trabajar en hasta dos puestos a los que llegó gracias a la mediación de novio y de su asesor.

Montes, en cambio, ha “jurado y prometido” ante los magistrados que trabajó y mucho en Logirail -“más de 80 horas” extras al año-, que no estuvo a punto de ser expedientada por no personarse durante días en su puesto y que sí fue objeto de una disputa interna entre jefes porque los dos la querían en su equipo. Dado que quien ganó la pugna por ella le ubicó en una oficina en la que no había ni escritorio, optó por irse a una biblioteca a coger libros para leer. Ante ese detalle, el presidente de la Sala, Andrés Martínez Arrieta, se ha interesado antes de despacharla si esas estancias en la biblioteca eran durante su jornada laboral, y ella se lo ha confirmado: “Leía libros referentes a trenes, quería saber todo lo referente a los trenes”.

Previamente, y tras ser preguntada sobre si conocía a los imputados, Montes había explicado que con Koldo tuvo “algo personal” que prefería no recordar y que con Ábalos estaba unida por la amistad que les unió en mayo de 2019 (coincidieron en un mitin en Gijón y desde entonces la ayudó a “culturizarse en la política”) y por “una relación virtual” que se materializó a través de mensajes y llamadas.

Los enlaces de Infojobs

Fruto de esa amistad forjada en la política regional, Montes le transmitió a su amigo el ministro que necesitaba trabajar. Éste le pasó un par de enlaces con ofertas y ella 'bicheó' en internet y comprobó que Logirail era una empresa “pujante” que estaba “subiendo mucho” y decidió presentar su candidatura a encargada porque tenía experiencia en ese puesto. Tras dos entrevistas y después de optar por medio de Infojobs, le cogieron. Si bien ha afirmado que ella presentó candidatura, también ha admitido que le mandó su currículum a Koldo García, quien por entonces suponía que era su jefe habida cuenta que era consejero de Renfe.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado entonces por un mensaje en el que indicaba a Koldo García que le encantaba su trabajo y que no les iba a defraudar, pero ha ella ha matizado que por entonces ella no sabía “si habían hecho algo por detrás”. “Ábalos nunca me dijo oye te he enchufado, nunca me lo dijo”, ha enfatizado.

La felicidad en su puesto de trabajo se vio truncada por desavenencias entre sus superiores y entonces volvió a comentar con su amigo Ábalos que la tenían en un puesto “de cara a la pared”. “Y no sé si intermediaron pero la situación era injusta, sin ordenador y sin poder hacer nada”, ha recordado para luego indicar que en esa etapa fue cuando decidió irse a la biblioteca de Oviedo para aprovechar y coger libros para leer. “Yo cumplía igual, iba en mi horario laboral”, ha subrayado.

El proceso disciplinario

Previamente, los jueces habían escuchado los testimonios de quienes fueron directores gerentes de Logirail en la época en la que estuvo contratada Claudia Montes, que han mostrado versiones contrapuestas sobre el desempeño profesional de la mujer. José Ángel Méndez, que fue director gerente de Logirail hasta febrero de 2020 ha asegurado que llegó a iniciar un proceso disciplinario contra ella tras ser informado de que no iba a trabajar.

Ante el tribunal, Méndez ha explicado que el convenio de la compañía establece que la ausencia durante al menos ocho días se considera una falta grave que puede acarrear el despido y que por eso activó el mecanismo disciplinario. No obstante, fue cesado antes de que el expediente se llegara a abrir y su sucesor, Óscar Gómez Barbero, tomó la decisión de no seguir por esa vía.

De hecho, cambió a Claudia Montes de puesto porque consideraba que ni el lugar de trabajo ni las condiciones que se le habían asignado eran adecuadas. Ante los jueces, Gómez Barbero ha llegado incluso a justificar su absentismo dado que el lugar donde se la había ubicado era “inadecuado” para prestar un servicio de lujo, como el tren turístico.

Gómez Barbero, que tras su salida de Logirail fue nombrado directivo de Renfe, ha defendido que no recibió indicación alguna de Ábalos o de Koldo García sobre cómo proceder en relación con Claudia Montes, si bien la tesis de las acusaciones es que la mujer consideraba a ambos como sus “verdaderos jefes”, ya que el exasesor se ocupaba de resolverle cualquier problema laboral. Entre los favores que supuestamente logró para ella, destacaría conseguir su traslado de la oficina de Santiago de Compostela a la de Oviedo, para que estuviera más cerca de su lugar de residencia en Gijón, lograr que le prorrogaran el contrato laboral y paralizar un expediente disciplinario.

Jésica Rodríguez, quien era la pareja de José Luis Ábalos, ha asegurado ante los magistrados del Tribunal Supremo que estuvo contratada durante dos años y medio en dos empresas públicas —Ineco y Tragsatec—, pero que no llegó a realizar tarea alguna y que el entonces ministro era conocedor de esa situación. “El señor Ábalos y yo hablábamos todos los días y cuando dejamos de ser pareja seguimos hablando. Yo le comentaba todas las cosas que me pasaban”, ha aseverado.

Su contratación en un ente dependiente del Ministerio de Transportes que dirigía Ábalos y otro de la SEPI es uno de los elementos sobre los que pivota la acusación contra el exministro y que han centrado la primera sesión del juicio contra el que fuera ministro de Transportes, su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Según la investigación, el exasesor Koldo García, siguiendo instrucciones directas de Ábalos, presionó a la entonces presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, para que la mujer fuera contratada en esas dos empresas públicas entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Durante el interrogatorio, Jésica Rodríguez ha admitido que fue contratada en Ineco después de que se lo recomendara el político para que “cotizara algo” mientras estudiaba: “Yo realmente no tenía ni idea, no sabía ni que Ineco fuera empresa pública ni nada”.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, le ha preguntado sobre detalles de ese contrato en la empresa tecnológica y ella ha explicado que Koldo García le indicó que debía estar siempre a las órdenes de su hermano, Joseba García. “Tuve una reunión con Joseba en Chamartín, me enseñó la oficina, nos tomamos un café, le dije que si necesitaba ayuda, dijo que no y me fui a casa”, ha recordado para luego añadir que en realidad no fue a la entrevista a la que le citaron en Ineco para pasar la selección porque con anterioridad ya había mantenido otra en la que estuvo presente Koldo García y “un señor”.

Además, ha confirmado, como hizo durante su declaración en la fase de instrucción, que si bien el contrato era en Ineco, ella “no trabajaba en Ineco” y ha recordado que sólo rellenó algún parte de asistencia. “Hubo una vez que como habíamos empezado la jornada de verano yo seguí poniendo horas porque nadie me dijo que habíamos cambiado de jornada”.

Sobre su trabajo en la segunda empresa pública, Tragsatec, ha lamentado no recordar nada: “No conocía a nadie y el cargo era el mismo, trabajar para el señor Joseba”, ha explicado ante lo que ha señalado Luzón que en esa empresa no trabajaba Joseba García. “De Tragsatec es que no recuerdo nada”, ha apuntado excusándose en el momento vital que vivía. “¿Cobraba y no iba a trabajar?”, le ha preguntado el abogado de Ábalos. “Cobraba y estaba a la espera de que Joseba o Koldo me dijeran lo que tenía que hacer”, ha respondido la testigo.

Este martes también han declarado en calidad de testigos dos personas que tuvieron vinculación con esa empresa pública. La primera de ellas, Virginia Barbancho, responsable encargada de controlar en 2021 si Jésica Rodríguez fichaba en Tragsatec, ha explicado que cuando vio que no completaba ni siquiera el fichaje en el teletrabajo y tras perseguirla como si jugaran “al gato y el ratón” elevó el problema a sus superiores y estos le recomendaron que “la dejara en paz”. Ha confirmado así lo que ya mantuvo durante su declaración en instrucción, que se percató de que ella no trabajaba y que le conminaron a que no interviniera, algo que nunca le había pasado antes.

A preguntas del fiscal ha explicado que ella también intervino en el proceso de contratación de Jésica Rodríguez en esa empresa y que cuando le pusieron sobre la mesa ese nombre por parte de Adif, le advirtieron de que era la sobrina de un asesor del ministro llamado Koldo. A ella eso no le importó dado que cumplía con los requisitos exigidos. Pero las alarmas saltaron cuando una vez ya dentro, le comenta el representante de Adif —empresa cliente para la que se contrataba—, Ignacio Zaldívar, que era sobrina del ministro. “Y ahí es cuando empiezo a preocuparme porque recordaba que me había dicho que era sobrina del asesor. Un mes después me dice que del ministro, y o Jésica tiene muchos tíos o yo no entendía nada”, ha comentado.

En su relato de hechos ha añadido que también trasladó al cliente Adif que esa persona no trabajaba y que le respondieron que desde la Presidencia de Adif, que entonces ostentaba Isabel Pardo de Vera, le insistieron en que la dejara de molestar.

Por su parte, Alberto Fernández Blasco, quien fuera responsable de asesoría jurídica de Tragsatec ha señalado que en el contrato de Jésica Rodríguez -pareja del exministro José Luis Ábalos- para esa empresa pública el fallo no fue que fichara o no durante su teletrabajo, sino que ese problema detectado no se escaló debidamente a los superiores y que nadie controló o monitorizó su día a día.

Así se ha pronunciado a preguntas de la defensa de Koldo García que quería saber si funcionó adecuadamente el código ético de esa empresa para poner el foco en que Tragsatec podría ser responsable penalmente en el asunto. Ha explicado que, si bien no era habitual que se contratara a personal proveniente de Ineco (otra empresa en la que fue presuntamente ‘enchufada’) en su caso el procedimiento cumplió con los requisitos.

El alquiler de lujo en el centro de Madrid

Por otro lado, la mujer ha revelado que Ábalos siguió pagando sus gastos tiempo después de que su relación se hubiera acabado. Según su testimonio, el exministro “se sentía culpable” porque le hizo cambiar su “estilo de vida” y “no cumplió las promesas” de divorciarse que le había hecho y que por eso permitió que se quedara en el piso de lujo en el centro de Madrid que pagaba el empresario Víctor de Aldama a pesar de que la relación entre ambos se había acabado. 

“Creo que él se sentía culpable porque me hizo cambiar mi estilo de vida cuando era feliz y no cumplió las promesas que me había hecho. Se sintió como en deuda, yo pienso, y por eso me dejó en el piso, pero nada más”, ha dicho la mujer a preguntas del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. Según Jésica Rodríguez la relación se acabó en noviembre de 2019 porque él iba a continuar en su “vida paralela” y ella “no estaba dispuesta”. 

Las pesquisas han acreditado que el empresario Víctor Aldama abonó hasta 32 mensualidades de ese alquiler: un total de 82.298,40 euros entre marzo de 2019 y septiembre de 2021. Lo hizo a través de su supuesto testaferro, Luis Alberto Escolano, y de empresas de éste. El inmueble es un apartamento de lujo situado en el centro de Madrid por el que se pagaban 2.700 euros al mes.

En la sesión de este martes también ha comparecido como testigo el propio Escolano, que ha reconocido que hizo esos pagos y que no le pareció “nada extraño” que el comisionista se lo pidiera. Ante el tribunal, Escolano ha afirmado que Aldama no le dio ninguna explicación sobre por qué tenía que abonar ese alquiler y que él tampoco se las pidió. “Es mi amigo, mi hermano, mi mejor cliente, pero sé dónde está la línea de la confianza porque no me gusta ser cotilla”, ha aseverado.

Jésica Rodríguez: “No soy una inoportuna haciendo preguntas”

“¿Por qué le pagaba Escolano su piso?”, le ha preguntado el abogado de Ábalos. “Igual que Koldo me pagó el móvil, Escolano era el tercer peldaño que me pagaba el piso”, ha respondido Jésica Rodríguez. “¿No le importaba de donde venía el dinero?”, ha insistido el abogado. “Nunca se me ha ocurrido ser una inoportuna haciendo esas preguntas”, ha reiterado la testigo.

Tras reconocer esos pagos, el abogado le ha preguntado si en realidad era una prostituta que era pagada por el entorno de Aldama, pero el tribunal ha cortado esa pregunta al entender que no se había hecho de manera correcta. “Jésica, ¿su profesión tiene que ver con una contraprestación económica a cambio de sexo?”, ha repreguntado el letrado, a lo que ha contestado: “No, soy dentista y estoy colegiada”. Tras esto, el abogado de Ábalos ha insistido en ese asunto preguntando si en 2019, cuando estudiaba, se dedicaba a eso, y ella ha puntualizado que entonces era “azafata de imagen”.

Los jueces del Tribunal Supremo que juzgan al exministro José Luis Ábalos por supuestamente favorecer contratos públicos a cambio de prebendas han escuchado en esta primera sesión a uno de sus hijos, Víctor Ábalos. Durante el interrogatorio, ha negado ser el “custodio” del dinero que la trama puso supuestamente a disposición de su padre, tal y como sospecha la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. “Le he ido facilitando a mi padre dinero cuando lo ha necesitado. Mi padre nunca ha necesitado ayuda, pero cuando se divorció su situación cambia. Todo lo que le he dado es de mis ingresos, de mi cuenta bancaria”, ha aseverado.

La investigación ha acreditado que entre 2022 y 2024, transfirió 23.379,10 euros a las cuentas de su padre. Ante el tribunal, Víctor Ábalos ha afirmado que la mayor parte de ese dinero —20.000 euros— fue un “préstamo personal, con trazabilidad bancaria y con un contrato elevado a público”. “Nada opaco”, ha insistido. Además, una de sus sociedades pagó a su padre entre 2021 y 2022 32.640 euros en concepto de alquiler por una vivienda en Madrid, tal y como ha reconocido ante el tribunal.

Víctor Ábalos también ha negado que empleara líneas seguras para sus comunicaciones con Koldo García, a las se referirían utilizando la palabra clave “café”. El testigo ha dicho que cuando pronunciaban esa palabra se referían al “café” que él traía de Colombia, donde desempeñaba su trayectoria profesional.

El hijo del exministro se ha referido, asimismo, al lujoso piso situado en el Paseo de la Castellana de Madrid que, según Aldama, era una garantía para su padre en el caso de que fallaran las mordidas pactadas por las adjudicaciones del Ministerio de Transportes.

La vivienda, propiedad de Aldama, estaba valorada en 1,9 millones de euros, pero el comisionista firmó con el exministro un contrato de alquiler con derecho a compra que fijaba una renta anual de 30.000 euros y un precio de adquisición de 750.000 euros. Durante la investigación, el exministro ha defendido que ni ocupó el inmueble ni pagó renta alguna precisamente porque el inmueble estaba ocupado. Es la misma versión que ha mantenido este martes su hijo, que ha mantenido que se trató de una “estafa”.

Otro de los testigos de la primera sesión ha sido Joseba García, hermano de Koldo García, se ha acogido a su derecho a no responder a preguntas de Fiscalía al constar como investigado por la Audiencia Nacional, sí que ha respondido a preguntas de su abogada. En un largo interrogatorio ha explicado que si bien él no era jefe en Ineco de Jésica Rodríguez, la expareja de Ábalos que fue contratada en dos empresas públicas gracias a la intermediación del exministro, sí que eran “buenos compañeros” y que le constaba que ella sí que trabajó porque se cruzaron mensajes sobre la carga de trabajo que tenían.

Su versión contradice a la de la mujer, que en su declaración durante la investigación reconoció que había cobrado un sueldo de dos empresas públicas a pesar de que nunca acudió a su puesto de trabajo ni realizó actividad laboral alguna, salvo un curso inicial de riesgos laborales. Y que, a pesar de ello, cobró más de 43.000 euros en salarios públicos. 

Además, Joseba García ha indicado que la ayudaba con trámites administrativos como rellenar partes, anotar sus días de vacaciones, el uso de cheques gourmet y que, incluso, le hizo favores personales como cuidarle el gato cuando ella estaba de viaje. Además ha comentado que, contrariamente a lo que sostuvo en instrucción Aldama, el comisionista sí que conoció a la entonces pareja de Ábalos porque les vio en dos ocasiones juntos y que, de hecho, él mismo recibió un sobre con 400 euros de manos del empresario para que se los diera a Jésica Rodríguez.

Más allá de esto, sobre los dos viajes a Republicana Dominicana que realizó y que constan en la causa como supuestos viajes relámpagos para recibir dinero de empresas vinculadas a Aldama, Joseba García ha reconocido que, si bien él viajó para conocer a la que es ahora su pareja y por atar un negocio relacionado con la pitaya, también le hizo el favor a Aldama de recoger un sobre en el que él creía que había documentación.

Esto lo llegó a hacer en dos ocasiones. En cuanto al viaje de Benidorm a Valencia en el que fue interceptado por la Guardia Civil cuando portaba un sobre para el exministro Ábalos, Joseba García ha explicado que si bien no estuvo presente en el registro de la furgoneta que conducía, cuando le devolvieron las llaves sí que pudo constatar que el sobre que llevaba a nombre del exministro había sido abierto.

A preguntas de la defensa de Koldo García, su hermano también ha tratado de justificar el incremento en su patrimonio sin justificar que reflejan los informes de la UCO. Ha insistido en que ese incremento se debe a su empleo —cobraba 70.000 euros al año—, a una pensión, una indemnización por accidente y algunas operaciones inmobiliarias que llevó a cabo hipotecándose.

Joseba García también ha admitido que acudió hasta en dos ocasiones a la sede federal del PSOE en Madrid a recoger sobres con dinero procedentes de las liquidaciones de gastos que su hermano y José Luis Ábalos, que en ese momento era Secretario de Organización, pasaban al partido.

Según su relato, allí se encontraba con la trabajadora del PSOE Celia Rodríguez quien le facilitaba los sobres. Supo que era dinero porque ella cerraba los sobres delante de él antes de entregárselos. No obstante, Joseba García no ha especificado de qué cuantía eran los billetes. “Yo no abro los sobres de nadie. Los cojo y creo que se los entregué a Patricia [Uriz]”, ha afirmado. En ese momento, Patricia Uriz era secretaria de Ábalos en el Ministerio.