Hace escasos días, el juez Rubén Rus, que investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro desde su juzgado de Tarragona, tomó la decisión de prorrogar la instrucción. En su resolución explicaba que la investigación era “sumamente compleja” y que desde que se levantó el secreto de la causa allá por junio de 2025 solo se ha tomado declaración a la mitad de los imputados, de los que solo uno quiso responder. Montoro aún no ha sido citado para que explique si, como sostiene la investigación, se valió de un despacho fundado por él, Equipo Económico, para recibir pagos a cambio de modificar leyes desde el propio Gobierno del que formaba parte a conveniencia de determinados clientes.

Además, añadía el juez, hay varias diligencias (hasta cuatro) de las que debe ser informado por los Mossos d'Esquadra, que ejercen de policía judicial en este caso. Y advertía de que, de esos atestados, bien pudieran generarse nuevas vías de investigación. Así, más allá de esa sensación de que nada se mueve en ese juzgado de Tarragona, Rus no parece haber dejado de lado la instrucción ni parece haber sucumbido ante la montaña de escritos y de recursos presentados por los investigados.

Entre la tarea pendiente de los Mossos está la de analizar los movimientos bancarios de Montoro y de seis personas más de su entorno, incluido su hermano: quiere rastrear cada paso desde el 1 de enero de 2006 hasta la actualidad, porque le atribuye la presunta comisión de delitos de cohecho, fraude contra la Administración Pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

No obstante, hay una realidad a la que el juez se enfrenta: la causa lleva abierta desde 2018, ya son ocho años, y desde 2025 la treintena de investigados ven afectada su vida laboral de forma drástica. Por eso, las fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es ven con expectación el mes de septiembre porque será entonces cuando la Audiencia Provincial de Tarragona se pronuncie sobre si el caso debe quedárselo el juez instructor o si, por el contrario, debe ser remitido a los juzgados madrileños, tal y como quieren las defensas.

Así pues, la vuelta de las vacaciones —agosto es mes inhábil en la Administración de Justicia— se antoja crucial para el devenir de esta causa. Y mientras, las defensas de los encausados no dan puntada sin hilo y ya han presentado recursos contra el auto por el que el juez prorrogaba la instrucción. Se basan en múltiples defectos, como que ha acordado prorrogar sin pedir previo pronunciamiento de las partes personadas en el procedimiento.

En el recurso del ministro, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detallan lo que, a su juicio, son una serie de irregularidades que se habrían producido a lo largo de la instrucción, como que permaneciera bajo secreto siete años, que se produjeran a lo largo de ese periodo filtraciones a medios, que se acordara revisar movimientos bancarios remontándose a diez años antes de los hechos investigados, o que no se les haya dado traslado de la totalidad de la causa aun a día de hoy. A esto añade que ha tenido conocimiento de que los Mossos podrían estar tomando declaración a testigos sin control judicial, y entiende que se está ante una instrucción prospectiva.

Por su parte, el despacho que los investigadores consideran epicentro del tráfico de influencias, Equipo Económico, ha presentado también su recurso contra la prórroga. Hace hincapié en que no se ha cumplido con el trámite de audiencia a las partes sobre la procedencia de la misma. Y advierte de que esta “no es una mera irregularidad formal carente de trascendencia” porque genera “una evidente indefensión” y puede determinar la nulidad de esa resolución.

“La actuación del órgano judicial que ahora impugnamos abunda en lo que no es si no una manifestación más del absoluto desprecio por parte de este órgano judicial al derecho de defensa de los investigados”, lamentan, para acto seguido recordar que en la ampliación de la prórroga del mes de enero ocurrió algo parecido, ya que si bien el juez les preguntó su parecer, no les dio tiempo a contestar cuando ya había acordado otros seis meses de instrucción.

Por otro lado, la defensa del despacho indica que la resolución del juez carece de motivación suficiente y recuerda que consta en el sumario un informe de la UCO que resolvía que todos los ingresos en ese despacho fueron declarados a Hacienda, que hay trazabilidad de cada ingreso, y que las cantidades fueron utilizadas para cubrir costes operativos habituales, impuestos y gastos personales de los socios “sin que se haya identificado una derivación de estos fondos”.

Añade que el auto recurrido “incurre en una patente contradicción interna que compromete gravemente la claridad y certeza de su contenido” porque en la parte dispositiva se afirma que procede acordar la prórroga del plazo de instrucción por seis meses y, sin embargo, establece que el plazo de instrucción finalizará el 26 de julio de 2027, lo que supone una ampliación de un año.

El caso Montoro

Según constaba en el auto de julio de 2025 por el que se levantaba el secreto de la investigación, el núcleo de esa trama se ubicaba presuntamente en el despacho de abogados que fundó Montoro tras pasar por el Gobierno de Aznar. Despacho que luego abandonó cuando entró en el Ejecutivo de Rajoy, y que le habría servido, según las pesquisas, para beneficiarse de forma ilegal, favoreciendo a empresas del sector gasistas.

Junto al exministro, el juez y Anticorrupción investigan a antiguos colaboradores que pasaron por Hacienda y que operaron en el despacho que el ministro cofundó, primero bajo el nombre de Equipo Económico (EE) y que luego pasó a llamarse Global Afteli, que habría actuado como intermediario entre grandes empresas, especialmente del sector gasista, y el poder legislativo. Entre esos altos cargos del Ministerio durante la etapa Montoro, también imputados, están el ex secretario de Estado Miguel Ferré, y la exsubsecretaria Pilar Platero, así como los ex directores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Alberto García.

Según describía ese auto por el que Rus imputaba formalmente al exministro, Montoro habría hecho “uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio” para así asegurar “una ganancia al despacho”. El juez considera que las empresas interesadas en reformas debían canalizar sus demandas a través del despacho del ministro, que habría cobrado a cambio de su influencia para llevarlas a cabo.

Siempre según esa resolución, las empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim), que serían Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, en al menos dos ocasiones, según las pesquisas, habrían contratado al despacho “a fin de que hiciese uso de su red de influencias” para impulsar las reformas legislativas pretendidas. La primera vez, para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

La segunda vinculación contractual hace referencia a una rebaja fiscal a las gasistas. Así, reza el auto, “solo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas”, con una modificación legislativa. El juez indica que el pago realizado al despacho de Montoro “no obedecería a una prestación real, sino que encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia”.

Así, durante el periodo 2011-2019, el despacho de Montoro recibió 779.705 euros de las gasísticas, aunque los informes técnicos —precisa la resolución— los elaboraba un tercero (EY) y “en el mejor de los casos eran retocados por Equipo Económico”.

Para imputar al exministro de Hacienda, el instructor apunta que “presuntamente, haciendo uso de sus potestades en el cargo”, permitió a su despacho ofrecer a “sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”. Para ello da por constatado que nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas a su empresa, “lo que aseguraría la elaboración y tramitación de los anteproyectos de ley y reglamentos a 'demanda' de las mercantiles investigadas”.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acordó este jueves pasado abrir una pieza separada para que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pueda indagar en hasta 80 cuentas bancarias. Muchas de ellas están vinculadas a personas ya imputadas en la causa conocida como caso Leire Díez en la que se investiga a una presunta trama que habría buscado “desestabilizar” causas judiciales que afectaban tanto al PSOE como al entorno familiar del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Pero hay seis cuentas que están a nombre de la formación socialista, algo relevante porque hasta la fecha no consta como investigada en la causa.

Si bien fuentes de la investigación consultadas por elDiario.es indican que esta decisión no tiene por qué suponer un paso decisivo para una eventual imputación del partido como persona jurídica, otras fuentes tienen claro que esa petición de información es, de hecho, abrir una investigación al PSOE. En cualquier caso, la realidad es que la UCO, que estaba en el punto de mira de la trama y cuya actuación en diferentes casos ha sido criticada por miembros de la formación política, podrá examinar las cuentas del partido presidido por Pedro Sánchez para buscar el rastro o las posibles conexiones entre Ferraz y la canalización de fondos hacia la exmilitante socialista Leire Díez. Los investigadores sospechan que ella, en coordinación con el ex número tres del partido Santos Cerdán lideraron esa operación para acabar con causas abiertas, como la del hermano del presidente, ahora condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de cooperación en la prevaricación de otros funcionarios.

Con el paso dado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, ya son dos los magistrados de ese tribunal especial que han puesto el foco en las cuentas de la formación socialista. El otro es Ismael Moreno, quien en 2025 acordó abrir una pieza separada del caso Koldo que permanece secreta para indagar en los pagos en metálico de la formación. Quiere saber si pudo ser una vía para el blanqueo de fondos provenientes de comisiones ilegales. En ese caso, el juez solicitó a la formación esos gastos y los documentos en los que se soportan los mismos del periodo comprendido entre 2017 y 2024.

El juez Pedraz detalla ahora en su auto cada una de las cuentas concretas a las que se debe acceder y avisa de que lo que no tenga nada que ver con los hechos investigados debe ser expurgado antes de incluirlo en la causa. Las fuentes jurídicas consultadas lamentan que el magistrado no ciña la diligencia a requisar datos de las fechas exactas cuando se produjeron los hechos. Pero tanto el magistrado como la Fiscalía acotan que la información que se interesa de las cuentas está “exclusivamente circunscrita al periodo de enero de 2024 hasta la actualidad” en el caso del PSOE y de 2022 a la actualidad en el caso del exdirigente socialista Gaspar Zarrías.

En cualquier caso, en su resolución el magistrado lo que sostiene es que es necesario analizar esas cuentas para obtener un nuevo atestado de la UCO que se centre en los pagos que habrían recibido los miembros de esa presunta trama procedentes del PSOE, y las posibles canalizaciones de fondos de los abogados investigados, Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, y de la consultora del exdirigente socialista Gaspar Zarrías hacia la figura de Leire Díez.

Pedraz señala que el objeto de abrir esa pieza es “permitir que los datos sensibles económicos sean utilizados por la UCO para elaborar el informe”. Considera que de esta forma se evita “el traslado abierto y su íntegro volcado” en la pieza principal, lo que provocaría “su pública difusión, algo que se torna imposible de controlar”. “Una vez elaborado el oportuno informe se procederá al expurgo de toda la documentación que se haya recabado y que resulte inútil para la instrucción de la causa y finalizado dicho expurgo podrá procederse a su íntegro volcado en las actuaciones”, advierte.

El informe de Fiscalía

El juez tomaba esta decisión después de que el pasado 1 de junio así lo pidiera la UCO en un atestado. Entonces, Pedraz requirió a la unidad que concretara las cuentas bancarias de los investigados que se tuvieran identificadas como relacionadas con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados. En ese oficio policial se dejaba constancia de que la exmilitante socialista “habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido de honorarios correspondientes a los letrados Oliver y Teijelo, que en realidad eran un canal para recibir ella misma fondos”.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción secundaba la petición de la UCO. En el informe del Ministerio Público al respecto se explica que por los movimientos dinerarios de la consultora de Zarrías hacia Leire Díez y por los pagos de la formación a esa empresa, se puede “colegir sin dificultad que la canalización de los fondos habría tenido como origen el PSOE, siendo su destinatario final Leire Díez”. Cifraba esas cantidades en 16.000 euros (pagados entre junio y septiembre de 2024) y los cruza con los emolumentos pagados por el PSOE a Zaño Consultores en esos meses aproximadamente y que ascendían 36.300 euros más IVA.

Anticorrupción, para fundamentar la medida, explicaba también que la exmilitante recibió transferencias de una mercantil del abogado Ismael Oliver por un importe de 27.225 euros. Y recuerda que esa misma cantidad salió de las arcas del PSOE en dirección a mercantiles interpuestas vinculadas con Oliver.

Por otro lado, el Ministerio Público recalcaba que la UCO deja constancia de que Leire Díez “habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido de los honorarios correspondientes a los dos abogados investigados (Ismael Oliver y jacobo Teijelo)”. Y consideraba que ambos fueron empleados “como instrumento para canalizar fondos”. En el caso de Teijelo consideran que desde el PSOE se le habría pagado tanto los honorarios como cantidades que debían llegar a un tercero. La Fiscalía recordaba que constan pagos de la formación a ese letrado por valor de 125.000 euros. “Dichos fondos, según se ha podido comprobar a la vista de la documentación remitida por el PSOE, tendrían su procedencia en la cuenta (...) titularidad del partido, la misma utilizada para efectuar los pagos a la mercantil de Gaspar Zarrías.

A esos pagos que son investigados, la Fiscalía sumaba otros: los que recibió el medio Crónica Libre –vinculado en su creación con Leire Díez– a través de un mecanismo urdido por los investigados para que recibiera fondos del partido, 18.125 euros, en concepto de 'Campaña Partido Socialista Obrero Español PSOE Elecciones Europeas 2024'.

El Ministerio Público recordaba que de lo investigado “se habría llegado a la indiciaria conclusión de que, a través del secretario de organización, Santos Cerdán, el PSOE habría puesto a disposición del citado grupo su infraestructura logística y financiera, posibilitándose diferentes reuniones orgánicas (...), sufragándose la movilidad y alojamiento de sus diferentes miembros, y lo que es más relevante, financiándose la actividad presuntamente delictiva de los dirigentes y partícipes, a través de sociedades interpuestas”.

El exdirigente socialista Gaspar Zarrías, investigado en el caso Leire Díez, ha lamentado que el juez haya aceptado la petición tanto de la UCO como de la Fiscalía Anticorrupción de acceder y estudiar once cuentas vinculadas con él, y apunta a que se está ante una diligencia “prospectiva, absurda y sin fundamento”. Recuerda, además, que previamente tanto el magistrado Santiago Pedraz como el Ministerio Público no consideraron necesario profundizar en hasta 80 cuentas -tituladas seis de ellas por el PSOE- ciñendo el análisis a las “empleadas para efectuar los pagos a Leire Díez, que es el único objeto de investigación”.

En el recurso presentado por la defensa de Zarrías, al que ha tenido acceso elDiario.es, se explica que en lo relativo al exdirigente andaluz, “se vio implicado en estas actuaciones únicamente por haber empleado a esta señora en el año 2024” y, por tanto, “no hay ningún otro hecho que se le reproche”. Cabe recordar que el juez sospecha que los 16.000 euros que le abonó a la exmilitante entre junio y septiembre de 2024 pudieron ser fondos canalizados a través de su consultora por el PSOE.

El letrado recuerda que, según obra en el sumario de la causa, de las cuentas relacionadas con Gaspar Zarrías “únicamente por una de ellas, abierta en el BBVA, habían transitado los fondos abonados a Leire Díez”. “El resto de las cuentas no habrían recibido cobros ni realizado pagos vinculados con los hechos objeto de investigación ni hay datos que las relacionen con los mismos”, explica.

Señala así que “no hay motivo alguno para que el tribunal haya cambiado de criterio” y pida ahora información sobre todas sus cuentas. “Es verdaderamente alarmante, porque -la UCO- informa de la potencia prospectiva de una actuación que busca sencillamente mirarlo todo a ver si se encuentra algo”.

Por otro lado, indica que le genera una “sensación de desconcierto y sorpresa” cuando ve que “sin justificación alguna” se altera el marco temporal de los extractos bancarios que solicita la UCO para incluir en su caso particular todos los movimientos desde enero de 2022, cuando para el resto de investigados y para el PSOE se acota a los movimientos que van de enero de 2024 a la actualidad. “¿Cuál será la razón oculta tras esta sutil maniobra? Se ignora. Estamos en la pura indefensión”, lamenta.

Esta alteración, a su juicio, confirma que la finalidad de esta diligencia policial, a la cual se ha avenido finalmente el juzgado, “no es conocer el destino de los pagos canalizados en 2024 (para lo cual no es precioso conocer los movimientos de 2022) sino extender la prospección y el escrutinio a nuevos hechos y nuevas transferencias, intentando que la instrucción cristalice, tras estas diligencias prospectivas, en otras investigaciones de aventura, cada vez más lejos de aquellos hechos que motivaron la apertura de la causa”.

Fue el pasado jueves cuando el magistrado firmó un auto por el que, en el marco de la causa en la que investiga una presunta trama que buscó desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban tanto al PSOE como al entorno del presidente del Gobierno, acordaba abrir una pieza separada económica para que se analicen hasta 80 cuentas bancarias para buscar pagos que habrían recibido los miembros de esa red procedentes del PSOE y las posibles canalizaciones de fondos de los abogados investigados hacia la figura de Leire Díez.

El juez de la Audiencia Nacional que investiga una presunta trama que buscó desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban tanto al PSOE como al entorno del presidente del Gobierno ha dado un paso más en la instrucción al abrir una nueva línea de investigación para centrarse en los pagos que habrían recibido los miembros de esa red procedentes del PSOE y las posibles canalizaciones de fondos de los abogados investigados hacia la figura de Leire Díez.

En un nuevo auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado Santiago Pedraz acuerda esa nueva pieza separada económica en el caso Leire Díez y autoriza a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso a unas 80 cuentas bancarias, seis de ellas vinculadas al PSOE, y el resto a otros investigados. En concreto, ordena a una decena de bancos que faciliten información de cuentas tituladas por el exdirigente Gaspar Zarrías y por los letrados investigados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.

Señala que el objeto de abrir esa pieza es “permitir que los datos sensibles económicos sean utilizados por la UCO para elaborar el informe”. Considera que de esta forma se evita “el traslado abierto y su íntegro volcado” lo que provocaría “su pública difusión, algo que se torna imposible de controlar”. “Una vez elaborado el oportuno informe se procederá al expurgo de toda la documentación que se haya recabado y que resulte inútil para la instrucción de la causa y finalizado dicho expurgo podrá procederse a su íntegro volcado en las actuaciones”.

El juez toma esta decisión después de que el pasado 1 de junio así lo pidiera la UCO en un atestado. Entonces, Pedraz requirió a la unidad que concretara las cuentas bancarias de los investigados que se tuvieran identificadas como relacionadas con los pagos efectuados en relación con los hechos investigados. En ese oficio policial se dejaba constancia de que la exmilitante socialista “habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido PSOE de honorarios correspondientes a los letrados Oliver y Teijelo, que en realidad eran un canal para recibir ella misma fondos.

Pedraz dicta el auto después de que la Fiscalía Anticorrupción también se lo solicitara. En el informe del Ministerio Público, al que también ha tenido acceso este medio, se explica que, por ejemplo, por los movimientos dinerarios de la consultora de Zarrías hacia Leire Díez y por los pagos de la formación a esa empresa, se puede “colegir sin dificultad que la canalización de los fondos habría tenido como origen el PSOE, siendo su destinatario final Leire Díez”.

El incendio de Burgohondo, en Ávila, que arrasó 45.000 hectáreas, es ya el mayor en la historia de España desde que hay registros. En total, en todo el país se han quemado ya 200.000 hectáreas en lo que va de 2026, el tercer peor año en una década. Mientras los bomberos forestales, la UME y los vecinos de las localidades afectadas se afanan en la lucha física contra las llamas, en un despacho del Paseo de la Castellana, en las oficinas de la Fiscalía General del Estado, el fiscal de Sala Jefe de la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo, Javier Rufino, también batalla, a su manera, contra esos fuegos de nueva generación y con la vista puesta en los próximos años.

El fiscal repasa unas notas antes de la entrevista, quiere memorizar datos y estadísticas. Sabe que en su Fiscalía es fundamental la divulgación y, por eso, no se pone de perfil ante los medios. Preciso en sus argumentos, resalta la relevancia del cambio climático en los últimos incendios que asolan el país, pero también se para en el abandono del campo, el aumento exponencial de la superficie boscosa en los últimos años o en la merma de la ganadería extensiva. Y apunta a una conclusión: “Tenemos que convivir con el fuego”.

Desde su Fiscalía, ¿se ha abierto alguna investigación sobre los incendios que afectan al país en los últimos días?

La inmensa mayoría de las investigaciones que se están haciendo en los últimos días o semanas son policiales, de la Guardia Civil. Están en una fase estrictamente policial. En algún supuesto se han abierto diligencias judiciales pero la mayoría de ellos están en una fase todavía de indagaciones policiales.

Aunque en la mayoría de los delitos medioambientales la Policía suele reportar a los fiscales, porque los 204 fiscales españoles tienen una especialización muy elevada (...), en el caso particular de los incendios forestales no suele ser así. En la inmensa mayoría de las ocasiones, esos atestados van al juzgado de instrucción directamente, incluso cuando no hay detenidos. No es habitual que lo manden a Fiscalía, porque ahí podemos aportar menos.

¿Pueden actuar de oficio en este tipo de casos?

El fiscal normalmente actúa a petición de parte, es decir, previa denuncia, sea de la Policía o de la Guardia Civil, sea de una asociación con interés medioambiental en un asunto o sea de un particular. Y, excepcionalmente, tiene la facultad de abrir investigaciones de oficio. Pero —en esos últimos casos— estamos a la espera del resultado de las indagaciones de la Guardia Civil o, en su caso, de la policía autonómica. Al ver su resultado ya veremos lo que se hace. No tiene mucho sentido abrirlas de oficio.

¿Cuándo se investiga un incendio forestal?

Se investiga solo cuando hay un indicio de autoría humana, cuando son intencionados o cuando, siendo una imprudencia, ésta es grave. Si la imprudencia es grave, o la negligencia es grave o temeraria, sí tiene razón de ser una investigación penal por el incendio forestal. Si la imprudencia fuera muy leve, que no es frecuente por la gravedad que tienen estos asuntos, no sería delito, porque el Código Penal no prevé esta posibilidad. Pero eso no quita para que el culpable de un incendio forestal, por leve que fuera su actuación, tenga que reparar el daño: daños a las personas, daños al patrimonio, daños a la fauna y flora o en general a los aprovechamientos forestales o ambientales. Con todo, la mayoría de los incendios son de naturaleza imprudente o negligente, y más excepcionalmente son intencionados o dolosos.

Se puede abrir una investigación contra la persona que no haya cumplido esa obligación que tiene de tener la zona forestal de su propiedad limpia

¿Conoce la denuncia de HazteOir contra el Gobierno que se ha presentado ante la Fiscalía General del Estado? Acusa al Ejecutivo de retrasos en el envío de medios contra los incendios.

No hemos tenido la oportunidad de examinar esa denuncia, pero no es fácil montar un delito de incendio forestal o un delito contra el medio ambiente por una mera omisión de medidas. Toda denuncia será estudiada caso por caso, pero no conozco el contenido todavía y no me puedo pronunciar sobre ella.

Sí hay otra denuncia, a propósito de la omisión, en cuanto a la omisión de planes de prevención de incendios forestales. Los ayuntamientos, con la Ley de Montes de 2003 en la mano, tienen una obligación cuando hay una superficie forestal en determinadas circunstancias de tener planes de prevención de incendios forestales y, además, de llevarlos a cabo, de ejecutarlos o instaurarlos. Aparte, también los particulares, en ocasiones, pueden ser los obligados a tener estos planes. Y, cuando se omiten, sí hemos recibido varias denuncias de asociaciones y particulares que entienden que eso puede ser delictivo.

¿Pero los alcaldes de los pueblos pueden tener algún tipo de responsabilidad penal cuando se dan estos incendios?

Esto tiene que ver con una de las iniciativas que adoptan los fiscales de Medio Ambiente desde hace ya bastantes años: trabajamos en una labor que no es solamente represiva, no se trata de reaccionar solo cuando existe un delito (...). Tenemos una función que tiene una naturaleza preventiva: cada año la Fiscalía de Medio Ambiente lanza una campaña de prevención de incendios forestales a principio de la primavera. Lo que hacemos es que con los medios que tenemos en esta unidad, es decir, Guardia Civil, agentes forestales, incluso una red de policías locales —que son unos 800 policías en España—, pedimos información acerca de los lugares o zonas con riesgo alto de incendio forestal.

Pueden ser vertederos en mal estado, pueden ser zonas recreativas con un merendero, pueden ser incluso vías férreas que no están cuidadas y que hay pasto que puede hacer saltar una chispa peligrosa o pueden ser tendidos eléctricos públicos o privados en mal estado. Cuando detectamos que hay un riesgo de incendio forestal por la cercanía a un bosque, lo primero que hacemos es ver si hay planes de prevención de incendio forestal y, en el supuesto de que no lo haya o no se cumpla, los fiscales de cada territorio requieren al obligado.

El 72% de la superficie forestal española está en manos privadas, eso se olvida, y también están obligados a mantenerlo

Ese obligado puede ser el Ayuntamiento, pero puede ser también un particular, porque el 72% de la superficie forestal española está en manos privadas, eso se olvida, y también están obligados a mantenerlo. No solamente el Estado, no solamente la Comunidad Autónoma, no solamente el Ayuntamiento, también los particulares. Más del 50% del suelo en España es forestal, y de eso, el 72% está en manos privadas.

En el supuesto en que no se actúe conforme al modo en que se ha solicitado por parte de la Fiscalía y, a consecuencia de esa negligencia, omisión o pasividad se produce un incendio forestal, se puede abrir una investigación contra la persona que no haya cumplido esa obligación que tiene de tener la zona forestal limpia.

¿Qué penas tiene ese delito de incendio forestal?

Depende de muchas circunstancias. En principio hay una pena de delito de incendio forestal que tiene una pena elevada: si hay un riesgo para las personas puede llegar a ser de 10 a 15 años de cárcel. En el supuesto de que sean delitos imprudentes, dependiendo de qué modalidad de delito sea, se bajan en un grado. Pero podemos estar hablando de penas de dos o de tres años de prisión.

Si es doloso ya las penas se exacerban mucho, son muy superiores. Pero también son mucho más graves en los supuestos en que la superficie forestal sea muy amplia, como está ocurriendo en estos días; que afecte gravemente a recursos naturales; que haya móviles económicos; que se haya puesto en peligro la vida, la integridad física de personas... hay unos determinados supuestos que agravan muchísimo el incendio forestal. Llega a tener penas superiores al homicidio, para que se haga una idea de la gravedad que tienen.

¿Desobedecer a ese requerimiento de la Fiscalía o del agente forestal de limpiar una zona es algo a tener en cuenta a la hora de examinar el posible delito?

El requerimiento no hace que automáticamente se convierta en delito por imprudencia. Si es por una mera omisión y se produce por una circunstancia que pudiera ser accidental, como una chispa, pues habría que valorar caso por caso.

Pero si se trata de una superficie en mal estado, una superficie forestal con alto riesgo de incendio, y resulta que no tienes un plan de prevención de incendios forestales u otra cosa que para los particulares se llama 'plan de autoprotección' —necesario en casos como el de los campings—, y a causa de eso se ha producido el incendio, podemos hablar de un delito de incendio forestal.

En ocasiones se produce una especie de copia y pega y hay algún ayuntamiento que simplemente tiene la forma de un plan de prevención, pero luego no lo lleva a cabo

¿Qué porcentaje de incumplimientos de ese plan de prevención se da en España?

No tengo el porcentaje de incumplimiento, no contamos ahora mismo con ese dato. Pero el problema para nosotros no es tanto que no exista, que es grave, sino que no se lleve a cabo, que no se ejecute, que sea mero papel mojado. En ocasiones se produce aquí una especie de copia y pega y hay algún ayuntamiento que simplemente tiene la forma de un plan de prevención, pero luego no lo lleva a cabo, no lo ejecuta, con lo cual es como si que no hiciéramos nada. Precisamente es en lo que hay que insistir en los próximos años: que se cumplan estos planes de prevención, que las autoridades cumplan también con sus obligaciones y también los particulares.

¿Es perseguible que no exista un plan de prevención?

Desde el punto de vista penal, la mera omisión de un plan de prevención no es un delito ambiental. El derecho penal es un recurso excepcional que se utiliza para resolver determinados conflictos, pero no es la varita mágica para resolver todo. La respuesta a la mera omisión de un plan de prevención, cuando no hay un resultado de incendio, ha de ser puramente administrativa. La Ley de Montes regula esto con la intervención de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

¿Cómo ve el ruido político generado alrededor de los incendios forestales?

Nuestro modo de manifestarnos es intervenir en investigaciones (...) y con la campaña de prevención. A mi modo de ver, no valen ya los esquemas y modelos antiguos. Hay que hacer algo más de lo que se está haciendo porque tenemos una realidad clara que es el cambio climático y el aumento espectacular de la superficie boscosa en España, que en los últimos 20 años ha sido del 12% mientras que en Europa apenas llega a un 1%. Estas circunstancias nuevas obligan a aplicar nuevos modos de actuar, más agresivos, más contundentes, para intentar ser más eficaces.

La superficie boscosa en España ha aumentado en los últimos 20 años un 12% mientras que en Europa apenas llega a un 1%

Pero la justicia penal tiene una posibilidad de entrar bastante limitada, normalmente reactiva ante un delito. No podemos entrar a ser los que tutelan permanentemente a la administración porque no es esa nuestra función. (...) Entonces, las iniciativas que podemos tomar son las que ya estamos adoptando, aunque puede hacerse con un enfoque aún más contundente, empezar la campaña de prevención de incendios forestales antes (...), controlar en mayor medida el cumplimiento de los planes y que los requerimientos hechos a las autoridades o a los particulares que no cumplan sean con una advertencia seria de las consecuencias que pueda tener, y hasta ahí podemos llegar.

Tenemos que convivir con el fuego. Tenemos que coexistir con el fuego. La situación se ha agudizado por el aumento de la superficie boscosa, por el conocido abandono del campo, por actividades ganaderas extensivas que van a menos y que son necesarias o la propia agricultura extensiva, que por cierto, a veces sirve como cortafuegos.

Es otra realidad...

Los bosques ya no están en el clima que les vio crearse, es decir, están en otra situación diferente, mucho más agresiva. Por tanto, las herramientas para responder a esto deben ser distintas. Y, en cuanto a los datos estadísticos, hay uno que me interesa recalcar: el delito de incendio forestal es quizás el más complicado de probar. Fundamentalmente, por dos razones, la primera de ellas es el medio natural en que se produce, mucho más amplio y en el que la clandestinidad es la regla general. A veces, es difícil incluso descubrir cuál es la causa del incendio, el punto de ignición.

Y en segundo lugar, porque aunque se sepa cuál es la causa del incendio forestal y si es negligente o si es intencionado, es difícil en muchas ocasiones poder probar la autoría del hecho. No es frecuente coger al incendiario in fraganti, sino que se tiene que deducir por vía de indicios. Eso explica que el éxito de la Fiscalía en sus acusaciones en delitos ambientales sea mucho mayor en otras materias que en esta.

El año pasado, en 2025, aproximadamente de los delitos medioambientales relacionados con vertidos industriales, robo de agua, contaminación acústica, contra la flora y fauna o maltrato animal, se han obtenido unas 1.100 sentencias condenatorias frente a 200 absolutorias. Es una cifra que yo creo que demuestra cierto éxito. Sin embargo, en el campo del incendio forestal en 2025 ha habido 86 sentencias condenatorias y 39 absolutorias. Algo más del 40%, lo cual es demasiado y esto se explica en buena medida porque no es nada fácil probar en un juicio un incendio forestal, no es nada fácil.

Y luego está el cambio climático, que no ayuda...

Está bien que vayamos difundiendo que cuestionar hoy en día el cambio climático no tiene ningún sentido, es decir, las publicaciones autorizadas por Naciones Unidas y las de las academias más relevantes de Estados Unidos, el 97%, dan por seguro que existe. Sin embargo, se sigue discutiendo esto con argumentos que no son de ciencia, sino que son a base de bulo, de frases hechas o de opiniones que no tienen un fundamento científico detrás.

Hay un tema que está en auge ahora que son los 'Mill Papers', informes periciales hechos con inteligencia artificial que son falsos, pero tienen la misma metodología científica aparente que los informes de universidades. Son capaces de generar continuamente con la misma técnica, con el mismo método, una apariencia y decir barbaridades, como que la tierra es plana, pero también en esta materia de cuestionar el cambio climático. Se puede detectar también con inteligencia artificial cuándo esos informes son falsos, pero cuesta mucho más y la capacidad de producción de más informes falsos es mucho mayor.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido un nuevo auto en la causa que instruye contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en la que rechaza la pretensión de paralizar la investigación fiscal impulsada por la Agencia Tributaria contra la familia Zapatero. Entiende que esa inspección administrativa, que se abrió después de que se conociera la imputación del expresidente, puede discurrir en paralelo a la causa penal.

Fue el pasado 3 de julio cuando la Agencia Tributaria comunicó al juez que había abierto actuaciones de comprobación e investigación inspectora con relación al expresidente, a su esposa Sonsoles Espinosa y a sus hijas Alba Rodríguez y Laura Rodríguez, además de a su amigo Julio Martínez Martínez. Le comunicaba que también investiga a las empresas con las que se les vincula y destacaba que la inspección es relativa a los impuestos sobre Sociedades, Valor Añadido, Renta de las Personas Físicas, Patrimonio y Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas que abarcan los ejercicios de 2021 a 2025.

En la resolución, el juez señala que, de acuerdo con el criterio del Ministerio Fiscal, debe oponerse a esas solicitudes de suspensión de las actuaciones presentadas por las delegaciones de Hacienda en Madrid y Valencia. Anticorrupción entiende que se da una “ausencia absoluta de correspondencia” entre ambas investigaciones, y que tampoco concurre identidad de sujetos ni hecho imponible entre la investigación penal circunscrita al hallazgo de joyas en la caja fuerte de la oficina de Zapatero y a la determinación de su origen, y las múltiples actuaciones administrativas abiertas por la Agencia Tributaria. Y recuerda que la suspensión de actuaciones administrativas constituye “una medida excepcional, de aplicación restrictiva”.

Frente a esto, las defensas tanto de el expresidente como de sus hijas y de la empresa Whathefav consideraban que sí se debía suspender la inspección de Hacienda al entender que la investigación penal “tiene por objeto unos hechos al menos parcialmente coincidentes, con los que sirven de fundamento a las actuaciones”. Consideran que la continuación de la tramitación administrativa “haría decaer sus derechos fundamentales, vulnerando la doctrina consolidada del Tribunal Supremo sobre la prevalencia de la jurisdicción penal y el respeto al principio non bis in idem” -no ser investigado dos veces por los mismo hechos-.

Ahora, Calama recuerda que no siempre que se abre una causa penal ha de suspenderse la inspección fiscal, y explica que en la etapa 1977-1986 el ordenamiento español configuró una preferencia administrativa plena, en la que la jurisdicción penal quedaba condicionada a la previa firmeza de la liquidación tributaria. “A partir de 1986, cuando se abandona la prejudicialidad administrativa necesaria y se instaura una preferencia penal relativa, en la que la mera presentación de la denuncia suspende el procedimiento inspector y el sancionador”, añade.

Tras esto, aclara que las reformas de 2010, 2012 y 2015 introducen un modelo de concurrencia, “que pretende corregir los excesos de los modelos anteriores y permitir una coexistencia ordenada entre la actuación administrativa y la investigación penal”. De esta manera, indica que la Administración recupera protagonismo y puede continuar determinadas actuaciones, aunque sujetas a límites derivados de la necesidad de evitar interferencias con el proceso penal.

Así, recalca que el sistema actual prioriza la continuidad de la actuación administrativa, reserva la paralización para supuestos excepcionales y articula mecanismos para evitar duplicidades sancionadoras, permitiendo que la determinación penal de la cuota ajuste finalmente la liquidación provisional practicada por la Administración.

Calama explica que en este momento el caso Zapatero no tiene por objeto “la investigación de hechos susceptibles de constituir delitos contra la Hacienda Pública”. Esto con la salvedad de la pieza separada abierta por el hallazgo de las joyas, en la que se examinan hechos que sí podrían tener relevancia fiscal. “Ahora bien, dicha relevancia se limita exclusivamente a la determinación del valor de las piezas de joyería intervenidas en su oficina, cuyo alcance fiscal y penal está aún pendiente de concreción y abre un abanico de posibilidades que impide, por sí solo, justificar la suspensión de las actuaciones inspectoras referidas a los ejercicios 2022 a 2024”.

Por último, añade que la aportación por los investigados a la Agencia Tributaria de documentación preexistente no implica autoincriminación alguna, al no suponer la generación de información nueva ni la realización de actos de colaboración activa con la investigación penal.

El juez José Luis Calama ya sitúa a los hermanos Amaro Chacón entre los grandes pagadores a José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno a cambio de las “influencias ilícitas” que habría ejercido el ex presidente. Calama equipara Inteligencia Prospectiva, la sociedad instrumental de los Amaro Chacón, al nivel de Plus Ultra y Softgestor en el nivel de encargos e ingresos para Zapatero, en un auto en el que actualiza el estado de las pesquisas y autoriza a la UDEF a acceder a más de sesenta cuentas bancarias del antiguo mandatario, su familia, entorno y sociedades vinculadas al caso de la aerolínea española y su rescate.

“La investigación sitúa en su núcleo una estructura organizada y estable, dirigida por José Luis Rodríguez Zapatero, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes –Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor–, que retribuirían tales servicios mediante contratos de asesoría simulados, permitiendo justificar pagos cuyo destino real serían José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad Whathefav, administrada por sus hijas”, recoge el citado auto, con fecha de este miércoles, 29 de julio. En otro punto del auto, el juez llama a las tres sociedades mencionadas “fuentes de financiación encubierta”.

Los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón son administradores solidarios de Inteligencia Prospectiva, antes Beren Europe y posteriormente Alaska Ilimitada. Un informe del pasado mes de febrero de la ONIF concluye que su “operativa financiera resulta incompatible con su cifra de negocio declarada y plenamente coherente con uso instrumental orientado a introducir fondos en España procedentes del extranjero”. Esos fondos procedentes del extranjero acabaron en “sociedades vinculadas a la red organizada liderada por José Luis Rodríguez Zapatero y operada por Julio Martínez Martínez”, advertía ya en mayo el juez Calama.

Entre 2020 y 2025, Inteligencia Prospectiva movió más de 2,6 millones de euros en sus cuentas bancarias. Se trata, según la ONIF, de una “cifra absolutamente incongruente con su actividad declarada”. De esa cantidad, un porcentaje muy importante fue al entorno de Zapatero. Análisis Relevante obtuvo de Inteligencia Prospectiva 368.258,72 euros. Es la sociedad de Julio Martínez en la que, según los investigadores, Zapatero juega un papel muy superior al que reconoce de trabajos de asesoría. La empresa de marketing de las hijas del expresidente, Whathefav, obtuvo 561.440 euros de la misma empresa. Y Gate Center, con un consejo asesor presidido por Zapatero, cobró 266.200 euros.

Los hermanos Amaro, recogía el juez, “exceden de forma manifiesta las capacidades y funciones propias de un empresario común, incidiendo en asuntos de Estado de primer nivel”. Especialmente en Venezuela. En el teléfono de Julio Martínez aparecieron mensajes como “los chinos listos para comprar barcos” y “listo para viajar a reunirse con la Dama y Ministro de Petróleo”. Los barcos hace alusión al traslado de petróleo y la “Dama” es Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Venezuela, a la que atribuyen la “asignación directa” de esos barcos con crudo.

El auto de este miércoles de Calama recoge otra novedad. Son los pagos que recibió Zapatero de numerosas empresas por “supuestos servicios profesionales, como conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolitico...”. Zapatero nunca ha negado esos trabajos de consultoría y asegura que están declarados a Hacienda. Pero el juez incluye en su auto a cada una de las empresas y cuánto ganó el expresidente con ellas.

Así, en el auto del juez aparece Kreab Iberia (851.180 euros), Thinking Heads Group (649.552), Gate Center (352.980), Mimo Advisor (104.410), Focus Social Resarch (200.000), Chinalink (159.034), Talking Heads America (31.766), Kreab Worldwide (105.000), Bright Digital Solutions (53.000). Yuewee International Trade (49.758) y Zayed Award (47.210). A todas ellas hay que sumar los 490.780 euros recibidos de la sociedad Análisis Relevante, de su amigo Julio Martínez, entre 2020 y 2025.

De estos pagos, el juez se detiene esta vez en el de Focus Social Research, de 200.000 euros), “vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana”. El magistrado, sin entrar a valorar, añade que una cuenta del Banco Santander “funcionaba como receptora de fondos, redistribuidos inmediatamente a otras cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero, y desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros”. Zapatero atribuye ese rápido movimiento a la venta de una vivienda con la que pudo cancelar la hipoteca de la otra.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha autorizado a la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) que acceda a más de sesenta cuentas bancarias de diferentes entidades y a nombre de José Luis Rodríguez Zapatero, su mujer y sus hijas, así como de su secretaria, Gertrudis Alcázar, y sociedades que son investigadas en el marco del caso Plus Ultra, según un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Calama responde así a la petición realizada por la UDEF en un informe del pasado junio en el que se hace referencia a “flujos de fondos de interés” para la investigación y que implicarían “a los principales beneficiarios de la estructura societaria controlada por Julio Martínez Martínez” a los que identifica “José Luis Rodríguez Zapatero y Whathefav [la sociedad de sus hijas]”.

El informe policial introduce novedades respecto a los atestados anteriores. Aparecen en el nuevo oficio nombres de otras sociedades que habrían servido también para canalizar pagos a Zapatero y que hasta ahora eran desconocidas. Recoge el auto del juez: “El conjunto de indicios revela una estructura jerarquizada, con José Luis Rodríguez Zapatero como beneficiario principal, Julio Martínez Martínez como gestor y canalizador, y un entramado societario diseñado para ocultar origen y destino de fondos, justificar pagos mediante contratos de asesoría ficticios y diluir trazabilidad mediante movimientos internos carentes de lógica económica”.

Y continúa: “Los clientes −Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor−, actúan como fuentes de financiación encubierta, mientras que sociedades como Caletón Consultores, Summer Wind, Caletón Consultores o Zenzap funcionan como instrumentos para introducir fondos y redistribuirlos hacia José Luis Rodríguez Zapatero, Whathefav y empresas del entorno de Julio Martínez Martínez”.

El juez recuerda que la investigación sitúa a Zapatero en el “núcleo” de la trama “orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes”, y que sus servicios se retribuían mediante contratos de asesoría simulados que se canalizaban a través del entramado societario controlado por Julio Martínez Martínez, el empresario también investigado, que actuaba “como persona de confianza” del expresidente y era “interlocutor directo con los clientes y gestor funcional de la red”.

Con base en lo que recoge la UDEF en su atestado, el juez detalla las cantidades recibidas por Zapatero que son objeto de investigación. Además de los 490.780 euros que le llegaron desde Análisis Relevante -empresa de Julio Martínez- entre 2020 y 2025, se ha encontrado “un volumen muy superior de transferencias justificadas mediante supuestos servicios profesionales −conferencias, mediación, asesoramiento estratégico, análisis geopolítico− procedentes de diversas sociedades”.

Así, detalla pagos de algunas empresas que ya se incluyeron en el primer auto del juez: 851.180 euros llegaron de la consultora Kreab Iberia; 649.552 euros de Thinking Heads Group; 31.766 euros de Thinking Heads Américas; 352.980 euros de Gate Center; 105.000 euros de Kreab Worldwide. Añade recientes, como los 200.000 euros de Focus Social Research. Y suma nuevos pagos de empresas como los 159.034 euros de Chinalink; los 104.410 euros de Mimo Advisors; los 53.000 euros de Bright Digital Solutions; los 49.758 euros de Yuewee International Trade; y los 47.120 euros del Zayed Award. El juez y la UDEF destacan los pagos destaca el de Focus Social Research, “vinculado al presunto ejercicio de influencias ante autoridades bolivianas en favor de una sociedad peruana”.

Por otro lado, recuerda que una cuenta del Banco Santander del expresidente “funcionaba como receptora de fondos”, y que estos eran “redistribuidos inmediatamente a otras cuentas de José Luis Rodríguez Zapatero”: “desde una de ellas se canceló anticipadamente un préstamo hipotecario de 500.000 euros mediante transferencia de 498.000 euros, tras la adquisición de un inmueble por 580.000 euros”.

Las cantidades de Whathefav

El auto indica por otro lado, para apuntalar que es necesario acceder a determinadas cuentas bancarias, que Whathefav, administrada por las hijas de Zapatero, “es la principal receptora de fondos del entorno societario de Julio Martínez Martínez” tras el propio expresidente. “Recibe 242.423 euros desde Análisis Relevante; 20.993 euros desde Agropecuaria Lucena y 18.150 euros desde Pickashop; además de 561.440 euros procedentes de Inteligencia Prospectiva”, a la que describe como una sociedad instrumental dedicada a introducir fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital simuladas.

A esos ingresos en la empresa de las hijas, suma 171.727 euros que percibe de Gate Center y 12.297 euros de Thinking Heads. Y da un dato más, desde la cuenta de Whathefav se transfieren 247.191 euros a Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 euros a Alba Rodríguez Espinosa, figurando José Luis Rodríguez Zapatero como autorizado en ambas cuentas.

Sobre Gertrudis Alcazar, la UDEF y el juez consideran necesario acceder a sus cuentas bancarias porque “aunque no se han detectado ingresos desde el entramado” hacia ella, su rol funcional en la organización justifica el análisis patrimonial. Recuerda el juez que la secretaria adquirió una vivienda por 132.055 euros sin financiación hipotecaria, “mediante pagos periódicos entre 2021 y 2023, sin operaciones compensatorias que expliquen su capacidad económica”.

'Julito' y su entramado societario

Sobre el entramado societario de 'Julito' Martínez, los investigadores recuerdan que está integrado por al menos 27 sociedades, si bien todas presentan “indicios de control unitario: domicilios coincidentes, objetos sociales amplios y modificaciones societarias simultáneas”. Y a pesar de esto, recuerda, en 2020 y 2021 no constan cuentas personales en España a su nombre, lo que sugiere uso de medios de pago extranjeros, efectivo o cuentas de sus sociedades.

A partir de 2022 sí figura Martínez como titular de cuentas en Bankinter y CaixaBank, con entradas de fondos cuyo origen no han podido determinar, si bien el análisis de movimientos bancarios “revela flujos internos intensos y carentes de justificación económica, con conceptos genéricos, operaciones de compensación y ausencia de correlación con actividades declaradas, dificultando la trazabilidad”.

Entre las sociedades del entramado, destacan ASP Rentas SL porque registra casi dos millones de euros en entradas y salidas entre 2020 y 2025, frente a ingresos declarados de 89.540 euros. Esa sociedad es identificada como “vía instrumental para canalizar fondos de contratos de asesoría ficticios, como el suscrito entre Análisis Relevante y Thabeh Business Iberian”.

Por otro lado, de otras de las sociedades, Zenitram Partners, indican que presenta movimientos superiores a 1,8 millones, ventas inmobiliarias de 600.000 euros y vehículos de lujo, además de indicios de facturación falsa, acreditados por un correo donde se afirma que “era una factura falsa”. De otra, Zenzap, comentan que no tiene actividad mercantil, ni trabajadores ni depósito de cuentas desde 2019, y a pesar de ello registra movimientos superiores a 3,8 millones y actúa como sociedad de inyección de fondos hacia otras empresas del entramado (447.000 euros), recibiendo a su vez importes menores.

Mérida Capital, por su parte, presenta movimientos de 804.971 euros en entradas y 599.119 euros en salidas, frente a actividad declarada de 114.731 euros. Y ordena pagos a Análisis Relevante por 45.000 euros, además de mantener contratos de opción de compra no ejecutados.

Nez Asesores registra más de 1,3 millones en movimientos, concede un préstamo de 200.000 euros y recibe fondos desde Análisis Relevante y Voli Analítica, con una operación de cobro de divisas transfronteriza de 181.037 euros que podría vincularse al préstamo. Pickashop recibe 143.896 euros desde Idella, Análisis Relevante, Voli y Agropecuaria Lucena, pese a que su objeto social es informático y ninguna de las sociedades pagadoras tiene página web, mientras que los flujos inversos son mínimos.

En cuanto a Affita y Affita Capital, el juez destaca que reciben fondos indirectos de Plus Ultra Líneas Aéreas a través de Summer Wind, sociedad interpuesta, además de pagos desde Agropecuaria Lucena, Análisis Relevante e Idella, en una dinámica incompatible con su objeto social de alquiler de inmuebles. Iot Domotic Europe percibe 60.500 euros desde Caleton Consultores, fondos que tendrían origen en Plus Ultra, y se localizaron justificantes de transferencias en el móvil intervenido a Julio Martínez Sola.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el caso Leire Díez, ha tomado este miércoles declaración como testigo a Daniel Mateos, el colaborador de la Guardia Civil que puso en contacto a la exmilitante del PSOE con el comandante del Instituto Armado Rubén Villalba, imputado en el caso Koldo. En su testifical, más relevante de lo que en inicio se esperaba por los letrados, ha confesado que no solo les puso en contacto sino que él fue quien eligió el lugar para los dos encuentros y que colocó las cámaras en el bar para grabarles e incluso organizó un operativo de hasta seis personas -todos civiles- para tratar (sin éxito) de obtener audio del encuentro.

Según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es, durante su declaración ha comentado que Leire Díez, investigada como la coordinadora de una presunta trama que buscaba desestabilizar causas que afectaban al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, se presentó ante él por medio de un conocido común, Fran Ortega, como una persona del PSOE que quería contactar con Villaba. Y ha recalcado que ella misma se presentó como alguien que hablaba en nombre del 'one', lo que le hizo sospechar que se podía referir a Pedro Sánchez. De inicio le pareció “una fantasma”.

Dado que la petición de verse con Villalba le generó suspicacias, Mateos contactó con su amigo Koldo García, quien recientemente ha sido condenado junto al exministro José Luis Ábalos por el Tribunal Supremo. Koldo, al que conocía de bregar en la lucha antiterrorista, le explicó entonces que Leire trabajaba para el 'número tres' del partido Santos Cerdán, que se le ponía al teléfono todo el mundo, incluidos ministros y secretarios de Estado, y que podía tener acceso al presidente del Gobierno.

Con esa premisa, se produce la primera reunión enmarzoo de 2025 en un bar de Leganés. Ella quería haber quedado en el despacho de l letrado jacobo Teijelo pero, ha recordado, él se negó y avisó 45 minutos antes de la cita de la ubicación. Luego vino el requisar teléfonoss y dispositivos y un cacheo para evitar que la 'fontanera' grabara nada. Mateos ha explicado que él se quedó fuera de esa reunión pero que a la salida Leire Díez le pidió ayuda para convencer a Villalba de que colaborara en su intención de destapar trapos sucios en el seno de la UCO, con la que tenía fijación, según ha añadido.

En ese contexto tuvo lugar una conversación que ha salido a colación en el interrogatorio de este miércoles. Él le preguntó que cuando se refería al 'one' si era por Cristiano Ronaldo, y ella le contestó que no, que era por el presidente. Ante esa respuesta, él le volvió a vacilar diciéndole si hablaba de Florentino Pérez. Ella, entonces, matizó más: por Pedro.

Durante la comparecencia, Mateos ha explicado que Villalba y él urdieron una estratagema para saber hasta dónde llegaba el poder de Leire Díez, y en la segunda reunión le solicitó un destino en Roma. Buscaban que quedara un rastro administrativo de cualquier gestión que se pudiera hacer al respecto.

En ese encuentro, ha recordado Mateos, Leire habría pedido tener su teléfono para recibir una llamada relevante, y cuando descolgó se refirió a Mercedes, él supuso que era MErcedes González, la directora general de la Guardia Civil.

La investigación de la Benemérita solo recoge una llamada entre Leire Díez y Mercedes González de 13 segundos el 12 de febrero de 2025. Además, según la UCO, es González quien llama a Díez y no al revés. Por tanto, no coinciden ni la fecha ni el tráfico de la llamada con la que ha descrito el testigo que supuestamente hizo Leire Díez al término de la reunión.

Por otro lado, ha recordado que Leire Díez comentó que en Moncloa estaban hartos del director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil porque “le faltaba huevos” y que buscaban colocar como nuevo DAO al general Manuel Navarrete. Y ha confesado, según las fuentes consultadas que le daba credibilidad a la emisaria y que, incluso le generó miedo. De hecho, ofreció informe verbal sobre su parecer a un mando de la Guardia Civil del Servicio de Información.

Carlos Hugo Preciado, uno de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que forma parte, además, de la Comisión Permanente de este órgano, fue elegido para el cargo a propuesta de la formación política Sumar. A pesar de que se presupone que encaja entre los vocales progresistas, este martes ha demostrado una vez más que es un verso suelto: se ha opuesto a apoyar la posible sanción al juez Juan Carlos Peinado por las irregularidades que denunció el ministro Félix Bolaños.

Bolaños acusaba a Peinado en sus quejas de haber actuado de forma anómala cuando le interrogó como testigo en La Moncloa y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. En esa queja se ponía el foco en que el magistrado que investiga a la esposa del presidente del Gobierno solicitó un vehículo oficial para acceder al Palacio de la Moncloa y una tarima para ubicarse, físicamente, en una posición más alta que la del compareciente.

Preciado se ha subido al carro conservador que ha acabado convirtiendo la queja de Bolaños en agua de borrajas. Y eso que desde el sector progresista se ha emitido un voto discrepante al sentir de la Comisión Permanente en el que se indica que la valoración del trato dispensado durante esa declaración no podía limitarse a constatar que no hubo insultos o expresiones abiertamente ofensivas porque esa falta de consideración puede resultar también de una conducta apreciada en su conjunto. A su juicio, la reiteración de advertencias, los reproches sobre la forma de responder y las censuras de los gestos del testigo excedían de un episodio aislado de tensión dialéctica y justificaban, al menos, la apreciación de una falta leve.

Por contra, Preciado y los conservadores han sostenido que las quejas se refieren a cuestiones accesorias de la declaración judicial basadas en interpretaciones de las normas procesales que pueden ser discutibles, pero que no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo. Añaden que, aunque la diligencia se desarrolló en un clima de tensión, no hubo desconsideraciones explícitas al declarante.

Más allá de ese episodio, Carlos Hugo Preciado ha emitido hasta dos votos particulares, a los que ha tenido acceso elDiario.es, para pronunciarse sobre otros dos asuntos que se veían también en el conjunto de quejas contra Peinado y que han acabado en archivo. El primero era relacionado con la queja de la asesora de Begoña Gómez por la filtración a una web –OkDiario– del contenido de una providencia que no había sido dictada. El Promotor de la Acción Disciplinaria en su informe concluyó que no había resultado indiciariamente acreditado que fuera el propio magistrado quien anticipase al medio de comunicación su intención de dictar una resolución, así como su contenido.

El minuto a minuto de la providencia

Carlos Hugo Preciado indica que, si bien está de acuerdo con la mayoría de la Comisión Permanente en que procede el archivo de la diligencia informativa, difiere en que el motivo de ese archivo sea por falta de indicios suficientes. Resalta que él considera que las actuaciones revelan hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de revelación de datos reservados, y por tanto, no es competente el CGPJ.

En su voto hace un minuto a minuto de cómo se desarrollaron los hechos investigados. Recuerda que la defensa de la asistente sostiene que ese medio publicó el 13 de enero de 2026 información relativa al contenido de una providencia dictada en el procedimiento de Tribunal del Jurado antes de su notificación a las partes. El vocal indica que las actuaciones practicadas acreditan la existencia de publicaciones periodísticas previas a la notificación de la resolución, pero no permiten identificar de manera cierta la fuente de la información.

Explica que la noticia de esa web que llevaba el titular 'Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Policía' hacía mención a que el juez había solicitado a la Policía Judicial que obtuviera los pasaportes de las investigadas y atribuía tal actuación a una providencia dictada el día anterior.

Esa misma madrugada del 13 de enero, a las 5.50 horas, ese mismo medio publicó un editorial en el que también afirmaba que el magistrado había decidido dictar una providencia relacionada con la obtención de los pasaportes. Pero no fue hasta la 11.30 horas que Peinado firmó electrónicamente la providencia redactada el día anterior. Según el histórico remitido por el Letrado de la Administración de Justicia, la resolución todavía no había sido notificada cuando se publicaron las noticias.

A las 13.15 horas, OkDiario modificó la noticia inicial para eliminar referencias explícitas a la providencia del 12 de enero y reformulando parte del texto, aunque mantuvo referencias al hecho de que el juez había pedido ayuda a la Policía, recuerda Preciado.

A las 20.02 horas, esa providencia de Peinado fue remitida y notificada a través del portal digital a las partes personadas en el caso Begoña Gómez. Y ya el 14 de enero los procuradores recibieron y descargaron la notificación de la providencia. La denunciante sostiene, indica el vocal del CGPJ, que ya conocía su contenido por haberlo leído previamente en la prensa digital.

Un día después, el 15 de enero, el medio publicaba una nueva noticia: 'OkDiario tenía razón: Peinado pide ayuda a la Policía ante la resistencia de Begoña a entregar su pasaporte' ,reivindicando haber adelantado la existencia de la providencia antes de su notificación oficial.

Preciado advierte de que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) considera como falta muy grave “la revelación por juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función cuando se cause perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona”. Y añade que sería tipificado como revelación cuando el juez, fuera de los cauces de información judicial establecidos, difunde “hechos o datos de los que conozca en el ejercicio de su función”. Al hilo, cita jurisprudencia de la Sala Tercera del Supremo para indicar que revelar “supone descubrir o manifestar lo ignorado o secreto, siendo necesario acreditar una conducta positiva de divulgación”.

Añade que la propia denuncia se construye sobre la hipótesis de una filtración de información reservada procedente de un procedimiento judicial en curso. E indica que si los hechos denunciados fueran ciertos, “podrían presentar apariencia de delito de revelación de datos reservados” y, por tanto, “la averiguación de la existencia de la filtración, la identificación de su autor y la determinación de su relevancia penal exceden de las competencias disciplinarias del CGPJ”.

La prórroga fuera de plazo

Preciado ha emitido voto particular también sobre el archivo de la diligencia abierta por las quejas de Más Madrid y del diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita, que acusaban a Peinado de haber acordado fuera de plazo la prórroga de una instrucción de una causa en la que se investigaba un delito de malversación.

El Promotor de la Acción Disciplinaria señalaba en su escrito que consta en el cronograma de la causa que no se dio cuenta al magistrado del estado de las actuaciones y, por tanto, del vencimiento del plazo para acordar la prórroga. La Comisión Permanente tuvo en cuenta la poca antelación con la que las acusaciones solicitaron la prórroga de la instrucción -apenas dos semanas antes de que finalizara el plazo-. Y añadía que los precedentes jurisprudenciales señalan que acordar la prórroga de una instrucción fuera de plazo es un defecto procesal que no supone automáticamente una infracción sancionable.

Pero en su voto particular, Carlos Hugo Preciado explica que los hechos descritos en la queja no constituyen una infracción de la que deba conocer el CGPJ sino que presentan indicios de un ilícito penal que encajaría en el tipo de la prevaricación por imprudencia o ignorancia inexcusable o retraso malicioso en la Administración de Justicia. Añade que esto también debe ser conocido por la jurisdicción penal.

Preciado recuerda que la prórroga de la instrucción vencía el 27 de enero de 2025, que tanto las acusaciones populares solicitaron nuevas prórrogas que fueron informadas favorablemente por la Fiscalía y que, sin embargo, Peinado no resolvió la solicitud hasta el 2 de abril de 2025. La Audiencia Provincial declaró extemporánea la decisión del juez y la dejó sin efecto.

El vocal explica que no corresponde al CGPJ determinar si concurren todos los elementos típicos del delito. Sin embargo, sí corresponde apreciar “si existen indicios suficientes para considerar que la resolución pudo haber sido dictada con una ignorancia inexcusable de un régimen legal de plazos imperativos ampliamente conocido en la práctica procesal penal o, al menos, mediante una imprudencia grave incompatible con los deberes de diligencia exigibles al titular de un órgano jurisdiccional”.

Entiende que la cuestión excede claramente del ámbito disciplinario porque afecta directamente a la legalidad de una resolución jurisdiccional concreta y a la posible concurrencia de un delito de prevaricación judicial imprudente.

Añade que subsidiariamente podría encajar en un delito de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Y al hilo, explica que la excusa ofrecida por el magistrado descansa en que no se le dio cuenta de los escritos presentados por las partes. Pero advierte de que esa circunstancia debe impulsar una investigación para determinar el origen de la demora, el grado de conocimiento efectivo del incidente procesal y la razón por la que una cuestión tan sensible permaneció sin resolver durante más de dos meses.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha acordado antes del parón veraniego conceder cinco indultos parciales. Uno de ellos es al artista y gestor cultural Natalio Grueso, que fue condenado a 8 años de prisión, 8 de inhabilitación y una multa por apropiarse de fondos de la Fundación Niemeyer a través de facturas falsas o manipuladas con las que se lucró tanto él como familiares y amigos. Con esta medida de gracia el Ejecutivo le indulta de la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento. La nota de prensa del Ejecutivo explica que este indulto fue solicitado por numerosos artistas y personas del sector audiovisual y responde a motivos humanitarios dado su estado de salud.

Precisamente el pasado mes de marzo el tribunal de la Audiencia Provincial de Asturias que juzgó y condenó a Grueso, ex director general del Centro Cultural Internacional Óscar Niemeyer, ubicado en Avilés, emitió un informe desfavorable a la petición de indulto instada por el cantautor catalán Joan Manuel Serrat, premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, y a la que se adhirieron otras 70 personas.

En el informe de la Sala, al que accedió Eldiario.es Asturias se estimaba que la fuga que protagonizó el ex director general para eludir su ingreso en prisión debía jugar en su contra a la hora de obtener esta medida de gracia. En ese informe, el tribunal se oponía a la concesión de un posible indulto al mantener que “ni se ha producido actuación del penado, ni ingreso voluntario en Centro Penitenciario, que le hagan acreedor del beneficio solicitado”. Al expediente tramitado, del que se dio traslado a las partes, se incorporaron tanto un informe de conducta de la Delegación del Gobierno en Madrid como un informe negativo del Ministerio Fiscal, que señalaba que Grueso no cumplía con los requisitos porque no ha estado a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena, una de las excepcionalidades recogidas en la legislación para ser susceptible de ser indultado.

Natalio Grueso huyó del país al ser confirmada su condena por el Tribunal Supremo (TS) por su autoría en un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso medial mercantil y oficial y un delito continuado societario. Durante más de dos años permaneció fugado de la Justicia a raíz de que el alto tribunal declarara la firmeza de la sentencia condenatoria y se decretara su inmediato ingreso en prisión. Consta que el ex director general del Niemeyer se sustrajo a la acción de la Justicia hasta en dos ocasiones. Grueso, finalmente, fue detenido por las Fuerzas de Seguridad de la República Portuguesa en virtud de Orden Europea de Detención y Entrega.

Entre los artistas “de reputación nacional e internacional” se citaban en la petición de indulto expresamente a los cantantes Ana Belén, Víctor Manuel y Javier Gurruchaga, el actor Pedro Ruíz, el presidente de la Asociación de Intérpretes Luis Cobos, el director del estudio de arquitectura Niemeyer Jair Rojas, así como a varios periodistas de los principales grupos de comunicación del país.

Entre otros aspectos, se destacaba en estos escritos que prácticamente todos los espectáculos que se programaron con motivo de las funciones que desarrollaba en la Fundación Niemeyer consiguieron una aceptación popular que “desbordó todas las previsiones”.

Entre otras, se cita expresamente cómo la labor de promoción y difusión que llevó a cabo durante su etapa logró la participación de figuras “de la categoría mundial de Brad Pitt, Kevin Spacey, Paulo Coelho, Jessica Lange, Paco de Lucía, o Bárbara Hendricks. Entre sus logros se incluye la presentación del programa de Educación de la ONU, el encuentro del G8 de la cultura y estrenos mundiales de películas y obras teatrales, entre otras actividades.

Otro apartado con el que se justificaba el indulto era, en opinión de los firmantes, el papel de la Fundación como productora de contenidos, un capítulo donde Natalio Grueso tuvo un papel destacado con la exposición “Luz” del director de cine Carlos Saura, en este caso por su faceta como fotógrafo, o la obra de la bailaora y premio Princesa de Asturias de las Artes María Pagés dedicada a Óscar Niemeyer y el Ricardo III de Sam Mendes, en colaboración con otros productores de diversos países.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado este martes que dejar en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dos de los asuntos que valoró el Promotor de la Acción Disciplinaria relativos a quejas contra el juez Juan Carlos Peinado. Una de ellas es relativa a su instrucción del caso abierto contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. En concreto, deja en manos de ese órgano jurisdiccional que valore si pudo incurrir en una falta leve de desconsideración. Algo que, como mucho, puede quedar en una advertencia y una multa al magistrado.

En concreto, uno de esos dos asuntos es el que se abrió después de que la Comisión Permanente acordara remitir al Promotor de la Acción Disciplinaria el auto de medidas cautelares dictado por Peinado contra Begoña Gómez y su asistente Cristina Álvarez. El órgano de gobierno de los jueces considera que se debe valorar si las expresiones del juez en las que se sugería que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrían colaborar en una eventual fuga de la esposa de Sánchez pudieran ser constitutivas de una falta de desconsideración. Peinado acordó retirarle el pasaporte y prohibirle salir de España, algo que revocó la Audiencia Provincial de Madrid.

La decisión de remitir ese extremo al TSJM se ha adoptado con el voto de los vocales progresistas y con el voto de calidad de la presidenta, Isabel Perelló -los conservadores han anunciado voto particular discrepante-. Y todo a pesar de que el Promotor de la Acción Disciplinaria proponía el archivo por considerar que solo podría entrar a analizar esas manifestaciones si le fueran remitidas por el tribunal superior que conociera de la resolución en vía de recurso.

Frente a esto, la Comisión Permanente ha señalado que ya hay precedentes jurisprudenciales en el Supremo que permiten sancionar el uso de esas expresiones sin ese requisito de procebilidad. En concreto, en el seno de la Comisión se ha expuesto que ya se confirmó una sanción de suspensión de funciones impuesta a un magistrado por una falta de desconsideración respecto de instituciones, al haber empleado en distintas resoluciones judiciales expresiones plagadas de descalificativos hacia la Generalitat de Cataluña.

Por contra, en el voto particular formulado por los vocales conservadores sostiene que esas expresiones utilizadas por el juez sirven para explicar los motivos por los que él considera que procede su decisión de adoptar medidas cautelares. Recalcan que es una decisión estrictamente jurisdiccional y revisable por la vía ordinaria de los recursos y, por tanto, no es competencia del CGPJ.

El segundo asunto sobre el que deberá decidir el TSJM es la posible falta leve por un retraso injustificado que nace de una denuncia presentada por un particular, el periodista Nacho Abad. Se quejaba de que Peinado había alargado sin motivo la instrucción de un caso por calumnias desde junio de 2024 hasta enero de 2026. Una vez más, el Promotor de la Acción Disciplinaria propuso el archivo al considerar que los hechos no revisten carácter disciplinario, pero la Comisión Permanente estima que puede darse una falta leve de retraso y acuerda su remisión al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Otra vez se ha impuesto la postura progresista con el voto de calidad de Perelló.

En el voto discrepante de los conservadores, al que ha tenido acceso este medio, se indica que la jurisprudencia señala que no puede exigírsele al juez que padece una importante carga de trabajo que consulte los cientos de expedientes telemáticos para comprobar su estado cuando no se está ante una privación de libertad. Añade que la paralización ocasional de un procedimiento, no es representativa para derivar una conducta negligente. Y que debería haberse demostrado de manera inequívoca que la argumentación obedecía a una motivación espuria y que los planteamientos del magistrado no tenían la más mínima cobertura legal desde un punto de vista penal.

Las quejas de Bolaños

Las otras cuatro diligencias informativas abiertas contra Peinado han quedado archivadas siguiendo el criterio de Acción Disciplinaria. La más relevante era la que se abrió después de las quejas presentadas por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, contra el juez Peinado al que acusaba de actuar de forma “irregular” cuando le interrogó como testigo en La Moncloa y cuando, después, pidió sin éxito al Tribunal Supremo que abriera una causa contra él. En esa queja se incluía como “anómala” la petición del magistrado de un vehículo oficial para acceder al Palacio de la Moncloa o de una tarima para ubicarse, físicamente, en una posición más alta que la del compareciente.

Fuentes del Consejo consultadas por elDiario.es señalan que ese asunto concreto ha decaído gracias al voto en contra del vocal Carlos Hugo Preciado -nombrado a propuesta de Sumar- al que se ha sumado el de los conservadores. La presidenta del CGPJ no ha manifestado el voto porque ya habían ganado la votación los conservadores con Preciado.

La Comisión Permanente considera que las quejas se refieren a cuestiones accesorias de la declaración judicial basadas en interpretaciones de las normas procesales que pueden ser discutibles, pero que no alcanzan relevancia disciplinaria y no supusieron la vulneración de ningún derecho del testigo, y añade que aunque la diligencia se desarrolló en un clima de tensión, no hubo desconsideraciones explícitas al declarante.

El voto discrepante de dos vocales progresistas indican que la valoración del trato dispensado durante esa declaración no podía limitarse a constatar que no hubo insultos o expresiones abiertamente ofensivas porque esa falta de consideración puede resultar también de una conducta apreciada en su conjunto. A su juicio, la reiteración de advertencias, los reproches sobre la forma de responder y las censuras de los gestos del testigo excedían de un episodio aislado de tensión dialéctica y justificaban, al menos, la apreciación de una falta leve.

En cuanto a la queja de la asesora de Begoña Gómez por la filtración a un medio del contenido de una providencia que no había sido dictada, queda también en archivo. El Promotor concluyó que no ha resultado indiciariamente acreditado que fuera el propio magistrado quien anticipase al medio de comunicación su intención de dictar una resolución, así como su contenido.

En este asunto, el voto particular concurrente de Carlos Hugo Preciado indica que si bien está de acuerdo con la mayoría de la Comisión Permanente en que procede el archivo de la Diligencia informativa, difiere en que el motivo de ese archivo sea por falta de indicios suficientes. Resalta que él considera que las actuaciones revelan hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de revelación de datos reservados, y por tanto no es competente el CGPJ.

Por su parte, las vocales Argelia Queralt y Bernardo Fernández subrayan en su voto particular que si bien no estaba acreditado que el magistrado fuera la fuente de la filtración, eso no basta para cerrar el expediente sin haber agotado previamente las comprobaciones objetivas disponibles. Era necesario, para ellos, determinar con precisión quiénes conocían la decisión, desde qué momento y por qué vías pudo comunicarse. Añaden que no identificar al responsable tras una investigación limitada no equivale a haber demostrado que nada disciplinariamente relevante ocurrió.

Las quejas de Más Madrid

También se archiva la diligencia abierta por las quejas de Más Madrid y del diputado socialista en la Asamblea de Madrid Guillermo Hita, que acusaban a Peinado de haber acordado fuera de plazo la prórroga de una instrucción de una causa en la que se investiga un delito de malversación. El Promotor señala en su escrito que consta en el cronograma de la causa que no se dio cuenta al magistrado del estado de las actuaciones y, por tanto, del vencimiento del plazo para acordar la prórroga.

La Comisión Permanente ha tenido en cuenta la poca antelación con la que las acusaciones solicitaron la prórroga de la instrucción -apenas dos semanas antes de que finalizara el plazo-, así como los precedentes jurisprudenciales que señalan que acordar la prórroga de una instrucción fuera de plazo es un defecto procesal que produce la nulidad de las diligencias de investigación acordadas tras el vencimiento, pero que no supone automáticamente una infracción sancionable.

En el voto particular de Carlos Hugo Preciado contra esta decisión se explica que los hechos descritos en la queja no constituyen una infracción de la que deba conocer el CGPJ sino que presentan indicios de un ilícito penal que encajaría en el tipo de la prevaricación por imprudencia o ignorancia inexcusable o retraso malicioso en la administración de justicia. Añade que esto debe ser conocido por la jurisdicción penal.

En cambio, Fernández y Queralt rechazaron igualmente el archivo de esas diligencias concretas porque ni el elevado rendimiento del juzgado ni una referencia genérica a la falta de dación de cuenta permitían descartar toda responsabilidad sin reconstruir rigurosamente la secuencia de fechas y determinar a quién resultaba imputable la demora.

Por último, la Comisión Permanente ha tomado conocimiento de la propuesta de archivo de una diligencia informativa con origen en la denuncia de una particular que prestó declaración en condición de investigada y que sostenía que el magistrado no le permitió declarar por videoconferencia, trató con desconsideración a los letrados intervinientes y acordó medidas cautelares desproporcionadas.

Sobre este asunto, el Promotor de la Acción Disciplinaria señala que determinar si la toma de declaración debe hacerse de forma presencial o por videoconferencia es una decisión que los jueces adoptan en el ejercicio de su función jurisdiccional, por lo que, con independencia de que sea o no acertada, queda fuera del ámbito disciplinario. La misma situación se produce con la disconformidad frente a la adopción de medidas cautelares, una decisión jurisdiccional que las partes pueden recurrir ante el órgano superior.

Este martes han continuado las declaraciones en el caso Leire Díez, en el que el juez Santiago Pedraz investiga si existió una trama en el seno del PSOE orientada a desestabilizar causas judiciales que afectaban tanto a personas del partido como al entorno del presidente del Gobierno. Ante el magistrado se han presentado dos trabajadores de Ferraz que han sido interrogadas por los pormenores de su trabajo, sobre todo en relación con la compra de billetes para los viajes que realizaba Leire Díez, exmilitante del PSOE y principal investigada, que constan en la investigación de la UCO. Ambas, citadas como testigos, han reconocido que ellas efectivamente hacían esas compras o reservas por orden de su superior, que entonces era el exsecretario de Organización Santos Cerdán.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es y que han estado presentes en las comparecencias de las dos administrativas, Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, han reseñado que en el interrogatorio también se ha hecho referencia a si la exmilitante hacía uso del parking de la sede en sus visitas o reuniones. Han explicado que les constaba haberla visto dos o tres veces en Ferraz pero que utilizaba el aparcamiento del partido incluso cuando no iba a la sede.

La visita de las secretarias socialistas al tribunal especial ha servido también para que recuperaren sus móviles incautados por la UCO y para que los agentes, que se han acercado al juzgado de Pedraz, hayan podido hacer copia de las comunicaciones que mantuvieron ambas entre abril de 2024 y junio de 2025 con Cerdán, con la gerente del partido Ana Fuentes, el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano y con Leire Díez.

En un auto previo del juez, ya se advertía que lo que aporten en su condición de testigos no podrá ser utilizado en su contra, pues no pueden ser obligadas a entregar documentación que les pueda incriminar, pero también se les apercibirá de su obligación de colaborar con la Justicia. En su resolución, el juez indicaba que de momento solo consta en los atestados que ellas ejecutaban “órdenes que hubieran podido recibir desde la Secretaria de Organización del PSOE para la gestión de viajes y reuniones de los distintos investigados” y que “no consta que éstas conocieran que estuvieran llevando a cabo el ilícito plan”.

En ese sentido, las dos secretarias han confirmado que ellas, como meras administrativas, y a pesar del denuedo de la acusación popular que dirige el PP, no sabían nada de cómo se controlaban los pagos de esos billetes y que no vieron trasiego de abogados por la sede -no vieron a los investigados Jacobo Teijelo ni Ismael Oliver-. Además, han apuntado que ellas no trabajaban para la gerente, también investigada, y, por tanto, han descartado que les diera ninguna orden para confeccionar los contratos con los letrados que constan en la investigación.

Rubén Rus, el juez que instruye el caso Montoro desde el Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, quiere saber cómo van las pesquisas de la Unidad Central Anticorrupción de Mossos d'Esquadra. En una providencia fechada el 6 de julio pasado, a la que ha tenido acceso elDiario.es, se interesa por “el estado de las investigaciones” que haya realizado a raíz de los últimos cuatro mandamientos que les ha enviado desde enero de 2026. Por otro lado, según fuentes jurídicas consultadas, el juez ha acordado prorrogar otros seis meses la instrucción.

En la providencia se indica que también quiere que le informen de cualquier novedad en la investigación desde que decidiera abrir esta causa en la que consta como imputado el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por traficar presuntamente desde su ministerio con la modificación de leyes a cambio de beneficios económicos. Junto a él son investigados una treintena de personas por pertenecer a esa trama por delitos de cohecho, prevaricación, fraude contra la administración pública, corrupción y falsedad documental.

Según constaba en el auto de julio de 2025 por el que se levantaba el secreto de la investigación, que se alargó por dos años, el epicentro de esa trama se ubicaba presuntamente en el despacho de abogados que fundó Montoro tras pasar por el Gobierno de Aznar. Despacho que luego abandonó cuando entró en el Ejecutivo de Rajoy, y que le habría servido, según las pesquisas, para beneficiarse de forma ilegal, favoreciendo a empresas del sector gasistas.

Junto al exministro, el juez y Anticorrupción investigan a antiguos colaboradores que pasaron por Hacienda y que operaron en el despacho que el ministro cofundó, primero bajo el nombre de Equipo Económico (EE) y que luego pasó a llamarse Global Afteli, que habría actuado como intermediario entre grandes empresas, especialmente del sector gasista, y el poder legislativo. Entre esos altos cargos del Ministerio durante la etapa Montoro, también imputados, están el exsecretario de Estado Miguel Ferré, y la exsubsecretaria Pilar Platero, así como los exdirectores generales de Tributos Diego Martín-Abril y José Alberto García.

Según describía ese auto por el que Rus imputaba formalmente al exministro, Montoro habría hecho “uso de las potestades que le corresponden en la iniciativa legislativa de su Ministerio” para así asegurar “una ganancia al despacho”. El juez considera que las empresas interesadas en reformas debían canalizar sus demandas a través del despacho del ministro, que habría cobrado a cambio de su influencia para llevarlas a cabo.

Siempre según esa resolución, las empresas gasistas englobadas en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (Afgim), que serían Air Liquide, Abello, Messer, Praxair y Carburos Metálicos, en al menos dos ocasiones, según las pesquisas, habrían contratado al despacho “a fin de que hiciese uso de su red de influencias” para impulsar las reformas legislativas pretendidas. La primera vez, para obtener una rebaja en el Impuesto Especial sobre la Electricidad.

La segunda vinculación contractual hace referencia a una rebaja fiscal a las gasistas. Así, reza el auto, “sólo con la intervención de EE, mediando pago, culminaron con éxito las reclamaciones de las gasísticas”, con una modificación legislativa. El juez indica que el pago realizado al despacho de Montoro “no obedecería a una prestación real, sino que encubriría una comisión para el ejercicio de su influencia”.

Así, durante el periodo 2011-2019, el despacho de Montoro recibió 779.705 euros de las gasísticas, aunque los informes técnicos, precisa la resolución, los elaboraba un tercero (EY), y que “en el mejor de los casos eran retocados por Equipo Económico”.

Para imputar al exministro de Hacienda, el instructor apunta que “presuntamente, haciendo uso de sus potestades en el cargo”, permitió a su despacho ofrecer a “sociedades de distintos sectores reformas que beneficiasen sus intereses económicos, en menoscabo del sector público”. Para ello da por constatado que nombró entre sus altos cargos a personas estrechamente vinculadas a su empresa, “lo que aseguraría la elaboración y tramitación de los anteproyectos de ley y reglamentos a 'demanda' de las mercantiles investigadas”.

El juez instructor del Tribunal Central de Instancia (Audiencia Nacional) Ismael Moreno ha acordado investigar también la adjudicación de las obras de desdoblamiento de los túneles de Belate, en el norte de Navarra, dentro de la causa por corrupción tiene abierta. Se trata de una contratación de 76 millones de euros que recayó en Acciona, lo local Osés y Servinabar 2000, la mercantil del empresario vasco Antxon Alonso y de la que aparentemente era copartícipe el exdirigente socialista Santos Cerdán. Esta última tenía un 15%.

El juez Moreno pidió la pasada semana a la UCO de la Guardia Civil, la Policía judicial, que le hiciese un reporte sobre la situación procesal de los túneles de Belate. El cuerpo, en un oficio, indica que en un informe de 2025 ya mencionó la cuestión e indica que reflejó “someramente” los “diferentes indicios” de estas obras con la etapa en el Ministerio de Fomento del ya condenado José Luis Ábalos o que el partido UPN, desde la oposición en Navarra, también había denunciado “irregularidades en el proceso licitador”.

Según la UCO, está pendiente un nuevo atestado con una “ampliación” sobre los datos relativos a estas obras. El instructor, en una providencia, ha acordado este lunes “integrar” esta adjudicación en el sumario y queda “a la espera” del informe. Solamente después de que entreguen el documento “se acordará lo procedente”.

Las obras de Belate se adjudicaron en 2023 y fueron las más cuantiosas de todas las adjudicaciones recibidas por Servinabar 2000 en Navarra. El Parlamento foral acaba de finalizar una comisión de investigación en el que la mayoría política descartó la existencia de corrupción. El dictamen aprobado por el foro presidido por Irati Jiménez, de EH Bildu, sí apuntó a “irregularidades y deficiencias procedimentales” en determinados expedientes. Por el contrario, los últimos informes de la Guardia Civil apuntan a que Servinabar 2000 fue empleada para recaudar comisiones ilegales y que Cerdán y su familia dispusieron de fondos de esta firma.

La comisión de investigación no vio “injerencia”

Desde el Gobierno navarro han expresado su “máximo respeto” a las actuaciones “judiciales y policiales” y también un “compromiso de total colaboración”. Añaden fuentes del Gobierno de María Chivite que el Ejecutivo “estudiará solicitar la personación ante la Audiencia Nacional, como ya se intentó ante el Tribunal Supremo con respuesta negativa, por si mediase daño patrimonial contra la Hacienda navarra”.

“En lo concerniente a la adjudicación de la obra de ampliación de los túneles de Belate, el Gobierno de Navarra recuerda que se trató de una adjudicación con reparo 'no suspensivo' de la Intervención delegada y que cuenta con el aval de la Intervención General en tanto que se abordó mediante una deliberación 'adecuada'. Además la Cámara de Comptos especificó que no medió 'responsabilidad contable ni de ninguna otra naturaleza', mientras que la comisión de investigación acometida en el Parlamento de Navarra descartó la existencia de presiones ni injerencias políticas”; sostienen fuentes del Gobierno.

El Tribunal Supremo ha acordado declarar amnistiados los actos por los que fueron condenados un total de ocho acusados de delitos de desobediencia o de desórdenes públicos en el marco del procés independentista en Cataluña. Es la primera vez que el Alto Tribunal aplica la norma después de que el Tribunal Constitucional en junio de 2025 la avalara por seis votos a favor de lamayoría progresista por cuatro en contra de la minoría conservadora.

Entre estos ocho, se encuentran los miembros de la Mesa del Parlament que en 2019 presidía el exconseller de ERC Roger Torrent y que fueron juzgados y absueltos por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Se les acusó de desobedecer al Tribunal Constitucional para permitir que la Cámara votara la reprobación de la monarquía y una moción en favor de la autodeterminación.

Esa sentencia, que fundamentó la absolución en que ambas resoluciones aprobadas por la Mesa y votadas por el Parlament en 2019 eran “meras proclamas políticas” y que no pretendían “materializar” la autodeterminación, fue recurrida en casación ante el Alto Tribunal. Ahora, la Sala de lo Penal indica que los hechos por los que fueron juzgados encajan en los supuestos incluidos en la ley de Amnistía. Por tanto declara amnistiados los actos protagonizados por los entonces diputados Josep Costa i Rosellló, Eusebi Campdepadrós i Pucurull , Adriana Delgado y Roger Torrent. Así, “se declara extinguida su eventual responsabilidad penal como consecuencia de los mismos”.

En total, el Supremo acuerda aplicar la amnistía a un total de ocho personas, todas acusadas de desobediencia y desórdenes públicos. Entre los afectados está Maties Secarrant, quien fuera alcalde de Sabadell, que fue condenado a una pena de multa y a la inhabilitación para cargo público por cuatro meses por auspiciar el uso de locales municipales para que la ciudadanía pudiera votar en el referéndum de independencia “con la firme voluntad de transgredir lo ordenado por el Tribunal Constitucional”.

Además de este alcalde, constan varias personas que fueron procesadas y condenadas por desórdenes públicos por participar en los altercados que se produjeron en diferentes localidades después de que se conociera la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del procés. La Sala entiende que aunque los hechos se produjeron tiempo después del proceso de autodeterminación catalán si encuentran encaje en la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez para la normalización de la convivencia.

“Actuaron en el contexto de un acto de protesta contra la sentencia núm. 459/2019 de 18 de octubre de 2019, dictada por esta Sala, en que se enjuiciaron, entre otros, hechos cometidos con ocasión de la consulta celebrada en Cataluña de 1 de octubre de 2017. Además, los hechos por los que se condenó, en la presente causa, tuvieron lugar la noche del 18 al 19 de octubre de 2019 y los hechos atribuidos a los condenados fueron calificados de desórdenes públicos”, explica una de las resoluciones.

Se trata de la primera vez que el Alto Tribunal aplica esta ley que borra delitos pasados y extingue la responsabilidad penal. Antes, en el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont y del exvicepresident Oriol Junqueras llegó a estudiar su aplicación pero concluyó que no era aplicable para los delitos de malversación. En los casos de este viernes, que comprenden delitos de desobediencia y desórdenes públicos, el Supremo entendía que si entraban dentro de la amnistía pero antes de aplicarla planteó una cuestión de inconstitucionalidad contra la ley. Cuestión que ya se resolvió por parte del Constitucional en junio de 2025.

Estos autos llegan después de que el pasado 16 de junio se conociera el aval europeo a la ley de amnistía. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respaldó la norma y descartó que contravenga la normativa comunitaria antiterrorista o que atente contra los intereses financieros de la Unión, tal y como consideraban dos juzgados españoles. El presidente del TJUE, el belga Koen Lenaerts, fue el encargado de l en castellano el fallo de la sentencia. El texto de la resolución remarca que un Estado Miembro de la UE puede aprobar una ley de amnistía “en aras de un objetivo de reconciliación nacional”, y la define como “un instrumento adecuado para apaciguar un conflicto político o social”.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha fijado un pleno para el próximo 22 de septiembre para resolver el primero de los recursos presentados por dirigentes independentistas contra la resolución del Tribunal Supremo que impidió la aplicación de la Ley de Amnistía a la cúpula del Gobierno catalán condenada por malversación de fondos públicos. El argumento del Supremo para negar la amnistía al expresidente Carles Puigdemont, o al exvicepresidente Oriol Junqueras, fue que se habían enriquecido patrimonialmente al ahorrarse de su bolsillo los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre pagados con fondos públicos de la Generalitat de Catalunya.

El juez José Luis Calama ha citado para lo días 7 y 8 de septiembre, a las 9 de la mañana, al presidente de Plus Ultra y al CEO de la compañía, Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, respectivamente, para que declaren después de haber entregado al magistrado un escrito de oferta de colaboración en el que señalaban a José Luis Rodríguez Zapatero en la cúspide de la trama para el rescate de la aerolínea. Por otra parte, el juez Calama ha rechazado la nulidad de las actuaciones que solicitaba la defensa del ex presidente del Gobierno.

El actual presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, remitió la semana pasada un escrito al juez de la Audiencia Nacional que investiga al expresidente del Gobierno en el que reconoce que ni él ni el entonces director financiero, Roberto Roselli, llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero –añade– lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añade.

En el mismo sentido, el escrito de Martínez Sola recogía que en enero de 2021 se adoptó la decisión de firmar un contrato con una sociedad denominada Idella Consulenza, de Julio Martínez -amigo y presunto testaferro de Zapatero-, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea. En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, se detalla que esa remuneración era del 1% más IVA de la financiación pública, lo que ascendería a aproximadamente 641.300 euros.

Según el relato de Martínez Sola, él mantuvo una llamada en 2020 con Zapatero “en la que le indicó que el interlocutor sería Julio Martínez Martínez”. Fue en el 30 de abril y el expresidente le llamaba desde un número oculto. El dirigente de la aerolínea le expuso la “difícil situación financiera en la que se encontraba y la necesidad de acceder a un crédito ICO” y Zapatero “manifestó que su intervención podría ser de ayuda y que haría las gestiones oportunas”. Explica el dirigente que también le indicó el expresidente que “de ahí en adelante las comunicaciones las mantendrían con una persona de su confianza, Julio Martínez Martínez” y resalta que en ese momento “no habló nada de honorarios, ni tampoco solicitó nada a cambio de sus gestiones”.

Martínez Martínez también presentó su propio escrito, el mismo día que Martínez Sola y Roselli, y en él también implica a Zapatero en todo el proceso de rescate de Plus Ultra. Julio Martínez fue citado para el pasado miércoles y durante su declaración no ofreció más detalles acerca de las gestiones que habría realizado Zapatero ni acerca de cuánto habriá cobrado por el rescate.

Rechazo al incidente de nulidad

En cuanto al incidente de nulidad presentado por la defensa de Zapatero, el magistrado Calama explica que las resoluciones que impugna el abogado fueron notificadas “formalmente”, por lo que no cabe incidente de nulidad. Esta vía “no puede convertirse en un mecanismo alternativo para revisar decisiones instructoras notificadas y recurribles”, ha afirmado. Un ejemplo, añade, es la entrada y registro en la oficina del expresidente, “a quien le fue notificado personalmente con carácter previo a su ejecución”.

Otras de las actuaciones no pudieron anunciarse con antelación pero la ley establece, recoge Calama, un plazo de 20 días para tener “acceso real y suficiente al contenido de la actuación”. “La consecuencia de formular el incidente fuera de ese plazo es su inadmisión”, añade.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó hace escasos días al juez que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero un análisis más exhaustivo de las joyas que fueron halladas el pasado 19 de mayo en la caja fuerte de su oficina. Considera que la primera tasación de Ansorena, que valoró el conjunto de lo encontrado en 1,3 millones de euros, puede no ser ajustada y quiere conocer cuándo fueron engarzadas las piezas más valiosas.

Según adelanta El Mundo, y ha confirmado en fuentes jurídicas elDiario.es, esta petición fue realizada por al magistrado José Luis Calama días antes de que se produjera la entrevista en TVE del expresidente de este pasado jueves. Entonces, sostuvo sin entrar en lo mollar, que es conocer el origen de las mismas, que fueron “un regalo de cortesía personal de hace muchos años” y que “ni tenían uso ni destino” ni “afán patrimonial”. “Estaban con las joyas de nuestras familias”, añadió.

Calama acordó ampliar las pesquisas abiertas contra el expresidente, investigado por presuntamente liderar una trama dedicada al tráfico de influencias, para imputarle los delitos de contrabando y contra Hacienda Pública, tras el hallazgo de esas joyas.

La fiscal Elena Lorente quiere conocer ahora el valor actual de mercado de las joyas al entender que la primera valoración de la casa de subastas Ansorena era preliminar. También quiere conocer cuándo se engarzaron.

El peritaje de las joyas incautadas en la oficina al expresidente del Gobierno señalaba que había un grupo de las mismas que tenían gran valor –la más cotizada es un collar de 278.000 euros– y otras a las que los expertos de Ansorena no ponen precio por tratarse de “bisutería”. La pieza más preciada es un collar en oro blanco de 18 quilates “cuajado de diamantes” y dos esmeraldas naturales cuyo origen es Zambia.

En el segundo puesto se sitúa otro collar, también de oro blanco de 18 quilates y que en este caso va decorado con diamantes de origen tailandés. El precio establecido por los tasadores es de 220.000 euros. Otro collar de similares características pero con rubíes es tasado en 155.000 euros.

Una tercera pieza supera los 100.000 euros. Es un collar, también de oro blanco de 18 quilates, que lleva brillantes y que está tasado en 155.000 euros. A partir de ahí hay varias piezas por debajo de los 100.000 euros. Son pulseras de oro blanco. Una de ellas con rubíes (72.000), otra pulsera con esmeraldas (95.000) y una tercera con zafiros tailandeses (80.000 euros). También hay sortijas y pendientes que rondan ese valor, hasta descender a los 12.000 euros.

“Certificado de estar al corriente en las obligaciones de Seguridad Social”. Así arranca este documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, que fue expedido el 20 de agosto de 2020 para la compañía Plus Ultra Líneas Aéreas SA y que lleva la firma de Belén Fluiters, la jefa de Sección en la Subdirección Provincial de Gestión Recaudatoria de la Tesorería General de la Seguridad Social.

En el mismo se detalla que la compañía “no tiene pendiente de ingreso ninguna reclamación por deudas ya vencidas con la Seguridad Social” y subraya que “se hace constar que a fecha 31 de diciembre de 2019 la empresa se encontraba al corriente en sus obligaciones con la Seguridad Social”. Esto es relevante porque una de las obligaciones que se impuso por parte del Estado a las empresas que pretendían acceder a un rescate público era precisamente estar al corriente con la Seguridad Social. Plus Ultra presentó su solicitud el 1 de septiembre de 2020, 11 días después de la fecha del certificado.

En la causa que afecta a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional se investiga si el expresidente del Gobierno pudo mediar de manera ilícita en ese rescate, lo que podría haber pasado por gestiones ante la Seguridad Social. Se recoge como indicio una reunión que mantuvo el 7 de septiembre de 2020 con el entonces titular del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones José Luis Escrivá. Esa reunión, que sí tuvo lugar según han reconocido ambos, se produce 18 días después de que la aerolínea obtuviera el certificado de la Seguridad Social.

La línea temporal queda clara: el 20 de agosto se expide este certificado de estar al día con la Seguridad Social; el 1 de septiembre -11 días después- la aerolínea presenta la documentación necesaria de manera oficial para optar a esa financiación pública que ascendió a 53 millones de euros; el 7 de septiembre se produce esa reunión entre Zapatero y Escrivá; el 10 de septiembre la SEPI pide a Plus Ultra algunas aclaraciones y subsanaciones sobre la documentación presentada.

Sobre ese encuentro, Escrivá, ahora gobernador de Banco de España, explicó el pasado mes de junio que esa reunión fue en realidad un desayuno sin vinculación con el rescate de la aerolínea. “El 7 de septiembre de 2020 me reuní con Zapatero. Me he reunido con los presidentes del Gobierno. Queríamos aprobar con el máximo consenso el acuerdo de pensiones del Pacto de Toledo”, respondió a preguntas de la diputada del PP María Pilar Alía en una comparecencia en el Congreso. “Quería acceder, a través de Zapatero, a toda una parte de la izquierda parlamentaria. Nos entregamos el móvil y el WhatsApp, esa fue la única razón. Usted establece una conexión con algo que es falso”, recalcó.

En esa comparecencia, Escrivá dio otra de las claves sobre ese certificado emitido por la Seguridad Social: “Se exigía a las empresas que acudieron al fondo (para el rescate) estar al día con la Seguridad Social, que es compatible con tener deudas aplazadas con la Seguridad Social”. “Plus Ultra pidió aplazamientos, se resolvieron en tres meses, está en los periodos medios”, añadió.

En la entrevista que concedió a RTVE el expresidente, volvió a salir ese encuentro, y Zapatero fue tajante al indicar que no se reunió ese 7 de septiembre con Escrivá para atar el rescate: “Esa es otra de las locuras que han circulado por ahí, y quien lo insinúa lo tiene que probar (...) porque llega un momento en el que estamos ante la prueba diabólica”.

La visión de Calama

La UDEF, así lo recoge el juez Calama, sostiene que la aerolínea en realidad no aportó uno sino dos certificados ese 20 de agosto, y añade que la Tesorería General a requerimiento judicial informó de que existía “deuda vigente”. Algo que, como señaló Escrivá, no era impedimento para obtener el certificado. Pero la Policía subraya que ha detectado “indicios de que Plus Ultra habría aportado datos falsos, alterando la identidad del verdadero titular de una deuda pendiente para facilitar la obtención de la ayuda”.

Destaca además que ese 1 de septiembre, a la par que se entregaba a la SEPI la documentación, Julio Martínez Martínez -amigo de Zapatero y asesor a sueldo de Plus Ultra- remitió a Roberto Roselli -director financiero de la aerolínea- el contacto de Cristóbal Cano. Roselli, según recoge el atestado policial “confundió” a Cano con un funcionario de la SEPI, pero 'Julito' le aclaró que era su responsable de facturación.

El propio juez, en su auto, habla de que a pesar de ese certificado, “la información obtenida a tenor de un requerimiento judicial dirigido a la Seguridad Social existía una deuda”. Detallaba que Deloitte en el informe técnico elaborado por el asesor externo contratado por la SEPI para la concesión de la ayuda pública indicaba que la aerolínea tenía una deuda que ascendía a 451.954 euros y comprendía un periodo desde el mes de julio de 2017 hasta el mes de mayo de 2020.

Esa deuda, indicaba la consultora, fue objeto de varios aplazamientos. El primero se solicitó con fecha de 30 de agosto de 2017 y ascendía a un total de 136.505,94 euros. Posteriormente, se solicitó reconsiderar el aplazamiento para incluir la deuda generada en el periodo de febrero de 2020 y que ascendía a un importe de 237.084 euros. Ese nuevo aplazamiento fue otorgado en abril de 2020 y la deuda total aplazada ascendió a 308.475 euros. Por último, según Deloitte, el 29 de junio de 2020 se solicitó una segunda reconsideración del aplazamiento para incluir la deuda de mayo de 2020, que ascendía a 200.878 euros. En este caso, la Seguridad Social concedió con fecha de 5 de octubre de 2020 ese nuevo aplazamiento que englobaba ya la deuda contraída por la compañía durante el periodo comprendido entre el mes de julio de 2017 y mayo de 2020: el importe ascendía a 451.954 euros.

Fuentes del Gobierno consultadas por elDiario.es ya señalaron en mayo de este año en realidad la compañía sí se hallaba al corriente a 31 de diciembre de 2019 en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social. Y que el concepto de “estar al corriente de las obligaciones” se produce tanto en el supuesto de que estén las deudas pagadas como en el supuesto de que hayan sido aplazadas, fraccionadas o suspendidas. Resaltaban así que no es incompatible estar al corriente de las obligaciones con el hecho de que exista una deuda aplazada, que es lo que certificó la administración. Asimismo, aclaraban que aplazar una deuda con la Seguridad Social es algo habitual y prácticamente un automatismo.

Por otro lado, el juez, basándose en el informe pericial de Deloitte, sostiene que la compañía Plus Ultra no cumplía con otra condición establecida para ser rescatada, referida a si la sociedad se encontraba o no en “situación de crisis” a fecha de 31 de diciembre de 2019. El informe señalaba que, a pesar de que la ayuda se justificó alegando que la empresa era estratégica y no estaba en crisis antes de la pandemia, el análisis determinó que ya llevaba un año en causa de disolución, con insolvencia y sin liquidez suficiente para operar.

En este sentido, considera el juez que los informes presentados por los asesores externos contratados por la SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, a pesar de que una auditoría señalaba dudas sobre la capacidad de la aerolínea para seguir funcionando y advertía de problemas graves de caja. Para evitar que las cuentas reflejaran pérdidas que obligaran a la disolución, la empresa habría recurrido a diversas herramientas contables, como un supuesto préstamo participativo del grupo panameño Panacorp, provisiones ajustadas y un canje de bonistas mediante el embargo de un avión. Todo esto permitía “maquillar la situación patrimonial y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo”.

La defensa de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, ha presentado un escrito en el que denuncia que el juez Juan Carlos Peinado retrasa la entrega del pasaporte a la investigada, negándose a cumplir la orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que anuló las medidas cautelares impuesta por el instructor contra los tres imputados. “Supone, de facto, mantener una restricción sobre un derecho fundamental (libertad de circulación) sin título cautelar vigente que lo ampare, lo cual, realizado a sabiendas, reviste extrema gravedad”, recoge el escrito, adelantado por la cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es.

El abogado José María de Pablo expone que el juez Peinado ha dictado una providencia –resolución sin razonamiento– por la que retrasa la entrega del pasaporte y que lo hace “extralimitándose en el ejercicio de sus funciones, invadiendo competencias que el legislador ha atribuido de forma exclusiva al Letrado de Administración de Justicia”, el anterior secretario judicial encargado de las cuestiones de procedimiento en el juzgado.

La defensa de Álvarez explica que una vez la instancia superior a Peinado ha anulado las medidas cautelares impuestas, como la retirada del pasaporte, la devolución del mismo debe ser inmediata, sin necesidad de que el juez haga uso de su potestad jurisdiccional. Sin embargo, Peinado dictó una providencia solo para adelantar que tomaría una decisión al respecto. “El alzamiento de la medida cautelar ya ha sido acordado por resolución judicial, por lo que la decisión jurisdiccional está adoptada y agotada”, añade.

La actuación dilatoria del juez en este sentido contrasta con las medidas que adopta para que Begoña Gómez y Cristina Álvarez se sienten cuanto antes ante un Tribunal del Jurado. El pasado 20 de julio, el magistrado concedió cinco días a las partes para presentar sus escritos de acusación y defensa una vez la Audiencia Provincial avaló que ambas sean juzgadas por nueve ciudadanos por malversación y tráfico de influencias.

El abogado de Cristina Álvarez solicita a Peinado que anule su providencia y ordene al Letrado de la Administración de Justicia para que, “en el ejercicio de sus competencias, proceda a la entrega inmediata del pasaporte”.