Los tres magistrados de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional han acordado finalmente este jueves no suspender cautelarmente la instalación y puesta en funcionamiento del campamento con el que el Gobierno busca acoger a los migrantes que llegaron a la Ciudad Autónoma de Ceuta los días 30 y 31 de julio en la entrada masiva desde Marruecos.

En su auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, deniegan así la pretensión del Sindicato Unificado de Policía (SUP) que en su recurso solicitaba la medida cautelarísima -sin escuchar alegaciones del Ejecutivo- de paralizar la instalación de carpas en el Puerto de Ceuta, dependiente del Ministerio de Transportes, hasta que se acrediten las condiciones de compatibilidad portuaria, protección, emergencias y prevención de riesgos laborales.

La Audiencia Nacional explica ahora en la resolución que, sin entrar en cuestiones de fondo, “no está justificada la adopción de la medida solicitada” de paralizar el funcionamiento del campamento porque la resolución de Transportes que habilitaba ese espacio era básicamente “una autorización temporal para ocupar una superficie de 16.000 metros cuadrados de dominio público” que previamente había solicitado la Secretaría de Estado de Migraciones.

Añade que la documentación que han revisado enviada por Transportes explica que esa instalación temporal busca el desarrollo de las funciones atribuidas a la Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional y subraya que en la resolución “no se hace pronunciamiento alguno sobre las concretas condiciones en que se va a prestar la atención humanitaria ni sobre las condiciones de prestación de servicios por parte de los agentes policiales”.

Al respecto, los magistrados indican que lo único que expone en su decisión el Ministerio de Transportes es que se aprecian “razones de interés general que justifican el otorgamiento de la autorización solicitada” y que se añade que se da la autorización sin perjuicio de la adopción de las medidas necesarias para garantizar su compatibilidad con la seguridad, protección y normal explotación del puerto“.

La Audiencia Nacional indica que el ministerio dirigido por Óscar Puente señalaba también en su resolución que se solicitaría al Ministerio del Interior “su colaboración activa y aportación de medios necesarios para reforzar la seguridad”. Así, los magistrados entienden que será Interior quien determine “esas condiciones de seguridad para los agentes que presten servicio en las instalaciones y para los propios migrantes y demás personal allí destinado”.

El freno a los trabajos del miércoles

Previa a esta decisión, los magistrados habían acordado este miércoles frenar de manera momentánea el campamento porque necesitaban que el ministerio les entregara el expediente de creación del asentamiento antes de decidir sobre la paralización. El Ejecutivo entregó esa documentación ese mismo día.

La previsión del Gobierno era que a mitad de esta semana estuvieran por fin disponibles esos emplazamientos del Puerto, un lugar con capacidad para 1.700 personas que supondría un alivio, principalmente, para la playa de El Trampolín, donde miles de personas permanecen en asentamientos improvisados. El Gobierno preveía trasladar este mismo jueves por la mañana a los primeros 800 de la playa a las nuevas carpas, planificación que a partir de ahora sí se puede poner en marcha.

El SUP interpuso ese recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Transportes que permite utilizar aproximadamente 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida. En su recurso, el sindicato abogaba por alternativas de acogida que redujeran la presión sobre la ciudad, “como la utilización temporal de un buque-hotel, frente a soluciones improvisadas en ubicaciones que pueden generar nuevos problemas de seguridad”.

El SUP aludía a los recientes incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta al entender que evidencian la necesidad de evaluar previamente los riesgos de incendio, evacuación y actuación ante una emergencia, tanto para las personas acogidas y los usuarios y trabajadores del puerto como para los policías que tendrán que intervenir.

Otro golpe de la justicia a la acción del Ejecutivo. A solo unas horas de que arrancara el delicadísimo operativo para trasladar a un millar de migrantes desde la playa de El Trampolín a las nuevas plazas de acogida temporal en el Puerto, todo saltó por los aires. La Audiencia Nacional ordenó paralizar momentáneamente el nuevo campamento. Lo hizo en atención al recurso contencioso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), en el que solicitaban esa medida cautelarísima -sin escuchar al Ejecutivo- y pedían dejar en suspenso la habilitación de ese espacio. Y lo hizo este miércoles por la tarde, casi a la misma hora en que concluían los trabajos de acondicionamiento de las carpas y con el Gobierno volcado en el inminente dispositivo de acogida.

La noticia, de hecho, cayó como una bomba en el seno del Gobierno y pilló por sorpresa al conjunto de equipos ministeriales implicados en el operativo y también a la propia Moncloa. “El Gobierno no puede ocultar su perplejidad ante una decisión que frena una solución operativa inmediata sobre el terreno. La medida paraliza un operativo logístico que estaba listo para ejecutarse de forma inminente, que iba a permitir alojar en total a 1.700 personas, diseñado con criterios estrictamente humanitarios y de orden público”, reaccionó el Ejecutivo.

El plan era que los primeros migrantes procedentes de El Trampolín pudieran ser acogidos en las carpas del Puerto de manera inminente, seguramente ya este mismo jueves y después de que finalizaran los últimos trabajos de preparación con la instalación de una bomba de agua a última hora de este miércoles. Pero la decisión judicial desbarató esos planes y paralizó el operativo.

“Los terrenos del Puerto son los más idóneos y cuentan con todas las garantías de seguridad para llevar a cabo el operativo. El Ejecutivo es plenamente consciente de que esta crisis es compleja, pero la complejidad no puede traducirse en inacción o parálisis institucional. Sacar a estos migrantes de las calles de Ceuta es una prioridad, garantizándoles condiciones dignas de acogida en infraestructuras adecuadas. Es la principal demanda de los ceutíes y del Gobierno de Ceuta”, trasladó a última hora del día la Moncloa en un comunicado.

Lo que apuntan los magistrados de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional es que, hasta que el Ministerio de Transportes no le entregue el expediente sobre la creación de ese asentamiento, para lo que le da hasta “las 12 del día de hoy” (por el miércoles), deja en suspenso la orden ministerial que habilitaba ese espacio. Y lo que exige ahora el Gobierno es que esa acción de la justicia no condene a Ceuta a la parálisis. “Ceuta no puede esperar. Desde el Gobierno pedimos agilidad y deseamos que se actúe de forma inmediata para aportar soluciones a esta situación sobrevenida”.

En un sector del Gobierno, ya abiertamente enfrentado al Poder Judicial por el reciente bloqueo también del derecho al voto que recoge la conocida como ley de nietos, el paso de la Audiencia Nacional es recibido como “un ataque más” de la judicatura a la acción política del Ejecutivo.

Choque con la ciudad autónoma

La polémica por el emplazamiento del Puerto de Ceuta para la instalación de plazas de acogida viene de largo. Ante la urgencia de habilitar espacios en la ciudad autónoma para sacar de las calles a miles de migrantes y poder empezar sus procedimientos administrativos de asilo o expulsión, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, decidió el pasado 5 de septiembre tomar el control de la autoridad portuaria para sortear los impedimentos del Gobierno del PP de Juan Jesús Vivas.

En una orden firmada al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado, Transportes autorizó al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a instalar carpas para acoger a más de un millar de personas migrantes a pesar de la oposición de la Autoridad Portuaria, dependiente del gobierno autónomo ceutí. Una orden que permitía continuar con los trabajos de instalación de carpas temporales frenada anteriormente por responsables del Puerto de Ceuta. Y además, se autorizaba a la Secretaría de Estado de Migraciones a la utilización temporal de esta superficie de 16.000 metros cuadrados.

La decisión unilateral de Transportes llegó pocas horas después de que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta votase en contra de ceder unos terrenos que habían sido pactados previamente entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y el de Juan Jesús Vivas. Pero entonces llegó la denuncia del Sindicato Unificado de Policía que ha desembocado en la paralización cautelar de ese emplazamiento. Una decisión de la Audiencia Nacional que, por el momento, desbarata por completo los planes del Ejecutivo de sacar a más de mil personas de la playa del Trampolín en las próximas horas.

A medianoche de este miércoles, todos los equipos ministeriales implicados en el operativo continuaban a la espera de novedades desde la Audiencia Nacional para volver a reactivar “de manera inmediata” un plan, por ahora, frustrado.

La Audiencia Nacional ha acordado este miércoles paralizar momentáneamente el campamento instalado en el Puerto de Ceuta para acoger y atender a los migrantes que llegaron a la ciudad autónoma a finales de julio en la entrada masiva.

La resolución señala que, a raíz del recurso presentado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) —donde se solicitaba la paralización cautelarísima, sin escuchar al Ejecutivo—, se deja en suspenso la orden ministerial que habilitaba dicho espacio. Esta medida se mantendrá hasta que el Ministerio de Transportes entregue el expediente de creación del asentamiento, para lo cual tiene de plazo hasta “las 12 del día de hoy”, en alusión a la medianoche miércoles.

En una providencia adelantada por El Español y a la que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados de la Sección 8 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo resaltan que antes de resolver sobre la medida cautelar del sindicato, esto es la paralización inmediata del campamento, deben requerir al Ministerio de Transportes “con la mayor urgencia” y por vía telemática la resolución u orden que habilitaba ese espacio del puerto para los migrantes habida cuenta que no consta en el BOE. “Hasta tanto se resuelva la presente medida cautelar urgente, no se puede ejecutar la resolución u orden referidas”, asevera.

La previsión del Gobierno era que a mitad de esta semana estuvieran por fin disponibles esos emplazamientos del Puerto, un lugar con capacidad para 1.700 personas que supondría un alivio, principalmente, para la playa de El Trampolín, donde miles de personas permanecen en asentamientos improvisados. El Gobierno pretendía trasladar este mismo jueves por la mañana a los primeros 800 de la playa a las nuevas carpas.

El SUP interpuso ese recurso contencioso-administrativo contra la resolución del Ministerio de Transportes que permite utilizar aproximadamente 16.000 metros cuadrados del Puerto de Ceuta para instalar un dispositivo temporal de acogida con capacidad para cerca de 1.000 personas.

En su recurso, el sindicato abogaba por alternativas de acogida que reduzcan la presión sobre la ciudad, “como la utilización temporal de un buque-hotel, frente a soluciones improvisadas en ubicaciones que pueden generar nuevos problemas de seguridad”.

El SUP aludía a los recientes incendios registrados en distintos asentamientos de Ceuta al entender que evidencian la necesidad de evaluar previamente los riesgos de incendio, evacuación y actuación ante una emergencia, tanto para las personas acogidas y los usuarios y trabajadores del puerto como para los policías que tendrán que intervenir.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado citar como testigos tanto al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, como al ex jefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz en el marco de la investigación abierta por la entrada masiva de migrantes en esa ciudad los días 30 y 31 de julio.

Además, la magistrada ha solicitado a diferentes organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos que hubieran emitido en relación con los hechos, los destinatarios de los mismos y el medio utilizado para su comunicación y difusión, con expresión de la fecha y hora en que tuvieron lugar. “Resulta de particular relevancia la diligencia que tiene como finalidad reconstruir el flujo de información previo a los hechos y determinar las actuaciones desarrolladas en respuesta al riesgo detectado”, explica.

Entre esos organismos incluye a la Delegación del Gobierno en Ceuta y al Ministerio del Interior: quiere que aporten “todas las alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa relacionada con el riesgo de entrada masiva” y que detallen que respuesta se dio.

Por otro lado, la jueza, en su auto, atiende a la práctica totalidad de la batería de diligencias que ha solicitado recientemente en un informe el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso. Las considera necesarias para el esclarecimiento de los hechos y para arrojar luz sobre quién está detrás de esa entrada masiva de migrantes. Así, explica que con la finalidad de identificar el origen de la convocatoria, reconstruir el proceso de difusión y coordinación y determinar la existencia de una dirección organizada de la movilización, se reclama al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) que aporte su informe íntegro sobre la organización digital de esa entrada con una relación completa de números telefónicos detectados como administradores, dinamizadores, difusores o participantes relevantes.

También quiere la geolocalización y la identificación de los perfiles usados de Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, Telegram y cualquier otra plataforma analizada. En este sentido, ya adelanta que será necesario emitir las pertinentes comisiones rogatorias internaciones y las órdenes europeas de investigación a las propietarias de esos datos sensibles y personales: “Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital identificada durante la investigación”. Quiere dar así con los números de teléfono usados, los canales, su contenido y los perfiles utilizados entre el 1 de julio y el 15 de agosto de 2026. Para esas indagaciones concretas acuerda formar una pieza separada tecnológica que mantendrá bajo secreto.

Tardón, también quiere dar con los agentes dinamizadores que sobre el terreno pudieron alentar la entrada de migrantes en Ceuta, tal y como destacaba el informe del Cenif. Así, pide a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Comisaría General de Policía Judicial que procedan “al análisis biométrico y reconocimiento facial de todas las personas identificadas en las fichas de agentes dinamizadores”. Quiere un informe individual de cada uno de los sujetos identificado. Esta diligencia se la remite, también, al CNI, al Cenif y a la Policía Científica por si pueden ayudar a la detección con sus bases de datos.

Por otro lado, sobre los uniformados que aparecen en las fotografías anexadas al informe principal de la Cenif, Tardón quiere conocer también sus identidades, el cuerpo concreto al que pertenecen, su unidad operativa, su graduación, las funciones desarrolladas y la actuación observada en cada uno de los episodios documentados. Quiere conocer, en lo posible, la cadena de mando operativa de las fuerzas marroquíes que estaba presente en la zona de Fnideq-Castillejos durante los días 29, 30 y 31 de julio de 2026.

El brazo financiero de la operación

Tanto Alonso como la jueza ven conveniente también que la UDEF elabore un informe financiero y patrimonial sobre la posible financiación de la movilización investigada. A su juicio, ese documento debe analizar los movimientos económicos relevantes detectados en la zona, la utilización de sistemas informales de transferencia de fondos (como el sistema hawala, habitual en financiación de terrorismo yihadista), la contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria para la movilización masiva investigada.

Y considera también necesario la elaboración de un informe relativo “a los traslados irregulares de inmigrantes desde Ceuta a la Península efectuados con posterioridad a los hechos investigados”. Quiere tener sobre su mesa la identificación de las embarcaciones utilizadas, los propietarios, patrones, y financiadores, las rutas empleadas y las personas beneficiadas por dichos traslados. Quiere también tener identificados los inmuebles, locales, garajes y viviendas utilizados como lugares de “alojamiento, ocultación o tránsito” de migrantes.

La magistrada, con el objetivo de dar con los planificadores de esa entrada masiva, acuerda que la Comisaría General de Información, la Jefatura de Información de la Guardia Civil, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cnif) emitan un informe en el que que arrojen luz sobre “qué personas, grupos u organizaciones pudieran disponer de capacidad real para planificar y coordinar una movilización de las dimensiones investigadas, quiénes pudieron diseñar la operación, qué vínculos pudieran existir entre los diferentes niveles de actuación”. Quiere que ese informe se extienda en analizar “las similitudes existentes entre los acontecimientos ocurridos en Ceuta con otras entradas masivas, saltos o avalanchas acaecidos en los años 2021, 2024 y 2026, así como los vínculos que pudieran existir entre ellos”.

Sobre la petición de la Fiscalía de que se cite a otros “responsables y mandos operativos”, la magistrada entiende que ese testimonio puede resultar más útil y esclarecedor una vez se disponga de los informes que ha solicitado. Por eso, solo acuerda citar como testigos a Vivas para el 30 de septiembre y al ex jefe de Gabinete para el 1 de octubre. El mismo día 1 de octubre acuerda tomar declaración también como testigo al jefe de la Policía Local de Ceuta.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es destacan que en el informe presentado por el Ministerio Público en ningún momento se incluía la petición de la testifical de Vivas o del ex jefe de Gabinete, por lo que Tardón ha adoptado esta decisión sin contar previamente con el criterio del fiscal jefe Jesús Alonso.

Silvia Rojas, la fiscal de Ceuta asignada a la causa abierta en esa ciudad autónoma para investigar los fallecimientos de migrantes durante la entrada masiva del pasado 30 julio emitió un informe el pasado 9 de septiembre en el que apoyaba que el asunto recayera en la Audiencia Nacional. En ese escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal se muestra favorable a que se investigue la conducta en esos días críticos del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, para conocer la información de la que disponían las autoridades españolas y las medidas que se adoptaron. Cree que se debe indagar en “la relación causal” que puede haber “entre tales decisiones u omisiones y los fallecimientos, lesiones u otros resultados investigados”.

La fiscal considera que la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón y el fiscal jefe de ese tribunal especial, Jesús Alonso, deben poner el foco no solo en quién está detrás de que se produjera esa entrada masiva de migrantes (la cifra que se baraja es de 80.000 personas) sino también en la conducta del delegado del Gobierno. En concreto, cree necesario conocer “las previsiones y medidas adoptadas antes de la llegada de las personas a la costa de Ceuta, la organización de los dispositivos de vigilancia, contención, auxilio y recepción, las órdenes, instrucciones o decisiones impartidas por las autoridades competentes”.

Para la fiscal, las diligencias abiertas en Ceuta relativas a los fallecimientos producidos durante la travesía a nado desde la playa de Fnideq hasta la de El Tarajal “no pueden valorarse de manera completamente desvinculada de la investigación sobre la organización, convocatoria y ejecución del flujo masivo de personas”. Explica que determinar las circunstancias de tales fallecimientos “puede exigir esclarecer, entre otros extremos, cómo se produjo la movilización, quiénes la promovieron o facilitaron, qué instrucciones se impartieron, qué medios se utilizaron y cuál fue la incidencia de las actuaciones desarrolladas en el territorio español”.

Entiende así que todo tiene una relación directa con el objeto de la investigación asumida por Tardón y, tras citar el auto por el que la magistrada asumía la competencia, explica que la investigación “no se limita a los actos de convocatoria o planificación desarrollados fuera de España, sino que comprende también las actuaciones realizadas en territorio español y las conductas relacionadas con el desarrollo y las consecuencias de la entrada masiva”.

“Por ello, las denuncias presentadas en las presentes Diligencias Previas no se limitan a poner en conocimiento hechos aislados relacionados con la entrada masiva de personas a nado, sino que se refieren también a la conducta, intervención y eventual responsabilidad del Sr. Miguel Ángel Pérez Triano, delegado del Gobierno en Ceuta, en relación con las decisiones adoptadas, las instrucciones impartidas, la organización de los dispositivos de seguridad y recepción, la gestión de la situación creada y la eventual omisión de medidas que pudieran haber resultado necesarias para prevenir o evitar el resultado lesivo”, abunda.

La fiscal considera que esas decisiones u omisiones producidas en Ceuta por Delegación del Gobierno “pudieron incidir en el desarrollo de los acontecimientos, en la exposición al riesgo de las personas que accedieron a nado y en la producción o agravación de los resultados lesivos”. “La actuación de las autoridades españolas, incluida la del delegado del Gobierno, forma parte de la respuesta institucional a ese mismo acontecimiento y puede resultar relevante para determinar si el riesgo era conocido, previsible, evitable o susceptible de agravación”, señala en los razonamientos jurídicos.

Entre los documentos desclasificados por el Gobierno sobre la crisis de Ceuta existe una comunicación vía mensajería entre el CNI y la Delegación del Gobierno en la que se alertaba el 29 de julio de una convocatoria por redes sociales para una entrada masiva. “En RRSS hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana las 20h. Aprovechando fiesta del trono y q [sic] sus FCS estarán liados. Hay dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores”, explicaba un agente del CNI al Gabinete de la Delegación en una sucesión de tres mensajes.

A los dos días de que trascendieran esos mensajes, Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta presentó su dimisión. Según los documentos secretos desclasificados Sanz fue quien recibió esos mensajes de WhatsApp de un miembro del CNI.

Fue el pasado 7 de septiembre cuando la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón acordó aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trata de un ataque contra la integridad territorial de España y afecta a la paz o independencia del Estado.

Tardón señalaba que, a tenor de lo recogido por el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), es evidente que se está “ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea, sino de un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores”.

Precisamente, este martes se conoció que el juzgado de Ceuta acordaba inhibirse de la causa que investiga la actuación del delegado del Gobierno en relación con la entrada de migrantes de los días 30 y 31 de julio, y remitir las actuaciones a la Audiencia Nacional, que instruye la investigación principal sobre estos hechos.

Manuel Cobo, quien fuera vicealcalde madrileño y que también fue consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid en época de Alberto Ruiz-Gallardón, ha denunciado este martes ante el tribunal de la Audiencia Nacional que la pieza separada del caso Lezo que se juzga, la adquisición por parte del Canal de Isabel II en 2001 de la empresa colombiana de aguas Inassa, nació de una “operación política” orquestada por fuego amigo. Ha señalado, en concreto, a quien fuera vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y al exministro 'popular' Eduardo Zaplana.

“Creo que es la causa de que estemos hoy aquí”, ha señalado a preguntas de una de las defensas. En concreto, se ha referido a una conversacion mantenida entre ambos exdirigentes del PP “en la que sabiendo que estaban siendo grabados por la UCO” hicieron referencia a un “pelotazo que dio Gallardón”.

El expolítico ha añadido a esto que después de cuatro años de que se aprobara esa operación de compra de la empresa de aguas que operaba en Barranquilla (Colombia), Ignacio González -siendo ya presidenta Esperanza Aguirre- encargó informes a la consultora Cuatre Casas en los que se “empeoraba la valoración” de esa adquisición.

Al hilo, ha recordado que se encontró una copia de uno de esos informes en el que se incluían aspectos a corregir del mismo para que la operación pareciera “muy negativa”. “Hay una operación política de alguien que actúa difamando y presuntamente delinquiendo contra un compañero de su partido que era Alberto Ruiz-Gallardón”, ha lamentado, para apuntar acto seguido tanto a González como a Ildefonso de Miguel, el que entonces era gerente del Canal de Isabel II.

Cabe recordar que la Fiscalía Anticorrupción acusa por malversación a todos los miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II que aprobaron en su día la operación. Entre ellos estaban dos consejeros del Gobierno regional presidido por Ruiz-Gallardón -Juan Bravo y Pedro Calvo-, pero también había sindicalistas, representantes de la oposición y de los municipios madrileños.

El Canal de Isabel II, propiedad de la Comunidad de Madrid, adquirió en 2001 por 73 millones de dólares el 75% de las acciones de Inassa, una empresa colombiana de aguas que atesoraba una concesión importante en el municipio de Barranquilla. La Fiscalía detectó que en la compra se interpuso una sociedad panameña -paraíso fiscal- y que hubo un “sobreprecio injustificado” de entre 19 y 29 millones de euros que fue en menoscabo de la protección de los intereses públicos en beneficio exclusivo de terceros.

Gallardón: “Fue aprobado por el mercado”

Sobre la operación también ha declarado este martes Ruiz-Gallardón, quien al igual que Cobo, constó como imputado en este asunto al inicio de la instrucción del juez Manuel García Castellón. A preguntas de la Fiscalía y del resto de partes ha explicado que él tuvo conocimiento de esa adquisición cuando la aprobación llegó al Consejo de Gobierno en 2001, y que fue uno más, sin especial relevancia, de los 96 puntos que llevaban en el orden del día. Además, ha resaltado que no era cometido de su Ejecutivo fiscalizar las operaciones de las empresas públicas, ya que eso correspondía tanto a la Camara de Cuentas como al Tribunal de Cuentas , y que a él nada le hizo dudar de que esa operación tuviera alguna tacha.

De hecho, ha recordado que en el órgano decisorio del Canal de Isabel II había consejeros, representantes del ayuntamiento, sindicatos, la Confederación Hidrográfica del Tajo y hasta un expresidente del Canal que había sido consejero con el socialista Joaquín Leguina: “Con ese elenco de pluralidad y profesionalidad no tuve ninguna duda, no había tacha previa de ilegalidad o de ineficiencia”.

Por otro lado, sobre el hecho de que la compra incluyera un activo (la mercantil Watco) del que no se había informado o que no estaba incluido en la documentación elevada al Consejo de Gobierno, Gallardón ha señalado que tuvo conocimiento de ese extremo a raíz del sumario judicial, pero ha matizado que también pudo saber que no supuso un sobreprecio a la operación. Además, ha explicado que en el tráfico mercantil la adquisición de activos a través de vehículos es algo “habitual” y carece de trascendencia “porque en ningún momento hubo ocultación”.

Tras esto, y a preguntas de la letrada del PSOE, quien también fuera alcalde de Madrid ha lanzado un capote a quienes fueron sus exconsejeros Bravo y Calvo al señalar que los informes elevados al Ejecutivo no eran elaborados por ellos personalmente, sino por técnicos por lo que ellos simplemente trasladaban los mismos.

Gallardón ha recordado, por otro lado, que la operación “fue aprobada por el mercado” porque fue “rentable” y ha resaltado que no supuso ningún perjuicio patrimonial para la Comunidad de Madrid ni para el Canal de Isabel II que “siguió prestando un servicio modélico”. Al hilo, ha recordado que todas las extensiones -de ese ente- “jamás han perjudicado al servicio público en la Comunidad de Madrid”. Y ha recordado que ya en el siglo XIX el Canal prestó ayuda al Servicio de Agua de Santiago de Cuba cuando era provincia de España.

Por su parte, Luis Peral Guerra, quien fuera consejero de Trabajo de la Comunidad de Madrid y que ha declarado como testigo, ha indicado a preguntas de la fiscal del caso que esa compra del Canal llegó como una operación cerrada y que él particularmente no revisaba todos los puntos del orden del día de lo que llegaba al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid: “Me pareció que estaba todo en orden”.

Por otro lado, ha explicado que él se enteró 17 años después de la compra, cuando fue citado como investigado en el caso, que lo que se adquiría era una sociedad interpuesta que tenía el 75% de esa empresa colombiana. A preguntas de la letrada del PSOE ha afirmado que no considera que a él particularmente se le ocultara información sobre esa compra y ha enfatizado que habría apoyado esa adquisición siempre que hubiera contado con informes favorables, si bien ha resaltado que a él nadie le informó “de que se compraba una sociedad panameña”.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la decisión del juez José Luis Calama de investigar también el cobro de 200.000 euros por parte del expresidente del Gobierno de la empresa Focus Social Research a cambio de su influencia en el gobierno boliviano. Entiende que el hallazgo de ese pago es fruto de una investigación “prospectiva” de todo el material incautado y advierte de que el juez no disfruta de “patente de corso”.

En el recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado Víctor Moreno Catena explica que, si bien el objeto de la investigación es de “cristalización progresiva” y que el imputado no tiene un blindaje ante nuevos hechos, el magistrado no puede pretender dirigir la investigación hacia “cualquier actuación personal o profesional de la vida del investigado”. Añade que, en el caso de su cliente, lo hallado es fruto de “una entrada y registro en la que se incautó información masiva” que permite trazar “con una enorme precisión todo lo que una persona ha hecho, día a día y hora a hora, durante más de seis años”.

En este sentido, aclara que el hecho de que esa información masiva esté en la causa “no significa que pueda examinarse en su integridad en búsqueda del descubrimiento de cualquier hecho de apariencia delictiva” porque, en todo caso, el tratamiento y análisis de esa información “debe ir orientada exclusivamente a esclarecer los hechos sobre los que ya existen indicios”.

Así, resalta que con la decisión de investigar los pagos de Focus Social Research se extienden las pesquisas “más allá de los hechos sobre los que se consignan indicios de un delito de tráfico de influencias, que se limitan exclusivamente al caso de Plus Ultra”. A su juicio, primero se afirma que hay “una red con fines delictivos” y luego se emprende la búsqueda de más de un delito que demuestre que existe esa red, algo que tilda de “razonamiento falaz”.

Añade, por otro lado, que ese ingreso percibido por Zapatero “es ajeno a la organización que la Udef atribuye al expresidente con Julio Martínez Martínez, Análisis Relevante y otras mercantiles del empresario”, y por eso “queda fuera del perímetro de la supuesta red de tráfico de influencias”.

A esto, suma que tampoco es justificable que esta ampliación de la investigación se hiciera “de espaldas al investigado”, algo que quedó patente cuando el juez Calama preguntó a Zapatero en su declaración judicial el 17 de junio de 2026 “inopinada y sorpresivamente por su intervención profesional y los ingresos recibidos” de esa mercantil.

Moreno Catena denuncia, además, que la Udef sin autorización judicial ha hecho uso de información obtenida de inteligencia financiera de la actividad personal y profesional de Rodríguez Zapatero. Indica que se ha analizado de manera completa sus movimientos en la cuenta del Banco Santander detallando 174 transferencias de once pagadores. Advierte de que la gran mayoría de esos movimientos no tiene que ver con Análisis Relevante o Julio Martínez, sino que son ingresos por otras actividades respecto de la que no se reflejan indicios delictivos: “la inclusión de toda esa información parece que obedece a la finalidad de abrir futuras líneas de investigación sobre otras actividades del Sr. Rodríguez Zapatero hasta entonces no cuestionadas”.

Por ello, y ante “una intromisión ilegítima en la intimidad que ha derivado en una investigación general sobre la vida del investigado”, el letrado solicita que se anule el auto del juez Calama por el que acordaba indagar también en esa nueva vía ajena al rescate de Plus Ultra. La defensa ha presentado este recurso de apelación después de que Calama acordara rechazar un recurso previo presentado ante el juez en el mismo sentido.

El 19 de mayo, la trepidante actualidad de los tribunales tenía reservado un nuevo e inesperado giro. La imputación de José Luis Rodríguez Zapatero era la primera de un expresidente del Gobierno en democracia e implicaba una apresurada revisión de la figura que lideró el país durante ocho años de la historia reciente de España. Los datos que comenzaban a trascender colocaban a Zapatero como líder de una trama dedicada al cobro de comisiones a cambio de ejercer su influencia. La vía era Análisis Relevante, una consultora propiedad de su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez.

Ahora, cuando se cumplen cuatro meses desde que estallara el caso, y tras las declaraciones de tres investigados que en julio señalaron por escrito a Zapatero como líder de la trama, la acusación por tráfico de influencias contra él queda estancada a la espera del resultado que arrojen las decenas y decenas de diligencias pendientes. Cuatro meses después, el indicio más sólido contra el expresidente sigue siendo el sospechoso origen de las abultadas cantidades que recibió él y su entorno.

Ninguno de los tres aspirantes a colaborar con la justicia ha podido aclarar qué gestión concreta pudo realizar el expresidente Zapatero para que la compañía aérea Plus Ultra lograra el rescate público de 53 millones de euros. Ninguno de los tres ha facilitado, tampoco, nombre de funcionario público alguno sobre el que Zapatero pudiera haber ejercido presión o cuánto dinero cobró por ello el expresidente.

El tráfico de influencias es el delito principal que se investiga en esta causa más allá del blanqueo de capitales o del delito contra la Hacienda Pública por el hallazgo casual de unas joyas en la caja fuerte del expresidente. Está recogido en el Código Penal, en sus artículos 428 a 431, y castiga a quien influye en una autoridad o funcionario público prevaliéndose de su posición o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica para conseguir una resolución que le pueda generar un beneficio económico para sí o para un tercero.

Ni el empresario y comisionista Julio Martínez Martínez, ni los exdirectivos de Plus Ultra Julio Martínez Sola y Roberto Roselli, han podido aclarar al juez sobre quién pudo ejercer influencia Zapatero, ni siquiera qué gestiones pudo realizar para lograr ese rescate. No obstante, sí que señalaron al expresidente como la persona que debía lograrlo. Más allá de lo que dijeron en sus escritos de 20 de julio, cuando el suelo se movió bajo los pies de Zapatero, ninguno los tres imputados han aportado una sola novedad relevante a sus ofertas de colaboración, coinciden distintas fuentes presentes en las declaraciones.

Las acusaciones confían en que su testimonio sea solo un punto de arranque y que en el futuro puedan aportar indicios más sólidos a la tesis contra el expresidente del Gobierno. La figura de Víctor de Aldama, el empresario y comisionista del caso Koldo, es el referente de colaboración que impulsó la Fiscalía Anticorrupción, pero las aportaciones de los imputados junto a Zapatero no han alcanzado las que hizo contra el exministro Ábalos y Koldo García el acusado junto a estos. En este sentido, las fuentes consultadas recuerdan que él se autoinculpó en delitos graves mientras que ellos no han sido lo suficientemente claros para fijar su propia responsabilidad en los hechos.

La pregunta es si, con lo que se conoce hasta ahora, es posible procesar a Zapatero por tráfico de influencias. Y la respuesta genérica es que sí. Algunas fuentes entienden que tanto el juez como Anticorrupción consideran que ya le tienen ubicado como la persona que está en el inicio del asunto, la llamada del expresidente con un directivo de la aerolínea y que, de hecho, hubo un resultado, el rescate público, y un beneficio a cambio de la mediación, el 1% de la ayuda recibida, 530.000 euros.

En un estadio muy temprano del procedimiento, las fuentes del caso creen que solo la “probabilidad” de que Zapatero haya cometido tráfico de influencias le puede llevar al banquillo, pero que en un eventual juicio los indicios se deberían transformar en pruebas. En cualquier caso, añaden, hay multitud de diligencias por practicar (análisis de cuentas bancarias, de teléfonos y ordenadores intervenidos...) y eso puede contribuir a la acusación de tráfico de influencias o, al contrario, desvirtuarla.

De un lado existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que avalaría una eventual condena a Rodríguez Zapatero por el delito de tráfico de influencias en el sentido de una posible condena sin necesidad de que quedara claro que ejerciera presión sobre un funcionario concreto. Es la sentencia del 'Caso Palau', un asunto en el que se juzgó a los máximos responsables del Palau de la Música de Barcelona por desviar 23 millones de euros de la institución.

La resolución, ponencia del magistrado Andrés Palomo y fechada en 2019, explicaba que existía “prueba suficiente para tener acreditada de modo inequívoco, la comisión de un delito continuado de tráfico de influencias” y eso a pesar de que no se concretó sobre qué funcionario se ejerció presión. “Las comisiones a cambio de obra pública adjudicada se pactaban con el tesorero de CDC, partido entonces hegemónico en la Comunidad Autónoma (Cataluña), quien se comprometía a obtener el resultado de la adjudicación por el importe pactado a través de las diversas administraciones que ese partido gobernaba”, explicaba.

Palomo ponía el foco en que “en entornos y territorios con un partido hegemónico en un periodo prolongado” se produce la denominada “colonización de la Administración y politización de su funcionamiento”, algo que a su juicio favorecía el tráfico de influencias. Así, explicaba que en ese tipo de situaciones “se relativiza la concreción del funcionario efectivamente influenciado dado el prevalimiento consustancial a cualquier indicación de un dirigente e incluso la fungibilidad -capacidad de depurar al díscolo- de los funcionarios susceptibles de influenciar” habida cuenta que podrían ocupar sus puestos de forma discrecional.

Las declaraciones

En cualquier caso, aterrizando en las declaraciones del caso Zapatero, el primero en declarar fue Julio Martínez Martínez. Durante más de tres horas de declaración, no aclaró ni con quién medió o a quién presionó Zapatero para el rescate, tampoco cuánto habría cobrado por ello, según explicaron fuentes presentes en la comparecencia, de la que hasta la fecha no ha habido ni siquiera transcripción.

En la previa a esa declaración, la defensa de 'Julito' –como le conocía coloquialmente el expresidente– envió un escrito a la Audiencia Nacional atribuyendo a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021. Las dudas de su escrito acerca de cuánto cobró el 'Grupo Zapatero' por ello fueron resueltas a los pocos minutos en otros dos escritos, de las defensas del expresidente y del ex director financiero de la compañía, que reconocían que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”.

En el escrito de la defensa de Julio Martínez Martínez se remarcaba que Zapatero era “quien marcaba los pasos a seguir” en las actuaciones para lograr la ayuda pública, y atribuía al expresidente una labor de asesoría para el rescate, añadiendo que estaba “puntualmente informado” de los avances y que fue quien le comunicó la decisión favorable de la SEPI. Pero él se ponía de lado, reiteró en sede judicial que él no tenía ni tiene contactos para haber logrado el rescate.

Además, ante el juez explicó que él era una suerte de enlace con el expresidente. “¿Era usted un correveidile?”, le llegó a preguntar el juez Calama, ante lo que el empresario confirmó que sí se podría definir así porque él y la empresa Análisis Relevante eran meros vehículos para quien quisiera contratar al Zapatero consultor.

'Julito' confirmó además que usó empresas propias para canalizar esa comisión del 1% de Plus Ultra -que pagaba a cambio de la influencia del expresidente-, tal y como explicaba en su escrito el presidente de Plus Ultra, y que se pactó extender en el tiempo los pagos, primero a través de Análisis Relevante y luego con otras mercantiles, por el revuelo generado a raíz de la causa abierta para investigar el rescate de la aerolínea en 2021.

Las declaraciones de los exdirectivos de Plus Ultra, que se han producido a principios de este mes de septiembre, volvían sobre el mismo eje. Martínez Sola indicó ante Calama que cuando los directivos de la aerolínea aspiraban a un rescate público decidieron recurrir al expresidente del Gobierno y acordar el abono del 1% del rescate de 53 millones de euros porque la situación era “límite” y les pareció bien el pago para lo que iban a conseguir.

El expresidente de la compañía, según las fuentes presentes en el interrogatorio, habría reconocido que no supo qué gestiones pudo llegar a hacer “el Grupo Zapatero”, que no hizo seguimiento, pero que “ante la duda” decidieron pagar ante el temor de que, a pesar de cumplir con los requisitos, ese pago fuera necesario para la consecución del rescate público.

Martínez Sola explicaba en el escrito remitido al juez José Luis Calama que si bien en un inicio se abonó la comisión a través de un pago con la sociedad Idella Consulenza, finalmente se decidió por ambas partes no formalizar ni ejecutar aquel contrato, pero “sí pagó dicho 1% mediante varios pagos a las tres sociedades Análisis Relevante SL, Voli Analítica e Iot Domotic Europe SL -todas vinculadas a Julio Martínez Martínez- que junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros”. “Es decir, un 1% de los 53 millones del rescate, tal y como habían acordado”, explicaba.

Ante el juez, Martínez Sola confirmó además cómo se iniciaron los contactos con Zapatero: recibió una llamada del expresidente en 2020 desde un teléfono con número oculto, le explicó que necesitaban financiación y quedaron en que gente de su equipo se pondrían de nuevo en contacto con los directivos de la compañía. Desde entonces Julio Martínez Martínez tomó las riendas del asunto, y explicó que con Zapatero no se habló de cantidades, pero que el entonces presidente de Plus Ultra entendió que 'Julito' hablaba en nombre de Zapatero.

En el caso Zapatero hay un encargo (la obtención de un rescate público para Plus Ultra), hay un resultado (la compañía aérea obtiene 53 millones de dinero público) y hay un beneficio (una comisión de 530.000 euros). Pero en el aire sigue la incógnita de si el expresidente presionó a un funcionario en ese proceso prevaliéndose de su ascendencia. Una ascendencia que, fuentes jurídicas, le colocaba en el máximo nivel de influencia.

El empresario Juan Carlos Cueto, imputado en el caso Mascarillas y al que Anticorrupción ubicaba en un inicio como la persona que estaba detrás de la empresa a la que se adjudicaron los contratos investigados -Soluciones de Gestión-, ha declarado este viernes ante la Audiencia Nacional de manera voluntaria. Ante el juez Ismael Moreno ha explicado que en ningún momento fue consciente de que por esas adjudicaciones se abonaran comisiones ilegales y que sólo atendió a una posibilidad de negocio que se le ofreció en plena pandemia. Íñigo Rotaeche, quien fuera administrador de Soluciones de Gestión, ha mantenido idéntica línea de defensa en unas declaraciones que, para las fuentes consultadas presentes en la comparecencia, estaba coordinada.

Durante la declaración de Cueto, la Fiscalía se ha interesado por un dato que aparece en los hechos probados de la sentencia del caso Mascarillas por la que se condenó al exministro José Luis Ábalos: que hubo un acuerdo de prestación de servicios y colaboración para el suministro de mascarillas entre Soluciones y Grupo Cueto el 16 de marzo de 2020, cinco días antes de que se firmara la orden ministerial por la que Ábalos aprobaba que Puertos del Estado realizaría esa compra de 8 millones de mascarillas.

Las fuentes consultadas indican que Cueto, este viernes, ha sostenido que la fecha de ese contrato de colaboración fue un error de José Ángel Escorial, otro de los investigados por estar vinculado a Soluciones de Gestión. Ha apostillado que en realidad debía haber aparecido la fecha del 19 de marzo, que es cuando él supo tras reunirse con Víctor de Aldama en la calle, a los pies del Ministerio de Transportes, que se preparaba esa compra.

De hecho, la defensa de Cueto, dirigida por el abogado Alfonso Trallero, ha adelantado que prepara un informe pericial con el que busca “fijar la fecha de inicio de comunicaciones entre los distintos socios que se encargaron de suministrar las mascarillas al Ministerio de Transportes”.

En su declaración como investigado de febrero de 2024, cuando estalló el caso, Cueto sostuvo ante el juez del caso que trató de ayudar a los españoles con su actuación y no aprovecharse de la venta de material sanitario porque en ese momento el país atravesaba lo más duro de la pandemia de coronavirus. Además, sostuvo que existía un informe elaborado por la consultora KPMG en 2021 que concluía que los precios de venta de mascarillas fueron acordes al mercado y que el margen de beneficio era reducido.

El Ministerio Público situaba en un inicio a Cueto como la “persona que realmente controla la sociedad Soluciones de Gestión, integrada en el grupo Cueto” aunque esta figurase como propiedad de otro de los investigados, el empresario vasco Íñigo Rotaeche. Cueto, según Fiscalía, se habría embolsado 9,6 millones de euros.

Este viernes, el fiscal Luis Pastor le ha vuelto a preguntar por la conexión entre el Grupo Cueto y Soluciones de Gestión. Cueto se ha puesto de perfil: compartían misma sede porque se trataba de un 'coworking', ha defendido.

Por su parte, Rotaeche ha defendido este viernes ante el juez, en una comparecencia que se ha extendido más de una hora, la legalidad de los contratos firmados para la adquisición de mascarillas y ha negado que se pagaran comisiones ilegales a la trama para la adjudicación de los mismos. Cabe recordar que al inicio de la causa se acogió a su derecho a no declarar alegando que desconocía los hechos por los que estaba imputado.

El caso Mascarillas ya fue juzgado por el Tribunal Supremo pero solo para el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario y comisionista Víctor de Aldama. La sentencia condenó a Ábalos a 24 años de prisión mientras que el comisionista, que en noviembre de 2024 apostó por colaborar con la Justicia, fue condenado pero evitó la cárcel.

El Tribunal Supremo sostiene que hay “un peligro fundado, real y serio” de que el “notable” incremento del censo por la ley de nietos afecte a las próximas elecciones. Así consta en el auto por el que los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo acuerdan limitar de forma cautelar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. Según los datos recogidos en esa resolución, desde las generales de 2023 hasta el 1 de julio de 2026 el número de electores que figura en el censo de quienes votan fuera de España se ha incrementado en 408.262 personas. 

El fallo, que ha supuesto el último encontronazo entre el Ejecutivo y una parte de los jueces, pone el foco una instrucción que el Ministerio de Justicia aprobó hace cuatro años, el 25 octubre de 2022, días después de la entrada en vigor de la llamada ley de nietos. Esa instrucción estableció cómo debe acreditarse la condición de nieto de exiliado que exige esa norma para acceder a la nacionalidad. Y la clave es que presume que son exiliadas todas las personas que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. 

En su impugnación ante el Supremo, el partido extraparlamentario Iustitia Europa alegó que, con esa presunción, se amplió la posibilidad de acceder a la nacionalidad a cualquier descendiente de españoles, fuese cual fuese la causa de su salida de España. Y que eso iba en contra de la “voluntad” del legislador, que lo que buscaba con esta norma es el reconocimiento de los represaliados de la guerra y la dictadura. No de quienes, por ejemplo, migraron por motivos económicos.

Ese argumento es recogido por los jueces del Supremo, que sostienen que el “significativo” incremento del censo producido tras la “interpretación” contenida en esa instrucción “podría no ajustarse al contenido” de la propia ley de nietos. En consecuencia, el Supremo acuerda mantener la inscripción en el censo solo de quienes puedan acreditar con “prueba documental individualizada” que sus ascendentes fueron perseguidos o exiliados “sin aplicar dicha presunción”.

En realidad, lo que se impugnó en este caso no fue la citada instrucción, sino un acuerdo del pasado julio de la Junta Electoral Central que se declaró no competente para suspender el proceso de elaboración del censo de españoles residentes en el extranjero o congelar provisionalmente de las nuevas altas derivadas de la ley de nietos tras varios recursos presentados. A este respecto, el Supremo dice que, con esa decisión, la Junta Electoral Central pudo eludir sus “competencias de control funcional”.

Voto particular discrepante

La decisión cuenta con el voto particular de la magistrada María Alicia Millán, quien discrepa de la decisión de la mayoría. Su escrito indica que en este caso concreto no concurren los requisitos legales para la adopción de medidas porque el acuerdo de la Junta Electoral Central impugnado no altera el CERA ni modifica inscripciones.

Añade que se ha llevado a cabo una ponderación de intereses desproporcionada porque se priva de forma inmediata y efectiva del derecho de sufragio a ciudadanos con nacionalidad reconocida basándose en hipótesis futuras e inciertas sobre elecciones no convocadas. Finalmente, apunta a que no hay una ilegalidad palmaria y las discrepancias internas en la Junta Electoral solo demuestran una controversia interpretativa compleja.

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha afirmado en su discurso de la apertura del año judicial que la “descalificación personal” a jueces por parte de quienes ejercen “responsabilidades institucionales” supone un “instrumento de presión” sobre el ejercicio de la jurisdicción. Perelló también ha considerado de “extraordinaria gravedad” acusar a los jueces de actuar por razones políticas, una imputación que “puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva”.

“Cuando la crítica a una resolución se transforma en una descalificación personal de quien la dicta, el daño no se limita al juez ni al asunto concreto: se proyecta sobre la función jurisdiccional y debilita la confianza de los ciudadanos en la Justicia. Y si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor (...). No es admisible que la descalificación pública a los jueces se convierta en instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción”, ha dicho Perelló.

Las palabras de la presidenta del Poder Judicial ante la cúpula de los tribunales españoles llegan después del último encontronazo entre el Gobierno y una parte de los jueces a raíz de la decisión del Supremo de frenar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo. “No estamos a favor ni compartimos la resolución del Supremo”, dijo este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre esa decisión.

En el último año a propósito de las polémicas e investigaciones judiciales que apuntan al PSOE y al entorno del Gobierno algunos miembros del Ejecutivo, como el Óscar Puente, han denunciado que el Gobierno es una víctima de una operación de algunos sectores de la política, la justicia y los medios de comunicación para derribarlo “con métodos nada democráticos”. También diferentes miembros del Gobierno han expresado sus críticas contra el juez Juan Carlos Peinado, el magistrado que ha sentado en el banquillo de los acusados a Begoña Gómez por dos delitos en contra del criterio de la Fiscalía, que ha solicitado de forma reiterada el archivo de esa causa.

Ante el rey Felipe VI, la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la Sala de Gobierno del Supremo, Perelló ha evitado hacer autocrítica tras los recientes sondeos que han revelado que seis de cada diez españoles creen que los jueces se dejan influir por su ideología política.

Así, Perelló ha insistido en que a pesar de las “descalificaciones” del Poder Judicial, los ciudadanos “confían” en la labor de los tribunales, en la aplicación del ordenamiento jurídico, en la tutela de los derechos y libertades “y en la lucha contra la corrupción, al margen de ideologías, haciendo que la sociedad sea más justa y más digna”.

No obstante, Perelló sí ha pedido a los jueces “mesura” en sus intervenciones públicas. “La función judicial exige también de quienes la desempeñan mesura en el ejercicio de sus atribuciones. La independencia no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener para los derechos e intereses de los ciudadanos”.

La rendición de cuentas de los fiscales

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha indicado este jueves durante el acto de apertura del año judicial que si bien la sociedad actual se caracteriza por “una creciente demanda de transparencia y por una legítima exigencia de rendición de cuentas a las instituciones públicas”, esto no puede confundirse “con la descalificación sistemática, ni con la proyección sobre la institución de una imagen que no se corresponde con la realidad”.

Ésta es la primera ocasión en que ha asistido a este acto como fiscal general dado que fue nombrada tras la dimisión en noviembre de 2025 del ex fiscal general Álvaro García Ortiz después de que fuera condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación.

Sobre esa actuación del Ministerio Público que es objeto de crítica, Peramato ha añadido que en ocasiones se pretende presentar la actuación procesal de los fiscales “mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos” en los que se interviene. Y ha resaltado que a menudo “se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica” y que se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten “convenga a unos o a otros”.

“Los y las fiscales españoles desempeñan su trabajo en condiciones de enorme exigencia profesional, soportando cargas de trabajo crecientes y atendiendo asuntos de extraordinaria complejidad. Y lo hacen con discreción, con rigor y con una lealtad total y absoluta a los valores constitucionales que fundamentan nuestra convivencia democrática”, ha defendido.

Al hilo, la fiscal general ha apostillado que la fortaleza del Ministerio Fiscal “no descansa en quienes, de forma transitoria, ocupan puestos de responsabilidad” sino que se sustenta “en la integridad, la profesionalidad y la dedicación de quienes integran la carrera fiscal y, sobre todo, en el compromiso cotidiano de sus 2.804 miembros, que pronto serán más de 3.000, con el servicio público de la Justicia”.

Por otro lado, la fiscal general ha defendido la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) que dará la batuta de las investigaciones a los fiscales. “El objetivo es reforzar las garantías de la ciudadanía. Quien investiga no debe ser quien decide sobre las medidas limitativas de derechos fundamentales. Y quien controla la legalidad de la investigación debe encontrarse plenamente desvinculado de las tareas investigadoras”, ha explicado para luego destacar que es necesario reformar el Estatuto de Ministerio Fiscal.

“Es justo reconocer que el proyecto de reforma de nuestro Estatuto constituye un importante paso adelante y una apuesta valiente”, ha añadido, para luego destacar que es necesario “desvincular el mandato de la persona titular de la Fiscalía General del Estado de la duración del Gobierno que la nombró”. Y ha destacado que los fiscales siguen precisando “más autonomía”: “Autonomía que incrementará nuestra apariencia de imparcialidad y fortalecerá la confianza de la ciudadanía en la Justicia”.

La fiscal general se ha referido también a los casos de corrupción que ha perseguido el Ministerio Público en este último año, pero sin hacer referencia expresa al caso Koldo que fue juzgado por el Supremo. Peramato ha indicado que este fenómeno “erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones” y, por tanto, constituye “una de las prioridades estratégicas de la Fiscalía española”. “La investigación y persecución de estas conductas exige del Ministerio Fiscal el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo”, ha indicado.

Peramato se ha referido también a la situación que se vive en Ceuta, donde los días 30 y 31 de julio se produjo una entrada masiva de migrantes. “Trasladar un mensaje de reconocimiento y solidaridad a la ciudadanía de Ceuta, que ha afrontado y continúa haciendo frente a situaciones especialmente complejas con serenidad, responsabilidad y con cercanía a las personas migrantes en condiciones de especial vulnerabilidad que han llegado a nuestras fronteras”, ha explicado.

En este sentido, Peramato ha llamado a “preservar el principio de legalidad y la necesidad del retorno a una situación de plena seguridad y normalidad”, algo que, ha añadido, lo que no está en absoluto reñido con los valores de humanidad y respeto a la dignidad de todas las personas.

La fiscal general ha concluido su discurso citando a Manuel Azaña, quien fuera presidente de la República y que murió en el exilio: “La libertad no hace felices a los hombres; los hace, sencillamente, hombres”. Peramato ha recalcado que la Justicia encuentra precisamente su razón de ser “en la protección de esa libertad, de la dignidad inherente a toda persona y de los derechos que de ella se derivan”.

“No se ha detectado reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación”, “las autoridades marroquíes van a aceptar las devoluciones de los migrantes” o “las autoridades marroquíes parecen mostrarse razonablemente colaborativas”. Estas son algunas de las frases clave de los diferentes informes de Inteligencia elaborados por los servicios españoles sobre la crisis de Ceuta del pasado 30 y 31 de julio que, a pesar de realizar análisis detallados de lo ocurrido, no logran despejar la duda de si el Reino de Marruecos tuvo una participación directa en la entrada de más de 70.000 migrantes.

Entre la documentación reservada que el Gobierno de Pedro Sánchez hizo pública este miércoles se incluyen varios informes de los servicios de Inteligencia españoles que destacan que durante lo que llaman la “avalancha migratoria” del 30 de julio detectaron que las fuerzas destacadas por Marruecos en la zona crítica tenían una actitud de “pasividad” que permitía “la transgresión de la frontera tanto por mar como por tierra”.

Esa cita corresponde al informe clasificado del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), fechado a las 13.00 horas del 30 de julio. En el mismo se indica, no obstante, que la actitud de las fuerzas y cuerpos de seguridad marroquíes ante los intentos de acceso a España “son contradictorios” porque en Melilla tuvieron “una actitud activa en el mantenimiento de la seguridad”.

El CIFAS explicaba en esa hora crítica de la entrada de migrantes que ese incremento de intentos de accesos a Ceuta coincidía con la celebración de la Festividad del Trono de la corona marroquí. Esto, añadía, había provocado “un desplazamiento del dispositivo de seguridad” de Marruecos a otras ciudades en detrimento de las proximidades de Ceuta. En el mismo informe, el servicio de inteligencia del Ejército matizaba que, aunque los gendarmes hubieran actuado hasta ahora “de forma negligente y pasiva”, era muy probable que “las autoridades marroquíes no estén favoreciendo activamente la oleada migratoria”. Los testimonios de los migrantes entrevistados por elDiario.es en los días posteriores respaldaron la idea de la “permisividad” de los gendarmes en la frontera, pero a su vez negaron que fueran “enviados” por el régimen.

Ese mismo 30 de julio a las 21.20 horas, en una nota informativa del CNI remitida al Gobierno, se explicaba que en días previos ya se había detectado “una aceleración progresiva del ritmo de llegadas, pasando de decenas a centenares de migrantes diarios”. Y advertía de que las autoridades del país vecino parecían mostrarse “razonablemente colaborativas, aunque saturadas ante el número tan elevado de operaciones de rescate”.

Los gendarmes marroquíes “sobrepasados”

El CNI explica que el 29 de julio por la noche “varias centenas de migrantes pasaron a nado” y ya el 30 de julio el refuerzo de gendarmes marroquíes “resultó insuficiente para controlar a la muchedumbre”: se vieron “sobrepasados” y no intervinieron para impedir el acceso al mar. “Los migrantes comenzaron a acceder de manera incontrolada, bordeando por vía marítima el espigón fronterizo”.

En la descripción de lo ocurrido, el CNI relata que a lo largo de la jornada las columnas de personas se aproximaron al litoral fronterizo desde las laderas de las montañas y que se produjeron embotellamientos en la carretera que une Tetuán y Castillejos. Ante una situación que desbordaba a las autoridades locales marroquíes se desplegaron los primeros efectivos de antidisturbios en las inmediaciones de Bab Sebta —nombre del paso fronterizo entre Marruecos y España en Ceuta—. La actuación de esos antidisturbios generó, según el CNI, que “una parte importante de los migrantes se arrojaran al mar y comenzaran a atravesar a nado bordeando el Espigón”.

Para el Centro Nacional de Inteligencia, ese gran volumen de migrantes magrebíes excedió la capacidad de control de las pocas unidades en la zona, por lo que entiende que “el control eficaz de la situación hubiese requerido del despliegue de un mayor número de efectivos especializados en el control de grandes masas de personas”, como el activado con éxito en la crisis en Ceuta del 15 de septiembre de 2024.

Además, desde su punto de vista y a nivel operativo, dice la nota que “no se ha detectado reacción proactiva por parte de las autoridades marroquíes ante la pérdida de control de la situación, más allá del despliegue de algunas unidades de antidisturbios en la frontera tres horas después del desbordamiento del espigón”. Y recalca que la participación de las autoridades marroquíes “es esencial para restablecer el control de la frontera de Ceuta”.

Para el CNI, desde un punto de vista de imagen exterior, la crisis de Ceuta deja patente “la profunda distorsión entre la visión del monarca marroquí Mohamed VI durante su discurso anual a la nación del 29 de julio y la realidad vivida sobre el terreno”. No obstante, añadía la nota que habían tenido conocimiento de que las autoridades marroquíes iban a aceptar “las devoluciones de los migrantes” que accedieron a la ciudad durante ese día y de quienes ya tenían expedientes cerrados de expulsión.

La Guardia Civil no cree que Marruecos “incentivara”

Por su parte, el 30 de julio, los servicios de inteligencia de la Guardia Civil informaron a su cadena de mando que les constaban interceptaciones de “nadadores” por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes en días precedentes, por lo que entendían que era “poco probable” que la aproximación “en masa” que se producía al Tarajal se debiera “a una dejación evidente de funciones de las autoridades marroquíes”.

Ese informe, emitido el 30 de julio a las 13.50 horas, concluye señalando que “dada la idiosincrasia de Marruecos puede resultar difícil pensar que nada suceda sin el conocimiento la aprobación o el consentimiento del régimen”. Pero, añade, “sin descartar ninguna opción, y siendo Marruecos la principal amenaza no compartida de España, no se valora como probable que en este caso concreto haya sido así y que el paso masivo de nadadores sea consentido o incentivado”.

Horas más tarde, a las 21.21 horas del 30 de julio la Jefatura de Información informaba al Estado Mayor de la Guardia Civil de que entre las hipótesis que barajaban relacionadas por orden de probabilidad sobre la incapacidad de las autoridades marroquíes para contener la entrada masiva destacaba “el desbordamiento y sorpresa operativa” que hizo que fueran “incapaces de contener la avalancha de candidatos”. Como segunda hipótesis consideraron que la Fiesta del Trono que celebraba Marruecos produjo una minoración de efectivos en el control fronterizo. Un tercer detonante de la crisis pudo ser el “cambio de actitud” de las fuerzas de seguridad de Marruecos con los migrantes “evitando adoptar actitudes de represión contra los mismos en un día tan señalado como el de la citada fiesta”.

Tras esto consideran otras posibilidades, como que hubiera una “dinamización” de los migrantes por un “actor externo”; que se produjera la crisis migratoria con la “connivencia de las autoridades marroquís como reacción ante los eventos políticos recientes”, cita la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez con autoridades argelinas; y po rúltimo señala como posible detonante la sentencia del Tribunal Supremo relativa a las devoluciones en caliente.

Ya el 31 de julio consta la emisión de nuevos informes sobre la crisis por parte de la Benemérita. Destaca uno elaborado para la Jefatura de Información de la Guardia Civil a primera hora de la mañana en el que sostiene que las fuerzas marroquíes habían comenzado “a realizar ciertas detenciones en localidades próximas a la frontera (...) lo que iría en concordancia con la disminución de la intensidad del flujo de inmigrantes”. Además, resaltaba que en la ciudad de Castillejos durante la noche del 30 al 31 de julio “habría habido una situación de caos y alteración de orden público, con gran cantidad de candidatos, y unidades policiales desplegadas tratando de restaurar la normalidad”.

El magistrado de la Audiencia Nacional al que le ha correspondido este caso, Antonio Piña, ha emitido una resolución en la que solicita a la Fiscalía que se pronuncie sobre si su juzgado es competente para investigar los hechos que relata la querella presentada contra el cantante Julio Iglesias por dos extrabajadoras la semana pasada.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es indican que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 dio este paso el pasado martes. Ahora, será la misma Fiscalía que ya en enero archivó la investigación al entender que se daba una falta de competencia de los tribunales españoles, quien deberá emitir nuevo informe al respecto.

La petición de informes al Ministerio Público para que se pronuncie sobre la competencia de este tribunal especial respecto a la competencia en determinadas causas es algo habitual y recurrente, si bien los mismos no son vinculantes para los magistrados.

Rebeca y Laura (nombres ficticios para proteger su identidad), son las dos extrabajadoras de las mansiones de Iglesias en República Dominicana y Bahamas que han presentado una querella en la que le acusan de varios delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre; delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, lesiones, trato degradante y delitos contra los derechos de las trabajadoras por la imposición de condiciones laborales abusivas. Así lo comunicó la organización Women’s Link que ejerce la defensa legal de las extrabajadoras.

Según los testimonios de Rebeca y Laura, Julio Iglesias “habría aprovechado su posición de poder” y la “vulnerabilidad” de ellas para “captarlas, trasladarlas y alojarlas en sus propiedades, en un clima de intimidación constante”, dijo la organización. Las abogadas comunicaron que en la querella Rebeca y Laura describen “que Iglesias las habría sometido a situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas y les habría impuesto condiciones laborales forzadas y degradantes”. Unos testimonios coincidentes con los que publicó elDiario.es y Univision Noticias en sus entrevistas a estas mujeres.

Cuándo puede investigar la justicia española

La primera acción legal de Rebeca y Laura contra Julio Iglesias fue poner en conocimiento de una autoridad estos hechos. Eligieron la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que las tomó declaración. Unos días después, la Fiscalía tomó la decisión de no investigar los hechos porque consideró que España no tenía competencia jurisdiccional.

La decisión fue controvertida y diferentes juristas explicaron su punto de vista contrario. Aunque la base general es que los delitos se juzgan en el territorio en el que se cometen, existen excepciones cuando el investigado tiene nacionalidad española. Según la catedrática de Derecho Penal en la Universitat de Valencia Lucía Martínez Garay, el caso de Julio Iglesias cumple los requisitos tanto para el principio de la personalidad activa como en el de la justicia universal.

Para que España pueda juzgar hechos cometidos fuera del territorio español por ciudadanos españoles no vale cualquier crimen. Tiene que ser uno que sea considerado delito por las leyes españolas y también por las leyes del país donde ese hecho se haya cometido. Este aspecto se cumple. El siguiente requisito es que el delincuente no haya sido ya absuelto, indultado o penado en otro país; este también se cumple. Por último, el Ministerio Fiscal o el propio perjudicado por el delito tiene que interponer una querella ante la Audiencia Nacional. El Ministerio Fiscal no interpuso querella, pero Rebeca y Laura, sí.

El principio de justicia universal, aunque quedó muy reducido desde el año 2014, sí se puede aplicar a este caso, según Martínez Garay. Los delitos que se atribuyen forman parte del reducido listado que admite la justicia universal. Y los requisitos no piden que tanto la víctima como el investigado tengan nacionalidad o residencia española, basta con que se cumpla una de las dos condiciones.

El catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid Juan Antonio Lascuraín también defendió en un artículo en El País que España sí tiene jurisdicción para investigar las acusaciones contra el cantante y calificó la interpretación de la ley que hace la Fiscalía como “desobediente”.

La catedrática de Derecho Penal de la Universitat Autònoma de Barcelona Mercedes García Arán señaló que la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo están haciendo interpretaciones “restrictivas” sobre la ley. “Son las interpretaciones judiciales restrictivas de la ley y no la ley misma las que obstaculizan la competencia española en este caso”, señaló en un artículo en este medio.

El pasado 6 de septiembre el periódico El Mundo publicó que el comisionista Víctor de Aldama -condenado por el Supremo en el caso Mascarillas- declaró ante un juez de la Audiencia Nacional que al menos 300.000 euros procedentes del gobierno venezolano fueron derivados a sus propias cuentas en España. Añadió que él sacó en metálico esa cantidad y que se la entregó en mano a Koldo García, el asistente del exministro José Luis Ábalos.

Según publicaba ese medio, este flujo formaba parte de una operativa mayor que buscaba traspasar cantidades millonarias al PSOE y a la Internacional Socialista para financiarlas de manera irregular, y añadía que en ese 'plan' encajaba el sobre que entregó Aldama a la Audiencia Nacional antes del verano y que contendría cupos de PDVSA, la petrolera estatal de Venezuela.

Lo cierto es que el juez Ismael Moreno investiga en una pieza secreta los pagos en metálico del partido de Gobierno. Una pieza que fue desgajada del caso Koldo después de que el magistrado del Supremo Leopoldo Puente intuyera que el trasiego de tiques de gastos en la formación pudo servir para blanquear dinero a los investigados Koldo García y Ábalos.

La revelación ante el juez de Aldama, la enésima 'colaboración' del comisionista, ha obtenido en esta ocasión respuesta de quien aparece como el gran señalado de la información: Koldo García. En un audio, desde la cárcel madrileña de Soto del Real, donde cumple la condena de 19 años y medio de prisión impuesta por el Supremo, quien fuera la mano derecha de Ábalos pone pie en pared y acusa al empresario de mentir.

“Desmiento la noticia sobre mi persona diciendo que he cogido dinero para el PSOE o para la Internacional Socialista y que me lo ha dado el señor Aldama. Es totalmente falso y no hay prueba. Pero como lo dice Aldama y todo lo que dice va a misa, pues adelante. Pero no, es mentira. Voy a intentar decir la verdad porque cuando un medio dice que Aldama ha sacado o estafado 28 millones a los españoles a través de Portugal, eso no lo publica nadie, esos medios imparciales”.

Quien fuera asesor ministerial en el Ministerio de Transportes durante la pandemia anuncia en ese audio, además, que se abrirá una cuenta personal en redes sociales, emulando a Ábalos, porque entiende que es “la única solución para desmentir todas las falsedades que se vierten” sobre su persona: “Ahí contaré mi verdad”.

Precisamente, sobre la credibilidad que se le da a las aseveraciones de Aldama sobre la financiación del PSOE en determinados medios de comunicación, ha hablado este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Se le da mucha más credibilidad a una persona que es un delincuente que a una organización política”.

En una entrevista concedida al programa 'Mañaneros 360' de TVE, el presidente ha comentado que su formación ha realizado “un ejercicio de striptease” presentando todas las facturas y recibos desde 2014 a 2017, incluyendo donaciones, y ha recalcado que “no hay financiación irregular del Partido Socialista”. “No la hay. Y bueno, yo no sé si nos imputarán o no nos imputarán, pero yo le puedo garantizar que no hay financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español”, ha enfatizado.

Al hilo, ha explicado que se están viendo “cosas sorprendentes” en las investigaciones, por lo que si finalmente acaba siendo imputada la formación irán a defender “su inocencia y las cosas bien hechas”. Aldama, según El Mundo, habría declarado ante la Audiencia Nacional que existió un contrato ficticio de 15 millones de euros vinculado a la supuesta financiación irregular del PSOE. Ese contrato estaría ya en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

La audiencia preliminar que se ha celebrado este martes en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha supuesto el punto y final de la instrucción que el juez Juan Carlos Peinado arrancó en 2024 y que, con toda probabilidad, derivará en la redacción por parte del magistrado de un auto en el que acordará la apertura de juicio oral. Juicio que se celebrará por el procedimiento del Tribunal del Jurado. Ante los nueve ciudadanos que conformen ese jurado se sentarán, presumiblemente, Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, y su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, por los delitos de tráfico de influencias y malversación.

El juez Peinado ha llegado sobre la bocina a esta última cita a la que finalmente no asistieron ninguna de las dos imputadas. Tras esta audiencia, el juez disfrutará de unas vacaciones que le apartarán de sus quehaceres laborales hasta el 18 de septiembre. Y desde entonces tendrá hasta el 27 de este mes para redactar ese auto final antes de disfrutar de su jubilación -los magistrados deben jubilarse forzosamente al cumplir los 72 años de edad-.

Fuentes jurídicas presentes en esta audiencia han reseñado a elDiario.es que la defensa de Begoña Gómez ha planteado durante su intervención la ineficacia del escrito de acusación presentado por la acusación popular dirigida por HazteOir -la única acusación que pide la apertura de juicio oral- porque presenta graves defectos insubsanables.

Indican que el letrado, Jaime Campaner -experto en procedimientos del Tribunal del Jurado-, ha señalado que la norma es muy clara al exigir a las acusaciones que en la conclusión primera de sus escritos se limiten a relatar “los hechos punibles”. Así, ha criticado que de forma insólita la acusación de HazteOir ha trufado de referencias a atestados policiales y, sobre todo, a declaraciones prestadas en fase de instrucción lo que debió limitarse a una narración de hechos.

Campaner ha sostenido ante Peinado que esta situación es especialmente grave al tratarse de un procedimiento por jurado, pues la ley opta por no permitir que lo ocurrido en fase de investigación llegue al juicio para no contaminar al jurado. Además, ha recordado que la ley del jurado, a diferencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, da una última oportunidad a la acusación para que modifique su escrito al comienzo de la audiencia preliminar, por lo que su escrito debe ser considerado irremediablemente ineficaz.

Por su parte, el fiscal se ha ratificado en su escrito en el que indicó que no veía delito, y el abogado de Cristina Álvarez, José María de Pablo, ha pedido el archivo de la causa y ha señalado que valora recurrir la audiencia preliminar porque su representada no ha podido asistir dada la premura de la citación. HazteOir, finalmente, no ha solicitado medida cautelar alguna para las imputadas y ha mantenido que se debe ir a juicio con jurado popular.

Cabe recordar que esta audiencia, a la que no renunciaron las diferentes partes previamente, es un trámite necesario recogido en la ley del Tribunal de Jurado, y sirve para marcar posiciones de cara al juicio y para exponer ante el magistrado los escritos de conclusiones provisionales. Además, las diferentes partes han podido marcar posiciones de cara al juicio. Tanto la defensa de Begoña Gómez como la de Cristina Álvarez se oponen en sus escritos a la celebración del juicio solicitando su libre absolución, mientras que la acusación popular dirigida por HazteOir mantiene en su escrito la petición de 13 años de cárcel para la esposa de Pedro Sánchez.

Esta vista se ha celebrado después de que la Audiencia Provincial de Madrid avalara en julio la investigación llevada a cabo por el juez instructor contra Gómez, al menos en lo que respecta a los delitos de tráfico de influencias y malversación. Descartó, sin embargo, seguir el procedimiento contra ella por los delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida, y sacó de este procedimiento al empresario Juan Carlos Barrabés. Contra el empresario, los magistrados acordaron seguir la investigación en procedimiento abreviado para ventilar lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de los contratos públicos investigados.

Junto a Begoña Gómez será juzgada su asistente, Cristina Álvarez, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, aunque solo en relación con el supuesto desvío del software de la Complutense, por lo que la colaboradora de Gómez no será juzgada por tráfico de influencias.

El tribunal de la Audiencia Provincial sostuvo, por otro lado, que la decisión de Peinado de llevar el procedimiento por el tribunal del jurado “no puede reputarse arbitraria ni contraria a Derecho, en la medida en que identifica los delitos que, de manera indiciaria, pudieran resultar aplicables y justifica la continuación del procedimiento por dicho cauce”.

Y sobre esos indicios, los jueces de la Sección 23 afirman: “Parece perfectamente verosímil sostener en el caso que nos ocupa y con el canon de la simple probabilidad ahora exigible, que la investigada logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del Presidente del Gobierno”.

Tras ese auto llegaron los escritos de conclusiones provisionales. El nuevo abogado de Begoña Gómez, Jaime Campaner, señaló que se debía declarar la libre absolución de su mandante dado que los hechos por los que la acusación popular de HazteOir solicita 13 años de cárcel “no son ciertos” y “no existe delito alguno”. Insistía en que “no influyó ni ejerció presión moral” para conseguir la cátedra de la Complutense y en que no hay “delito alguno” en los hechos.

La defensa de Cristina Álvarez, por su parte, señaló igualmente que los hechos descritos por el juez “no son constitutivos de delito” y que la causa “está condenada a la disolución del jurado”. Además, interesó que HazteOir tuviera que hacerse cargo de las costas de la defensa de su patrocinada.

La Abogacía del Estado ha solicitado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón personarse en la causa en la que se investiga la entrada masiva de migrantes en la Ciudad Autónoma de Ceuta en las jornadas del 30 y 31 de julio. Los servicios jurídicos del Estado argumentan que, puesto que la magistrada en el auto por el que declaraba su competencia indicaba que los hechos pudieron suponer “una violación de la integridad territorial de España”, el Estado se ve concernido de manera “incuestionable”.

En el escrito presentado ante la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, la abogada del Estado jefe, Zaida Isabel Fernández, explica que los hechos que se investigan “revestirían una clara afectación a la salvaguarda estatal y a la seguridad nacional”. Entiende que es “innegable” que los bienes jurídicos susceptibles de protección de acuerdo con la resolución de la jueza serían “la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad del Estado, su integridad territorial, la defensa nacional, la seguridad exterior y la estabilidad del Estado de Derecho”: “todos ellos se tratan de bienes jurídicos institucionales cuya titularidad corresponde, de manera incuestionable, al propio Estado”.

Además, recuerda también que los hechos pudieron afectar al orden público, pudieron producir un deterioro de la seguridad pública, e incluso pudieron causar “un impacto en el sistema sanitario”. Suma a esto que, según el relato de hechos recogido por Tardón en su auto, se habrían producido también “perjuicios económicos innegables sufragados en parte, sin duda, por la Administración General del Estado”.

La abogada del Estado jefe recoge varias citas de la resolución de la jueza para abundar en la necesidad de constar como personada. Así, recuerda que Tardón explica que se ha de investigar “una intencionalidad de atentar contra el Estado” y menciona expresamente que la magistrada se refería a la 'guerra híbrida' o 'zona gris', que son acciones “propias de estados, organizaciones criminales u organizaciones terroristas cometidas contra estados”. Recuerda, además, que Tardón explicaba que se estaba ante una conducta delictiva presuntamente cometida en el extranjero que ha atacado gravemente la “integridad territorial de España”.

Fue este lunes 7 de septiembre cuando la jueza acordó aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trató de un ataque contra la integridad territorial de España y que afectó a la paz o independencia del Estado.

Emitió ese auto tras recibir el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien el pasado viernes señaló que este tribunal especial sí era competente para quedarse con la causa porque, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

Roberto Roselli, quien fuera consejero delegado de la aerolínea Plus Ultra, ha declarado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama. Y el guión de las aproximadamente tres horas de comparecencia ha seguido por el cauce que delimitó ayer lunes el expresidente de la compañía Julio Martínez Sola: se realizaron pagos al “Grupo Zapatero” pero desconoce qué gestión pudo hacer el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero para que la aerolínea obtuviera en 2021 el rescate público de 53 millones de euros. De hecho, ha indicado que sí recibieron informes pero que eran irrelevantes y que nadie los miraba.

Según fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es el exdirectivo ha explicado al juez que en realidad era indiferente qué dijera el equipo del expresidente en los informes porque ellos pagaban -el 1% del rescate-por el resultado, y ha comentado que este fue satisfactorio porque, de hecho, llegaron a conocer, días antes de que se hiciera público, que el informe de la SEPI iba a ser favorable a la concesión de ese rescate o préstamo público. Y en cuanto a si él conocía que el destinatario final de los pagos era el expresidente, Roselli ha explicado que él entendía que sí porque el primer contacto telefónico fue del propio Zapatero, al que se llegó por medio de Manuel Fajardo, hombre de la confianza del exlíder socialista.

En el caso de Roselli, que tuvo un peso relevante en el devenir financiero de Plus Ultra -fue director financiero unos años-, muchas preguntas de la Fiscalía han ido encaminadas a esclarecer si desde la SEPI se conocía que los préstamos puente que acumulaba la aerolínea y que se iban a devolver con el rescate público tenían un origen poco claro. Roselli ha explicado que todo estaba recogido en la documentación que Plus Ultra envió al ente público.

En este punto ha descargado la responsabilidad sobre esos préstamos que se investigan como posible canal de blanqueo de capitales en el exdirectivo de la compañía Rodolfo Reyes -figura sobre la que Calama se ha interesado- porque ha indicado que las sociedades que otorgaron a la compañía esos créditos estaban vinculadas a él o directamente eran suyas o de su entorno.

En el día de hoy también se ha puesto el foco en el seguimiento que desde la SEPI se hizo tras la concesión del rescate, y Roselli ha comentado que sí hubo reuniones posteriores en las que se hablaba del balance de la compañía y de cómo iba el día a día del negocio. La fiscal el caso ha preguntado si informaron a ese ente público que esos créditos iban a ser devueltos en paraísos fiscales, y el exdirectivo ha reconocido que no, y que quizá debieron sí debieron hacerlo. El juez ha solicitado entonces que le remita esas actas que se levantaron del seguimiento de la SEPI.

El pasado 20 de julio tanto Roselli como Martínez Sola -ambos imputados en esta causa- enviaron escritos al juez en el que se prestaban a colaborar con la justicia, como ya hiciera días antes el empresario y presunto testaferro de Zapatero, Julio Martínez Martínez. Si 'Julito' atribuía a Zapatero un papel central en los esfuerzos realizados para que Plus Ultra lograra el rescate público en 2021, los exdirectivos de la compañía reconocerion que la comisión que se habrían repartido el expresidente del Gobierno y Julio Martínez fue de 530.000 euros y que se entregó de forma encubierta por medio de facturas “inciertas”. Los pagos se hicieron a través de Análisis Relevante, Voli Analítica SL y Lot Domotic Europe, todas vinculadas al comisionista.

Por su parte, Zapatero sostuvo ante el juez el pasado 16 de junio a preguntas del magistrado que no había ejercido ninguna influencia para favorecer que la aerolínea Plus Ultra lograra el rescate público en plena pandemia. Añadió que no contactó con funcionario alguno o autoridades por el rescate de Plus Ultra, aunque sí reconoció que en 2024 conoció a quien era por entonces vicepresidente de la aerolínea Julio Martínez Sola.

La investigación judicial que acaba de arrancar en la Audiencia Nacional sobre la crisis de Ceuta incluirá el análisis de la reacción de las autoridades españolas a la entrada de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El auto de apertura dictado por la jueza María Tardón este lunes advierte de que “habrán de investigarse todas las actuaciones que tienen lugar en territorio español relacionadas con la entrada masiva e irregular de decenas de miles de inmigrantes”.

En este punto, Tardón incluye el análisis sobre “la articulacion de adecuados medios de respuesta en el territorio español, en relación con la información y alertas de su posible acaecimiento, y la incidencia que estas actuaciones hubieran podido tener en los efectos producidos por esta entrada masiva”.

El informe sobre el basa su auto la jueza, del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif), incluye en sus anexos las alertas que el organismo lanzó. En total, nueve notas entre el 8 de julio y el 4 de agosto de las que se desconoce su literal íntegro y que, por ahora, permanecerán bajo el secreto adoptado para las actuaciones.

Según reveló elDiario.es, la Guardia Civil ha incluido en el informe que le requirió la magistrada Tardón que ninguno de los comentarios vertidos por otras agencias, fuerzas de seguridad o servicios de Información en los días precedentes a través de los foros de cooperación en la lucha contra la inmigración irregular permitió presagiar la cantidad de personas que accedió finalmente a nado los días 30 y 31 de julio.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llegó a decir el 4 de septiembre, en referencia a los miembros del Gobierno: “Ellos lo sabían. Ellos lo taparon. Tenían los avisos. Lo ignoraron deliberadamente y sin remordimientos”. Y apostilló: “Primer aviso: todo se sabrá. Todo. Segundo: habrá consecuencias políticas y judiciales”.

El futuro de la causa judicial en la Audiencia Nacional es incierto. La responsabilidad penal de los delitos que recoge Tardón en su auto debe recaer sobre personas físicas, ya sean los gendarmes o miembros de los servicios de Información marroquíes que pudieran llegar a ser identificados en las imágenes de redes sociales de los que se sirve la Policía y la jueza. Lo mismo ocurriría de poder determinarse una “autoría intelectual” que estuviera por encima de todos ellos.

En el caso de que encontrara responsabilidad en la falta de previsión por encima de los mandos policiales y esta alcanzara a los miembros del Ejecutivo central la causa pasaría al Tribunal Supremo, ante el que están aforados.

El auto de apertura dictado por la jueza María Tardón asume la tesis policial que da por acreditada la participación de agentes de las Fuerzas de Seguridad del país vecino por omisión, dejando pasar a los migrantes, o por acción, guiándolos y organizando la marcha y el paso de la frontera con España. Como ya hiciera la Policía en su informe “de inteligencia”, Tardón no menciona de forma expresa al Gobierno de Marruecos y, al tiempo, descarta cualquier posible autoría distinta a la de Rabat.

De los cinco niveles de organización de los que habla la Policía, y que Tardón reproduce, la jueza afirma que en el quinto —el más alto, que corresponde a la “dirección”— solo puede estar algo o alguien con “una alta capacidad de influencia” en varios ámbitos e instituciones: “en las redes sociales, en personas vinculadas a las fuerzas de Seguridad de Marruecos y en personas o instituciones con la capacidad y experiencia necesaria para formar parte del nivel de planificación del proceso”. Y como hace el Centro Nacional de Información y Fronteras (Cenif), a partir del análisis de imágenes y vídeos de las redes sociales, descarta que cualquier mafia de la inmigración haya adquirido tanto poder.

La magistrada recurre en su auto a afirmaciones del presidente del Gobierno, que no estaban en la denuncia que ha dado origen a la causa, y obvia otras de Pedro Sánchez. Las frases que utiliza la magistrada son las que el jefe del Ejecutivo pronunció en su visita a Ceuta el 31 de julio. “Como bien señaló el presidente, quien definió los hechos como 'un ataque, una violación de la integridad territorial de España' (...) Y ello, mediante un flujo migratorio masivo que constituye uno de los métodos característicos de la 'guerra híbrida' o 'zona gris', con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles”, continúa la jueza aludiendo a las palabras del presidente del Gobierno.

Tardón, sin embargo, no escoge otras afirmaciones de Sánchez y otros miembros del Gobierno como que detrás de la decisión de miles de personas para abordar la frontera por vía marítima estaba la reciente sentencia del Tribunal Supremo que establecía que, ante la ausencia de elementos de disuasión en el mar, los migrantes que entraran a nado no podían ser devueltos de inmediato a Marruecos. La jueza la recoge como uno más de los factores dentro de la campaña de viralización de los mensajes en redes que llamaban a la movilización.

Esta tesis, la del 'efecto llamada' por la sentencia, fue la que manejaban los servicios de Información el día 31. Y es la explicación que tenían preparada los máximos responsables de las Fuerzas de Seguridad marroquíes y que ofrecieron a sus colegas españoles cuando estos les telefonearon en las primeras horas que siguieron al asalto masivo, según trasladaron a elDiario.es fuentes de la seguridad del Estado.

Al igual que hiciera la Policía, Tardón alude al argumento de la sentencia como una suerte de coartada para encubrir el verdadero motivo para organizar la entrada, que no fue otro que desestabilizar el “control de las fronteras exteriores de España”, su “seguridad pública” e incluso el “funcionamiento ordinario de sus instituciones y servicios públicos”, recoge el auto.

Gendarmes marroquíes y agentes de paisano

De los cinco niveles de organización del asalto que describe la Policía, uno tiene especial relevancia para apuntar en la dirección de la autoría intelectual marroquí. Se trata del tercero, “en el que se centran los organizadores del flujo de personas sobre el terreno” y donde la Policía y la magistrada detectan dos tipos de sujetos activos: los gendarmes uniformados y otros “agentes dinamizadores sobre el terreno”, con ropa de calle.

La magistrada también descarta que los agentes que dejaron pasar a los migrantes, o los que los guiaban, actuaran de forma espontánea. Tardón detecta “la extraordinaria capacidad de movilización por fases de un volumen muy grande de personas, así como por el escalonamiento en el acceso de perfiles que entran irregularmente en territorio español en cada una de esas fases [primero los jóvenes marroquíes, luego las familias y en tercer lugar los subsaharianos]; algo difícilmente realizable sin una planificación previa”.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado este lunes aceptar la competencia para investigar la entrada masiva de migrantes por la frontera de Marruecos con la Ciudad Autónoma de Ceuta al entender que se trata de un ataque contra la integridad territorial de España y afecta a la paz o independencia del Estado.

Da este paso tras recibir el informe del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, quien el pasado viernes señaló que este tribunal especial sí es competente para quedarse con la causa porque, de acuerdo con los indicios obrantes en las actuaciones, una parte sustancial de la fase de planificación, movilización, coordinación logística, difusión digital y eventual dirección estratégica de esa entrada se habría desarrollado en territorio marroquí, mientras que la ejecución material de la acción, el resultado perseguido y los efectos más relevantes se produjeron en territorio español.

En su informe, el fiscal jefe también solicitaba a la magistrada titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 que decretara el secreto parcial de la investigación, algo que Tardón también acuerda en un auto fechado este 7 de septiembre. A juicio del fiscal, los hechos investigados serían constitutivos, a priori, de delitos cuya investigación “corresponde a órganos con capacidad para afrontar fenómenos criminales complejos y organizados”. Entiende el fiscal que pueden encajar en esta fase inicial en un delito de favorecimiento de la inmigración irregular agravado por la posible comisión en el seno de una organización y por en peligro la vida o la integridad física de las personas afectadas. Ese delito se daría en concurso con delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, con un delito de organización o grupo criminal.

Asimismo, consideraba Alonso que la investigación debe determinar si los hechos pueden integrar delitos que afecten al orden público o a bienes jurídicos de naturaleza colectiva como la paz o independencia del Estado. No obstante, en la nota facilitada por la Fiscalía no se indica que el fiscal jefe haya solicitado por el momento ninguna diligencia adicional a la del secreto parcial.

Tardón señala ahora que, a tenor de lo recogido por el informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), es evidente que se está “ante unas actuaciones que no tienen una naturaleza incidental, de generación ocasional o espontánea, sino de un proceso que presenta determinados hitos previos, coetáneos y posteriores”. Y resalta que el informe policial sustenta sus pesquisas “en un minucioso, preciso y detallado análisis del abundante material gráfico, documentos, infografías, cuadros y esquemas analíticos e informes técnicos sobre diferentes extremos relevantes”.

La juez explica que, si bien “no ha sido posible aún determinar el número de personas (...) que entraron en la Ciudad de Ceuta” los días 30 y 31 de julio ni el de las que aún permanecen en ella, se habla de que accedieron entre 75.000 y 85.000 personas, sí pone sobre la mesa que el censo de esa población es de 83.595 habitantes. Y subsubraya que la finalidad migratoria de esa entrada masiva “opera sólo como cobertura formal que sirve para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la frontera de Ceuta”. Fundamenta esta tesis en el “hecho incontestable de que el perfil de la mayoría de los inmigrantes no buscaba (...) permanecer en territorio español”.

Al hilo, explica que las redes sociales tuvieron un papel preeminente en la movilización masiva y apunta a una “utilización y manipulación” de la sentencia del Tribunal Supremo que acotaba los casos en los que se podían llevar a cabo devoluciones en caliente. Entiende que no puede ser considerada “como un elemento narrativo dinamizador de la convocatoria”, pero lamenta que su contenido “se distorsiona y traduce a lenguaje viral como: 'Si entras nadando, no pueden devolverte'”.

Sobre lo que ocurrió durante la movilización masiva, la magistrada explica que se produjeron “oleadas de diferente intensidad y perfil que provocan un colapso de las capacidades de respuesta por parte del sistema de control fronterizo español”. Y recalca que se dio “una violación masiva de la soberanía territorial de España”.

La juez detecta que tras esos días hubo “efectos de desestabilización en el sistema de respuesta de España” que se proyectaron en planos como la seguridad pública, la sanidad, los servicios sociales o la defensa. Y añade que huno también casos de desinformación y contranarrativa con efectos de perfil internacional o geopolítico así como efectos en la política interna.

La “guerra híbrida”

Por otro lado, tras recoger párrafos del informe policial, explica que se dio “una clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos”, y hace alusión expresa al comportamiento de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos. Recoge que en las manifestaciones de los inmigrantes entrevistados en medios de comunicación se relata “de forma prácticamente unánime que los efectivos policiales -marroquíes- no sólo permanecían en actitud pasiva antes los intentos de entrada, sino que les ofrecían indicaciones para que accediesen a través del agua por la zona del Espigón de El Tarajal y no por otros accesos”.

Así, la juez explica que del examen provisional de los hechos se deduce que pudo existir un delito que compromete la paz o la independencia del Estado y resalta que hubo “una intencionalidad de atentar contra el Estado, vulnerando su integridad territorial como bien señaló el presidente del Gobierno” en su visita a Ceuta del 31 de julio cuando definió los hechos como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”. Considera que el método, un flujo migratorio masivo, constituye “uno de los métodos característicos de la guerra híbrida o zona gris, con la finalidad de alterar la vida y derechos de ciudadanos españoles”. Y puesto que el origen de ese método está en el extranjero “la competencia para investigarlos corresponde a la Audiencia Nacional”.

Además, también coincide con la Fiscalía en que los hechos también encajan en el delito contra ciudadanos extranjeros y en el delito de homicidio imprudente por el fallecimiento de al menos 83 personas cuyos cadáveres fueron recuperados en aguas españolas. Y añade que también se debe averiguar si los hechos encajan en el delito de organización criminal achacable a las mafias que operan en la zona. Si bien descarta que se esté “ante la autoría directa de ninguna de las organizaciones criminales de tráfico de inmigrantes (...) más allá del mero aprovechamiento oportunista por su parte de algunos de los efectos de la crisis sobrevenida”. Y esto porque “carecen de la capacidad de organizar un proceso de estas dimensiones, ni de movilizar, gestionar para convocar de forma efectiva e inmediata a tal inmenso volumen de personas”.

En definitiva, explica que en el presente caso las conductas objeto de investigación “sin duda han atentado contra la forma de Gobierno, ya que han supuesto un ataque, una violación de la integridad territorial de España”.

El expresidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, ha ratificado este lunes ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama lo que ya adelantó en su escrito presentado en julio, que cuando los directivos de la aerolínea aspiraban a un rescate público decidieron recurrir al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y acordar el abono del 1% del rescate de 53 millones de euros porque la situación era “límite” y les pareció bien el pago para lo que iban a conseguir.

Fuentes jurídicas consultadas por elDiario.es han señalado al término de la declaración que Martínez Sola ha reconocido que no supo qué gestiones pudo llegar a hacer “el Grupo Zapatero”, que no hizo seguimiento, pero que “ante la duda” decidieron pagar ante el temor de que, a pesar de cumplir con los requisitos, ese pago fuera necesario para la consecución del rescate público.

El pasado julio, cuando todavía era presidente de la compañía, Martínez Sola remitió un escrito al juez Calama en el que apunta que en enero de 2021 se adoptó la decisión de firmar un contrato con una sociedad denominada Idella Consulenza, de Julio Martínez -amigo y presunto testaferro de Zapatero-, que “vinculaba directamente la remuneración” a la obtención del rescate público de 53 millones de euros para la aerolínea. En el escrito se decía que esa remuneración era del 1% más IVA de la financiación pública, lo que ascendería a aproximadamente 641.300 euros (530.000 euros más IVA).

Martínez Sola explicaba al juez José Luis Calama que finalmente se decidió por ambas partes no formalizar ni ejecutar aquel contrato de la sociedad Idella, si bien Plus Ultra “sí pagó dicho 1% mediante varios pagos a las tres sociedades Análisis Relevante SL, Voli Analítica e Iot Domotic Europe SL -todas vinculadas a Julio Martínez Martínez- que junto con otros pagos en especie que se le reconocieron como efectuados por los numerosísimos vuelos en clase business que solicitó y no pagó (hasta un total de 46), arrojan la suma total de 530.000 euros”. “Es decir, un 1% de los 53 millones del rescate, tal y como habían acordado”, explica.

Martínez Sola reconocía que ni él ni el entonces director financiero Roberto Roselli llegaron a tener “una constancia fehaciente de las concretas actuaciones llevadas a cabo para influir o favorecer la concesión del rescate a Plus Ultra por parte de la SEPI”. “Pero lo cierto es que, como una medida desesperada, se asumió que Plus Ultra debía contratar con el Sr. Martínez Martínez para tal fin, conscientes de que tenía la relación con el Sr. Rodríguez Zapatero, asumiendo asimismo el pago de elevadas cantidades de dinero (el 1%) por tales labores que, eufemísticamente, llamaron 'de acompañamiento'”, añadía.

Relataba en su escrito que adoptaron esa decisión de la vía de de Zapatero a pesar del convencimiento que tenían de que presentaron “un expediente administrativo técnico mediante el que la compañía cumplía todos los puntos de elegibilidad para acceder a la ayuda”.

Este lunes ha vuelto sobre la misma idea en un interrogatorio que por parte del juez no ha sido extenso y para el que la fiscal ha empleado una hora aproximadamente, según las fuentes. La pregunta que rondaba la sala era qué hizo Zapatero para ganarse ese 1%, pero ha quedado sin respuesta, no importaba la gestión concreta, importaba el éxito. La intervención del abogado de Martínez Sola ha dejado claro que su cliente acudía a la Audiencia Nacional exclusivamente a ratificar su escrito, extremo este que ha centrado su primera pregunta.

Sobre cómo se iniciaron los contactos con él, ha explicado que recibió una llamada del expresidente en 2020 desde un teléfono con número oculto, Martínez Sola le explicó que necesitaban financiación y que quedaron en que gente de su equipo se pondrían de nuevo en contacto con los directivos de la compañía. Desde entonces Julio Martínez Martínez tomó las riendas del asunto, ha explicado que con Zapatero no se habló de cantidades pero que el entonces presidente de Plus Ultra entendió que 'Julito' hablaba en nombre de Zapatero.

Sobre el canal para abonar esa presunta 'mordida' ha explicado que finalmente se hizo a través de Análisis Relevante y no por medio de Ideia Consulenza, y ha recalcado que no se ejecutó a través de Dubai.

Al margen de esa presunta influencia para el rescate, Martínez Sola ha reconocido que Julio Martínez Martínez también realizó diversas gestiones para la compañía para solucionar diversos problemas con Venezuela dado que tenía buena relación con el Ejecutivo de ese país. De hecho ha explicado que por medio de 'Julito' llegó a conocer a la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez.

El Ministerio Público, sin embargo, le ha dedicado poco tiempo al rescate y se ha focalizado en asuntos como ciertas discrepancias en los créditos puente que se investigan y por determinados vuelos de la compañía a China para transportar mascarillas. El expresidente ha dejado para Roselli los pormenores sobre las cuentas.