El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha fijado fecha para interrogar en calidad de investigado al abogado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa del ex número tres del PSOE Santos Cerdán en la causa de los amaños de obra pública. Lo hace en el marco del caso de Leire Díez y tras haber recibido un informe de Anticorrupción en el que interesa su declaración. Se producirá el 25 de junio a las 10.00 horas.

El juez explica en una providencia que adopta la decisión después de haber recibido contestación de la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre las reuniones que se mantuvieron con investigados -hubo dos encuentros de Leire Díez y Teijelo con el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la FGE, Diego Villafañe-. Además, indica que también ha recibido información desde la Fiscalía Superior de Extremadura.

A ese respecto, cabe recordar que el magistrado investiga los movimientos de la trama, que indiciariamente coordinaban Cerdán y Leire Díez, para torpedear la instrucción del caso en el que estaba imputado el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Badajoz.

Precisamente este viernes, la Fiscalía General del Estado se ha pronunciado públicamente sobre una información de El Confidencial acerca de que Álvaro García Ortiz habría tramitado una denuncia contra la jueza que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, tal y como tenía intención Leire Díez de que se produjera, si se atiende a lo anotado por ella misma en su agenda.

El 21 de octubre de 2024 fue recibida en la Fiscalía General del Estado una denuncia contra cuatro jueces y un abogado de Badajoz presentada por un antiguo juez condenado por violencia de género que habría colaborado con el grupo de Leire Díez. La denuncia apelaba a un canal interno para denunciar posibles infracciones de fiscales por parte de compañeros. “En este caso ni el denunciante ni los denunciados eran fiscales. La denuncia fue archivada por la Secretaría Técnica de la FGE por defectos formales. El archivo y su motivación se notificó al denunciante”, explica un portavoz de la Fiscalía General. 

Según el mismo portavoz, el denunciante se dirigió por burofax al fiscal general del Estado entonces, Álvaro García Ortiz, quien, a su vez, “siguiendo el trámite establecido y habitual, la remitió a la Secretaría Técnica de la FGE para que le diese el curso oportuno”. “En el burofax se solicitaba que se tramitara la denuncia en la forma que se considerase adecuada, independientemente de la normativa que el denunciante alegó en su primer escrito”, añade la Fiscalía General. 

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General remitió la denuncia el 29 de noviembre de 2024 a la Fiscalía territorialmente competente, que era la Fiscalía de la Comunidad autónoma de Extremadura, “puesto que en la FGE no se realiza ningún tipo de actuación procesal”, añade. Y concluye: “La Fiscalía General del Estado no dio ningún tipo de directriz a la Fiscalía competente sobre cómo proceder”.

La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha hecho llegar al juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un escrito en el que plantea dudas sobre la obtención y la correcta custodia del contenido del teléfono móvil que fue interceptado por agentes norteamericanos en 2021 a Rodolfo Reyes, empresario que por entonces era socio mayoritario de Plus Ultra.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el letrado reacciona al auto de Calama por el que emitía una comisión rogatoria a EEUU con el objeto de tener el consentimiento de ese país para poder usar como fuente de prueba de cara a un eventual juicio penal esas conversaciones del empresario. Conversaciones que fueron clave tanto para la imputación del expresidente como para las entradas y registros llevados a cabo por agentes de la UDEF.

Ante la “parquedad de información” proporcionada hasta el momento sobre el origen de estas pruebas, la defensa del expresidente ha solicitado que el requerimiento a EEUU se amplíe con ocho peticiones. Entre ellas, reclama la resolución judicial o administrativa que autorizó la incautación y el clonado del teléfono, así como los detalles del procedimiento abierto contra Reyes en EEUU. A nivel técnico, exigen conocer qué autoridad realizó el volcado, qué software se empleó y, sobre todo, que se aporten los mecanismos de verificación —como códigos hash y actas de desprecinto— con los que se pueda determinar si las conversaciones han sufrido algún tipo de manipulación.

El letrado, Víctor Moreno Catena, explica que con esta ampliación de la información lo que se busca es “garantizar el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales” del expresidente en el procedimiento abierto en la Audiencia Nacional contra él por haber participado, presuntamente, en una trama dedicada al tráfico de influencias. Su defensa entiende que la ausencia de una información completa que arroje luz sobre el método de volcado, la autenticidad de las comunicaciones o la conservación y custodia del dispositivo por parte de la policía norteamericana “permite plantear dudas razonables sobre el respeto del derecho a un proceso con todas las garantías”.

También se muestra preocupado por las circunstancias en las que se ha producido el intercambio de esa información entre los órganos policiales, “sin intervención judicial conocida”. Y explica que estos vacíos de información provocan “graves dificultades sobre las condiciones para el ejercicio del derecho de defensa”. E insiste en que es imprescindible que la defensa pueda disponer “de una posibilidad real y efectiva de discutir y controvertir (...) la autenticidad, integridad, trazabilidad y contexto de todos los materiales que se usan como elementos probatorios de cargo”.

Por eso, además de las peticiones mencionadas, Moreno Catena quiere conocer también el alcance de la extracción (“total, parcial, física, lógica, remota o selectiva”) del contenido del móvil así como el software o la herramienta utilizada para ese fin y la autoridad que llevó a cabo el análisis del dispositivo. Y pide conocer cómo y cuándo se remitieron esas evidencias a las unidades policiales españolas, y las comunicaciones precedentes entre las unidades policiales españolas y el Homeland Security Investigations (HSI). A esto añade que se debe saber si esa cooperación policial contó con la autorización del órgano competente de los EEUU.

Recuerda que, según detalló el juez este pasado martes en un auto, el HSI remitió ese contenido del móvil de Reyes el pasado 18 de marzo de 2026. Cinco años después de que fuera intervenido cuando el empresario trató de acceder a EEUU por el aeropuerto de Miami. Y lamenta que hasta el momento ese volcado “no consta que se haya elevado a la plataforma Cloud” a la que acceden todas las partes del proceso.

En otro escrito de 2 de junio, previo a éste y al auto del juez acordando el requerimiento a EEUU, el abogado ya denunciaba “algunas omisiones relevantes” que afectaban directamente al ejercicio del derecho de defensa porque “hay evidencias digitales que no constan en la causa”. Se refería ya entonces a que no podía consultar dos dispositivos de los que se habían extraído múltiples conversaciones para sustentar los atestados de la UDEF.

Y concretaba que se refería al llamado “disco Crucial” donde se contiene el chat 'Danilo España', y el dispositivo de Rodolfo Reyes que fue facilitado a la policía por la HSI. “Esa circunstancia genera una clara indefensión y vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, pues no cabe espigar o presentar fragmentariamente una comunicación y ocultar su totalidad”, decía.

Por eso, advertía de que o se proporcionaban íntegramente los dispositivos a se debían excluir también por completo, “suprimiendo las referencias a los contenidos que han podido ser examinados por las partes”.

Calama busca asegurar la prueba

En el auto del juez por el que acordaba esa comisión rogatoria a EEUU, se indicaba que el contenido de ese móvil llegó a los investigadores españoles por cauces de colaboración internacional entre cuerpos policiales. Reconocía, al mismo tiempo, que el material incautado a Reyes ya había sido utilizado hasta la fecha “como elemento de investigación”, pero advertía de que, dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, resultaba necesario “determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales”. Es decir, buscaba asegurarse de que su contenido pueda ser usado en el juicio y no sea fuente de posibles nulidades futuras.

En los fundamentos del auto explicaba que esa cooperación entre policías permitió que la UDEF tuviera en sus manos información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 “contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas”. Y que esa red usaba empresas pantalla y realizaba operaciones internacionales que incluían sobornos, fraudes y el desfalco de fondos públicos.

El juez apuntaba que esa investigación transnacional se ha realizado en coordinación con las oficinas del HSI de en Nueva York, Tampa, Miami y Boston, y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal. El objetivo era “identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos”. Indicaba que una de las líneas se centraba en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. El HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente estaba orientada a ver si participó en contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. No ha sido hasta 2026 que el HSI ha considerado que podría tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra.

El expresidente de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), Vicente Fernández Guerrero, maniobró en el año 2021 para que la empresa navarra Erri Berri, especializada en demoliciones, fuese la adjudicataria de un contrato de 2,85 millones de euros para el derribo de las Baterías de Cok en Avilés, en Asturias. A cambio, según la Fiscalía Anticorrupción, Fernández Guerrero habría pactado una comisión de 400.000 euros. Los pagos se camuflaron a través de una mercantil de Zaragoza, Mediaciones Martínez (ahora renombrada como Ku-Ma), de VUSA y de Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso en la que, supuestamente, Santos Cerdán tenía una participación del 45%. No respondían a un servicio real, sino a la contraprestación del expresidente de la SEPI por haber maniobrado para la consecución del contrato, siempre según esta documentación judicial a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Según Anticorrupción, Erri Berri, con sede en Olite, abonó de manera “indirecta” a Mediaciones Martínez y Servinabar 2000 un total de 575.857 euros, de los que 400.000 se corresponderían a la intermediación de Fernández Guerrero para el contrato en Asturias. Dicho contrato fue licitado por el Parque Empresarial Principado de Asturias SL (PEPA), una sociedad participada en su integridad por la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (SEPIDES), sociedad cuyo capital social pertenece a su vez en su totalidad a la SEPI, de la que Fernández Guerrero fue su presidente entre 2018 y 2019, aunque se investiga si mantuvo su influencia en años posteriores.

Las obras para la demolición de las baterías habían sido adjudicadas en un primer momento el 26 de abril de 2021 a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Lezama-Los Álamos, pero Erri Berri, que se había presentado a la licitación, presentó un recurso. Lo hizo después de que Leire Díez enviara un mensaje en el grupo de la aplicación Threema 'Hirurok', que compartía con Fernández Guerrero y Alonso, en el que proponía decirle al administrador de Erri Berri Félix Azcona la manera de poder anular el concurso. “Nos deberían algo [...] Aunque no se pueda cuantificar”, añadió Díez en el mismo foro. Así, el 7 de mayo, Fernández Guerrero envió un documento de Word a Alonso en el que se recogía como posible motivo para la impugnación de la licitación el hecho de que una de las vocales de la mesa de contratación hubiese participado anteriormente en la redacción de los pliegos. Erri Berri presentó su recurso y el 9 de agosto el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales lo estimó.

Así, el 11 de agosto el PEPA ordenó el reinicio de la licitación. Esta vez, Erri Berri, que en el anterior pliego había presentado una oferta económica de 6,5 millones de euros, hizo una de 2,5 millones, rebajándola así en 4 millones de euros. Esta oferta “anormalmente baja” hizo que se le fuera requerida una justificación por parte de la mesa de contratación. Unos días antes de que terminase el plazo para el envío de la documentación, Fernández Guerrero escribió a Alonso preguntándole si en Erri Berri tenían controlados los plazos. “No debe haber problemas con lo que he hablado”, respondió Alonso. “Si es necesario, que la gente de Erri Berri lo contraste también con nosotros. Nos jugamos (todos) mucho”, añadió Fernández Guerrero.

El 26 de octubre el expresidente de la SEPI volvió a escribir a Alonso para informarle de que la oferta a la baja había sido admitida. Lo hizo antes de que los técnicos firmaran el informe de admisión de la oferta y dieran cuenta a la mesa de contratación, circunstancia que para la Fiscalía Anticorrupción refuerza las sospechas de la influencia que tenía Fernández Guerrero en la SEPI para la adjudicación de contratos. Finalmente, el 27 de octubre la mesa de contratación propuso a Erri Berri como adjudicataria del contrato.

Pero la UTE Lezama-Los Álamos, que había sido adjudicataria de la primera licitación presentó un recurso. Y de nuevo Fernández Guerrero maniobró para que no prosperase. “He quedado con la Presidenta del Tribunal de Contratos para que esté alineada con nosotros cuando se produzca el recurso por parte de Lezama-Los Álamos”, expuso en el grupo 'Hirurok'. La presidenta del Tribunal de Contratos a la que se refiere es María de la Concepción Ordiz Fuertes, quien previamente había trabajado en la SEPI con Vicente Guerrero. “Estoy influyendo para que lo inadmitan x (sic) fuera de plazo y xq (sic) el contrato ya estaba formalizado. [...] El abogado [...] que lleva la defensa de Erri Berri está coordinándose con nuestro hombre en SEPIDES”, apostilló.

El 20 de enero de 2022 el Tribunal de Contratos desestimó el recurso de la UTE Lezama-Los Álamos. “Conchita [por María de la Concepción Ordiz] ha cumplido”, celebró Fernández Guerrero en el chat de Threema compartido con Díez y Alonso. “Ha sido un año de trabajo, de gestiones con unos y con otros [...] gracias al esfuerzo de los tres, cada uno en su ámbito [...] hemos hecho mucho porque conseguir revertir la inicial adjudicación a Lezama-Los Álamos parecía casi imposible. Y el resultado ha sido enormemente bueno. Este es el camino”, añadió.

Por este servicio, la mercantil Mediaciones Martínez emitió una factura a una empresa vinculada a Erri Berri, Reciclajes y Derribos Olite SL, por importe de 99.825 euros más IVA (120.000 en total) bajo el concepto de “trabajos de obra civil realizados relativos al mantenimiento de Pamplona durante el periodo junio 2021 a enero de 2022”. Pero la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la cifra pactada fue mayor por un mensaje que Fernández Guerrero envió a Alonso el 14 de marzo en relación con otras gestiones en favor de Erri Berri. “No quiero avanzar hasta que veamos los 400 k (o una parte de ellos) de Félix [Félix Azcona, administrador de Erri Berri]”. Un día después, el 15 de marzo, Erri Berri abonó la factura.

El 27 de mayo, Mediaciones Martínez emitió una segunda factura a Derribos Olite por importe de 61.213 euros, con el mismo concepto que la anterior pero modificando las fechas, y que no se abonó hasta un mes después, el 27 de junio. En esa misma fecha re emitió una tercera con el mismo importe, 61.213 euros, que fue abonada el 1 de agosto. En total, las tres facturas sumaron un total de 201.000 euros. Otros 100.000 fueron abonados a través de una tercera sociedad ajena a Erri Berri, VUSA, con la que según la Fiscalía Anticorrupción se pretendía “desvincular” el origen de los fondos “supuestamente ilícitos” percibidos por Mediaciones Martínez.

Los 100.000 euros restantes de los 400.000 supuestamente pactados fueron abonados, sostiene la Fiscalía, a través de facturas emitidas por Servinabar 2000 a Erri Berri en diciembre de 2023 y enero de 2024 de 50.215 y 49.277 euros respectivamente. Son los pagos que la Hacienda de Navarra recogió en el informe que envió al juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente sobre la contabilidad de la mercantil propiedad de Alonso y presuntamente, también de Cerdán. Se da la circunstancia de que Fernández Guerrero estuvo dado de alta también en Servinabar 2000. Cobró 68.632,45 de sueldo bruto en 2021 y 33.251,05 en 2023 y al menos 40.800 en 2022, según datos de la Hacienda foral de Navarra.

Erri Berri explicó en diciembre de 2025, tras el registro de la Guardia Civil en sus oficinas de Olite, que esos pagos a Servinabar 2000 respondían a unos trabajos de “servicios y gestiones” por parte de esa entidad enmarcados en el proyecto de demolición de la antigua Universidad Laboral de Zaragoza, obras en las que Erri Berri fue subcontratada por Acciona para esas labores.

“Aparentemente y considerando los elementos expuestos, unido al hecho de que no se han localizado por la policía Judicial otros datos o documentos de los que se evidencie cualquier tipo de actividad relacionada con el objeto de las facturas, se considera que el verdadero objeto de los pagos habría sido abono de parte del pago acordado -aparentemente 400.000 euros- como consecuencia de las gestiones efectuadas por el grupo Hirurok”, concluye Anticorrupción, que añade que “la operación de Avilés supuso el inicio de la relación mercatil entre Erri Berri, Mediaciones Martínez y Servinabar 2000”.

El expresidente de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), el socialista andaluz Vicente Fernández Guerrero, pactó en una cena de finales de julio de 2021 con el presidente de Tubos Reunidos, Francisco Irazusta, un “agradecimiento” de 5.000 euros mensuales más IVA que, según la Fiscalía Anticorrupción, era una comisión ilegal por su mediación para que la compañía con sede en la localidad alavesa de Amurrio obtuviera, unos días antes de ese encuentro, un rescate de 112,8 millones de euros por parte de la SEPI. Los pagos cesaron cuando Irazusta dejó la empresa en 2023, se camuflaron a través de una mercantil de Zaragoza, Mediaciones Martínez (ahora renombrada como Ku-Ma), pero no respondían a un servicio real, siempre según esta documentación judicial a la que ha tenido acceso este periódico.

¿De dónde sale esta información que ahora investiga el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional? En junio de 2025, la UCO de la Guardia Civil arrestó en la localidad vizcaína de Elorrio al entonces desconocido empresario guipuzcoano Antxon Alonso. En ese registro aparecieron tres elementos fundamentales. Uno, dinero en efectivo en bolsas. Dos, un papel que vinculaba al entonces dirigente del PSOE Santos Cerdán con su empresa, Servinabar 2000, con oficina en el centro de Pamplona. Y, tres, un teléfono móvil con varias cuentas de correo electrónico y una aplicación de mensajería llamada Threema, pretendidamente más segura que WhatsApp o Telegram. En noviembre, este periódico publicó que los secretos de ese dispositivo iban a arrojar luz sobre adjudicaciones relacionadas con el PSOE.

Esto llevó, en diciembre de 2025, a otro arresto de Alonso, al de Fernández Guerrero y al de Leire Díez, natural de Bizkaia. Se registró también Tubos Reunidos. ¿Por qué? En el Threema había un grupo conformado por Alonso, por Fernández Guerrero y por la socialista vizcaína. Se llamaba Hirurok, en euskera. Después, crearon otro, Hirurok Berriro. Aparentemente, usaban ese foro para coordinar su intervención en diferentes negocios para recaudar mordidas. La investigación trata de determinar qué grado de influencia mantenía Fernández Guerrero en la SEPI, ya que había abandonado el cargo en 2019 por su imputación en otro proceso penal sobre Aznalcóllar. Y también si Cerdán, socio de Alonso, era el coordinador de estas actividades.

La fiscal Anticorrupción Elisa Lamelas presentó ante la Audiencia Nacional el pasado 9 de diciembre de 2025 una denuncia que derivó en esos arrestos. Achaca a la terna los delitos de prevaricación, malversación de caudales, tráfico de influencias y organización criminal. El asunto, que permaneció bajo secreto hasta hace una semana, acabó recayendo en el juez Pedraz y derivó en una ampliación de la investigación para indagar en la actividad llevada a cabo por Díez para atacar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE o al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Pero antes de las cloacas estuvieron los tubos. Antes de este giro que copa titulares y tertulias, estuvo el millonario rescate de Tubos Reunidos, la gran operación del grupo Hirurok y que dobla en cuantía al de la aerolínea Plus Ulta. En esa denuncia inicial, a la que ha tenido acceso elDiario.es y que ahora ya ha sido ampliada con un nuevo informe de la UCO de mayo y nuevos registros, la fiscal explica que la trama, desde 2021, “valiéndose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre personas vinculadas a la fúnción pública, habría orientado la resolución de diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros”. Enumera cinco operaciones, pero la principal es de la de Tubos Reunidos.

En el móvil de Alonso hay una primera mención a la empresa a mediados de junio de 2021, pocas semanas antes de confirmarse el rescate. Fernández Guerrero quería saber qué opinaba el PNV de ese negocio, porque el secretario de Estado de Economía (socialista, Gonzalo García) estaría “dificultando la operación”. Después, el 3 de julio Fernández Guerrero colgó en Hirurok un documento con detalles del cronograma del rescate y explicaba que la nueva presidenta de la SEPI, Belén Gualda, había dado el visto bueno aunque persistían las dudas en el Ministerio de Economía. La SEPI cuelga de Hacienda. El andaluz añadía en ese mensaje que “ligaba su contribución al rescate de TR a la consecución de una retribución”. Repitió la misma idea en varios correos electrónicos.

El 6 de julio de 2021, Servinabar 2000 organizó una reunión en Pamplona, de normal colapsada en esa fecha por el chupinazo de San Fermín pero que no celebró sus fiestas ese año por la COVID-19. Fernández Guerrero era empleado de la firma de Alonso en la que Cerdán era socio. Tuvieron un orden del día de 29 puntos en esa reunión. El vigésimo noveno y último era Tubos Reunidos: “Los 112,8 MM € comprometidos por la SEPI están en el aire. Hoy 6/Jul, pese a la promesa de la presidenta de la SEPI no se va a aprobar la operación. Posibilidad de que Antton [Alonso] lo confirme ante el PNV, demostrando que cuenta la información fidedigna. Presión del PNV ante el Gobierno. ¿Compensación para Servinabar? Vct [Fernández Guerrero] tiene hilo directo con Presidente de TR, Francisco Irazusta”.

La Fiscalía, como también mantiene la UCO, no descarta Alonso intermediara con el PNV para desbloquear la financiación. Cerdán siempre ha dicho que su amigo, con el que niega cualquier relación mercantil, era cercano a la formación nacionalista y a su coalición en Navarra, Geroa Bai. En todo caso, el rescate se concretó el 13 de julio. En Threema, Fernández Guerrero destacó el papel de Alonso con el PNV “en la resolución del asunto”. El 18 de julio, el expresidente de la SEPI ya hablaba con sus compañeros de Hirurok de poder recibir un “agradecimiento” y planteaba mostrar sus cartas en una cena con Irazusta, el primer ejecutivo de la compañía.

Según la documentación judicial, esa cena tuvo lugar el 28 de julio y, al día siguiente, Fernández Guerrero ya tenía una fórmula para que Servinabar 2000 girase facturas a la empresa alavesa. Finalmente, la “colaboración” se firmó en noviembre de 2021, aunque se optó por camuflar los pagos a través de una empresa de Zaragoza, Mediaciones Martínez. La “oferta” era de una “cuota mensual” de 5.000 euros. Las facturas a Tubos Reunidos estaban en el buzón de correo electrónico de Servinabar 2000 con conceptos como la “prospección de mercados”. “En ninguna de las evidencias obrantes en el procedimiento se han observado elementos de los que se pueda concluir que se llevaron a cabo gestiones de prospección de mercado”, estima la Fiscalía. Y es “especialmente significativo” que los pagos se cortaron cuando Irazusta dejó la empresa. Anunció su renuncia en julio de 2023 y la de agosto fue la ultima minuta.

Fuentes de Tubos Reunidos confirman los pagos a Mediaciones Martínez. Añaden que también hubo pagos a título individual a Fernández Guerrero. La pasada semana se abrió una nueva línea de investigación porque, tras la marcha de Irazusta, dos directivos buscaron de nuevo ayuda de Hirurok para flexibilizar los pagos de intereses del rescate. En 2024 se produjo, según la Guardia Civil, una reunión en Ferraz para tratar el asunto. Estaba Cerdán y Díez, pero aparentemente quien recibió de nuevo una gratificación fue Fernández Guerrero. Se analiza si fueron 40.000 euros. La compañía admite que mantuvo los pagos al expresidente de la SEPI hasta noviembre de 2025, es decir, hasta su arresto.

En Euskadi, Tubos Reunidos ha copado titulares este 2026. La empresa ha entrado en concurso de acreedores. Acumula un pasivo de 260 millones y la SEPI es el principal acreedor. El rescate ha acumulado intereses y alcanza los 160 millones de euros. En estos meses tras la aparición en escena de Fernández Guerrero ha habido 242 despidos, huelgas y movilizaciones. El PNV ha insistido en reclamar una quita a la SEPI, extremo que en la empresa dan por imposible dadas las circunstancias.

En mayo de 2021 Rodolfo Reyes, empresario venezolano y por entonces accionista y consejero de la aerolínea Plus Ultra, intentó acceder a EEUU por el aeropuerto de Miami junto a su esposa. Pero las autoridades fronterizas norteamericanas le flanquearon el paso, le retiraron el visado que le permitía acceder y procedieron a subirle en un avión para mandarle de vuelta al destino de origen. No solo hicieron eso, fuentes cercanas al empresario consultadas por elDiario.es indican que fue en ese momento cuando se procedió a realizar una copia de su teléfono móvil.

Ese clonado acabó el 18 de marzo de 2026 en manos de la UDEF gracias a la colaboración policial internacional y sirvió para investigar por tráfico de influencias al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y dado que afecta de lleno a un procedimiento judicial inédito en España, nunca antes se ha investigado a un presidente del Gobierno, cabe preguntarse si esa interceptación del dispositivo por agentes de EEUU se ajustó a derecho.

Según el portal de la US Custom and Border Protection (CBP), que viene a ser un departamento de aduanas y control fronterizo, las leyes y la jurisprudencia de EEUU avalan que se pueda inspeccionar los dispositivos electrónicos que cruzan la frontera con el objetivo de “mantener la seguridad en un mundo cada vez más digital”.

Especifica que todos los viajeros que cruzan la frontera están sujetos a la inspección de la CBP aunque matizan que “en raras ocasiones” se registrará el móvil el portátil, la cámara o cualquier otro dispositivo porque ese tipo de acción va encaminada a “identificar y combatir actividades terroristas, contrabando de drogas, tráfico de personas, contrabando de grandes cantidades de dinero en efectivo, violaciones de los derechos de propiedad intelectual y fraude de visas, entre otras infracciones”.

Esos registros en frontera de dispositivos electrónicos son vitales para conocer la intención de una persona cuando entra en EEUU,s egún la CBP, dado que proporcionan información adicional relevante. Pero advierte de que existen “directrices estrictas” para esas interceptaciones con el objetivo de que se lleven a cabo con “prudencia y responsabilidad”. De hecho, en esa misma página se indica que tan solo se le revisan los dispositivos a un número reducido de pasajeros -en 2025 a menos del 0,01% de los viajeros internacionales-.

Esa fuerza aduanera subraya que las inspecciones de dispositivos se realizan conforme a numerosas leyes federales y reglamentos vigentes, y con el beneplácito de la jurisprudencia aplicable de la Corte Suprema de EEUU y el US Code (Código de Estados Unidos) que “reconoce la autoridad del Gobierno para realizar dichas inspecciones”. Resalta así que todas las personas, independientemente de su ciudadanía, así como todo el equipaje y las mercancías que lleguen o salgan de Estados Unidos, “están sujetas a inspección”.

Prohibido el acceso a almacenamiento remoto

Por otro lado, explica que existen dos tipos de inspecciones, la básica y la avanzada. La primera solo consiste en una revisión por parte del agente del dispositivo pero sin ayuda de ningún equipo externo. En cambio, la segunda supone conectar equipos al dispositivo del pasajero. Esa conexión puede ser con o sin cable y la finalidad es copiar para luego analizar el contenido. Especifica que, en realidad, se considera una inspección avanzada cuando existe “una sospecha razonable de una violación de la ley aplicada o administrada por la CBP o una preocupación de seguridad nacional”. En ese caso, el agente debe requerir la aprobación de un superior (de nivel 14 o más alto) antes de realizar la búsqueda, pero en ningún caso se menciona que sea necesaria la autorización de un juez para llevar a cabo esa diligencia.

La CBP indica, además, que los viajeros compelidos a la inspección deben permitir el examen de sus dispositivos, y que en caso de que ese móvil esté protegido por una contraseña, cifrado u otro mecanismo de seguridad, podrá ser retenido y confiscado. En ese caso, los agentes de aduanas podrán tenerlo en cuenta a la hora de decidir qué medidas legales adoptan contra el pasajero.

En la información facilitada por la CBP se destaca además un hito relevante, y es que los agentes solo utilizarán el código de acceso que sea proporcionado por el dueño del dispositivo cuando sea necesario para realizar el examen, y matiza que solo se puede usar para la búsqueda dentro del dispositivo “y no podrá utilizarse para acceder a información almacenada únicamente de forma remota”.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha emitido una nueva resolución en el marco de la causa en la que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por tráfico de influencias. Es un auto relevante porque aborda un hito capital en la investigación: acuerda enviar una comisión rogatoria a EEUU para poder usar como fuente de prueba en el proceso penal la extracción del contenido del móvil de Rodolfo Reyes, el empresario venezolano que fue socio de Plus Ultra. Los chats de este empresario fueron claves para sostener el informe de la UDEF que derivó en la imputación del expresidente socialista.

El auto, adelantado por El Confidencial y al que ha tenido acceso elDiario.es, refleja además un dato clave, y es que ese móvil fue incautado por la Homeland Security Investigations (HSI) en 2021 pero la información no fue trasladada por los servicios norteamericanos hasta el 18 de marzo de 2026. Cinco años después. Fuentes fiscales consultadas explican que se trató de un “traslado espontáneo” de EEUU amparado por los cauces de colaboración internacional entre cuerpos policiales. Y así lo recoge también el instructor en su resolución.

Calama reconoce que el material incautado a Reyes ya “ha sido utilizado hasta la fecha como elemento de investigación”, pero advierte de que dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, “resulta necesario determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales”. Es decir, busca asegurarse de que su contenido pueda ser usado en el juicio y no sea fuente de posibles nulidades futuras.

Explica en los fundamentos del auto que esa cooperación entre policías permitió que la UDEF tuviera en sus manos información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 “contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas”. Recuerda que esa red usaba empresas pantalla y realizaba operaciones internacionales que incluían sobornos, fraudes y el desfalco de fondos públicos.

El juez apunta que esa investigación transnacional se ha realizado en coordinación con las oficinas de HSI de en Nueva York, Tampa, Miami y Boston, y con autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal. El objetivo era “identificar y desarticular redes que facilitan la circulación global de fondos ilícitos y favorecer la recuperación de activos”. Indica que una de las líneas se centraba en Rodolfo Reyes, investigado por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank. El HSI obtuvo en 2021 una extracción telefónica que, aunque inicialmente estaba orientada a ver si participó en contrabando, reveló comunicaciones con instrucciones para mover fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales. Fue entonces cuando el HSI consideró que podría tener relevancia para la investigación española relativa a Plus Ultra.

Cabe recordar que el 9 de mayo de 2021, según informó la Cadena Ser y ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al empresario, Reyes fue retenido por agencias norteamericanas en el aeropuerto de Miami y, tras un interrogatorio, las autoridades de EEUU decidieron retirarle la visa tanto a él como a su esposa y tramitar la deportación, o devolución, a Panamá. Ahí fue cuando, según estas fuentes, pudo realizarse el volcado de su móvil.

Antes que Calama, la jueza instructora del asunto en los juzgados de Madrid, Esperanza Collazos, ya cursó una Orden Internacional de Detención contra el empresario venezolano. Pero al cambiar el caso de juzgado (pasó a la Audiencia Nacional), la Interpol desactivó la alerta de busca y captura. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 4 reactivó esa orden internacional el 17 de marzo. Indicaba que le busca por llevarse parte de los 53 millones del rescate a Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Islas Mauricio. El sumario del caso Plus Ultra, al que tuvo acceso este periódico, explicaba que “Reyes y otros gestores de la aerolínea idearon un presunto plan para apropiarse” del rescate público de la compañía. Se considera que parte fue destinado mediante transferencias inmediatas a sociedades instrumentales de la red de blanqueo de la que presuntamente formaba parte el antedicho“.

Tanto en el auto de imputación de Zapatero como en los atestados de la UDEF se refieren numerosas conversaciones de Reyes con otros accionistas y con el entorno de la presunta trama con el objetivo de que Zapatero pudiera remar a favor de que la aerolínea consiguiera el rescate público en 2020. Por ejemplo, el 28 de abril de 2020 Reyes expresa a Julio Martínez Sola, entonces vicepresidente de la compañía, que habría conseguido acceso a Zapatero: “Acaba de hacerse el puente con ZP”. A esto, Martínez Sola responde le responde: “Aunque sea pagando un poquitín”.

La magistrada de la Audiencia Nacional Francisca María Ramis Rosselló ha emitido un voto particular contrario a la resolución de sus colegas jueces en el que sostiene que la entrada y registro en la sede de la acerera vasca Sidenor sí era necesaria porque, con esa diligencia, España cooperaba con la Corte Penal Internacional (CPI) en la investigación abierta por ese organismo para esclarecer si se han cometido crímenes de lesa humanidad en Gaza.

En el auto de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional —presidida por Teresa Palacios—, al que ha tenido acceso elDiario.es, las magistradas acordaban estimar el recurso del presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, contra la decisión del juez instructor de investigar otras operaciones de venta de acero para la fabricación de armamento a distintos países, algunos no pertenecientes a la Unión Europea, como era el caso de Vietnam. Así, revocaban esa resolución del magistrado Francisco de Jorge, como ya habían hecho con anterioridad con la entrada y registro en Sidenor, que tuvo lugar en febrero de este año. “Se corría el riesgo de practicar una investigación prospectiva”, destacaban.

Pero la magistrada Ramis Rosselló, en su voto, recuerda que el hecho de que sea la Corte Penal Internacional la competente para perseguir y enjuiciar el delito de lesa humanidad y el delito de genocidio en relación con altos cargos militares y políticos israelíes “no desplaza la competencia funcional de España para cooperar, asegurar y preservar” toda prueba que pueda ayudar en esa investigación. “La CPI ejerce una jurisdicción plenamente válida sobre los crímenes cometidos, en este caso concreto en Gaza, y su investigación complementa la labor del Tribunal Internacional de Justicia centrada en la responsabilidad de Israel como Estado”, añade.

Y subraya que la cooperación de otros estados es determinante porque cada uno, en el marco del Estatuto de Roma, “tiene la obligación jurídica de cooperar con la Corte Penal Internacional”, no como gesto político, sino en cumplimiento de la obligación internacional. Entiende la magistrada que en el caso de España, y más en concreto de la Audiencia Nacional, debe “facilitar pruebas, información y asistencia judicial”.

Al hilo, recuerda que si bien la modificación de la norma que acotaba los casos de justicia universal limitaba la participación de este tribunal especial a determinados vínculos de conexión, esta restricción solo afecta a la posibilidad de enjuiciar el asunto en España. Así, no altera en modo alguno la capacidad de cooperar con la Corte Penal Internacional. Y por eso considera que las diligencias acordadas por De Jorge en la causa que abrió tras la querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa deben entenderse como un “acto de cooperación”.

Cabe recordar que tanto la Fiscalía como la defensa de Jainaga interpusieron recursos pidiendo la nulidad de los registros y el análisis de los hallazgos de otras operaciones de venta de acero. Pero la magistrada recuerda al Ministerio Público que la Fiscalía General del Estado (FGE) en un decreto de septiembre de 2025 decía que en España “resulta legítimo abrir diligencias preprocesales para preservar e integrar prueba en un marco procesal que haga posible su utilización posterior por jurisdicciones internacionales”.

Además, la magistrada entiende que en el contexto internacional descrito en la querella, y en atención al Estatuto de la Víctima, sí concurría el requisito de perseguibilidad y, por tanto, no se podía negar legitimación ni a la asociación como acusación popular ni al médico gazatí que se personó como acusación particular y que finalmente fue expulsado de la causa por la Sala de lo Penal.

“Indicio potentísimo”

Vuelve a incidir en que los registros fueron una medida proporcional porque el delito de contrabando de materiales destinados a la fabricación de armamento “resulta especialmente sensible en el contexto internacional en que se ha producido”. “Da al contrabando una dimensión que excede de la defraudación a los intereses del Estado y, por lo tanto, la utilización del registro domiciliario como medida de investigación resultaba proporcionada a la gravedad de los hechos”, concluye.

Para finalizar, la magistrada incide en que los autos de De Jorge recogían indicios del delito de contrabando y del delito de complicidad en el delito de lesa humanidad o de genocidio. Y recuerda que se apoyaba en un oficio de la Comisaría General de Información de septiembre de 2025 relativo a la exportación de 42 partidas de acero no aleado a la empresa israelí IMI Sistems LTD con pleno conocimiento de que este es un fabricante de toda clase de armamentos.

Añadía que ese es un “indicio potentísimo” que se da en un momento y contexto muy específico, esto es, “los acontecimientos producidos en Gaza, la apertura de diligencias ante el TPI, y las denuncias de genocidio contra Israel por presunto delito de genocidio”.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el caso Leire, ha acordado citar como investigada a la abogada Leticia de la Hoz -quien ejerce la defensa del asesor ministerial Koldo García-. Según el auto del magistrado, consultado por elDiario.es, la Audiencia Nacional acepta las múltiples diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y señala la citación de la letrada para el 14 de julio. Asimismo, cita a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona el 10 de julio en calidad de testigo. La Fiscalía solicitó esta comparecencia para que explicara la existencia de conversaciones con la exmilitante Leire Díez.

Asimismo, el juez acuerda solicitar a la Fiscalía General del Estado (FGE) que le informe de las reuniones que pudiera haber mantenido con Leire Díez, con el empresario Javier Pérez Dolset, con el abogado del comisario Villarejo y con los letrados investigados Jacobo Teijelo e Ismael Oliver. En este sentido, se dirige también al Tribunal de Instancia de Majadahonda para que le envíe el procedimiento civil completo relativo al fiscal José Grinda -al que la trama presuntamente tentó con un soborno a cambio de ayuda para acabar con determinadas causas o fiscales-. A la Fiscalía Superior de Extremadura le solicita el destino que le dio a una denuncia presentada por un abogado afín a Leire Díez que buscaba torpedear la labor de la instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez.

Por otro lado, acuerda librar mandamiento judicial a la Subdirección General de Nacionalidad dependiente de Justicia para que informe sobre el estado actual de la solicitud de nacionalidad española correspondiente al empresario Nervis Villalobos.

Además de estas diligencias, el juez acuerda una batería de declaraciones testificales que arrancarán el próximo 26 de junio y que incluyen comparecencias como la de la empresaria Carmen Pano y su chófer (29 de junio), la de Miriam Serrano -la joven que denunció al fiscal Grinda por un presunto delito sexual-, la del comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo Rubén Villalba, o la del empresario de los hidrocarburos y socio del empresario Víctor de Aldama, Claudio Rivas.

El 13 de julio será el turno de la testifical de quien fuera abogado del exministro José Luis Ábalos, José Aníbal Álvarez. Quien estuvo presente en una reunión en la que participaron Leire Díez y el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez.

De la Hoz y Pano

La abogada Leticia de la Hoz a principios de junio, y después de que trascendiera la resolución del magistrado en la que se indicaba que la presunta trama investigada habría contado con la coordinación del ex número tres del PSOE, dirigió un escrito a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para indicar que ella nunca ofreció un soborno de 50.000 euros a la empresaria Carmen Pano para comprar su silencio y evitar que declarase haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE. La letrada afirmaba que fue al revés, y que fue Pano la que le pidió 10.000 euros como comisión en un negocio relacionado con los hidrocarburos.

Pano, en su momento vinculada familiarmente a Víctor de Aldama, ha declarado en diversas ocasiones que acudió a la calle Ferraz y entregó 90.000 euros en dos tandas. Algo que ha negado el propio De Aldama y de lo que Pano no ha sabido dar muchos más detalles más allá de que era dinero relacionado con Villafuel y una licencia de hidrocarburos.

Esa supuesta entrega de dinero es pues objeto de investigación en el juzgado de Pedraz, donde se investiga a la exmilitante socialista Leire Díez y el entramado creado para desacreditar a jueces, fiscales y policías implicados en investigaciones que afectan negativamente al partido. Según el juez, el abogado Ismael Oliver y Leire Díez hablaron sobre la posibilidad de “negociar” con Pano e incluso su “compra”. El auto indica que “de forma indiciaria se desprende la materialización de este ofrecimiento a través de Leticia de la Hoz”.

En cuanto a la citación de Narbona, el Ministerio Público formuló esta petición después de en la UCO detallara la existencia de una conversación de WhatsApp entre la exmilitante Leire Díez y la presidenta del partido el 24 de abril de 2024. Los agentes dicen que Leire Díez “habló de 'reconducir' los ataques al presidente, dar ayuda 'cualificada' y dar la vuelta al asunto 'como un calcetín'”. En esta misma conversación, según el informe, Narbona respondió: “Se lo habías contado a Santos [Cerdán] el otro día”.

Tras conocerse el sumario del caso, Narbona aseguró que Leire Díez no llegó a enviarle ningún documento de la información que ofrecía. Asegura que se limitó a ponerla en contacto con el 'número tres' del partido que sí las recibió y revisó y le comunicó a la presidenta del PSOE que “no tenía nada que no se supiese ya”.

El juzgado de instrucción número 49 de Madrid ha admitido las querellas interpuestas por los partidos políticos PP y Vox en las que solicitaban que se abriera investigación por un presunto delito de prevaricación administrativa en el préstamo público de 475 millones de euros concedido a la aerolínea Air Europa en noviembre de 2020. Como primera diligencia cita como investigado al vicepresidente de la SEPI, Bartolomé Lora -quien era máximo responsable del órgano que dio luz verde a ese rescate- , el próximo 3 de julio.

En un auto adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, el juez José María Escribano señala que las querellas recibidas reúnen los requisitos marcados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, por tanto, las admite a trámite. Añade que dado que no se ha determinado ni la naturaleza ni las circunstancias de los hechos, ni las personas que en ellos han intervenido, procede a abrir diligencias previas y practicar la prueba esencial antes de decidir el procedimiento aplicable. Eso sí, acuerda casi la totalidad de lo que solicitó el PP en su querella.

Además de la declaración como investigado de Lora, requiere a la SEPI y al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE) para que aporten una serie de datos y documentos, como el expediente del rescate público, los informes de fiscalización, todos los correos al respecto, los contratos de financiación y todos los detalles relativos al consejo gestor que participó en decisiones sobre el rescate de la aerolínea.

Lora es un técnico ascendido en 2017 por Cristóbal Montoro (PP) a vicepresidente de la SEPI y que ha mantenido en ese puesto por el Gobierno de Pedro Sánchez. Cuando compareció en el Senado sostuvo que nunca recibió presiones de ningún miembro del Gobierno para adjudicar los préstamos a determinadas empresas: “Tramitamos unos expedientes en base a las normativas europea y nacional, con un procedimiento riguroso y tasado”.

La querella del PP, a la que tuvo acceso elDiario.es, sostiene que Air Europa no cumplía con los requisitos legales para acogerse a ese préstamo público porque, según información publicada en prensa Globalia -matriz de la aerolínea- “mantenía a cierre del ejercicio 2019 una deuda tributaria por importe aproximado de 5,8 millones de euros, derivada de actuaciones de inspección del IVA correspondientes a los ejercicios 2012 a 2015”. Lamenta así que, pese a que uno de los requisitos exigidos para la concesión del rescate era no mantener deudas con la Hacienda Pública ni con la Seguridad Social, la SEPI recabó informe de la Abogacía del Estado que fue favorable.

Al hilo, los 'populares' recordaban en la querella que el apoyo financiero público no se concedió directamente a la aerolínea operativa, sino a través de Air Europa Holding SLU, una “sociedad interpuesta (...) que carecía de actividad real, no tenía empleados y no había generado ingresos, actuando exclusivamente como vehículo tenedor de participaciones”. Y sumaban a esto que el rescate por importe total de 475 millones de euros se estructuró en dos tramos diferenciados para así evitar “la obligación de someter la operación al control directo previo de la Comisión Europea”.

El PP entiende que los hechos encajan en el delito de prevaricación administrativa porque se trata, a su juicio, de “una resolución arbitraria” en un asunto administrativo dictada por autoridad o funcionario público a sabiendas de su injusticia. Explica que fue el consejo gestor del FASEE el órgano administrativo que instruyó y decidió materialmente si la empresa cumplía o no los requisitos.

Cuando el pasado 27 de mayo se conoció el auto del juez Santiago Pedraz por el que acordaba varios registros e imputaba tanto al ex 'número tres' socialista Santos Cerdán como a la gerente del partido Ana Fuentes o al exdirigente andaluz Gaspar Zarrías, el sindicato Manos Limpias se apresuró a redactar un escrito en el que solicitaban al juez que elevara el caso Leire Díez al Tribunal Supremo porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debía ser investigado como inductor. La secuencia recordó a lo ocurrido en 2024, cuando los de Miguel Bernad presentaron una denuncia contra Begoña Gómez en base a unos recortes de periódico que acabó prosperando gracias al juez Juan Carlos Peinado.

Más allá del deseo de un sindicato que preside quien fuera secretario general del Frente Nacional, heredero de la Fuerza Nueva de Blas Piñar, lo cierto es que los diferentes atestados, informes y autos que componen el sumario del caso dejan claro que Cerdán y la exmilitante socialista se activaron en abril de 2024 para tratar de socavar los procedimientos judiciales que salpicaban tanto al PSOE como a familiares del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La figura del jefe del Ejecutivo se erige como la causante de los desvelos y de la actividad frenética de la 'fontanera' socialista. Y con esta premisa surge la duda de si Sánchez estaba o no al corriente de esa operación de salvamento que se orquestó con el beneplácito (aparente) de todo un secretario de Organización del PSOE en una reunión que se celebró en Ferraz durante esos días de reflexión que se dio el presidente para decidir si abandonaba la política tras conocerse la imputación de su esposa. No figura nada hasta el momento que acredite de forma directa que Sánchez estuviese al tanto y él lo ha negado este mismo viernes: “Ni lo avalé ni tuve información”.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge en el que es el principal atestado de la causa, el 89/2026 'Informe sobre hechos de aparente naturaleza delictiva', que la misión principal de la trama era “la defensa del Gobierno y su partido político” y que se instrumentalizó a la formación política para la ejecución de acciones “que consistirían en intentar atacar la integridad de todos los procedimientos judiciales con afectación al entorno del Gobierno, mediando actos de aparente naturaleza delictiva”. Da un dato importante, todo “detona” con la decisión de Pedro Sánchez de publicar su 'Carta a la Ciudadanía' el 24 de abril de 2024.

Así pues, buscándolo o no, la figura de Sánchez está en el origen de los esfuerzos de la trama. De esos días, ya recogen los investigadores que Leire Díez mantiene una conversación con la periodista Patricia López (ya fallecida pero que pudo tener un papel relevante junto a la exmilitante) en la que le indicaba que tenía que hablar con Cerdán. “Necesito que hables con Cerdán por lo de Pedro Sánchez. Tenemos audios e información sobre las cloacas contra Pedro Sánchez”, le indicaba.

A partir de ese episodio y a lo largo de las 372 páginas del principal informe de la UCO se menciona una treintena de veces de manera directa o a través de supuestos apodos al presidente del Gobierno. Son citas de terceras personas sobre él y el Gobierno defiende que se trata de un uso del nombre del presidente “probablemente para darse importancia”, en palabras del ministro Bolaños.

La grabación de Stampa: “Límpiese”

Una de las ocasiones en las que se vincula al presidente con la trama es cuando se recogen textuales de la reunión de la exmilitante socialista y el empresario Javier Pérez Dolset con el fiscal Ignacio Stampa. En concreto, cuando le refieren que el presidente les había dado el mandato de “que se limpie todo”. El fiscal grabó de forma subrepticia esa conversación.

Para los investigadores es de “interés” y un “elemento de especial relevancia” que Pérez Dolset sostuviera que “la decisión última sobre el inicio de esta actividad fue del propio presidente del Gobierno”, algo que, dicen, la propia Leire Díez confirmó cuando apostilló a la frase del empresario aquel “límpiese”.

Además, la UCO indica que durante la comparecencia pública de Sánchez el 29 de abril de 2024, tras el periodo de reflexión, cuando confirmaba su voluntad de permanecer al frente del Gobierno, Leire mensajeó al expresidente de la SEPI Vicente Fernández —con quien tuvo una relación personal— indicándole que la información que habían aportado estaba siendo empleada y había sido útil: “El presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo”.

Ese mismo día, Leire mantenía otra conversación, esta vez con Juanma Serrano (quien fuera jefe de gabinete de Sánchez en el PSOE hasta que llegó a La Moncloa) en la que éste le hace ver que “el jefe había citado lo de los audios” en su comparecencia pública. Leire Díez respondió con una nueva referencia al “jefe”, señalando: “El jefe nos va a poner en un altar”.

Y es que, tras dos años intentando llegar al PSOE, por fin —y por culpa de la instrucción del juez Juan Carlos Peinado— les habían empezado a tener en cuenta. Así lo reflejaba ella en un cuaderno que le fue incautado en su domicilio en referencia a la 'Operación PSOE': “Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe”.

“Por orden del One”

Pero quizá las menciones que más destacan y que para la UCO podrían apuntar a un conocimiento real de Sánchez sobre lo que hacía la trama son las que se refieren a él como 'el One'. Al respecto, consta en la causa una conversación entre Leire Díez y Vicente Fernández de enero de 2025 en la que ella expone que la prioridad de Santos Cerdán es atacar las causas de hidrocarburos porque podrían hacer caer como castillo de naipes procedimientos como el caso Koldo. Faltaban pocos meses para que un informe de la UCO apuntase al propio Cerdán. Ahí, Leire Díez indica que esa vía se debe seguir “por orden del One”.

Para la UCO, la referencia al 'One' solo puede indicar que se habla del presidente del Gobierno. “Por un lado, por ser la única persona que por su posición podría estar en disposición de ordenar algo a Santos Cerdán dentro del partido y, por otro, por el significado implícito de la referencia 'one', de la que se deduce que estaría efectuada a una persona que se encontrase en el primer nivel de responsabilidad”, explica.

Ese 'One' aparece también en las actas que redacta el comandante Rubén Villalba de sus encuentros con la fontanera del PSOE. En ellas expone que “Leire insiste en que tiene acceso al 1, a veces haciendo referencia al 1 del partido a través de su Secretaría y otras al 1 del Gobierno”.

Otro de los documentos clave que recoge el atestado de la UCO y que deja claro que la 'fontanera' todo lo hacía por el presidente del Gobierno es el conocido como 'LD-Planteamientos'. Fiel a su estilo, el comisario José Manuel Villarejo, tras contactar con Leire, redacta una suerte de proyecto que incluiría “un informe de inteligencia sobre PS”. La trama, en junio de 2024, había subcontratado de alguna manera al comisario para destapar los ataques de la cloaca contra el líder socialista.

Otra referencia que la UCO destaca como “paradigmática” es cuando en el fragor de los trabajos para atacar la figura de la jueza que instruía el caso contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, en Badajoz, Leire Díez llegó a manifestar que su prioridad en todo era Sánchez: “(...) mi prioridad en todo esto: el presidente”.

Pero quizá el mensaje que podría servir para apuntalar la tesis de la UCO de que quien estaba detrás de ese apodo de 'el One' era Sánchez se encuentra en febrero de 2025. En ese momento Leire Díez ya ha sido calificada por la prensa como la 'fontanera' del PSOE. Vicente Fernández le escribe para interesarse por ella y le recomienda que informe a 'S' (“se infiere que en referencia a Santos Cerdán”, dice la UCO). Y ella le responde que ya lo ha hecho y que le ha pedido que no se venga abajo. “Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo”, resaltaba ese 15 de febrero de 2025.

Además, una de las agendas de anillas incautadas a Leire Díez en su casa del norte de Madrid contiene la anotación “Reunión con P.S.” en la página correspondiente al 3 de febrero de 2025. La UCO hizo alusión a alguna de las anotaciones de esa agenda en el informe principal del caso, pero obvió este apunte. Según la página oficial de La Moncloa, Pedro Sánchez —a quien pudieran corresponder esas siglas— participó ese día en el retiro informal de líderes de la Unión Europea, convocado por el Consejo Europeo. Desde Moncloa han “desmentido rotundamente” cualquier encuentro entre ambos.

Con todo, más allá de menciones en mensajes cruzados por la 'fontanera', lo cierto es que hasta ahora no ha aparecido nada que permita afirmar que el presidente del Gobierno pudiera haber estado al tanto de ese 'operativo' nacido para intrigar en causas judiciales y contra representantes de la Fiscalía, jueces y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La investigación se encuentra en un momento incipiente habida cuenta que se deben analizar, entre otros, todos los dispositivos electrónicos incautados a Santos Cerdán, ese presunto coordinador de la trama que puede ser el cortafuegos para que el asunto no escale hasta la presidencia del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha aceptado la petición de la Unidad Central Operativa (UCO) para investigar seis cuentas bancarias vinculadas al PSOE para comprobar si, como supone, realizó pagos a empresas relacionadas con campañas publicitarias que pudieran haber acabado en manos de los miembros de la trama investigada en el caso Leire.

En un atestado de 1 de junio, que consta en el sumario, los investigadores de la UCO explican que han recibido nueva información tributaria de Crónica Libre, medio digital fundado por la propia Leire Díez y que pudo ser utilizado por la trama para su estrategia comunicativa de reacción contra las causas que afectaban al PSOE, en la que se desprenden relaciones económicas con la sociedad Iki Group Comunications SL por valor de 18.125 euros en el ejercicio 2024.

Los agentes sostienen que existe una doble coincidencia. Por un lado, ese pago de Iki Group a Crónica Libre ocurre en 2024, año en el que se gesta la operación dirigida supuestamente por Santos Cerdán e impulsada por Leire Díez para tumbar procedimientos judiciales. Por otro, se da una “proximidad cuantitativa” entre los 18.125 euros que abona Iki Group y el pago de 20.000 euros que el PSOE habría efectuado al Grupo Crónica Libre a través de una tercera agencia, enmarcando el pago dentro de una campaña publicitaria y que se gestionó entre los meses de abril y mayo de 2024.

Advierten los investigadores que durante el requerimiento cursado al PSOE la semana pasada pudieron identificar operaciones comerciales del partido con otra sociedad del grupo Iki, en concreto con Iki Media Solutions SL. Añade que ese grupo está conformado en apariencia por cinco sociedades, según han podidio comprobar en Squirrel Media -grupo adquiriente de Iki Group-.

Por todo ello, la UCO explica a Pedraz que dado que esos pagos “pudieran haberse llevado a cabo a través de una campaña publicitaria en Cataluña”, se considera necesario profundizar en las operaciones económicas que se pudieran haber mantenido tanto con el PSOE como con el PSC. Y al hilo, subraya que es necesaria además información adicional tributaria y bancaria de determinadas personas físicas y jurídicas objeto de investigación.

Así, entre la batería de diligencias que solicitan está el requerir al Grupo Iki todas las relaciones comerciales mantenidas con el Grupo Crónica Libre, con el PSOE y con el PSC durante los ejercicios de 2024 y 2025. También interesa que se oficie a la Agencia Tributaria para que aporte todo los datos que tenga del periodo investigado del PSOE, del PSC, de Zaño Consultores y de Gaspar Zarrías, del letrado Ismael Oliver y de sus sociedades, del abogado Jacobo Teijelo, de Crónica Libre y de todo el Grupo Iki.

Y a esto, la UCO suma que se dirijan peticiones a diversos bancos para que informen y faciliten toda los movimientos y saldos de las cuentas bancarias de varias de las personas investigadas y de sus sociedades así como del PSOE. El periodo temporal, en este caso es de 2024 a la actualidad. En concreto, del partido piden datos de seis cuentas, y llama la atención el caso del abogado Ismael Oliver, que tiene a su nombre un total de 62 cuentas o el del exlíder socialista Zarrías que tiene once si se suman las personales y las de la consultora.

La exmilitante socialista Leire Díez era taxativa a la hora de explicar cuál era el mandato que tenía: “'La intención de todo esto es limpiar, yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar”. Así se lo transmitió en una reunión que ella misma grabó a quien fuera número dos del Ministerio del Interior en la era Rajoy, Francisco Martínez. El audio de ese encuentro, que se alargó casi dos horas, consta en el sumario del caso Leire.

Esa reunión es una de las dos que mantuvieron, y se produjo en julio de 2024, tres meses después de la cita que la exmilitante mantuvo en la sede del PSOE en Ferraz con Santos Cerdán y con el empresario Javier Pérez Dolset (entre otros). La 'fontanera' del PSOE se acercó a él porque Martínez era uno de los investigados en la denominada 'Operación Kitchen' -caso que se juzga ahora en la Audiencia Nacional- y aparecía en audios del comisario José Manuel Villarejo donde se evidenciaba que tenía conocimiento sobre asuntos con posible trascendencia penal. La Unidad Central Operativa, en uno de los atestados que ha entregado al juez Santiago Pedraz explica que Martínez, de hecho, era uno de los objetivos de interés de la trama presuntamente coordinada por el propio secretario de Organización socialista Santos Cerdán.

“No podemos tener gente así en las instituciones”, indicó Leire a Martínez en clara alusión a la guerra que había emprendido contra jueces, fiscales o mandos policiales. “Porque hoy eres tú, mañana será otro. Y si no les ponemos corte ya nos estaremos equivocando”, le añadió. Ante esto, Martínez preguntó: “¿Limpiar esas casas?”. La exmilitante socialista se lo confirmó (“esas casas, esas casas”) para luego añadir: “Yo, a estas alturas de la existencia con lo poco o lo mucho que haya escuchado, sé que tú no actúas como un alma libre. (...) El secretario de Estado tiene un ministro y el ministro tiene un presidente del Gobierno”.

En su informe, la UCO explica al magistrado que localizaron en los dispositivos de Leire Diez dos archivos de audio “grabados aparentemente por esta” de los que se desprende la existencia de al menos dos reuniones fechadas el 15 de julio de 2024 y el 22 de julio de 2024. En las mismas, además de Martínez y la exmilitante socialista estaba también el abogado José Aníbal Álvarez, quien durante un tiempo después llevó la defensa penal del exministro José Luis Ábalos.

La UCO señala en su informe que la “dinámica” de Leire con Martínez es muy similar a la utilizada con Villarejo. “Presumiendo la disposición por parte de Francisco Martínez de cierta información como consecuencia de la actividad pública (...) , así como su involucración en diversas causas judiciales en las que figura como investigado, Leire le ofreció beneficios en estas causas a cambio de información”.

Leire Díez, sobre la directora de la Guardia Civil: “Es de mi confianza”

El sumario recoge el audio de otra reunión, mantenida entre Leire Díez, el empresario Javier Dolset, el abogado Jacobo Teijelo y el guardia civil Juan Yepes el 10 de diciembre de 2024, Díez menciona a la responsable de la Guardia Civil como “de confianza”. Se trata de una conversación en la que Yepes, guardia civil imputado en un caso de hidrocarburos, expuso su situación judicial y habló de las cuestiones que exigía a cambio de su colaboración para dar detalles sobre el funcionamiento de la UCO.

En un momento, Díez le ofrece su protección y afirma que su siquiente conversación “va a ser con la Directora de la Guardia Civil”. “No, yo eso no quiero (...) La directora de la Guardia Civil, a ver…”, responde Yepes. “Es de mi confianza”, le replica Díez. Después Yepes afirma que lo sabe, pero que no se fía: “Yo no me fío ni del DAO ni me fio de nada, el DAO era amigo mío y el DAO, por ejemplo, conmigo me tiene cuadrao”, añade.

Los investigadores señalan que existía una relación entre Díez y González previa a su nombramiento como jefa de la Guardia Civil, en septiembre de 2024 y constatan al menos tres reuniones entre esa fecha y abril de 2025. El PP ha pedido la dimisión de Mercedes González y del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.

La Audiencia Nacional investiga si el PSOE amparó y financió un entramado liderado por la exmilitante Leire Díez y por su ex ‘número tres’ Santos Cerdán con un objetivo: perjudicar a jueces, fiscales y guardias civiles que estuvieran investigando a miembros del partido, del Gobierno o al propio Pedro Sánchez y su entorno. El sumario del caso, al que ha tenido acceso elDiario.es, revela que la actividad frenética de Díez entrando y saliendo de casos judiciales, tejiendo alianzas con sus protagonistas y urdiendo planes para influir en investigaciones, viene de mucho más atrás. También evidencia que Leire Díez fracasó en su intento de poner en marcha un efecto dominó judicial con un propósito primordial descrito en sus agendas. “Que el PSOE salga bien de esto”. 

Un informe de la Guardia Civil contenido en el sumario repasa la trayectoria de Leire Díez como conspiradora y ubica el punto de partida en la pandemia de 2020. Para entonces había sido concejala en Vega de Pas (Cantabria), asesora de comunicación del partido entre 2015 y 2017 y en ese momento era jefa de comunicación de Enusa, empresa pública del sector nuclear.

En esos años empiezan sus primeras maniobras en torno al caso judicial de la mina de Aznalcóllar, en el que estaba imputado el entonces presidente de la SEPI Vicente Fernández, con quien mantenía una “relación personal” desde 2019 tras haber coincidido en el holding público. Vicente Fernández dimitió tras su imputación, aunque el caso por el supuesto amaño de un concurso para adjudicar este yacimiento sevillano terminó en archivo. 

El sumario recoge que ya en esos años Leire Díez se interesó por el desarrollo del caso y en cómo beneficiar a Fernández, sobre todo ante cargos del PSOE y en particular ante la ministra María Jesús Montero. Las conversaciones recopiladas por la UCO no reflejan grandes planes ni conspiraciones para tumbar el caso de Aznalcóllar, pero sí profundiza en otras causas vinculadas al partido en Andalucía como los ERE e Isofotón. 

En esos primeros años ya hay apuntes que llaman la atención de los investigadores. Por ejemplo, dos reuniones con el jefe de la Policía Judicial adscrita a los juzgados de Sevilla supuestamente para buscar información “que pudiera comprometer” a la magistrada Mercedes Alaya, instructora de los ERE. Leire Díez llegó incluso a grabar varios de estos encuentros. “¿Qué podemos destapar de ella? Necesito cuatro cosas que me permitan dos impactos y los demás los sigo yo con un libro”, decía al policía en uno de estos audios. 

“Tenemos que exterminar socialmente a Alaya. El dolor gratuito ya no puede ser gratis”, escribió en otro mensaje a Vicente Fernández. El atestado recoge más comentarios sobre estas causas que afectaban al socialismo andaluz: “Tengo la solución mediática para Isofotón”, dijo en relación con esta investigación sobre fraude millonario en ayudas públicas que acabó archivada en firme por el Tribunal Supremo. El caso Aznalcóllar también acabó en absolución y el Tribunal Constitucional dejó en la mínima expresión la sentencia de los ERE de Andalucía contra los principales consejeros condenados, aunque con argumentos alejados de las maniobras de Leire Díez. 

En aquellos primeros años de mensajes y planes, la exconcejala del PSOE en Cantabria tenía varios grupos de WhatsApp con personas implicadas en otras causas judiciales y que se consideraban afectadas por corruptelas de jueces y fiscales. Uno de ellos era Javier Pérez Dolset, un empresario encausado en la causa Zed por un fraude de más de 30 millones de euros que defiende que es una víctima más de la brigada política del PP, al nivel de los líderes independentistas o Podemos. 

Con él y con la periodista Patricia López, hoy fallecida, empezó a recopilar información en un chat llamado “Azahar”. Allí elaboraron una carpeta llamada “Operación PSOE” donde empezaron a almacenar documentos relacionados con el caso Villarejo con los que pretendían documentar la existencia de una cloaca judicial, fiscal y policial. Una carpeta que, años después, cobraría un papel protagonista. En la primera mitad de 2022, Pérez Dolset entregó los documentos en la Audiencia Nacional y en la Fiscalía con escaso éxito. 

Los informes del sumario no atribuyen una actividad especialmente intensa a Leire Díez entre 2022 y principios de 2024 en cuanto a la investigación judicial. Estuvo a sueldo de Correos y, según estudia otro juez de la Audiencia Nacional, integró otra trama distinta junto al citado Vicente Fernández y un empresario cercano a Santos Cerdán para cobrar comisiones por conseguir ayudas del Estado para determinadas empresas. 

Hasta entonces se había inmiscuido en casos que mayoritariamente afectaban al socialismo andaluz: los ERE, Aznalcóllar e Isofotón, con maniobras contra la jueza Mercedes Alaya, con pequeñas incursiones en el caso Villarejo de la mano del principal imputado del caso Zed. Pero todo cambió en la primera mitad de 2024. La trama que había empezado a especializarse en surfear casos judiciales delicados entró de lleno en el número 70 de la calle Ferraz.

El PSOE como financiador 

Cuando en abril de 2024 Pedro Sánchez amagó con dimitir ante “la campaña de acoso” contra su esposa, Cerdán puso a Leire Díez al frente de un operativo para “desestabilizar” las causas judiciales que afectaban al Gobierno o al PSOE, según la investigación judicial. “Me voy de urgencia a Madrid (... ). Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente”, escribió la exmilitante a Vicente Fernández. Ambos se reunieron en la sede federal del PSOE, en la calle Ferraz de Madrid, con Pérez Dolset, el dirigente socialista y hoy secretario de Estado, Antonio Hernando y el entonces director de comunicación, Ion Antolín.

Antes de ese encargo, la exmilitante llevaba tiempo intentando establecer contacto con el PSOE. Sin éxito. “Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo ocurre cuando lo de Begoña alguien nos escribe”, recoge una anotación de la propia Leire Díez que fue incautada por la Guardia Civil cuando fue detenida en diciembre. Este apunte concuerda con las citadas actuaciones previas del grupo, centradas en casos ligados al socialismo andaluz o las prácticas mafiosas de la policía política que funcionó en España durante la etapa de Gobierno de Mariano Rajoy. 

Tras esa primera reunión durante los días de reflexión de Sánchez, la investigación documenta otros 39 encuentros. Al menos 22 de ellos se habrían realizado en la sede de Ferraz, lo que a juicio del juez evidencia que el partido sufragó la “logística” que soportó estas maniobras. El partido pagó también cuatro viajes a Leire Díez y uno a Pérez Dolset relacionados con estos movimientos contra quienes investigaban a sus dirigentes. 

Dos meses antes de esa primera reunión había estallado el ‘caso Koldo’ que, tiempo después, acabó llevándose por delante al propio Cerdán y a quien antes que él había dirigido la Secretaría de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Además, el juez Juan Carlos Peinado había abierto una causa contra la mujer del presidente y su hermano sería imputado unos meses después por el caso que ha acabado sentándolo en el banquillo. 

Uno de los objetivos de la trama fue precisamente “destruir” este proceso judicial. Para ello, Leire Díez contactó con Luis Sáenz de Tejada, un magistrado condenado y expulsado de la carrera por amenazar a su pareja y con el que acordó iniciar una estrategia de hostigamiento contra la instructora del caso, Beatriz Biedma. Sáenz de Tejada llegó a presentar una denuncia contra la jueza en la Fiscalía General del Estado que quedó en nada. También intentó sin éxito personarse en la causa como acusación popular y apartar del caso a la magistrada. El hermano del presidente, acusado de delitos de prevaricación y tráfico de influencias, declara este jueves en el juicio que se celebra contra él en Badajoz. 

También buscaron información sobre Juan Carlos Peinado, el instructor del caso contra Begoña Gómez. Recurrieron, para ello, a Nervis Villalobos, un ex alto cargo venezolano había sido encarcelado por el polémico magistrado en una causa de blanqueo de capitales y que había llevado las irregularidades del caso hasta el Tribunal Constitucional. 

Otro de los objetivos de la trama fue el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, responsable de la investigación contra Ábalos, el ex fiscal general o el hermano de Pedro Sánchez. “Si está muerto, mejor”, llegó a decir Leire Díez sobre él en una reunión en la que reclamaba información comprometedora de este mando a Alejandro Hamlyn, un empresario imputado en un caso macrofraude de más de 150 millones en los hidrocarburos. A cambio, le ofrecía supuestos pactos con la Fiscalía y la Abogacía del Estado que pudieran beneficiar su situación. El empresario no ha alcanzado por ahora pacto alguno con la Fiscalía y las acusaciones contra él se mantienen.

En busca de información sobre Balas, la exmilitante también se reunió con otros guardias civiles investigados en diferentes causas. Es el caso del comandante Rubén Villalba, al que ofreció pagarle la defensa en el caso Koldo y recuperar su carrera en el cuerpo. O de Juan Sánchez Yepes, imputado en otro caso de hidrocarburos por supuestamente facilitar información reservada a otros investigados a cambio de prebendas. A raíz de ese episodio con Yepes tuvo lugar la citada reunión con Hamlyn que propició la apertura de la primera investigación a Leire Díez en un juzgado de Madrid hace un año. 

El objetivo de la trama de desvelar las cloacas del Estado a través de documentación del caso Tándem -la que habían almacenado en esa carpeta llamada “Operación PSOE”- seguía más vivo todavía y Leire Díez maniobró, incluso, con el comisario jubilado José Manuel Villarejo para buscar un pacto con la Fiscalía a cambio de su información. El pacto nunca se produjo y el fiscal encargado del caso rechazó varias veces hablar con su abogado. Díez se adentró incluso en las profundidades del caso Kitchen y habló con Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con Mariano Rajoy que es juzgado estos días por esa trama policial corrupta. 

De la familia de Sánchez a la operación Catalunya

Con el paso de los meses en ese judicialmente convulso 2024 Leire Díez y su grupo entraron en contacto con causas judiciales a priori alejadas del PSOE. Desde el 3% catalán hasta la amnistía pasando por la Operación Catalunya y la Banca Privada de Andorra. En noviembre de ese año Díez entró a formar parte de un grupo de WhatsApp llamado “Mas Martí - Girona” con varias personas, entre ellas, el expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell. 

Rosell había sido absuelto en 2019 de las acusaciones de blanqueo y comisiones ilegales por sus negocios en Brasil, pero también se sentía víctima de una Justicia corrupta y una Fiscalía dirigida. Sobre todo por los 645 días que pasó en prisión provisional por orden de la Audiencia Nacional en un caso por el que acabó absuelto. 

En ese grupo se juntaron dos personas movidas por el afán de ajustar cuentas con el fiscal anticorrupción José Grinda: Rosell y Pérez Dolset. Los mensajes de Leire Díez en esas fechas con Rosell son elocuentes: “A mí la fontanería se me da muy bien (...) hay que empezar por Grinda y la Fiscalía”. Ambos empresarios consideraban que el fiscal Grinda les había perjudicado en sus respectivas causas judiciales.

Leire Díez tenía un objetivo añadido: que Grinda proporcionara información comprometida sobre Alejandro Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción, quien era el máximo responsable de investigaciones delicadas para el Gobierno como el caso Koldo. Luzón era considerado un enemigo a batir por el grupo de Leire Díez, ya entonces con el apoyo del PSOE.

Finalmente, fue el propio Grinda el que dejó por escrito cómo habían discurrido esas negociaciones y qué le habían ofrecido y reclamado. Fue en febrero de 2025 cuando, según su relato, tuvo un encuentro con el periodista Pere Rusiñol y este le hizo llegar, en una hoja, la oferta. Para él, un destino en el extranjero y la retirada de la demanda de una joven que afirmaba haber recibido un vídeo sexual suyo cuando ella era menor. Para el grupo, caza mayor: “Cualquier secreto o información confidencial relativo a su jefe que pudiera dar lugar a su destitución”. También le pidieron promover el archivo del caso Pujol, el 3%, el caso Zed que afectaba a Pérez Dolset, el caso BPA y el caso Duro Felguera, que será juzgado este año con Nervis Villalobos en el banquillo. Y que explicara el verdadero origen de la causa que encarceló a Sandro Rosell. 

El sumario revela que Leire Díez también maniobró para acercarse a esta joven. El propio Santos Cerdán llegó a reunirse con ella en la sede del PSOE y, supuestamente, le facilitaron un trabajo en una empresa municipal de Jaén. Las querellas y demandas de la joven, tanto penales como civiles, se archivaron. El proyecto del grupo era darle 300.000 euros por su silencio, el triple de lo que pedía en su demanda. No se llegó a consumar.

La trama intentó repetir la jugada con otro fiscal de perfil polémico: Ignacio Stampa. El fiscal que llegó a dirigir las pesquisas del caso Villarejo y que desde entonces denuncia que fue apartado de Anticorrupción de forma ilegal por parte de sus superiores. También se reunieron con él e intentaron, sin éxito, que les facilitara información comprometedora de Luzón. En esa reunión Leire Díez espetó otra de las frases determinantes del caso: “Soy la persona que ha puesto el PSOE a ver qué había detrás de todo esto (...)”. También contestó “sí” cuando Stampa preguntó si era la “mano derecha” de Santos Cerdán. 

Ninguna de las dos maniobras para obtener trapos sucios de Luzón dio resultado. Los dos fiscales acudieron a sus respectivos superiores y la maniobra de la trama terminó judicializada ante un juzgado de Madrid. De forma reciente, Luzón ha pedido 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García.  

El sumario del caso Leire consta de cientos de documentos, interrogatorios, mensajes, grabaciones y, al menos por el momento, el juez ha hecho propias las conclusiones de la UCO. Unas consideraciones que muestran cómo a lo largo de los años Leire Díez se especializó en conocer a fondo las causas judiciales que afectaban a su entorno, pero también a un PSOE que, a partir de 2024, y por orden de su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, supuestamente financió y sustentó su operación. 

Muy pocas de sus promesas fueron llevadas a efecto y ninguna causa judicial se cerró gracias a sus gestiones. Tampoco consiguió la información comprometedora que buscaba. Y ahora será la Audiencia Nacional la que decida si no fue solo una investigación para salvar a los socialistas de los casos emergentes, sino una forma de influir en las causas judiciales que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno del presidente. 

En 2024 el comisario José Manuel Villarejo ya tenía un horizonte judicial complicado en la Audiencia Nacional. Un año antes se había conocido la primera condena en el caso Tándem y le quedaba hacer frente a más de una veintena de piezas separadas. Pero esta realidad no impidió que Leire Díez pensara en él como posible bastón en el que apoyarse en su batalla por “limpiar a fondo el estado profundo”.

Uno de los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que consta en el 'sumario Leire' recoge que la exmilitante socialista se acercó en abril de 2024 al entorno del comisario. Eran viejos conocidos porque ya en 2021 Villarejo, al que Leire se refería de forma críptica como 'el de la txapela' o 'el de la boina', había sido lo que en el argot periodístico se conoce como su fuente de información.

Así, Leire Díez vuelve a “abrir vías” con el comisario y celebra varias reuniones con él y con su abogado. Y hay acuerdo. El comisario aportaría información “crítica” sobre diversas personas y operaciones y, a cambio, recibiría “beneficios en el marco de los procedimientos judiciales” en los que estaba inmerso.

Esa suerte de pacto quedó plasmado en un documento que llevaba por título 'LD Planteamientos' que habría sido elaborado por el propio comisario Villarejo y que fue entregado a Leire Díez el 26 de agosto de 2024, coincidiendo con la última de las reuniones. Ese documento podría ser calificado como el último de los 'proyectos' conocidos de José Manuel Villarejo. Un proyecto en el que, en lugar de pactar una retribución dineraria como era habitual en él, buscaba lograr a través de Leire Díez un pacto con el Ministerio Fiscal que evitara su eventual entrada en prisión y que el daño económico a su patrimonio no fuera demasiado dañino. Al final, esa alianza Leire-Villarejo salió mal y acabó con el comisario echando en cara a la militante su falta de resultados: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”.

El trabajo encargado al comisario por Leire Díez, a juzgar por el documento, constaba de dos fases. Una primera incluía la entrega de “un informe de inteligencia sobre PS” —la UCO indica que esas siglas corresponden a Pedro Sánchez—, al que se debía unir por parte de Villarejo un listado de “objetivos de interés”. Entre ellos estaba el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el ex número dos de Interior Francisco Martínez, el PSOE de Andalucía, la “persecución de Pedro Sánchez (Begoña)”, fiscales como José Grinda, o dirigentes como Alberto Núñez Feijóo por la campaña electoral de 2012 para las elecciones gallegas en las que se enfrentó al exbanquero Mario Conde.

Esta entrega de información por parte del comisario debía ser correspondida con “muestras de cambio en la situación procesal de Villarejo”. Y, una vez finalizada esa primera fase, conforme se aclarara la situación judicial del comisario, este iría entregando paulatinamente material sobre esos objetivos.

Ese documento, al que la UCO da gran importancia, finalizaba con unas conclusiones en las que Villarejo asumía que los interlocutores de los tres encuentros que se produjeron “representan a personas capaces de producir un cambio en la situación procesal de la parte aportante”. La Guardia Civil infiere que quien se reunió con Villarejo fue la propia Leire Díez, pero que lo hizo “a instancias de Santos” Cerdán y que los costes logísticos de los viajes de la exmilitante corrieron a cargo del PSOE.

Las tres reuniones

Según el atestado, esas tres reuniones tuvieron lugar el 30 de julio de 2024, el 9 de agosto de 2024 y el 26 de agosto de 2024. La primera de ellas fue en el restaurante 'El Buey' de Boadilla del Monte y la unidad de élite a cargo de la investigación infiere por conversaciones previas a través de WhatsApp que la exmilitante tenía “el papel subordinado sobre terceros pero, al mismo tiempo, un rol prevalente”.

De hecho, pone el foco en que antes de ir a ver al comisario pasó por la sede del PSOE. Un día después, en lo que la UCO entiende como una dación de cuentas, la exmilitante socialista regresó a Ferraz para verse con Cerdán. “Tengo que ir hoy a las 10. A hablar con el jefe”, reza uno de los mensajes que se cruzó con una secretaria del partido. Los investigadores también se fijan en que dio cuenta de esa reunión a Juanma Serrano, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez.

La segunda cita, el 9 de agosto, es auspiciada por la propia Leire Díez porque estaba preocupada ante la falta de información por parte del comisario. Esto, decía, provocaba “dudas en S” —letra que la UCO asigna a Cerdán—. El abogado de Villarejo concierta ese encuentro y la exmilitante le comenta que pedirá que le saquen “billete” para acudir a la cita. “He quedado a las 12:00 con el de la txapela”, le dice a Vicente Fernández, otro de los investigados y expresidente de la SEPI.

La reunión se concretó en una terraza de la lonja de Boadilla del Monte. Quince días después tenía lugar el último encuentro, era 26 de agosto. Tras esto, el abogado de Villarejo comenzó con su particular 'qué hay de lo mío' y se interesó por determinados asuntos procesales que requerían la participación de la Fiscalía. Leire Díez y él hablaron del fiscal anticorrupción del caso Tándem, César de Rivas, y la exmilitante le comentó que esperara una llamada desde el Ministerio Público. “Si te llaman, avísame”, le dijo. Pero esa llamada no se produjo nunca.

La UCO encontró en el portátil de Leire Díez una reflexión al respecto. Les habían dicho —sin especificar quién— que el abogado del comisario debía dirigirse al fiscal “para llegar a un acuerdo”. Y añadía que, cuando el abogado se acercó, el fiscal “le dijo que tenía un teléfono escacharrado y que ni acuerdo ni nada”.

Ya en enero de 2025, Leire Díez trató de retomar ese contacto fallido y, una vez más, el abogado de Villarejo no pudo acercarse al fiscal del caso. Ante esta situación, la exmilitante comunicó al letrado en febrero que iba a ser recibido, aparentemente, por el fiscal general del Estado, entonces Álvaro García Ortiz. “Te cuento. Te va a recibir el FGE. Ahora te digo lo que me ha dicho”.

La UCO explica en su atestado que este anuncio de reunión puede guardar relación con una imagen alojada en el iPhone 15 de Leire Díez. Era una captura de un texto que tendría por título 'ACUERDO V', en el que se prevé la celebración de una reunión a la que acudiría ella, una persona de la Fiscalía General del Estado y “el cliente” (presumiblemente Villarejo).

Los investigadores recogen que ese encuentro tendría como objetivo un acuerdo firmado que recogiese “la aceptación de la culpabilidad y de una pena de cárcel” por parte de Villarejo, y la asunción de una pena económica. El comisario, a cambio “colaboraría con la Fiscalía para limpiar la corrupción del Estado”. La UCO añade que el texto concretaba que el “pilar de la colaboración” sería la entrega de materiales de audio, emails y documentos comprometidos sobre una serie de temas y personalidades.

Más adelante, en el segundo semestre de 2025, las comunicaciones entre Villarejo y Leire continúan. Y la UCO recoge un lamento del comisario: “Está visto que nosotros somos los únicos que cumplimos”. Los investigadores suponen que hacía referencia “a la falta de colaboración del fiscal en el marco de la causa que le afecta”, y recogen la respuesta de Leire Díez: “Estoy trabajando en ello”.

El abogado pensó que era “poco creíble” y niega que lo recibiera García Ortiz

El abogado del comisario José Manuel Villarejo, señaló en su declaración ante la Unidad Central Operativa (UCO) que la exmilitante socialista mantuvo dos reuniones con él y varias conversaciones por aplicaciones de mensajería en las que le ofreció mantener reuniones con la Fiscalía porque “le parecía injusta la acusación contra Villarejo”.

Indicó a la UCO que no le dio credibilidad a los distintos ofrecimientos porque tildó el contenido de sus conversaciones con Díez de “poco creíble y muy fantasioso”. Pero sí que recordó que la exmilitante socialista, al referirse a un posible pacto con la Fiscalía, hablaba “de una multa y pena de cárcel pequeña”.

Sobre su acercamiento al fiscal del caso Tándem, De Rivas, explicó que cuando Leire le dijo que se acercara a él, lo hizo. Pero el fiscal “le trasladó que no conocía nada y que no le metiera en líos”, por lo que rechazó reunirse con él.

Los agentes de la UCO mostraron al letrado el documento en el que se hablaba de una reunión que mantendría la defensa del comisario con “una persona de la Fiscalía General del Estado y con Leire (la que manda)” en la que Villarejo aceptaría una pena de cárcel que no supusiera volver a prisión y multa pero preservando su patrimonio. Pero el letrado negó tajantemente que García Ortiz le recibiera a él o a su cliente.

Ese acuerdo fallido, recordó el letrado, era a cambio de su colaboración para “desenmarañar el resto de las causas creadas a las víctimas” y “terminar inmediatamente con las causas viciadas, manipuladas o creadas por encargo”. El documento recogía que el comisario debía entregar todo lo que tuviera, ya no solo sobre Rajoy y Cospedal, sino también de figuras destacadas de la judicatura como el magistrado del Supremo Manuel Marchena.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han descubierto tres encuentros entre la directora general del Cuerpo, Mercedes González, y la investigada por emprender maniobras contra la propia UCO Leire Díez. Los agentes infieren que esos tres encuentros y el resto de contactos telefónicos entre González y Díez motivaron que las informaciones reservadas que se abrieron en el seno de la Guardia Civil para determinar el origen de otras tantas filtraciones en los medios.

Los investigadores de la UCO siguen el rastro de la directora general del instituto armado en una supuesta maniobra sobre ellos mismos en el marco de la causa que instruye el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. Díez está imputada por varios delitos y, dentro de su supuesta actividad delictiva, la UCO enmarca esos contactos con la directora general de la Guardia Civil. Ni la Fiscalía ni el juez atribuyen por ahora ningún delito a Mercedes González pese a los reiteradas referencias que los agentes supuestamente perjudicados por Díez hacen de su jefa 'política'.

En el atestado, los agentes de la UCO dan por ciertos los comentarios que hace Leire Díez sobre su “confianza” con Mercedes González y dan el salto a que eso provocó la apertura de informaciones reservadas que se cerraron sin la apertura de expediente disciplinario alguno. Lo hacen pese a que dando credibilidad a Leire Díez esta misma es la que cuenta que la directora general del Cuerpo no creía que las filtraciones partieran de la UCO. “Acabo de jugarme una comida [con González] a que las filtraciones vienen de la UCO”, dice Leire a una abogada.

Las tres informaciones reservadas se abrieron por la publicación de unos chats entre Ábalos y Pedro Sánchez, otra que incluía el correo elecrtrónico de la mujer del presidente y que pertenecía a la causa contra el hermano y una tercera en la que un periódico llamaba a al director adjunto operativo de la Guardia Civil, el teniente general Llamas, “peón de Marlaska”, y lo atribuía a fuentes del Cuerpo. Las informaciones reservadas incluyeron las tomas de declaración a los miembros de la cadena de mando de la UCO, el jefe de los investigadores, teniente coronel Balas; el jefe de la Unidad entonces, Rafael Yuste; y el general de la especialidad de Policía Judicial, Alfonso López Malo.

Los investigadores de UCO hacen “recapitulación”. Comienzan con que Díez y González tenían una relación previa, de 2022. Fuentes del entorno de la directora asegura que ambas entraron en contacto porque González era delegada del Gobierno durante una huelga en Correos, empresa pública donde Leire dirigía las Relaciones Institucionales. Luego están los encuentros, durante el segundo periodo de Mercedes González al frente de la Guardia Civil, el 30 de septiembre y 20 de diciembre de 2024 y el 2 de abril de 2025.

“Se han aunado los indicios de los que se desprende que Leire le estaría haciendo llegar informacion obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando”, concluyen los guardias civiles de mensajes que Díez intercambia con terceros sobre su trato con González, tales como el que hace después del tercer y último encuentro documentado: “No estuvo mal la reunión con la directora. Voy a ver si sigo alimentando esa vía”.

Leire Díez se reunió en dos ocasiones con el comandante Rubén Villalba, imputado por pertenecer al grupo de Aldama, Koldo García y Ábalos. El comandante levantó una especie de acta de esos encuentros después de producirse. Tras uno de ellos, Villalba escribió: “Leire confirma que todas las filtraciones que se están produciendo del caso vienen de la UCO directamente. Que ha hablado en diferentes encuentros con la directora de la GC pero que la misma no se entera de lo que ocurre en GC y no da crédito de donde está metida, está perpleja de lo que ocurre en la GC y no sabe cómo meterle mano”.

Villalba también anotó que el intermediario del encuentro le dijo que Leire le había trasladado que la directora de la Guardia Civil conocía el encuentro y esperaba un “feedback” del mismo. Los agentes de la UCO no recogen en su atestado una de las consideraciones que hizo Leire Díez a Villalba y que éste anotó en su acta. La investigada le dijo que el teniente general Llamas iba a ser sustituido por otro DAO de Guardia Civil que iba a “poner” ella. El encuentro es de marzo de 2024; Llamas sigue siendo director adjunto operativo de la Guardia Civil.

El relato de la UCO en su atestado “finalmente culmina con el conjunto de elementos de los que se desprende que Leire habría pretendido el inicio de una 'investigación interna en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra su Unidad Central Operativa, previsiblemente valiéndose de la propia directora”.

El general Rafael Yuste, anterior jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, relató ante los investigadores del caso Leire de su antigua unidad que el director de la Guardia Civil Leonardo Marcos, destituido en octubre de 2024, ordenó que se cambiara el contenido de un informe que perjudicaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

El 12 de julio de 2024 Leonardo Marcos había citado al superior de Yuste, el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y le dijo en su despacho que “estaba enfadado y contrariado respecto del informe emitido por la UCO relacionado con la investigación entre cuyos encausados estaba el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez Pérez-Castejón, reprochando al testigo que no hubiese tenido conocimiento previo de dicho informe de forma previa a su entrega”. Así se lo trasladó la semana pasada Yuste a los agentes de la UCO que se personaron en la Dirección General de la Guardia Civil.

Yuste contó que ese mismo día 12 de julio de 2024, por la la tarde, hubo otro encuentro en el que participaron los anteriores más el jefe de la UCO y el DAO Llamas. En esta reunión, Leonardo Marcos “les manifestó que se encontraba indignado porque había conocido por terceros una propuesta de actuaciones elaborada por UCO en el marco del procedimiento judicial abierto por la denominada operación Cajirón [sobre David Sánchez], en la que, según él, se hacían presunciones falsas”, según declaró el general Yuste, anterior jefe de la UCO al instructor de la información reservada.

Leonardo Marcos habría dicho en esa reunión que el informe en el que la UCO proponía a la juez actuacione en el caso sobre el hermano de Sánchez era “prospectivo y mal intencionado” y añadió que la credibilidad de la unidad estaba “por los suelos”. Marcos habría pedido que se elaborara otro informe en el que constara que “no había nada” y que si para ello había que dejar sin vacaciones a los agentes de la UCO que así se hicera. Marcos quería el siguiente informe exculpando a David Sánchez para el 19 de julio.

Tres meses después de estas reuniones, en octubre, el Ministerio del Interior destituyó a Leonardo Marcos como director general de la Guardia Civil y le envió a un puesto en la Embajada española en Washington. El hermano de Pedro Sánchez sería llamado igualmente a declarar como investigado en noviembre de 2024.

Yuste también declaró que el director adjunto operativo del instituto armado, el general Manuel Llamas [quien ocupó el cargo con Leonardo Marcos y sigue ahora a las órdenes de Mercedes González], ordenó que los agentes implicados que se pusieran “de perfil” en las investigaciones que “tuvieran afectación política”.

Estas instrucciones de Llamas se habrían producido en una reunión el 16 de julio de 2024 cuando el director de la Guardia Civil era Leonardo Marcos. El encuentro se produjo en dependencias de la UCO y en ella participaron el citado DAO, Manuel Llamas; el entonces coronel jefe de la UCO, Rafael Yuste; el general jefe de Policía Judicial, Alfonso López Malo, y miembros de la UCO implicados en la investigación al hermano de Pedro Sánchez.

“En esta reunión, por parte del DAO, se indicó a los presentes en la misma que, en aquellos procediientos policiales que tuvieran afectación política, no se fuese proactivo en las mismas, bajo la indicación de que 'nos pusiéramos de perfil', debiendo ser, en este caso concreto, la autoridad judicial quien tomase la iniciativa”, aseguró el jefe de la UCO al instructor de una de las tres informaciones reservadas abiertas el pasado 27 de mayo.

El sumario de la investigación judicial contra Leire Díez y su supuesto entramado para desacreditar a jueces, fiscales y policías contiene un atestado de la Guardia Civil que apunta a una persona como el máximo responsable del supuesto operativo: Santos Cerdán. Según la Unidad Central Operativa, con unos argumentos que asumió el juez Santiago Pedraz, el objetivo del grupo era “desestabilizar” causas judiciales que “directa o indirectamente presentaban afectación a miembros del PSOE o el Gobierno”. Y Santos Cerdán, entonces el hombre más poderoso de Ferraz, era el encargado de conseguir que Díez cobrara dinero y así “dar cobertura logística a las acciones de este grupo”.

La unidad de élite de la Guardia Civil lanzó la operación hace una semana. Registros en casas como la de Santos Cerdán en la localidad navarra de Milagro, la de Gaspar Zarrías en Madrid y búsqueda de información en la propia sede central del PSOE además de la toma de declaración de una veintena de testigos más. La conclusión que saca la UCO en el atestado que cimenta actualmente las diligencias de la Audiencia Nacional es que Santos Cerdan y Leire Díez eran los “dirigentes” del grupo. El primero en un “nivel superior” y la segunda en un “nivel ejecutivo”.

Cerdán, explica este atestado, jugó un papel fundamental en dar soporte al grupo utilizando para ello recursos del PSOE y aprovechando que era su secretario de organización. “Habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido”. Por ejemplo para “funciones administrativas” pero también para celebrar reuniones en sus dependencias, el alquiler de vehículos o incluso pagos de dinero.

La Guardia Civil registró la casa de Cerdán en Milagro, de donde se llevó documentación, móviles y portátiles pero nada más. El exdiputado se acogió a su derecho a no declarar, como hicieron la mayoría de investigados ante la UCO. En otras casas registradas también encontraron numerosa documentación, como fue el caso del empresario Javier Pérez Dolset. Él sí declaró ante los agentes, que le acusan de ser una “fuente de información” para la trama pero también un apoyo fundamental para Leire Díez.

La “operación PSOE”

Preguntado por una carpeta de documentación llamada “operación PSOE”, explicó que recogía la documentación del caso Villarejo que él había aportado tanto a Asuntos Internos de la Policía como a la Audiencia Nacional. “Al analizarla, la clasifico y todo lo que tiene que ver con el PSOE lo archivo en una carpeta bajo esta denominación”, dijo, aunque ciñendo el asunto a “documentos que tienen que ver con investigaciones que se están haciendo al PSOE de Andalucía desde 1998”. Reconoció varias reuniones en la sede del PSOE en la que estuvo presente Santos Cerdán y “otros miembros del PSOE de los que no me acuerdo”.

Fue al día siguiente de que Pedro Sánchez, tras conocerse la imputación de su esposa por parte del juez Peinado, enviara una “Carta a la Ciudadanía”. Los investigadores creen que esta apertura de diligencias tras una denuncia de Manos Limpias fue el detonante para que Cerdán pusiera en funcionamiento el entramado de Leire Díez para obtener información de jueces, fiscales y policías para “desestabilizar” esa y otras causas.

Los pagos a Díez, según la UCO, se hicieron entre otras cosas a través de una empresa de Gaspar Zarrías, antiguo alto cargo de José Luis Rodríguez Zapatero y de la Junta de Andalucía que ya testificó por este asunto en un juzgado de la Plaza de Castilla. Pagó en total de 16.000 euros en cuatro abonos y en su casa la Guardia Civil encontró casi 20.000 euros en efectivo en billetes de 20 y 50. La Guardia Civil también intervino el teléfono móvil de Juan Manuel Serrano, en su momento jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE.

La empresaria Carmen Pano y su antiguo chófer declararon hace una semana como testigos ante la Guardia Civil en la investigación sobre las maniobras de Leire Díez contra jueces, fiscales y policías. Unas testificales en las que ambos insistieron en que se les ofreció un soborno a cambio de no volver a decir que llevaron dinero en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz, algo que ya han afirmado en varias ocasiones. Pero ante la UCO, el pasado mes de mayo, añadieron cuáles eran sus condiciones: cobrar unos 2.500 euros al mes y que se pagara la boda de su hija. La letrada Leticia de la Hoz, su supuesta interlocutora en estas reuniones, ha negado en un escrito estas acusaciones de Pano y su chófer.

Carmen Pano, madre de la expareja de Víctor de Aldama, está imputada en una de las múltiples causas de fraude de hidrocarburos abiertas en la Audiencia Nacional. El pasado 27 de mayo fue llamada a declarar por la Unidad Central Operativa para explicar lo que ya había afirmado ante los medios, ante un notario y ante varios tribunales: que fue llevada por su chófer a la calle Ferraz para entregar 90.000 euros en efectivo, un dinero supuestamente relacionado con las licencias del caso Villafuel. En este caso la UCO quería saber si había recibido algún incentivo desde el entorno del entramado de Leire Díez, dedicada supuestamente a desactivar frentes judiciales del PSOE, para dejar de decir eso.

El sumario del caso, que ha podido examinar elDiario.es, refleja que Pano ha empezado por reconocer que ella y su chófer trasladaron a un medio de comunicación este hecho, y que incluso fueron a un notario por recomendación de los periodistas. La abogada Leticia de la Hoz, detalló ante la Guardia Civil, contactó con ellos después de las publicaciones para trasladarles “una propuesta” sobre “las entregas de dinero en Ferraz”. La propuesta, según el testimonio de Pano, venía de “gente del partido, gente del PSOE”.

El objetivo, les dijo entonces la letrada -algo que De la Hoz niega- era “salvar el culo a Ábalos y Koldo”, entonces imputados y pendientes de juicio y ellos debían “echarles una mano”. Fue entonces cuando Pano puso precio a su silencio: “Lo que necesitaba era pagar su casa y la boda de su hija porque no tenía ingresos”, dice su declaración. Unos 25.000 euros para la “boda de Leonor”, su hija, y luego entre 2.500 y 2.800 euros más al mes. Su chófer pidió 25.000 euros para comprarse un coche.

Los dos testigos y amigos, que coinciden en la misma versión aunque difieren a la hora de decir quién filtró la información a la prensa, aseguran que mantuvieron hasta cuatro reuniones con la abogada para fijar este acuerdo. Según Pano un día la abogada llamó con el manos libres a una persona desconocida que “aceptó las pretensiones económicas”. “Lo que querían era que Carmen Pano cambiara su declaración respecto de la entrega de dinero en efectivo en la calle Ferraz”.

La versión de estos dos testigos choca con lo afirmado en las últimas horas por la propia abogada Leticia de la Hoz, que ayer aportó audios y conversaciones a la UCO para negar estas acusaciones. Según ella, su contacto con Pano giró en torno a la venta de una empresa de hidrocarburos que rechazó por tener problemas fiscales. En un momento dado, la empresaria le exigió además una comisión de 10.000 euros por esa venta rechazada y terminó incluso filtrando detalles a la prensa. No existió un soborno, dice De la Hoz, sino un enfrentamiento entre ambas relacionado con una empresa y las licencias de hidrocarburos.

El dinero que supuestamente entregó Pano en Ferraz, según su declaración, estaba relacionado con Claudio Rivas, otro empresario del sector de los hidrocarburos también imputado en la Audiencia Nacional. La Guardia Civil no le preguntó por estos presuntos sobornos y se limitó a explicar que conocía a la letrada De la Hoz por asuntos profesionales. También negó que alguien le ofreciera beneficios a cambio de modificar sus declaraciones judiciales: “No, nunca nadie me ha ofrecido eso”.

El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por hasta cuatro delitos ha acordado posponer la audiencia preliminar programada para el 9 de junio en atención al escrito del abogado Antonio Camacho en el que le advertía de que le coincidía con otros señalamientos judiciales previos. El magistrado fija esa vista para el 15 de junio a las 18.00 horas y advierte una vez más de que, en caso de que los investigados no se personen, ordenará a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que los localicen y sean conducidos ante él.

Así, la nueva resolución reitera que se mantiene la obligación de comparecer a la audiencia por parte de los investigados -Begoña Gómez, su asistente en La Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés- conforme lo dispuesto en su primer auto. Añade que además de las defensas, deben asistir tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones populares y la representación procesal de la Universidad Complutense de Madrid, como acusación particular y en calidad de ofendida por uno de los delitos, el de apropiación indebida.

En el auto de 25 de mayo, Peinado recordaba que dados los delitos que se les imputan (malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida) y teniendo en cuenta las penas a las que se podrían enfrentar, esto “podría provocar alguna conducta por parte de alguno, algunos o de los tres acusados, tendente a eludir la acción de la Justicia”.

Por eso acordaba su comparecencia “con apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública, al acto de la audiencia preliminar”. Considera el juez que durante esta vista se podría llegar a adoptar alguna medida cautelar encaminada a “minimizar el riesgo mencionado (...) de tratar de eludir la acción de la justicia por parte de los acusados”.

Según relataba ya a finales de mayo, el objetivo de esta audiencia es que las defensas y las acusaciones se pronuncien sobre la procedencia o no de la apertura de juicio oral que, sostiene, debe seguir por los cauces del tribunal de jurado.

Cabe recordar que la defensa de Begoña Gómez ha recurrido su citación (la programada de inicio para el 9 de junio) y acusa al magistrado de actuar con “una velocidad de crucero absolutamente incompatible con las garantías del proceso penal” y de tramitar el procedimiento “como si tuviera excesiva prisa”.

Fue en marzo cuando el juez, que investiga desde hace casi dos años a Begoña Gómez, insistía en que la investigación contra la mujer del presidente del Gobierno debía acabar ante un jurado popular en caso de llegar a juicio. En ese auto, acordado tras el último revés de la Audiencia Provincial, el magistrado daba luz verde a investigar y tramitar por esta vía y de manera conjunta todos los delitos que atribuye a Begoña Gómez y el resto de investigados con el argumento de que están “íntimamente entrelazados”.

Y para comunicarles esa decisión, les citó en plena Semana Santa, el 1 de abril, para comunicarles que correspondía continuar el procedimiento contra ellos por esta vía. Como ocurriera en la anterior ocasión, a esa cita no tuvieron que asistir los investigados dado que bastaba con que estuvieran representados por sus defensas. En cambio, en esta nueva cita, reprogramada para el 15 de junio, el juez enfatiza que sí deben asistir personalmente.

Julio Martínez Martínez era el 'lugarteniente' de José Luis Rodríguez Zapatero en una organización “estable” dedicada al tráfico de influencias. Al menos así lo describen tanto el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama como los investigadores. Por eso, el informe elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), dependiente de la Agencia Tributaria, que analiza el patrimonio de Julio Martínez Martínez y que consta en el sumario de la causa, es relevante. Porque la UDEF entiende que este era una suerte de hombre de paja, un 'interpuesto' a través del cual el expresidente camuflaba el flujo monetario que recibía por sus gestiones ante administraciones nacionales y extranjeras.

El documento, fechado en febrero de 2026, ofrece una radiografía exacta de su patrimonio, de su participación en sociedades, y de en qué negocios pudo participar Julio Martínez, quien fuera administrador único de Análisis Relevante, la sociedad que abonó a Zapatero 490.780 euros en cinco años, desde 2020 a 2025.

Hacienda encontró que su domicilio se ubica en la calle Diego de León (en el madrileño barrio de Salamanca, uno de los de mayor renta per cápita del país). Desde septiembre de 2021 paga, aparentemente, 60.000 euros al año de alquiler (5.000 euros por mes), y a la Agencia Tributaria le surge la duda de si, en realidad, se podría tratar de una vivienda doble, dos domicilios unidos. A pesar de que Antifraude no tiene claro ese asunto y tampoco sabe si el empresario pagaba parte o el total de la renta, sí que considera que su “volumen de entradas en cuentas bancarias”, sus ingresos, eran “insuficientes” para atender este pago.

De hecho, a las cuentas le dedica un apartado extenso para explicar que entre 2020 y 2021 “no hay constancia de que sea titular” de ninguna, al menos en España. Y que desde 2022 figura como titular solo en una y en 2025 se abre otra cuenta corriente. Es en esa última donde ese mismo año entran 100.000 euros de golpe. Y no pueden determinar su origen.

Pero quizá donde la ONIF se recrea más es en las sociedades en las que aparece Julio Martínez Martínez. Identifica “un entorno societario de control amplio constituido por 39 entidades en el periodo 2020-2024”. Y ahí es tajante al concluir que “su perfil contrasta con el elevado número de entidades controladas”.

Sobre ellas, detalla que 20 se encuentran inactivas porque, o bien no presentan declaración del impuesto de sociedades, o bien han sido dadas de baja de la Agencia Tributaria antes de 2020, o bien su cifra de negocio es nulo en el periodo investigado. Otras tres, dice, están “inactivas”, pero, en cambio, “consta un importante movimiento en cuentas bancarias”.

Las otras 15 sociedades vinculadas a Julio Martínez Martínez sí estaban activas, si bien ocho de ellas no tenían empleados. Entre esas sociedades sin gasto de personal se encuentran algunas de las que están en el centro de la investigación del juez Calama, como Análisis Relevante, Idella Consulenza, o Voli Analítica.

Operativa comercial: Ingresos de 4,89 millones

Hacienda explora los ingresos de un total de 16 de esas empresas participadas por Julio Martínez, y destaca que ascendieron a 4,89 millones de euros en el periodo 2020-2025. La que mayores entradas de dinero obtiene es Análisis Relevante, alcanzando los 959.798 euros.

Explica que los principales clientes de ese colectivo de entidades del entorno de control de Julio Martínez son Miralles Cremades Clara (605.000 euros), Plus Ultra Líneas Aéreas (598.910 euros) e Inteligencia Prospectiva (380.208 euros), otra de las empresas que están en el epicentro de la trama. Cabe recordar que en sus informes la UDEF señala que el flujo de dinero de esa última empresa hacia la familia de Zapatero fue de 801.195 euros pese a ser una sociedad “carente de actividad real”.

Pero en ese apartado de la clientela de las sociedades vinculadas a Julio Martínez llaman la atención dos ítems en particular. En el gráfico de la ONIF se especifica que la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, pagó al entorno empresarial del investigado 96.753,02 euros en 2023 y 32.436,66 en 2024. El total asciende a 129.189 euros. El consejero de Presidencia se apresuró el pasado miércoles a enmarcar en esa relación en unos pocos concursos que fueron adjudicados a esas empresas y solicitó “no generar confusión”.

Además, entre 2020 y 2024 la Junta de Andalucía, presidida por el 'popular' Juanma Moreno, abonó al entorno empresarial del amigo personal de Zapatero un total de 62.307 euros, a razón de 7.334 euros en 2020, 12.893 euros en 2021, 13.363 euros en 2022, 13.964 euros en 2023 y 14.752 euros en 2024, en lo que parecía ser una suerte de iguala anual.

Antifraude explica que, no obstante, el cliente 'premium' de Julio Martínez fue, de lejos, Plus Ultra, con ese volumen total de 598.910 euros, percibidos por Análisis Relevante (301.290 euros), Iot Domotic Europe (155.847 euros) y Voli Analítica SL (141.772 euros). Y recuerda que ninguna tuvo empleados cuando se celebraron los contratos con la aerolínea.

En el apartado de los clientes de Julio Martínez aparecen otras dos de las empresas presuntamente clave para el movimiento de fondos de la trama: Summewind y Caleton Consultores. La UDEF cree que ambas fueron usadas por Plus Ultra como empresas desde las que canalizar fondos al entorno de la trama. La ONIF, en su informe indica que la primera abona por servicios a una empresa de Julio Martínez (Affita) 213.200 euros en 2023. Y explica que, a la vez, obtiene ingresos de Plus Ultra.

En el caso de Summerwind la investigación asegura que pagó a la aerolínea 3,9 millones de euros. Algo que, según esa empresa dedicada al negocio del subarriendo de aviones, es incorrecto dado que en realidad quien trabajó para ellos fue la aerolínea y no al revés. El juez, por el momento, les ha negado poder personarse en la causa como terceros interesados si bien ha unido su escrito de alegaciones al sumario.

Gastos de las sociedades de Julio Martínez

En el apartado de los proveedores, la ONIF explica que el principal gasto para Julio Martínez era el propio Zapatero, al que pagó desde su entorno empresarial y en cinco años 418.000 euros (no coincide con los 490.780 euros que fija el juez), seguido de Whatthefav SL, la empresa de las hijas del expresidente, a la que pagó de 2020 a 2024 un total de 242.423 euros. Eso sí, “no constan operaciones en efectivo en las cuentas titularidad de las entidades del entorno de control” de quien fuera, según la tesis de la UDEF, el hombre de paja de Zapatero.

El informe se fija en otros detalles, como que consta un cobro transfronterizo de una de las sociedades de Martínez, Nez SL. También que Idella Consulenza percibió 169.995 euros procedentes de una cuenta de Hong Kong el 27 de octubre de 2025. Cabe recordar que a esa sociedad la investigación le achaca la titularidad de una supuesta sociedad off-shore creada por orden de Zapatero en Dubái para cobrar el 1% del rescate público de Plus Ultra.

Sobre esa inferencia hay lagunas en la investigación porque ni los informes de la UDEF ni los diferentes autos arrojan mucha luz más allá de que hubo una comida en el restaurante Portonovo a la que asistieron al menos Zapatero y Martínez, y que, un día después, el empresario arrancó una serie de correos con un tercero, Tomás Guerrero, con el objetivo de crear ese vehículo financiero en Emiratos Árabes Unidos bajo la marca Ladside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco.

La ONIF se fija, además, en el patrimonio y los vehículos vinculados al entramado societario de Martínez. Y explica que algunas de las entidades tienen en su haber inmuebles y vehículos de alta gama. Al sumar el valor catastral de los terrenos rústicos, las naves y los pisos que en algún momento del periodo investigado fueron propiedad de alguna de sus empresas, la cifra es de 3,32 millones de euros.

En cuanto a los vehículos vinculados al entorno de Julio Martínez, Antifraude indica que a pesar de que él no tiene ninguno a su nombre, ha detectado en el periodo 2020-2025 hasta 16 de ellos, entre motocicletas y coches. Destacan tres Audi Limousine, un Jaguar XJ (vendido en 2022), un Mercedes c220 (vendido en 2023) o un Range Rover. Y aporta un matiz: la mayoría fueron comprados de segunda mano.

Otro detalle que arroja el informe es que ya en 2011 Julio Martínez le compró a Zapatero un chalé pareado en Vera (Almería) que estaba ubicado en la urbanización residencial Mirador de Vera, cerca de la playa de Quitapellejos. En la actualidad, según el portal idealista.com, un inmueble idéntico, alcanza un valor de 580.000 euros.

La ONIF destaca que en 2019, Julio Martínez se desprendió de ese chalé vendiéndoselo a la empresa Compañía Inversora de Superficies SLU, que pertenece al entorno de su hermano Manuel Martínez. Ya en 2023, es de nuevo vendido y sale ahora sí de su entorno personal y familiar.