Vivimos bajo un bombardeo constante de mensajes que señalan el sistema público de pensiones como el gran enemigo de la gente joven. Según este relato, hay que reformar las pensiones y recortar el poder adquisitivo de las jubiladas para aliviar a la juventud. Es un diagnóstico equivocado y, me atrevería a decir, tendencioso: aplicado hasta el final, amenaza con desmantelar el estado del bienestar y ensanchar las desigualdades sin beneficiar a nadie joven, sino hipotecándole el futuro. Mi propuesta es la contraria: aprovechar el poder colectivo que representan las pensiones y orientarlo hacia las necesidades reales de la población, en lugar de alimentar un conflicto intergeneracional.

Conviene recordar de dónde vienen las pensiones. Un sistema estatal puede perseguir tres objetivos: un enfoque asistencialista que solo busca esquivar la pobreza entre la gente mayor; un modelo de seguro basado en el ahorro individual o colectivo; y un sistema universal y redistributivo fundamentado en la participación laboral, con derechos adquiridos frente al Estado. Este último modelo es el que se impuso en buena parte de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, empujado por la fuerza del movimiento obrero. España, en cambio, tuvo que esperar a la muerte del dictador para tenerlo. Hoy, tras unos años mínimos de cotización, el Estado reconoce el derecho a una pensión, con un mínimo y un máximo pensados para limitar las desigualdades del mercado. La realidad es que aquí no tenemos un problema de pensionistas «ricas»: cerca de una cuarta parte de las jubiladas son pobres, y el sistema todavía protege mal a quien no ha tenido una carrera laboral continuada. Si bien es cierto que España garantiza una tasa de reposición del salario para rentas medias relativamente elevada en comparación con otros países, esto no tiene por qué ser negativo si el gasto que realizan las pensionistas va hacia el bien colectivo y no a alimentar desigualdades.

El supuesto conflicto entre jóvenes y pensiones se sostiene sobre dos ideas. La primera: rebajar cotizaciones para poner más dinero en el bolsillo de las trabajadoras. Pero vale la pena preguntar quién tiene el poder de negociación. Hoy, cerca del 85 % de las cotizaciones las paga la empresa. Creer que una rebaja llegaría íntegramente al salario, con los sindicatos debilitados como están, es ingenuo o directamente tramposo. Para la empresa es indiferente pagar ahora o de manera diferida; para la trabajadora, es una apuesta arriesgadísima. Y si la joven recibe ese salario en presente en lugar de diferido, tendrá que invertirlo por su cuenta si quiere mantener unos ingresos en la vejez. Lo que hace el sistema público es garantizar esa seguridad de manera colectiva, desmercantilizada y protegida de los vaivenes financieros, sin intermediarios (por eso los bancos están tan en contra). Durante décadas el sistema de pensiones tuvo superávit, y podemos preguntarnos qué se hizo con aquel dinero y en qué se invirtió. Por ejemplo, podemos preguntarnos por qué la vivienda pública que se ha construido ha ido al mercado privado y cómo revertirlo, o por qué España tiene tan pocas empresas públicas en sectores estratégicos.

La segunda idea es directamente recortar el gasto en pensiones para liberar dinero para la juventud. Si bien siempre se puede tener un debate sobre necesidades, esta perspectiva olvida el papel macroeconómico de las pensiones frente a otros programas más regresivos. Las pensiones son un estabilizador macroeconómico de primer orden: el dinero va a gasto, garantiza consumo, sostiene el tejido empresarial local y los puestos de trabajo que ocupan las jóvenes. Que la gente mayor pueda retirarse con tranquilidad también favorece la entrada de gente nueva y la innovación. Además, en un país con tanta precariedad, a menudo la pensión es el sostén de toda una familia. Cualquier reforma, pues, debe tener en cuenta las diferencias de clase y género: retrasar la edad de jubilación o ligarla a la esperanza de vida penaliza precisamente a quien hace los trabajos más duros y vive menos años. Y si bien el gasto en pensiones ronda el 13 % del PIB en España, un 42 % vuelve en forma de impuestos. Se puede tener un debate sobre las cotizaciones de los salarios más elevados o las pensiones máximas, pero un recorte de las pensiones generalizadas, especialmente dados los altos niveles de pobreza en la vejez y la falta de inversión pública en servicios de cuidado, es un programa fallido de inicio. En todo caso, toda la ganancia que se pueda obtener de una mayor contribución de quien más pensión cobra debería ir a sacar de la pobreza a las pensionistas o a construir servicios de cuidados públicos.

En el debate de las pensiones hace falta un cambio de relato que salga del juego de suma cero. Hay que potenciar el poder colectivo del sistema de pensiones públicas en lugar de hablar de que a quien ha trabajado toda su vida le toca reducir su poder adquisitivo. En mi opinión, la oportunidad que se debe explotar es crear una concienciación de la clase trabajadora (que incluye a las pensionistas) sobre cómo canalizar el gasto y el ahorro de las pensiones hacia una mayor soberanía económica y la transición ecológica. La idea puede resultar un poco «friki», pero la gente mayor es, de hecho, de las más vulnerables a los efectos del clima, así como a los recortes en los sistemas de bienestar, y serían las primeras beneficiadas al alimentar sistemas ecológicos y económicos más seguros. Algunas propuestas serían poder ofrecer a las pensionistas con más poder adquisitivo vehículos de inversión en fondos soberanos que se dirijan a bienes colectivos, como programas de vivienda pública o cooperativa para gente mayor y joven.

A diferencia de los sistemas de pensiones privados, que avanzan en la financiarización de la economía con escasa capacidad de control efectivo de las trabajadoras sobre los procesos productivos, alimentar fondos soberanos con pensiones públicas iría dirigido a cubrir las necesidades básicas de la población. También podríamos imaginar pensiones pagadas parcialmente en moneda local para dinamizar el comercio de proximidad y generar circuitos virtuosos en los barrios. O incluso facilitar mecanismos sindicales para la reinversión de las pensiones en el tejido productivo bajo control de las trabajadoras. En definitiva, mi propuesta es que, más que entrar en el juego de suma cero, replanteemos la función social de esta herramienta pública. Cuando hablamos de los problemas de la juventud, valoremos las pensiones como lo que son: una aliada con quien trabajar.