Jóvenes contra mayores: el relato que salva al capital

Como toda gran mentira, la narrativa que asegura que estamos viviendo una guerra intergeneracional contiene elementos ciertos que conviene reconocer. La desigualdad entre generaciones en lo referido a la renta y, sobre todo, a la riqueza, existe y genera una fotografía estática donde ciertos grupos de edad disponen de más recursos que otros. Sin embargo, es completamente injustificado derivar de esa fotografía una causalidad según la cual la pobreza relativa de los jóvenes se debe a la mayor riqueza relativa de los mayores. Ese salto argumentativo ilegítimo permite que se extienda la idea de que el foco debe situarse en la “injusta generosidad” de las fuentes de recursos de las generaciones mayores —como las pensiones—.

La mayoría de los análisis convencionales que abundan en este error carecen tanto de una perspectiva internacional como histórica, algo que lastra su capacidad de entender el fenómeno que aparentemente quieren explicar. El error les conduce a una posición conservadora que es perfectamente funcional al desmantelamiento de las conquistas sociales, lo que paradójicamente agrava el problema que en algunos casos dicen querer resolver.

La historia importa

Desde hace unos 300.000 años los seres humanos vivimos en comunidades que se organizan colectivamente a través de instituciones históricamente específicas. Es de sentido común que nuestro perímetro de posibilidades no es el mismo según seamos miembros de una sociedad de cazadores-recolectores, de una sociedad agraria de la Edad Media o de una sociedad capitalista moderna. Pero tampoco dentro del capitalismo las condiciones han sido las mismas todo el tiempo: no viviríamos igual en la Inglaterra industrial del siglo XIX, en Estados Unidos de posguerra del siglo XX o en la España contemporánea. Entender el tipo de instituciones es central para comprender en qué “mundo” se inserta cada generación y cada individuo.

Esas instituciones cambian con el tiempo, y la sociología ha dedicado mucha atención a las razones que explican esas mutaciones. Una de las explicaciones más potentes es la que se refiere a la lucha política entre grupos sociales, y que en el ámbito laboral es obvia. En el incipiente capitalismo industrial británico no existía lo que hoy llamaríamos derecho laboral, de modo que las condiciones de trabajo eran de explotación severa y venían marcadas más por el límite de los organismos biológicos que por las leyes. Pero las luchas políticas en la sociedad y en el parlamento fueron imponiendo límites a esa explotación, conduciendo a normativas y leyes que protegían de los abusos y excesos más brutales. La lucha política fue construyendo un marco institucional históricamente específico, pero a un coste muy elevado porque la represión siempre fue violenta e implacable: aquellas primeras normativas fueron conquistas devenidas tras miles de muertes por los accidentes laborales y por la represión sindical.

Esa lucha política no se detuvo en aquellas primeras victorias. A lo largo de las siguientes décadas nuevas conquistas fueron ampliando el abanico de protección de la clase trabajadora, hasta que a finales del siglo XIX se fueron condensando en muchos países occidentales en lo que se ha llamado Estado Social o Estado del Bienestar, es decir, en un conjunto de instituciones pensadas para frenar los abusos que la parte más fuerte —el capital— lleva a cabo contra la parte débil —el trabajo—. La especificidad histórica la determina el hecho de que no hay dos Estados Sociales iguales, ni en el espacio —cada país dispone de una versión propia— ni en el tiempo —sus contenidos son continuamente objeto de disputa y redefinición—. Por esa razón es correcto afirmar que las conquistas sociales que encarnan las instituciones siempre son contingentes y nunca definitivas: nunca están garantizadas para siempre.

Los teóricos han tratado de ofrecer una periodización coherente para situar estos cambios a lo largo de la historia reciente, siendo la más fecunda y conocida la que distingue entre el capitalismo salvaje del siglo XIX, el período keynesiano-fordista que se fue desplegando tras la II Guerra Mundial y el período neoliberal que a partir de los años ochenta fue desmantelando las conquistas sociales. Incluso las lecturas más simples de esta clasificación permiten comprender que las instituciones —particularmente las referidas a los derechos laborales— cambian a lo largo del tiempo y afectan desigualmente entre generaciones. 

Es lógico llegar a la conclusión de que un individuo crecido en una sociedad fordista, con sus grandes fábricas y alta afiliación sindical, y protegido por un Estado Social fuerte, no disfruta de los mismos derechos que otro individuo crecido décadas después en una sociedad posfordista o neoliberal donde el trabajo habitual es precario y flexible y se encuentra altamente expuesto a los caprichos de los empleadores. Indudablemente, ambos individuos pensarán la sociedad de forma distinta. Sin embargo, es este tipo de enfoque el que está completamente ausente entre los analistas de la “guerra intergeneracional”. Para ellos es como si los individuos se insertaran siempre en el mismo lugar, vacío de historia y cambio social.

El caso de España

España es un país que tuvo que construir su Estado Social a contramano del resto de Europa, pues justo cuando aquí la recuperación de la democracia impulsaba su construcción en el resto de Europa comenzaba su desmantelamiento. Las bases económicas, además, tampoco eran las más apropiadas para sostener el Estado Social. España transitó hacia la industrialización moderna a finales de los años 50 del siglo XX, pero en los años 70 ya comenzaba la desindustrialización. Durante los años ochenta ese proceso se aceleró, junto con un proceso de desagrarización y el crecimiento del sector servicios (particularmente importante en turismo y servicios inmobiliarios).

El principal efecto de estos cambios fue la caída de los empleos en el sector industrial, que pasaron de representar el 23% en 1980 a caer por debajo del 10% en la actualidad. Esta transformación supuso la desaparición progresiva del obrero de mono azul, que se ubicaba en medianas y grandes empresas con alta presencia sindical, y su sustitución por trabajadores menos cualificados en sectores de baja intensidad sindical. Se desplegaba así una flexibilización e individualización de las relaciones laborales, lo cual dejaba al trabajador en una situación más vulnerable ante el empleador.

Esto no solo iba a tener consecuencias políticas —los obreros organizados tendían a ser la base social de los partidos de izquierdas— sino también económicas. La participación de los salarios en la renta ha ido disminuyendo sistemáticamente y manteniendo una evolución pareja al declive de peso del empleo industrial, como se puede ver en el siguiente gráfico. Eso quiere decir que, de la tarta total del valor monetario de la producción, cada vez una menor parte iba dirigida a los salarios —pero mayor hacia los beneficios empresariales—.

Así ha ido disminuyendo la participación de los salarios en la renta

Participación salarial (% renta) y empleo industrial (% del total) en España

Fuente: AMECO, Stan Database for Structural Analysis (2025 edition) y elaboración propia

Estos datos sugieren que la desindustrialización ha sido el factor estructural clave en el hundimiento de la participación salarial en España. La industria genera empleos con mayor productividad, mayor poder negociador (concentración en fábricas, sindicatos de rama) y mayor capacidad de captura de rentas por parte de los trabajadores. Así, la terciarización de la economía española —sobre todo hacia servicios de bajo valor añadido, como turismo y construcción— ha debilitado la posición estructural del trabajo frente al capital.

Conviene, sin embargo, evitar lecturas monocausales. Al fin y al cabo, la desindustrialización no ha operado en el vacío. El proceso ha estado acompañado por una creciente financiarización de la economía española y por la inflación persistente del precio de los activos inmobiliarios. Como ya he resaltado en otras ocasiones, la vivienda se ha convertido en un mecanismo central de acumulación patrimonial para las cohortes que accedieron a la propiedad en décadas de precios relativamente bajos y crédito expansivo. Esa dinámica ha amplificado la divergencia patrimonial entre generaciones, pero no porque los mayores “extraigan” recursos de los jóvenes, sino porque el modelo de crecimiento ha desplazado la generación de renta desde el trabajo productivo hacia la revalorización de activos. Es una transformación estructural del régimen de acumulación, no un conflicto entre edades.

En estos cambios institucionales cabe resaltar el papel de las reformas laborales. Particularmente importantes fueron las de 1984 y 1997, pero también las de 2010 y 2012. Todas ellas han tenido como objetivo mermar la capacidad de negociación de la clase trabajadora, lo que se ha traducido en condiciones de trabajo más precarias y salarios relativamente más reducidos. El modelo laboral neoliberal se justificaba en aras de una supuesta mayor capacidad de adaptación de la mano de obra a una estructura productiva desindustrializada y crecientemente dependiente de sectores precarios. Esto fue generando lo que técnicamente se llama un mercado laboral segmentado, donde los individuos de generaciones anteriores tendían a disfrutar de derechos laborales que ya eran inexistentes para las nuevas generaciones.

Este patrón no es exclusivo de España. Todas las economías occidentales han atravesado la misma senda, resultado de los efectos de la globalización neoliberal, pero aquellas que han sufrido procesos más intensos de terciarización y debilitamiento sindical —como Estados Unidos o el Reino Unido— muestran trayectorias más similares de caída en la participación salarial. Por el contrario, países que han preservado un mayor peso industrial y una arquitectura institucional más robusta —como Alemania o algunos países nórdicos— han registrado dinámicas distributivas relativamente más equilibradas. Ello sugiere que el problema no radica en la edad de los ciudadanos, sino en el tipo de estructura productiva e institucional que enmarca sus trayectorias vitales. El hecho de que en todos los países las diferencias de rentas sean más acusadas entre trabajadores jóvenes y trabajadores mayores que entre trabajadores y pensionistas subraya este punto, un aspecto también deliberadamente ignorado por los apologetas de la crítica a los “boomers”.

Hace una década la propuesta de los economistas convencionales fue la del “contrato único”, que era un subterfugio con el que se pretendía homogeneizar las condiciones laborales a la baja: retirando las protecciones-conquistas de los grupos mayores. Actualmente los discursos de la “guerra intergeneracional” son un eco de esas propuestas, aunque de una manera más naif: se argumenta que es el peso de las conquistas de las generaciones anteriores lo que lastra la posibilidad de desarrollo de las conquistas de las generaciones siguientes, centrado habitualmente en el caso de las pensiones.

Conclusión

El énfasis recurrente en las pensiones como supuesto obstáculo para el progreso de las generaciones jóvenes incurre además en un error de perspectiva macroeconómica. El sistema de pensiones no es un mecanismo autónomo que compita con los salarios de los jóvenes, sino una institución que depende estructuralmente de la masa salarial y del nivel de empleo. Cuando la participación del trabajo en la renta se reduce y la estructura productiva se orienta hacia sectores de bajo valor añadido, se deteriora simultáneamente la base financiera del Estado Social. El problema, por tanto, no es la “generosidad” de las pensiones, sino el debilitamiento de la capacidad productiva y distributiva del conjunto de la economía. El problema no son los boomers, sino que el mundo donde se insertaban ha sido sustituido por otro con una fracción de sus derechos y oportunidades laborales.

En realidad, hay que darle la vuelta al argumento: ha sido la incapacidad histórica de defender las conquistas anteriores frente al avance brutal del neoliberalismo lo que ha llevado a las nuevas generaciones a una situación de enorme vulnerabilidad. Por lo tanto, son las instituciones y la lucha política —de clases, más específicamente— las que explican fundamentalmente las diferencias intergeneracionales de renta y riqueza. Un corolario de este argumento es que la solución pasa por más conquistas sociales, y no menos —como plantean los analistas conservadores— y una profunda reestructuración de la economía que pase por la reindustrialización de la economía, el final de la dependencia sobre sectores de bajo valor añadido y la excesiva capacidad de poder de los empleadores privados.

En definitiva, no estamos ante un enfrentamiento entre jóvenes y mayores, sino ante un conflicto más profundo entre rentas del trabajo y rentas del capital en un régimen de acumulación que ha debilitado sistemáticamente la posición estructural del primero. Las diferencias intergeneracionales son la expresión demográfica de esa transformación institucional. Pretender resolverlas erosionando las conquistas sociales existentes equivale a profundizar la lógica que generó el problema, un aspecto de máxima satisfacción para el capital. La salida no pasa por redistribuir escasez entre cohortes, sino por reconstruir poder social, reorientar el modelo productivo y ampliar las instituciones que protegen al trabajo.