España sí es un país para rentistas

El debate sobre la desigualdad de ingresos se ha instalado en los últimos años en el terreno de la llamada equidad intergeneracional. Se nos dice que las generaciones mayores viven mejor que las jóvenes y que ahí reside el núcleo del problema. Pero esta forma de enfocar la cuestión oculta un fenómeno mucho más profundo y decisivo: la generalización del ingreso rentista, es decir, la posibilidad de enriquecerse sin trabajar. Un tipo de ingreso que hoy apenas se discute, pero que durante décadas fue objeto de una crítica feroz por parte de los economistas clásicos, que lo consideraban no solo moralmente injusto, sino económicamente ineficiente.

De hecho, una de las grandes pesadillas de aquellos primeros economistas estaba encarnada por un grupo social cuya riqueza se multiplicaba sin que mediara esfuerzo alguno. Se les llamaba rentistas, aunque en su época eso era, en la práctica, lo mismo que decir terratenientes. A su juicio, esta clase social era un residuo feudal que obstaculizaba el desarrollo del capitalismo y lastraba el crecimiento económico. Como dejó escrito John Stuart Mill, los terratenientes «se enriquecen, por así decirlo, mientras duermen, sin trabajar, sin arriesgar ni ahorrar».

Ese rentismo fue atacado desde dos ópticas. La primera era de naturaleza moral: ¿era justo que hubiera personas que se enriquecieran únicamente por el hecho de ser propietarias, sin aportar trabajo alguno ni contribuir al bienestar colectivo? Al fin y al cabo, los terratenientes obtenían rentas como un peaje por permitir que otros trabajaran la tierra, razón por la cual muy pronto se empezó a hablar de “ingresos no ganados” (unearned income). La segunda crítica era de orden económico: si esas rentas eran demasiado elevadas, los beneficios capitalistas quedaban ahogados y el crecimiento se ralentizaba. 

Con el tiempo, el concepto de rentismo fue desapareciendo del vocabulario de la mayoría de los economistas. Para la economía moderna, todos los ingresos son tratados como equivalentes y considerados igualmente funcionales para el desarrollo económico. Sin embargo, antes de que se produjera esta transformación intelectual, el debate conoció un momento crítico con la figura de Henry George, un economista que llegó a quedar en segundo lugar en las elecciones municipales de Nueva York en 1886.

George era partidario del libre mercado, pero consideraba injusto que los propietarios se enriquecieran apropiándose de algo que era de todos, como la tierra. El núcleo de su argumento era sencillo, pero muy potente. Como ya había advertido John Stuart Mill, las rentas del suelo crecían sin que el propietario tuviera que hacer nada: su valor dependía de la dinámica económica de la comunidad. George lo ilustró con claridad: una tierra adquirida en un lugar remoto y aislado apenas tendría más valor que el de los productos que se cultivaran y cosecharan en ella. Pero si ese territorio se desarrollaba con la llegada de comerciantes, negocios e infraestructuras, el mismo terreno multiplicaría su valor sin que su productividad hubiera cambiado en absoluto. Ese nuevo valor sería enteramente fruto del desarrollo colectivo, pero la renta generada iría a parar exclusivamente al propietario. De ahí que George propusiera un impuesto elevado sobre esa revalorización, a fin de que retornara a la comunidad lo que esta había creado. 

Lo relevante es que tanto el argumento como la propuesta de George mantienen hoy plena vigencia. De hecho, el principio descrito por él es bien conocido por la familia de Esperanza Aguirre, quienes vieron cómo a principios de siglo miles de hectáreas de su propiedad en Yebes (Guadalajara) se revalorizaban cuando, casualmente, un gobierno del Partido Popular decidió situar en aquella remota ubicación una estación de AVE. Se trata de un caso paradigmático de rentismo: la obtención de rentas económicas “no ganadas” por el mero hecho de tener en propiedad un recurso escaso.

El problema es que hoy resulta imposible comprender procesos centrales de nuestro tiempo —tales como la crisis de la vivienda o la hegemonía de las finanzas— sin recuperar este concepto clásico. La diferencia con el siglo XIX es que hoy son grandes franjas de la población las que participan de este rentismo: la “democratización” del acceso en propiedad a la vivienda y a la compra de productos financieros ha facilitado que muchas familias complementen sus ingresos regulares con rentas que parecen caer del cielo; dinero que se multiplica mientras dormimos. 

Los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2024 nos dicen que el 17% de los hogares recibe algún tipo de ingreso por alquiler y hasta el 33% tiene ingresos financieros. Pero esas cifras esconden una heterogeneidad muy alta tanto en participantes como en volumen de ingresos. Por ejemplo, entre los hogares más pobres sólo un 6% tiene ingresos por alquiler, mientras que entre los hogares más ricos ese porcentaje alcanza el 32%. Y en la cantidad de ingresos eso se nota también: los hogares más pobres ingresan por alquiler unos 3.000 euros de media anual, mientras que los hogares más ricos ingresan hasta 8.000 euros anualmente en promedio. Algo similar ocurre con los ingresos financieros, que llegan a ser de 3.600 euros de promedio para los hogares más ricos. Todo ello significa que los hogares más ricos reciben aproximadamente 10.000 euros anuales sin trabajar; sólo por ser propietarios. Y eso sólo es un promedio, con muchísimos casos mucho más sangrantes.

De hecho, la concentración de estos ingresos rentistas entre los hogares más ricos es un hecho bastante obvio. El 10% más rico de los hogares captura el 40% de todos los ingresos rentistas, mientras que el 50% de los hogares más pobres sólo lo hace en un 14%. Eso significa que, aunque hogares de todos los tipos participen en la obtención de ingresos rentistas, son los más ricos los que se benefician principalmente de estos “ingresos no ganados”. Como era de esperar, la concentración es aún mayor en lo que se refiere a ingresos financieros.

Debemos tener presente que durante las últimas décadas se ha producido una transformación cultural profunda: la vivienda ha dejado de concebirse como un valor de uso —refugio, seguridad, bienestar— para ser interpretada como una inversión. El problema es que los economistas clásicos jamás habrían aceptado llamar inversión a la simple compra de viviendas. Para ellos, la inversión era un concepto reservado a aquellas actividades que ampliaban la capacidad productiva. Comprar una vivienda para especular generaba, en cambio, ingresos no ganados, con dos consecuencias claras: no eran merecidos y detraían recursos que podrían haberse destinado a otros fines socialmente más útiles.

Hoy la vivienda ofrece rentabilidades equiparables a las de cualquier otra actividad financiera, como invertir en empresas medianas. Si especular con vivienda ofrece una rentabilidad del 5% e invertir en el tejido productivo un 4%, el capital se desplazará hacia la primera opción. Esto es precisamente lo que los economistas clásicos denunciaban como una asignación ineficiente de los recursos. Y ese es, a grandes rasgos, nuestro panorama actual: no es extraño escuchar que grandes fortunas —empresarios, artistas, presentadores o políticos— invierten en el ladrillo a través de fondos de inversión que funcionan como auténticas máquinas de extracción de rentas. ¿Qué futuro espera a una economía si el capital no se emplea en modernizar el país sino en permitir que ciertos grupos sociales vivan de las rentas?

Los clásicos habrían recordado, además, que los ingresos no ganados solo existen a costa del trabajo ajeno: son, en esencia, ingresos parasitarios. Basta pensar en el mercado de la vivienda. Cuando alguien compra una como “inversión” y posteriormente la vende o la alquila, las rentas obtenidas derivan exclusivamente del hecho de ser propietario, no de ningún esfuerzo realizado. Y esas rentas no caen del cielo: se extraen directamente del bolsillo de otros ciudadanos, los no propietarios, que necesitan esos bienes escasos y deben trabajar duramente para pagarlos —en forma de hipotecas o alquileres—. En el ámbito financiero el mecanismo es más sofisticado, pero idéntico en el fondo: el dinero se revaloriza porque los fondos realizan operaciones de extracción de rentas en otras partes de la economía, por ejemplo, comprando empresas, reestructurándolas y reduciendo los salarios de sus trabajadores.

La economía convencional ha renunciado a hablar de propiedad y de poder, lo que ha facilitado la reproducción del rentismo. La consecuencia lógica es el aumento de la desigualdad, ya que solo pueden acceder a rentas “no ganadas” quienes previamente poseen bienes escasos, como la vivienda. La concentración de la propiedad eleva la desigualdad y, a su vez, genera nuevas dinámicas de concentración. ¿De qué otro modo se explica que actualmente en España el 10% más rico de los hogares sean propietarios del 50 % de la riqueza?

La gran paradoja es que hoy no vivimos bajo el capitalismo que imaginaban Adam Smith o John Stuart Mill, sino bajo su reverso. El rentismo ha dejado de aparecer como una anomalía o una disfunción para convertirse en una forma respetable —e incluso deseable— de acumulación. Este desplazamiento no es solo técnico o académico, sino profundamente político. Al renunciar a hablar de rentas, los economistas han contribuido a desactivar el conflicto social que estas generan y a legitimar una estructura de desigualdad basada en la concentración de la propiedad. Cuando la vivienda, la tierra o los activos financieros se tratan como simples inversiones, se oculta que las rentas que producen se extraen del trabajo ajeno y del esfuerzo colectivo. El resultado es un sistema que premia la posesión por encima de la contribución y que consolida una economía cada vez más parasitaria. 

Existen, en realidad, múltiples instrumentos de política pública para afrontar este problema. El más elemental ya fue señalado por Henry George: utilizar el sistema fiscal para reducir el rentismo y devolver a la comunidad una parte sustancial de las rentas que esta misma genera. Esta medida debería formar parte de un paquete más amplio orientado a resolver la crisis de la vivienda, combinando políticas de oferta y de demanda. Sin embargo, lo verdaderamente revelador es que este enfoque esté prácticamente ausente del análisis económico convencional. Lejos de problematizar el rentismo, buena parte de la economía dominante ha terminado por naturalizar una estructura profundamente desigual de la propiedad y una dinámica de concentración cada vez más acusada. Así, los economistas han pasado de ser —como en el siglo XIX— los principales críticos del rentismo, a convertirse en sus más eficaces legitimadores.