El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza afronta el adelanto de las elecciones generales del 29 de noviembre con una posición clara: continuar con la movilización y no depositar sus expectativas en los partidos políticos. La convocatoria llega apenas unos días después de una semana de movilizaciones por la vivienda en Zaragoza que comenzó con una acampada en la plaza de España, continuó con varios días de protesta y terminó el sábado con una manifestación que reunió cerca de 10.000 asistentes.

En ese contexto, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, Paula Ríos, ha señalado este martes que el adelanto no modifica la estrategia del colectivo. “Ayer tuvimos noticia de la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de Pedro Sánchez y nuestra posición desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza es clara. Creemos que hay que continuar luchando, hay que continuar organizándose”, ha afirmado.

Ríos sostiene que el sindicato no considera que las próximas elecciones vayan a resolver el problema de la vivienda. “Sabemos que ninguno de los partidos políticos actualmente existentes, de izquierda a derecha, de Yolanda Díaz a Abascal, defiende el derecho a la vivienda”, ha asegurado. A su juicio, ninguna de las formaciones está comprometida con los intereses de la clase trabajadora ni tiene voluntad, o capacidad, para romper con el negocio de la vivienda.

La posición del sindicato se produce después de una semana especialmente intensa para el movimiento por la vivienda en Zaragoza. La acampada de la plaza de España comenzó el jueves 1 de octubre después de una concentración y llegó a reunir durante su primera noche alrededor de cien personas. El colectivo decidió mantenerla hasta después de la manifestación del sábado, mientras en el Congreso se debatían los decretos de vivienda.

Finalmente, cerca de 10.000 personas recorrieron el centro de Zaragoza para reclamar medidas ante la situación de la vivienda. Desde el Sindicato de Inquilinas defendieron entonces que la movilización no terminaba con el levantamiento de las tiendas.

Ahora, con las elecciones ya convocadas, Paula Ríos insiste en esa idea. “Por eso sabemos que en la historia todas las conquistas de derechos significativas que ha habido, como puede ser la jornada de ocho horas, el derecho al sufragio universal, han venido únicamente gracias a amplios procesos de lucha de la clase trabajadora, de grandes huelgas y ese es el camino por el que tenemos que seguir”, ha señalado.

La organización también pone foco en los servicios públicos y en el aumento del gasto militar y policial. “Estamos viendo cómo los salarios reales se estancan, los beneficios de los empresarios se disparan, el coste de la vida también se dispara, particularmente en el caso de la vivienda y también hemos vivido grandes ataques a los servicios públicos”.

“El horizonte es construir una huelga general”

Paula Ríos ha confirmado que por el momento no tienen nuevas movilizaciones fijadas de cara a los próximos días, pero sí una hoja de ruta basada en el trabajo base.

“Nuestra contribución como Sindicato de Inquilinas de Zaragoza es convocar este jueves una asamblea en la plaza de San Pablo a las 19:00 a la que invitamos a sumarse a todo el mundo que quiera participar en este proceso de lucha para seguir extendiendo la lucha a los barrios de Zaragoza”, ha explicado.

El Sindicato de Inquilinas tampoco descarta nuevas formas de protesta, aunque ahora mismo no contempla volver a instalar una acampada como la que durante varios días ocupó la plaza de España. “Ahora mismo no nos planteamos volver a acampar, creemos que ha sido una herramienta muy útil que nos ha servido en un momento concreto para dar más visibilidad a la lucha”, ha explicado la portavoz.

El Jardín de la Garnacha del parque de Macanaz afronta su primera cosecha con dudas sobre el estado de las viñas y el mantenimiento que han recibido desde su plantación. La Asociación Vecinal Tío Jorge Arrabal, que ha seguido la evolución del espacio desde su puesta en marcha, considera que los cuidados no han sido suficientes y cuestiona también el propio planteamiento de la plantación.

El Jardín de la Garnacha comenzó a plantarse en marzo de 2025 en una superficie de unos 820 metros cuadrados junto al Ebro. El espacio reúne 129 vides de las tres Denominaciones de Origen de la provincia: 44 de Calatayud, 37 de Cariñena y 48 de Campo de Borja. La actuación supuso una inversión de más de 34.000 euros y se planteó dentro de la estrategia de Zaragoza vinculada a la garnacha y a la actividad vitivinícola de Aragón.

La idea era que este pequeño viñedo sirviera también para reforzar la relación de Zaragoza con la garnacha y acercar la cultura del vino a la ciudad. De hecho, cuando el proyecto se presentó, la alcaldesa Natalia Chueca explicó que las cepas formarían parte de la estrategia de Zaragoza como Capital Mundial de la Garnacha y que el jardín serviría como un atractivo para zaragozanos y turistas.

En la presentación de enero de 2025 llegó a definirlo como un “photocall” para que los visitantes pudieran fotografiarse ante el viñedo y la Basílica del Pilar. Sin embargo, un año y medio después de la plantación, la asociación considera que el proyecto no ha cumplido ese objetivo.

Uno de los principales problemas que señalan los vecinos se encuentra en el cuidado de las cepas cuando comienza a aparecer el fruto. “Cuando el fruto empieza a surgir, ahí no hay ningún tipo de tratamiento, no se meten las uvas dentro de las mallas para evitar que se pudran, para evitar que se la coman los pájaros, no hay una limpieza exhaustiva de la zona, no se realiza la poda de manera adecuada”, explica Rafael Tejedor, presidente de la Asociación Vecinal Tío Jorge Arrabal.

A esto se suma el estado de parte de las plantas. Durante los primeros meses de este año fue necesario replantar alrededor de un tercio de las cepas después de que varias se secaran, según señala Rafael Tejedor. El Ayuntamiento confirma que hubo que reponer algunas cepas, aunque sostiene que se debió a que determinadas plantas no se adaptaron al cambio de lugar y que entraba dentro de lo previsible en este tipo de plantación. “Algunas cepas hubo que reponerlas porque, por razones diversas, no se adaptaron al cambio de lugar. Pero todo fue dentro de lo previsible con este tipo de plantación”, explica el Consistorio.

“A lo mejor no es el sitio más idóneo para plantar vides”, apunta Rafael Tejedor. La alternativa que plantean pasa por otro tipo de vegetación que permita aprovechar el espacio del parque para generar sombra. “Con parras que crecen en alto y generen una zona de sombra, es lo que realmente necesita el parque, zonas de sombra, no necesita cepas”, sostiene.

Una primera cosecha con poco fruto

El resultado de esta primera cosecha ha vuelto a poner el foco sobre estas cuestiones. Los vecinos aseguran que actualmente pueden verse restos de los racimos, pero que apenas queda fruto en las plantas. “Están las raspas del fruto, porque el fruto no ha salido”, explica Rafael Tejedor.

La cuestión de la primera cosecha se suma así a una diferencia de planteamiento sobre el propio uso del espacio. Mientras los vecinos valoran el jardín también en función de su capacidad para producir fruto y convertirse en un atractivo vinculado a la garnacha, el Ayuntamiento insiste ahora en su carácter simbólico como jardín y en que no debe valorarse como un viñedo productivo.

También apunta que no está previsto introducir cambios significativos en el mantenimiento de las garnachas, aunque confía en que las cepas estén “mejor adaptadas conforme pase el tiempo”.

Sin apenas visitantes

La asociación también asegura que no ha observado de forma habitual trabajos de mantenimiento en el espacio. “No se ve nunca jamás a un operario trabajar ahí”, afirma.

“Todavía no hemos visto un solo turista que vaya a ver el viñedo”, afirma la entidad vecinal, que asegura no haber visto visitantes acudir al parque específicamente para conocer el viñedo. También cuestiona que el espacio haya tenido un papel relevante en las actividades relacionadas con la garnacha celebradas en la ciudad.

A un año y medio de su plantación, el debate ya no se centra únicamente en cuánta uva ha producido el jardín, sino también en qué papel debe desempeñar este espacio dentro de la estrategia de Zaragoza alrededor de la garnacha y en cómo debe mantenerse en los próximos años.

El número de tiendas instaladas en la Plaza de España de Zaragoza no deja de crecer tras una primera noche en la que han dormido en el centro de la capital aragonesa unas cien personas. Ha sido una noche “tranquila”, sin incidentes más allá de algún comentario de personas que iban o volvían de la zona de bares, aunque es algo que no preocupa a las personas allí congregadas, que consideran la protesta y la ocupación del espacio público como una de las principales formas de lucha en estos momentos.

Paula Ríos es la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Zaragoza y una de las impulsoras de esta movilización. Cuenta que esta primera noche ha sido un “éxito” y que sus previsiones son continuar “por lo menos” hasta después de la manifestación de este sábado: “La lucha tiene que mantenerse. Cualquiera de los decretos que se votan hoy —y que previsiblemente no van a salir adelante por el ‘no’ de Junts— son claramente insuficientes. Queremos acabar con el negocio de la vivienda y las herramientas que utilicemos pueden ser la acampada o la lucha sindical”.

A esta movilización “se puede sumar cualquier persona trabajadora harta de la situación de la vivienda”. En cuanto a las necesidades, asegura que por el momento está todo “muy bien organizado”: “Se puede traer agua y comida, pero lo que queremos es ser muchas más, que la vivienda no sea una mercancía para no tener que estar aquí haciendo lo que estamos haciendo”.

La acampada afronta esta segunda jornada, además, con una nueva circunstancia: este viernes se ha aprobado en Zaragoza la ordenanza cívica que penaliza la pernocta en la calle. Desde el sindicato aseguran que desconocían esta medida y que, por el momento, no han recibido ninguna propuesta de sanción. “Poder estar aquí no es casual, tiene que ver con el gran poder y fuerza que se ha generado gracias a estas miles de personas que han salido a la calle. En otras circunstancias sabemos que la Policía no estaría tolerando esto”, sostiene Ríos.

Los ánimos en la plaza son altos. Las conversaciones versan sobre los decretos de vivienda y lo que ocurrirá este viernes en el Congreso, aunque entre los asistentes existe la sensación de que la protesta “va más allá”. El ambiente durante la mañana era diferente al de la noche anterior, marcado por la euforia de haber conseguido mantener la acampada durante sus primeras horas.

En la plaza había activistas, pero también grupos de amigos que habían acudido a la cacerolada del jueves o que se habían enterado de la convocatoria para acampar a través de las redes sociales. “Me he enterado cuando estaba en el gimnasio, he pasado por casa a coger el saco y un colacao y me he venido”, contaba Erika a este diario el jueves por la noche. Esta estudiante no tenía tienda y este viernes por la mañana tenía un examen, lo que no le impidió dormir en la Plaza de España por algo que considera “justo”: “No se me ocurre otro sitio en el que estar que no sea este”.

Martín Ruiz forma parte de la Coordinadora Juvenil Socialista, que agrupa asambleas de jóvenes comunistas que, según explica, “tenemos claro que necesitamos estar organizados al margen de los partidos profesionales que gobiernan para los rentistas y los especuladores”. Ha pasado la noche en la plaza y asegura que “se va a aguantar todo lo que haga falta”. Ruiz asegura que “no van a parar” hasta conseguir llegar “todo lo lejos que podamos”. “Los desahucios han sido la gota que ha colmado el vaso. Se trata de un problema estructural. En el primer trimestre del año ha habido 4.000 desahucios, 44 al día. Estamos señalando que es un problema estructural porque el problema de raíz es que la vivienda, que es un bien básico para sobrevivir, pueda ser objeto de especulación. Es la mera existencia del negocio de la vivienda”, sostiene.

Ruiz es especialmente crítico con la clase política. Por una parte, considera que el Gobierno de PSOE y Sumar “no ha estado haciendo nada” y que las medidas que intenta sacar adelante son “parches que no atacan a la raíz del problema”. Frente a ello, reclama “medidas estructurales”: “Que se prohíba la especulación con la vivienda y con los bienes básicos para sobrevivir, que se expropie a los especuladores, que todas las viviendas que se están considerando bienes para invertir se pongan al servicio de las necesidades sociales, que no se haga negocio con los recursos que sirven para sobrevivir y que necesitamos para vivir dignamente”.

También carga contra los discursos de la derecha y la extrema derecha y señala dos “mantras” que, a su juicio, se repiten: “Que hay que construir mucha vivienda y que el problema de que suban los precios es de los migrantes”. Asegura que “el problema es que la vivienda no se organiza racionalmente” y rememora lo ocurrido durante la burbuja inmobiliaria: “Se construyó a un ritmo récord y los precios subían un 33% al año. Después, los precios de la vivienda cayeron mientras no dejaban de subir las cifras de llegadas de migrantes trabajadores. No nos podemos dejar engañar por esta gente que intenta vendernos como un debate irracional para que no hablemos de la raíz del problema”.

Los dos vicepresidentes del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero (PP) y Alejandro Nolasco (Vox), han comparecido este lunes en una rueda de prensa conjunta en la que han anunciado que el Gobierno de Aragón recurrirá ante el Tribunal Supremo el Real Decreto 556/2026, aprobado el pasado 30 de junio, que actualiza la capacidad ordinaria de las comunidades autónomas para la acogida de menores extranjeros no acompañados. El Ejecutivo autonómico solicitará además la suspensión cautelar de la norma mientras se resuelve el recurso.

El anuncio llega pocos días antes de que el próximo 5 de octubre venza el plazo para poder recurrir el mencionado real decreto. Y se produce en un contexto en el que Aragón no llena ni de lejos las plazas debe tener creadas: al 30 de junio, el número de menores migrantes tutelados en la comunidad era de 238, muy lejos de la capacidad ordinaria de 476 niños, niñas y jóvenes que fija la normativa. Y en la actualidad, según han confirmado fuentes de la Vicepresidencia de Vox, se ha reducido a 222 menores extranjeros tutelados,

La cifra objeto de polémica se enmarca en el sistema estatal de redistribución de menores migrantes puesto en marcha el año pasado para situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. El Gobierno de Aragón sostiene que el Estado no puede imponer esta actualización sin respetar las competencias autonómicas y cuestiona tanto el procedimiento seguido como el propio sistema de redistribución. “El Real Decreto de 30 de junio que quiere endosar a Aragón 476 menores migrantes invade competencias autonómicas”, ha señalado durante la rueda de prensa.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha señalado que Aragón no es la única comunidad que ha recurrido el decreto y ha acusado al Gobierno central de actuar “al margen de los acuerdos de la conferencia sectorial que se habían tomado siempre por unanimidad”. Vaquero ha añadido que “el Ejecutivo estatal está sobrepasando las competencias no solamente de Aragón sino del resto de comunidades autónomas”.

Ley orgánica

El Ejecutivo de Aragón considera además que la norma regula una materia que, a su juicio, debería estar reservada a una ley orgánica y que se ha aprobado sin contar con la comunidad. Por ello, pedirá al Supremo que paralice provisionalmente sus efectos. “Por eso vamos a solicitar en este recurso la suspensión cautelar de este Real Decreto para que no pueda surtir efecto alguno mientras se determina sobre su legalidad”, ha explicado Alejandro Nolasco, vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

La cifra de 476 plazas no suponen el traslado automático de otros 476 menores a la comunidad . El decreto establece la capacidad ordinaria que corresponde a la comunidad dentro del sistema estatal y sirve como referencia para el mecanismo de redistribución cuando se declara una situación de contingencia.

El Gobierno aragonés sostiene que su red de protección ya está por encima de la capacidad que tiene asignada y cuestiona que el Estado pueda seguir derivando menores a la comunidad. “Lo que sí que le puedo decir con seguridad absoluta es que sobrepasamos con mucho la capacidad que tenemos y que nos ha venido fijada por ley”, ha asegurado.

La mitad de las plazas

Sin embargo, los datos oficiales rebajan a 238 los menores extranjeros no acompañados tutelados por Aragón a 30 de junio, una cifra que equivale aproximadamente a la mitad de las 476 plazas de capacidad fijadas para la comunidad.

El Ejecutivo autonómico mantiene que el problema no se limita al número de menores tutelados en un momento concreto, sino a los traslados que se realizan desde otros territorios en aplicación del sistema estatal. Aragón asegura haber recurrido los expedientes individuales y haber obtenido 17 resoluciones judiciales favorables.

La disputa se extiende ahora también a los menores procedentes de Ceuta. El Gobierno de Aragón rechaza asumir nuevos traslados y defiende que la solución debe pasar por el retorno de los menores a sus familias y países de origen cuando legalmente proceda.

“La propuesta es que se vuelvan todos a su casa. Esa es la propuesta lógica y legal”, ha defendido Nolasco. Además, ha insistido en esa posición al reclamar que se tenga en cuenta el vínculo familiar de los menores: “El interés superior del menor es que estén con sus padres en su país de origen”.

Los bomberos de las diputaciones de Zaragoza, Huesca y Teruel han puesto este jueves sobre la mesa los problemas que, según denuncian, comparten los tres servicios provinciales: falta de efectivos, jornadas por debajo de los mínimos establecidos y una elevada dependencia de las horas extraordinarias para mantener la cobertura. CSIF ha reunido a representantes de las tres provincias en una rueda de prensa celebrada a las 11:00 en su sede de Zaragoza, donde ha reclamado un aumento de las plantillas y ha anunciado una manifestación para el próximo 1 de octubre.

Los servicios de bomberos de las tres diputaciones cuentan con 447 efectivos, frente a los 641 que fija como mínimo la normativa aragonesa. Son 194 bomberos menos de los establecidos por ley, un déficit del 30% que según CSIF, se compensa con más de 117.000 horas extraordinarias al año.

En Zaragoza, los bomberos han centrado parte de su intervención en las consecuencias que está teniendo la decisión de no realizar horas extraordinarias. La Diputación Provincial establece en 27 los efectivos que deberían estar diariamente de guardia entre todos los parques. Sin embargo, los trabajadores aseguran que esa cifra no se alcanza cuando no se realizan horas extra.

“Si dejamos de realizar horas extraordinarias, que es lo que está sucediendo ahora, como señal de protesta, no nos encontramos con que ningún día alcanzamos esos 27 efectivos”, ha explicado Luis Sánchez, bombero de la Diputación de Zaragoza.

La falta de efectivos también obliga, según los bomberos, a movilizar personal de otros parques cuando se produce una emergencia en una zona cuyo servicio no está cubierto. Esto puede aumentar los tiempos de desplazamiento y dejar otras áreas con menos capacidad de respuesta.

“Si hay una emergencia en el área de intervención de esos parques, pues no hay bomberos. Tienen que ir bomberos de otros parques”, ha explicado Luis Sánchez.

Los representantes de Zaragoza cifran en 54.000 las horas extraordinarias realizadas durante 2025, una cantidad que, según sus cálculos, equivale a la jornada de 37 bomberos. También han puesto sobre la mesa el estado de algunos vehículos del servicio.

“Muchas veces tenemos vehículos de más de 30 años que han quedado absolutamente obsoletos”, ha denunciado el representante de la Diputación de Zaragoza, para que estos medios sean sustituidos.

Huesca: 16.464 horas extra en cinco meses

En Huesca, Gonzalo Aguado, bombero de la Diputación de Huesca, ha acudido a la rueda de prensa con un análisis de 153 días de servicio entre marzo y julio y 1.224 guardias. Durante esos cinco meses se contabilizaron 16.464 horas extraordinarias, con una media de 137 servicios extraordinarios al mes y 4,5 al día. “Si ocurre una vez, es extraordinario. Si ocurre todos los días, ya no es una contingencia”, ha resumido.

Los trabajadores sostienen que esta situación no responde únicamente a los últimos meses. Según han explicado, la Diputación de Huesca ya reconoció en octubre de 2025 la existencia de un problema y se alcanzaron acuerdos relacionados con la ampliación de plantilla y el incremento de las dotaciones. Un año después, consideran que los datos siguen mostrando una plantilla insuficiente.

En Teruel, huelga desde el 18 de agosto

El representante de Teruel, Eduardo Alegre, ha puesto el foco en la extensión territorial de la provincia, que cuenta con casi 15.000 kilómetros cuadrados y 276 municipios. Según los datos aportados, uno de cada cuatro municipios se encuentra fuera del plazo máximo de respuesta establecido por la normativa.

El problema, según ha señalado, es que la distribución de los efectivos no permite garantizar los tiempos de respuesta en todo el territorio. “Uno de cada cuatro municipios de la provincia está fuera de ese plazo”, ha afirmado.

A esta situación se suma, según los trabajadores, la demora en la cobertura de plazas. Eduardo Alegre ha señalado que existen 40 plazas de bombero convocadas en agosto de 2024 que todavía no se han incorporado al servicio. “Después de dos años, en lugar de resolver las plazas, las bolsas de empleo se han convertido en mecanismo para sostener ese déficit de plazas actual que tenemos”, ha denunciado.

En cuanto a las jornadas de trabajo, los bomberos de Teruel aseguran que el servicio funciona por debajo de los mínimos fijados por la propia Diputación. Según los datos presentados, el 70% de las jornadas de 2026 se habría prestado con menos efectivos de los establecidos. “Dos de cada tres días, la provincia ha sido cubierta por menos efectivos de los que marca la propia Diputación”, ha señalado el representante.

En Zaragoza, los trabajadores mantienen su decisión de no realizar horas extra. En Teruel, la plantilla continúa en huelga desde agosto, y en Huesca reclaman que se cumplan los compromisos adquiridos para reforzar el servicio.

CSIF ha anunciado que llevará estas reivindicaciones a la calle el próximo 1 de octubre en Zaragoza, con una manifestación que partirá de las inmediaciones de la Diputación Provincial. La organización también ha comunicado sus reclamaciones al Gobierno de Aragón y a las tres diputaciones.

El móvil entra cada vez antes en la vida de los niños y adolescentes aragoneses. La edad media a la que reciben su primer teléfono es a los 10 años y el 47,7% del alumnado de 5º y 6º de Primaria ya tienen uno propio. A partir de ahí, las redes sociales, los videojuegos y otras plataformas pasan a formar parte de su día a día, afectando así a su bienestar y a la convivencia.

Estos datos forman parte del informe 'Infancia, adolescencia y bienestar digital. Resultados Aragón', elaborado por Unicef España junto a la Universidad de Santiago de Compostela, el Consejo General de Ingeniería en Informática y Red.es. El informe se ha presentado este martes en el Patio de la Infanta de Fundación Ibercaja, en Zaragoza.

Las respuestas fueron elaboradas a partir de 2.849 estudiantes de 22 centros educativos de la comunidad. El estudio no solo analiza cuánto utilizan los menores la tecnología, sino también los usos problemáticos y las conductas de riesgo que pueden producirse en Internet.

Un entorno digital cada vez más presente

Las redes sociales forman parte de la vida de los menores desde edades tempranas. El 89,9% de los estudiantes aragoneses encuestados está registrado al menos en una red social y siete de cada diez utilizan tres o más. YouTube, WhatsApp, TikTok e Instagram son las que mayor presencia tienen.

Sin embargo, el informe advierte que el problema no está en el uso de la tecnología en sí, ya que el entorno digital también ofrece a niños y adolescentes posibilidades de comunicación y aprendizaje. La verdadera preocupación aparece cuando ese uso se vuelve problemático o se combina con conductas de riesgo.

En Aragón, el 4,5% de los estudiantes presenta un uso problemático de las redes sociales, donde también se recogen casos relacionados con los videojuegos, las apuestas, el sexting o el consumo de pornografía.

Una de las situaciones que más se repite es la dificultad para desconectar. El 37,9% de los jóvenes duerme habitualmente con el móvil en su habitación, y entre ellos, el informe observa una mayor presencia de conductas de riesgo en estos usuarios. Además, más de la mitad de los participantes confiesa que hay momentos en los que necesita alejarse del móvil o que no quiere que sea éste quien le diga cuando se le puede contactar.

Los problemas digitales también afectan al bienestar

En el ámbito escolar, el estudio recoge situaciones de victimización y ciberacoso. Sin dejar de lado, la violencia digital dentro de las relaciones de pareja, entre quienes tienen o la han tenido, el 29% afirma haber vivido experiencias relacionadas con alguna conducta de violencia de forma frecuente, como por ejemplo, el control de las amistades en redes sociales, de ubicación o del teléfono móvil.

La solución que plantea el informe pasa por reforzar la prevención y el acompañamiento de los menores. Más de la mitad de los padres habla con sus hijos sobre los riesgos de Internet, aunque las normas menos frecuentes cuando se trata de controlar los contenidos que los menores llegan a publicar o a consumir.

Este estudio sitúa el bienestar digital como una cuestión que no depende solo de los propios adolescentes. UNICEF plantea la gran necesidad de implicar en estas situaciones a los padres, centros educativos y administraciones para proteger a los menores en el entorno digital.

Hay quien imagina una biblioteca entre sus paredes, quien añadiría una cafetería, una librería y quien directamente apuesta por convertirla en un museo o en un espacio cultural. La antigua clínica del Doctor Lozano vuelve a generar conversación en Zaragoza a raíz de una simple pregunta: ¿para qué podría servir este edificio histórico si volviera a abrir sus puertas?

La cuenta de Instagram DstyleZgz planteó recientemente esta posibilidad a sus seguidores y la respuesta fue clara. Entre los comentarios aparecen propuestas para crear un espacio comunitario artístico y educativo, una biblioteca con cafetería o incluso un museo acompañado de biblioteca. La propia publicación resume la reacción de sus seguidores: “A la mayoría de comentarios les gustaría ver una biblioteca en este antiguo edificio ‘abandonado’ junto al paseo Sagasta de Zaragoza”.

Sin embargo, la propuesta choca con el futuro que actualmente está previsto para la antigua clínica. Este inmueble está incluido en un proyecto residencial promovido por Inmo Criteria Caixa que contempla rehabilitar el edificio para convertirlo en viviendas y levantar un nuevo bloque en la parte posterior.

De clínica y residencia a edificio vacío

Para entender por qué el edificio despierta tanto interés hay que remontarse a comienzos del siglo XX. La antigua Clínica del Doctor Lozano fue construida en 1903 por el arquitecto Felix Navarro y se construyó para albergar tanto la propia clínica del doctor Ricardo Lozano Monzón como la residencia de su familia.

El edificio fue diseñado para combinar ambas funciones y contaba con instalaciones médicas muy modernas para la época. La clínica disponía de habitaciones para pacientes, consultorio y quirófano, mientras que en la parte posterior se encontraban algunos de los elementos más singulares de la construcción. Por ejemplo, hay dos cuerpos semicilíndricos que correspondían al quirófano y la capilla.

Finalmente, la clínica cerró en 1977. Desde entonces el edificio dejó de tener actividad y comenzó un largo periodo de espera. En 2009 fue declarado Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés, reconociendo así su valor arquitectónico.

Un edificio que no seguirá vacío

El futuro del inmueble comenzó a concretarse con el Plan Especial para las parcelas de Lagasca 2-4, promovido por Inmo Criteria Caixa. El Ayuntamiento aprobó inicialmente la propuesta en 2023 y, tras el periodo de alegaciones, la aprobó definitivamente en julio de 2024.

El proyecto mantiene la antigua clínica, pero cambia su uso. Según la licencia solicitada por la propiedad, el edificio histórico será rehabilitado íntegramente para acoger diez viviendas. En el jardín y la parte de atrás se plantea además un nuevo edificio de siete plantas con 44 viviendas. En total, el proyecto contempla 54 viviendas.

Y es precisamente ahí donde entra la propuesta que ha vuelto a circular por redes sociales.

Una biblioteca entre las paredes de una antigua clínica

Los comentarios publicados imaginan un futuro completamente diferente para el inmueble. Una biblioteca como una de las ideas que más se repite, aunque no es la única.

También hay quien pone el foco en el propio edificio y no tanto en el uso concreto. “Se podría hacer cualquier cosa excepto demolerlo”, apunta uno de los comentarios. Otro resume su propuesta de manera sencilla: “Sería una biblioteca preciosa”.

El proyecto previsto conserva el edificio protegido, pero lo integra en un nuevo conjunto de viviendas. Mientras tanto, en redes sociales algunos zaragozanos plantean otra opción, recuperar sus antiguas salas y convertirlas en espacios con libros, actividades culturales y lugares abiertos para todos.

Más de 5.000 personas mayores utilizan ya Maximiliana, un teléfono móvil desarrollado en Zaragoza que simplifica el uso de un smartphone y facilita funciones como las llamadas, las videollamadas o WhatsApp. El proyecto nació hace cinco años a partir de una necesidad familiar y ha ido incorporando nuevas funciones para adaptar el dispositivo a las necesidades de sus usuarios.

Jorge Terreu, fundador de Maximiliana, comenzó a trabajar en la idea mientras estudiaba Ingeniería Informática en Francia. Durante su estancia de Erasmus se encontró con las dificultades que tenía su abuela para utilizar el teléfono y decidió buscar una alternativa. “Me sorprende que no veo nada que pueda encajar con lo que yo noto que pasa con mi abuela”, explica.

Ante la falta de un dispositivo que respondiera a esas necesidades, Jorge Terreu compró un teléfono y lo adaptó para que pudiera utilizarse con el mínimo contacto posible. La idea era que su abuela pudiera llamar a sus familiares pulsando sobre una fotografía y que ellos pudieran hacerle llamadas y videollamadas sin que ella tuviera que configurar el dispositivo.

Cuando regresó a España comprobó que su abuela había dejado de utilizar su antiguo móvil y manejaba el nuevo con normalidad. Fue entonces cuando decidió convertir aquella solución familiar en un proyecto dirigido a otras personas mayores. “Mi abuela no es una excepción, al revés, mi abuela es lo más habitual en la gente de esa edad”, señala.

El perfil de los usuarios refleja precisamente las dificultades que encuentran algunas personas mayores con los teléfonos convencionales. Según los datos de Maximiliana, alrededor del 60% procede de teléfonos de teclas o de concha y otro 25% utilizaba anteriormente un smartphone que les resultaba demasiado complejo. El 15% restante no tenía móvil.

El objetivo del dispositivo es ofrecer las funciones de un smartphone sin trasladar al usuario la complejidad de sus menús y configuraciones. “Tratamos de que cualquier persona mayor lo pueda utilizar sin ningún límite, da igual que haya utilizado o no un teléfono antes”, explica el fundador.

Las llamadas y las videollamadas son las funciones más utilizadas. Alrededor de un tercio de los usuarios utiliza además WhatsApp, aunque no siempre para escribir mensajes. En muchos casos lo emplean para consultar fotografías enviadas por sus familiares.

La empresa ha incorporado también nuevas herramientas como Galería Gloria y Cámara Carmina, pensadas para simplificar la visualización y realización de fotografías. El teléfono se actualiza automáticamente para incorporar nuevas funciones sin que el usuario tenga que realizar el proceso.

Para Jorge Terreu, una de las claves del dispositivo está en eliminar el temor a equivocarse al manejarlo. “Al no tener ese miedo se lanzan mucho más a hacer las llamadas”, afirma.

El siguiente paso que plantea el proyecto pasa por ampliar las posibilidades de entretenimiento para las personas mayores, más allá de la comunicación con sus familiares. “El siguiente paso grande que yo veo en Maximiliana es abordar el área del entretenimiento”, explica Jorge Terreu. Entre las opciones que estudian está facilitar el acceso a contenidos como misas, programas o información relacionada con los intereses de cada usuario.

Cinco años después de aquel primer teléfono adaptado para su abuela, el proyecto ha superado las previsiones iniciales de su fundador. “El objetivo se ha visto muy superado por la realidad”, reconoce.

Una de esas usuarias tiene 90 años

Entre las personas que utilizan Maximiliana se encuentra María Cintora, una mujer de 90 años que lleva alrededor de cinco utilizando el dispositivo. En su caso, el motivo para buscar un teléfono diferente fue poder comunicarse con su sobrina, que vive en Irlanda.

“Deseaba tener videollamadas con ella”, explica. Encontró información sobre Maximiliana en una revista mientras estaba en Panticosa y, después, acudió para pedir un teléfono que le permitiera hablar con su sobrina. Desde entonces, las videollamadas forman parte de su día a día. “Me llama todos los días por videollamada y cuando no, me manda el mensaje por voz y le contesto”, cuenta.

Con el tiempo también ha aprendido a utilizar WhatsApp y otras funciones del teléfono. Además, reconoce que todavía hay una tarea que se le resiste: “Lo que más me cuesta y todavía no lo sé hacer es mandar mensajes”.

María Cintora valora especialmente haber aprendido a manejar el dispositivo a su edad. “Con los 90 años ya, la verdad, cada vez que aprendes es mejor, me defiendo con esto y soy feliz”, afirma. Su uso se concentra en las llamadas, WhatsApp y los mensajes que recibe. Después de cinco años con el dispositivo, resume su experiencia con una frase: “Para mí esto me ha dado la vida”.

El nuevo curso escolar ha arrancado en Aragón con los institutos plantándose ante la nueva regulación de las actividades extraescolares en la comunidad. Al menos 15 centros de Zaragoza han decidido suspender total o parcialmente excursiones, viajes de estudios y otras salidas educativas, mientras sus claustros valoran cómo aplicar la nueva regulación impulsada por el Gobierno de Aragón. La respuesta de los centros, que comenzó a tomar forma antes incluso del inicio de las clases, ya se ve en cancelaciones de actividades y amenaza también a campañas como la Semana Blanca.

El conflicto viene de meses atrás y está relacionado con la preocupación de los docentes por la responsabilidad que asumen cuando acompañan a los alumnos fuera del centro. El debate aumentó después de la muerte de un estudiante zaragozano durante un viaje escolar a Bélgica en 2022, un caso por el que dos docentes se enfrentan a un procedimiento judicial. A raíz de aquel episodio, varios centros reclamaron un entorno que estableciera las responsabilidades del profesorado en este tipo de actividades.

La preocupación de los profesores y profesoras no se ha quedado en una simple reclamación. Con el inicio del curso, los propios centros aragoneses están tomando posiciones y decidiendo hasta dónde quieren llegar con las salidas escolares. La Asociación de Directores de Institutos de Zaragoza (Adizar) considera que la nueva normativa no resuelve los problemas planteados por los equipos directivos y reclama más diálogo y participación en el desarrollo de la regulación. 

Su presidente, Guillermo Sánchez, señala que los directores siguen teniendo dudas sobre las responsabilidades que asumen al organizar actividades fuera de los centros y cuestiona que tengan que interpretar cuestiones jurídicas para las que no cuentan con formación específica. “No somos expertos en leyes”, apunta Sánchez, que explica que los equipos directivos tienen que enfrentarse a un lenguaje jurídico-administrativo que puede generar dudas sobre cómo aplicar la normativa.

Sobre la responsabilidad penal, asegura que la petición de los directores no busca una exención, sino protección mientras no exista una resolución judicial. “Pedimos una protección civil y penal hasta el momento en el que una sentencia judicial diga que realmente se ha cometido una negligencia”, indica. Adizar reclama así que se concrete mejor el marco de actuación de los equipos directivos para que puedan organizar excursiones, viajes y otras actividades sin la incertidumbre que, según sostienen, mantiene la normativa actual.

Una norma que no ha cerrado el conflicto

El Gobierno de Aragón publicó el pasado 25 de agosto una regulación específica para las actividades complementarias y extraescolares, donde se establecen criterios para su organización, entre ellos la planificación dentro de la programación del centro, la evaluación de riesgos, medidas ante posibles incidentes, ratios de acompañamiento y actuaciones para atender a alumnos con necesidades específicas. Además, incluye un periodo mínimo de descanso para los docentes tras determinadas actividades.

Algunos centros han optado por suspender todas las salidas, mientras otros han decidido mantener aquellas que consideran más fáciles de gestionar, como actividades cercanas, realizadas durante el horario lectivo o sin pernoctar.

Según un listado publicado por 'El Periódico de Aragón', más de una veintena de centros de Zaragoza ya habían comunicado la suspensión de actividades extraescolares o bien limitado su aplicación, aunque no es un listado oficial y la situación puede seguir cambiando.

El conflicto amenaza la campaña de nieve

La reacción de los institutos empieza a tener un efecto que va más allá de las propias comunidades educativas. Las cancelaciones afectan a actividades que necesitan organizarse con meses de antelación, como la Semana Blanca, y ponen en dificultades a empresas que trabajan cada curso con los grupos de estudiantes.

Empresas del Pirineo aragonés vinculadas al alojamiento, el alquiler de material o la organización de actividades de nieve ya están recibiendo anulaciones de reservas de institutos, según 'Heraldo de Aragón'. La incertidumbre resulta especialmente relevante para una campaña que necesita cerrar con antelación tanto las plazas como los servicios necesarios.

Algunas empresas temen que, si el conflicto continúa, los centros de otras comunidades terminen ocupando las plazas que ahora quedan libres.

Desde el Gobierno de Aragón, la consejera de Educación, Carmen Susín, ha defendido la regulación y ha insistido en que el texto publicado en agosto no constituye todavía la norma definitiva. Según explicó, se trata de una orden de inicio del procedimiento y está previsto que la regulación definitiva llegue en 2027, ya que ha defendido que este curso debe servir para conocer cómo funciona el modelo.

Un becerro se dio la vuelta este lunes por la tarde durante el encierro de mansicos celebrado en Calatayud, lo que generó momentos de tensión entre las personas que se encontraban en los alrededores. El incidente ha llevado a la Fundación Franz Weber a denunciar el riesgo al que se exponen los menores durante este tipo de festejos, mientras el Ayuntamiento asegura que el animal permaneció dentro del recorrido y que la situación se resolvió sin heridos ni daños materiales.

La organización considera que lo ocurrido pone de manifiesto los riesgos de este tipo de festejos, especialmente cuando están dirigidos a un público infantil. Franz Weber advierte de que la presencia de estos animales puede provocar cornadas, golpes, caídas u otras heridas y cuestiona que estos peligros se minimicen cuando hay menores.

Franz Weber ha relacionado además su denuncia con las últimas recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas sobre la tauromaquia en España. En sus Observaciones Finales, publicadas el pasado 6 de febrero, el organismo recomendó establecer los 18 años como edad mínima para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas.

La entidad reclama a las administraciones que tengan en cuenta estas recomendaciones y que revisen el apoyo institucional y económico que reciben este tipo de actividades. Consideran que el incidente ocurrido en Calatayud vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de analizar la seguridad de los festejos taurinos dirigidos a menores.

El Ayuntamiento defiende el dispositivo de seguridad

El Ayuntamiento de Calatayud sostiene que el becerro no llegó a abandonar el recorrido. Según explica, el animal se dio la vuelta en el tramo final del encierro y avanzó unos metros hacia uno de los laterales antes de ser reconducido. “No se llegó a salir del recorrido. Se volvió unos metros y lo que hicieron fue volverlo a cruzar y a meterlo a la plaza”, señala.

El Consistorio insiste en que el animal permaneció dentro del paseo y que la situación se resolvió sin consecuencias. “No hubo ningún tipo de herido, daño material”, afirma. En ese momento, además, había una terraza de un bar junto al recorrido, aunque el Ayuntamiento asegura que tampoco se produjo ningún incidente en la zona.

Respecto al dispositivo de seguridad, el Ayuntamiento explica que el encierro contaba con Policía Local y con personal encargado de acompañar a los animales. “Sí que es verdad que en todo momento había 8 pastores, con los mansicos, con los animales, aparte del personal que iba a lo largo del recorrido con ellos”, detalla.

Desde el Ayuntamiento defienden que el encierro se desarrolló con un dispositivo de seguridad preparado para controlar a los animales. “Si no se hubiera entendido que había seguridad, lógicamente no se hubiera desarrollado”, apuntan.

Quien pase hoy por la Plaza de los Sitios se le hará difícil imaginar que hace poco más de un siglo este entorno estaba ocupado por un parque de atracciones. Entre las calles que rodean actualmente la plaza y el paseo de la Constitución se ubicaba el Petit Park, un espacio de ocio que durante casi una década reunió atracciones, música, espectáculos y hasta un teatro al aire libre.

El parque abrió sus puertas el 11 de octubre de 1916, coincidiendo con las fiestas del Pilar. Se construyó sobre parte de los terrenos que no estaban urbanizados después de la Exposición Hispano-Francesa de 1908, organizada con motivo del primer centenario de los Sitios de Zaragoza. La zona todavía estaba en transformación, pero su ubicación, cerca del centro de la ciudad hacía que fuera un lugar estratégico para crear un espacio de ocio.

La idea inicial fue del empresario barcelonés Vicente Lepicq, que en 1915 propuso al Ayuntamiento crear en Zaragoza un parque de atracciones parecido a los que ya funcionaban en otras ciudades. Finalmente, los terrenos fueron adjudicados al zaragozano Emilio Gómez Gimeno, que puso en marcha la sociedad que daría nombre al propio recinto, Petit Park.

Un parque con tren, coches y laberinto

La entrada principal de este parque de atracciones se encontraba en la actual intersección de la calle Isaac Peral con Zurita, y el recinto ocupaba lo que hoy corresponde a las zonas de la Plaza de los Sitios y el Paseo de la Constitución.

Dentro de él había mucho más que un simple espacio de juegos. Los zaragozanos podían montar en un ferrocarril que recorría todo el recinto, subir a un carrusel o atravesar un laberinto. El parque contaba además con un buffet en el que se servían refrescos, café y bocadillos. El precio de entrada era de 15 céntimos, esto facilitaba que el recinto se convirtiera en un lugar habitual para los vecinos de Zaragoza.

Aunque había nacido para el público infantil, pronto se convirtió también en un punto de encuentro para adultos. Por las tardes y las noches se organizaban conciertos y otras actividades, mientras que el espacio también servía para acoger el ambiente de las fiestas del Pilar.

También tuvo teatro y espectáculos

El Petit Park en 1919 llevó a cabo la construcción de un teatro-circo al aire libre, al principio levantado como una estructura provisional de madera.

Por su escenario pasaron compañías de zarzuela y comedia, rondallas y espectáculos de jota. Durante las fiestas del Pilar, además, llegó a convertirse en uno de los escenarios habituales para festivales de jota.

El recinto fue visitado por personajes destacados. En julio de 1917, la infanta Isabel de Borbón acudió al Petit Park durante su estancia en Zaragoza. Allí dio una vuelta en el ferrocarril, asistió a un concierto de una banda militar y terminó tomando churros antes de continuar con su programa de visitas.

Del Petit Park al Saturno Park

En 1920, el recinto cambió de nombre y pasó a llamarse Saturno Park, aunque la sociedad que lo controlaba continuó siendo la misma.

El parque incorporó un restaurante al aire libre, un salón de fiestas, conciertos, bailes y lo más destacado, un cabaret de inspiración parisina que comenzó a actuar por las noches. Aquí la entrada pasó a costar 25 céntimos.

Lo que había comenzado como un parque de atracciones pensado especialmente para las familias se convirtió en un espacio de entretenimiento nocturno con música y espectáculos. El Petit Park incluso llegó a estar ligado al cine. En 1921, el cineasta Antonio de Padua Tramullas rodó allí parte de El diablo está en Zaragoza, una película de diez minutos.

En los primeros años de la década de 1920 se intentaron introducir nuevas atracciones y renovar el recinto, pero la afluencia de público fue disminuyendo y en 1925 llegó el final. El aumento del precio del alquiler de los terrenos, el crecimiento de la ciudad y los problemas económicos de la empresa hicieron imposible mantener el parque. Después, en los terrenos se empezaron a construir nuevos edificios y el Petit Park desapareció.

Hoy no queda rastro del parque. Cuesta imaginar que, hace poco más de cien años, en los alrededores de la actual Plaza de los Sitios, los zaragozanos podían montar en un pequeño tren, disfrutar de un espectáculo de jota o terminar la noche en un cabaret.

Aragón TV había anunciado para este miércoles por la noche la emisión de ‘Incendios: el peor verano de la historia’, un especial dedicado a los fuego que este verano han asolado Aragón. El programa, obra de la productora Chip Audiovisual, estaba anunciado para las 22:50 horas, pero finalmente no llegó a emitirse y fue sustituido por una película, lo cual ha generado sorpresa entre los trabajadores y entre los protagonistas que aparecen en la grabación. De hecho, desde el municipio de Las Peñas de Riglos ven “intencionalidad política” en la cancelación.

El especial hacía un repaso a los incendios registrados durante el verano y sus consecuencias sobre el territorio y la población. En su publicación, Aragón TV señalaba que las llamas habían calcinado 44.000 hectáreas, habían obligado a desalojar a 34 localidades y habían dejado a más de 2.600 personas fuera temporalmente de sus hogares. Además, el reportaje incluía entrevistas y testimonios de personas afectadas.

Desde la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) han trasladado a elDiario.es que el programa no llegó a tiempo para cumplir los plazos establecidos para su emisión. “El reportaje no fue entregado a tiempo”, han señalado desde la cadena, y han asegurado que por este motivo el especial “se cayó (de la parrilla) y le buscaron otro hueco”.

Sin embargo, este diario ha podido saber que el programa especial fue entregado dentro de los plazos habituales para este tipo de espacios.

La televisión pública aragonesa ha asegurado, en todo caso, en que no se trata de una cancelación definitiva. Según ha explicado, los programas tienen unos plazos de entrega que permiten comprobar que todo está preparado para su emisión y que el contenido no llegó dentro del tiempo establecido. “Los programas tienen que llegar en un plazo determinado, porque hay que comprobar que todo está correcto”, han aclarado.

Sin fecha por ahora

La cadena ha insistido en que el cambio responde a una cuestión de producción y ha negado que exista algún otro motivo detrás de la retirada. “No hay ningún condicionante extraño. Es simplemente de mecánica”, explican fuentes de la corporación aragonesa.

Por el momento, la corporación aragonesa de televisión no ha fijado una nueva fecha para el especial, aunque asegura que buscará un momento adecuado para su emisión y que volverá a promocionarlo cuando exista una fecha cerrada: “Desde luego se emitirá”.

Los alcaldes de la zona del incendio de Riglos, sin embargo, han expresado públicamente su malestar por este hecho.

Desde Ena, su alcalde, David Orna –y concejal en el municipio de Las Peñas de Riglos, al que pertenece su pueblo–, se ha mostrado crítico con la decisión de Aragón TV. “Quitar el programa sin previo aviso nos parece una manipulación. Vemos intencionalidad política y como mínimo constituye una falta de respeto”, ha lamentado, antes de incidir en el “episodio traumático y difícil de superar” que supuso para los vecinos de la zona el incendio de Riglos.

“Por respeto y por dignidad”

“El incendio se podía haber gestionando con más medios y no hubiésemos tenido tantas hectáreas quemada. En Las Peñas nuestro patrimonio es el forestal, por eso llevábamos años revindicando esu cuidado. Como mínimo, por respeto y por dignidad, queremos que salga la verdad en los medios, porque conocemos la problemática desde hace tiempo. Y lo de ayer nos contraría: vemos intencionalidad del Gobierno de Aragón”, ha insistido Orna.

Por su parte, la alcaldesa de la pedanía de Triste –también edil de Las Peñas de Riglos–, Merche Cirés, ha confirmado que también se interesó por lo ocurrido después de que el especial no se emitiera. Cirés explica que la productora del documental le había comunicado previamente que el reportaje se emitiría esa noche y que, al comprobar que finalmente no aparecía en la programación, se puso en contacto con ella. Desde la productora le trasladaron que desconocían los motivos del cambio y que eran ajenos a ella.

La alcaldesa relata que incluso el propio informativo de la cadena había anunciado previamente la emisión del reportaje. “Es que además en el informativo de Aragón TV por la noche se anunció que se iba a emitir ese reportaje”, ha apuntado Merche Cirés. Posteriormente, una vecina le avisó de que en la programación aparecía una película en su lugar.

La alcaldesa ha reclamado además que la situación de los municipios afectados por los incendios no quede en un segundo plano. “Que se sepa que existimos, que estamos y que nos merecemos lo mismo que cualquier ciudadano que viva en Huesca, Zaragoza o Teruel”, ha señalado Cirés. Y ha pedido tambien que los vecinos de la localidad reciban atención después de las consecuencias de los incendios. “Atención y los servicios mínimos y básicos después de haber perdido todo lo que hemos perdido”, añade la alcaldesa.

El cambio en la programación provocó el miércoles por la noche la reacción del PSOE de Aragón, que cuestionó públicamente el cambio del reportaje. En un mensaje publicado en X, el partido señaló: “Esta noche Aragón TV tenía previsto emitir un reportaje sobre los graves incendios que ha sufrido Aragón. Finalmente, ha sido sustituido, sin previo aviso, por una película. Esperamos que la televisión pública aragonesa explique el motivo de este cambio”.

En la calle Miguel Servet de Zaragoza hay un edificio que ha cambiado varias veces sin apenas modificar su aspecto. El Palacio de Larrinaga fue construido a comienzos del siglo XX como una vivienda y, más de cien años después, continúa conservando buena parte de los elementos que hicieron de aquella casa una de las construcciones más singulares de la ciudad.

La historia del Palacio de Larrinaga empieza en la Basílica del Pilar, donde a finales del siglo XIX, Miguel Larrinaga, hijo de una familia dedicada al negocio naviero, llegó a Zaragoza para estudiar Derecho y prepararse para hacerse cargo de la empresa familiar. Allí conoció a Asunción Clavero, una joven de Albalate del Arzobispo, y se conoce que el encuentro fue durante una misa en el Pilar.

La pareja se casó y se marchó a Liverpool, donde vivió y tuvo tres hijos. Pero Zaragoza seguía formando parte de la historia de los dos. Miguel quería que cuando llegara la jubilación pudieran volver a esa ciudad, que les había visto conocerse. Por eso, en 1901 encargó al arquitecto Félix Navarro la construcción de una gran residencia en el antiguo barrio de Montemolín y la llamó Villa Asunción, como homenaje a su mujer.

Félix Navarro murió en 1911 y fue el arquitecto Fernando de Escondrillas quien continuó el proyecto hasta su finalización, en 1918. El resultado fue un palacio de cuatro fachadas, planta cuadrada y cuatro torres en las esquinas, alrededor de un espacio en el centro cubierto por una cúpula.

La profesión de Miguel Larrinaga también quedó reflejada en la decoración. Hay referencias al mar y a la navegación en distintos elementos del edificio, como el gran mural de cerámica de la fachada principal, relacionado con el comercio marítimo.

Pero la casa que debía ser un hogar nunca llegó a cumplir ese papel como estaba previsto, y es que Asunción murió en 1939, antes de poder disfrutar de aquella residencia. Tres años después, Miguel vendió el palacio con su mobiliario a los responsables de la empresa Giesa, dedicada a la reparación y venta de material eléctrico.

De residencia familiar a fábrica

La llegada de Giesa instaló sus oficinas en el edificio mientras levantaba una fábrica en los terrenos que se encontraban al lado. La gran finca que había rodeado Villa Asunción fue dividida y parte de sus terrenos se destinaron a usos industriales y residenciales. El palacio quedó así integrado en un espacio muy diferente al que había imaginado su primer propietario.

Durante la Guerra Civil, el aislamiento del edificio hizo que tuviera un uso militar. En sus terrenos se instaló un campamento y allí se alojaban soldados antes de marchar al frente. El propio palacio también acogió a oficiales y funcionó como centro logístico y de operaciones.

El uso militar tuvo consecuencias visibles. Los vehículos y otros medios utilizados por las tropas entraban y salían de la finca y terminaron destrozando buena parte del jardín que Asunción había cuidado especialmente.

Un colegio dentro del palacio

En 1946 el edificio volvió a cambiar de manos. Los hermanos Marianistas compraron el palacio y los terrenos necesarios para instalar allí un nuevo colegio en Zaragoza. El 7 de octubre de ese año comenzó el primer curso del Colegio Santa María del Pilar, con ocho alumnos y cinco educadores.

Durante los primeros años, el palacio fue colegio y también residencia de la comunidad religiosa. Pero el número de alumnos creció rápidamente y en 1954 ya eran 310, y el edificio se quedó pequeño.

La conservación del edificio era cada vez más complicada y en 1988 los Marianistas decidieron ponerlo a la venta.

Antes de venderlo a un particular, intentaron que el Ayuntamiento de Zaragoza se hiciera cargo del palacio y lo transformara en una residencia para invitados ilustres. El Ayuntamiento no aceptó la propuesta. Después, el edificio pasó a estar en el punto de mira de Ibercaja.

Una nueva vida

El acuerdo de venta se obtuvo en 1990 y la adquisición por Ibercaja se completó en 1993. La entidad decidió darle un nuevo uso y desde entonces, el palacio ha estado ligado a la actividad cultural de Ibercaja. En 2008, además, el Gobierno de Aragón lo declaró Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés.

En 2026 el Palacio de Larrinaga ha vuelto a abrir sus puertas al público con visitas guiadas y actividades culturales. Sus salones, vidrieras, capilla, escaleras y elementos decorativos pueden volver a recorrerse.

El Cipotegato, el colorido personaje que recibe cada año una lluvia de tomates por las calles de Tarazona, recorrerá de nuevo este jueves 27 de agosto la localidad turiasonense, pero lo hará con una historia diferente a la que durante décadas se ha contado sobre su origen. Un estudio de la Fundación Tarazona Monumental cuestiona la leyenda que presenta al personaje como un preso condenado a escapar de una lapidación y sitúa sus antecedentes en antiguos personajes festivos y en la desaparición del Paloteao.

Cada año, año, la figura del Cipotegato se elige mediante un sorteo público entre quienes cumplen los requisitos establecidos por el Ayuntamiento. La persona que resulta seleccionada debe afrontar un recorrido de hasta 15 minutos elegido por ella misma, mientras avanza a la carrera entre miles de vecinos y visitantes, arropado por amigos y familiares y mientras recibe la tradicional lluvia de tomates. Aunque históricamente el papel lo han desempeñado sobre todo hombres, también pueden presentarse mujeres, y de hecho cuatro han representado ya al personaje, la última de ellas en 2023.

La investigación realizada a partir de documentación histórica, bibliografía, testimonios orales, fotografías y antiguos programas de fiestas no establece un origen definitivo para este personaje. Lo que sí permite es identificar referencias que alejan a la tradición de la conocida historia del reo. Según la Fundación, esa explicación popular carece de documentación histórica y se ha extendido durante años por una falta de explicación documentada.

“Cuando no se conoce el origen de una historia, muchas veces el imaginario popular inventa relatos para buscar una razón de ser, un origen a las cosas. Esa es una historia que lleva más de 50 años corriendo por la ciudad y se ha ido repitiendo hasta la saciedad, pero no tiene una base histórica”, explica Lola Zueco, técnico de Gestión de Patrimonio Cultural en Fundación Tarazona Monumental.

Frente a esta leyenda, el estudio encuentra referencias al Cipotegato como un personaje popular vinculado a las celebraciones tradicionales. La investigación relaciona su nombre y su aspecto con figuras como los llamados 'cabeza de gato' o 'cara de gato' y con los 'diablillos'. “Al buscar en la documentación sí que hemos podido atestiguar que el Cipotegato es más bien un personaje popular que puede derivar de las montañas, de los gigantes, de todo este tipo de personajes que animaban la fiesta, y también en relación con las procesiones y con el 'paloteao'”, señala Lola Zueco.

El 'paloteao' aparece en esta historia como una pieza importante para entender la evolución del personaje. El Cipotegato estuvo relacionado con esta fiesta, en la que se desempeñaban funciones, donde la figura utilizaba una vara o cipota, elemento que también ayudaba a explicar su denominación.

El estudio cobra además especial relevancia porque este jueves, 27 de agosto, está previsto que se publique la incoación del expediente para declarar el Cipotegato bien de interés cultural (BIC) en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Para Tono Jaray, alcalde de Tarazona, este reconocimiento no responde únicamente al interés turístico que genera la fiesta, sino también a la necesidad de preservar una parte de la historia de la ciudad. “No solo es una cuestión turística o incluso económica, es una cuestión de conocer nuestro pasado. Nosotros defendemos nuestro patrimonio, igual que defendemos el patrimonio material, como puede ser la catedral, el Episcopal o el Ayuntamiento. Defendemos también el inmaterial, la cultura, lo que nos define cómo somos”, señala.

El objetivo no es sustituir una leyenda por otra ni presentar como definitiva una explicación que la documentación todavía no permite cerrar. La propia Fundación insiste en que el origen del Cipotegato debe seguir estudiándose y que nuevas fuentes podrían aportar información en el futuro. La principal aportación del estudio es, por ahora, establecer qué relatos cuentan con evidencias y cuáles forman parte del imaginario popular.

“Sobre todo una de las razones es contar de forma fiel su historia, acabar con esos bulos o con esas ideas populares o con el desconocimiento propiamente sobre la fiesta”, resume Lola Zueco.

Más allá de su origen, Tono Jaray reivindica el papel que el Cipotegato mantiene en la identidad de Tarazona. “El Cipotegato se ha convertido en aquel elemento en el que las fiestas tenemos solo eso, aquella persona que refleja los sentimientos de todos nosotros, de todos los estudiantes, la emoción de la fiesta, las ganas de salir, de compartir con nuestros amigos, conocidos y familiares, la fiesta a través de este personaje del Cipotegato. Sin duda es el día más importante del año para nosotros”, señala.

La cultura de Zaragoza también se desarrolla lejos de los grandes escenarios y festivales. Cada semana, en distintos barrios, tienen lugar grupos de teatro, asociaciones musicales, cineclubs, talleres y actividades organizadas por colectivos vecinales. Muchas de estas propuestas se desarrollan a través de la red de centros cívicos, que durante 2025 registró alrededor de 12.000 actividades, entre ellas casi 3.000 propuestas estables desarrolladas a lo largo del año.

En muchos casos, detrás de estas actividades están los propios vecinos. Personas que ensayan después del trabajo, organizan funciones, preparan exposiciones, buscan espacios o dedican parte de su tiempo libre a sacar adelante una actividad que, para quienes participan en ella, va mucho más allá del entretenimiento.

Los centros cívicos se han convertido en uno de los principales espacios para desarrollar estas iniciativas. A través de ellos, asociaciones y colectivos disponen de lugares donde reunirse, ensayar y organizar actividades culturales. Sin embargo, quienes están detrás de estas propuestas señalan dificultades tanto para conseguir espacios adecuados como para dar a conocer sus actividades entre el público.

En Diversas Teatro, por ejemplo, una función es el resultado de un trabajo que puede extenderse durante mucho tiempo. Su presidenta, Marina León, explica cómo se organiza el grupo: “Podemos ensayar una o dos veces a la semana, por ejemplo. Y luego, pues lo que dura prepararla, pues depende. Un año o dos”.

El funcionamiento de estos colectivos depende en buena medida de la implicación de quienes los forman. Organizar una actividad implica encontrar un espacio, cuadrar horarios y conseguir participantes.

La dificultad para llegar al público aparece también en el día a día de estas asociaciones. Entrar en la programación de los propios centros municipales no siempre resulta sencillo: “Encontramos dificultad incluso para que el propio Ayuntamiento nos programe, o sea, nos publicite en sus propios centros. Y alguna vez sí nos publicitan y lo cuelgan en su página, pero eso no tiene mucha repercusión y la gente no se entera”, explica Marina León.

Esa falta de difusión acaba condicionando el público al que llegan. “Por eso generalmente vienen a vernos los conocidos, los amigos y familias. Luego hay barrios que tienen más público propio, unos barrios tienen más que otros”, explica la presidenta. A pesar de estas dificultades, muchas de estas iniciativas sobreviven porque existe una demanda. Vecinos que buscan actividades cerca de casa o personas mayores que hallan en ellas un espacio de encuentro.

Faltan espacios para seguir creciendo

La experiencia de Zaragoza Lírica y Cultural parte de una necesidad diferente. La asociación nació después de que Eliberto Sánchez, maestro repertorista, detectara que muchos cantantes que terminaban su formación superior no encontraban en la ciudad un espacio donde continuar desarrollándose. “Mucha gente que ha estudiado alguna carrera de canto se han encontrado con que han hecho unos estudios superiores y aquí en Zaragoza, pues no hay nada”.

Desde entonces, la asociación ha tratado de cubrir ese hueco con sus propias actividades, aunque Enrique Sánchez considera que el problema va más allá de la falta de espacios para los intérpretes. “En el caso de la lírica, sí que desgraciadamente desde hace mucho, hace unas décadas, por mucho que se diga, no se está haciendo una política de difusión real. Entonces, cada vez es menos el público que se acerca a la lírica”.

La asociación intenta compensar esa falta de visibilidad con recitales y propuestas propias, pero también se encuentra con dificultades para llevarlas a cabo. Una de las principales es encontrar espacios adecuados, “encontrar salas con un mínimo de infraestructura para lo que hacemos y que tenga piano es imposible. Es un problema”.

Aun así, Enrique Sánchez defiende que este tipo de iniciativas permiten mantener una oferta cultural que de otro modo tendría menos presencia en la ciudad. “Todo lo que sea teatro, música, baile, pintura, todo repercute en que la población tenga una oferta cultural, bien sea para juntarse, bien sea para disfrutarla. Cualquier cosa puede tener cabida”.

La cultura zaragozana, por tanto, no se construye únicamente en los grandes festivales, teatros o espacios culturales del centro. También lo hace en los locales de las asociaciones, en los salones de los centros cívicos y en los espacios donde los vecinos se reúnen para preparar una función o simplemente compartir una actividad.

Los bomberos forestales de Aragón han llevado este martes su conflicto laboral hasta la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno. El comité de huelga ha registrado una queja ante la institución para denunciar la falta de medios y efectivos del operativo de incendios, así como unas condiciones laborales que se han visto perjudicadas durante un verano marcado por numerosos incendios en la comunidad.

En la concentración, los trabajadores han reclamado una respuesta a unas reivindicaciones que mantienen desde el inicio de la huelga indefinida. Entre sus principales demandas sitúan el aumento de la plantilla: “Estamos pidiendo actualmente como mínimo entre 150 y 200 efectivos más para poder atajar los incendios que se están sucediendo”, ha señalado Javier Gil, presidente en funciones del comité de huelga y del comité intercentros.

Los trabajadores consideran que el operativo actual no tiene suficientes integrantes para hacer frente a los incendios y también para realizar tareas de prevención durante el resto del año. “Necesitamos manos, necesitamos medios, necesitamos prevención. Necesitamos un monte cuidado y un monte tratado”, ha defendido Javier Gil.

“Desempeñamos un papel muy importante en el monte y en todo Aragón. No solo en prevención y extinción de incendios, sino que cuando hay danas estamos ahí; cuando hay huracanes y tumban árboles en las carreteras para despejarla, también estamos ahí. Con la nieve también estamos ahí. No estamos reconocidos”, ha señalado Sebastián Moreno, delegado de Prevención de Comisiones Obreras de Prevención y Delegado Laboral de la Empresa Pública Sarga.

A la falta de personal se le suman las condiciones de las jornadas de trabajo a las que se exponen. Los representantes de los bomberos forestales han denunciado que existen instalaciones sin agua corriente o luz y sin espacios adecuados para garantizar su higiene después de intervenir en los incendios.

A lo largo de la concentración, uno de los bomberos ha resumido en el manifiesto la situación que denuncian: “Durante la campaña y cada vez más fuera de ella hacemos jornadas de 18, 20 e incluso 25 horas seguidas”. A su juicio, esta situación aumenta el riesgo durante las intervenciones y afecta también a la vida de los propios trabajadores.

La protesta llega además dos días antes de una nueva cita en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA). Los representantes de los trabajadores acudirán este jueves a una reunión en la que esperan que, esta vez, la Administración y Sarga presenten propuestas concretas para desbloquear el conflicto.

Según el comité de huelga, el probelma es que todavía desconocen quién acudirá en representación de la Administración y si tendrá capacidad suficiente para negociar. “No sabemos qué esperar. Esperemos que el Gobierno de Aragón y Sarga se tomen esto con la importancia con la que se la deben de tomar y traigan personas capacitadas para negociar”, ha señalado Javier Gil.

Los trabajadores aseguran que mantienen su disposición a negociar, pero reclaman que la próxima reunión sirva para avanzar sobre los siete puntos que han puesto sobre la mesa. Rubén García, delegado de CGT en Sarga, ha reclamado que el jueves lleguen propuestas concretas: “Los siete puntos que hemos dado son cuantificables, tanto económicamente como cómo se pueden implementar en la empresa pública Sarga y dentro del IFOAR. Por lo tanto, el trabajo se lo hemos puesto bien fácil”.

Por el momento, la huelga indefinida continúa. Los representantes de los bomberos forestales advierten de que no contemplan abandonar las movilizaciones a cambio de medidas parciales. “Que no crean que la huelga va a paralizarse dándonos uno de los siete puntos o dándonos dos de los siete puntos”, ha advertido Rubén García.

Los bomberos forestales esperan ahora que la intervención del Justicia de Aragón contribuya a visibilizar sus reivindicaciones y que la reunión del jueves permita abrir una negociación efectiva. “El problema lo tenemos ahora y ahora es cuando hay que poner soluciones”, ha resumido Javier Gil.

Los vecinos de la Almozara han salido este lunes a la calle para mostrar su rechazo a la violencia sexual después de que la Policía Nacional haya abierto una investigación por varias agresiones denunciadas en el entorno del Parque del Agua y el barrio de la Almozara. La concentración, convocada por la Junta de Distrito y las asociaciones vecinales, ha reunido a vecinos y representantes de colectivos del barrio para expresar su condena y reclamar que los hechos se aclaren.

Las denuncias conocidas durante los últimos días han generado preocupación entre los vecinos del barrio, especialmente ante la posibilidad de que varios de los episodios que se han dado puedan estar relacionados. Las asociaciones vecinales han insistido durante la concentración en que se debe dejar trabajar a los cuerpos de seguridad mientras avanza la investigación.

Encarna Mihi, presidenta de la Asociación Vecinal de La Almozara, ha explicado que durante los últimos días han circulado diferentes mensajes de WhatsApp entre los vecinos relacionados con las supuestas agresiones. Ante esta situación, las asociaciones han tratado de contrastar la información con las autoridades. “Lo que más preocupa es la desinformación”, ha señalado.

La presidenta de la asociación ha reivindicado además que el foco debe ponerse en la violencia ejercida contra las mujeres, independientemente de su edad o características. “El tipo de agresión es contra las mujeres, y esto no es ni por guapas, ni por jóvenes, ni por viejas, ni por feas”, ha señalado.

Durante la concentración, el concejal socialista y presidente de la Junta Municipal de La Almozara, Guillermo Ortiz, ha leído un manifiesto en el que expresa “la más enérgica condena y el más rotundo rechazo” ante las presuntas agresiones sexuales denunciadas la pasada semana. El manifiesto muestra además su apoyo a las mujeres afectadas y sus familias y reclama la coordinación entre las distintas administraciones.

El documento leído por Guillermo Ortiz también muestra el apoyo de la Junta de Distrito a la Policía Nacional y a la labor de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer, que investiga los hechos, protege a las víctimas y trata de encontrar a los responsables.

Desde las asociaciones vecinales también han pedido prudencia ante los mensajes que circulan entre los residentes. José Antonio, de la Asociación de Vecinos La Aljafería, ha defendido que sean los cuerpos de seguridad quienes continúen con las investigaciones. “Tenemos unos cuerpos de seguridad que trabajan muy bien y son a los que les tenemos que dejar el tema”, ha afirmado. Además, ha reclamado que no se alimente una situación de alarma mientras no existan datos oficiales que permitan conocer con precisión qué ha ocurrido. “No generar una alarma sin tener información contrastada”, ha resumido.

A la concentración también se ha sumado la preocupación por la evolución del barrio. Una de las vecinas, residente en La Almozara desde hace décadas, ha explicado que percibe un cambio en el distrito. “Desde mi experiencia, desde el año 90 hasta hoy, puedo decir que ha empeorado”, ha señalado.

El de la Cueva de Chaves, en plena Sierra de Guara (Huesca), fue un enclave único en la península para conocer cómo era la vida en la época neolítica, pero el empresario leonés Vitorino Alonso –el 'rey del carbón'– lo arrasó en 2007 para construir un pesebre y abrevaderos destinado a ciervos, muflones y gamos con que abastecer su coto privado de caza. “Se ha perdido más que si quedaran destruidas las ruinas de Pompeya”, llegó a afirmar en el juicio el arqueólogo Vicente Baldellou, ya fallecido y quien fue el primero en descubrir el destrozo. El pasado jueves, un grupo de voluntarios participó en una jornada colaborativa para recoger restos de interés como inicio a las nuevas investigaciones que se van a llevar a cabo.

Aquí hay un resumen visual de la actividad realizada ese día, bajo la dirección de Rafael Domingo. Arqueólogo y profesor de Historia de la Universidad de Zaragoza.

La de la Cueva de Chaves, en plena Sierra de Guara (Huesca), es la historia de un enorme naufragio. Enclave único en la península para conocer cómo era la vida en la época neolítica, el empresario leonés Vitorino Alonso, conocido como el 'rey del carbón', arrasó en 2007 miles de años de historia para construir un pesebre y abrevaderos destinado a ciervos, muflones y gamos con que abastecer su coto privado de caza. “Se ha perdido más que si quedaran destruidas las ruinas de Pompeya”, llegó a afirmar en la instrucción judicial el arqueólogo Vicente Baldellou, ya fallecido y quien fue el primero en descubrir el destrozo. Ahora, casi dos decenios después, van a retomarse las investigaciones en la zona, aunque gran parte se ha perdido ya para siempre. El pasado jueves, un grupo de voluntarios participó en una jornada colaborativa para recoger restos de interés.

“Estamos recogiendo lo poco que queda de la ocupación neolítica”, asegura Rafael Domingo. Arqueólogo y profesor de Historia de la Universidad de Zaragoza, Domingo lidera la investigación que se va a desarrollar en la Cueva de Chaves. Por ahora, los trabajos se centran en recoger materiales que han quedado fuera de su lugar original, pero que todavía tienen interés patrimonial. Para ello, utiliza un geolocalizador para situar con exactitud cada uno de los hallazgos y posteriormente los marca y los recopila para su análisis posterior.

Vitorino Alonso empleó maquinaria de gran tonelaje para llevarse por delante más de 2.200 metros cúbicos de sedimentos que hubiese aportado claves sobre la forma de vida hace 15.000 años, en la etapa neolítica. ¿Qué hizo con ese cargamento de historia? Utilizarlo para obras en la propia finca, como un dique o caminos. Mientras, el espacio ganado lo empleó para la fauna que introdujo y que empleó para actividades cinegéticas.

Por estos graves hechos, el 'rey del carbón' ni siquiera llegó a pisar la cárcel: los dos años de prisión fueron conmutados al no tener antecedentes –Alonso sí acabó entre rejas, pero por delitos posteriores–. Y frente a la indemnización de 25,5 millones de euros se declaró insolvente. Eso sí, en cuanto el desenlace judicial sea firme el Coto de Bastarás, donde se ubica la Cueva de Chaves, pasará a ser de dominio público ya que lo embargará el Gobierno de Aragón.

“Un mapa organizado” de los restos

En la cueva han aparecido fragmentos de cerámica, piezas de sílex, cantos rodados y posibles restos de fauna. Julieta Calvo, de la Asociación Valle de la Gloria –una de las cuatro que participan en la reunión de voluntarios del jueves–, explica que con el sistema empleado se puede hacer “un mapa perfectamente organizado” de los restos que van apareciendo.

Marta Tejada, de la Asociación para la Defensa de la Función Pública (Apudepa), cuenta que la jornada busca comprobar “si en la propia superficie, sin excavar, sin hacer nada más que ver un poquito lo que hay en superficie, se pueden rescatar hallazgos de cierta relevancia que den pie también a unas excavaciones y a retomar esos trabajos de investigación”.

El problema es que la destrucción de la cueva hizo desaparecer buena parte de la información que estos objetos podían aportar. “Valor científico aporta muy poco porque está fuera de contexto. Han desaparecido todas las relaciones que pudiesen tener entre sí y con las zonas de ocupación de la cueva”, señala Rafael Domingo. Aun así, considera que los materiales tienen valor patrimonial y serán estudiados y catalogados antes de depositarse en el Museo de Huesca.

La Cueva de Chaves era uno de los dos yacimientos neolíticos más importantes de la península. Antes de su destrucción se habían excavado unos 110 metros cuadrados, alrededor de un 10% de la superficie que podía haber estado ocupada. “Quedaba un 90% por excavar que nunca se podrá acceder a ello porque fue arrasado”, explica el arqueólogo.

La pérdida afecta especialmente al conocimiento sobre las comunidades que vivieron allí durante el Neolítico. “Sabemos que la cueva se ocupó hace entre 14.000 y 15.000 años”, recuerda el profesor, que destaca las “condiciones de habitabilidad excepcionales” de la cueva: “Durante la prehistoria fue un lugar importantísimo para la vida humana en todo este territorio”, añade Rafael Domingo. El objetivo de los próximos trabajos será precisamente comprobar si todavía hay zonas que puedan aportar información sobre esas ocupaciones anteriores al Neolítico.

Cantos rodados

Entre los restos que se están recuperando destacan también los cantos rodados. Algunos pudieron utilizarse como herramientas y otros aparecen decorados. Según los investigadores, muchos proceden del barranco de Solencio, situada a unos 400 metros de la cueva, y fueron llevados hasta allí por sus habitantes. Su presencia también aparece relacionada con los enterramientos: en una de las excavaciones realizadas se encontró a un individuo cubierto por casi 300 cantos rodados. “Para ellos tenían importancia práctica o simbólica”, explica Rafael Domingo.

Los trabajos que se han realizado ahora son todavía iniciales. La cueva continúa siendo de propiedad privada, a falta de la resolución judicial del caso, y el acceso para investigar requiere autorización previa. La intención del equipo arqueológico es que, cuando el espacio pase a manos del Gobierno de Aragón, puedan organizarse campañas más amplias con estudiantes e investigadores. Mientras tanto, las asociaciones reclaman la protección de la cueva y que puedan normalizarse las visitas.

Conseguir que un grupo aragonés llegue a un público que todavía no lo conoce puede depender de distintos caminos. Una sala que decide incluirlo en su programación, un festival que apuesta por su propuesta, una recomendación entre músicos o una publicación en redes pueden convertirse en una oportunidad para darse a conocer.

En Aragón existen diferentes espacios vinculados a la música en directo que programan a artistas con trayectorias diferentes. Entre ellos se encuentran pequeñas salas locales que forman parte de los conciertos de Zaragoza y que pueden convertirse en uno de los primeros escenarios para grupos que están comenzando.

Uno de esos espacios es Rock & Blues Café, que mantiene una programación estable de música en directo en Zaragoza. Su propietario, Patxi, lleva años trabajando con bandas y ha vivido de cerca cómo ha cambiado la forma en la que llegan hasta las salas. “Al principio, me acuerdo cuando empecé en esto, sí que ibas buscando un poco, ibas preguntando para hacer grupos”, recuerda. Entonces, “no había redes sociales como ahora, era cuando empezaba el MySpace, era todo mucho más artesanal”, explica Patxi.

Ahora el contacto es mucho más constante. “Yo abro todos los días el correo y tengo 50-60 propuestas, ahora hay un overbooking de bandas, ya estamos programando 2027”, cuenta. En el caso de las bandas locales, el contacto también puede llegar a través de otros músicos, “otros recomiendan, o es conocido tal, o una banda que ha tocado y vuelve”.

Las redes como escaparate

Las redes sociales han adquirido un papel que va más allá de la promoción de los conciertos. Para los grupos que empiezan pueden funcionar como un escaparate en el que enseñar su música.

La forma de presentar una propuesta ha cambiado. Paxti recuerda que, cuando comenzó, los músicos llegaban a las salas con sus discos: “Cuando empezaba en esto te dejaban el CD y yo me acuerdo que tenía el coche lleno de CDs de bandas que te habían propuesto”.

El propietario también aprecia una diferencia entre las generaciones de músicos. “Las bandas jóvenes lo tienen muchísimo más trabajado”, asegura. Frente a ellas, las formaciones veteranas pueden tener más dificultades para adaptarse a las nuevas herramientas y formas de comunicación. “Hay cosas que les pides que sigue siendo un dolor de muelas” afirma.

El salto de la pantalla al escenario

La visibilidad en internet puede ser el primer paso, pero para una banda que empieza todavía es necesario encontrar un escenario. Las salas permiten que los grupos comprueben si aquello que han mostrado en redes consigue convertirse en público.

En Zaragoza existe un circuito de espacios de diferentes tamaños que permite a las bandas ir avanzando. Patxi explica que “tienes las salas pequeñas de hasta 100 personas, luego yo, que soy la media hasta 250, y luego ya pasas a las salas de 400, 500”.

Para las bandas locales, conocer ese circuito facilita también el crecimiento. “La banda local y aragonesa más o menos ya conoce las salas que hay en cada ciudad”, explica Patxi.

En Rock & Blues Café, las formaciones que comienzan pueden además encontrar diferentes fórmulas para probar su respuesta ante el público. “Yo normalmente cuando empiezan y veo que pueden tener dudas, yo ofrezco un caché cerrado, y hacemos entrada libre, o si ya quieren, con venta de entradas”.

El riesgo, en cualquier caso, es compartido entre la sala y el grupo, y es que una banda puede tener una buena propuesta, pero necesita conseguir espectadores. “Tú puedes tocar y ser la mejor banda del mundo, pero si no te viene a ver nadie”, resume Patxi.

El recorrido de una banda puede empezar hoy en una publicación de Instagram, un video de TikTok o una canción en Spotify, pero para consolidar esa primera atención todavía necesita un escenario, y sobre todo, público.