Vox impone al PP en el Gobierno de Aragón un refuerzo de la seguridad en los centros de menores migrantes

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco, ha decidido pasar de los discursos a los hechos y mover ficha con una de las banderas políticas de Vox: vincular menores migrantes y delincuencia. Aunque carece de competencias directas en materia de seguridad, el dirigente ha escenificado este martes la puesta en marcha de un protocolo de vigilancia reforzada en los centros de menores extranjeros no acompañados dependientes de la comunidad autónoma. Para desplegar esta iniciativa, Nolasco cuenta con la Unidad Adscrita de la Policía Nacional, que depende de Departamento de Hacienda e Interior, en manos del PP.

La medida llega acompañada del habitual discurso de Vox sobre los jóvenes que llegan a España sin la compañía de sus progenitores. El departamento de Nolasco justifica el plan por la “alarmante acumulación de altercados, algunos de especial gravedad”, supuestamente protagonizados por “un número significativo” de menores. Con ello, el vicepresidente busca reforzar su perfil político y evidenciar que Vox intenta aplicar su agenda incluso en áreas donde sus competencias son limitadas.

El problema es que el refuerzo anunciado no depende realmente de su Consejería. Nolasco no recurrirá a seguridad privada, que sí podría contratar desde su área, sino a la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Aragón, un cuerpo que depende orgánicamente del Departamento de Hacienda e Interior, dirigida por el popular Roberto Bermúdez de Castro. El vicepresidente ya se ha reunido con el responsable de la unidad, Félix Jodrá, para impulsar el protocolo, una medida que podría entenderse como una injerencia pero que desde su entorno aseguran que “todo el Gobierno conocía” la iniciativa.

Con este movimiento, Nolasco no solo sitúa el foco político sobre los menores extranjeros, sino que además invade un terreno especialmente sensible para el PP: la gestión de la seguridad y la coordinación policial. La iniciativa puede interpretarse como un intento de marcar perfil propio y condicionar la agenda del Gobierno de coalición.

“Grave conflictividad”

El vicepresidente sostiene que la situación de “grave conflictividad” en estos centros supone “una amenaza cierta y contrastada” tanto para los trabajadores como para el resto de menores acogidos. “Ni son hechos aislados ni son aislados los casos de menas que los protagonizan”, ha insistido, reforzando el relato de Vox sobre inmigración e inseguridad. Unos datos que ayer fueron negados tanto por el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, como por la propia alcaldesa de Zaragoza, la popular Natalia Chueca. Ambos calificaron a Zaragoza como una de las ciudades más seguras de España con bajo índice de criminalidad.

El protocolo, según el Gobierno aragonés, persigue un doble objetivo: reforzar la seguridad en el interior y exterior de los centros y garantizar el deber de tutela de la administración sobre los menores. Entre las medidas previstas figuran controles de acceso, vigilancia perimetral y refuerzo de la seguridad exterior.

Los primeros contactos para desarrollar el plan comenzaron la semana pasada con una reunión entre Nolasco y el comisario de la Unidad Adscrita. Unos encuentros que continuarán produciéndose para perfilar este plan de acción en el que ya están trabajando los servicios del ejecutivo autonómico. El vicepresidente recuerda que entre las funciones de esta unidad policial figura la vigilancia de edificios públicos y servicios dependientes de la comunidad autónoma.

La ofensiva de Vox se completa con el reiterado rechazo del Ejecutivo aragonés a aceptar más menores extranjeros no acompañados y con sus críticas a la política migratoria del Gobierno central, una posición que puede tensionar la convivencia interna con el PP en un asunto especialmente delicado en el que los populares se remiten al cumplimiento de la legalidad.