En un bloque inacabable de pisos del barrio de Sant Martí, en Barcelona, vive Carmen desde hace siete años con su hijo de 13. Entró de okupa porque se encontraba en la calle y, según cuenta, nadie le ofrecía nada. Años después, ya asentada en el barrio, ve como el 15 de septiembre se ha fijado la fecha de su desahucio si tener una alternativa viable.

El fondo propietario del inmueble ha adquirido la propiedad y se niega a firmarle un alquiler social. “Prefieren pagar la multa que les imponen por ser grandes tenedores”, resume. En poco más de un mes, si nada lo frena, se quedará en la calle con su hijo: “No sé dónde vamos a ir.”

Justo delante del sofá enfundado en un collage de mandalas que preside el salón se observan fotos de Carmen con sus dos hijos, el otro ya mayor. Aunque el espacio es pequeño, está cuidado y cabe hasta un rincón de juego para su gato recién llegado a la familia: Botas, se llama. Nada más entrar se acurruca con Carmen, que cuando llegó al piso se apañó cerrando una parte de la terraza para poder tener su propia habitación. Y después de mucho tiempo cuidando lo que ya es su hogar, ahora se ve fuera y desesperada.

Su caso no es una excepción. En Barcelona, el Alojamiento Temporal de Urgencia (ATU) se ha convertido en el principal dispositivo municipal frente a la exclusión residencial, pese a estar concebido como un recurso puntual. En mayo de 2026 alojaba a 3.279 personas —1.087 unidades familiares—, de las cuales cerca del 85% eran familias con menores a cargo, según datos del Ayuntamiento.

Más del 76% acumulan estancias superiores a seis meses; un 5% lleva ya más de cinco años dentro. El consistorio ha elevado el presupuesto de estos alojamientos de 34 millones de euros en 2023 a 43 en 2025.

A Carmen, de momento, los servicios sociales solo le ofrecen tres días en un albergue. “Ahí no se dan las condiciones para estar con un niño”, se lamenta. La otra vía, la mesa de emergencia que reparte las viviendas, arrastra más de 700 familias y una espera media de cuatro años. “Durante la espera para un piso nadie te ofrece nada dónde puedas vivir”, explica.

El Ayuntamiento defiende que ha reforzado las ayudas para prevenir desahucios y facilitar alternativas, como una prestación mensual de hasta 1.500 euros. Aunque en este caso, encontrar un alquiler se convierte en una quimera debido a sus condiciones de vulnerabilidad.

Desde el consistorio admiten que la crisis habitacional “hace muy difícil la disponibilidad de vivienda a precios asequibles” y que existe una clara “discriminación inmobiliaria” por razones socioeconómicas —y en otros casos, por razones raciales. Desde julio de 2025, solo 30 familias han conseguido salir de los alojamientos de urgencia con la nueva prestación.

La ley y la trampa

Carmen asegura que el fondo le ha ofrecido dinero para que se marche: inicialmente 19.000 euros, una cantidad que han reducido a 10.000 a cambio de entregar voluntariamente las llaves antes del desahucio. Pero Carmen no puede aceptarlo, ya que si cobra ese dinero tiene miedo de perder la renta garantizada (unos 1.000 euros con los que sobrevive).

“Está la ley y está la trampa”, zanja. Ocurre lo mismo con la prestación municipal: solo la cobraría si le alquilaran una habitación con contrato, algo muy difícil en un caso así. Según cuenta ella, les ha pedido que acepten un alquiler social, pero se han negado. Preguntados por este medio, Hipoges, la plataforma encargada de gestionar el inmueble, se ha negado a responder aludiendo a la “confidencialidad de cada caso”.

“No soporto que me hable ni que me mire nadie. Estoy al límite”, admite Carmen, que reconoce estar “desatada”. Por eso mismo, su hijo se ha marchado a casa de unos familiares hasta que puedan resolver la situación. El mayor ha vuelto para hacerle compañía y ayudarla. “Apenas duermo”, explica esta mujer, que teme que, si se acaba plantando en una tienda de campaña en la calle, se quede sin su hijo: “Ellos no lo protegen, no me dan una alternativa, y si estás en la calle, te lo quitan”, cuenta entristecida entre el ruido de los ventiladores que tratan de refrescar la casa.

Ante el riesgo de perderla, hace poco más de un mes que Carmen se acercó al sindicato de vivienda del barrio, que hasta entonces conocía solo como el local donde “las señoras van a bailar”. Allí ha encontrado asesoramiento y, sobre todo, gente en su misma situación. “Te hace sentirte entendida y acompañada. Es el único apoyo que tenemos”, dice. Ahora se le ha sumado la abogada que la ayuda con el caso y sobre la que deposita todas sus esperanzas.

“Me gustaría pagar, pero pagar lo que puedo pagar, porque hay cosas que no las puede asumir nadie con un sueldo normal”, narra Carmen, que solo quiere un alquiler asequible y vivir tranquila. De la administración, en cambio, dice haberlo echado todo de menos. “Me siento totalmente abandonada. Es como si no quisieran ver el problema”, lamenta.

En el pasillo de la casa solo se observan los recuerdos típicos de alguien que se siente como en su hogar. Un hogar que durante años le ha permitido a Carmen poder configurar un proyecto de vida estable y un espacio de seguridad para sus hijos. Ahora, su sustento está en peligro como el de muchas otras personas en la ciudad de Barcelona debido a la galopante crisis de precios en el mercado de la vivienda y la alta demanda que está sufriendo la administración.

A las nueve y media de la mañana, la cola de la Terminal 1 del Aeropuerto del Prat se ha configurado con normalidad, como si no pasara nada. Lo mismo ha sucedido en la T4 de Madrid-Barajas. En plena época estival, el choque entre España e Italia a raíz de la crisis en Ceuta ha enrarecido el ambiente en ambos aeropuertos y los controles de pasaportes (algo inédito entre países de la Unión) ha preocupado a algunos.

Marta y Quim, vecinos de Sants, llegan de una semana en Sicilia con dos mochilas y una bolsa de souvenirs y comida. Habían leído “algo” sobre los controles dos noches antes, en el hotel, y aterrizaron expectantes. “Volvíamos a casa con respeto, la verdad”, dice ella, todavía con el pasaporte en la mano: “Nos lo esperábamos peor. Pensábamos que tendríamos que aguantar horas de cola y al final han sido veinte minutos y unos buenos días”. Quim lo remata: “Raro sí que es. Toda la vida entrando y saliendo como si nada, y de repente te miran el pasaporte para volver a tu casa.”

Y aquí está la clave. Desde que Italia suspendió el 31 de julio la libre circulación con España por la crisis migratoria de Ceuta, quien aterriza allí procedente de ciudades españolas pasa por un filtro que antes no existía. Este mismo viernes, el Gobierno español respondió de la misma manera.

Unos metros más allá, en la zona de salidas, Alessandro espera para facturar hacia Roma. Tiene 34 años y lleva tres viviendo en Barcelona. Es uno de los casi 50.000 italianos que han hecho de la ciudad su casa, y hoy le toca el papel incómodo de estar en medio. “Es una sensación fea”, admite. “Voy a ver a mi madre y de repente mi país y el país donde vivo están peleados, aunque tampoco me he enterado mucho de por qué. Mi madre me llamó ayer preocupada”, se ríe.

No todos comparten el desasosiego. Un grupo de cuatro amigos de Sabadell, camino de Nápoles con camisetas a juego de varios equipos de fútbol se han enterado de la disputa diplomática a raíz de las preguntas de este medio “vamos con todo”, suelta uno entre risas. “No sabíamos nada de esto”, zanja otro.

En Madrid, el ambiente también es de normalidad. “Es ridículo que haya controles entre España e Italia. Es un problema esencialmente político, porque entre italianos y españoles no ha habido ningún problema, tampoco durante el vuelo”, ha comentado a elDiario.es Elisa Fabbri, formadora corporativa de 41 años llegada de Bolonia. Cuenta que el control ha sido rápido, aunque reconoce cierta extrañeza y cierta preocupación cuando, antes de aterrizar, el personal de la tripulación de su avión ha informado de que debían mostrar los pasaportes o que, de lo contrario, no podrían pisar suelo español.

En Gran Canaria, el primer vuelo entre la isla e Italia no presentó incidencias reseñables. Es más, según datos oficiales de Aena, el RYR-5823, de la irlandesa Ryanair, partió rumbo a Roma-Fiumicino a las 10.20 de este sábado, es decir, diez minutos antes del horario previsto gracias a que el pasaje se presentó en el mostrador de facturación con más de dos horas de antelación, lo que sirvió para agilizar mucho los trámites.

Entre Canarias e Italia operan actualmente 37 rutas aéreas directas con una frecuencia semanal de 73 vuelos. En total, más de 800.000 turistas y unos 60.000 italianos residentes en las islas tendrán que pasar control fronterizo.

La medida está prevista, en principio, hasta el 7 de septiembre y aunque de momento no se han registrado grandes esperas ni ningún problema concreto, la disrupción que han supuesto estas medidas impuestas por ambos países ha generado sorpresa entre los viajeros y un choque de alto voltaje entre ambos gobiernos.

*Con información de David Sánchez Baciero desde Barajas y de Canarias Ahora.

Una pancarta preside la entrada de la iglesia. “En Sant Medir luchamos por el País, la Libertad, el Barrio, la Lengua y la Cultura”, se lee. Una clara señal de que esta no es una parroquia al uso. Desde hace más de 80 años, Sant Medir se ha convertido para su barrio, Sants, en un centro neurálgico de proyectos vecinales y reivindicaciones políticas.

Esta es la iglesia que vio nacer a Comisiones Obreras de Catalunya, primero en un encuentro clandestino en 1964, y luego la constitución del sindicato en julio 1976, hace 50 años. También acogió a inmigrantes sin papeles a principios de siglo, para reclamar su regularización (como hicieron otras parroquias barcelonesas).

Actualmente, entre las entidades a las que da cobijo, una de las más destacadas es una radio vecinal que cuenta con más de una cuarentena de programas y el voluntariado de 150 vecinos. La emisora se llama Sants 3 Ràdio, y ocupa los dos últimos pisos de la torre del campanario, donde antes vivían los sacerdotes.

“Aquí todo el mundo es voluntario, y todos son del propio tejido asociativo del barrio”, afirma su director, Oleguer Forcades. En ese mismo espacio, durante el franquismo, se imprimían octavillas clandestinas con una máquina de ciclostil. Todavía conservan una de los años sesenta.

La emisora es solo una particularidad más de un lugar especial para la gente de la Bordeta, el barrio del distrito de Sants donde se ubica la parroquia. Como no tienen centro cívico, Sant Medir ha ocupado su hueco.

“Es el centro cívico del barrio, lo ha asumido toda la vida”, resume Just Arrizabalaga, que forma parte del Consejo Pastoral pese a que aclara que no está bautizado. Lo que aquí se comparte, insiste, no es el credo. “Puedes encontrar a una persona de la CUP repartiendo alimentos al lado de una del PP, sin ningún problema. Lo que tenemos claro son los valores”, defiende.

Sants 3 Ràdio emite desde 1997. “Es una herramienta comunitaria, para que las entidades tengan una manera de difundir lo que hacen”, explica Forcades, que detalla que los Castellers de Sants tienen su programa, o que cada día hacen una tertulia política con representantes del consistorio del distrito. Para la Fiesta Mayor de Sants despliegan catorce horas de directo repartidas en cuatro días. Y cada Nochevieja retransmiten en directo las campanadas que Just toca desde la torre mientras el barrio se toma las uvas.

Más allá de la radio, gracias a la parroquia se fundó en su día la primera escuela del barrio, la Escola Sant Medir, y el club de baloncesto. La lista de asociaciones es larga: tienen un grupo de solidaridad que da clases de catalán e informática y reparte alimentos. También está la Coral de Sant Medir, que cuenta con unas ciento cincuenta voces de todas las edades.

Cuna de CCOO… y de la CNT

El 20 de noviembre de 1964, unos 300 trabajadores culminaron en Sant Medir la fundación de Comisiones Obreras de Catalunya, en pleno franquismo, que también allí se constituyó formalmente como sindicato en 1976. Ese mismo año, el 28 de febrero de 1976, se refundó bajo el mismo techo la CNT catalana, también pasaron por el recinto los integrantes de Assemblea de Catalunya (el paraguas unitario del antifranquismo catalán), así como numerosos foros prohibidos durante las épocas más duras de represión.

Para entender cómo una iglesia ha acabado siendo un núcleo del activismo vecinal de Barcelona hay que remontarse a los orígenes. El obispado la creó por decreto en octubre de 1945, cuando la Bordeta eran solo campos. Aprovechando el dinero del Congreso Eucarístico de 1952, la parroquia impulsó una cooperativa que levantó cientos de pisos a precios populares para los obreros de la zona; los primeros se entregaron en 1957. El templo definitivo lo bendijo el arzobispo en el año 1960, y en su construcción reside un elemento especial, ya que no era una iglesia cualquiera: la proyectó Jordi Bonet i Armengol, hijo de un discípulo de Gaudí. Años más tarde, él mismo dirigiría las obras de la Sagrada Família. De ahí las bóvedas inclinadas y el trencadís de las cúpulas.

Los curas de aquella primera hornada eran, para la época, casi de la teología de la liberación. Forcades explica que a uno de ellos le quemaron el coche en la puerta después de plantar cara a la Falange en plena misa.

Lo curioso, apunta Arrizabalaga, es que aquellos curas veteranos, los que rondaban los ochenta, eran los más combativos, y con los relevos ha pasado lo contrario. “Cuanto más jóvenes, más carcas”, zanja. Explica en este punto que la iglesia les ha vetado algunas charlas en Sant Medir. “Las acabamos haciendo en otros espacios culturales”, explica el director de la radio.

El encierro de inmigrantes

Lo que distingue Sant Medir de otras parroquias antifranquistas, muchas de las cuales se apagaron, es que no ha abandonado su tradición solidaria. Decenas de episodios lo ilustran a lo largo de los años, pero destaca uno: el encierro de inmigrantes del año 2001: 39 inmigrantes sin papeles se encerraron en los locales parroquiales para exigir su regularización. Y ahí estaba Just, que habla francés e inglés e hizo de enlace y traductor con la parroquia del Pi, donde también había un encierro y se negociaba con las autoridades.

La imagen que todos recuerdan llegó dos años después: cuando murió el rector que los había acogido, los mismos inmigrantes portaron su ataúd a hombros. “La iglesia estaba llena, y todos ellos con turbante”, recuerda.

Los muros de la parroquia han vivido también el encierro vecinal para abrir el complejo abandonado Can Batlló, las pancartas por los presos del procés y el apoyo a la consulta independentista del 9-N, cuando Sant Medir fue colegio electoral. “Siempre ha estado con la puerta abierta a todo el mundo”, sostiene Forcades. Esta apertura también ha costado disgustos: hasta 29 denuncias, cuenta, “por la izquierda y por la derecha”, con cristales rotos y banderas arrancadas. “Solo hay que mirar las reseñas de Google”, ironiza. Y añaden: “Aquí no se han colgado banderas del vaticano ni nadie fue a ver al Papa”. Siempre a contracorriente, no se sienten identificados con la vertiente institucional del cristianismo.

En la cripta, bajo el altar, un Cristo poco común preside la penumbra: no está caído ni muerto, sino de pie, resucitado. Para Just es un símbolo que contiene el gran porqué de Sant Medir: “Si somos cristianos, es porque va resucitando, no porque va muriendo”, dice. A su manera, la última parroquia rebelde de Barcelona lleva ochenta años haciendo lo mismo.

Sílvia Orriols irrumpió hace poco más de dos años en la Cámara catalana con dos escaños y, desde entonces, su tarea principal y casi única de la extrema derecha independentista ha sido utilizar sus turnos de intervención para ganar visibilidad en medios y redes. Su retórica dura, sus descalificaciones hacia colectivos vulnerables y sus sistemáticas referencias a la diputada de ERC Najat Driouech por vestir un hiyab ha situado a Orriols en el difuso límite del discurso del odio, algo en lo que Vox también ha acompañado

Ante esta situación inédita, Josep Rull, el presidente del Parlament, ha apostado por tejer una estrategia para atajar estas prácticas. Pero el equilibrio no es nada sencillo: se trada de evitar el discurso de odio en la Cámara sin vulnerar la libertad de expersión de los diputados y, a la vez, sin brindar a Aliaça Catalana y Vox la posibilidad de victimizarse.

Rull, de la mano del resto de miembros de la Mesa, han tenido claro desde el principio que la irrupción del partido islamófobo no podía suponer un cambio en la cultura de debate parlamentaria que ha caracterizado la política catalana: “El president vio rapidamente que debía tomar una posición concreta respecto a esto”, explican desde su equipo.

“Es un reto que atraviesa a toda Europa”, comentan fuentes parlamentarias, que narran como antes de actuar se pidió a los servicios jurídicos de la cámara que revisaran la jurisprudencia europea sobre libertad de expresión y discurso de odio en los parlamentos. Se llegó a la conclusión de que las sentencias existentes defienden, por encima de todo, la libertad de expresión con márgenes muy amplios en sede parlamentaria.

En busca de una fórmula propia, la Mesa se reunió con el exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Josep Casadevall, que se expresó en la misma línea: la libertad de expresión debe prevalecer. El exmagistrado no ha sido la única persona con la que se ha contactado. La Mesa también ha trabajado con la asamblea de Baden-Württemberg (Alemania) para conocer cómo gestionan allí la cultura del debate parlamentario, que es ciertamente innovadora: cuentan con una comisión específica que analiza a posteriori, a instancia de un grupo o diputado, posibles vulneraciones de las normas de conducta.

Dos amonestaciones públicas para Orriols y Garriga

El problema principal que se ha encontrado el Parlament es que el mecanismo establecido hasta ahora para frenar las salidas de tono tiene efectos limitados. Hasta el momento, las quejas y sanciones formuladas por los grupos o diputados se estudian a través de la Comissió de l'Estatut del Diputat y siempre referidas al código de conducta aprobado en 2016, aunque este no forma parte del reglamento de la cámara.

Esta comisión se reúne “cuando puede”, explican des del Parlament, y no tiene poderes sancionadores. Ante eso, los grupos de PSC, ERC y Junts trabajan en una propuesta para que reformar el reglamento del Parlament, que tiene rango de ley, e introducir allí el código de conducta, de forma que puedan establecerse límites y multas. Se trata de dar seguridad jurídica a las normas del juego parlamentario.

El episodio que marcó un antes y un después llegó en abril de 2025, cuando Orriols acusó desde el atril a la diputada de ERC Najat Driouech de normalizar “la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar hiyab, y remató con un “¡vergüenza debería darle!” dirigido directamente a ella. Rull la interrumpió para advertirle de que aquella alusión vulneraba el código de conducta, en uno de los primeros pulsos abiertos entre el presidente y la líder xenófoba. Esta misma situación conllevará una sanción pública para Orriols, según ha notificado la Mesa del Parlament.

Pero no es la única. El otro diputado sancionado ha sido Joan Garriga, portavoz de Vox. Meses atrás colgó en la puerta de un despacho un cartel donde se podía leer “Companys asesino”, haciendo referencia a l’expresident de la Generalitat. “Ambas conductas quedan excluidas del marco de la libertad de expresión”, comentan fuentes parlamentarias. Dos procesos más, también de diputados de VOX, han quedado sin sanción.

“El president se toma muy en serio su papel y para él está siendo un reto delicado”, explican fuentes parlamentarias en relación a Rull, que se encuentra inmerso en un “proceso de aprendizaje, como el conjunto de la Mesa”, narran otros testigos. Este mismo proceso ha generado cambios en la estrategia de confrontación. Hace meses que se optó por intervenir menos, convencidos de que eso solo alimentaba a los dos partidos ultras.

Pero el conflicto no termina aquí. Ahora termina un curso político en el que, pese a los intentos, la situación no solo no se ha resuelto sino que ha ido a más, en paralelo a la mejora de los sondeos para Vox pero, sobre todo, para Aliança. El Parlament sigue teniendo que convivir con hasta dos fuerzas que se mira en el espejo con los grandes referentes de la extrema derecha mundial como Donald Trump o Javier Milei.

El fenómeno Mamdani, como se conoce el meteórico ascenso del nuevo alcalde de Nueva York, ha dejado alumnos por todo el mundo. Desde que ganó los comicios, en España algo se removió en los partidos de izquierda, y en especial en sus estrategias de comunicación: la idea de que existe otra forma de trasladar los mensajes, con un perfil más cercano, directo, que permita combatir la elevada desafección.

En España este camino lo han abierto algunas dirigentes políticas femeninas que ven acercarse las elecciones municipales. Rita Maestre (Más Madrid), con sus charlas callejeras con vecinos al estilo Mamdani –también replicadas por el nuevo primer ministro británico Andy Burnham–, es una de ellas. O Elisenda Alamany, de ERC en Barcelona, que acumula cientos de miles de visualizaciones con vídeos de running o de su día a día que le sirven para hablar de su ciudad.

Aunque no es un fenómeno solo femenino, los expertos en comunicación política consultados ponen como ejemplo otras figuras de izquierdas como Enma López en sus recientes primarias –que acabó perdiendo–, la ministra Mónica Garcia, o la teniente de alcaldía de Barcelona Laia Bonet. La ministra de Sanidad también recurre al running, o al tiempo que pasa con su mascota, para crear contenido personal. Y Bonet, por su parte, destaca por explicar con pedagogía los rincones y curiosidades de la ciudad.

¿Pero que significa la innovación en comunicación cuando todo parece ya visto? No se trata solo de probar nuevas maneras de hacer vídeos de Instagram o de acudir a podcasts que antes se obviaban, sino de llegar a ese punto de manera natural y coherente, no forzada.

“La comunicación no viene sola”, explica la politóloga Alba Ambrós. “Es la variable dependiente de un proyecto político que existe antes y por encima del formato”. Los contenidos publicados en TikTok e Instagram puede ser “caseros” o “naturales”, señala Ambrós, pero deben al mismo tiempo tocar los temas que preocupan a más gente.

Para Toni Aira, periodista y director del Máster en Comunicación Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la clave sigue estando en la autenticidad: “La gente ya no quiere políticos perfectos. Quieren políticos cercanos”. Ambrós añade además que esta cercanía despierta ilusión entre los votantes. “Si enfrente ves a una persona que te atiende sin ningún tipo de problemas, que va en zapatillas porque se ha recorrido toda la ciudad, que está hasta arriba de cansancio y aún saca ganas de ir a otro distrito a reunirse con más vecinos, te devuelve la esperanza”, desarrolla.

“Hoy en día la duda de si estamos votando políticos o aspirantes a influencers es bastante generalizada”, señala Aira, que asegura que muchos políticos hombres también juega a esa “liga del algoritmo”. Empezando, añade, por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

180.000 visualizaciones con la maternidad

El caso de Elisenda Alamany se caracteriza por publicar vídeos de formato cotidiano con un trasfondo político. Correr, un deporte que practica, se ha convertido en excusa para generar contenido mientras recorre la ciudad que quiere gobernar. En su último vídeo destacado critica entre zancadas la gentrificación del Poblenou: “Es flipante. Cada vez que vengo hay un brunch nuevo”, se queja.

“Si no conoces a Elisenda, piensas que es creadora de contenido, y esto rompe la esfera política para llegar a otras audiencias”, narran desde la sala de máquinas de su equipo. A esto se suman factores vitales, como ser madre: en uno de sus vídeos más vistos, baja el carrito de su hija a la calle, corre hacia el trabajo y hace la compra, para acabar sentada en un banco proponiendo bonificar el comedor escolar y “aliviar el coste de la vida”.

Ese mismo impulso les ha llevado a salir del circuito político con podcasts ajenos a la actualidad, como Sexessive, donde Alamany habló de su experiencia en el amor. “Su perfil combina la voluntad de representar renovación y modernización con un componente generacional y de género ligado a la crisis de 2008”, explican fuentes de su equipo.

“Si quieres construir un movimiento que aspire a algo más que ser oposición, tienes que ofrecer un futuro”, explican. Por el momento, y a pesar de que ERC es hoy aún cuarta fuerza en el consistorio, Alamany ha logrado aparecer en el último barómetro municipal como la líder de partido mejor valorada, por encima incluso del alcalde Jaume Collboni.

Oposición desde la piscina municipal

Tampoco es habitual ver una mesa, una silla y a la candidata a la alcaldía de una gran ciudad sentada a pie de calle. Esta es la propuesta de “Habla con Rita”, un formato de entrevistas callejeras que popularizó Zohan Mamdani en Nueva York y que ha adaptado para sus fines la candidata de Más Madrid, Rita Maestre. Es, según su equipo, algo coherente con un proyecto “que se ha construido su propio músculo y su presencia en la calle y en los barrios”.

Por eso el equipo de comunicación trabaja pegado al de estrategia, entendiendo que esta “no es una cosa ajena que hace gente experta de manera autónoma”, sino algo integrado con la política. Insisten en que Instagram ya no es “un álbum de estampitas”, sino “un ecosistema en sí mismo en el que pasan cosas, en el que existe una disputa política”.

Esa lógica se observa sin ir más lejos en un vídeo reciente grabado en una piscina municipal. Sentada en una toalla, en el que parece un día en familia, Maestre aprovecha para explicar el mal estado de las instalaciones con naturalidad, haciendo oposición de una manera poco habitual. “Esa campaña puede parecer improvisada, pero tiene su punto, porque no lo está”, detalla Ambrós.

Esta politóloga también menciona a Enma López, a pesar de su derrota dentro del PSOE de Madrid, por trabajar un perfil en redes parecido al de Mamdani. “López ha logrado dar con la tecla de cercanía en temas tan complejos como pueden ser los temas económicos”, explica.

En momentos de alta desafección política, la cercanía que ofrecen las redes sociales, con cometidos a veces alejados de la política institucional o parlamentaria, son una ventana de oportunidad para perfiles que aspiran a asaltar alcaldías y presidencias. Pero el perfil construido, señalan las fuentes expertas, debe ser coherente con el de la persona. Y lo más importante, el proyecto político debe estar detrás.

Junts y ERC, los dos partidos catalanes con más dirigentes a la espera de la aplicación completa de la ley de amnistía, han exigido a los tribunales españoles que cumplan con la norma tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ambas formaciones, que lo ven como una victoria independentista, han pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie ya sobre la exclusión del expresident Carles Puigdemont y sus exconsellers de la amnistía por parte del Tribunal Supremo.

Además, desde el president de la Generalitat, Salvador Illa, hasta partidos como los Comuns o la CUP han celebrado también la sentencia del TJUE y han apremiado a aplicarla en su totalidad.

El expresident del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha calificado la sentencia de “victoria rotunda”. “Es un triunfo político del independentismo ante los poderes del Estado”, ha escrito en un mensaje en redes sociales.

Con todo, ha llamado a los suyos a no dejarse llevar por la euforía, porque según ha indicado, “el camino para acabar con la represión no ha acabado” y “sabemos con quien nos tenemos que enfrentar”, en referencia a los tribunales españoles. En ese sentido, el político ha subrayado que a partir de ahora el partido “no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público escorados hacia un lado”.

Además, el líder de Junts ha pedido que el independentismo pueda volver a enfocarse en el conflicto político. “Necesitamos que acabe la represión no para el beneficio personal (para estas cosas ya hay otras figuras que no son la amnistía) sino para poder recuperar fuerza y recursos para centrarnos en el objetivo principal, que es la independencia de Catalunya”, ha asegurado.

Puigdemont se ha pronunciado horas después de una rueda de prensa en la que el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su abogado, Gonzalo Boye, han reivindicado que Luxemburgo les da la razón. “Hoy es un gran día. La sentencia es rotunda”, se ha expresado Boye. “La discusión ha terminado”, ha afirmado.

Turull ha recalcado lo que significa el pronunicamiento del tribunal de Luxemburgo: “Hoy Europa ha vuelto a hablar claro”. Y también se ha dirigido a los jueces españoles, los que, según él, “siguen haciendo política con toga”. “Pero hoy ya no hay más excusas, empezando por el Constitucional, que debe resolver de inmediato”, ha dicho. “La Justicia es lo que se ha vivido hoy”, ha añadido.

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha calificado como “muy importante” la sentencia. “El TJUE valida la esencia de una ley que da una respuesta política a lo que siempre ha sido un conflicto político”, ha dicho Junqueras. “Ahora corresponde a los tribunales españoles cumplir la ley de inmediato”, ha dicho.

El líder de ERC ha recordado además que hace dos años que se aprobó una ley que, ahora, el TJUE determina plenamente ajustada al derecho europeo. Por ello, Junqueras cree que debe cuestionarse la calidad democrática de España. “Los derechos políticos no pueden depender de determinados jueces que acaban decidiendo quién puede presentarse a unas elecciones y quien no”, ha dicho.

En este sentido, ha pedido aplicar la amnistía “de forma inmediata”. “La sentencia de hoy y las decisiones judiciales que han de llegar han de quitarle definitivamente las esposas al independentismo”, ha concluido el dirigente republicano.

Aunque la amnistía se ha aplicado en los últimos años por parte de algunos tribunales –se cuentan unos 400 beneficiados–, lo cierto es que los casos más delicados para el independentismo estaban pendientes de la Justicia europea. El más importante era el de Puigdemont y su Govern de 2017. El Supremo les negó la posibilidad de acogerse a la ley al considerar que se habían enriquecido personalmente, lo les excluía de la amnistía.

Ahora, tras descartar el TJUE este argumento, el Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos presentados por los partidos contra esa decisión del Tribunal Supremo.

Illa celebra: “¿Qué más hace falta para aplicarla?”

El president Salvador Illa se ha mostrado también “satisfecho” con el aval a la ley de amnistía, que considera que permite a Catalunya “mirar hacia adelante” y avanzar en su apuesta por el “reencuentro” tras el procés. En una comparecencia institucional desde el Palau de la Generalitat, Illa ha defendido que la resolución judicial europea es una “buena noticia” para la democracia y para España.

El jefe del Ejecutivo catalán ha reclamado que se aplique la ley en su totalidad. “¿Qué más hace falta para aplicar la ley sin subterfugios? No hay vuelta de hoja, ya forma parte de nuestro marco legal y es de obligado cumplimiento”, ha manifestado. Y ha insistido: “No hay obstáculo democrático, constitucional o europeo que impida su plena aplicación.

Aunque no ha hecho referencia a los políticos, altos cargos y ciudadanos pendientes de la aplicación de la norma, sí haexpresado que “las formaciones políticas” y “personas” afectadas deben poder “participar y contribuir” al futuro de Catalunya

Decenas de activistas y familias afectadas por la crisis de la vivienda han ocupado este martes el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona como protesta por la saturación de los alojamientos de emergencia para quienes sufren desahucios.

La acción se ha iniciado en la Plaza Sant Miquel y, poco después de las 10:00 horas, los manifestantes han irrumpido sin incidentes en el vestíbulo del edificio, ante la mirada de sorpresa de los trabajadores del consistorio y de los grupos municipales. Allí se han concentrado más de una cincuentena de personas que han reclamado a gritos una solución a la falta de pisos de emergencia.

La protesta, seguida de cerca por la Guardia Urbana, estaba convocada por la PAH, la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya (COSHAC) y el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya (SHSC)

Justo pasadas las 10.15h, los representantes de las entidades se han reunido con Joan Ramon Riera, el comisionado de Vivienda del Ejecutivo municipal, que ha bajado al vestíbulo para conversar con los manifetantes. En ese encuentro, el representante político ha pedido a los sindicatos que, para poder cumplir con sus demandas, debían abandonar el vestíbulo del consistorio.

“Aquí trabaja gente”, les ha recordado. Pero la posición de los activistas ha sido tajante: “Nos quedamos”.

Finalmente los activistas se han podido reunir con Raquel Gil, responsable del área de Derechos Sociales. Tras más de una hora, han obtenido el compromiso del consistorio de abrir una negociación para atender a sus peticiones.

El problema con los alojamientos de emergencia lleva meses enquistado. Los sindicatos y entidades por la vivienda denuncian que el nuevo modelo de ayudas económicas para familias desalojadas, que el Gobierno del PSC ideó como alternativa al desborde de los alojamientos de emergencia, es insuficiente.

Delia Cerare, portavoz de la PAH, ha detallado los motivos de la protesta: “Hay muchas familias que han sido desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional, a pesar de que la ley contempla los desahucios con realojamientos previos por parte de la administración”, ha proclamado. Tenemos muchísimas familias en la calle, con niños, gente mayor, y sin alternativa habitacional de ningún tipo“, ha añadido.

Entre los manifestantes se encontraba Carmen Fargas, afectada directa. Fargas ocupa sin contrato, junto a su hijo de 13 años, un piso que pertenece a un fondo de inversión que quiere desalojarlos sin ofrecerles alternativa. “Lo máximo que nos pueden dar son tres días en un albergue con un menor”, ha explicado. Según su relato, en el Ayuntamiento le han dicho que se busque la vida, y al cobrar una renta garantizada sin nómina, nadie le alquila una habitación.

Los tres colectivos convocantes —PAH Barcelona, la COSHAC y el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya— han hecho público un comunicado en el que atribuyen el problema con los alojamientos de emergencia a un cambio de modelo impulsado por el PSC desde su entrada en el Ayuntamiento, que según denuncian ha supuesto la reducción de los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU) y un empeoramiento de las condiciones para las familias afectadas.

Los sindicatos sostienen que los desahucios aumentan en Barcelona por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde 2013, mientras la inversión municipal en construcción de vivienda pública ha caído un 64,5% y la compra de vivienda por tanteo y retracto un 80%. Los sindicatos han presentado un pliego de diez exigencias al consistorio, entre las quales, declarar la emergencia habitacional o expropiar la vivienda vacía y de uso turístico en manos de grandes tenedores.

El juicio a la excúpula de la conselleria de Salud por retrasar la vacunación contra el COVID-19 a policías nacionales y guardias civiles encara su recta final con la acusación desinflada. Ningún testigo ha señalado en el juicio que la exconsellera Alba Vergés o el resto de procesados pretendiera, a sabiendas, perjudicar la inmunización de los agentes. Los exaltos cargos han cerrado filas y han mantenido sus tesis exculpatorias en sus declaraciones de este viernes.

El presidente del tribunal, José Manuel del Amo, ha anunciado que el próximo lunes la Fiscalía y los sindicatos policiales que ejercen la acusación popular tendrán que concretar si mantienen sus conclusiones provisionales (el Ministerio Público pide hasta doce años de inhabilitación para Vergés y su sucesor, Josep Maria Argimon) o las modifican.

No es habitual que la Fiscalía rebaje sus pretensiones al final de un juicio, aunque existen precedentes de retirada de acusaciones por parte del Ministerio Público tras vistas orales muy favorables a las defensas. La del caso de las vacunas ha sido una de ellas.

El respaldo más relevante a las defensas provino de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Catalunya, quienes destacado que su relación con la Generalitat fue correcta. Tampoco desde Delegación del Gobierno pusieron tacha alguna a la actuación de la conselleria.

Lo que se dirime en el juicio es si la pausa en el proceso de paralización de la vacunación a guardias civiles y policías (que también afectó a otros colectivos de funcionarios que no se han querellado contra el Govern) ocurrida en marzo de 2021 es un delito de prevaricación.

Los acusados lo han negado este viernes y han insistido en una misma tesis: la vacunación se paró por criterios técnicos decididos por el Consejo Interterritorial de Salud (donde participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas) después de que se detectaran casos de trombosis con un lote de vacunas de Astrazeneca.

Alba Vergés, consellera de Salut del Govern de la Generalitat durante la pandemia, ha explicado que, tras el parón, el Consejo decidió priorizar el criterio de edad al de los colectivos esenciales de funcionarios, aunque se buscó que fuera “compatible” con la inmunización de policías, bomberos o profesores.

Eso llevó a priorizar, según la exconsellera, el grupo de 55 a 65 años de edad. En una declaración de una hora, Vergés ha repasado todos los detalles del proceso de vacunación, que se organizó mediante un “documento vivo” que se iba actualizando a medida que se producían más vacunas.

La llegada de la vacuna producida por AstraZeneca en febrero del 2021 hizo actualizar, otra vez, los criterios de vacunación. Es ahí donde se diseñaron diversos grupos esenciales, como los profesores y maestros, los policías o los trabajadores del servicio de emergencias. Pero con una particularidad; en ese momento y debido a las órdenes del Ministerio, Astrazeneca solo se aplicaba a personas de entre 18 y 55 años, aunque la Agencia Europea del Medicamento no impuso ninguna restricción de edad.

“El ritmo de vacunación depenía de las dosis que teníamos. En ese momento, teníamos 100.000 para un grupo de 1 millón de personas”, ha explicado Vergés, que se ha llegado a emocionar en un momento de la declaración al recordar la pandemia. “Siempre quisimos vacunar a todo el mundo y los más rápido posible. No me olvidaré nunca”, ha apostillado.

El exsecretario general de Salud Marc Ramentol ha seguido la misma línea y ha incidido en que la Generalitat seguía las directrices del Ministerio. “Nuestro criterio no era de innovar”, ha zanjado.

Ambos acusados han quitado hierro a los mensajes que sirvieron para incriminar a Vergés y que mostraron algunas discrepancias con su entonces número dos, Josep Maria Argimon. Los acusados han llegado al juicio con las versiones acordados y han evitado el enfrentamiento al valorar que Argimon quiso continuar con la vacunación de policías que se paró porque toda la logística ya estaba preparada, pero no por divergencias políticas con Vergés.

Por su parte Adrià Comella, el que fuera el director del Servei Català de Salut, ha defendido la normalidad del proceso de vacunación. Y el exdirector de servicios de la conselleria, Xavier Rodríguez, ha contado que incluso uno de los sindicatos policiales pidió parar la vacunación debido a las dudas con AstraZeneca, tal y como también decidió el Ministerio.

El papa León XIV se ha convertido en el líder internacional mejor valorado por los catalanes. Así lo refleja el Barómetro de Opinión Política publicado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO), que ha aprovechado la visita del Papa a España y su especial paso por Catalunya para preguntar por su figura.

Y los resultados para la iglesia son positivos: un 59% de las personas que lo conocen aprueban su papel en la escena internacional, un porcentaje que lo sitúa al frente del ranking de líderes mundiales. Lo sigue el presidente francés, Emmanuel Macron, con un 50% de aprobación, y el podio lo completa Xi Jinping (47%), que sorprendentemente concita el aprobado tanto de los votantes de izquierda como los de Aliança Catalana. A la cola, y muy destacados, se sitúan Vladímir Putin (13%) y Donald Trump (12%).

No solo aprueba, sino que genera poco rechazo

Pero el liderazgo del actual pontífice no se limita solo a su aprobación. También es uno de los dirigentes con menos rechazo frontal: solo un 12% de quienes lo conocen le otorga la nota mínima, un cero. Trump encabeza el rechazo absoluto con un 63%, seguido de Putin (54%), mientras que el resto de líderes quedan por debajo del 15%.

Otro elemento que refuerza la posición del pontífice es su grado de conocimiento. A pesar de ser una figura relativamente nueva –hace poco más de un año que ocupa su puesto–, el 95% de los catalanes dice que lo conoce. Esta notoriedad se explica, en buena parte, por el contexto en que se hizo el trabajo de campo: entre el 21 de mayo y el 25 de junio, coincidiendo con la visita del papa en Catalunya y la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, hechos que tuvieron un fuerte impacto mediático.

El contraste con los dos líderes más poderosos del planeta es elocuente. En un momento marcado por la guerra en Oriente Medio y por la tensión internacional –el mismo barómetro sitúa en un 5,8 sobre 10 la percepción de amenaza de un conflicto entre los Estados Unidos e Irán para la seguridad de Catalunya–, la figura del papa emerge como un referente de consenso allí donde Trump y Putin actúan como factores de polarización.

Apoyo transversal

Uno de los datos más singulares del barómetro es el carácter transversal de este apoyo. La aprobación supera el 50% en casi todos los electorados e incluso obtiene un 68% entre el electorado de los Comuns, un espacio político habitualmente alejado de la jerarquía católica. En el otro extremo, también aprueba con margen entre los votantes de Aliança Catalana, con un 56%. La valoración también es muy alta entre los votantes del PP (79%), Junts (73%), PSC (72%) y VOX (58%).

La comparación con el pontificado del Papa Francisco

Además, el CEO también ha querido tomar el pulso a la opinión de los catalanes sobre el primer año de pontificado. Porque aunque el tiempo parece que pasa muy rápido, solo hace 427 días que León XIV llegó al Vaticano. La percepción mayoritaria es de continuidad: un 33% considera que León XIV ha mantenido la misma orientación que su predecesor, Francisco I. Entre quienes perciben un cambio, predomina la sensación que el nuevo papa ha emergido en un tinte más conservador (28%) antes que progresista (15%). Una cuarta parte (24%) no se posiciona.

Ahora bien, la alta valoración de su papel internacional no se traduce en una autoridad moral equivalente. Preguntados por la importancia que dan a la opinión del Papa, casi la mitad de los catalanes (45%) admite que no da ninguna. Un 23% considera que puede ser relevante si habla de temas que les afectan y solo un 9% le da mucha importancia. Es el retrato de una sociedad ampliamente secularizada, que valora la figura del pontífice como un actor global relevante en un contexto hiperpolarizado, pero que mantiene una cierta distancia con los elementos más religiosos.