Rosario, Adela, Maria José y Paco hace mucho que son vecinos. Tanto, que entre todos suman 250 años viviendo en el mismo edificio de Cornellà de Llobregat (Barcelona). Su intención era quedarse para siempre, pero hace poco más de un lustro empezaron a ver peligrar esa expectativa.

Desde que la finca cambió de propietario, ahora en manos de un fondo de inversión, aseguran ser víctimas de mobbing. Acumulan diversas demandas por “okupación” y órdenes de desahucio pese a que todos siguen pagando sus alquileres y, además, tres de ellos tienen contratos indefinidos de renta antigua. También han recibido cobros “disparatados” de la comunidad en conceptos “nunca vistos”. Por eso, han decidido dar un paso al frente y denunciar a la empresa por acoso inmobiliario.

El edificio, situado en el centro de la ciudad, pasó a manos de Promontoria Coliseum en 2020, después de que el propietario original dejara de devolver un préstamo. Tras ello, el banco se adjudicó los pisos y, desde entonces, aseguran, viven sometidos a una presión continua. La mayoría de las demandas y cobros extra ya han sido desestimados por los tribunales, aunque aún siguen en situación de recurso.

Las sucesivas derrotas llevaron a la empresa a intentar otra estrategia: ofrecer pagos a estos cuatro vecinos para que accedieran a marcharse 'por las buenas'. Paco, nacido en Córdoba y arraigado en Catalunya desde hace más de 40 años, relata que un día llegó un intermediario a preguntarles qué cantidad querían. Él respondió: “480.000 euros entre cuatro. Le dije que no era para mí, que era también para mis vecinos. Le dije el número y se puso nervioso, perdió los papeles”, recuerda.

Estos vecinos están resueltos a quedarse y, cansados de los continuos ataques de la empresa, han decidido pasar a la ofensiva. Para ello, han contado con el asesoramiento del Sindicat de Llogateres. “Es muy relevante que ante este tipo de actuaciones los vecinos acudan a nosotros para plantar cara”, explica Enric Aragonès, portavoz de la entidad. Desde el sindicato remarcan la importancia de no ceder ante este tipo de actuaciones debido a que la razón legal está de parte de los inquilinos.

Han iniciado dos procesos: uno penal, con el que piden al juzgado que abra diligencias y depure responsabilidades; y otro administrativo para que el Ayuntamiento de Cornellà compruebe los hechos y abra un expediente sancionador al amparo de la ley catalana de vivienda. Este punto, sin embargo, parece más difícil de lograr, ya que en los dos años desde que se aprobó el régimen sancionador de la ley, la Agència Catalana de l’Habitatge sólo ha interpuesto seis multas.

Un fondo con más de 2.800 pisos en Catalunya

Promontoria Coliseum Residential es una filial de Cerberus, el segundo mayor propietario de viviendas en Catalunya con más de 2.800 pisos, solo por detrás de CaixaBank, que tiene 5.000, según datos del Incasòl. La gestión del edificio se ha canalizado a través de Solvia Servicios Inmobiliarios, que ha actuado en nombre de la propiedad en diversas ocasiones, ya que Promontoria evita interactuar directamente con los vecinos.

Las comunicaciones, denuncian los vecinos, llegan casi siempre a través de terceros no identificados o números ocultos, sin que la propiedad haya abierto nunca un canal formal de diálogo pese a los requerimientos. “Que nos dejen vivir tranquilos, que no nos agobien”, resume Rosario, que recientemente ha perdido a su marido y lleva 60 años en su casa.

Por su parte, Maria José, que ahora vive con su hijo, debe tomar ansiolíticos para poder descansar. Las denuncias aportan informes médicos que documentan insomnio, ansiedad y depresión compatibles con una situación de presión habitacional mantenida en el tiempo. “Siempre estoy esperando a que venga la cartera a traerme una mala noticia. Y eso no es vivir”, lamenta.

“Tengo que estar pendiente del banco cada día, porque no sé cuándo me pueden hacer un cargo y dejarme sin dinero en la cuenta”, cuenta Maria José. Entre 2021 y 2023, Promontoria cargó mensualmente unos 1.500 euros por vecino bajo conceptos sin base legal ni contractual. Además, según cuentan los vecinos, antes los recibos de la finca se desglosaban para mostrar cada gasto por separado, pero desde que cambió la propiedad todo se fundió en un único pago.

“Pagamos el alquiler, cumplimos con nuestras obligaciones y, aun así, nos han convertido la vida en una pesadilla. Solo queremos vivir tranquilos el tiempo que nos queda”, resumen los cuatro, que se reúnen cada día en uno de los pisos no solo para apoyarse, sino también para mantener los recuerdos que tanto tiempo llevan construyendo juntos.

Las sentencias avalan a los vecinos y coinciden en lo mismo: han pagado siempre a tiempo y tienen contratos vigentes y válidos que les dan derecho a mantenerse en su residencia actual. Las demandas de desahucio han ido cayendo una por una, excepto la de Adela. Hace unos meses, le interpusieron una fecha de lanzamiento que se terminó aplazando. Ahora esperan la resolución de su recurso para saber qué va a ocurrir con ella.

Viendo que sus vecinos se han salvado de la expulsión, el caso de Adela no tendría por qué ser distinto. Ahora bien, no puede evitar los nervios porque su situación es algo diferente. Ella es la única de estos cuatro inquilinos que no tiene un contrato indefinido de renta antigua y teme que eso pueda ser una puerta abierta para que la propiedad encuentre otras maneras para echarla.

Ella firmó su alquiler unos meses después de la fecha límite que permitía acogerse al régimen de los contratos de renta antigua. Era octubre de 1985, por lo que quedó fuera del régimen de prórroga forzosa establecido tras la reforma del Decreto Boyer, durante el Gobierno de Felipe González. Estos pocos meses la dejan más desprotegida.

Adela, además, tiene una situación de salud delicada, ya que está recién operada de la pierna, y narra cómo la presión sostenida le está dejando una huella física y mental importante. “En el último año, he perdido más de diez kilos”, explica. “Suerte que tengo el apoyo de mis vecinos. Si no, no podría tirar adelante”, reconoce.

Estos cuatro inquilinos no quieren dar su brazo a torcer y se mantienen firmes para poder cumplir, como sea, su deseo de acabar sus días en su casa, en la que han pasado la mayor parte de su vida.

Para muchos, hablar de cambio climático es sinónimo de malas noticias y es lógico que sea así. Aún más en los años recientes, cuando España ha vivido episodios agudos de fenómenos que han pasado factura: desde la dana en València hasta la última sequía en Catalunya o los incendios estivales en Madrid y Huelva.

Esta acumulación de malas noticias han alimentado un relato colapsista que, paradójicamente, puede resultar tan paralizante como la negación más burda. Si el desastre es inevitable, ¿para qué actuar? El fatalismo, disfrazado de lucidez, es también una forma de rendición, diría Albert Camus.

Frente a ese doble escollo, el sociólogo Emilio Santiago Muíño (Madrid, 1984) investigador del CSIC especializado en ecología política y ecosocialismo, y el biólogo Héctor Tejero (Madrid, 1981), doctor en Bioquímica y diputado de Más Madrid en la Asamblea, llevan casi una década construyendo, libro a libro, una tercera vía. La iniciaron en ¿Qué hacer en caso de incendio? (Capitán Swing, 2019) y la afinaron en Contra el mito del colapso ecológico (Arpa, 2023). Ahora la despliegan a fondo en España contra el desierto (Arpa & Alfil Editores, 2026), un ensayo que aterriza en las circunstancias concretas de nuestro país las grandes preguntas de la transición ecológica: ¿Es posible descarbonizar sin empobrecernos? ¿Puede la lucha climática ser, además de necesaria, deseable?

La respuesta de los autores es un sí rotundo, aunque no caen en la ingenuidad. No se trata de negar la gravedad de la crisis, que el libro aborda en profundidad, sino de sostener que, por primera vez en dos siglos, la humanidad dispone de una base tecnológica capaz de sacarnos del “paleolítico energético” sin sacrificar el Estado del bienestar. Colocan por tanto el reto no en el plano técnico o científico, sino político. Y aquí es donde nace la utilidad de su obra, ya que la mayoría de la literatura climática camina hacia otros lugares.

La revolución de las fuerzas productivas

El punto de partida de Santiago y Tejero parece una inversión de sentido común: durante décadas, el ecologismo se ha asociado a “vivir con menos”, al conocido pero fallido “decrecimiento”. Los autores sostienen que esa imagen ha quedado obsoleta. La caída en picado del coste de la energía solar, la eólica y las baterías han abierto, dicen, “la llave de la abundancia dentro de los límites planetarios”.

Por primera vez, entonces, la electrificación de la economía permite universalizar niveles de vida reservados hasta ahora a una minoría, sin necesidad de seguir quemando combustibles fósiles. Para aterrizar esa promesa en España, ambos recurren a un acrónimo que funciona como si fuera un mapa de ruta: ALTEA, las iniciales de Agroalimentario, Ladrillo, Turismo, Energía y Automoción, los cinco sectores que concentran buena parte de las emisiones y también de la dependencia exterior del país.

Es en esa vieja España productiva, no solo en los despachos de Bruselas, donde se librará la verdadera batalla climática. Y es ahí donde los autores sitúan su propuesta de fondo: un ecosocialismo democrático que combine una relación distinta con el territorio capaz de devolver a comarcas despobladas un papel productivo en la nueva economía solar. Definen que esto pasa por apostar por la agricultura regenerativa, la electrificación del transporte y la de la industria.

La maldición de Sísifo a la española

España contra el desierto no es un tratado genérico sobre la relación con la energía y los procesos para optimizar su uso más verde. Es principalmente un libro sobre España. Uno de sus capítulos más certeros, “La maldición de Sísifo”, diagnostica los obstáculos sociopolíticos que arrastra el país para acometer esta transformación.

Lo enmarcan en una identidad nacional narrada históricamente desde la derrota y la melancolía, un Estado con menor capacidad fiscal y administrativa que sus vecinos europeos, una clase política atravesada durante décadas por las puertas giratorias del sector energético y un territorio con condicionantes geológicos propios negativos.

A ello se le suma un capítulo imprescindible dedicado a narrar la nueva normalidad que vive España, basándose en datos de la AEMET y haciendo referencia a los múltiples fenómenos adversos que llevamos atravesando los últimos años. Los autores no escatiman en cifras y ese rigor empírico es lo que distingue la obra de buena parte del ensayismo climático.

Empujar sin romper: cómo construir una alianza climática

La teoría política dibuja el núcleo argumental del libro. Apoyándose en referentes como Peter Gourevitch o Peter Hall, Santiago y Tejero recuerdan algo que a veces olvidamos: ninguna política, por acertada que sea técnicamente, se sostiene sin una coalición social que la respalde. “La política requiere política”, resumen citando a Gourevitch, y de ahí se desprende su cita estratégica, que es la de “empujar sin romper”.

Los autores señalan que hace falta construir una mayoría lo bastante amplia como para que no se desintegre en cuanto empiece a incomodar a intereses concretos. De ese principio derivan las cinco reformas que proponen para sostener esa alianza: vivienda asequible, electricidad y climatización para todos los hogares, alimentación justa y de calidad, un nuevo pacto para el mundo rural despoblado y una fiscalidad climática progresiva que financie un Estado capaz de estar a la altura.

Son, en el fondo, políticas de bienestar disfrazadas de políticas climáticas, pensadas para que la transición ecológica se perciba como una mejora tangible en la vida cotidiana de la mayoría. El libro invoca, en este sentido, precedentes históricos como el New Deal estadounidense o el “Pacto de la Vaca” sueco, que fueron grandes acuerdos que unieron a sectores sociales aparentemente distantes en torno a un proyecto común de modernización. De progreso.

Tres narrativas para disputar la hegemonía

Pero el relato, un sustantivo utilizado en abundancia en la política española en los últimos años, también es relevante. No solo basta con legislar o, al menos, intentarlo.

Por eso el libro dedica un capítulo entero a lo que llama las tres narrativas de la coalición climática: la prosperidad ecológica, que habla de vivir mejor; la seguridad climática, que habla de vivir sin miedo y la responsabilidad planetaria, que habla de hacerse cargo del reto para poder vivir en común.

Cada una, sostienen, conecta con un valor distinto de la tríada republicana (igualdad, libertad, fraternidad) y deben usarse para disputar el terreno discursivo a una derecha que, avisan, encuentra en el negacionismo climático y en el libertarismo un combustible ideológico que prende rápido.

La obra, por lo tanto, ofrece también un lenguaje (como si fuera George Lakoff y su “No pienses en un elefante”) para disputar el sentido común. Que esa apuesta convenza dependerá entonces de si la izquierda ecosocialista es capaz de aplicarla con la disciplina que exige, algo que su propio diagnóstico sobre la debilidad organizativa del movimiento climático español pone en duda.

Del Quijote al solarpunk

La imagen del Quijote no podía faltar en una conexión visual elemental. Durante siglos la identidad nacional ha narrado desde la derrota gloriosa de Don Quijote, que se embistió contra molinos que confundía con gigantes. Ahora la tarea es a la inversa, ya que se deben cuidar a los gigantes (los aerogeneradores o las placas solares) que a simple vista parecen solo molinos.

Los autores toman prestada la estética solarpunk, esa “gramática visual de las reconciliaciones improbables” en la que conviven rebaños de ovejas y turbinas eólicas o huertos urbanos y drones, para imaginar una España que deje atrás la melancolía del imperio perdido y mire hacia delante con un tipo de orgullo distinto: el de un país dueño de su propio destino energético.

Se trata de “cruzar el río sintiendo las piedras bajo los pies”, dicen citando a Deng Xiaoping, el exdirigente del Partido Comunista Chino. Avanzar sin certezas absolutas, pero también sin la parálisis de quien espera un mapa perfecto antes de dar el primer paso.

Ofrecen algo poco habitual, casi como una convicción argumentada de que todavía está en nuestra mano intentarlo, y una hoja de ruta concreta, con nombres, cifras y soluciones para que ese intento no se quede únicamente en buenas intenciones.

El 12 de febrero del 2022 Roger Ferrer entró al quirófano del Hospital de Granollers para una operación de apendicitis. Una intervención sin aparente complicación. Pero, al comenzar, la máquina que le suministraba la anestesia no funcionó correctamente. En vez de quedar sedado por completo, Ferrer pasó 45 minutos despierto y sin apenas oxígeno. Sintió cada corte, movimiento e incisión de la operación, sin poder mover un músculo ni emitir un solo grito para alertar que estaba sufriendo.

Cuatro años después, Ferrer narra cómo el estrés postraumático le ha condicionado la existencia mientras continúa esperando una reparación tanto del hospital como de la Generalitat. “Sentí el dolor de los cortes de la operación y cómo me hurgaban. Viví una experiencia de muerte en vida y no he vuelto a ser el mismo”, resume este hombre de 51 años.

A las secuelas psicológicas de la operación, se le suma la inacción del Hospital y la Generalitat en dar respuesta a las reclamaciones de Ferrer. En febrero de 2022, la abogada de la familia, Lucia González-Cuevas, interpuso una reclamación al Instituto Catalán de la Salud (ICS).

Aunque la queja se admitió en noviembre del mismo año, a día de hoy aún no han recibido respuesta por parte de la administración. “Estamos viviendo una situación de silencio administrativo flagrante. Es una vulneración a los derechos de Roger”, denuncia la letrada, en conversación con elDiario.es.

Según le han comunicado desde la Administración, están pendientes de que el ICAM (Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas) elabore un informe sobre el caso de Roger para poder evaluar si compete indemnizarle y por cuánto. Consultado por este medio, el ICAM (Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas), por su parte, expone que gestiona “un volumen muy elevado de expedientes, lo que comporta una lista de espera significativa”. Por eso, apuntan, los expedientes de responsabilidad patrimonial con una cantidad reclamada inferior a 50.000 euros “no son objeto de valoración por parte de esta Subdirección General”.

El problema es que Roger todavía no ha reclamado ninguna cuantía porque está a la espera del informe del ICAM. De hecho, desde el Departament de Salud, órgano del que depende el ICAM, confirmaron a Roger (mediante un correo al que ha tenido acceso elDiario.es), que el caso estaba parado porque seguían esperando el informe pericial. Y que ese es el procedimiento habitual para después interponer la reclamación a la administración.

Ante esta contradicción, desde el ICAM responden a elDiario.es que “vista la reclamación, la estimación es que [la compensación] se sitúe por debajo de los 50.000 euros”. E insisten en que la pelota no está en su tejado sino en el Institut Català de Salut. Con todo, hace ya tres años que sufren el silencio de la administración, aunque por ley deberían responder en un plazo máximo de dos.

El día de la operación

En una urbanización de Vilanova del Vallès (Barcelona) se esconde una casa que toca la montaña, rodeada de árboles. Allí vive Ferrer desde hace unos pocos años. Junto a su pareja, Laura, su hija de siete años y sus dos perros, recibe nervioso a este diario. “Estos días he estado removido”, confiesa.

Graduado en Educación Social, Ferrer ha trabajado en centros de menores y pisos para jóvenes y adolescentes tutelados. Un dolor abdominal le llevó a urgencias, le diagnosticaron un principio de apendicitis y le operaron al día siguiente. Ferrer entró consciente al quirófano, le explicaron el procedimiento habitual (que, en principio, pasaba por una anestesia total) y notó cómo se iba durmiendo. Es lo último que recuerda con normalidad. Al instante siguiente un dolor agudo le despertó mientras le ponían la sonda. Pensó que la operación estaba terminando, pero en realidad solo acababa de empezar.

“Cuando entendí que estaba despierto, empecé a enloquecer”, relata Ferrer. Intentó avisar de que algo no estaba funcionando bien. Estaba despierto y sentía cómo le hacían los cortes en la barriga. Notaba que no le llegaba el oxígeno y que tenía graves dificultades para respirar. Intentó mover su cuerpo, un dedo, un párpado, cualquier cosa para alertar al equipo médico que algo iba mal. Pero nadie se podía dar cuenta. Estaba encerrado dentro de su propio cuerpo, sufriendo el dolor de la intervención sin poder emitir un solo sonido.

Ferrer entendió que no podía dejarse llevar por el pánico. Y, aun así, miles de imágenes empezaron a atravesarle la cabeza. Una, muy nítida, todavía le acompaña: “Veía una línea roja y, al final, un abismo. Si la cruzaba, si me ganaba el pánico, iba a caer y desaparecer para siempre”. Con ella se mezclaban escenas de gente atrapada viva bajo tierra o en accidentes de coche. “Mi cabeza necesitaba dar respuestas a lo que estaba pasando”, añade.

Llegó a un punto límite cuando volvió a notar que le faltaba el aire. “En ese momento me vinieron a la cabeza Laura y mi hija. Me estaba despidiendo. Era consciente de que lo que me pasaba era muy grave y de que nadie se daba cuenta. Además, sabía que no iba a poder salir de ahí”. “Me sentí enterrado. Momificado. No podía hacer nada y sentía que me estaba muriendo”, explica, con la voz entrecortada incluso cuatro años después.

Para sobrevivir al resto de la intervención, se aferró a una técnica de respiración aprendida tiempo atrás, concentrándose en el recuerdo de un silbato de juguete que le había regalado su hermana. “Me imaginé ese hilo de aire y me concentré en él durante toda la operación. Eso me salvó la vida”, asegura.

Primeras explicaciones y silencio administrativo

En un correo electrónico remitido a Ferrer, al que ha tenido acceso elDiario.es, la anestesista de su operación dio al paciente una explicación a lo sucedido: según su versión, a Ferrer se le administró una “anestesia general sin incidencias”, pero al revisar el respirador de la operación se descubrió que el vaporizador del gas no funcionaba “del todo correctamente”, por lo que el paciente pudo estar en “un plan anestésico no correcto”.

El informe de la psicóloga clínica de Ferrer es más contundente y dictamina que la operación “tuvo complicaciones importantes a nivel anestésico”, que comportaron que el paciente estuviera semiconsciente. Según esta experta, el hombre tuvo “conexión sensorial, pero padeció una inmovilización absoluta”. Su capacidad de interacción con el exterior estuvo “limitada totalmente”.

Ferrer fue, poco a poco, recuperando la movilidad tras la operación. “Lo primero que hice fue morder los tubos. Necesitaba que me escucharan y contar que la operación no había ido bien. Y cuando por fin pude gritar, dije: 'horror, horror'”, rememora. Seguía en estado de shock. En reanimación, según su relato, nadie le preguntó qué le había pasado. “Me sentí completamente desatendido. La dejadez emocional también me afectó”, lamenta.

Dos años de baja

Ferrer ha vivido los últimos años tras la operación como una pesadilla, entre insomnio, ansiedad y una hipervigilancia constante. El estrés postraumático crónico, del que ha sido diagnosticado, provocó que pasara meses sin salir de casa y sin conducir. Su mujer, Laura, relata su miedo cuando él llegó a casa: “Lo vi convaleciente. Pensaba que lo había perdido”.

“Mi hija no podía contar conmigo, mi pareja no podía contar conmigo. Esto me ha generado culpa, impotencia, frustración”, explica Ferrer, que lamenta los “muchos cambios de médicos y tratamientos” que ha encadenado durante estos años en la sanidad pública.

La relación de pareja también se ha resentido, ya que Laura ha sentido que debía asumir un rol de cuidadora permanente, con el desgaste que esto le ha conllevado: “Me he sentido muy sola”, explica.

Ahora, Ferrer ha vuelto a trabajar, aunque no al puesto que ocupaba antes de la operación: asegura que ya no puede sostener la exposición emocional que exige el trabajo directo con jóvenes y menores en situación de desamparo.

Su reclamación contra la sanidad pública sigue, cuatro años después, en situación de silencio administrativo: el sistema sanitario no le ha dado una respuesta definitiva ni provisional sobre lo ocurrido el 12 de febrero de 2022. “No busco solo una compensación económica por todos los gastos médicos y psicológicos, sino un reconocimiento institucional y una reparación del error que sufrí”, concluye Ferrer.

Josep abre cada mañana a las siete su quiosco de la calle Aribau de Barcelona, el mismo que regenta desde hace treinta años. Ha visto pasar a cuatro alcaldes, dos crisis económicas y la desaparición de media docena de cabeceras de prensa que antes vendía a montones. Hoy, apenas despacha una decena de periódicos al día, frente al centenar largo que movía a finales de los noventa. “Antes esto era un negocio de verdad. Ahora es simplemente sobrevivir”, resume.

A su alrededor, explica, el barrio ha perdido establecimientos como el suyo, uno tras otro: “Hay gente que tiene que caminar hasta cuatro calles para poder comprar el periódico porque su quiosco ya no existe”.

En Barcelona quedan 288 quioscos, después de que 51 hayan desaparecido desde 2018, según datos municipales. De los que siguen en pie, 254 están adjudicados a un titular, nueve se han cedido a entidades de personas con discapacidad y el resto permanecen vacíos, sin nadie que quiera hacerse cargo de ellos.

Otro cambio es que la prensa ha dejado de ser lo más vendido y, por contra, ha dejado paso a otros productos y servicios, que ya representan la mayoría de la facturación. La venta de diarios y revistas ha quedado reducida a un 30%. Ahmed es uno de los que ha decidido dar un giro a su negocio y, desde la plaza Urquinaona, se enfoca en los turistas.

Los imanes, las camisetas y las postales de la ciudad ocupan ya la mayor parte de su escaparate. “Vendo lo que la gente que pasa por aquí realmente compra: un recuerdo de Barcelona antes de coger el metro”, explica. Calcula que, de cada diez clientes, ocho compran un souvenir. “Con esto puedo vivir, y eso ya es mucho”, apunta.

El quiosco con café de especialidad

En el Eixample, Fran habla desde el quiosco que adquirió junto a su socio Edward. El alquiler les cuesta unos 140 euros y consiguieron la licencia gracias a un traspaso. “Nos gustaba mucho la zona”, asegura. Ahora bien, enseguida vieron que vender periódicos no era suficiente para llegar a final de mes y decidieron añadir algo más para revitalizar el puesto: café de especialidad.

Fran resume así la filosofía de su negocio: “No queríamos ser ni una cafetería con revistas ni un quiosco que sirve café, sino las dos cosas a la vez. El café sabe mejor cuando se comparte, y el quiosco también”.

Además, les diferencia una clara voluntad de ser un negocio de barrio, relacionado con sus vecinos y las entidades de su entorno, algo que no caracteriza precisamente a otros quioscos que han apostado por ese modelo. El café de especialidad ya empezó a ocupar quioscos hace años de la mano de la firma Good News, la cadena fundada por cinco catalanes en 2020.

Se trata de una idea nacida en Barcelona que dio un vuelco a la imagen y filosofía clásica de los quioscos. De los escaparates abarrotados, pasaron a un diseño más sobrio, con colores crema y mucha madera, en el que los snacks saludables, los zumos fit y el café de especialidad acompañan a una selecta y escueta selección de revistas (que no prensa diaria).

Además, a su campaña de márquetin añadían algunas promociones como descuentos a quienes vayan en bici o patinete para “fomentar la movilidad sostenible” o una bebida gratis si se cuentan cuatro buenas noticias que le hayan sucedido a uno en un plazo de tiempo determinado. En poco más de un lustro han abierto 10 puestos en Barcelona; han llegado a Madrid, con otros siete; y se han expandido por Europa con 16 quioscos en París y dos en Ámsterdam.

Un cambio con permiso municipal

Mantener la esencia de estos establecimientos y, a la vez, llegar a final de mes no es fácil. Esta realidad no escapa a la vista del Ayuntamiento de Barcelona, que hace poco más de un año planteó rebajar del 80% al 51% el porcentaje mínimo de ingresos que debía proceder de la venta de prensa para mantener la licencia, y permitir así la venta de café y alimentos envasados en todos los quioscos.

Más de un año después, la medida sigue sin aprobación definitiva de esta medida, que el gremio de restauración ya ha denunciado que supondría competencia desleal frente a bares y cafeterías.

Josep, de los pocos en Barcelona que conserva el modelo de negocio original, observa esta transformación con cierta resignación, aunque reconoce que quiosqueros como Ahmed o Fran han encontrado salidas que a él, a sus años, ya no le compensa ensayar. “Yo ya no tengo edad para reinventarme dos veces. Seguiré vendiendo el periódico a los cuatro vecinos que todavía lo piden, mientras el cuerpo aguante”, dice antes de acomodarse en el taburete desde el que lleva tres décadas viendo pasar el barrio.

En un bloque inacabable de pisos del barrio de Sant Martí, en Barcelona, vive Carmen desde hace siete años con su hijo de 13. Entró de okupa porque se encontraba en la calle y, según cuenta, nadie le ofrecía nada. Años después, ya asentada en el barrio, ve como el 15 de septiembre se ha fijado la fecha de su desahucio si tener una alternativa viable.

El fondo propietario del inmueble ha adquirido la propiedad y se niega a firmarle un alquiler social. “Prefieren pagar la multa que les imponen por ser grandes tenedores”, resume. En poco más de un mes, si nada lo frena, se quedará en la calle con su hijo: “No sé dónde vamos a ir.”

Justo delante del sofá enfundado en un collage de mandalas que preside el salón se observan fotos de Carmen con sus dos hijos, el otro ya mayor. Aunque el espacio es pequeño, está cuidado y cabe hasta un rincón de juego para su gato recién llegado a la familia: Botas, se llama. Nada más entrar se acurruca con Carmen, que cuando llegó al piso se apañó cerrando una parte de la terraza para poder tener su propia habitación. Y después de mucho tiempo cuidando lo que ya es su hogar, ahora se ve fuera y desesperada.

Su caso no es una excepción. En Barcelona, el Alojamiento Temporal de Urgencia (ATU) se ha convertido en el principal dispositivo municipal frente a la exclusión residencial, pese a estar concebido como un recurso puntual. En mayo de 2026 alojaba a 3.279 personas —1.087 unidades familiares—, de las cuales cerca del 85% eran familias con menores a cargo, según datos del Ayuntamiento.

Más del 76% acumulan estancias superiores a seis meses; un 5% lleva ya más de cinco años dentro. El consistorio ha elevado el presupuesto de estos alojamientos de 34 millones de euros en 2023 a 43 en 2025.

A Carmen, de momento, los servicios sociales solo le ofrecen tres días en un albergue. “Ahí no se dan las condiciones para estar con un niño”, se lamenta. La otra vía, la mesa de emergencia que reparte las viviendas, arrastra más de 700 familias y una espera media de cuatro años. “Durante la espera para un piso nadie te ofrece nada dónde puedas vivir”, explica.

El Ayuntamiento defiende que ha reforzado las ayudas para prevenir desahucios y facilitar alternativas, como una prestación mensual de hasta 1.500 euros. Aunque en este caso, encontrar un alquiler se convierte en una quimera debido a sus condiciones de vulnerabilidad.

Desde el consistorio admiten que la crisis habitacional “hace muy difícil la disponibilidad de vivienda a precios asequibles” y que existe una clara “discriminación inmobiliaria” por razones socioeconómicas —y en otros casos, por razones raciales. Desde julio de 2025, solo 30 familias han conseguido salir de los alojamientos de urgencia con la nueva prestación.

La ley y la trampa

Carmen asegura que el fondo le ha ofrecido dinero para que se marche: inicialmente 19.000 euros, una cantidad que han reducido a 10.000 a cambio de entregar voluntariamente las llaves antes del desahucio. Pero Carmen no puede aceptarlo, ya que si cobra ese dinero tiene miedo de perder la renta garantizada (unos 1.000 euros con los que sobrevive).

“Está la ley y está la trampa”, zanja. Ocurre lo mismo con la prestación municipal: solo la cobraría si le alquilaran una habitación con contrato, algo muy difícil en un caso así. Según cuenta ella, les ha pedido que acepten un alquiler social, pero se han negado. Preguntados por este medio, Hipoges, la plataforma encargada de gestionar el inmueble, se ha negado a responder aludiendo a la “confidencialidad de cada caso”.

“No soporto que me hable ni que me mire nadie. Estoy al límite”, admite Carmen, que reconoce estar “desatada”. Por eso mismo, su hijo se ha marchado a casa de unos familiares hasta que puedan resolver la situación. El mayor ha vuelto para hacerle compañía y ayudarla. “Apenas duermo”, explica esta mujer, que teme que, si se acaba plantando en una tienda de campaña en la calle, se quede sin su hijo: “Ellos no lo protegen, no me dan una alternativa, y si estás en la calle, te lo quitan”, cuenta entristecida entre el ruido de los ventiladores que tratan de refrescar la casa.

Ante el riesgo de perderla, hace poco más de un mes que Carmen se acercó al sindicato de vivienda del barrio, que hasta entonces conocía solo como el local donde “las señoras van a bailar”. Allí ha encontrado asesoramiento y, sobre todo, gente en su misma situación. “Te hace sentirte entendida y acompañada. Es el único apoyo que tenemos”, dice. Ahora se le ha sumado la abogada que la ayuda con el caso y sobre la que deposita todas sus esperanzas.

“Me gustaría pagar, pero pagar lo que puedo pagar, porque hay cosas que no las puede asumir nadie con un sueldo normal”, narra Carmen, que solo quiere un alquiler asequible y vivir tranquila. De la administración, en cambio, dice haberlo echado todo de menos. “Me siento totalmente abandonada. Es como si no quisieran ver el problema”, lamenta.

En el pasillo de la casa solo se observan los recuerdos típicos de alguien que se siente como en su hogar. Un hogar que durante años le ha permitido a Carmen poder configurar un proyecto de vida estable y un espacio de seguridad para sus hijos. Ahora, su sustento está en peligro como el de muchas otras personas en la ciudad de Barcelona debido a la galopante crisis de precios en el mercado de la vivienda y la alta demanda que está sufriendo la administración.

A las nueve y media de la mañana, la cola de la Terminal 1 del Aeropuerto del Prat se ha configurado con normalidad, como si no pasara nada. Lo mismo ha sucedido en la T4 de Madrid-Barajas. En plena época estival, el choque entre España e Italia a raíz de la crisis en Ceuta ha enrarecido el ambiente en ambos aeropuertos y los controles de pasaportes (algo inédito entre países de la Unión) ha preocupado a algunos.

Marta y Quim, vecinos de Sants, llegan de una semana en Sicilia con dos mochilas y una bolsa de souvenirs y comida. Habían leído “algo” sobre los controles dos noches antes, en el hotel, y aterrizaron expectantes. “Volvíamos a casa con respeto, la verdad”, dice ella, todavía con el pasaporte en la mano: “Nos lo esperábamos peor. Pensábamos que tendríamos que aguantar horas de cola y al final han sido veinte minutos y unos buenos días”. Quim lo remata: “Raro sí que es. Toda la vida entrando y saliendo como si nada, y de repente te miran el pasaporte para volver a tu casa.”

Y aquí está la clave. Desde que Italia suspendió el 31 de julio la libre circulación con España por la crisis migratoria de Ceuta, quien aterriza allí procedente de ciudades españolas pasa por un filtro que antes no existía. Este mismo viernes, el Gobierno español respondió de la misma manera.

Unos metros más allá, en la zona de salidas, Alessandro espera para facturar hacia Roma. Tiene 34 años y lleva tres viviendo en Barcelona. Es uno de los casi 50.000 italianos que han hecho de la ciudad su casa, y hoy le toca el papel incómodo de estar en medio. “Es una sensación fea”, admite. “Voy a ver a mi madre y de repente mi país y el país donde vivo están peleados, aunque tampoco me he enterado mucho de por qué. Mi madre me llamó ayer preocupada”, se ríe.

No todos comparten el desasosiego. Un grupo de cuatro amigos de Sabadell, camino de Nápoles con camisetas a juego de varios equipos de fútbol se han enterado de la disputa diplomática a raíz de las preguntas de este medio “vamos con todo”, suelta uno entre risas. “No sabíamos nada de esto”, zanja otro.

En Madrid, el ambiente también es de normalidad. “Es ridículo que haya controles entre España e Italia. Es un problema esencialmente político, porque entre italianos y españoles no ha habido ningún problema, tampoco durante el vuelo”, ha comentado a elDiario.es Elisa Fabbri, formadora corporativa de 41 años llegada de Bolonia. Cuenta que el control ha sido rápido, aunque reconoce cierta extrañeza y cierta preocupación cuando, antes de aterrizar, el personal de la tripulación de su avión ha informado de que debían mostrar los pasaportes o que, de lo contrario, no podrían pisar suelo español.

En Gran Canaria, el primer vuelo entre la isla e Italia no presentó incidencias reseñables. Es más, según datos oficiales de Aena, el RYR-5823, de la irlandesa Ryanair, partió rumbo a Roma-Fiumicino a las 10.20 de este sábado, es decir, diez minutos antes del horario previsto gracias a que el pasaje se presentó en el mostrador de facturación con más de dos horas de antelación, lo que sirvió para agilizar mucho los trámites.

Entre Canarias e Italia operan actualmente 37 rutas aéreas directas con una frecuencia semanal de 73 vuelos. En total, más de 800.000 turistas y unos 60.000 italianos residentes en las islas tendrán que pasar control fronterizo.

La medida está prevista, en principio, hasta el 7 de septiembre y aunque de momento no se han registrado grandes esperas ni ningún problema concreto, la disrupción que han supuesto estas medidas impuestas por ambos países ha generado sorpresa entre los viajeros y un choque de alto voltaje entre ambos gobiernos.

*Con información de David Sánchez Baciero desde Barajas y de Canarias Ahora.

Una pancarta preside la entrada de la iglesia. “En Sant Medir luchamos por el País, la Libertad, el Barrio, la Lengua y la Cultura”, se lee. Una clara señal de que esta no es una parroquia al uso. Desde hace más de 80 años, Sant Medir se ha convertido para su barrio, Sants, en un centro neurálgico de proyectos vecinales y reivindicaciones políticas.

Esta es la iglesia que vio nacer a Comisiones Obreras de Catalunya, primero en un encuentro clandestino en 1964, y luego la constitución del sindicato en julio 1976, hace 50 años. También acogió a inmigrantes sin papeles a principios de siglo, para reclamar su regularización (como hicieron otras parroquias barcelonesas).

Actualmente, entre las entidades a las que da cobijo, una de las más destacadas es una radio vecinal que cuenta con más de una cuarentena de programas y el voluntariado de 150 vecinos. La emisora se llama Sants 3 Ràdio, y ocupa los dos últimos pisos de la torre del campanario, donde antes vivían los sacerdotes.

“Aquí todo el mundo es voluntario, y todos son del propio tejido asociativo del barrio”, afirma su director, Oleguer Forcades. En ese mismo espacio, durante el franquismo, se imprimían octavillas clandestinas con una máquina de ciclostil. Todavía conservan una de los años sesenta.

La emisora es solo una particularidad más de un lugar especial para la gente de la Bordeta, el barrio del distrito de Sants donde se ubica la parroquia. Como no tienen centro cívico, Sant Medir ha ocupado su hueco.

“Es el centro cívico del barrio, lo ha asumido toda la vida”, resume Just Arrizabalaga, que forma parte del Consejo Pastoral pese a que aclara que no está bautizado. Lo que aquí se comparte, insiste, no es el credo. “Puedes encontrar a una persona de la CUP repartiendo alimentos al lado de una del PP, sin ningún problema. Lo que tenemos claro son los valores”, defiende.

Sants 3 Ràdio emite desde 1997. “Es una herramienta comunitaria, para que las entidades tengan una manera de difundir lo que hacen”, explica Forcades, que detalla que los Castellers de Sants tienen su programa, o que cada día hacen una tertulia política con representantes del consistorio del distrito. Para la Fiesta Mayor de Sants despliegan catorce horas de directo repartidas en cuatro días. Y cada Nochevieja retransmiten en directo las campanadas que Just toca desde la torre mientras el barrio se toma las uvas.

Más allá de la radio, gracias a la parroquia se fundó en su día la primera escuela del barrio, la Escola Sant Medir, y el club de baloncesto. La lista de asociaciones es larga: tienen un grupo de solidaridad que da clases de catalán e informática y reparte alimentos. También está la Coral de Sant Medir, que cuenta con unas ciento cincuenta voces de todas las edades.

Cuna de CCOO… y de la CNT

El 20 de noviembre de 1964, unos 300 trabajadores culminaron en Sant Medir la fundación de Comisiones Obreras de Catalunya, en pleno franquismo, que también allí se constituyó formalmente como sindicato en 1976. Ese mismo año, el 28 de febrero de 1976, se refundó bajo el mismo techo la CNT catalana, también pasaron por el recinto los integrantes de Assemblea de Catalunya (el paraguas unitario del antifranquismo catalán), así como numerosos foros prohibidos durante las épocas más duras de represión.

Para entender cómo una iglesia ha acabado siendo un núcleo del activismo vecinal de Barcelona hay que remontarse a los orígenes. El obispado la creó por decreto en octubre de 1945, cuando la Bordeta eran solo campos. Aprovechando el dinero del Congreso Eucarístico de 1952, la parroquia impulsó una cooperativa que levantó cientos de pisos a precios populares para los obreros de la zona; los primeros se entregaron en 1957. El templo definitivo lo bendijo el arzobispo en el año 1960, y en su construcción reside un elemento especial, ya que no era una iglesia cualquiera: la proyectó Jordi Bonet i Armengol, hijo de un discípulo de Gaudí. Años más tarde, él mismo dirigiría las obras de la Sagrada Família. De ahí las bóvedas inclinadas y el trencadís de las cúpulas.

Los curas de aquella primera hornada eran, para la época, casi de la teología de la liberación. Forcades explica que a uno de ellos le quemaron el coche en la puerta después de plantar cara a la Falange en plena misa.

Lo curioso, apunta Arrizabalaga, es que aquellos curas veteranos, los que rondaban los ochenta, eran los más combativos, y con los relevos ha pasado lo contrario. “Cuanto más jóvenes, más carcas”, zanja. Explica en este punto que la iglesia les ha vetado algunas charlas en Sant Medir. “Las acabamos haciendo en otros espacios culturales”, explica el director de la radio.

El encierro de inmigrantes

Lo que distingue Sant Medir de otras parroquias antifranquistas, muchas de las cuales se apagaron, es que no ha abandonado su tradición solidaria. Decenas de episodios lo ilustran a lo largo de los años, pero destaca uno: el encierro de inmigrantes del año 2001: 39 inmigrantes sin papeles se encerraron en los locales parroquiales para exigir su regularización. Y ahí estaba Just, que habla francés e inglés e hizo de enlace y traductor con la parroquia del Pi, donde también había un encierro y se negociaba con las autoridades.

La imagen que todos recuerdan llegó dos años después: cuando murió el rector que los había acogido, los mismos inmigrantes portaron su ataúd a hombros. “La iglesia estaba llena, y todos ellos con turbante”, recuerda.

Los muros de la parroquia han vivido también el encierro vecinal para abrir el complejo abandonado Can Batlló, las pancartas por los presos del procés y el apoyo a la consulta independentista del 9-N, cuando Sant Medir fue colegio electoral. “Siempre ha estado con la puerta abierta a todo el mundo”, sostiene Forcades. Esta apertura también ha costado disgustos: hasta 29 denuncias, cuenta, “por la izquierda y por la derecha”, con cristales rotos y banderas arrancadas. “Solo hay que mirar las reseñas de Google”, ironiza. Y añaden: “Aquí no se han colgado banderas del vaticano ni nadie fue a ver al Papa”. Siempre a contracorriente, no se sienten identificados con la vertiente institucional del cristianismo.

En la cripta, bajo el altar, un Cristo poco común preside la penumbra: no está caído ni muerto, sino de pie, resucitado. Para Just es un símbolo que contiene el gran porqué de Sant Medir: “Si somos cristianos, es porque va resucitando, no porque va muriendo”, dice. A su manera, la última parroquia rebelde de Barcelona lleva ochenta años haciendo lo mismo.

Sílvia Orriols irrumpió hace poco más de dos años en la Cámara catalana con dos escaños y, desde entonces, su tarea principal y casi única de la extrema derecha independentista ha sido utilizar sus turnos de intervención para ganar visibilidad en medios y redes. Su retórica dura, sus descalificaciones hacia colectivos vulnerables y sus sistemáticas referencias a la diputada de ERC Najat Driouech por vestir un hiyab ha situado a Orriols en el difuso límite del discurso del odio, algo en lo que Vox también ha acompañado

Ante esta situación inédita, Josep Rull, el presidente del Parlament, ha apostado por tejer una estrategia para atajar estas prácticas. Pero el equilibrio no es nada sencillo: se trada de evitar el discurso de odio en la Cámara sin vulnerar la libertad de expersión de los diputados y, a la vez, sin brindar a Aliaça Catalana y Vox la posibilidad de victimizarse.

Rull, de la mano del resto de miembros de la Mesa, han tenido claro desde el principio que la irrupción del partido islamófobo no podía suponer un cambio en la cultura de debate parlamentaria que ha caracterizado la política catalana: “El president vio rapidamente que debía tomar una posición concreta respecto a esto”, explican desde su equipo.

“Es un reto que atraviesa a toda Europa”, comentan fuentes parlamentarias, que narran como antes de actuar se pidió a los servicios jurídicos de la cámara que revisaran la jurisprudencia europea sobre libertad de expresión y discurso de odio en los parlamentos. Se llegó a la conclusión de que las sentencias existentes defienden, por encima de todo, la libertad de expresión con márgenes muy amplios en sede parlamentaria.

En busca de una fórmula propia, la Mesa se reunió con el exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Josep Casadevall, que se expresó en la misma línea: la libertad de expresión debe prevalecer. El exmagistrado no ha sido la única persona con la que se ha contactado. La Mesa también ha trabajado con la asamblea de Baden-Württemberg (Alemania) para conocer cómo gestionan allí la cultura del debate parlamentario, que es ciertamente innovadora: cuentan con una comisión específica que analiza a posteriori, a instancia de un grupo o diputado, posibles vulneraciones de las normas de conducta.

Dos amonestaciones públicas para Orriols y Garriga

El problema principal que se ha encontrado el Parlament es que el mecanismo establecido hasta ahora para frenar las salidas de tono tiene efectos limitados. Hasta el momento, las quejas y sanciones formuladas por los grupos o diputados se estudian a través de la Comissió de l'Estatut del Diputat y siempre referidas al código de conducta aprobado en 2016, aunque este no forma parte del reglamento de la cámara.

Esta comisión se reúne “cuando puede”, explican des del Parlament, y no tiene poderes sancionadores. Ante eso, los grupos de PSC, ERC y Junts trabajan en una propuesta para que reformar el reglamento del Parlament, que tiene rango de ley, e introducir allí el código de conducta, de forma que puedan establecerse límites y multas. Se trata de dar seguridad jurídica a las normas del juego parlamentario.

El episodio que marcó un antes y un después llegó en abril de 2025, cuando Orriols acusó desde el atril a la diputada de ERC Najat Driouech de normalizar “la misoginia y el fundamentalismo islámico” por llevar hiyab, y remató con un “¡vergüenza debería darle!” dirigido directamente a ella. Rull la interrumpió para advertirle de que aquella alusión vulneraba el código de conducta, en uno de los primeros pulsos abiertos entre el presidente y la líder xenófoba. Esta misma situación conllevará una sanción pública para Orriols, según ha notificado la Mesa del Parlament.

Pero no es la única. El otro diputado sancionado ha sido Joan Garriga, portavoz de Vox. Meses atrás colgó en la puerta de un despacho un cartel donde se podía leer “Companys asesino”, haciendo referencia a l’expresident de la Generalitat. “Ambas conductas quedan excluidas del marco de la libertad de expresión”, comentan fuentes parlamentarias. Dos procesos más, también de diputados de VOX, han quedado sin sanción.

“El president se toma muy en serio su papel y para él está siendo un reto delicado”, explican fuentes parlamentarias en relación a Rull, que se encuentra inmerso en un “proceso de aprendizaje, como el conjunto de la Mesa”, narran otros testigos. Este mismo proceso ha generado cambios en la estrategia de confrontación. Hace meses que se optó por intervenir menos, convencidos de que eso solo alimentaba a los dos partidos ultras.

Pero el conflicto no termina aquí. Ahora termina un curso político en el que, pese a los intentos, la situación no solo no se ha resuelto sino que ha ido a más, en paralelo a la mejora de los sondeos para Vox pero, sobre todo, para Aliança. El Parlament sigue teniendo que convivir con hasta dos fuerzas que se mira en el espejo con los grandes referentes de la extrema derecha mundial como Donald Trump o Javier Milei.

El fenómeno Mamdani, como se conoce el meteórico ascenso del nuevo alcalde de Nueva York, ha dejado alumnos por todo el mundo. Desde que ganó los comicios, en España algo se removió en los partidos de izquierda, y en especial en sus estrategias de comunicación: la idea de que existe otra forma de trasladar los mensajes, con un perfil más cercano, directo, que permita combatir la elevada desafección.

En España este camino lo han abierto algunas dirigentes políticas femeninas que ven acercarse las elecciones municipales. Rita Maestre (Más Madrid), con sus charlas callejeras con vecinos al estilo Mamdani –también replicadas por el nuevo primer ministro británico Andy Burnham–, es una de ellas. O Elisenda Alamany, de ERC en Barcelona, que acumula cientos de miles de visualizaciones con vídeos de running o de su día a día que le sirven para hablar de su ciudad.

Aunque no es un fenómeno solo femenino, los expertos en comunicación política consultados ponen como ejemplo otras figuras de izquierdas como Enma López en sus recientes primarias –que acabó perdiendo–, la ministra Mónica Garcia, o la teniente de alcaldía de Barcelona Laia Bonet. La ministra de Sanidad también recurre al running, o al tiempo que pasa con su mascota, para crear contenido personal. Y Bonet, por su parte, destaca por explicar con pedagogía los rincones y curiosidades de la ciudad.

¿Pero que significa la innovación en comunicación cuando todo parece ya visto? No se trata solo de probar nuevas maneras de hacer vídeos de Instagram o de acudir a podcasts que antes se obviaban, sino de llegar a ese punto de manera natural y coherente, no forzada.

“La comunicación no viene sola”, explica la politóloga Alba Ambrós. “Es la variable dependiente de un proyecto político que existe antes y por encima del formato”. Los contenidos publicados en TikTok e Instagram puede ser “caseros” o “naturales”, señala Ambrós, pero deben al mismo tiempo tocar los temas que preocupan a más gente.

Para Toni Aira, periodista y director del Máster en Comunicación Política de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), la clave sigue estando en la autenticidad: “La gente ya no quiere políticos perfectos. Quieren políticos cercanos”. Ambrós añade además que esta cercanía despierta ilusión entre los votantes. “Si enfrente ves a una persona que te atiende sin ningún tipo de problemas, que va en zapatillas porque se ha recorrido toda la ciudad, que está hasta arriba de cansancio y aún saca ganas de ir a otro distrito a reunirse con más vecinos, te devuelve la esperanza”, desarrolla.

“Hoy en día la duda de si estamos votando políticos o aspirantes a influencers es bastante generalizada”, señala Aira, que asegura que muchos políticos hombres también juega a esa “liga del algoritmo”. Empezando, añade, por el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

180.000 visualizaciones con la maternidad

El caso de Elisenda Alamany se caracteriza por publicar vídeos de formato cotidiano con un trasfondo político. Correr, un deporte que practica, se ha convertido en excusa para generar contenido mientras recorre la ciudad que quiere gobernar. En su último vídeo destacado critica entre zancadas la gentrificación del Poblenou: “Es flipante. Cada vez que vengo hay un brunch nuevo”, se queja.

“Si no conoces a Elisenda, piensas que es creadora de contenido, y esto rompe la esfera política para llegar a otras audiencias”, narran desde la sala de máquinas de su equipo. A esto se suman factores vitales, como ser madre: en uno de sus vídeos más vistos, baja el carrito de su hija a la calle, corre hacia el trabajo y hace la compra, para acabar sentada en un banco proponiendo bonificar el comedor escolar y “aliviar el coste de la vida”.

Ese mismo impulso les ha llevado a salir del circuito político con podcasts ajenos a la actualidad, como Sexessive, donde Alamany habló de su experiencia en el amor. “Su perfil combina la voluntad de representar renovación y modernización con un componente generacional y de género ligado a la crisis de 2008”, explican fuentes de su equipo.

“Si quieres construir un movimiento que aspire a algo más que ser oposición, tienes que ofrecer un futuro”, explican. Por el momento, y a pesar de que ERC es hoy aún cuarta fuerza en el consistorio, Alamany ha logrado aparecer en el último barómetro municipal como la líder de partido mejor valorada, por encima incluso del alcalde Jaume Collboni.

Oposición desde la piscina municipal

Tampoco es habitual ver una mesa, una silla y a la candidata a la alcaldía de una gran ciudad sentada a pie de calle. Esta es la propuesta de “Habla con Rita”, un formato de entrevistas callejeras que popularizó Zohan Mamdani en Nueva York y que ha adaptado para sus fines la candidata de Más Madrid, Rita Maestre. Es, según su equipo, algo coherente con un proyecto “que se ha construido su propio músculo y su presencia en la calle y en los barrios”.

Por eso el equipo de comunicación trabaja pegado al de estrategia, entendiendo que esta “no es una cosa ajena que hace gente experta de manera autónoma”, sino algo integrado con la política. Insisten en que Instagram ya no es “un álbum de estampitas”, sino “un ecosistema en sí mismo en el que pasan cosas, en el que existe una disputa política”.

Esa lógica se observa sin ir más lejos en un vídeo reciente grabado en una piscina municipal. Sentada en una toalla, en el que parece un día en familia, Maestre aprovecha para explicar el mal estado de las instalaciones con naturalidad, haciendo oposición de una manera poco habitual. “Esa campaña puede parecer improvisada, pero tiene su punto, porque no lo está”, detalla Ambrós.

Esta politóloga también menciona a Enma López, a pesar de su derrota dentro del PSOE de Madrid, por trabajar un perfil en redes parecido al de Mamdani. “López ha logrado dar con la tecla de cercanía en temas tan complejos como pueden ser los temas económicos”, explica.

En momentos de alta desafección política, la cercanía que ofrecen las redes sociales, con cometidos a veces alejados de la política institucional o parlamentaria, son una ventana de oportunidad para perfiles que aspiran a asaltar alcaldías y presidencias. Pero el perfil construido, señalan las fuentes expertas, debe ser coherente con el de la persona. Y lo más importante, el proyecto político debe estar detrás.

Junts y ERC, los dos partidos catalanes con más dirigentes a la espera de la aplicación completa de la ley de amnistía, han exigido a los tribunales españoles que cumplan con la norma tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Ambas formaciones, que lo ven como una victoria independentista, han pedido al Tribunal Constitucional que se pronuncie ya sobre la exclusión del expresident Carles Puigdemont y sus exconsellers de la amnistía por parte del Tribunal Supremo.

Además, desde el president de la Generalitat, Salvador Illa, hasta partidos como los Comuns o la CUP han celebrado también la sentencia del TJUE y han apremiado a aplicarla en su totalidad.

El expresident del Govern y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha calificado la sentencia de “victoria rotunda”. “Es un triunfo político del independentismo ante los poderes del Estado”, ha escrito en un mensaje en redes sociales.

Con todo, ha llamado a los suyos a no dejarse llevar por la euforía, porque según ha indicado, “el camino para acabar con la represión no ha acabado” y “sabemos con quien nos tenemos que enfrentar”, en referencia a los tribunales españoles. En ese sentido, el político ha subrayado que a partir de ahora el partido “no se juega en Europa sino en el Bernabéu, con los árbitros y el público escorados hacia un lado”.

Además, el líder de Junts ha pedido que el independentismo pueda volver a enfocarse en el conflicto político. “Necesitamos que acabe la represión no para el beneficio personal (para estas cosas ya hay otras figuras que no son la amnistía) sino para poder recuperar fuerza y recursos para centrarnos en el objetivo principal, que es la independencia de Catalunya”, ha asegurado.

Puigdemont se ha pronunciado horas después de una rueda de prensa en la que el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su abogado, Gonzalo Boye, han reivindicado que Luxemburgo les da la razón. “Hoy es un gran día. La sentencia es rotunda”, se ha expresado Boye. “La discusión ha terminado”, ha afirmado.

Turull ha recalcado lo que significa el pronunicamiento del tribunal de Luxemburgo: “Hoy Europa ha vuelto a hablar claro”. Y también se ha dirigido a los jueces españoles, los que, según él, “siguen haciendo política con toga”. “Pero hoy ya no hay más excusas, empezando por el Constitucional, que debe resolver de inmediato”, ha dicho. “La Justicia es lo que se ha vivido hoy”, ha añadido.

Por su parte, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha calificado como “muy importante” la sentencia. “El TJUE valida la esencia de una ley que da una respuesta política a lo que siempre ha sido un conflicto político”, ha dicho Junqueras. “Ahora corresponde a los tribunales españoles cumplir la ley de inmediato”, ha dicho.

El líder de ERC ha recordado además que hace dos años que se aprobó una ley que, ahora, el TJUE determina plenamente ajustada al derecho europeo. Por ello, Junqueras cree que debe cuestionarse la calidad democrática de España. “Los derechos políticos no pueden depender de determinados jueces que acaban decidiendo quién puede presentarse a unas elecciones y quien no”, ha dicho.

En este sentido, ha pedido aplicar la amnistía “de forma inmediata”. “La sentencia de hoy y las decisiones judiciales que han de llegar han de quitarle definitivamente las esposas al independentismo”, ha concluido el dirigente republicano.

Aunque la amnistía se ha aplicado en los últimos años por parte de algunos tribunales –se cuentan unos 400 beneficiados–, lo cierto es que los casos más delicados para el independentismo estaban pendientes de la Justicia europea. El más importante era el de Puigdemont y su Govern de 2017. El Supremo les negó la posibilidad de acogerse a la ley al considerar que se habían enriquecido personalmente, lo les excluía de la amnistía.

Ahora, tras descartar el TJUE este argumento, el Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos presentados por los partidos contra esa decisión del Tribunal Supremo.

Illa celebra: “¿Qué más hace falta para aplicarla?”

El president Salvador Illa se ha mostrado también “satisfecho” con el aval a la ley de amnistía, que considera que permite a Catalunya “mirar hacia adelante” y avanzar en su apuesta por el “reencuentro” tras el procés. En una comparecencia institucional desde el Palau de la Generalitat, Illa ha defendido que la resolución judicial europea es una “buena noticia” para la democracia y para España.

El jefe del Ejecutivo catalán ha reclamado que se aplique la ley en su totalidad. “¿Qué más hace falta para aplicar la ley sin subterfugios? No hay vuelta de hoja, ya forma parte de nuestro marco legal y es de obligado cumplimiento”, ha manifestado. Y ha insistido: “No hay obstáculo democrático, constitucional o europeo que impida su plena aplicación.

Aunque no ha hecho referencia a los políticos, altos cargos y ciudadanos pendientes de la aplicación de la norma, sí haexpresado que “las formaciones políticas” y “personas” afectadas deben poder “participar y contribuir” al futuro de Catalunya

Decenas de activistas y familias afectadas por la crisis de la vivienda han ocupado este martes el vestíbulo del Ayuntamiento de Barcelona como protesta por la saturación de los alojamientos de emergencia para quienes sufren desahucios.

La acción se ha iniciado en la Plaza Sant Miquel y, poco después de las 10:00 horas, los manifestantes han irrumpido sin incidentes en el vestíbulo del edificio, ante la mirada de sorpresa de los trabajadores del consistorio y de los grupos municipales. Allí se han concentrado más de una cincuentena de personas que han reclamado a gritos una solución a la falta de pisos de emergencia.

La protesta, seguida de cerca por la Guardia Urbana, estaba convocada por la PAH, la Confederación Sindical de Vivienda de Catalunya (COSHAC) y el Sindicato de Vivienda Socialista de Catalunya (SHSC)

Justo pasadas las 10.15h, los representantes de las entidades se han reunido con Joan Ramon Riera, el comisionado de Vivienda del Ejecutivo municipal, que ha bajado al vestíbulo para conversar con los manifetantes. En ese encuentro, el representante político ha pedido a los sindicatos que, para poder cumplir con sus demandas, debían abandonar el vestíbulo del consistorio.

“Aquí trabaja gente”, les ha recordado. Pero la posición de los activistas ha sido tajante: “Nos quedamos”.

Finalmente los activistas se han podido reunir con Raquel Gil, responsable del área de Derechos Sociales. Tras más de una hora, han obtenido el compromiso del consistorio de abrir una negociación para atender a sus peticiones.

El problema con los alojamientos de emergencia lleva meses enquistado. Los sindicatos y entidades por la vivienda denuncian que el nuevo modelo de ayudas económicas para familias desalojadas, que el Gobierno del PSC ideó como alternativa al desborde de los alojamientos de emergencia, es insuficiente.

Delia Cerare, portavoz de la PAH, ha detallado los motivos de la protesta: “Hay muchas familias que han sido desahuciadas sin ninguna alternativa habitacional, a pesar de que la ley contempla los desahucios con realojamientos previos por parte de la administración”, ha proclamado. Tenemos muchísimas familias en la calle, con niños, gente mayor, y sin alternativa habitacional de ningún tipo“, ha añadido.

Entre los manifestantes se encontraba Carmen Fargas, afectada directa. Fargas ocupa sin contrato, junto a su hijo de 13 años, un piso que pertenece a un fondo de inversión que quiere desalojarlos sin ofrecerles alternativa. “Lo máximo que nos pueden dar son tres días en un albergue con un menor”, ha explicado. Según su relato, en el Ayuntamiento le han dicho que se busque la vida, y al cobrar una renta garantizada sin nómina, nadie le alquila una habitación.

Los tres colectivos convocantes —PAH Barcelona, la COSHAC y el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya— han hecho público un comunicado en el que atribuyen el problema con los alojamientos de emergencia a un cambio de modelo impulsado por el PSC desde su entrada en el Ayuntamiento, que según denuncian ha supuesto la reducción de los Alojamientos Temporales de Urgencia (ATU) y un empeoramiento de las condiciones para las familias afectadas.

Los sindicatos sostienen que los desahucios aumentan en Barcelona por segundo año consecutivo, algo que no ocurría desde 2013, mientras la inversión municipal en construcción de vivienda pública ha caído un 64,5% y la compra de vivienda por tanteo y retracto un 80%. Los sindicatos han presentado un pliego de diez exigencias al consistorio, entre las quales, declarar la emergencia habitacional o expropiar la vivienda vacía y de uso turístico en manos de grandes tenedores.

El juicio a la excúpula de la conselleria de Salud por retrasar la vacunación contra el COVID-19 a policías nacionales y guardias civiles encara su recta final con la acusación desinflada. Ningún testigo ha señalado en el juicio que la exconsellera Alba Vergés o el resto de procesados pretendiera, a sabiendas, perjudicar la inmunización de los agentes. Los exaltos cargos han cerrado filas y han mantenido sus tesis exculpatorias en sus declaraciones de este viernes.

El presidente del tribunal, José Manuel del Amo, ha anunciado que el próximo lunes la Fiscalía y los sindicatos policiales que ejercen la acusación popular tendrán que concretar si mantienen sus conclusiones provisionales (el Ministerio Público pide hasta doce años de inhabilitación para Vergés y su sucesor, Josep Maria Argimon) o las modifican.

No es habitual que la Fiscalía rebaje sus pretensiones al final de un juicio, aunque existen precedentes de retirada de acusaciones por parte del Ministerio Público tras vistas orales muy favorables a las defensas. La del caso de las vacunas ha sido una de ellas.

El respaldo más relevante a las defensas provino de los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coordinaron la vacunación de sus agentes en Catalunya, quienes destacado que su relación con la Generalitat fue correcta. Tampoco desde Delegación del Gobierno pusieron tacha alguna a la actuación de la conselleria.

Lo que se dirime en el juicio es si la pausa en el proceso de paralización de la vacunación a guardias civiles y policías (que también afectó a otros colectivos de funcionarios que no se han querellado contra el Govern) ocurrida en marzo de 2021 es un delito de prevaricación.

Los acusados lo han negado este viernes y han insistido en una misma tesis: la vacunación se paró por criterios técnicos decididos por el Consejo Interterritorial de Salud (donde participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas) después de que se detectaran casos de trombosis con un lote de vacunas de Astrazeneca.

Alba Vergés, consellera de Salut del Govern de la Generalitat durante la pandemia, ha explicado que, tras el parón, el Consejo decidió priorizar el criterio de edad al de los colectivos esenciales de funcionarios, aunque se buscó que fuera “compatible” con la inmunización de policías, bomberos o profesores.

Eso llevó a priorizar, según la exconsellera, el grupo de 55 a 65 años de edad. En una declaración de una hora, Vergés ha repasado todos los detalles del proceso de vacunación, que se organizó mediante un “documento vivo” que se iba actualizando a medida que se producían más vacunas.

La llegada de la vacuna producida por AstraZeneca en febrero del 2021 hizo actualizar, otra vez, los criterios de vacunación. Es ahí donde se diseñaron diversos grupos esenciales, como los profesores y maestros, los policías o los trabajadores del servicio de emergencias. Pero con una particularidad; en ese momento y debido a las órdenes del Ministerio, Astrazeneca solo se aplicaba a personas de entre 18 y 55 años, aunque la Agencia Europea del Medicamento no impuso ninguna restricción de edad.

“El ritmo de vacunación depenía de las dosis que teníamos. En ese momento, teníamos 100.000 para un grupo de 1 millón de personas”, ha explicado Vergés, que se ha llegado a emocionar en un momento de la declaración al recordar la pandemia. “Siempre quisimos vacunar a todo el mundo y los más rápido posible. No me olvidaré nunca”, ha apostillado.

El exsecretario general de Salud Marc Ramentol ha seguido la misma línea y ha incidido en que la Generalitat seguía las directrices del Ministerio. “Nuestro criterio no era de innovar”, ha zanjado.

Ambos acusados han quitado hierro a los mensajes que sirvieron para incriminar a Vergés y que mostraron algunas discrepancias con su entonces número dos, Josep Maria Argimon. Los acusados han llegado al juicio con las versiones acordados y han evitado el enfrentamiento al valorar que Argimon quiso continuar con la vacunación de policías que se paró porque toda la logística ya estaba preparada, pero no por divergencias políticas con Vergés.

Por su parte Adrià Comella, el que fuera el director del Servei Català de Salut, ha defendido la normalidad del proceso de vacunación. Y el exdirector de servicios de la conselleria, Xavier Rodríguez, ha contado que incluso uno de los sindicatos policiales pidió parar la vacunación debido a las dudas con AstraZeneca, tal y como también decidió el Ministerio.

El papa León XIV se ha convertido en el líder internacional mejor valorado por los catalanes. Así lo refleja el Barómetro de Opinión Política publicado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO), que ha aprovechado la visita del Papa a España y su especial paso por Catalunya para preguntar por su figura.

Y los resultados para la iglesia son positivos: un 59% de las personas que lo conocen aprueban su papel en la escena internacional, un porcentaje que lo sitúa al frente del ranking de líderes mundiales. Lo sigue el presidente francés, Emmanuel Macron, con un 50% de aprobación, y el podio lo completa Xi Jinping (47%), que sorprendentemente concita el aprobado tanto de los votantes de izquierda como los de Aliança Catalana. A la cola, y muy destacados, se sitúan Vladímir Putin (13%) y Donald Trump (12%).

No solo aprueba, sino que genera poco rechazo

Pero el liderazgo del actual pontífice no se limita solo a su aprobación. También es uno de los dirigentes con menos rechazo frontal: solo un 12% de quienes lo conocen le otorga la nota mínima, un cero. Trump encabeza el rechazo absoluto con un 63%, seguido de Putin (54%), mientras que el resto de líderes quedan por debajo del 15%.

Otro elemento que refuerza la posición del pontífice es su grado de conocimiento. A pesar de ser una figura relativamente nueva –hace poco más de un año que ocupa su puesto–, el 95% de los catalanes dice que lo conoce. Esta notoriedad se explica, en buena parte, por el contexto en que se hizo el trabajo de campo: entre el 21 de mayo y el 25 de junio, coincidiendo con la visita del papa en Catalunya y la bendición de la torre de Jesús de la Sagrada Familia, hechos que tuvieron un fuerte impacto mediático.

El contraste con los dos líderes más poderosos del planeta es elocuente. En un momento marcado por la guerra en Oriente Medio y por la tensión internacional –el mismo barómetro sitúa en un 5,8 sobre 10 la percepción de amenaza de un conflicto entre los Estados Unidos e Irán para la seguridad de Catalunya–, la figura del papa emerge como un referente de consenso allí donde Trump y Putin actúan como factores de polarización.

Apoyo transversal

Uno de los datos más singulares del barómetro es el carácter transversal de este apoyo. La aprobación supera el 50% en casi todos los electorados e incluso obtiene un 68% entre el electorado de los Comuns, un espacio político habitualmente alejado de la jerarquía católica. En el otro extremo, también aprueba con margen entre los votantes de Aliança Catalana, con un 56%. La valoración también es muy alta entre los votantes del PP (79%), Junts (73%), PSC (72%) y VOX (58%).

La comparación con el pontificado del Papa Francisco

Además, el CEO también ha querido tomar el pulso a la opinión de los catalanes sobre el primer año de pontificado. Porque aunque el tiempo parece que pasa muy rápido, solo hace 427 días que León XIV llegó al Vaticano. La percepción mayoritaria es de continuidad: un 33% considera que León XIV ha mantenido la misma orientación que su predecesor, Francisco I. Entre quienes perciben un cambio, predomina la sensación que el nuevo papa ha emergido en un tinte más conservador (28%) antes que progresista (15%). Una cuarta parte (24%) no se posiciona.

Ahora bien, la alta valoración de su papel internacional no se traduce en una autoridad moral equivalente. Preguntados por la importancia que dan a la opinión del Papa, casi la mitad de los catalanes (45%) admite que no da ninguna. Un 23% considera que puede ser relevante si habla de temas que les afectan y solo un 9% le da mucha importancia. Es el retrato de una sociedad ampliamente secularizada, que valora la figura del pontífice como un actor global relevante en un contexto hiperpolarizado, pero que mantiene una cierta distancia con los elementos más religiosos.