Los whatsapps que incriminan a la exconsellera de Salud por el retraso en vacunar a policías: “Tendríamos que parar”

Conflicto entre el exsecretario de Salud Pública Josep Maria Argimon, que después sería conseller por Junts, y la exconsellera de Salud Alba Vergés y el resto de cargos políticos de ERC por quién fue el responsable del retraso en la vacunación contra la COVID-19 de policías nacionales y guardias civiles en marzo de 2021. 

Después de que el exsecretario general de la conselleria, Marc Ramentol, mano derecha de Vergés, señalara a Argimon en su declaración como investigado, el exresponsable de Salud Pública, hoy fuera de la política, ha aportado al juez del caso unos whatsapps que, a su juicio, demuestran que la decisión de frenar la vacunación de los agentes fue política y en ningún caso provino de él ni del resto de responsables técnicos del departamento.

Los whatsapps, a los que ha tenido acceso elDiario.es, incriminan a Vergés, que hasta ahora había quedado fuera del caso. Según informan fuentes jurídicas, tras estudiar los mensajes la Fiscalía ya ha pedido que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) investigue a la exconsellera de Salud, ahora vicepresidenta del Parlament, ante los indicios que la vinculan con el retraso en la vacunación de policías nacionales y guardias civiles,

Los mensajes clave del caso son los que una miembro del gabinete de Vergés envió a Argimon y a la responsable técnica de vacunación, Carmen Cabezas (también imputada en el caso) el 23 y 24 de marzo de 2021. En los mensajes, la colabodora de Vergés informa de que la consellera “pide parar Guardia Civil y Policía Nacional”, “No podemos argumentarlo, lo tendríamos que parar”, agrega.

“La consellera no lo ve”

Cabezas, según se desprende de los mensajes, se mostró contraria a la decisión de la conselleria de parar la vacunación de policías y guardias civiles. “Yo creo que tenemos que hacerlos todos, porque si no habrá un problema de desigualdad con otras comunidades y con otros cuerpos de seguridad y tendremos que ir más veces a los centros a vacunarlos”, contestó la responsable técnica de vacunación y subordinada de Argimon.

La colaboradora de Vergés replica a Cabezas que le enviará un correo electrónico para valorar “a los que sí haría falta saltarse los criterios de edad”, en referencia a la vacunación por grupos de edad que se hizo con la vacuna de Aztrazeneca. Dos minutos después, le envía otro mensaje: “Carmen, hablado con HC [siglas de Honorable Consellera, en referencia a Vergés] y [SG, el secretario general Marc Ramentol] no ven guardias civiles y policías nacionales de todas las edades, lo ven por grupo de 60 a 65”.

Para la defensa de Argimon y Cabezas, que ejerce la penalista Olga Tubau, los whatsapps muestran que “las personas que no consideraban la necesidad de vacunar a Policía Nacional y Guardia Civil” eran Vergés y Ramentol. 

Es más, para la defensa, Argimon y Cabezas “discreparon” de la decisión de Vergés y Ramentol, tal y como muestra el whatsapp de Cabezas a la asesora de la consellera por el que pidió que los criterios para parar la vacunación de los agentes se trasladaran por escrito desde la jefatura política del departamento al área técnica de Salud Pública.

Argimon, que fue conseller de Salud hasta que Junts abandonó el Govern el pasado mes de octubre, se escudó ante el juez en que, como secretario de Salud Pública en aquella época, no era responsabilidad suya decidir cuándo se paralizaba o reactivaba la vacunación de los agentes estatales.

Es más, tras insistir en que su responsabilidad se ceñía a garantizar que las vacunas contra el coronavirus llegaran a Catalunya, el exconseller apuntó asimismo que no compartía la decisión de paralizar la inmunización de los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, tal y como ahora reafirman los mensajes que ha aportado al juez.

Por otro lado, el juez ha acordado que declare como testigo la exdelegada del Gobierno en Catalunya Teresa Cunillera, quien interlocutó con la Generalitat para la vacunación de policías.

El juez, a punto de enviar a Vergés al TSJC

La investigación que sigue un juzgado de Barcelona contra Argimon, Cabezas y Comellla se deriva de una denuncia que presentaron los sindicatos y asociaciones de Policía Nacional y Guardia Civil JUCIL, JUPOL, SPP y AEGC por el retraso en la vacunación de los agentes estatales, entre el 10 de febrero y el 24 de marzo de 2021, fecha a partir de la cual la Generalitat decidió inmunizar solo a los policías mayores de 60 años por las dudas que suscitaba AstraZeneca para los menores de esa edad.

El 24 de marzo de 2021 se había vacunado en Catalunya al 77% de los agentes de los Mossos, al 68% de Policía Local y al 77% de la Guardia Urbana, frente al 2,9% de Guardia Civil y el 3,6% de Policía Nacional, unos porcentajes que solo se equipararon cuando el TSJC ordenó a la Generalitat, el 8 de abril, que vacunara de inmediato a los agentes estatales: en menos de quince días recibieron sus dosis casi 5.000.

La tardanza de la Generalitat en la vacunación de policías y guardias ya se había zanjado en la vía contencioso administrativo, pero sindicatos policiales decidieron acudir además a la vía penal contra los entonces responsables de Salud del Govern, quienes acataron la orden judicial pese a considerarla “ridícula”.

Este martes, la asociación profesional Justicia para la Guardia Civil (Jucil) ha reclamado las “máximas condenas” para los cargos que ralentizaron la vacunación de agentes en Catalunya. Para la entidad, los mensajes que incriminan a Vergés “muestran de forma cada vez más clara cómo se urdió la paralización de la vacunación contra el Covid de guardias civiles y policías nacionales en Catalunya”.

El secretario de comunicación de la asociación, Agustín Leal, ha confiado en que la justicia haga su labor. “Ahora lo que determina la investigación es quiénes fueron sus autores concretos, y parece que el círculo comienza a cerrarse sobre los mismos”, ha añadido.