Los límites de las subidas del salario mínimo

Durante décadas la solución “convencional” a casi cualquier problema económico fue la de proponer una reducción salarial. El ejemplo más reciente lo tenemos en las recomendaciones de la troika —FMI, BCE y CE— tras la crisis financiera. De acuerdo con su narrativa, España tenía un problema de competitividad que se debía a unos salarios demasiado generosos. Asumiendo esa tesis, los gobiernos del PSOE y del PP aprobaron, en 2010 y 2012 respectivamente, reformas laborales que tuvieron como objetivo reducir los salarios a través de un debilitamiento de la negociación colectiva.

El cuestionamiento social y político de esta política condensó en el cambio de gobierno, muy particularmente con la nueva política respecto al salario mínimo. Los economistas neoliberales suelen considerar que el salario mínimo genera desempleo porque eleva el precio de la fuerza de trabajo por encima de su equilibrio; es decir, que si la gente estuviera dispuesta a cobrar menos también habría más personas trabajando. Lejos de aceptar ese planteamiento, el acuerdo presupuestario de 2019 entre PSOE y Unidas Podemos implicó una subida del salario mínimo de un 22%. En los años sucesivos las subidas continuaron, acumulándose ya en 2026 una subida del 66% respecto a 2018.

La idea económica detrás de estas subidas es poderosa: las empresas se ven obligadas a subir los salarios de los trabajadores que menos cobran, lo que permite a éstos poder gastar más y, a su vez, eleva las ventas de otras empresas y estimula la economía. Se trata de una medida canónicamente kaleckiana-keynesiana, que conceptualiza al salario no como un coste sino como un determinante central de la demanda. Además, por el camino se reduce la desigualdad y la pobreza porque se mejoran las condiciones de vida de los trabajadores con remuneraciones más bajas. Es una medida tanto económica como social, aunque sus efectos varían de forma importante según las diferencias territoriales.

En las largas deliberaciones que tuvimos durante el primer gobierno de coalición respecto al salario mínimo, una crítica recurrente señalaba que muchas empresas no serían capaces de asumir salarios más altos. En realidad, a nivel agregado los márgenes empresariales se habían ido incrementando en los últimos años, por lo que era de esperar que esa situación de “incapacidad” fuera muy limitada. Pero incluso en ese caso, un salario mínimo más alto presiona a las empresas a dejar de depender de salarios bajos y atreverse con un “upgrading”: un salto a modelos más intensivos en conocimiento, capital y trabajadores mejor pagados. Más que un destructor de empleos, un salario mínimo alto puede utilizarse como una palanca para mejorar la estructura productiva.

Al fin y al cabo, no todas las estructuras productivas son iguales de deseables. Algunas regiones se caracterizan por un modelo económico low-cost, con una alta dependencia de sectores de bajo valor añadido y enorme precariedad, como ciertos segmentos del turismo y de la construcción. Otras regiones, sin embargo, cuentan con una estructura productiva con más peso industrial y de segmentos tecnológicos, lo que implica salarios más altos y mejor estabilidad laboral.

Por lo tanto, cuando el salario mínimo se sube por igual en regiones tan distintas, los efectos son también dispares. Eso no es culpa del nivel del salario mínimo sino de aquellas estructuras productivas que metabolizan los salarios altos como un “cuerpo extraño”.  Pero eso mismo permite visibilizar por qué la subida del salario mínimo tiene también límites como política económica.

Ascensos económicos

Debe comprenderse que el salario mínimo eleva únicamente el suelo salarial, es decir, fuerza a todos los salarios bajos a subir. Pero no impacta directamente sobre el resto, que normalmente se mantienen congelados o crecen más lentamente. Eso supone un aplastamiento de los salarios en la parte baja de la distribución. El resultado es que el salario mínimo se acerca cada vez más al salario medio de cada región, y eso ocurre con más intensidad en las regiones más pobres. Esto genera un efecto de “ascenso económico” entre los receptores del salario mínimo, pero también un efecto de “agravio” entre el resto —que denuncian que su trabajo se encuentra remunerado cerca del escalón más bajo de la escala salarial—.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, en algunas regiones como Extremadura, Canarias, Castilla–La Mancha o Andalucía el salario mínimo era en 2023 ya superior al 60% del salario medio, y en prácticamente todas las demás es superior al 50%. Por el contrario, este efecto es más limitado en las regiones ricas, como País Vasco, Madrid o Navarra, donde la mejora del salario mínimo es notable, pero les deja aún lejos del salario medio de esas regiones.

Sin embargo, lo anterior solo compara entre trabajadores con remuneración. Si pasamos a comparar entre el conjunto de la población —incluyendo a los que no reciben ingresos o reciben ingresos no-laborales—, la percepción de ascenso es lógicamente mayor.

En algunos casos, como Andalucía, Extremadura o Canarias ganar el salario mínimo te coloca en el nivel de la renta disponible promedio, es decir, en el nivel promedio de ingresos. Entre el año 2000 y 2023 se trata de un salto de casi treinta puntos. Por el contrario, en las regiones más ricas, como País Vasco o Madrid, el salario mínimo se encuentra aún en un 60% de la renta disponible.

Así, las subidas del salario mínimo han permitido mejorar la vida de las personas que lo reciben: han “atrapado” a los escalones inmediatamente superiores de la escala salarial y se han acercado mucho a la renta bruta disponible de sus regiones. Y este efecto ha sido más intenso entre las regiones pobres que en las regiones ricas, lo que significa que en la práctica los beneficiarios del salario mínimo de las primeras han podido percibir con más claridad los efectos de las subidas que sus iguales en las regiones ricas.

El coste de la vida

Lo anterior es el efecto al que conduce el hecho de que el salario mínimo es el mismo para todo el país, pero las estructuras productivas y la distribución del ingreso varían según regiones. Por la misma razón, encontraremos diferencias acusadas en términos de coste de vida: no es lo mismo recibir el salario mínimo en las regiones ricas que en las pobres.

Aquí he optado por calcular el coste de la vida a partir del incremento del precio de la vivienda. Es de sentido común que el incremento del precio de la vivienda se ha comido una parte importante de las subidas salariales recientes, incluyendo la del salario mínimo. Naturalmente, eso ha ocurrido con más intensidad en las regiones donde el precio de la vivienda se ha disparado más.

Como vemos en el siguiente gráfico, la subida del salario mínimo ha sido igual para todas las regiones; esto se expresa en la parte de la derecha. Pero el incremento del precio de la vivienda, según el INE, ha sido muy distinto entre regiones: las más perjudicadas, Baleares, Andalucía y Canarias —que no por casualidad dependen altamente del turismo—; eso se representa por las barras rojas de la izquierda. El efecto neto se puede ver en las barras azules de la derecha y en el orden de las regiones. La más favorecida es Extremadura, que ha contado con la subida más limitada del precio de la vivienda desde 2018, seguida de Castilla-La Mancha y País Vasco (aunque esta última partía de niveles de precios mucho más altos).

Podemos interpretar el precio de la vivienda como una aproximación al coste de la vida; de hecho, cada vez es una porción más importante y determinante. Eso implica que la subida del salario mínimo desde 2018 ha significado algo muy distinto en Extremadura que en Baleares; mientras en la primera la mejora de poder adquisitivo está por encima del 30%, en la segunda se limita a un 10%.

El ejemplo de la vivienda nos permite analizar mejor un fenómeno contemporáneo crítico: cómo el precio de la vivienda se está comiendo las ganancias incluso de los grupos sociales más beneficiados por las políticas del gobierno. Evidentemente, sin una subida del salario mínimo la situación sería crítica para ese grupo, pero la crisis de la vivienda está comiéndose gran parte de la política económico-social del gobierno y moderando por mucho su impacto en la vida cotidiana de los trabajadores. Para los trabajadores con remuneraciones por encima del salario mínimo la situación es mucho más crítica en términos relativos, pues sus salarios no han crecido tanto y sí lo ha hecho el coste de la vida.

Conclusión

La subida del salario mínimo ha sido una de las políticas más transformadoras de los últimos años, pero su capacidad redistributiva tiene un techo que no depende de ella misma. Mientras el precio de la vivienda siga devorando las ganancias salariales de los trabajadores más vulnerables, y mientras las estructuras productivas de muchas regiones sigan ancladas en modelos de bajo valor añadido, el salario mínimo operará como un parche cada vez menos eficaz sobre problemas que requieren intervenciones de mayor calado. Dicho de otro modo: sin una política de vivienda que frene la sangría del alquiler y la compra, y sin una política industrial que transforme los ecosistemas productivos de las regiones más rezagadas, cada nuevo euro de subida del salario mínimo rendirá menos que el anterior. El gobierno ha acertado con el diagnóstico salarial —insisto: el salario no es solo un coste, sino un elemento central de la demanda—, pero la receta se queda corta si no se acompaña de las otras dos patas que le dan sentido.

Y conviene abordar el problema con celeridad, ya que está cobrando fuerza la idea de instaurar un SMI regional que limite el impacto de las subidas en las regiones más pobres. Se trata de una propuesta que, en lugar de corregir las desigualdades estructurales entre territorios, las consolidaría. Establecer salarios mínimos más bajos en las regiones más pobres institucionalizaría su especialización en actividades de bajo valor añadido, perpetuando el círculo vicioso de bajos salarios, baja inversión y escasa transformación productiva. En la práctica, supondría aceptar que hay territorios condenados a competir a través de la devaluación permanente de su fuerza de trabajo. El salario mínimo, concebido como un suelo común de derechos laborales, dejaría de ser un instrumento de convergencia social para convertirse en un mecanismo de segmentación territorial. Por eso, el verdadero debate no debería ser cómo adaptar el salario mínimo a las debilidades de cada región, sino cómo transformar las condiciones económicas que hacen que algunas regiones solo puedan sobrevivir pagando salarios bajos.