El Supremo avala el 30% de vivienda protegida que Colau impuso a los constructores

El Tribunal Supremo ha avalado una de las medidas que más enfureció a los constructores durante el mandato de Ada Colau y que Jaume Collboni pretendía reformar, aunque no ha encontrado por ahora los apoyos para ello: la obligación a los promotores inmobiliarios de destinar el 30% de las nuevas edificaciones a vivienda protegida.

En una sentencia, adelantada por Nació Digital y a la que ha tenido acceso elDiario.es, el Alto Tribunal sigue el aval que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) dio a la medida y concluye que el Ayuntamiento “puede establecer reservas de techo para viviendas de protección pública en suelo urbano consolidado”.

El Alto Tribunal recuerda la jurisprudencia del Constitucional que ha establecido que ni de las normas urbanísticas ni de la Constitución “se deriva el derecho de un empresario a vetar el concreto uso de vivienda protegida”.

En suma, para el Supremo la normativa blinda la posibilidad de “validar la reserva” de vivienda protegida no solo en una gran transformación urbanística de un barrio, sino también en cualquier construcción de pisos nueva.

Además, el Alto Tribunal rechaza que la imposición del 30% comporte una “indemnización general” sobre los promotores inmobiliarios, tal y como reclamaba la constructora recurrente, JOSEL.

La reserva del 30% de vivienda social que aprobó Ada Colau para Barcelona va camino de convertirse en una piedra en el zapato de Jaume Collboni. La modificación de la norma que prometió el alcalde, alegando que no había funcionado, por ahora no se ha llevado a cabo.

Los constructores han ido con todo contra la medida. Primero en los tribunales, donde han perdido, pero también han querido presionar al alcalde con propuestas públicas como crear dos escaleras en un mismo edificio para pisos sociales y de mercado libre –sugerencia que luego rectificaron–.

Collboni intentó apaciguar los ánimos del sector con el archivo de cinco expedientes sancionadores a empresas con indicios de haber incumplido la obligación del 30%. Las cifras de Vivienda de Protección Oficial (VPO) generada por la medida de Colau, cerca de los 160 pisos, están muy lejos de lo que prometió el gobierno de Barcelona en Comú en su día.

Al mismo tiempo, la avalancha de licencias pedidas antes de su aprobación, la falta de suelo en la trama urbana de la ciudad y el rechazo del sector de la construcción han contribuido al poco recorrido de la que un día fue de las medidas estrella de Colau.

Pese a que el gobierno municipal pretendía rebajar el 30%, la primera teniente de alcalde, Laia Bonet, ha celebrado la sentencia del Supremo y la ha considerado “una medida más necesaria que nunca” en la actual crisis de vivienda. “La sentencia confirma la seguridad jurídica de esta herramienta para incrementar el parque asequible y que las administraciones podemos pedir corresponsabilidad a los promotores para garantizar el derecho a la vivienda”, ha agregado.