La Fiscalía rechaza sancionar al juez que llamó “Barbigoña” a la mujer de Sánchez y al magistrado que cargó contra Irene Montero

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decide este martes si actúa disciplinariamente contra dos miembros de la carrera judicial por los insultos y exabruptos contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su mujer y otros políticos de izquierda, como la exministra Irene Montero. El órgano debatirá si sanciona al juez de lo Mercantil Manuel Ruiz de Lara —reincidente en sus ofensas a Sánchez en sus redes sociales y al que el anterior CGPJ rechazó sancionar— y al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que llegó a decir en una charla que la exministra de Igualdad y actual eurodiputada de Podemos da lecciones “desde su cajero de Mercadona”.

La última palabra la tendrán los vocales de la Comisión Disciplinaria —cuatro conservadores y tres progresistas—, pero durante la tramitación de los expedientes la Fiscalía se ha posicionado en contra de sancionar a ambos magistrados, confirman a elDiario.es fuentes del órgano. La tesis del Ministerio Público es que ninguno de los dos invocó expresamente su condición profesional para avalar esos comentarios, por lo que sus conductas no pueden ser sancionables de acuerdo a la ley del Poder Judicial y a la jurisprudencia que ha ido moldeando la aplicación del régimen disciplinario de jueces y magistrados. 

Es el mismo posicionamiento que mantuvo el Promotor de la Acción Disciplinaria cuando, el pasado octubre, propuso archivar de plano la investigación abierta a ambos magistrados. Entonces, los votos de los vocales progresistas de la Comisión Permanente, a los que se sumó la presidenta del órgano, Isabel Perelló, le obligaron a cambiar su criterio y a abrir expediente disciplinario a ambos por una falta grave de consideración respecto de instituciones. 

La Permanente consideró el carácter novedoso del caso, ya que no hay jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el uso de redes sociales por parte de jueces y magistrados. También es la primera vez que este Consejo se enfrentaba a un asunto de este tipo, por lo que estimó conveniente derivar la decisión a la Disciplinaria, que debatirá el asunto este martes.

En la propuesta de resolución que analizarán los vocales, el Promotor —apremiado por la Permanente— plantea que Ruiz de Lara y Velasco sean sancionados por una falta grave prevista en el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial al considerar que sus comentarios han supuesto una “falta grave de consideración respecto de instituciones”. Las faltas graves pueden acarrear una multa de entre 501 y 6.000 euros, aunque en este caso el Promotor no hace una propuesta concreta de multa y se limita a aludir a la horquilla que establece la ley.

La Comisión de Ética Judicial, el organismo al que pueden dirigirse los jueces cuando tienen dudas sobre si un determinado comportamiento puede comprometer su ética profesional, se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la obligación de los jueces y magistrados de usar las redes sociales con prudencia y moderación de modo que no perjudiquen la imagen de la Justicia. 

Ejercer el “golpismo”

En el caso de Ruiz de Lara, el expediente viene motivado por dos mensajes publicados en su cuenta de X —en la que ya no se identifica como magistrado— y que ya aparecen borrados. En el primero de ellos, publicado el 14 de diciembre de 2024, acusaba al jefe del Ejecutivo de ejercer el “golpismo” por “atacar a los jueces”. En el segundo, del 28 de diciembre, descalificó públicamente a su esposa, Begoña Gómez, al llamarla “Barbigoña”. 

Ruiz de Lara no es precisamente alguien que pase desapercibido en la carrera y es especialmente conocido en el ámbito asociativo. Es el juez que estuvo durante meses al frente del caso de la Superliga y firmó el polémico auto que respaldó el frustrado proyecto de Florentino Pérez y otros magnates del fútbol. Además, ha sido portavoz de una minoritaria plataforma por la independencia judicial que difundió una guía contra la amnistía a través del correo corporativo del CGPJ.

Es la tercera vez que se enfrenta a un procedimiento disciplinario. El anterior órgano, de amplia mayoría conservadora, rechazó sancionarle tras llamar “psicópata sin límites éticos” a Sánchez, “personificación del deshonor” al ex fiscal general del Estado y “siervo mentiroso patológico” al actual ministro de Justicia, Félix Bolaños. 

Lo hizo con el argumento de que no se había podido acreditar que hubiera invocado su condición profesional cuando vertió esos descalificativos en sus redes sociales —en las que durante tiempo figuró con sus nombres y apellidos y se presentaba como juez— y que se había limitado a hacer uso de su derecho a expresarse como mero ciudadano. 

Además, en junio de 2017, el órgano le abrió un expediente disciplinario por supuestamente no pedir la compatibilidad para organizar unos torneos de debate universitario. Entonces, las principales asociaciones judiciales y los jueces decanos de toda España pidieron explicaciones sobre las circunstancias de esta investigación, de la que Ruiz de Lara denunció su carácter secreto, aunque el CGPJ siempre negó ese extremo. Al final, el expediente quedó archivado cuatro meses después.

Críticas a Irene Montero

En el caso del juez Eloy Velasco y su comentario sobre la exministra Irene Montero, la apertura de la investigación se produjo después de que el Promotor recibiera varias quejas. El magistrado aseguró que “nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni podrá dar clases a los demás”.

Esta fue su frase completa, pronunciada durante una conferencia el 13 de noviembre y por la que le investiga el CGPJ, tal y como contó infoLibre: “De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir... A un jurista, que llevamos desde el Derecho romano sabiendo lo que es el consentimiento. Y el expreso, y el consentimiento tácito, y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona, ni nos podrá dar clases a los demás”.

La legislación establece que corresponde al Promotor de la Acción Disciplinaria la recepción de quejas y denuncias sobre el funcionamiento de los órganos judiciales, así como la iniciación e instrucción de expedientes disciplinarios. Si propone la apertura de un expediente debe dar traslado a la Comisión Disciplinaria, que tiene la última palabra sobre las sanciones. La decisión de no iniciar expediente o de archivar el ya iniciado requiere el examen de la Permanente. El magistrado Ricardo Conde ocupa desde 2017 el puesto de Promotor. Su mandato expiró cuando cesó el anterior CGPJ, pero fue elegido de nuevo en diciembre de 2024. 

Durante la tramitación, la Sección de Expedientes Disciplinarios ordena la práctica de las diligencias necesarias para comprobar los hechos. Entre ellas, la declaración del juez expedientado para que comparezca ante el Promotor. Una vez practicadas las pruebas y actuaciones aclaratorias, el Promotor dicta un pliego de cargos que se notifica al afectado, quien dispone de un plazo de ocho días para contestarlo y solicitar las pruebas adicionales que considere oportunas. Después se da audiencia al fiscal, que en este caso se ha posicionado en contra de imponer sanción alguna.