Son muchos los países que cuentan con población extranjera en situación administrativa irregular dentro de su territorio. La razón es sencilla: en los países de destino de la migración existe un enorme desfase entre la elevada demanda de mano de obra y las muy limitadas vías legales para la migración. Los problemas para cubrir las necesidades de mano de obra tienen un carácter estructural. El envejecimiento de la población autóctona y la difícil cobertura de determinados empleos con trabajadores locales son las principales causas.

Complica la ecuación el escaso uso de mecanismos legales de acceso, residencia y trabajo para personas extranjeras. Las políticas migratorias restrictivas impulsadas por gobiernos temerosos a perder las próximas elecciones y una opinión pública cada vez más contraria a la inmigración dibujan un contexto que dificulta abrir vías legales para la migración. Además, las deportaciones de inmigrantes en situación irregular a sus países de origen (o a terceros países como propone la UE) son jurídica, ética y políticamente muy problemáticas. En términos operativos tampoco son sencillas, puesto que es necesario contar con un país que acepte a las personas deportadas. Esto suele ser una tarea muy compleja y una fuente de tensiones. Además, las normas y convenios internacionales sobre asilo y refugio prohíben expulsar a personas a países no seguros, así como las expulsiones colectivas.

La narrativa falsa del “efecto llamada”

Con la crisis de Ceuta hemos visto una campaña política y mediática que relacionaba la entrada de decenas de miles de personas con la regularización extraordinaria de migrantes llevada a cabo por el Gobierno de España. Lo cierto es que la intensidad, recorrido y destino de los flujos migratorios responde a un conjunto amplio de factores.

Explicar la migración únicamente atendiendo a un factor de atracción (la concesión de permisos temporales de residencia y trabajo en España) es una forma sesgada y simplista de interpretar la realidad

Las explicaciones tradicionales sobre la migración distinguen entre los factores de expulsión (factores negativos en origen, que empujan a las personas a migrar) y factores de atracción (factores positivos en destino, que atraen a los migrantes). También deben considerarse los factores de agencia de los migrantes, como son sus preferencias personales, contactos, recursos económicos, cualificación, aspiraciones y expectativas. No menos importantes son los factores estructurales: el orden económico internacional configurado con un centro que extrae mano de obra a bajo coste procedente de las periferias, los vínculos basados en la herencia colonial y la división internacional del trabajo.

Por tanto, explicar la migración únicamente atendiendo a un factor de atracción (la concesión de permisos temporales de residencia y trabajo en España) es una forma sesgada y simplista de interpretar la realidad. Esto es exactamente lo que hace la muy extendida narrativa del “efecto llamada”. Es una narrativa parcial y errónea porque escoge un factor, lo sobredimensiona e ignora el resto de los factores. También es falsa. Los datos son claros: ningún estudio científico ha podido demostrar una correlación positiva entre las regularizaciones extraordinarias y el aumento de la inmigración. En todos los casos estudiados (por ejemplo, las regularizaciones de España e Italia) tras la aprobación de las regularizaciones, la inmigración continuó con tendencias similares sin experimentar incrementos abruptos.

Marruecos se une a las críticas

Algo particular de la regularización extraordinaria de 2026 es la intensa campaña política y mediática en contra que se ha articulado a nivel global. Todos los líderes de la UE, salvo Francia, Portugal, Irlanda y Luxemburgo, firmaron una carta que señalaba directamente a la regularización extraordinaria como factor de atracción de la inmigración irregular, culpando a España de lo sucedido por su política migratoria. Esta carta ha sido interpretada por muchos como una muestra de la insolidaridad europea, que contrasta con el apoyo europeo brindado a Grecia en 2020 (cuando Turquía usó los flujos migratorios dejando entrar a miles de migrantes y refugiados) o a Polonia en 2021 (tras la instrumentalización de la migración practicada por Bielorrusia). No se responsabilizó a Grecia o a Polonia por las crisis fronterizas, sino a Bielorrusia y a Turquía. En cualquier caso, lo más paradójico es que muchos de los países firmantes de la carta también han llevado a cabo regularizaciones extraordinarias en los últimos años.

Marruecos llevó a cabo dos regularizaciones extraordinarias de migrantes en 2014 y 2017, respectivamente. El objetivo era regularizar la situación administrativa de miles de inmigrantes procedentes de los países de África Subsahariana

Rabat se ha sumado a estas críticas, afirmando que frenan la migración para que después España la fomente con las regularizaciones. Conviene recordar que Marruecos en 2011 lanzó la llamada Nueva Política Migratoria, con la que redefinió su política migratoria presentándose ante el mundo no solo como un país de origen y tránsito de la migración, sino también como un país de destino de la migración. Se habló entonces de un abordaje integral del fenómeno migratorio.

Además, Marruecos llevó a cabo dos regularizaciones extraordinarias de migrantes en 2014 y 2017, respectivamente. El objetivo era regularizar la situación administrativa de miles de inmigrantes procedentes de los países de África Subsahariana. Dentro de Marruecos, los sectores más radicalizados apuntaron al “efecto llamada” de las regularizaciones, agitando el miedo a una supuesta invasión subsahariana e incluso a una sustitución demográfica. Por ello, es muy sorprendente la crítica del país vecino a España por las regularizaciones, porque se asume la errónea tesis del “efecto llamada” y se abandona por completo el abordaje integral de la migración formulado en 2011.

La regularización como instrumento de política pública

Es cierto que las regularizaciones extraordinarias no son el instrumento de política pública más adecuado. Ponen de manifiesto el fracaso de las políticas de migración y extranjería. Corrigen una irregularidad previamente creada por el régimen migratorio. Por ello, son más deseables instrumentos ordinarios de gestión de la migración, con figuras administrativas más accesibles para la entrada y residencia de trabajadores extranjeros. Un buen ejemplo es el de las contrataciones en origen mediante el Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura. En términos de planificación pública y seguridad jurídica, es más apropiado diseñar políticas públicas sobre migración predecibles y basadas en evidencias, que consideren la complejidad del fenómeno y aborden los factores políticos, demográficos, económicos y laborales.

Nuestra política migratoria seguirá siendo incapaz de gobernar las migraciones si los discursos y la práctica administrativa abordan este fenómeno desde el paradigma de la excepcionalidad y la emergencia

Ahora bien, las regularizaciones extraordinarias sirven para reconocer la realidad migratoria de un país. Es la única medida posible cuando no se utilizan los instrumentos ordinarios de regularización administrativa de la población extranjera. Por un lado, reconocen los derechos y dignifican la vida de las personas extranjeras. Lo contrario es incompatible con el principio de igualdad. Por otro, corrigen de forma acelerada el desajuste señalado entre la mano de obra y los canales legales para la migración.

Las migraciones son un fenómeno ordinario y cotidiano que, con toda seguridad, va a seguir existiendo. Por ello, lo razonable es utilizar herramientas ordinarias. Nuestra política migratoria seguirá siendo incapaz de gobernar las migraciones si los discursos y la práctica administrativa abordan este fenómeno desde el paradigma de la excepcionalidad y la emergencia. Cuestión distinta son las crisis fronterizas, como la que sucedió a finales de julio en Ceuta. Por su volumen y características, estos flujos no responden a la realidad migratoria habitual, sino a crisis políticas bilaterales donde la migración es instrumentalizada. La estrategia europea y española de externalizar la frontera de Ceuta en un país que no reconoce esa misma frontera es una estrategia condenada al fracaso.

El orden económico internacional tiene una estructura de especialización productiva que reproduce las desigualdades. Esto significa que existe un centro industrial y una periferia agrícola, tal y como señalaron desde el desarrollismo y el estructuralismo los economistas Raúl Prébisch y Celso Furtado, entre otros. Los países del centro industrial se benefician de los términos de intercambio en el comercio, mientras que los países de la periferia agrícola se ven perjudicados, reproduciendo el subdesarrollo.

La especialización agrícola de las periferias genera subdesarrollo porque sus economías se basan en la exportación de productos primarios, que tienen menor capacidad para aumentar la productividad. En los países del centro industrial sucede justo al revés, por las exportaciones de productos de mayor valor añadido. Esta especialización productiva debe entenderse en un contexto de dependencia y relaciones de poder. Durante décadas, las economías coloniales se organizaron para producir materias primas para las metrópolis, quedando la industrialización concentrada en estas últimas. En este sentido, según André Gunder Frank, el desarrollo de los países centrales y el desarrollo de los países periféricos son dos caras del mismo proceso histórico. Una de las fórmulas para que las periferias agrícolas rompieran el ciclo del subdesarrollo fue la Industrialización por Sustitución de Importaciones, consistente en reemplazar los productos industriales extranjeros por bienes producidos en el propio país.

Marruecos se ha especializado históricamente en la agricultura, los fosfatos, las materias primas y las manufacturas de bajo valor añadido. Sin embargo, desde hace años el sector industrial (entre el 25% y el 30% del PIB) duplica al sector agrícola (entre el 10% y el 15%). Además, las exportaciones industriales superan ya a las exportaciones primarias. Especialmente relevante es el aumento del sector servicios, que actualmente representa en torno al 60% del PIB. Pese a lo anterior, la economía marroquí todavía tiene una fuerte dependencia del sector agrícola. Esto es visible, al menos, en dos ámbitos. Por un lado, en el impacto del clima en la economía. En los últimos veinte años Marruecos ha crecido al 4,4% de media. Pero este crecimiento es muy volátil porque el sector agrícola es muy vulnerable a los ciclos de sequías. Es común que de un año a otro el crecimiento varíe 5 puntos. A veces hasta 10 puntos. Por otro, en el elevado peso del empleo agrícola: aproximadamente el 40% de la población activa trabaja en la agricultura.

Uno de los rasgos característicos del modelo de desarrollo de Marruecos son las grandes infraestructuras y eventos internacionales. Muchos países han recorrido un camino similar. Los macroproyectos se piensan como palancas para modernizar la economía y atraer capital extranjero, pero este modelo tiene un riesgo notable

Por tanto, hoy en día Marruecos es una economía de servicios, con un peso mayoritario de la agricultura en términos de empleo y con unas exportaciones industriales en expansión. Ahora bien, se trata de una industrialización periférica, ya que esta se ha integrado en las cadenas de valor europeas. Casi la mitad de las exportaciones de Marruecos tienen como destino Francia y España. Además, el 30% de sus importaciones proceden de estos dos países. Es decir, en la estructura económica global, Marruecos continúa siendo una economía periférica, aunque emergente, más diversificada y en proceso de industrialización.

Uno de los rasgos característicos del modelo de desarrollo de Marruecos son las grandes infraestructuras y eventos internacionales. Hay numerosos ejemplos, pero quizás los más relevantes y simbólicos sean el puerto Tánger Med (aspira a ser el principal hub euroafricano), el estadio de fútbol Hassan II de Casablanca (un gran recinto de fútbol en construcción que quieren que acoja la final del próximo Mundial que se celebrará en 2030 con España y Portugal) y las líneas ferroviarias de alta velocidad (ya finalizada la línea Tánger-Casablanca y en construcción la línea Kenitra-Marrakech). Este modelo de desarrollo no es algo nuevo. Muchos países han recorrido un camino similar. Los macroproyectos se piensan como palancas para modernizar la economía y atraer capital extranjero. Este modelo combina varios elementos: una inversión pública masiva, el desarrollo acelerado de macroproyectos, la proyección internacional para posicionar al país en el mercado global del turismo y los negocios, y la promesa de modernidad para la legitimación política interna.

Sin embargo, este modelo tiene un riesgo importante: los elefantes blancos, una metáfora económica sobre los proyectos cuyo coste de mantenimiento supera su utilidad o beneficios. Tiene su origen en Tailandia, donde los reyes regalaban elefantes blancos para arruinar a alguien por los altos costos de manutención y porque, al ser sagrados, estaba prohibido usarlos para trabajar. Los macroproyectos financiados con dinero público son muy costosos de mantener y, a menudo, quedan infrautilizados o abandonados. No cumplen una función útil y real para la sociedad. El principal problema es que no dan respuesta a las necesidades internas, sino a la competición geoestratégica y al refuerzo de la marca país. Cuanto mayor es la brecha entre las demandas de la población y las respuestas que ofrece el sistema, mayor es el malestar social y la inestabilidad política.

Algunos dirán que es un proceso y que estos macroproyectos son una vía para escalar posiciones en las cadenas globales de valor, como hicieron China, Singapur o Emiratos Árabes Unidos y dejar de ser una economía periférica. Mientras tanto, muchos no pueden esperar y deciden irse

Las protestas de la Generación Z de 2025 pusieron de manifiesto esa brecha entre las demandas de la sociedad y las respuestas del sistema. Estas protestas rechazaron un modelo de desarrollo de macroproyectos que desatiende las necesidades sociales básicas. Las inversiones millonarias en grandes infraestructuras y eventos internacionales, como la Copa de África o el mundial de fútbol de 2030 no han sido bien recibidas porque al mismo tiempo los centros educativos y sanitarios del país se encuentran en una muy mala situación. El fallecimiento en un mes de ocho mujeres embarazadas en el hospital Hassan II de Agadir fue la gota que colmó el vaso y disparó una oleada de indignación y movilizaciones.

Pueden observarse con claridad las contradicciones de un país en proceso de modernización e industrialización, pero con importantes carencias socioeconómicas y la imposibilidad de ofrecer oportunidades para sus jóvenes. Los datos macro son buenos en Marruecos: crece más de cuatro puntos cada año, es uno de los países con una tasa de inversión más altas del mundo (en torno a un 30% del PIB) y tiene una creciente Inversión Extranjera Directa. Además, ha mejorado notablemente en términos educativos. Pero también es cierto que el 47% de los jóvenes está en paro (en un país donde el 41% de la población tiene menos de 25 años) y que los empleos tienen baja retribución y aportan poco en términos de productividad. No menos importante es el problema de la desigualdad, con una diferencia de recursos, servicios e infraestructuras enorme entre las zonas rurales y las zonas urbanas.

Los esfuerzos en proyectar al exterior una imagen de modernización, poder e influencia sirven de poco si, al mismo tiempo, existe una sociedad que ha dejado de confiar en el futuro.

Algunos dirán que es un proceso y que estos macroproyectos son una vía para escalar posiciones en las cadenas globales de valor, como hicieron China, Singapur o los Emiratos Árabes Unidos, y dejar de ser una economía periférica. Mientras tanto, muchos no pueden esperar y deciden irse.

La idea de colonialidad de las fronteras alude a la persistencia de jerarquías y relaciones de poder heredadas del colonialismo en la forma en que se trazan, legitiman y gestionan las fronteras contemporáneas. Aunque el colonialismo concluyó formalmente, algunos de sus efectos políticos continúan vigentes. En su libro Imperial Debris: On Ruins and Ruination, la antropóloga Ann Laura Stoler lo define como escombros o ruinas imperiales, en referencia al proceso actual por el que el poder colonial y la violencia continúan configurando el presente.

El derecho internacional y las fronteras son excelentes ejemplos. Las aproximaciones del Tercer Mundo al derecho internacional sostienen que este no es neutral, sino que se desarrolló en un contexto colonial que priorizó la perspectiva y los intereses occidentales. En su obra Imperialism, Sovereignty, and the Making of International Law, el jurista singapurense Anthony Angie explica esto con claridad. Una de las consecuencias es que las fronteras y reivindicaciones territoriales establecidas por las potencias occidentales gozan de una mayor presunción de legalidad, legitimidad, reconocimiento y protección jurídica. En cambio, las reclamaciones territoriales de Estados y pueblos del Tercer Mundo encuentran mayores obstáculos para ser reconocidas. Nada nuevo: una vez más vemos cómo los valores, las normas y las instituciones occidentales se presentan al resto del mundo como si fueran universales.

El único territorio de España como potencia administradora pendiente de descolonizar es el Sáhara Occidental, según la ONU. Ceuta y Melilla nunca han estado incluidas en esa lista. Marruecos intentó, sin éxito, incluir el expediente de Ceuta y Melilla en el Comité Especial de Descolonización para lograr su incorporación a la lista de territorios no autónomos. Por tanto, de acuerdo con la ONU y el derecho internacional, Ceuta y Melilla no pueden considerarse enclaves coloniales

Una de las fuentes básicas sobre descolonización y territorios de soberanía disputada es el listado de Territorios No Autónomos de la ONU. Es la denominación empleada por esta organización para referirse a los territorios pendientes de descolonización. La lista inicial muestra un claro sesgo colonial, ya que fue elaborada unilateralmente por las potencias coloniales: Australia, Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. Los pueblos colonizados no tuvieron entonces ni voz ni voto. Por tanto, el proceso de descolonización de la ONU estuvo totalmente condicionado por las potencias coloniales, quienes decidieron qué territorios de su administración debían considerarse no autónomos. La primera lista, elaborada en 1946, contó con 72 territorios. No se incluyeron entonces las colonias españolas, ya que España no era todavía miembro de la ONU. Finalmente, la lista de 1963 sí incluyó las colonias españolas del Sáhara Occidental, Ifni, Fernando Poo y Rio Muni. Con la creación del Comité Especial de Descolonización en 1961, la condición de territorio no autónomo se acercó más a una determinación de la comunidad internacional organizada en la ONU que a una decisión unilateral de las potencias coloniales.

Actualmente, en el marco de la ONU, el único territorio de España como potencia administradora pendiente de descolonizar es el Sáhara Occidental. En cambio, Ceuta y Melilla nunca han estado incluidas en esa lista. Marruecos intentó, sin éxito, incluir el expediente de Ceuta y Melilla en el Comité Especial de Descolonización para lograr su incorporación a la lista de territorios no autónomos. Por tanto, de acuerdo con la ONU y el derecho internacional, Ceuta y Melilla no pueden considerarse enclaves coloniales.

Conviene hacer dos matices importantes para ampliar la mirada más allá de lo estrictamente jurídico. Primero, la lista de Territorios No Autónomos de la ONU es una construcción jurídica de la descolonización, no una declaración exhaustiva de todos los territorios que podrían ser considerados coloniales desde una perspectiva histórica o política. Sin duda, uno de los factores a incluir en el análisis es la voluntad de la población de Ceuta y Melilla, que mayoritariamente defienden ser parte de España. Segundo, esa construcción jurídica se dio en un contexto de dominación colonial. Como nos enseña la Teoría Crítica, el derecho no es políticamente neutro ni ajeno a las relaciones de poder. Por tanto, desde un enfoque estrictamente descolonial, la ausencia de reconocimiento institucional (ONU) dentro de una categoría jurídica internacional occidentalizada (territorios no autónomos) no agota la discusión académica sobre la colonialidad de un territorio o una frontera.

Ceuta y Melilla fueron presidios, enclaves militares y comerciales y, desde la integración europea, se han convertido en frontera exterior europea en África con la principal función del control migratorio. Es decir, han pasado de ser instrumentos del poder colonial español para cuestiones militares y comerciales a un instrumento europeo del control fronterizo sobre África

Ahora bien, además del derecho internacional, hay otros argumentos para señalar que Ceuta y Melilla no son colonias. Por un lado, nunca formaron parte del protectorado español en Marruecos (1912-1956), sino que mantuvieron siempre su estatus de territorios españoles. Por otro, como indica el jurista Alejandro del Valle Gálvez, en los siglos XVIII y XIX España firmó varios tratados con los sultanes de las entidades políticas que gobernaban el actual territorio marroquí, antes de su creación como Estado moderno en 1956. Esos tratados ratificaban la pertenencia de Ceuta y Melilla a España.

Sin embargo, lo anterior no impide negar una cuestión histórica y política relevante. Por su condición geográfica, desde hace siglos existe una continuidad en las funciones extraterritoriales que Ceuta y Melilla desempeñan para España. El marco de análisis de la continuidad histórica entre el colonialismo y la actual externalización del control migratorio ha sido desarrollado por Martin Lemberg-Pedersen en su artículo Manufacturing displacement. Externalization and postcoloniality in European migration control [La fabricación del desplazamiento. Externalización y postcolonialidad en el control migratorio europeo]. Es aplicable a numerosos territorios. En el caso concreto de Ceuta y Melilla, la investigadora Angela Sagnella señala que son espacios fronterizos cuya función para España se ha ido redefiniendo a través de diferentes procesos históricos: expansión colonial, militarización, comercio mediterráneo, descolonización, integración europea y control migratorio. Fueron presidios, enclaves militares y comerciales y, desde la integración europea, se han convertido en frontera exterior europea en África con la principal función del control migratorio. Es decir, Ceuta y Melilla han pasado de ser instrumentos del poder colonial español para cuestiones militares y comerciales a un instrumento europeo del control fronterizo sobre África.

Más allá del debate jurídico, histórico y político, conviene plantearse en términos prácticos qué son hoy Ceuta y Melilla y qué podrían ser mañana. Ceuta, Melilla y Marruecos viven hoy, en gran medida, de espaldas. Se desaprovechan importantes sinergias económicas, comerciales y sociales. Son muchas las restricciones a la libre circulación de personas y mercancías. Marruecos ha contribuido a esta situación. Mantiene importantes reticencias a intensificar los intercambios comerciales con ambas ciudades y ha limitado progresivamente su actividad económica transfronteriza, en una política que algunos interpretan como una estrategia deliberada de asfixia económica. Pero España también tiene parte de responsabilidad. Por ejemplo, no parece acertado exigir visados a los ciudadanos de Tetuán y Nador, que anteriormente podían acceder a Ceuta y Melilla respectivamente, sin necesidad de visado. Ceuta y Melilla no forman parte del espacio Schengen, por lo que la entrada a estas ciudades no permite la libre circulación por el resto de Europa.

A corto plazo van a seguir persistiendo dos factores muy problemáticos: son las fronteras más desiguales del mundo y existen reclamaciones territoriales antagónicas e irreconciliables. Esto no significa que nada pueda hacerse. Es posible avanzar hacia un modelo de mayor integración económica y libre circulación que permita aprovechar la cooperación económica, comercial y laboral de Ceuta y Melilla con Marruecos. Una intensificación de las actividades transfronterizas generaría oportunidades e integraría económica y socialmente mejor ambas ciudades en su entorno geográfico. Al mismo tiempo, una frontera más permeable y ordenada debería constituir un espacio de mayor seguridad y cooperación, capaz de prevenir tragedias humanitarias y reducir el riesgo de conflictos fronterizos. En esta ecuación es esencial que Marruecos cumpla con un reto mayúsculo: ofrecer un futuro digno a toda una generación dispuesta a abandonar el país por la falta de oportunidades.

Marruecos ya no quiere ser el gendarme de Europa. En realidad, nunca quiso serlo. Y tiene razones para ello. En Ciencia Política explicamos que los componentes del Estado son el territorio, la población y la soberanía. Por tanto, una de las responsabilidades del Estado es la gestión de sus fronteras para garantizar la integridad y la seguridad de su propio territorio. En cambio, la vigilancia de las fronteras para dar respuesta a preocupaciones de seguridad de terceros países no es una las atribuciones clásicas del Estado. Menos aún lo es permitir el ejercicio de funciones soberanas a terceros países dentro de tu territorio.

Ahora bien, ¿qué sucede con las fronteras compartidas con otro Estado? En este caso parece razonable hablar de una responsabilidad compartida en la gestión de las fronteras de Ceuta y Melilla. Lo fundamental es bajo qué principios y criterios se producen las negociaciones para abordar esa responsabilidad compartida. Un esquema horizontal de diálogo es la mejor fórmula para evitar conflictos. La realidad dista mucho de esto debido a la externalización del control migratorio, entendida como el proceso por el que la Unión Europea traslada a los países de origen y tránsito el control de fronteras para evitar que la migración llegue a su territorio. Es una forma de desplazar la frontera europea más allá de sus propios límites territoriales. En el caso de la Unión Europea y Marruecos, la externalización nace de una asimetría de poder. Es la agenda de la seguridad europea, que vincula la migración con la inseguridad, la que se impone en todo este proceso. Esta agenda nunca fue ni una iniciativa ni una prioridad marroquí, sino que responde al exclusivo interés de la parte europea.

La externalización del control migratorio es problemática por varias razones. Por un lado, se asienta en relaciones de dependencia. La brecha entre el discurso y la práctica es muy obvia: la Unión Europea habla de socios, diálogo entre iguales y responsabilidad compartida, pero fuerza su propia agenda para convertir a Marruecos en un Estado tapón de la inmigración hacia Europa. Por otro, genera el rechazo de Marruecos porque conciben la externalización como una imposición desde el exterior. Por ello, no cabe esperar un alineamiento genuino y sincero con estas políticas. Además, crea un clima de confrontación, con acontecimientos como los de la semana pasada, en contraste con la retórica de una cooperación hispano-marroquí ejemplar. Además, la externalización no es un modelo eficaz. De hecho, garantiza el fracaso de la política migratoria de la Unión Europea.

En lugar de poner todo el peso explicativo en las estrategias de guerra híbrida o en conspiraciones que apuntan a la mano de Estados Unidos e Israel, convendría mirar la realidad desde abajo. Podría ser un factor más sólido el hecho de que la Generación Z en Marruecos no haya visto cumplidas sus expectativas y hayan dado por roto el contrato social. En un país de grandes infraestructuras y eventos (están construyendo el estadio más grande del mundo), los jóvenes gritan: “No queremos el mundial, queremos sanidad”

Otra consecuencia fundamental de la externalización es que ha otorgado a Rabat una palanca de enorme influencia. Paradójicamente, en nombre del control migratorio, la Unión Europea ha perdido capacidad de control sobre su propia política. Décadas de securitización y externalización han otorgado a Marruecos un extraordinario poder de negociación, permitiéndole utilizar la migración como instrumento de presión política cuando considera lesionados sus intereses. Marruecos ha logrado revertir la relación de poder con la Unión Europea. Aunque solo lo hace parcialmente, ya que a Europa aún le quedan palancas relevantes como el comercio. Probablemente, este reequilibrio de poder explica que, pese a sus reticencias, Marruecos haya acabado desempeñando ese papel de gendarme.

Un aspecto preocupante es la securitización y militarización del debate público en Europa al definir estos episodios como actos de guerra. En particular, como actos de guerra híbrida, en referencia a la confrontación que combina instrumentos militares y no militares. Incluso muchos académicos críticos han asumido la narrativa militarista de la guerra híbrida. Hay que insistir en algo elemental: los seres humanos no son armas de guerra. Por ello, es muy problemático el concepto de guerra híbrida aplicado a la instrumentalización de la migración porque militariza el fenómeno migratorio y desplaza el centro de atención desde las personas hacia las lógicas de la amenaza y la seguridad. Además, niega la agencia de las personas migrantes porque las convierte en meros instrumentos de confrontación interestatal. Es una visión estatocéntrica y con una mirada de arriba a abajo, por lo que es comprensible su uso desde la jerarquía militar, pero no desde la sociedad civil, la academia y los medios de comunicación. Es más acertado hablar de coerción migratoria o instrumentalización de la migración, porque ni Ceuta es un frente de guerra ni los migrantes son armas.

La crisis de Ceuta muestra la vulnerabilidad de la frontera provocada por la externalización y la dependencia que la Unión Europea tiene respecto de Marruecos. ¿Qué papel jugó Marruecos? Por el momento, no hay pruebas de que Marruecos haya organizado este movimiento de personas. Una de las tesis más extendidas es la de los brazos caídos, es decir, el relajamiento en el control de la frontera. De hecho, Mehdi Alioua, una de las voces más autorizadas en el campo de la migración en Marruecos en una reciente y muy influyente entrevista en Le Grand Continent, señaló lo siguiente: “Cuando varios miles de personas cruzaron a nado y una inmensa multitud se agolpó en la playa, la única alternativa para evitar lo peor —que se amontonaran o que se lanzaran al mar— fue abrir ligeramente la frontera terrestre, en coordinación con los españoles”.

Europa no reconoce la marroquinidad del Sahara Occidental, pero sí se le exige a Marruecos que frene la migración irregular proveniente de ese territorio

Además de reconocer que dejaron a la gente cruzar a Ceuta, Alioua afirma que Marruecos no pudo evitarlo debido a un fallo de seguridad y al desbordamiento de las fuerzas de seguridad por la simultaneidad de varios acontecimientos masivos (Fiesta del Trono, vacaciones de los marroquíes en las playas del norte del país y la Operación Paso del Estrecho). Sin embargo, niega las teorías conspirativas que señalan a Marruecos como el organizador por dos razones. Primero, porque estas crisis dañan la reputación de Marruecos más que la de ningún otro país. Segundo, porque la alianza con Francia, España y la Unión Europea es mucho más importante que la alianza con Estados Unidos e Israel, por el comercio y la diáspora marroquí.

¿Marruecos tenía capacidades operativas para evitar la entrada masiva de personas? En Europa, algunos análisis apuntan a las enormes capacidades de Marruecos en la vigilancia de sus fronteras gracias al apoyo financiero europeo. Años de políticas de externalización se han traducido en la entrega de equipamientos de vigilancia fronteriza y la transferencia de conocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes. Sin embargo, desde Marruecos se ofrecen otros argumentos. Por un lado, Marruecos tiene 3.000 kilómetros de costa, un territorio muy extenso e imposible de controlar en su totalidad las veinticuatro horas del día. En realidad, serían 4.000 kilómetros, ya que se da un hecho paradójico: Europa no reconoce la marroquinidad del Sahara Occidental, pero sí se le exige a Marruecos que frene la migración irregular proveniente de ese territorio. Por otro, Marruecos siempre ha sostenido que el apoyo económico recibido es muy inferior al coste real de frenar la migración irregular hacia Europa.

En definitiva, en lugar de poner todo el peso explicativo en las estrategias de guerra híbrida, en un ensayo de ocupación de Ceuta o en conspiraciones que apuntan a la mano de Estados Unidos e Israel, convendría mirar la realidad desde abajo. Podría ser un factor más sólido el hecho de que la Generación Z en Marruecos no haya visto cumplidas sus expectativas y hayan dado por roto el contrato social. En un país de grandes infraestructuras y eventos (están construyendo el estadio más grande del mundo), los jóvenes gritan: “No queremos el mundial, queremos sanidad”.

Lo sucedido en Ceuta estos días no es solo una crisis migratoria o humanitaria, sino también una crisis política entre países vecinos. Las relaciones entre España y Marruecos están formadas por una densa red de intereses mutuos en ámbitos como la seguridad, la migración o el comercio, pero también por una serie de conflictos estructurales, irresolubles a corto o medio plazo, como el Sáhara Occidental o los enclaves africanos de Ceuta y Melilla.

Durante las últimas décadas la política española hacia Marruecos se basó en el llamado colchón de intereses, que sintetizaba una ecuación sencilla: a mayor interdependencia, más costosa y menos probable es la crisis bilateral. Durante mucho tiempo el colchón de intereses redujo significativamente las crisis, aunque sin llegar a eliminarlas. Este equilibrio siempre fue inestable, pero ahora se ha roto. El papel de Marruecos ha cambiado considerablemente: ahora tiene aspiraciones de potencia regional, una política exterior más asertiva y una amplia experiencia negociadora con España y la Unión Europea en el campo de la migración, combinando de manera inteligente diplomacia y coerción. Esto ha hecho que la interdependencia sea cada vez más asimétrica en favor de Marruecos, lo que incentiva el fomento de crisis bilaterales.

Ahora bien, entender estas crisis como una mera negociación transaccional o un simple chantaje de Marruecos a España y a la Unión Europea es una simplificación de la realidad. Para comprender su naturaleza y características, y prevenirlas, es necesario ver que no son episodios aislados, sino consecuencias del régimen migratorio euromarroquí. Este régimen migratorio se ha construido sobre estructuras y relaciones de poder heredadas del colonialismo, en las que Europa continúa determinando quién puede moverse y quién no a partir de jerarquías raciales. El sistema de visados y las etiquetas que ponemos a las personas que viajan son buenos ejemplos. Si un europeo viaja a la gran mayoría de los países de África puede hacerlo libremente y sin visado. Sin embargo, si un africano viaja a Europa, tendrá restricciones y necesitará un visado muy difícil de obtener. Al europeo nos gusta llamarlo turista o expatriado. Al africano preferimos llamarlo inmigrante, ilegal, clandestino o MENA, categorías de uso común utilizadas para deshumanizar, criminalizar y polarizar.

Además, esta jerarquía racial de la movilidad genera una violencia estructural que provoca miles de muertes cada año y convierte la frontera en un espacio de excepción para las democracias europeas. Según el proyecto Missing Migrants, de la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2014 se han contabilizado más de 33.000 personas muertas o desaparecidas en las diferentes rutas migratorias y fronteras europeas. Son de media 2.350 muertes al año. Por tanto, no es exagerado hablar de necropolítica, tal y como lo hace el intelectual camerunés Achille Mbembe cuando afirma que los europeos nos hemos acostumbrado a la muerte de migrantes porque sus vidas no merecen protección ni tienen el mismo valor. Son muertes que no merecen luto. Buena prueba de ello es que, con 141 muertos en nuestra frontera, España no ha decretado ni un solo día de luto nacional ¿Alguien se imagina una actitud así con los fallecidos en un accidente ferroviario o en un incendio? Invito a encontrar la diferencia: solo hay una.

Si un europeo viaja a África puede hacerlo libremente y sin visado. Sin embargo, si un africano viaja a Europa, tendrá restricciones y necesitará un visado muy difícil de obtener. Al europeo nos gusta llamarlo turista o expatriado. Al africano preferimos llamarlo inmigrante, ilegal, clandestino o MENA

La matriz colonial del régimen migratorio y su jerarquía racial explican la agenda europea de convertir a Marruecos en un espacio de contención de la migración hacia Europa mediante políticas de externalización. Como en la etapa de los imperios, Europa sigue recurriendo a fórmulas de soberanía extraterritorial, hoy incompatibles con el principio de igualdad soberana de los Estados. La creciente resistencia marroquí a desempeñar el papel de policía de fronteras para Europa puede interpretarse también como un cuestionamiento de esa matriz de poder colonial. ¿Por qué los españoles podemos viajar sin visado a Marruecos y los marroquíes necesitan un visado para viajar a España? ¿No debería operar el principio de reciprocidad? Es legítimo cuestionar esta asimetría desde la diplomacia, pero no desde la coerción.

La instrumentalización de la migración por parte de Marruecos puede entenderse como una forma de desestabilizar las jerarquías históricas que han estructurado el régimen migratorio entre Europa y Marruecos. Pero evidentemente también es una forma de presión política. Cuando Marruecos percibe que sus intereses estratégicos se ven amenazados (como podría haber ocurrido por la futura aprobación de la ley que otorgará la nacionalidad española a los saharauis nacidos en tiempos de la colonia española) dispone de capacidad para instrumentalizar los flujos migratorios, en la lógica que Kelly Greenhill define como ingeniería estratégica de las migraciones. En la visión marroquí, una buena forma de defender sus intereses es activar una de sus palancas más valiosas (o su renta política, como algunos la llaman), instrumentalizando esos flujos migratorios.

Las migraciones internacionales son parte de las estructuras y relaciones de poder que generan desigualdades entre países. Además, las decisiones migratorias son una combinación de factores de empuje y factores de atracción. Esta crisis combina todos los elementos indicados: la matriz colonial del régimen migratorio, la jerarquía racial de la movilidad, los factores de empuje (situación interna en Marruecos, donde el lema de la Generación Z fue “dos mares y fosfato y vivimos bajo la bota” —en relación a las condiciones de vida pese a las riquezas naturales del país—) y los factores de atracción (como mejores condiciones económicas en Europa o políticas migratorias más liberales, entre otros).

La instrumentalización de la migración por parte de Marruecos puede entenderse como una forma de desestabilizar las jerarquías históricas del régimen migratorio entre Europa y Marruecos. Pero evidentemente también es una forma de presión política

Por su parte, la derecha radical global aprovecha cada crisis migratoria para reforzar una cada vez más extendida visión hobbesiana de la sociedad, presentada como una permanente lucha por recursos limitados entre grupos culturalmente incompatibles. Desde esta perspectiva, la inmigración se construye como una amenaza para la seguridad, el bienestar y la identidad, legitimando políticas cada vez más restrictivas, excluyentes y securitarias. Resulta alarmante la fragmentación europea en esta crisis. Como señaló Josep Borrell, “la solidaridad europea ha muerto en Ceuta”. Quizá nunca estuvo viva.

Necesitamos descolonizar el régimen migratorio europeo, superando las lógicas de securitización, externalización y jerarquización racial de la movilidad que reproducen la matriz colonial del poder. También una política migratoria común europea basada en la solidaridad entre los países. Esto permitiría reducir la dependencia estratégica de terceros Estados para la gestión migratoria y avanzar hacia una movilidad global más justa y segura.