La asociación Madrid Network, creada por iniciativa de Esperanza Aguirre y cuyos impagos del préstamo multimillonario recibido de la Comunidad de Madrid en 2011 ya han provocado un agujero de 70 millones en las arcas madrileñas, abonó a Equipo Económico SL 402.584 euros a través de 15 pagos en un solo día. Esos 15 abonos a la empresa fundada por Cristóbal Montoro y con la que la asociación sin ánimo de lucro había suscrito en 2008 dos contratos de servicios se efectuaron el 21 de febrero de 2012, fecha en la que Montoro llevaba dos meses al frente del Ministerio de Hacienda. Este diario se ha puesto en contacto tanto con Equipo Económico como con Madrid Network para tratar de recabar sus explicaciones acerca de este movimiento sin que por el momento haya recibido respuesta alguna.

Nada más desembarcar en el Consejo de Ministros de Mariano Rajoy, Montoro nombró secretario de Estado de Administraciones Públicas a Antonio Beteta, consejero de Hacienda con Aguirre hasta junio de 2011 y, en virtud de los estatutos de Madrid Network, también presidente de la asociación hasta esa fecha.

Un extracto sobre operaciones bancarias de Madrid Network al que ha tenido acceso elDiario.es atestigua la existencia de esos 15 pagos a Equipo Económico SL en un solo día. Se realizaron a través de una cuenta de la asociación en Cajasol, la caja sevillana que en 2012 se integró en Caixabank.

Respecto al porqué de la acumulación de pagos y sobre las fechas en que fueron facturadas esas cantidades por Equipo Económico SL no ha sido posible obtener respuesta de Madrid Network ni del abogado que representa a la empresa en la causa donde un juez de Tarragona investiga a Cristóbal Montoro y otras 27 personas por supuestamente favorecer con cambios legales a empresas del sector gasístico. En la lista de investigados no figura el antiguo consejero madrileño y exsecretario de Estado Antonio Beteta.

La suma de los dos contratos adjudicados por Madrid Network a Equipo Económico SL arroja la cuantía de 2.018.400 euros. Pero según un informe de la UCO incorporado al sumario del caso, Equipo Económico SL solo cobró de Madrid Network 1.863.025 euros. Y, a tenor del desglose que muestra el citado informe de la Guardia Civil, esos pagos se corresponden en exclusiva a facturas emitidas entre diciembre de 2008 y el mismo mes de 2011.

¿Le abonó Madrid Network los 402.584 euros por facturas fechadas en 2012 o se trata de pagos atrasados? En principio, y según expertos independientes consultados, la hipótesis con mayores visos de exactitud es la de que, por razones desconocidas, Madrid Network demoró hasta febrero de 2012 el desembolso de nada menos que casi medio millón correspondiente a facturas de años anteriores. Según los expertos sondeados, el llamado Modelo 347 –los importes comprometidos con un tercero a lo largo de un ejercicio siempre que estos superen los 3.006 euros– reflejan la cuantía de las facturas emitidas en esos 12 meses tanto si se han desembolsado como si el pago queda pospuesto.

El extracto que desvela los 15 pagos en un día a Equipo Económico fue remitido por el Gobierno regional a un antiguo diputado del PSOE en la legislatura 2011-2015, pero había pasado inadvertido hasta ahora. ¿Por qué? Porque entonces no se digitalizaban las respuestas a peticiones parlamentarias de información, de manera que de ese extracto bancario no queda rastro en la web de la Asamblea de Madrid.

Asesoramiento tributario a terceras empresas

La relación profesional entre Madrid Network y Equipo Económico SL comenzó el 15 de diciembre de 2008. Ese día, la asociación y la empresa -constituida por Cristóbal Montoro dos años antes y cuyas participaciones había vendido ya a su hermano- firmaron dos contratos de “arrendamiento de servicios”.

Uno de los contratos tenía por objeto la “creación, mantenimiento y dirección de un servicio de información y asesoramiento” sobre las “ventajas fiscales” de las empresas de I+D+i [Investigación, Desarrollo e innovación]. En resumen, asesoramiento tributario “especialmente dirigido a las empresas integradas en los parques y clusters de la Comunidad de Madrid” así como a “otras que la asociación decida”. Con tres años de duración, el importe a pagar por Madrid Network a Equipo Económico ascendía a 547.520 euros por anualidad (1.642.560 en total).

El segundo contrato, también previsto para tres años, engrosaría las cuentas de Equipo Económico con 125.280 euros cada ejercicio. En total, 375.840 euros. Aquí, el objeto se describía como “desarrollar cuantas actividades sean necesarias para una adecuada asesoría estratégica en materia de I+D+i”. El asesoramiento –se lee en el contrato– “podrá incluir propuestas de cambio normativo para la potenciación de I+D+i” en la Comunidad de Madrid. Equipo Económico debía asimismo enviar a la asociación “informes periódicos” sobre la situación de la economía y de la normativa tributaria.

La investigación judicial sobre Montoro y parte de su entorno arrancó en 2017 tras una denuncia anónima. La denuncia incluía en su relato la existencia de los dos contratos de Equipo Económico SL con Madrid Network. “Parece obvio [se lee en el texto] que el Sr. Beteta está trabajando como 'comercial' de la empresa fundada por su mentor político aprovechando el cargo público que ostenta”.

Tres contratos adjudicados a Madrid Network entre 2020 y 2024 por la Consejería de Sanidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han vuelto a poner sobre la mesa el enigmático blindaje que desde hace 15 años protege a la asociación fundada por iniciativa de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y cuyos constantes impagos del macropréstamo público que recibió en 2011 ya han provocado un agujero de más de 70 millones en las cuentas regionales.

A la pregunta de si la Consejería de Sanidad considera ajustada a la ley la adjudicación de esos contratos relacionados con proyectos financiados por la UE a una asociación que desde 2018 no ha devuelto ni un euro a la Comunidad de Madrid, fuentes autorizadas respondieron lo siguiente: “No existe [señala también la respuesta] ninguna relación con préstamos o financiaciones de dicha entidad [Madrid Network]; la vinculación se limita exclusivamente a la contratación puntual de sus servicios como expertos en gestión de proyectos europeos”. “Estos contratos”, agrega la respuesta, “se realizaron conforme a la normativa de contratación del sector público mediante la figura del contrato menor, al tratarse de necesidades técnicas específicas y por un importe dentro de la legalidad”.

El Gobierno de Ignacio González puso en manos de Madrid Network en 2015 el reparto de 10,5 millones en subvenciones cofinanciadas por la UE pese a que la Comunidad tenía ya datos de que buena parte de los 80 millones del préstamo traspasados en 2011 iba cayendo en picado. En febrero de 2017 —mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes—, la Comunidad firmó la extinción anticipada de aquellos dos convenios. Lo anuló de forma anticipada para “agilizar y acortar los plazos restantes de tramitación” de aquellos fondos.

Impagos recurrentes en perjuicio de la Comunidad

Más allá del aspecto jurídico así como de la contradicción que entraña dar adjudicaciones públicas a una entidad morosa aun tratándose de cuantías pequeñas —las tres adjudicaciones suman 34.912 euros—, el episodio desvela otra paradoja: porque los tres contratos, de los conceptuados como “menores”, tienen por objeto el asesoramiento a las fundaciones de tres hospitales públicos (12 de Octubre, Infanta Leonor y Sureste) en gestión económico-financiera. Y resulta que la encargada de prestar tal apoyo es la asociación que repartió 47 préstamos entre empresas “asociadas” de las que solo 19 han cumplido o están cumpliendo los plazos de amortización.

Los tres contratos comparten la condición de menores —aquellos cuya cuantía no supera los 15.000 euros si se trata de servicios y suministros— pero, sobre todo, comparten una circunstancia que alimenta los interrogantes sobre la relación del Gobierno madrileño con Madrid Network. Y esa circunstancia común se resume en lo que sigue: que se le otorgaron esos contratos cuando, lejos de ser un factor coyuntural, los impagos de las cuotas anuales de devolución del préstamo multimillonario ya se habían convertido en el patrón seguido por una entidad que en sus primeros años tuvo como presidente al consejero de Hacienda de Madrid, pagó por asesoramiento 1,8 millones a Equipo Económico —la mercantil del exministro Cristóbal Montoro— y para cuyo departamento de prensa trabajó Isabel Díaz Ayuso antes de desembarcar en el Parlamento regional en 2011.

Pese a la recurrencia de los impagos del préstamo de 2011, las fundaciones de investigación de los tres hospitales públicos antes citados eligieron a Madrid Network. Actuaron así porque —se lee en la respuesta de la Consejería de Sanidad— “tras realizar una prospección de mercado y valorar tres ofertas de diferentes empresas, se optó por Madrid Network por considerar que su propuesta se ajustaba mejor a las necesidades técnicas y económicas del servicio”. Y ese servicio “consistió en apoyo administrativo, económico-financiero y de gestión para la correcta ejecución y justificación de proyectos europeos” en los que participan la fundación vinculada a los hospitales Infanta Leonor y el del Sureste así como la del 12 de Octubre. Esas dos fundaciones —aduce el Ejecutivo madrileño— no disponen “de medios propios”. Ninguna de ellas mantiene “relación continuada” con Madrid Network. En el caso del contrato del 12 de Octubre, fechado en 2020, año de la pandemia, la adjudicación “obedece a circunstancias excepcionales, siendo la única colaboración” con Madrid Network.

Una entidad que nunca publica sus cuentas

Oficialmente, Madrid Network es en efecto una entidad privada cuyas cuentas nunca han sido de acceso general —ni parlamentario— porque solo las asociaciones de “utilidad pública” están obligadas a depositarlas en el registro. Y Madrid Network nunca ha adquirido ese rango pese a que, en mayo de 2011 y para su reparto entre terceros dedicados al amplio campo de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), la Comunidad de Madrid le transfirió 80 millones aportados por el Ministerio de Ciencia y que necesariamente había que devolver al Gobierno central.

Dado que Madrid Network es un pagador moroso a gran escala, han salido del presupuesto público regional las cuotas de devolución al Ministerio de Ciencia. Es decir, al departamento que bajo el Gobierno de Zapatero asignó a la Comunidad de Madrid aquellos 80 millones que acabaron en manos de Madrid Network. Según fuentes del Ministerio de Ciencia, a fecha de 12 de febrero el Gobierno madrileño ya había desembolsado 85.381.122 euros, de los cuales 74.708.223 corresponden al principal del préstamo, y 10.748.624 a intereses. La última cuota se girará a final de 2026 con vencimiento en febrero de 2027. Su importe será menor que los ya cargados: 865.355 euros.

Los documentos oficiales remitidos por el Ejecutivo autonómico en respuesta a una pregunta del diputado socialista Daniel Rubio señalan que Madrid Network distribuyó 46 préstamos entre terceros y se reservó para sí misma uno de 2,58 millones sobre el que la tabla no facilita ningún dato. De esos 47 proyectos beneficiados con créditos a bajísimo interés (1,232%), más de la mitad —27— han acabado en los tribunales porque las prestatarias no han devuelto el dinero. En algunos casos, no han desembolsado ni un euro.

Entre las empresas beneficiadas figuran dos de Ildefonso de Miguel, que fue la mano derecha del sucesor de Aguirre al frente de la Comunidad, Ignacio González; y una asociación encabezada por Manuel Lamela, quien como consejero de Sanidad en la etapa de Aguirre lanzó una persecución inquisitorial contra los médicos del hospital Severo Ochoa, a los que acusó de matar a pacientes mediante “sedación irregular”.

De los 80 millones concedidos en 2011 por el Gobierno de Aguirre, Madrid Network solo ha devuelto 10,9 a través de dos cuotas de devolución, una abonada en 2016 y la segunda, en 2017. Y así consta en las memorias anuales que, pese a la escasa información en ellas ofrecida —esos documentos no equivalen a lo que conocemos como cuentas—, mantuvo ocultas el equipo de Ayuso hasta que el Supremo le obligó el pasado mes de octubre a difundirlas.

“Objetivos cumplidos”

Pese a que desde 2018 Madrid Network no ha devuelto ninguna cantidad al Gobierno madrileño y pese a que es la asociación la que ha llevado a los tribunales al Ejecutivo para cuestionar el calendario de amortización y bloquear así el preceptivo pago de las cuotas, la Comunidad no se ha planteado en ningún momento anular el convenio por el que en 2011 le transfirió 80 millones. De hecho, y cuando la Cámara de Cuentas de Madrid ya llevaba tres años avisando del creciente agujero provocado por los impagos, la Consejería de Educación volvió a subvencionar a Madrid Network: le dio 106.974 euros en 2023 y 229.877 al año siguiente. Hace un mes, portavoces de la Comunidad sugirieron, sin dar detalles, que se ha interpuesto una demanda judicial contra Madrid Network. De tal demanda no hay, de momento, ningún rastro.

La conexión oficial entre el Gobierno de Madrid y Madrid Network se mantuvo hasta que en septiembre de 2025 la Comunidad se desvinculó de la asociación a través de un escrito firmado por el entonces consejero de Educación, Emilio Viciana. Destituido por Ayuso en febrero, Educación tiene ahora como consejera a Mercedes Zarzalejo. Hace una semana, y ante la pregunta de la diputada de Más Madrid Marta Lozano sobre qué motivos habían conducido a la Comunidad a darse de baja como socia de Madrid Network, Zarzalejo dijo lo siguiente: “Muy sencillo. Hemos decidido darnos de baja en esta asociación porque hemos cumplido los objetivos que motivaron incluirnos en ella”. La bancada parlamentaria del PP celebró con risas la respuesta. Y la consejera sonrió.

A dos meses de que se cumplan 15 años desde que la Comunidad de Madrid transfirió a la asociación Madrid Network los 80 millones de préstamo concedidos a su vez por el Gobierno central que presidía José Luis Rodríguez Zapatero, es hoy más alargada que nunca la sombra de sospecha sobre el dinero perdido en aquella desastrosa operación multimillonaria cuyos documentos mantuvo en secreto el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso hasta que el Tribunal Supremo forzó su difusión el pasado mes de octubre.

La sombra de sospecha sobre los créditos fallidos otorgados a terceros por Madrid Network y que beneficiaron, entre otras, a empresas de altos cargos del PP crece ahora por un motivo: la documentación entregada tras la resolución del Supremo a diputados de Más Madrid y PSOE sobre los 47 préstamos distribuidos por Madrid Network confirman que la entidad sí ha logrado recuperar más de la mitad (42,49) de aquellos 80 millones. Pero el contenido de la tabla remitida por la Consejería de Hacienda al diputado socialista Daniel Rubio confirma también que una parte relevante del total devuelto a Madrid Network permanece en el limbo. Y esa parte la conforman los 31,5 millones recuperados por la entidad pero nunca entregados a la Administración madrileña dado que, hasta ahora, Madrid Network solo le ha pagado 10,9 millones en concepto de devolución de aquel macropréstamo.

Valiéndose de una estrategia judicial de pleitos interpuestos a velocidad lenta contra la Comunidad de Madrid, la asociación ha logrado que el Tribunal Superior de Madrid bloquee el pago de las cuotas posteriores a 2017 y supedite su pago al establecimiento de un nuevo “cuadro” de amortización que lleva en espera desde 2022. Madrid Network demandó en los tribunales a la Comunidad de Madrid tras ver rechazado su recurso administrativo de reposición contra las cantidades exigidas por cuota anual.

A la pregunta sobre dónde están y qué fin ha dado Madrid Network a esos 31,5 millones no ha dado respuesta el Gobierno de Ayuso. Tampoco a la formulada sobre por qué en ningún momento se ha planteado denunciar —aquí, sinónimo de liquidar— por incumplimiento de pagos y objetivos el convenio suscrito con Madrid Network el 23 de mayo de 2011.

Tampoco esta vez ha sido posible contactar ni telefónica ni presencialmente con Madrid Network, cuyos estatutos originales otorgaban su presidencia al consejero de Hacienda y a cuyo elenco de socios pertenecía la Comunidad hasta que en septiembre, y sin ninguna explicación, se desvinculó de la entidad a través de un escrito firmado por el ahora recién cesado consejero de Educación, Emilio Viciana. La única respuesta facilitada por fuentes autorizadas de la Consejería de Hacienda ha sido esta: “Todos los préstamos concedidos por Madrid Network fueron validados por el comité paritario del que formaban también parte representantes del Gobierno central. Asimismo, el proceso fue fiscalizado por la auditoría independiente contratada por el Estado, con el resultado de la correcta aplicación de los créditos. La labor de control por parte de la Comunidad de Madrid es absoluta, de hecho ha derivado en una demanda a Madrid Network para la recuperación de las cuantías adeudadas”.

El Ministerio de Ciencia no ha contestado a la pregunta de si tal auditoría llegó a existir ni el Gobierno de Ayuso ha accedido a dar información sobre una supuesta demanda judicial contra Madrid Network de la que no hay rastro. La comisión paritaria Ministerio de Ciencia-Comunidad de Madrid aludida por la Consejería de Hacienda celebró en la fase final del Gobierno de Zapatero solo tres de las siete sesiones cuyas actas aparecen en la respuesta a una pregunta de la diputada de Más Madrid Marta Lozano. Las otras cuatro tuvieron lugar ya con Mariano Rajoy en Moncloa y Cristóbal Montro como ministro de Hacienda. Entre los préstamos correctamente amortizados por empresas “asociadas” a Madrid Network figuran dos concedidos a empresas en las que participaba Cristina Garmendia tras finalizar su mandato como ministra de Ciencia en el último Gobierno de Zapatero.

Días antes de que el Ejecutivo madrileño sugiriese que ya ha interpuesto una “demanda” contra Madrid Network, elDiario.es hizo dos preguntas a Julio González, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense: si la Comunidad debería haber emprendido acciones legales contra la asociación y si debería haber anulado el convenio y exigir la liquidación inmediata de la deuda. “Como ocurre con cualquier préstamo que otorga la Administración –sostiene González–, la Comunidad de Madrid debe realizar todas las actuaciones para la recuperación del dinero, una vez que el préstamo está vencido. Si no hiciera nada sería una pérdida patrimonial con consecuencias jurídicas”.

Respecto a si cabía o no rescindir el convenio, el catedrático no alberga dudas: “La denuncia del convenio resulta una actuación necesaria, dado que parece que no se ha cumplido satisfactoriamente la prestación. Con esa denuncia, se debería proceder a su liquidación, lo que conllevaría la recuperación de las cantidades que hubiera recuperado y que no hubiera transferido. De existir, habría también intereses. Es preciso tener en cuenta que se trata de un activo de la hacienda pública madrileña (de acuerdo con lo que dispone la norma entonces en vigor), con lo que se podría proceder al embargo de bienes para su recuperación”.

Un agujero de más de 70 millones

Hasta ahora, la asociación nacida bajo el impulso personal de Esperanza Aguirre como entidad público-privada solo ha pagado dos cuotas de devolución del préstamo: la de 2016 y la de 2017, bajo el mandato de Cristina Cifuentes. Son esas dos cuotas las que suman los 10,9 millones devueltos.

En paralelo, los impagos de Madrid Network han provocado ya un agujero de más de 70 millones que la Comunidad de Madrid ha ido detrayendo de otras partidas desde 2018 para cumplir su parte en el esquema de devolución del préstamo. El agujero ha roto sin consecuencias para Madrid Network el triángulo creado en 2011 y según el cual la asociación debe devolver el dinero al Ejecutivo madrileño y este, a su vez ,a la fuente original del dinero, el Ministerio de Ciencia. Según fuentes oficiales de Ciencia, a fecha de 12 de febrero el Gobierno madrileño ya había desembolsado 85.381.122 euros, de los cuales 74.708.223 corresponden al principal del préstamo, y 10.748.624 a intereses. La última cuota se girará a final de 2026 con vencimiento en febrero de 2027. Su importe será menor que los ya cargados: 865.355 euros.

Es llegados a este punto cuando surge el gran interrogante: dónde están y a qué ha destinado la asociación los 31,5 millones que resultan de restar a los 42,49 millones recuperados a los 10,9 millones devueltos. Y así, permanece en la sombra una cifra millonaria casi idéntica al recorte de gasto aprobado hace una semana por una institución pública -la Universidad Complutense- para poder devolver un préstamo de 33,18 millones a la Comunidad de Madrid.

Nada de “utilidad pública”

Pese a su papel protagonista en el reparto de 80 millones públicos, Madrid Network nunca ha tenido el rango de asociación “de utilidad pública”. Esa mella, de la que tampoco existe explicación, le ha librado de depositar en el registro público sus cuentas anuales. Las memorias, informes trimestrales y actas de la comisión de seguimiento del convenio de cesión de los 80 millones, difundidos tras la orden del Supremo, ofrecen una información exigua e insuficiente.

Las cuentas anuales y el conjunto de actividades económicas de Madrid Network, exentas de investigación parlamentaria y contable gracias al veto del PP continúan siendo un misterio del que a lo largo de los años han ido aflorando algunas piezas. Por ejemplo, que Isabel Díaz Ayuso trabajó en el gabinete de prensa de la asociación. O que dos empresas de Ildefonso de Miguel, mano derecha de Ignacio González, el sucesor de Aguirre al frente del Gobierno madrileño, obtuvieron préstamos millonarios, uno de ellos aún pendiente de pago. También figura en la lista de deudores una asociación impulsada por el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, el hombre que acusó en falso a los médicos de Urgencias del hospital Severo Ochoa de sedaciones irregulares y homicidios.

El último dato de relieve conocido hasta hoy se resume en que Madrid Network pagó 1,8 millones a la empresa de Cristóbal Montoro –Equipo Económico SL– tal como consta en un informe policial incorporado al caso por el que se investiga al exministro de Hacienda. Nada más tomar posesión como ministro de Hacienda en diciembre de 2011, Montoro incorporó a Antonio Beteta a su departamento como secretario de Estado de Administraciones Públicas. En su calidad de consejero de Hacienda con Esperanza Aguirre, Beteta había ostentado la presidencia de Madrid Network hasta enero de 2011.

Legalmente, existen. Pero, en realidad, quedaron literalmente extinguidas hace casi tres años las “comisiones mixtas” que con rango normativo –es decir, de obligado cumplimiento– constituyó hace más de 15 años el propio Ejecutivo madrileño para vigilar y controlar la ejecución de los contratos que pusieron en manos del gigante sanitario Quirón cuatro hospitales adscritos a la red pública y un quinto en las del grupo Ribera Salud.

Integradas en cada caso por representantes de la Consejería de Sanidad y de la empresa adjudicataria, las comisiones mixtas que afectan a Quirón –las de los tres hospitales públicos (Móstoles, Valdemoro, Collado Villalba) y la del privado Jiménez Díaz, este sujeto a convenio– llevan sin reunirse desde el 19 de mayo de 2023. Y ello pese a que en el proceso de privatización emprendido por Esperanza Aguirre en la segunda mitad de la primera década del siglo, los pliegos de cláusulas administrativas –documentos cuyo contenido deben aplicar a rajatabla la Administración pública y el adjudicatario– se revistieron de garantismo al ordenar la constitución y permanencia en el tiempo de tales comisiones. ¿Para qué? Para “velar por la ejecución ordinaria del contrato por parte de la entidad adjudicataria”, se lee en los pliegos del Hospital Rey Juan Carlos (Móstoles) y el de Villalba. O, como con mayor nitidez plasma el pliego del Hospital Infanta Elena (Valdemoro): la comisión mixta había de centrarse en el “seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del contrato”.

El departamento que desde junio de 2023 dirige la consejera Fátima Matute sostiene que “la comisión mixta no se ha convocado [desde entonces] por no haberse producido en este tiempo la necesidad de abordar asuntos relacionados con lo más importante: el contrato y sus condiciones”. A través de fuentes autorizadas, la Consejería de Sanidad niega que la función de las comisiones mixtas sea ejercer “el control” y define esos órganos como “una herramienta más”. En actas de distintas sesiones de cada una de las comisiones mixtas se resume, aunque sin exceso de datos, cómo durante años formaron parte habitual del orden del día los asuntos relativos a la liquidación económica de cada ejercicio.

La Consejería no ha respondido a la pregunta de si el reglamento de las comisiones mixtas aprobado en 2016 continúa vigente o si se ha actualizado, tal como propuso el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) en la última sesión celebrada –la de mayo de 2023–. El reglamento de 2016 preceptúa que, con carácter ordinario, las comisiones mixtas han de reunirse una vez por trimestre, aunque la mayor parte del tiempo solo celebraron una sesión por año hasta 2023.

Para la Consejería de Sanidad, nada de lo anterior implica una ruptura de las reglas impuestas por la propia Administración madrileña. El departamento aduce que el hecho de que las comisiones no se reúnan desde 2023 en absoluto mina las tareas de control sobre el cumplimiento de los contratos y las obligaciones sanitarias y financieras. La ejecución de esos contratos se controla “con una gestión permanente, con la interacción de cuatro Direcciones Generales Inspección, Aseguramiento, Gestíón Económica, (farmacia, UTC, gestión económica) y Asistencial” y las Comisiones “son una herramienta más, cuya finalidad no es el control”. Lo fundamental para ese cometido –agregan las fuentes consultadas– “son los controles e inspecciones que se realizan de forma ordinaria y permanente a través de la Dirección General de Inspección, la de Asistencia y la de Gestión de Régimen Económico y Financiero, así como con actuaciones de control en trámites y resoluciones de la Asesoría Jurídica, Hacienda, e Intervención”.

“El control de la gestión –enfatiza el Gobierno de Ayuso– se realiza a diario. La comisión mixta no se ha convocado por no haberse producido en este tiempo la necesidad de abordar asuntos relacionados con lo más importante el contrato y sus condiciones. La auditoría y control ha sido y es exhaustiva”.

La respuesta a las preguntas formuladas a la Consejería de Sanidad no se vio alterada tras el envío de capturas de pantalla con la cláusula que en los pliegos de condiciones atribuye a las comisiones mixtas la misión de velar por el buen funcionamiento de cuatro hospitales cuya captación de pacientes por la vía de la “libre elección” no ha cesado de dispararse y a los que la Comunidad de Madrid abonó entre 2021 y 2024 el doble –4.800 millones– de lo inicialmente presupuestado.  El Gobierno de Ayuso usó sólo entre 2020 y 2023 la denominada “convalidación de gasto” para pagar 707 millones al mayor hospital de Quirón, la Fundación Jiménez Díaz. Esa figura, considerada excepcional, implica abonar servicios imprevistos y sin fiscalización previa. 

El misterio del acta de Torrejón y la “opacidad”

En cambio, sí se reunió una vez en 2024 la comisión mixta del Hospital de Torrejón, gestionado por Ribera Salud y en el centro de la diana desde que El País destapó en diciembre que el entonces consejero delegado del grupo había ordenado rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.

Que tal reunión existió consta en la respuesta escrita a una pregunta parlamentaria de la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Sara Bonmati. La sesión se celebró –se lee en la respuesta– el 18 de julio de 2024. Pero el misterio persiste: porque, pese al tiempo transcurrido, el acta de aquel encuentro no se ha sumado a la lista de resúmenes de sesiones anteriores, una lista de acceso público en la web de la Comunidad de Madrid. El pantallazo de esa sección obtenido este martes muestra que la Consejería ha subido actas de las comisiones mixtas del hospital de Torrejón celebradas hasta diciembre de 2021. Después, nada.

“El Gobierno de Ayuso”, sostiene la diputada Bonmati, no solo ha eliminado las páginas de los contratos públicos en los que se detalla cuánto dinero pagamos a empresas como Quirón, sino que además está ocultando las actas de seguimiento y control de esos contratos. Se trata de documentación clave para garantizar la transparencia y la correcta fiscalización del dinero público“, afirma.

“Esta opacidad no es casual: se produce mientras el trasvase de fondos públicos hacia estas empresas concesionarias aumenta año tras año. En lugar de reforzar los servicios públicos y rendir cuentas ante la ciudadanía, el Ejecutivo regional opta por esconder información y dificultar el control democrático a la oposición”, agrega la parlamentaria.

Bonmati también preguntó si en 2024 se habían reunido las comisiones mixtas de los hospitales gestionados por Quirón. En este caso, la respuesta fue negativa.

La defensa cerrada del secreto en todo lo relativo a la opaca asociación Madrid Network, fundada a instancia de Esperanza Aguirre y a la que la Administración madrileña transfirió en 2011 un préstamo de 80 millones de euros cuyo impago ya ha provocado un agujero de 70 millones en las arcas regionales, ha ido más lejos de lo que hasta ahora se conocía. Si en octubre trascendió cómo el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso había pretendido, sin éxito, que el Tribunal Supremo mantuviese ocultas las memorias anuales de Madrid Network, ahora el círculo se amplía: y lo hace con un segundo recurso judicial del gabinete autonómico, interpuesto en 2023 ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJM) para asegurarse el secreto de determinada documentación sobre Madrid Network. El recurso se encuentra en lista de espera, es decir, todavía sin sentencia.

Lo que busca ese nuevo recurso de la Comunidad es evitar que se cumpla una resolución del Consejo de Transparencia, que en febrero de 2023 contradijo a la Consejería de Hacienda y ordenó abrir a petición de un ciudadano lo que metafóricamente cabría definir como una 'caja fuerte blindada': aquella en la que el Gobierno de Ayuso guarda un informe adjudicado a un bufete externo en diciembre de 2017 –recta final del mandato de Cristina Cifuentes– para analizar la “ejecución” del convenio que en 2011 regó Madrid Network con 80 millones de euros para el posterior reparto de aquel dinero solo entre sus asociados mediante créditos a bajo interés.

Pero el contrato para la elaboración de aquel informe, encomendado al despacho jurídico Uría Menéndez, no se detenía en el análisis del cumplimiento del convenio y las “distintas situaciones” en que se encontraban “los diversos préstamos”, buena parte de ellos fallidos desde años atrás y entre cuyos beneficiarios se encontraban al menos las mercantiles de dos antiguos altos cargos de la Administración madrileña.

Tras dedicar un punto del pliego de condiciones a cómo el estudio jurídico había de examinar “las consecuencias que tendría para la Comunidad de Madrid” el hecho de que Madrid Network “no procediese al pago de una de las cuotas anuales que tiene comprometidas” o peor aún, “comunicase que no va a proceder a abonar ninguna otra cantidad derivada del presente convenio [el del préstamo de 2011]”, el informe debía dar un paso de mayor relevancia incluso: pronunciarse sobre las “acciones que debería llevar a cabo la Comunidad de Madrid no solo con MN [Madrid Network] sino también, en su caso, con sus administradores. Así como qué actuación correspondería a la Comunidad de Madrid realizar ante la posible liquidación de MN”.

Al denegar en abril de 2022 la solicitud de acceso de un ciudadano a aquel estudio jurídico elaborado por Uría Menéndez, el director general de Política Financiera argumentó que se trataba de “un informe interno en poder de la Administración que no expresa el parecer de la Administración, no goza de la naturaleza preceptiva en ningún procedimiento y no ha servido de motivación a resolución final administrativa alguna”. La Comunidad sustentó su negativa en un artículo de la Ley de Transparencia (el 18.b) que entre las causas de inadmisión de solicitudes contempla las “referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”.

A la vista de tal razonamiento, se remitió una pregunta a los portavoces de la Consejería de Hacienda para corroborar si es correcto interpretar que el informe de Uría Menéndez contiene conclusiones sobre qué actuaciones legales debía realizar la Comunidad de Madrid en el caso de que Madrid Network dejara de cumplir sus obligaciones de pago para la devolución del préstamo, como efectivamente hizo a partir de ese año (2018). En una respuesta escueta, la Consejería madrileña de Hacienda se limita a señalar que el de Uría Menéndez “es un informe de carácter jurídico que no forma parte del expediente del convenio de Madrid Network y que consideramos una de las excepciones contempladas en la Ley de Transparencia”.

El informe sobre la ejecución del convenio de los 80 millones de euros, donde también se analiza “qué relación jurídica” existe entre la Comunidad y los beneficiarios de los préstamos repartidos por Madrid Network, llegó a manos de la Administración regional el 2 de enero de 2018, según la respuesta con la que la Asamblea regional denegó hace una semana al diputado socialista Daniel Rubio el acceso al informe de Uría Menéndez.

Fin a la gestión de fondos europeos y a la devolución del préstamo

Hasta ahora no se sabía que la petición de tal informe jurídico a Uría Menéndez se produjo meses después de que el Ejecutivo regional rescindiera en marzo de 2017 otros dos convenios con Madrid Network. A través de esos dos nuevos acuerdos a dedo, el Ejecutivo de Ignacio González había otorgado a la entidad dos años antes –marzo de 2015– la gestión de 10,5 millones de fondos europeos destinados a subvenciones a empresas. El doble pacto lo firmó el entonces consejero de Hacienda, Enrique Ossorio, a quien Ayuso rescató para su Gobierno en 2019, le nombró luego vicepresidente de su equipo y que hoy preside la Asamblea de Madrid.

Una vez rescindido el convenio para la gestión de los 10,5 millones cofinanciados por la UE, Madrid Network no volvió a abonar ni una sola cuota de devolución del préstamo de 80 millones. El periodo de amortización había comenzado en 2016, cuando la asociación abonó una cuota de 3,63 millones el 8 de enero. Al año siguiente, exactamente el 13 de enero de 2017, la asociación le transfirió la segunda cuota: 7,27 millones. Y ya no hubo más cuotas satisfechas. Los 10,9 millones que suman las dos cuotas representan todo lo que ha abonado Madrid Network, a la que su prestamista –el Gobierno madrileño– subvencionó de nuevo en 2023 con 106.974 euros y en 2024, con 229.877.

De la ejecución de esos dos convenios nada ha cruzado la frontera que separa lo secreto de lo público. Las “memorias anuales” de Madrid Network se suceden bajo un título que equivocadamente hace presumir un relato pormenorizado de su actividad en cada ejercicio: tanto en lo que al préstamo de 80 millones concierne como a trabajos como los que derivaron en el desembolso de 1,8 millones para la empresa de Cristóbal Montoro o al uso dado a subvenciones que tanto en 2013 como en 2014 rozaron el millón de euros.

La opacidad se refuerza aquí por un dato sobre el que el Gobierno madrileño nunca ha dado explicaciones: que Madrid Network no está obligada a depositar su contabilidad en el Registro de Asociaciones. ¿Por qué? Porque pese a gestionar nada menos que 80 millones a partir de 2011 y otros 10,5 entre 2015 y 2017, jamás se la ha declarado de “utilidad pública”. Y solo las incluidas en esa categoría deben hacer públicas sus cuentas anuales.

El acceso público a sus memorias anuales por orden expresa del Tribunal Supremo ha destapado nuevos agujeros en la opaca asociación Madrid Network, constituida en 2007 por iniciativa de Esperanza Aguirre, pagadora de 1,8 millones a la empresa del exministro Cristóbal Montoro, receptora en 2011 de un préstamo de 80 millones públicos cuya devolución ya ha costado 70 millones al Ejecutivo regional y sobre la que el PP acaba de vetar la investigación parlamentaria que reclaman Más Madrid y PSOE. Las memorias destapan que la relación del Ejecutivo regional con Madrid Network siguió avanzando viento en popa pese a que sus memorias anuales ya habían ido constatando desde 2012 un auténtico fiasco en el reparto de buena parte del préstamo de aquellos 80 millones públicos, concedidos por el Ministerio de Ciencia a la Administración madrileña para su distribución entre empresas de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). El viento sopló tan favorablemente para Madrid Network que, tras recibir en 2013 una subvención de 800.000 euros y en 2014 otra de 900.000, la Consejería de Economía y Hacienda le entregó en 2015 la gestión y distribución entre terceros de 10,5 millones de ayudas cofinanciadas por la UE para el fortalecimiento del tejido empresarial en el área del Corredor del Henares y el fomento del sector tecnológico en el conjunto de la comunidad.

Articulada a través de dos convenios a dedo, la encomienda a Madrid Network, que nunca ha depositado su contabilidad en el registro de asociaciones al no estar calificada como “de utilidad pública”, se llevó a cabo el 27 de marzo de 2015. O sea, en la recta final del mandato presidencial de Ignacio González, antiguo número dos de Aguirre y a la espera de juicio por supuesta corrupción en el denominado caso Lezo.

En febrero de 2017 –mandato de Cristina Cifuentes–, la Comunidad firmó la extinción anticipada de aquellos dos convenios, cuya duración estaba prevista hasta 2020, y asumió la tarea de administrar por sí misma los dos paquetes de ayudas. El documento de extinción, suscrito por la Consejería de Hacienda y por Madrid Network, atribuye el giro copernicano a “la necesidad de agilizar y acortar los plazos restantes de tramitación” de los fondos. A partir de ahí, Madrid Network quedaba obligada a devolver “la cantidad resultante de la liquidación que se practique”. “Devolverá”, agrega el texto, “toda la documentación que obre en su poder derivada de las actuaciones realizadas con las solicitudes recibidas”. Y “aportará memoria justificativa de las actuaciones realizadas”.

Así que en 2017 se acabó la gestión privada de aquellos fondos europeos y, en paralelo, se acabó la devolución del préstamo público de 80 millones. El periodo de amortización había comenzado en 2016, cuando Madrid Network abonó a la Comunidad una cuota de 3,63 millones el 8 de enero. Al año siguiente, exactamente el 13 de enero de 2017, la asociación le transfirió la segunda cuota: 7,27 millones. Y se acabó. Esos 10,9 millones que suman las dos cuotas es todo lo que ha abonado Madrid Network, a la que su prestamista -el Gobierno madrileño- subvencionó de nuevo en 2023 con 106.974 euros y en 2024, con 229.877.

La Consejería de Hacienda confirmó el viernes que no ha habido más pagos tras el cierre de 2024 -ejercicio de la última memoria anual disponible. Eso significa que a lo largo de los años la Administración madrileña, obligada a reintegrar los 80 millones que en diciembre de 2010 le prestó Ministerio de Ciencia y que de inmediato transfirió el Gobierno de Aguirre a Madrid Network, ha tenido que detraer de la cuenta general 70 millones para afrontar la devolución.

Los portavoces de Hacienda han eludido responder a la pregunta de por qué se encargó a Madrid Network, asociación privada, la gestión de 10,5 millones de subvenciones públicas sujetas al principio de concurrencia competitiva. Tampoco ha facilitado información sobre cuánto devolvió la asociación al erario madrileño una vez derogados aquellos dos convenios, si es que tal devolución ha existido.

2,56 millones ‘autoadjudicados’

Firmados por Enrique Ossorio, hoy presidente de la Asamblea de Madrid, entonces consejero de Hacienda y a quien Ayuso rescató en 2019 para su gobierno, donde llegó a ejercer como vicepresidente, de los dos convenios de 2015 no se menciona ni una palabra en las memorias anuales de Madrid Network. Entre 2008 y 2011 y con un sueldo de 4.200 euros netos al mes, la actual presidenta de Madrid había trabajado para el departamento de prensa de Madrid Network.

Las memorias sí mencionan, pero de paso y sin ofrecer detalle, que, con cargo a los mismos 80 millones otorgados en 2011, Madrid Network se autoadjudicó un préstamo de 2,56 millones para un “Centro de Servicios en Red de Apoyo a la Innovación” sobre el que a día de hoy nada se sabe. El intento de obtener respuesta de Madrid Network ha resultado de nuevo fallido.

No es factible, por tanto, resolver tampoco el misterio que planea sobre una de las empresas beneficiarias de aquel racimo de 80 millones y que, al igual que otras 16 mercantiles, terminó envuelta en un litigio con Madrid Network por impago: Centro de Imagen y Tecnología del Conocimiento Biomédico SL, destinataria de dos millones y que, según la memoria de 2024, aún se mantiene en batalla judicial con la asociación. Lo sucedido con esta mercantil se aborda con neutralidad y distancia en las memorias de Madrid Network. Pero una de las dos directivas primigenias de la entidad creada por Aguirre y cuya firma había validado en mayo de 2011 la recepción de los 80 millones, Alicia Hinojosa, aparecía hasta noviembre de 2013 como miembro del consejo de administración de Centro de Imagen.

La asociación, accionista de uno de sus deudores

Su presencia apuntaba a una relación de cercanía entre el prestamista y la empresa prestataria. Y en efecto, así lo certifica el Registro Mercantil. Constituida el 19 de septiembre de 2011 con un capital de 3.006 euros, Centro de Imagen y Tecnología del Conocimiento Biomédico SL firmó 11 días más tarde con Madrid Network un contrato de préstamo de 2 millones. La víspera, la empresa había llevado a cabo una ampliación de capital: de los 3.006 euros saltaba a 750.000 euros “con aportaciones no dinerarias”, según se lee en su balance contable de aquel ejercicio. A la ampliación -prosigue el documento- “acudieron” dos partes: la asociación Madrid Network, “que aporta el diseño del modelo de negocio y el plan de viabilidad del Centro de Imagen y Tecnología del Conocimiento Biomédico, por importe de 75.000 euros; y un particular que aportaba ”la tecnología del denominado Visor CX, por importe de 675.000 euros“. Madrid Network ostentaba el papel de accionista de la compañía con un 10% y el particular se reservaba el 90%.

De su participación accionarial en una de las beneficiarias de los préstamos que a bajísimo interés (1,232%) otorgaba Madrid Network solo a sus asociados nada dicen sus memorias anuales. El silencio en ese terreno plantea preguntas hasta ahora fuera de pantalla: ¿fue este un caso único o la asociación perteneció (o pertenece) al accionariado de más compañías a las que brindó financiación?

El secreto de sus cuentas y la negativa del PP a abrir en canal las actividades de Madrid Network mediante una comisión de investigación impiden saber, por ejemplo, por qué de las 46 empresas destinatarias de sus préstamos hubiese dos comandadas por antiguos altos cargos de la Administración madrileña: el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela (500.000 euros aún impagados al cierre de 2024) y la antigua mano derecha de Ignacio González en la empresa pública Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel (3,2 millones). En la memoria de 2019 figura una nota según la cual con las dos empresas de Ildefonso de Miguel que obtuvieron los préstamos se había alcanzado ya “un acuerdo transaccional en sede judicial”. En las memorias siguientes se incluía la misma nota. Y en la última, la de 2024, también. ¿Han desembolsado ya la deuda pendiente? Solo Madrid Network lo sabe.

Además, de los 47 proyectos financiados, Madrid Network solo calificaba al cierre de 2024 doce de ellos como “ejecutados correctamente”.

En medio de la incertidumbre sobre un asunto que sigue vivo por la dimensión de la deuda acumulada, el PSOE interpuso un recurso en el Tribunal Constitucional por la negativa del PP madrileño a crear una comisión de investigación sobre Madrid Network. Al día siguiente, Más Madrid remachó en el pleno de la Asamblea la resistencia a investigar a la controvertida asociación. No solo la portavoz de esta formación, Manuela Bergerot, reprochó al grupo de Ayuso su cerrojazo a la propuesta. Una de sus diputadas, Marta Lozano, se lanzó a degüello: “Quienes sacaron tajada del pastel fueron ultraliberales patrios, es decir, ustedes y sus amigos”.

El gigante sanitario Quirón, que gestiona cuatro hospitales de la red pública madrileña, ha experimentado a partir de 2021 un espectacular aumento de ingresos procedentes del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Tan elevado es el salto que en el cuatrienio 2021-2024 los documentos oficiales sobre la liquidación de cuentas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) constatan que los cuatro hospitales de Quirón han cobrado el doble de lo originalmente presupuestado: la suma del crédito inicial asignado a esos centros ascendió en ese periodo a 2.543.928.271 euros, pero el conjunto de los pagos contabilizados al cierre de cada uno de esos ejercicios se disparó hasta rozar los 5.000 millones: exactamente, 4.803.124.204 euros.

Quirón es propietaria en Madrid del hospital Fundación Jiménez Díaz y gestiona otros tres de titularidad pública situados en los municipios de Móstoles (el Rey Juan Carlos), Valdemoro (Infanta Elena) y el General de Collado Villalba.

El último año cuya liquidación de cuentas se conoce, 2024, opera como la cima de un fenómeno cuyo inicio se sitúa en 2021 a tenor de los datos oficiales. Tanto es así que de los 715.712.602 euros asignados en conjunto a los cuatro hospitales como “crédito inicial” (ver la tabla) se pasó a un pago de 1.611.196.188 euros. Es decir, un 125% por encima de lo presupuestado.

En el cuatrienio comprendido entre 2016 y 2019, Quirón ya fue cobrando más de lo presupuestado. Pero la diferencia entre los números del principio y los del final fue muchísimo menos relevante: los 1.693 millones presupuestados en total se convirtieron en 2.126 millones, lo que significa un aumento de 433 millones. Entre los dos cuatrienios (2016-2019 y 2021-2024) se sitúa un año excepcional: 2020, el de la pandemia.

Y justamente ese ejercicio, aquel en que la COVID-19 colapsó los hospitales y acabó en las residencias madrileñas de mayores con 7.291 vidas de contagiados que no fueron derivados a ningún centro hospitalario, Quirón cobró menos de la sanidad madrileña: para sus cuatro hospitales las cuentas de la Comunidad de Madrid habían reservado 609.405.223 euros, pero los pagos se redujeron a 504.379.292 euros.

Por hospitales, el presupuesto inicial y la cifra abonada a lo largo del cuatrienio según los sucesivos documentos de “Liquidación del presupuesto de gastos” del SERMAS son los que siguen: Hospital Fundación Jiménez Díaz, 1.566 millones presupuestados y 2.741 millones abonados; Rey Juan Carlos, 460 millones asignados y 1.023 pagados; Infanta Elena, 240 millones de crédito inicial y 519 satisfechos; y Hospital General de Villalba, 276 millones presupuestados y 518 pagados.

Ni el Gobierno madrileño –a cuyos portavoces se remitió el jueves de la semana pasada un Excel con los datos de cada liquidación oficial–, ni Quirón han respondido las preguntas de elDiario.es sobre qué factores explican una disparidad de semejante envergadura. Aunque el baile de sucesivas modificaciones de crédito aprobadas a lo largo de cada año hace materialmente imposible conocer las causas concretas de tales sobrecostes milmillonarios, el mensaje continuo del Ejecutivo regional se resume en dos palabras: “Libre elección”.

Y así, la “libre elección” de los más de siete millones de residentes en Madrid para “decidir” a qué hospital acudir constituiría la principal causa del descomunal crecimiento del dinero trasvasado al grupo. El aumento de los tiempos de espera por falta de medios en los hospitales de carácter netamente público no cesa de engordar la lista de pacientes atendidos por el Jiménez Díaz, el Rey Juan Carlos de Móstoles, el Infanta Elena de Valdemoro y el General de Villalba. De hecho, como desveló elDiario.es, Quirón ha multiplicado por seis los pacientes que capta de la sanidad pública en una década.

La entrada de cada paciente ajeno al área geográfica asignada a los cuatro hospitales de Quirón se traduce en un aumento de ganancia para la empresa en virtud de los acuerdos que rigen la relación de la Comunidad de Madrid con este auténtico gigante sanitario, un conglomerado originalmente llamado Capio y ahora dominado por la multinacional alemana Fresenius.

La oposición habla de “libre inducción”

Fuentes socialistas recuerdan cómo en la sesión plenaria donde se abordó la relación del SERMAS con Quirón, su viceportavoz, Fernando Fernández de Lara, aludió al progresivo éxito de los hospitales de “colaboración público-privada” con una afirmación: que una cosa es la libre elección y otra, “la libre inducción”. Inducción a los ciudadanos para que “elijan” hospitales en manos privadas y que, por ejemplo, programan resonancias magnéticas de madrugada, algo fuera del alcance de los centros de propiedad y gestión pública.

Tanto la diputada de Más Madrid Marta Carmona como la socialista Sara Bonmatí se encuentran a la espera de respuesta a distintas peticiones de información sobre modificaciones presupuestarias y sucesivos acuerdos del Consejo de Gobierno que alteran el presupuesto inicial asignado a los cuatro hospitales de Quirón.

Hasta ahora, la opacidad del Gobierno madrileño en cuanto a Quirón ha permitido que, por ejemplo, entre 2020 y 2023, el mayor hospital del grupo –la Fundación Jiménez Díaz– obtuviese nada menos que 707 millones mediante “convalidaciones de gasto”, figura excepcional que implica abonar servicios imprevistos y sin fiscalización previa. Dicho de otro modo, y reproduciendo la definición aportada en 2018 por el hoy alcalde de Madrid y entonces jefe de la oposición, José Luis Martínez Almeida, la convalidación es “aquella adjudicación que se hace directa, a dedo, sin ningún tipo de concurso público como consecuencia de una mala gestión previa por parte del equipo de Gobierno”.

Adicionalmente, ocho sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) entre febrero de 2023 y marzo de 2024 acreditan que la Comunidad de Madrid se avino voluntariamente en los tribunales a las reclamaciones de pagos atrasados planteados por Quirón a través de recursos judiciales, reclamaciones a las que en un primer momento se había opuesto. El allanamiento, como se conoce jurídicamente la cesión voluntaria del demandado ante las pretensiones del demandante, reportó al holding otros 85 millones.

Esta semana, la portavoz de Sanidad de Más Madrid, Marta Carmona, publicó un mensaje explícito en su cuenta de X tras el debate parlamentario que tuvo lugar en la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Asamblea de Madrid del 17 de noviembre: “¿Cómo funciona el desvío de fondos a Quirón en Madrid? Fundamentalmente, a través de la 'libre elección'. Se ahoga a los hospitales públicos con un presupuesto claramente insuficiente, obligándoles a mendigar para funcionar y saturándolos… Los hospitales de Quirón tienen barra libre de presupuesto: a final de año les pagan tanto como hayan gastado, sin decirles que no a nada. Mientras, los públicos tienen que suplicar a Hacienda para cada sustitución, material extra, etc. Abrir agendas así es Difícil”.

Desde el PSOE, su portavoz de Sanidad, Carlos Moreno disparó en dicha comisión una pregunta a la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que quedó sin respuesta: “¿Qué demonios hacen paradas por las tardes tantas consultas, quirófanos, mamógrafos mientras miles de madrileños sufren esperando durante meses su ansiada prueba? Pero esto mismo se preguntan muchos jefes de servicio (…). ¿Por qué no me dejan programar actividad por las tardes si cada día respondo cientos de reclamaciones por demoras en las citas? ¿Por qué mis médicos no pueden prolongar su jornada por la tarde en la pública?” Moreno sostiene “un bochorno” que “no permitan a los hospitales públicos hacer lo mismo [que los de Quirón], que les impidan funcionar por las tardes por la falta de financiación. ¿Por qué unos sí y otros no, señora consejera? Eso es lo que nunca nos explican”. Y aquí lanzó el dardo final: “Ustedes están inmersos en una senda de complicidades con la gestión privada”.

La consejera eludió responder a la pregunta clave –por qué los hospitales de gestión pública no pueden programar determinadas actuaciones por la tarde–, y se centró en el sintagma estelar del Gobierno de Ayuso: la “libre elección”. “En Madrid creemos en la libertad y el paciente puede elegir el médico en el que confía su salud”, enfatizó Matute.

También Vox ha llegado a cuestionar la disparidad entre presupuesto inicial y pago real. En junio, su diputada Ana Cuartero aseguró que “lo que hay es ingeniería contable”. “Saben perfectamente que van a gastar más de lo que presupuestan y también que pueden usar créditos de gasto corriente para ello. Por eso todas las promesas incumplidas, como las ampliaciones de hospitales, financian este desvío entre lo presupuestado y lo gastado”.

La investigación sobre la supuesta trama de corrupción nucleada en torno a la empresa Equipo Económico SL, fundada en 2006 por el entonces gurú económico del PP, Cristóbal Montoro, ha operado como un zahorí capaz de detectar corrientes ocultas. Entre otras cosas, los hallazgos policiales han sacado a la luz que una asociación con nombre de red –Madrid Network– y gestada por la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre se convirtió para Equipo Económico en un manantial tan caudaloso que entre 2008 y 2011 le ingresó 1,8 millones por trabajos aún desconocidos.

Que el Tribunal Supremo haya ordenado ahora al Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso permitir el acceso a las memorias anuales donde Madrid Network debe dar cuenta de lo hecho con los 80 millones que en 2011 otorgó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid y que esta transfirió de inmediato a la asociación se suma a las exigencias de investigación parlamentaria formuladas por Más Madrid y PSOE tras conocerse sus pagos a la mercantil de Montoro.

Pero, de momento, y en medio de constantes vetos del PP a toda pregunta parlamentaria sobre el asunto –los socialistas acudirán al Tribunal Constitucional–, su historial se asemeja a un puzle donde al menos en apariencia faltan piezas y sobran secretos: no solo el listado completo de empresas receptoras de préstamos con cargo a aquellos 80 millones y si los devolvieron o no, sino, por ejemplo, sentencias pendientes de ejecución que aliviarían el daño ya causado a la Comunidad por los impagos de Madrid Network. Y, también, la incógnita de por qué Aguirre puso ese dinero en manos de una asociación nunca declarada de “utilidad pública”. O la última aparecida en escena: por qué el PP eligió en 2024 como miembro de la Cámara de Cuentas a Francisco Cabrillo, cuyo nombramiento como presidente del consejo asesor de Madrid Network se anunció en 2012 a bombo y platillo aunque ahora el máximo órgano fiscalizador de Madrid asegura que tal consejo asesor “nunca se llegó a constituir”.

A comienzos de semana, portavoces del Gobierno madrileño rehusaron contestar a preguntas formuladas por este medio tras aducir que la consejera de Hacienda, Rocío Albert, comparecerá el próximo jueves ante la Asamblea de Madrid y que allí, durante la sesión plenaria, “explicará todos los detalles” relacionados con Madrid Network.

En espera de lo que la titular de Hacienda desvele en el Parlamento madrileño, lo cierto es que el 'caso Montoro' ha descorchado de forma inesperada la botella de Madrid Network, oficialmente una entidad de derecho privado nacida bajo amparo y dominio del equipo de Esperanza Aguirre –la presidió durante años el consejero de Hacienda–, blindada por un manto opaco que ha invisibilizado sus pasos contables y financieros en los 18 años transcurridos desde su constitución en 2007, deudora de más de 50 millones que ha tenido que pagar el Gobierno de Madrid y lugar de trabajo de Isabel Díaz Ayuso (4.000 euros al mes) hasta su ascenso a un escaño en 2011.

Sentencias que aliviarían la deuda y permanecen en el limbo

Entre los datos inéditos todavía sin explicación figuran dos que plantean interrogantes sobre el patrón seguido por el Ejecutivo madrileño en un caso de morosidad galopante y moteado de episodios como la concesión de préstamos por parte de Madrid Network a dos empresas de quien fue mano derecha del expresidente madrileño Ignacio González y a una tercera del exconsejero de Sanidad que persiguió judicialmente a los médicos del hospital público Severo Ochoa acusándoles en falso de matar a pacientes mediante sedación terminal. Ninguno de los tres préstamos, que sumaban 4,5 millones, fue devuelto.

El primero de esos dos datos inéditos está directamente conectado al agujero causado por los impagos de la cuota que debía abonar Madrid Network para la devolución a plazos de los 80 millones. Según la Cámara de Cuentas, los constantes impagos de la asociación ya habían provocado al cierre de 2023 un agujero de 51,89 millones en las cuentas regionales aunque la cifra, a falta de datos oficiales actualizados, podría rondar ya los 70 millones. El bocado a las cuentas públicas, sobre cuya cuantía a fecha de hoy faltan las cifras oficiales, se explica con facilidad: pague o no Madrid Network, la Comunidad está obligada a devolver al Ministerio de Ciencia los 80 millones concedidos en 2011 para investigación, desarrollo e innovación.

Según el Gobierno de Madrid, la Comunidad acudió a los tribunales como consecuencia de los impagos de Madrid Network. Pero lo que de momento ha podido localizarse no son sentencias dictadas a raíz de las demandas interpuestas por la Administración y sobre las que no hay rastro a día de hoy, sino todo lo contrario: son producto de los contenciosos formulados por Madrid Network para justificar el impago de las cuotas establecidas.

Entre abril de 2022 y febrero de 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó cuatro sentencias cuya aplicación habría coadyuvado a disminuir el agujero citado en el párrafo anterior. Las cuatro son firmes: Madrid Network las recurrió en el Supremo, pero el alto tribunal inadmitió los recursos. Las cuatro le dan en parte la razón a Madrid Network al concluir que, tras devolver 4,11 millones en 2016 como remanente de los 80 millones -es decir, 4,11 millones que se habían quedado en la caja sin llegar a repartirse entre terceras empresas-, la Comunidad debe “determinar la nueva cantidad a reintegrar”.

Pues bien, la Comunidad de Madrid solo ha pedido al tribunal la ejecución de la primera de esas cuatro sentencias, que se encuentra desde 2023 en la llamada Sección de Ejecuciones y así lo ha confirmado elDiario.es a través del TSJM. Traducido, lo anterior significa que de momento permanecen en el limbo las otras tres resoluciones firmes que obligan a modificar la cuantía de la cuota, pero sin que ello exima a Madrid Network de la obligación de pago.

Una subvención multimillonaria para una asociación sin “utilidad pública”

En su libro Una liberal en política (Deusto, 2025), Esperanza Aguirre señala a José Luis Rodríguez Zapatero como el presidente que daba subvenciones “a quien se le pusiera por delante para, así, comprar votos”. Feroz detractora del concepto 'justicia social' –“no solo no es justa, sino que tampoco aporta nada al bienestar general”, se lee en el mismo libro–, la expresidenta firmó el 27 de octubre de 2010 el convenio por el que el Ministerio de Ciencia del segundo Gobierno de Zapatero aprobaba la entrega de 80 millones a la Comunidad de Madrid para el fomento de I+D+i (investigación, desarrollo e innovación). Y a partir de aquí comienza el relato sobre el segundo dato inédito pendiente de explicación.

El convenio con el Ministerio preceptuaba que la gestión de los 80 millones recaía sobre uno de los entes de la Administración madrileña, el IMADE (Instituto Madrileño de Desarrollo), “pieza clave [dice el texto] de la actividad económica del sector público de la Comunidad de Madrid”. Dos semanas después de la firma del acuerdo, el Gobierno regional anunció que, por razones de austeridad, había decidido eliminar de un plumazo aquella “pieza clave”.

Extinguido el IMADE, fue el entonces consejero de Hacienda y antes y después de su fase autonómica alto cargo ministerial con Montoro, Antonio Beteta, quien el 23 de mayo de 2011 signó con Madrid Network el convenio por el que le traspasaba los 80 millones del préstamo a un bajísimo interés (1,23%) y con un periodo de amortización que se iniciaría en 2016 para finalizar en 2027.

Pero lo sorprendente del caso no es solo la elevadísima cuantía –80 millones de euros– cedidos a una entidad de derecho privado y “sin ánimo de lucro” mediante un convenio regido por la ley de subvenciones. Ni tampoco el hecho de que Beteta hiciese doblete como consejero y a la vez presidente de la asociación “privada” en cumplimiento de sus estatutos originales, que asignaban ese puesto al consejero de Hacienda o a la persona por él elegida. La gran sorpresa radica en que nunca, ni durante el mandato de Beteta ni más tarde, Madrid Network fue declarada asociación de utilidad pública. Lo certifica una consulta a la base de datos de asociaciones inscritas en el Registro de Asociaciones de la Comunidad de Madrid.

“No es muy lógico [sostiene el diputado socialista Agustín Vinagre] que siendo el presidente de Madrid Network el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, nunca se pidiera que la asociación fuera de utilidad pública y se le diera la gestión de un convenio de 80 millones de euros públicos que hasta ahora han desaparecido”.

Pero en una interpretación mordaz del término, que no haya sido calificada como asociación de utilidad pública sí posee una lógica que hasta ahora había pasado inadvertida. Porque la ley de asociaciones garantiza beneficios fiscales a las entidades catalogadas como de utilidad pública. Pero simultáneamente les impone dos obligaciones de relevancia. La primera, que su actividad “no esté restringida exclusivamente a beneficiar a sus asociados, sino abierta a cualquier otro posible beneficiario que reúna las condiciones y caracteres exigidos por la índole de sus propios fines”. Y, en segundo lugar, aunque no de menor relevancia, les exige “rendir las cuentas anuales del ejercicio anterior en los seis meses siguientes a su finalización” y depositarlas “en el registro correspondiente”.

Por definición, los documentos depositados en los registros de asociaciones son de acceso público. Y pese a que, probablemente y a tenor del convenio de 2011, las memorias anuales de la asociación se limiten a lo referente a los préstamos a “entidades asociadas a Madrid Network” –la limitación vetada a las entidades de utilidad pública–, la Comunidad lleva años negándose a su divulgación. ¿Por qué? Porque, según su argumento central –justo el que han tumbado los tribunales por considerarlo inconsistente– dar a conocer las memorias de Madrid Network “implica un real, claro y directo daño sobre los intereses económicos de numerosas empresas que se citan en ellas”. ¿Abordan las memorias anuales contratos de servicios como los que aportaron 1,8 millones a la empresa fundada por Montoro o esas operaciones solo figuran en los libros de contabilidad y en unas cuentas nunca depositadas en el Registro? Por ahora, no es factible acceder a una respuesta.

¿Un consejo asesor fantasma con nombres de primera línea, pero que nunca existió?

El 22 de octubre, el secreto que envuelve a Madrid Network sufrió un nuevo rasguño cuando la diputada de Más Madrid Marta Lozano interpeló en la Asamblea regional al presidente de la Cámara de Cuentas, Joaquín Leguina. Lozano le espetó que un vocal del máximo órgano fiscalizador madrileño, el catedrático Francisco Cabrillo, presidió entre 2012 y al menos 2022 el consejo asesor de la asociación, “ese chiringuito del PP que ha costado ya 70 millones”. Más Madrid reclama la dimisión de Cabrillo.

Jefe del primer Gobierno madrileño cuando militaba en el PSOE, Leguina contestó de forma escueta sobre su compañero, que se incorporó como vocal de la Cámara en abril de 2024 a propuesta del PP: “El señor Cabrillo ya no forma parte de esa institución”. Dejó pasar medio segundo y cerró así su respuesta: “Lo digo para que lo sepa”.

Pero esta semana, y a preguntas de elDiario.es sobre la fecha exacta en que Cabrillo había dejado de ejercer la presidencia del consejo asesor de la asociación, fuentes autorizadas de la Cámara de Cuentas derribaron el adverbio “ya” insertado por Leguina. “Según nos consta [se lee en su respuesta escrita] ese Consejo nunca llegó a constituirse, nunca se reunió, por tanto, o el Sr. Cabrillo nunca desempeñó función alguna en Madrid Network”. El correo remitido en contestación a las preguntas añade que las cuotas impagadas por la asociación “han sido reclamadas por la Comunidad de Madrid y se encuentran en vía judicial”.

Expresidente del Consejo Económico y Social de Madrid bajo el mandato de Esperanza Aguirre, catedrático de la Complutense, patrono de la fundación conservadora Civismo, colaborador asiduo de FAES y antiguo miembro del consejo de administración de Libertad Digital, Cabrillo fue nombrado en julio de 2012 presidente del consejo asesor de Madrid Network, que pasó de cuatro a diez miembros según la información difundida entonces. Entre los nuevos consejeros también figuraba la exministra de Ciencia en el Gobierno de Zapatero que firmó el convenio de los 80 millones y hoy presidenta de Mediaset España, Cristina Garmendia.

En 2022, es decir, 10 años después de que se publicase en prensa el reforzamiento del Consejo Asesor de Madrid Network, la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras (Racef) incluyó a Cabrillo en la lista de su publicación Economistas españoles relevantes de los siglos XVIII, XIX y XX. El perfil biográfico del hoy consejero de la Cámara de Cuentas incorpora este párrafo: “Es miembro fundador de la European Association of Law and Economics, para la investigación económica, y presidente de Madrid Network, una red de networking para la generación de oportunidades de negocio. Colabora habitualmente en el diario Libertad Digital”. El texto sigue disponible en la web de la Academia.

Un segundo documento académico, el Diccionario de catedráticos españoles editado por la Universidad Carlos III, también vincula a Cabrillo con Madrid Network: “Es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del Máster en Análisis Económico del Derecho del Instituto Universitario Ortega y Gasset. Es también director general del Centro Universitario Cardenal Cisneros, presidente del Consejo Asesor de Madrid Network y de la Asociación Española de Derecho y Economía (AEDE)”.

La decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de mantener ocultas contra viento y marea las cuentas de Madrid Network acaba de derrumbarse en el Tribunal Supremo. Con un auto fechado el pasado día 8 y al que ha tenido acceso elDiario.es, el alto tribunal obliga al Gobierno madrileño a facilitar las memorias anuales de la entidad público-privada a la que la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, transfirió en 2011 nada menos que los 80 millones de un préstamo a bajo interés recién concedido entonces por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid. Los impagos de las cuotas de devolución del préstamo por parte de Madrid Network ya le han costado al erario madrileño más de 50 millones.

A través del auto del pasado día 8, la Sala de lo Contencioso del alto tribunal inadmite el recurso de la Comunidad de Madrid contra la sentencia dictada en abril por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que ordenaba al equipo de Ayuso facilitar las memorias de la asociación Madrid Network a un ciudadano que las había solicitado a través del portal de transparencia. Al inadmitir el recurso de casación planteado, el Supremo convierte en firme la sentencia del TSJM.

Para mantener bajo secreto las cuentas de una asociación opaca que por servicios aún desconocidos pagó 1,8 millones a la empresa fundada por el exministro Cristóbal Montoro y para la que hasta lograr un escaño en 2011 había trabajado Ayuso, el Gobierno regional ha venido argumentando lo siguiente: divulgar esos documentos “implica un real, claro y directo daño sobre los intereses económicos de numerosas empresas que se citan en ellas”. La asociación repartió de forma discrecional el dinero público del préstamo transferido por Aguirre. Y lo hizo entre empresas de las que solo ha trascendido la identidad de algunas, tres de ellas vinculadas a antiguos altos cargos del PP. Los préstamos a esas tres mercantiles resultaron fallidos.

Ahora, y en la misma línea que el TSJM, el Supremo subraya que, si bien la ley permite de forma excepcional esquivar la Ley de Transparencia cuando la información pública puede causar serios perjuicios a una empresa, en este caso la Comunidad de Madrid no ha explicado en ningún momento por qué se aferra a tal argumento: “Tales argumentos han de ser invocados y acreditados por la entidad que los alega, sin que valga una genérica afirmación sobre eventuales quebrantos sin una cumplida justificación sobre la incidencia y los peligros concretos y determinados que el acceso a una información específica generaría en el funcionamiento y actividad comercial y económica de la empresa”. Y además –agrega el auto a renglón seguido–, para que tales perjuicios cierren la puerta de la transparencia “han de ser relevantes y han de ponderarse en relación a los intereses en juego (interés público e intereses particulares), ya se trata de obstaculizar el total acceso a la información como en los casos de limitaciones parciales”.

El convenio en virtud del cual Aguirre le traspasó aquellos 80 millones estipulaba que debía pagar cada año a la Comunidad de Madrid la cuota de devolución del préstamo –unos 9 millones– para que, a su vez, esta se la abonara al Ministerio de Ciencia. Pero tal como señaló la Cámara de Cuentas en su informe sobre 2023, los impagos constantes de la asociación ya habían forzado al cierre de ese ejercicio a cubrir con fondos del presupuesto autonómico el agujero de 51,89 millones provocado por los incumplimientos de la asociación. A día de hoy, no es posible cuantificar cuánto ha crecido lo adeudado.

El auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado Diego Córdoba Castroverde, pone el acento en que no cabe recurso de casación dada la falta de justificación del supuesto daño que difundir las memorias de Madrid Network infligiría a las empresas que deben aparecer en ellas por sus relaciones con la asociación: “Y lo que sucede en este caso en el que la Sala [la del TSJM que dictó la sentencia de abril] concluye que la Comunidad de Madrid no justificó suficientemente qué datos o extremos de las memorias solicitadas pueden ser susceptibles de causar perjuicios a los intereses económicos y/o comerciales de indeterminadas entidades, ni tampoco que esos daños puedan configurarse como reales y efectivos y no simplemente potenciales, frente a lo que alega la Comunidad de Madrid que dicha justificación se encontraba en la resolución de la Dirección General de Política Financiera y Tesorería, lo que evidencia que la cuestión no se refiere en realidad a la indagación de la hermenéutica [interpretación de textos] del precepto que se aduce infringido, sino únicamente a determinar su aplicabilidad al caso concreto, planteando una cuestión que se circunscribe a la valoración casuística de las circunstancias concretas de este pleito, que como tales no revisten un especial interés casacional, razón por la que el recurso debe ser inadmitido a trámite” .

Aunque el auto lleva fecha del 8 de octubre, el pasado lunes –día 20–, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, se zafó en rueda de prensa de una pregunta sobre Madrid Network y el veto a las iniciativas parlamentarias que al respecto ha ido presentando la oposición. “Sobre Madrid Network -respondió Díaz-Pache-, lo que le puedo decir es que es un asunto que está judicializado y, además, judicializado desde hace varias legislaturas”. A partir de ahí, el diputado lanzó una afirmación inesperada: que “este asunto no es competencia del Gobierno actual de la Comunidad de Madrid y por tanto el Gobierno actual de la Comunidad de Madrid no tiene que rendir cuentas de la actuación de otros Gobiernos”.

Las reacciones

Este miércoles, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que aún no tiene “conocimiento” de la resolución del Supremo, informa Europa Press. En cualquier caso acatamos todas y cada una de las resoluciones judiciales como no puede ser de otra manera“, ha garantizado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Además, ha defendido que el motivo que tenían para no entregar esas memorias era una cuestión de ”protección de datos de personas e instituciones que estaban en esos expedientes“, pero que al haber ahora ”una resolución que aclara esa cuestión“ no tendrán ”ningún problema en poder facilitar la información que obre“ en su poder.

García Martín ha insistido en que es una asociación privada y que se le ha reclamado “todos y cada uno de los préstamos” y de las “cantidades que en este momento” adeudaría al Ejecutivo autonómico. “Estamos siendo claros, estamos siendo contundentes y estamos siendo absolutamente transparentes”, ha zanjado.

Por su parte, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que Madrid Network es “la línea de puntos que une la etapa corrupta de Esperanza Aguirre con los orígenes políticos” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que “trabajó ahí colocada por su mentora y todavía no ha explicado a qué se dedicaba cuando estaba en nómina de ese chiringuito”. “Lo de las subvenciones es un agujero negro, un desfalco que nos ha costado al menos 50 millones de euros y que tiene toda la pinta de haber ido a parar a los bolsillos de amigos y amiguísimos del PP. Si no quieren que se conozcan sus cuentas es porque tienen algo que ocultar y eso se debe acabar ya”, ha apostillado.

Y la portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, ha exigido que Ayuso explique “qué ha pasado con el chiringuito” que “creó Aguirre” para “colocar primero a (Santiago) Abascal y luego a ella misma” y del que “también se beneficia la presunta red clientelar del exministro Montoro”. “Madrid Network debe ya cerca de 70 millones de euros a la Comunidad de Madrid y sigue recibiendo dinero público”, ha proseguido la portavoz socialista, quien lo ha tachado de “otro agujero más” del PP que “quiere ocultar una y otra vez cómo dilapida el dinero de todos los madrileños”.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha planteado un recurso ante el Tribunal Supremo en lo que se perfila como una operación a marchas forzadas para mantener ocultas las cuentas de Madrid Network, la asociación público-privada a la que en 2011 Esperanza Aguirre transfirió para su reparto discrecional entre empresas los 80 millones concedidos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid como préstamo destinado a investigación, desarrollo e innovación.

Formulado el 4 de julio y sin que el Supremo haya decidido aún si lo admite o no a trámite tal como corroboran portavoces del alto tribunal, el recurso busca anular una sentencia dictada en abril por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) y que, en resumen, ordena a la Comunidad permitir el acceso a todas las memorias anuales de Madrid Network. Entre las obligaciones de Madrid Network, el convenio de 2011 estipula “acreditar ante la Consejería de Economía y Hacienda el cumplimiento de la finalidad del préstamo, la ejecución de las actividades para las que también se concede y la correcta utilización de los fondos públicos que se entregan”.

Entre 2008 y 2011, Madrid Network inyectó a cambio de servicios aún por conocer 1,8 millones a Equipo Económico SL, la empresa fundada por el exministro Cristóbal Montoro y ahora sometida a investigación judicial por supuesta corrupción. La mercantil de quien había sido ministro de Hacienda con Aznar y volvió a serlo con Rajoy también recibió pagos directos –314.360 euros– de la Comunidad de Madrid a lo largo de ese mismo cuatrienio. Con un sueldo neto de 4.219 euros al mes, Isabel Díaz Ayuso trabajó en el área de comunicación de Madrid Network antes de hacerse con un escaño en 2011.

La resolución del TSJM impugnada ante el Supremo por el equipo de la presidenta da la razón al Consejo de Transparencia de Madrid y tumba el argumento esgrimido por la Comunidad para justificar su negativa a rasgar el secreto que desde hace 14 años blinda los movimientos financieros de Madrid Network. Es decir, de la entidad cuyos impagos de las cuotas para la devolución del préstamo que regó como una lluvia torrencial su tabla de ingresos en 2011 le han costado ya más de 50 millones al erario madrileño.

“Daño” sobre intereses económicos

El argumento central para denegar la entrega de las memorias anuales de Madrid Network a un ciudadano que las solicitó en 2021 a través del Portal de Transparencia se sintetiza en un párrafo extraído de la resolución del Consejo de Transparencia que el Gobierno de Ayuso intentó derribar sin éxito con su demanda ante el TSJM: el director general de Política Financiera y Tesorería [se lee en el citado documento] adujo que divulgar las memorias anuales de la asociación “implica un real, claro y directo daño sobre los intereses económicos de numerosas empresas que se citan en ellas”. O sea, de las empresas receptoras de créditos otorgados por Madrid Network.

En su sentencia de abril, el Tribunal Superior de Madrid sostiene que “existe un claro interés general y público en saber cómo la Comunidad de Madrid ha ido prestando dinero a esta Asociación desde el año 2011”. Los magistrados recalcan asimismo que la Ley de Transparencia “extiende el ámbito de los sujetos obligados al cumplimiento de las obligaciones de transparencia a las entidades privadas que perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros”. La sentencia declara que el convenio de 2011 posee una “clara naturaleza subvencional”. De forma adicional al préstamo de 80 millones que la Comunidad le traspasó a partir de mayo de aquel año, Madrid Network ha seguido recibiendo ayudas del Ejecutivo madrileño hasta 2024.

El tribunal marca con la sentencia de abril un rumbo opuesto al aplicado por el Gobierno de Ayuso para zafarse del control parlamentario en lo que a Madrid Network respecta. Y lo hace al afirmar que “la Administración actora no ha justificado suficientemente qué datos o extremos de las memorias solicitadas pueden ser susceptibles de causar perjuicios a los intereses económicos y/o comerciales de indeterminadas entidades, ni tampoco que esos daños puedan configurarse como reales y efectivos y no simplemente potenciales”.

A partir de la premisa anterior, el tribunal alcanza una conclusión demoledora y contraria a las tesis del Gobierno de Ayuso al concluir “que en la ponderación de los intereses públicos y privados que pudieran enfrentarse en este caso, deben prevalecer claramente los intereses públicos derivados del derecho de cualquier ciudadano a conocer cómo se manejan los fondos públicos y el cumplimiento de los fines que justifican el otorgamiento de subvenciones”.

Entre las empresas receptoras de créditos de Madrid Network a bajo interés (1,232%) y que no devolvieron el dinero figuran dos capitaneadas por Ildefonso de Miguel, quien fue mano derecha del expresidente madrileño Ignacio González, protagonista del caso Lezo y aún pendiente de juicio; y una tercera a cuyo frente se situaba el exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, el aguirrista que emprendió una feroz persecución judicial contra médicos del hospital Severo Ochoa acusándoles en falso de provocar la muerte de pacientes mediante sedación terminal.

Cuando se produjeron los pagos tanto de Madrid Network como de la Comunidad a Equipo Económico SL (2008-2011), la Consejería madrileña de Hacienda estaba bajo el mando de Antonio Beteta, antiguo alto cargo de Montoro. Los estatutos originales de la asociación, que luego fueron modificados en 2016, encomendaban su presidencia al consejero de Hacienda o a la persona en quien él delegase.

Desde 2018, los impagos de Madrid Network de las cuotas anuales de devolución del préstamo se han traducido en un coste anual superior a nueve millones para el Gobierno regional, que está abonándolas al Gobierno central con cargo al presupuesto autonómico. Hace un mes, el Ministerio de Ciencia confirmó a elDiario.es que de los 80 millones de euros del préstamo concedido en 2010, el importe pendiente de amortizar es de 5,367 millones. De esa cifra se infiere que el daño infligido a las cuentas de la Comunidad por los impagos ronda los 70 millones –cuatro millones habían sido devueltos por Madrid Network como remanente– pero todavía no hay datos oficiales sobre 2024 y 2025. El más reciente lo dio a conocer la Cámara de Cuentas en un informe aprobado el pasado mes de diciembre. Y en ese informe se lee que, al cierre de 2023, el agujero de los impagos de la asociación ascendía a 51,89 millones.

Hasta hoy permanece inédita la lista oficial de empresas que se beneficiaron de aquel préstamo de 80 millones repartidos a partir de 2011 y cuyo principal e intereses debe abonar en cuotas anuales Madrid Network a la Comunidad de Madrid para que, a su vez, la Comunidad vaya pagando al Ministerio de Ciencia lo establecido en el convenio suscrito por ambas partes el 27 de octubre de 2010.

La desaparición de Imade

El organismo que, tras firmar aquel día Esperanza Aguirre el convenio con el Ministerio de Ciencia, debía gestionar los 80 millones del préstamo se llamaba Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade). Pero exactamente 15 días después de que el acuerdo con el Ministerio de Ciencia quedase rubricado, el Gobierno de Madrid anunció que Imade dejaría de existir. En mayo del año siguiente, el dinero que tocaba gestionar a Imade fue a parar a Madrid Network. A partir de ahí, la posibilidad de control opositor en la Asamblea de Madrid sobre la actividad de la asociación entró en el limbo. Y allí sigue estando hoy.

En aplicación del convenio de 2011, Madrid Network debe facilitar a la Consejería de Hacienda la memoria de cada anualidad aunque portavoces de la Comunidad sostienen ahora que lo referido a esa asociación no compete al departamento que dirige Rocío Albert sino a Educación. En efecto, los Presupuestos de 2025 incluyen en el capítulo de educación una escueta frase: “Participación en la Asociación Madrid Network y sus actividades como socio de la misma”. Una nueva resolución denegatoria de facilitar copia de las memorias anuales de Madrid Network, emitida el pasado día 8, lleva la firma del director general de Política Financiera y Tesorería. Es decir, la del mismo alto cargo de la Consejería de Hacienda que rechazó en 2021 facilitar esos documentos a un ciudadano.

En esta segunda resolución denegatoria, la Comunidad considera “preciso indicar que en la actualidad existe un litigio que se encuentra pendiente de resolución judicial firme, relativo a una cuestión sustancialmente idéntica a la planteada en esta solicitud”. Traducido, el entrecomillado anterior significa que el Gobierno de Ayuso no cambiará de posición en tanto no se haya pronunciado el Tribunal Supremo.

A la pregunta de si Madrid Network ha entregado a la Comunidad de Madrid todas las memorias anuales correspondientes al periodo transcurrido a partir de 2011, un portavoz de la Consejería de Educación, respondió que sí.

El portavoz negó que la condición de socio que ostenta la Administración madrileña implique que asigne partidas presupuestarias a Madrid Network. “La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades [fue su respuesta escrita] no ha destinado ninguna cantidad a Madrid Networks en 2025. Esta entidad sí ha participado en las convocatorias 2022 y 2024 de Entidades de Enlace, un programa de ayudas de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades que tienen como objetivo potenciar la innovación tecnológica e impulsar la transferencia de tecnología al sector productivo. Estas ayudas se conceden por concurrencia competitiva y las solicitudes se evalúan por un panel experto independiente, que concedió a esta entidad una ayuda de 106.974,39 € para desarrollar el proyecto Madrid Sistema Global Innovador y otra de 229.877,23 € para ejecutar el proyecto Capacitación para la Empresa – Skills 2 Market, tras acreditar que cumplía los criterios establecidos en las bases reguladoras de las respectivas convocatorias”.

La devolución del préstamo de 80 millones que en 2010 otorgó el Gobierno de Zapatero a la Comunidad de Madrid para I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) le ha costado ya a la Administración regional un mínimo de 51,89 millones de euros que debería haber pagado Madrid Network, la opaca asociación público-privada fundada por Esperanza Aguirre y que inyectó 1,8 millones a Equipo Económico SL, la empresa del exministro Cristóbal Montoro.

Inicialmente presidida por el entonces consejero de Hacienda, Aguirre traspasó de inmediato a Madrid Network aquellos 80 millones procedentes del Gobierno central: lo hizo mediante un convenio que sigue en vigor. Pero que la entidad, cuyas cuentas mantiene la Comunidad ocultas a cal y canto, no haya pagado desde 2018 las cuotas anuales para la devolución del préstamo no ha tenido un efecto visible: porque, además de devolverle al Ministerio puntualmente las cuotas anuales que deberían salir de las cuentas de la asociación y no del erario público, en diciembre de 2023 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la subvencionó con 106.974 euros para I+D+i procedentes de la UE (Fondos Feder); en 2024 y también en diciembre, la subvención creció hasta 229.877 euros. En la convocatoria de ayudas de 2023 hubo solo 11 beneficiarios; en la del año siguiente, 16. A la pregunta de por qué se subvenciona con más de 300.000 euros en dos años a una entidad que adeuda a la Administración madrileña no menos de 51,89 millones, fuentes autorizadas de la Consejería de Hacienda respondieron así: “El Ejecutivo regional no puede denegar subvenciones concedidas en concurrencia competitiva, de hacerlo incurriría en prevaricación”.

Es la Cámara de Cuentas de Madrid la que en su último informe publicado sobre los números de la Comunidad desvela que al cierre de 2023 la provisión de fondos para afrontar los impagos de Madrid Network sumaba “51.893 miles de euros” acumulados a partir de 2018. En otras palabras: dado que el “riesgo de impago” era persistente -el entrecomillado pertenece al informe del organismo fiscalizador sobre 2020-, la Comunidad debía incluir en sus presupuestos de cada ejercicio un gasto equivalente a la cuota anual que había que transferir al Ministerio. ¿Por qué? Porque la gestión del préstamo de 80 millones para el fomento de la innovación se había triangulado en mayo de 2011, cuando el Gobierno de Aguirre firmó el convenio con Madrid Network. A partir de ahí, cada año Madrid Network debía abonar a la Comunidad de Madrid la cuota establecida antes del 15 de enero y la Comunidad de Madrid debía a su vez pagarle al Gobierno central antes del día 30 de ese mismo mes. Pero el triángulo se quedó cojo una vez que Madrid Network dejó de pagar.

En el informe del organismo fiscalizador madrileño sobre 2023 se lee lo que sigue: “La cuenta de Créditos a corto plazo de la ACM [Administración de la Comunidad de Madrid] recoge, entre otros, 55.472 miles de euros que corresponden a un préstamo del convenio con AIG [Asociación de Interés General] Madrid Network, de los que 51.893 miles de euros son cuotas impagadas desde el ejercicio 2018, que han sido reclamadas por la Comunidad de Madrid y se encuentran en vía judicial. Ante la persistencia de esta situación y siguiendo las recomendaciones de esta Cámara contenidas en informes anteriores, la Comunidad de Madrid viene dotando desde 2021 una provisión por el total de los importes impagados”.

La consulta de distintas sentencias sobre los impagos de Madrid Network indica que es la asociación y no la Comunidad la que acudió a los tribunales para justificar su negativa a satisfacer la cuota fijada respecto a la devolución del préstamo. Ya en su informe sobre 2020 la Cámara de Cuentas dio cifras de la deuda acumulada al cierre de aquel ejercicio: 27,7 millones. En 2021 aseguraba que la cuantía ya se había situado en 32,25 millones. En 2022, alcanzaba ya los 43,24 millones. Y en 2023 salta a los 51,89 millones ya antes citados. Así las cosas, a falta de que el organismo fiscalizador publique su informe sobre 2024, los datos apuntan a que la deuda puede estar rozando ahora mismo los 70 millones de euros.

Sobre lo sucedido con los litigios por el impago de cuotas a la Comunidad de Madrid no hay todavía información definitiva. No obstante, y a la pregunta de si desde la fecha de aprobación del informe de la Cámara de Cuentas sobre 2023 (30 de diciembre de 2024) ha satisfecho la asociación alguna cantidad que minore la deuda contabilizada al final de ese año, la respuesta de la Consejería de Hacienda fue escueta pero taxativa: “No”.

Inscrita como asociación sin ánimo de lucro, Madrid Network no ha atendido las reiteradas llamadas de este medio para conocer el porqué de los impagos y solicitarle las memorias anuales justificativas de gasto. En las memorias debe aparecer el cómputo de los préstamos que ha ido realizando Madrid Network con los 80 millones que en 2010 entregó el Gobierno central al madrileño y que este transfirió con celeridad a la asociación tras disolver el organismo público (el IMADE, investigado en Gürtel y en Púnica) que en teoría debía gestionar esos fondos. Pero, además, en las memorias debe figurar un dato de máxima relevancia: qué empresas han obtenido préstamos de Madrid Network, en qué fecha, por qué importe y si los beneficiarios han devuelto el crédito.

El Gobierno de Ayuso ha eludido confirmar de forma explícita si también hubo impago de cuota por parte de Madrid Network en 2024, pero sí ha corroborado que el incumplimiento iniciado en 2018 ha vuelto a repetirse este año de 2025. Es por eso que la cifra fijada por la Cámara de Cuentas para 2023 -los 51,89 millones- se queda corta: la cuota anual de devolución de aquel préstamo a bajísimo interés (1,232%) ascendía a 9,091 millones cada año. Según la Comunidad de Madrid, ahora es de 8.112.010,73. En resumen, si a lo contabilizado en 2023 se le suman 8,1 millones por 2024 y otro tanto por 2025, el importe de lo que la Comunidad de Madrid lleva gastado para cubrir con dinero público los incumplimientos de Madrid Network se acerca ya a los 70 millones.

El Ministerio de Ciencia no ha accedido a desglosar por anualidades la cuantía (principal más intereses) de las cuotas saldadas por el Gobierno de Madrid. “A fecha de hoy -fue su respuesta-, la Comunidad de Madrid está abonando en tiempo las cuotas de los libramientos recibidos. De los 80 millones de euros del préstamo concedido, el importe pendiente de amortizar es de 5,367 millones de euros”.

La historia de Madrid Network, donde Isabel Díaz Ayuso trabajó con un sueldo mensual neto de 4.219 euros hasta que en julio de 2011 obtuvo un escaño en la Asamblea de Madrid, se asemeja al cauce del Guadiana. Desde su fundación en 2007, con unos estatutos que asignaban la presidencia a quien ostentase el cargo de consejero de Hacienda de Madrid, ha permanecido siempre opaca, pero sin que la enorme paletada de dinero público con que Aguirre la fortaleció ocupara un espacio en la escena política madrileña.

No obstante, en la última década hubo momentos en que salieron a la superficie episodios bajo sospecha, como la concesión de préstamos —impagados— a una empresa vinculada al exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, el político que persiguió al equipo médico del Hospital Severo Ochoa bajo la acusación falsa de que practicaban sedaciones ilegales, y a dos de Ildefonso de Miguel, quien fue la mano derecha del expresidente —todavía pendiente de juicio— Ignacio González.

El primer presidente de Madrid Network fue Antonio Beteta, consejero madrileño de Hacienda desde su constitución, en 2007, hasta que en diciembre de 2011 se incorporó como secretario de Estado al equipo ministerial de Cristóbal Montoro tras ganar Mariano Rajoy las elecciones generales. En junio de 2016, Madrid Network modificó sus estatutos: se eliminó la condición la cláusula hasta entonces vigente sobre cómo la presidencia debía recaer sobre el consejero de Hacienda o sobre quién designase.

Durante el mandato de Beteta como máximo responsable madrileño de Hacienda, la empresa fundada por Cristóbal Montoro —la ya citada Equipo Económico— engrosó sus cuentas con 314.360 euros gracias a contratos adjudicados por la Comunidad por servicios hasta hoy desconocidos. Así consta en el mismo informe de la Guardia Civil que destapó cómo Equipo Económico había cobrado de Madrid Network 1,8 millones de euros entre 2008 y 2011.

Aunque tras el estallido del caso Montoro circuló la versión según la cual la Comunidad se desligó hace años de Madrid Network, el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid incluye entre las actividades del programa de investigación de la Consejería de Educación la “participación en la asociación Madrid Network y sus actividades como socio de la misma”.

La habilidad verbal de la consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, logró este jueves transmitir la idea –falsa– de que el Gobierno autonómico jamás ha adjudicado ningún contrato a Equipo Económico SL, pieza clave en la investigación judicial sobre la trama supuestamente corrupta y articulada en torno al exministro del PP Cristóbal Montoro. La propia empresa declaró a Hacienda 314.360 euros abonados por la Comunidad de Madrid entre 2008 y 2011, tal como consta en un informe de la UCO incorporado al sumario del caso Montoro.

Ese dinero, cuyo origen desconoce la Guardia Civil tal como figura en el citado informe –es decir, en concepto de qué se le pagó–, se suma a los 1,8 millones que en ese mismo cuatrienio le desembolsó Madrid Network. Inscrita como asociación privada, Madrid Network fue cofundada por la Comunidad de Madrid, presidida al menos durante años por quien ocupara en cada momento el cargo de consejero de Economía y financiada con fondos públicos.

La idea de que la Comunidad nunca tuvo trato directo con Equipo Económico SL quedó plasmada, voluntaria o involuntariamente, en el discurso de la consejera tal como sigue: “Usted –dijo dirigiéndose al diputado socialista Agustín Vinagre, que acababa de lanzarle una cuestión sobre el asunto– me pregunta cuántos contratos se han firmado en esta legislatura por parte de la Comunidad de Madrid al Equipo Económico de Montoro. Y yo contesto a la pregunta: ninguno, señoría. Ni en esta legislatura, ni en la anterior, ni en la anterior de la anterior, ni siquiera en la anterior a la anterior de la anterior. Ninguno”.

Aunque la pregunta escrita se ceñía a la legislatura en curso, el parlamentario no había circunscrito su intervención a lo sucedido esta legislatura ni a ninguna en concreto. Enfatizó lo ya conocido sobre el tándem Madrid Network-Equipo Económico y reprochó a Albert que se siga subvencionando a la asociación que engrosó las cuentas del despacho creado por Cristóbal Montoro con 1.863.025,45 euros en cuatro años. Entre junio de 2008 y el mismo mes de 2011, el consejero madrileño de Economía y presidente de Madrid Network fue Antonio Beteta. En diciembre de 2011 se incorporó al ministerio de Montoro como secretario de Estado.

La cadeneta de legislaturas tejida por Rocío Albert –la ya narrada sobre la legislatura anterior de la anterior de la anterior– condujo a que algunos políticos y periodistas que seguían la sesión plenaria creyeran que la máxima responsable de Economía, Hacienda y Empleo había negado taxativamente la existencia de algún contrato de la Comunidad con el despacho de Montoro. Por ejemplo, la agencia Europa Press tituló así su teletipo: La Comunidad asegura que no ha firmado ningún contrato con el despacho clave del 'caso Montoro'.

Es cierto que, desde luego, no se sabe si hubo algún contrato firmado en el sentido literal del término. Pero también lo es que hubo pagos de la Comunidad de Madrid a Equipo Económico: el 29 de diciembre de 2009, el Consejo de Gobierno de Esperanza Aguirre convalidó en su última sesión del año “las actuaciones y un gasto de 67.280 euros correspondiente al servicio Análisis de la normativa sobre dependencia, asistencia técnica para su aplicación y desarrollo en la Comunidad de Madrid prestado por la empresa Equipo Económico SL”. Convalidar significa que una administración acepta efectuar un pago a una empresa que ha dado un servicio… fuera de contrato. O sea, sin ajustarse a los trámites del sistema de contratación pública. 

A día de hoy, es un misterio de qué consejerías salieron los 314.360 euros declarados en total como procedentes de la Comunidad de Madrid por Equipo Económico SL en su Modelo 347, que desgrana la relación de quienes en un ejercicio han pagado al declarante importes superiores a 3.005,06 euros. La Guardia Civil admite en el ya referido informe de la UCO que el Modelo 347 permite acreditar las cantidades declaradas pero “desconociendo la Consejería de la que proceden”. Esos más de 300.000 euros llegaron a las cuentas de la empresa mediante la siguiente secuencia: 185.832 euros en 2008; 87.464, en 2009; 21.004, en 2010; y 20.060 en 2011.

Lo que sí se sabe -porque la nota oficial sobre el Consejo de Gobierno del 29 de diciembre de 2009 lo detalla- es que la convalidación de aquellos 67.280 euros correspondientes al Análisis de la normativa sobre dependencia se aprobó a iniciativa de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales. 

Pero el agujero negro de información persiste, como lo demuestra la conversación telefónica mantenida ayer jueves con el diputado socialista Agustín Vinagre, autor de la pregunta a Albert. Sin informarle previamente de que la propia Comunidad había aprobado en 2009 un pago a Equipo Económico, este medio le preguntó qué había entendido de lo dicho por la consejera ante el pleno de la Asamblea de Madrid. Y esta fue su respuesta: “Que no se ha firmado ningún contrato. Al menos se ha retrotraído a tres legislaturas. El mensaje es que nunca hubo ningún contrato”. 

Al igual que el socialista, el hasta hace días diputado autonómico de Más Madrid y hoy su secretario de Economía y Lucha contra la Corrupción, Eduardo Gutiérrez, interpretó que Albert había negado la existencia de contratos, se firmasen cuando se firmasen. Y lo interpretó así porque el exparlamentario sí conocía la investigación periodística que en 2019 destapó aquel pago de 67.280 euros por un informe que primero se adjudicó a dedo mediante procedimiento negociado, luego se anuló por motivos nunca explicados y finalmente se pagó como si ningún bache se hubiera interpuesto en el camino. “El abuso de pagos sin contratos, burlando la legalidad administrativa, es antiguo y pertinaz en los gobiernos del PP”, sostiene Eduardo Gutiérrez. “Y se ve -agrega- que lo usan para ocultar desviación de fondos públicos a favor de empresas amigas, como es el caso de los pagos realizados a Equipo Económico del señor Montoro. Hay que preguntarse por qué miente en sede parlamentaria la consejera Rocio Albert, del Gobierno de Ayuso.” A preguntas de elDiario.es, la Consejería de Hacienda se limitó a recalcar que “la consejera no ha mentido”.

Siete meses antes de que dos magistrados del Tribunal Supremo firmaran el auto que situaba al fiscal general, Álvaro García Ortiz, camino del banquillo, Sagrario Fernández posó para una felicitación navideña oficial junto a la presidenta de Madrid y la élite local del PP de Villaviciosa de Odón (29.273 habitantes). La peculiaridad de esa foto, fechada el pasado 16 de diciembre y difundida en Instagram por el PP, radica en que Sagrario Fernández, que aparece en compañía de nueve dirigentes del partido en Villaviciosa, es la esposa del magistrado del Supremo Eduardo de Porres. Es decir, esposa del redactor -ponente- de la resolución judicial mediante la cual él mismo y su compañero de toga Julián Sánchez Melgar, elegido por el Gobierno de Rajoy para ser fiscal general durante unos meses, respaldaron el 29 de julio el auto de procesamiento dictado por Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz. El tercer miembro del tribunal de apelación, Andrés Palomo, también de talante conservador, emitió un demoledor voto particular -discrepante- donde desgranaba lo que él mismo definió como ausencia de indicios sólidos contra García Ortiz.

Pero el posado fotográfico como miembro de un selecto grupo junto a Díaz Ayuso no es el único episodio que verifica el estrecho vínculo de la mujer del alto magistrado de la Sala Penal Eduardo de Porres con el PP. Su papel como activista en favor de los intereses electorales del PP ha dejado rastro en sus redes sociales, fundamentalmente en su cuenta de Facebook. A finales de la primavera de 2024 ya había publicado distintos mensajes donde pedía el voto para el PP en las elecciones europeas que se celebraron el  9 de junio y se fotografiaba junto con otros agentes electorales afiliados o simpatizantes del partido de Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso. “El voto es tu respuesta!!! Vota PP el 9 J”, se lee en uno de ellos. 

El 13 de mayo, su cuenta exhibe una imagen suya con miembros del PP de Villaviciosa junto a un tren AVE y un pequeño texto de felicitación al PP catalán por sus resultados en los comicios autonómicos de la víspera: “El PP de Villaviciosa de Odón apoyando al PP de Cataluña y a su líder Alejandro Fernández. Excelentes resultados!!!!”. 

Ya en pleno verano, difundió lo siguiente el 8 de agosto: “El teatrillo de Puigdemont que no hay quien lo entienda pues no sabemos qué pretendía el personaje, estaba acordado con Sánchez porque su gobierno depende de Puigdemón (sic). «Es una vergüenza»”. Ese fue el día en que el líder de Junts reapareció en Barcelona y volvió a fugarse.

Ni el PP ni el magistrado han querido responder a las preguntas planteadas por este diario sobre el asunto. La esposa del magistrado no pudo ser localizada y desde la sede local del PP en Villaviciosa de Odón, donde es habitual, se comunicó a esta redacción que contactaría con ella y le trasladaría el interés de elDiario.es en hablar con ella. En el momento de publicarse esta información, no ha habido respuesta.

Los intentos por obtener respuestas del juez De Porres y del PP han resultado también fallidos. No hay antecedentes en los que la cónyuge de un juez esté abiertamente alineada con un partido y comparta actos con una presidenta en Madrid que lleva más de un año repitiendo ataques al propio fiscal general sobre el que De Porres ha tenido que decidir en el Supremo.

El PP tampoco ha querido revelar si Sagrario Fernández es militante del partido, algo que confirmó el propio De Porres en 2022 cuando anunció que ella estaba en proceso de darse de baja. La negativa del PP a responder se produjo tras habérseles informado de que la esposa del magistrado De Porres hizo campaña por el PP en las elecciones europeas de 2024 y posó luego junto a Isabel Díaz Ayuso las pasadas Navidades en una foto oficial del PP de Villaviciosa de Odón donde aparecen solo 11 personas. “Por protección de datos [adujeron las citadas fuentes] no debemos dar información acerca de una afiliada. El tema de la afiliación política de una persona es un dato muy sensible y protegido”. El silencio del partido mantiene así el interrogante sobre qué papel juega la esposa del magistrado en un partido por el que ha hecho campaña abiertamente y en el que figura en fotografías oficiales junto a Ayuso, su número dos en el PP madrileño, Alfonso Serrano, ocho concejales de gobierno municipal de Villaviciosa, varios de ellos cargos orgánicos en el partido, y la propia tesorera de la agrupación local. 

Los hechos corroborados en el sumario contra el fiscal general -donde la difusión del correo cursado por el abogado de González Amador para ofrecer un pacto de conformidad ha llegado a eclipsar el voluminoso fraude reconocido por la defensa de su autor- señalan que 20 personas tuvieron acceso al correo en el buzón genérico al que fue enviado en la fiscalía antes que García Ortiz. Y periodistas de distintos medios declararon que conocieron el contenido del email antes que el fiscal general. Pero tanto el instructor Ángel Hurtado como Eduardo de Porres y Julián Sánchez Melgar -último fiscal general bajo mandato de Mariano Rajoy-consideran que García Ortiz debe ser juzgado por un delito de revelación de secretos. 

El tercer miembro de la sala de apelaciones, el también conservador Andrés Palomo, recalca en su voto particular con severas discrepancias sobre lo aprobado por Porres y Melgar. En ese voto particular, el tercer magistrado sostiene que “el acervo indiciario acumulado” no permite atribuir al fiscal general la filtración del correo “de una manera mínimamente justificada”. Y que, por tanto, el caso debería haber sido archivado.

El caso del fiscal general es el de mayor envergadura política para Eduardo de Porres tras participar en la sentencia por la que el Supremo validó en 2020 las pruebas sobre la ‘caja B’ del PP y las condenas impuestas dos años antes por la Audiencia Nacional. En 2018, fue Ángel Hurtado, instructor de la causa del fiscal general y quien decidió obviar las declaraciones de los periodistas, el único de los tres magistrados encargados de juzgar Gürtel en la Audiencia Nacional que se opuso a declarar al PP partícipe -es decir, beneficiario- a título lucrativo.

En 2022, De Porres se convirtió en uno de los tres jueces cuyo criterio venció al de otros miembros del tribunal para condenar a los expresidentes socialistas de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Tras conocerse la sentencia, el digital fuentesinformadas.com desveló que, en las últimas elecciones municipales, un hijo de Eduardo de Porres había ocupado el puesto 17 en la candidatura local del PP en Villaviciosa de Odón. Y que había sido asesor municipal nombrado a dedo hasta dos meses antes de publicarse la noticia. El digital ya informó entonces de que la mujer del magistrado compartía con su hijo militancia en el PP.

La noticia incluía unas declaraciones de Eduardo de Porres, convencido de que no existió ningún motivo legal ni moral para que se hubiese abstenido de participar como ponente en el juicio celebrado en su Sala por el asunto de los ERE de Andalucía. “Mi esposa [dijo entonces Porres] se va a dar de baja en octubre como militante del PP, llevaba solo un año inscrita”. “Ella [prosiguió el magistrado] conoce al alcalde y a concejales, pero nunca ha tenido ningún puesto de responsabilidad. Y no sé qué hará mi hijo. A mí no me condiciona la militancia de los miembros de mi familia. Mi mujer es mi mujer, mi hijo es mi hijo y yo soy yo: al igual que mi otro hijo piensa de otra forma”.

Juan Carlos Peinado, el juez que a raíz de una denuncia de la ultraderechista Manos Limpias investiga desde abril de 2024 a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha dado el primer paso para querellarse por injurias y calumnias contra el activista que tras tildarlo reiteradamente en redes sociales de prevaricador, infractor urbanístico y seguidor de la filosofía jurídica del nazismo denunció en diciembre ante la Fiscalía la ilegalidad de su chalé de La Adrada (Ávila).

Construido en vulneración de las normas urbanísticas, la historia de ese inmueble de 858 metros cuadrados que se alza sobre una parcela de casi 0,3 hectáreas comenzó a gestarse hace dos décadas. Lo sucedido desde entonces habla, según la Fiscalía, de “indicios de criminalidad urbanística” centrados en un delito –prevaricación atribuible a responsables municipales de La Adrada antecesores de la actual alcaldesa (PP)– que en cualquier caso ya habría “prescrito”. Los entrecomillados pertenecen al decreto por el que el 16 de junio la Fiscalía de Ávila archivó la denuncia de Fernando Jabonero, exconcejal del PSOE en Pastrana (Guadalajara) y quien se define como “activista anticorrupción”.

Ahora, Jabonero ha recibido una citación para comparecer el próximo 23 de septiembre en el juzgado de primera instancia 63 de Madrid. Se trata de lo que el argot jurídico denomina “acto de conciliación” previo a la interposición de querella penal si el demandado no acepta retractarse en ese momento. Ni, en este caso, acepta tampoco pagar los 25.000 euros que el magistrado le reclama a modo de compensación por daños.

En declaraciones a elDiario.es, Fernando Jabonero considera que ni se ha extralimitado con sus ataques a Peinado en la antigua Twitter –la actual X– ni tiene ningún motivo para dar marcha atrás en sus conclusiones sobre la actuación del magistrado respecto a la esposa de Begoña Gómez. “En diciembre –recuerda Jabonero– ya le llamó prevaricador el ministro Óscar López y el Supremo ha tenido que parar a Peinado al resolver que quería la imputación del ministro de Justicia, Félix Bolaños, pese a la absoluta ausencia de indicios”.

¿Entrará en algún juzgado la querella de Peinado si finalmente la presenta o se encontrará con un portazo? Aportar una respuesta es de momento misión imposible. Lo que sí se sabe es que, hasta la fecha, el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) inadmitió en 2024 las querellas por prevaricación formuladas tanto por el presidente del Gobierno como por su esposa. La decisión más reciente del TSJM relativa al caso se produjo en junio: el tribunal anuló las sanciones impuestas por Peinado a los abogados del caso por atender a los medios de comunicación. Al abogado de Begoña Gómez, el magistrado le había multado con 5.000 euros. Para la letrada de Vox y el de la también ultraderechista Hazte Oír había fijado la décima parte: 500 euros.

¿Es esta la primera actuación legal del juez Peinado contra quienes le reprochan sus métodos en la instrucción del caso Begoña Gómez o cuestionan su apariencia de imparcialidad –como hizo Jabonero– al mantenerse al frente de esas diligencias mientras su hija ejerce como concejal del PP en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón? Que se sepa, Peinado mantiene una demanda de honor contra el analista y tertuliano Max Pradera, como publicó Okdiario el pasado 6 de junio en un artículo cuyo titular subrayaba que el juez de Madrid había iniciado “la batalla contra las difamaciones”.

elDiario.es ha intentado sin éxito contactar con el juez Peinado. Las fuentes jurídicas consultadas al trascender el anuncio de querella contra Fernando Jabonero se han limitado a señalar que el magistrado se plantea emprender acciones contra otras personas físicas y contra “varios medios de comunicación” aunque no precisaron cuáles ni con qué argumentos.

Lo que Peinado pretende con la citación judicial de Jabonero es que este “se avenga a reconocer” cuatro cosas. La primera, que a lo largo de 2024 solicitó al Ayuntamiento de La Adrada información urbanística sobre su “segunda residencia” –el chalé construido ilegalmente y desconectado de la red de aguas fecales hasta al menos junio de ese año– y que lo hizo para filtrar a medios de comunicación resoluciones municipales así como para difundir “la dirección exacta” del inmueble, “exponiendo sin su consentimiento información sensible y confidencial que atañe a su esfera íntima”.

El segundo objetivo de la amenaza judicial es que Jabonero reconozca que si presentó una denuncia contra Peinado –inadmitida por el Tribunal Superior de Madrid en septiembre de 2024– fue para “cuestionar la instrucción” contra Begoña Gómez y para “crear artificiosamente una causa de recusación” para apartarlo del caso.

Como tercera meta, el juez se propone que el denunciante de su chalé ilegal y crítico constante con su proceder admita como “radicalmente falso” que sus actuaciones en el caso “tengan carácter prospectivo” –o sea, sin sustento en indicios objetivos y tan solo cimentadas en conjeturas– o un “propósito político” o que haya “previsto contraprestaciones políticas o económicas por sus actuaciones instructoras”. Las decisiones judiciales de Peinado –sostiene él mismo en su demanda– “son autónomas, objetivas, imparciales e independientes”.

Peinado cierra el bucle de exigencias reclamando a Jabonero que le indemnice con 25.000 euros por “daños morales”. Pero en el párrafo previo introduce un aviso que se resume así: que “se avenga a comprometerse a no volver a realizar manifestaciones difamatorias, insidiosas, vejatorias, injuriosas, calumniosas u ofensivas vinculadas a D. Juan Carlos Peinado García”. Todo indica que, salvo cambio de última hora, no habrá conciliación posible entre ambas partes. ¿Dará el juez el paso de interponer querella contra Jabonero? En caso afirmativo, ¿la admitirán los tribunales en un momento en que el discurso político ha normalizado llamar corrupto o mafioso al presidente del Gobierno? El interrogante permanece abierto.

La erupción volcánica desatada por los documentos que vinculan al hasta hace días número 3 del PSOE, Santos Cerdán, con la trama corrupta en la que los investigadores atribuyen un papel también clave al exministro de Transportes José Luis Ábalos ha provocado un eclipse total. La crisis en que ha sumido al Gobierno el crecimiento exponencial de lo que hace un año se conocía como caso Koldo deja así en la cuneta la revelación de episodios ocultos que en otras circunstancias habrían impactado. Por ejemplo, el que figura en el decreto donde la Fiscalía corrobora la existencia de “indicios de criminalidad urbanística” en las casi dos décadas de historia de un chalé aislado que, situado en una parcela de La Adrada (2.837 habitantes, Ávila), se levantó vulnerando la normativa y ha permanecido incólume sin que nadie sepa la fecha exacta en que terminó de construirse. Ese chalé pertenece a Juan Carlos Peinado. Es decir, al juez que investiga penalmente a la mujer del presidente Pedro Sánchez en una controvertida instrucción, que incluso ha obligado al magistrado a corregirse a sí mismo, y a la que ahora ha sumado una petición al Supremo para que investigue al ministro de Justicia, Félix Bolaños.

En su decreto de archivo de diligencias, la Fiscalía considera que los delitos urbanísticos de La Adrada están “prescritos”. ¿El argumento? Que no consta que los gobiernos municipales de los últimos 12 años –el actual está en manos del PP aunque también el PSOE ha ostentado la Alcaldía en legislaturas previas– tuvieran “conocimiento de las irregularidades” confirmadas en relación al chalé.

Pero con o sin eclipse político resulta incontestable que, tanto en la biografía institucional como personal del titular del juzgado de instrucción 41 de Madrid, 2024 quedará como un año bendecido. No solo su figura avanzó hasta la primera línea del escenario de la judicatura al iniciar el 16 de abril de ese año el caso Begoña tras una denuncia de la ultraderechista Manos Limpias por tráfico de influencias sino que fue dos meses más tarde, el 12 de junio, cuando el Ayuntamiento de La Adrada dio un paso decisivo para iniciar la regularización del chalé de Peinado.

Ese día –y así lo expone la Fiscalía en su decreto de archivo– la junta de gobierno que preside la alcaldesa del PP Pilar Martínez Saguar concedió “por unanimidad” permiso para que el chalé se conecte a la red de evacuación de aguas fecales. Quedar fuera de esa red representa un peligro urbanístico real. Y ese factor es el de mayor enjundia entre los que desde la concesión de una licencia de obras datada en 2004 impidieron la regularización del inmueble de uno de los jueces más conocidos de España. Peinado consta como propietario de la parcela desde 2007. La obtuvo, señalan documentos oficiales, por donación.

Silencio municipal

¿Se ha conectado ya el chalé del juez Peinado a la red de evacuación de aguas residuales? ¿Se le ha otorgado licencia de primera ocupación, condición sine qua non para que pueda residir alguien en la vivienda de forma lícita y bañarse en una piscina no se sabe si ya en funcionamiento y cuya licencia de construcción se denegó en 2022 para finalmente dársela el equipo de la alcaldesa Martínez Saguar en marzo de este año? ¿Se ha realizado la inspección requerida en junio de 2024 por un particular al trascender que el magistrado tenía en La Adrada un chalet que, a tenor de lo ya entonces conocido, incumplía las normas vigentes para el común de los mortales? Las preguntas siguen sin respuesta. Y el denunciante particular que ante el silencio municipal acudió a la Fiscalía, el “activista anticorrupción” –la definición es suya– Fernando Jabonero, ha escrito de nuevo al ministerio público por si así logra que haga lo que sigue: “Investigar la inacción del Ayuntamiento de La Adrada, que es delito de prevaricación dado que tendría que haber tomado medidas en seis meses desde que le hice el requerimiento para restaurar la legalidad”.

Como aparece tres párrafos más arriba, la Fiscalía relata en uno de los párrafos confusos de su decreto de archivo que los alcaldes que han ido gobernando La Adrada en los últimos tiempos no tenían por qué saber nada: “Las irregularidades apreciadas en la tramitación del expediente por concesión de una licencia, con informe favorable de la arquitecto municipal y la posterior inactividad municipal tras los escritos del promotor de los años 2006 y 2013 [Juan Carlos Peinado] serían conductas con indicios de criminalidad urbanística pero serían delitos prescritos”.

Por qué cierra el círculo en 2013, cuando en julio el juez pidió una prórroga de la licencia de 2004 “para finalizar las obras sin que conste contestación por el Ayuntamiento”, es uno de los interrogantes del caso. No obstante, el decreto de archivo deja abierta para Jabonero la puerta para “ejercitar las acciones que estime oportunas”. Por ejemplo, una denuncia ante los juzgados. Pero Jabonero dice que no se cuenta entre quienes pueden pagar de su bolsillo abogados, procuradores, todos los trámites que acompañan a un procedimiento penal y cuyo coste verdadero apenas trasciende sea quien sea la persona o la organización denunciante.

El miércoles 18 de junio, y tras una escueta conversación telefónica, se remitió al correo institucional de la alcaldesa de La Adrada un cuestionario. El viernes siguiente, la regidora aseguró también por teléfono que no lo había recibido y que la dirección de destino del email no era la correcta. Una vez reenviadas las preguntas al mismo email –que sí era el correcto– y también a través de WhatsApp, la alcaldesa se escabulló de nuevo en un tercer contacto telefónico: tiene “bastantes cosas que hacer” antes que responder sobre la vivienda del juez.

858 metros construidos y un valor catastral de 323.000 euros

En otras palabras y volviendo atrás, el equipo de Martínez cruzó en junio de 2024 el Rubicón administrativo que hasta ese momento había operado como la barrera que impedía legalizar oficialmente el chalé. De 858 metros cuadrados, alzado sobre una parcela de 2.990 metros cuadrados y con un valor catastral que se cifra y así lo ha verificado este diario en 323.000 euros –el de mercado es un misterio–, el inmueble ha sobrevivido durante dos décadas tras una licencia de obra otorgada en 2004 pero supeditada al cumplimiento de determinados requisitos que nunca se aplicaron. Al menos, así se lee en el decreto de la Fiscalía de Ávila. Aquella licencia de 2004 –expone el ministerio público– “no parece ser acorde a la legalidad urbanística”.

Instalada de este modo en una especie de limbo administrativo, la villa de Peinado –conceptuada como “almacén” en el Catastro hasta el pasado día 6 de junio– se mantuvo durante casi dos décadas en un municipio que en 2004, el año de la licencia fallida, apenas sobrepasaba los 2.000 habitantes.

Los requisitos básicos para que aquel casoplón se atuviese a la legalidad y se hubiese erigido atendiendo a la ley eran dos: el ya citado de que pudiera conectarse a la red de aguas fecales; y que la construcción del inmueble se viese acompañada de un plan de desarrollo donde se incluyera la cesión de zonas verdes y la realización de viales. Lo que aprobó el 12 de junio de 2024 el gobierno que preside la alcaldesa Pilar Martínez (PP) fue la autorización para conectar la vivienda a la red de aguas residuales. De la cesión de suelo, ni se sabe ni ya nada se espera dada la imposibilidad de ceder áreas que a día de hoy rodean tanto la casa como una piscina cuya licencia solicitó Peinado en 2022. Esa licencia para la piscina la denegó el entonces alcalde, Roberto Aparicio –del PSOE todavía en aquel momento y hoy líder local de la formación abulense Nuestra Tierra–, y la ha aprobado ahora el equipo de Pilar Martínez. Aparicio fue expulsado del PSOE en junio de 2022 por negarse a votar el cambio de portavoz del grupo en la Diputación de Ávila.

Según el INE, La Adrada tenía exactamente 2.837 habitantes en 2024. ¿Se sabía que el chalet pertenece al juez Juan Carlos Peinado? “Claro. Aquí nos conocemos todos”, responde el exalcalde del PSOE y hoy edil Juan José Tomás, cuyo equipo otorgó en 2004 una licencia “provisional sujeta a condiciones” para edificar en lo que entonces era una parcela urbanizable pero no urbana. Tomás y su predecesor –“del PP”, precisa el hoy edil de oposición– fueron inhabilitados durante nueve años en 2005 por prevaricación administrativa tras recortar las retribuciones de una secretaria municipal. Ahora, Juan José Tomás preside la Mancomunidad del Alto Tiétar, integrada por tres municipios con alcaldes del PP al frente.

Una “amistad de toda la vida” con el tesorero del PP de la etapa de Casado

Desde luego, y a la vista de sus declaraciones, Roberto Aparicio y Juan José Tomás no se aprecian lo más mínimo. Pero ambos coinciden, por separado, en que Peinado, padre de una concejal del PP en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, “mantiene una amistad de toda la vida” –el entrecomillado es de Tomás– con Sebastián González, natural de La Adrada y a quien Pablo Casado designó como tesorero nacional del PP en 2018 y que ejerció hasta 2022. “Son amigos, sí”, responde Aparicio cuando, sin revelarle que la fuente original es su antiguo compañero de partido, se le comenta que alguien ha hablado de la relación personal entre Peinado y González.

Durante la elaboración de este reportaje y a través de los portavoces de comunicación del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) se pidió al juez Peinado que ofreciera su visión sobre todo lo sucedido con el chalé. El juez declinó acceder a la solicitud. Días más tarde, se le comunicó por la misma vía que dos concejales de oposición habían destacado su amistad con quien hasta el ascenso de Alberto Núñez Feijóo ocupó el puesto de tesorero del PP. El magistrado también rehusó confirmar o desmentir el dato.

El punto sobre la -supuesta- amistad con Sebastián González es el único de este laberinto en que los dos exalcaldes del PSOE muestran acuerdo. Porque, según Aparicio, “Tomás, que actúa como portavoz del PP en los plenos, fue quien dio esa licencia [la de 2004] y el PP no hizo luego nada por corregir esa situación.” La versión de Tomás, claro, es opuesta: “La licencia se dio supeditada a que se hiciera un plan de desarrollo, pero nadie ha hecho nada en 20 años. En 2019 era alcalde Roberto Aparicio y hubo dejación total”.

Un año después de que Aparicio denegase la licencia para la piscina en 2022, el PP ganó las elecciones. Con Aparicio se habían aprobado en 2016 las nuevas Normas Urbanísticas que ahora sustentan el plan del PP para regularizar el chalé de Peinado aunque –remarca el exalcalde– no se haya realizado la obligada inspección de la vivienda y su interior. Esas normas pasan de calificar la parcela como “urbanizable” a declararla suelo “urbano”. Pero aun así, la parcela seguía sin adquirir la condición de “solar”, imprescindible para construir en ese espacio. “La parcela –detalla la Fiscalía en su decreto– no tenía la condición de solar al carecer de enganche a la red municipal de saneamiento” como exige el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León (RUCYL).

“Aunque se aprobaron en mi mandato –aduce el exalcalde Aparicio en defensa de su actuación sobre las nuevas Normas Urbanísticas que impulsaban de forma todavía insuficiente pero necesaria la legalización del chalé– yo no voté a favor de las nuevas normas urbanísticas, redactadas antes de que en 2015 llegara a la alcaldía. Si bien es cierto que forzar su paralización era imposible sin mayoría en el pleno. Esa paralización además habría forzado empezar otra vez desde el comienzo y causar un daño mayor al pueblo, por el cumplimiento de las normas superiores de Castilla y León.” Averiguar a través del principal responsable municipal el porqué de ese cambio de redacción en las normas urbanísticas durante los mandatos de 2007-2015 no es posible: quien fue alcalde del PP en esos ocho años, Luis Pedraza, ya ha fallecido.

Años antes de que Aparicio desembarcase en la presidencia de la Corporación Local de La Adrada, el chalé ya le había complicado la vida a Hilario Gabriel Ruda, otro antiguo pero efímero regidor socialista que sucedió a finales de 2005 a Juan José Tomás. Ruda tomó posesión como alcalde después de que Tomás intentara, sin éxito, evitar su ascenso con la rocambolesca estrategia de presentar una moción de censura contra sí mismo para colocar en el puesto a una concejal de su cuerda y antes de verse obligado a dimitir por la condena judicial por prevaricación. Ruda, que solo duró un año al frente del consistorio antes de que el PP ganara las elecciones de 2007, ordenó en 2006 la demolición de las obras ya realizadas, y así lo atestigua el decreto de la Fiscalía. Pero su orden quedó en papel mojado. Ruda lo narra así: “Cuando Peinado supo que había una orden de paralización firmada por el arquitecto y que no podía hacer la casa porque las Normas Urbanísticas de La Adrada no lo permitían si no había ni plan parcial ni proyecto de actuación, me dijo: ”Con lo que he hecho por el pueblo y ahora esto“. ¿Y qué había hecho Peinado por La Adrada? El exalcalde responde de inmediato: ”Y yo qué sé, si casi ni le conocía. Tengo 90 años y no estoy para muchos trotes“.

Mucho más joven, Aparicio sigue en la brecha: la de la oposición. Y peleón: contra el PP y contra su antiguo compañero de partido Juan José Tomás. “No sabemos –remacha– qué movió a Juan José a conceder esa licencia [la de 2004] a sabiendas de que incumplía la legalidad. Lo cierto es que hoy Peinado tiene muy sencilla la legalización y quienes tienen y han tenido más responsabilidad en el incumplimiento de la ley son el señor Tomás con la concesión de licencia y los señores del PP que encontraron ese expediente activo y no hicieron nada para arreglar la situación”.

La Fiscalía de Ávila cree que el ayuntamiento de la localidad abulense de La Adrada pudo prevaricar al permitir que el juez Juan Carlos Peinado construyera un chalet de forma irregular, pero archiva la investigación al entender que los hechos, en todo caso, han prescrito. “Las irregularidades apreciadas en la tramitación del expediente”, explica el Ministerio Público, “serían conductas con indicios de criminalidad urbanística, pero serían delitos prescritos”, afirma tras estudiar una denuncia.

La Fiscalía recibió una denuncia sobre la construcción de este chalet por parte del juez que investiga a Begoña Gómez, esposa del Presidente del Gobierno. Según esta denuncia, Peinado pidió una primera licencia de obra mayor a finales de 2004 y le fue concedida como suelo urbanizable, pero no urbano. Eso significa que en esa parcela no se podía construir en ese momento: había que desarrollar un plan parcial que obligaría a la parcela a hacer cesiones para dotaciones comunes, como zonas verdes, calles y otros equipamientos. La calificación de suelo urbano no llegó hasta 2017, con la casa ya construida y el PP en el Gobierno local.

“Parece un uso no permitido”, dice la Fiscalía. El Ayuntamiento, reprocha también la fiscal del caso, no puso en marcha ninguna actuación más para cumplir la normativa urbanística pese a que contaba con un informe del arquitecto municipal que avisaba de la irregularidad. “Máxime cuando las obra estaban llevándose a cabo, como se puede apreciar en las fotografías aéreas aportadas por la Guardia Civil”, añade.

Ese posible delito de prevaricación urbanística cometido supuestamente por el consistorio de La Adrada permitiendo, en la práctica, que Peinado levantara el chalet de forma irregular, habría prescrito y por eso la Fiscalía da carpetazo al caso. “No contamos con indicios de que las sucesivas corporaciones municipales hayan tenido conocimiento de las irregularidades descritas, al no constar nuevas comunicaciones del promotor al ayuntamiento hasta 2021”, añade. La inspección urbanística no arrancó hasta que llegó esta denuncia.

La Fiscalía también ha estudiado las quejas que esta denuncia planteaba sobre la piscina del chalet y sus posibles irregularidades, explicando que existe desde marzo de este año un informe favorable a la solicitud del juez para construir la piscina.

La Fundación Altius España, piedra fundamental en el andamiaje de Legionarios de Cristo, grupo ultracatólico con una historia marcada por la pederastia de su fundador y algunos seguidores, ha recibido un espaldarazo económico del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En los últimos seis meses, tres consejerías del Ejecutivo madrileño han concedido a Altius 13 subvenciones cuya suma asciende a 3,3 millones de euros según datos oficiales.

Constituida en 2002 por los Legionarios, propietarios de colegios privados de élite que llegan a aplicar tarifas de casi 1.000 euros al mes por alumno, Altius fue “penalizada” hace un año por “falta grave” al incumplir un contrato de 523.739 euros que, con dinero de la estricta UE, le había adjudicado la Comunidad de Madrid para la acogida, formación, acompañamiento e inserción laboral de ciudadanos vulnerables “afectados por desempleo intensificado por la pandemia”.

Congregación fundada en los años cuarenta por el mexicano Marcial Maciel, protagonista de uno de los mayores escándalos de la Iglesia Católica en el último siglo por sus abusos sexuales a menores y la red financiera tejida en paraísos fiscales, los Legionarios de Cristo han superado en solo un semestre la cuantía de las ayudas recibidas de la Comunidad de Madrid para su fundación Altius en los tres años anteriores. De nuevo en el candelero por la denuncia de agresión sexual a niñas en uno de sus centros educativos de Madrid, entre enero de 2021 y diciembre de 2023, el Gobierno de Ayuso transfirió 2,78 millones a la fundación de los Legionarios. La siguiente subvención lleva fecha de 25 de noviembre de 2024, lo que la convierte en la primera de las registradas en el último semestre.

Las cuentas anuales de Altius reflejan un crecimiento vertiginoso desde 2020. Si ese año la fundación declaró activos por valor de 1.280.817,51 euros, al cierre de 2023 –últimas disponibles en su web– la cifra se había cuadriplicado con creces para situarse en 5.478.851 euros.

De sancionadora a gran benefactora

La mayor benefactora de Altius en el último semestre ha sido la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, que le ha otorgado 1.541.183 euros a través de cinco subvenciones. Le sigue la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo (1.435.356 euros). Y completa la tríada la Consejería de Digitalización (324.900 euros). La imposición de una “penalidad” de 15.712 euros –recorte en el importe a pagar al contratista– por falta grave había sido dictada por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales en abril de 2024. ¿La causa? Que en lugar de insertar laboralmente a las 534 personas previstas Altius se quedó en 445. La fundación se justificó alegando que por razones ajenas a su voluntad el periodo de ejecución del contrato se había visto reducido respecto al previsto inicialmente.

La penalización por incumplimiento de contrato público no cierra legalmente la puerta a posteriores subvenciones. Pero, por supuesto, tampoco la abre para que tales ayudas se disparen en una comunidad cuya presidenta criticó hace un mes a los “aprovechados de última generación con conexiones bolivarianas” que vienen para “vivir de lo público”. Según Ayuso, debe haber “subvenciones para quien no puede, y no para el que no quiere”.

Tras conocer los datos volcados por la Comunidad de Madrid en la base de subvenciones, este medio preguntó a su equipo de comunicación por qué ha concedido 3,3 millones en seis meses a una entidad sancionada por incumplimiento grave de un contrato adjudicado para la inserción laboral de personas vulnerables.

Un portavoz de la Consejería de Familia, la que ha aportado casi la mitad del dinero entregado en estos seis meses a la fundación de los Legionarios de Cristo, respondió así: “Altius es una entidad social dedicada a múltiples proyectos sociales, principalmente a inserción laboral de personas en situación vulnerable, que optan como cualquier otra entidad del sector a fondos y subvenciones públicas”.

La fuente agregó lo que sigue: “Esta entidad se presentó a la licitación de un servicio financiado con fondos europeos para un proyecto de inserción laboral, que cumplió casi al 85% en sus objetivos. Debido al incumplimiento del 15% restante, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales firmó una penalidad de 15.700 euros en virtud de las condiciones del contrato y de la normativa vigente”. Los 15.712,17 euros ya le han sido descontados del importe total del contrato por cuyo incumplimiento fue castigada Altius.

Más que Cáritas

Legionarios de Cristo posee la universidad Francisco de Vitoria, donde el precio de algún grado sobrepasa los 20.000 euros para el primer curso, así como colegios igualmente privados donde la cuota mensual se aproxima en bachillerato al salario mínimo: hasta 953 euros por alumno. Adscritos a la rama de los Legionarios de Cristo denominada Regnum Christi, en esos colegios se imparte lo que el grupo denomina “educación diferenciada”. O sea, los niños con los niños y las niñas con las niñas.

Los estatutos de Fundación Altius señalan como su principal objeto “promover la acción social a favor de las personas que sufren desigualdad, exclusión social o maltrato”. Las subvenciones concedidas por el Gobierno de Ayuso se dirigen precisamente a la integración económica y social y a la inserción laboral de personas vulnerables y con escasa formación.

El apoyo financiero del Ejecutivo madrileño a los Legionarios de Cristo por la vía de las subvenciones sitúa a la Fundación Altius en un lugar preeminente. Así lo confirma un dato que corrobora la base oficial de ayudas públicas: en los últimos seis meses, el equipo de Ayuso ha concedido a las cuatro ramas madrileñas de Càritas que operan en la comunidad (Cáritas Española, Cáritas Madrid, Cáritas Getafe y Fundación Labora-Cáritas) 2.394.403,24 euros. Es decir, un millón menos que a Altius.

Durante ese mismo periodo, el Banco de Alimentos ha obtenido de la Comunidad de Madrid 1.610.095,59 euros. Y la Federación de Plataformas Sociales Pinardi [salesianos], 2.566.693,92 euros.

El 29 de marzo de 2019, la interventora del distrito madrileño Fuencarral-El Pardo firmó un documento sobre Businesscity SL, la empresa capitaneada por el gran conseguidor del caso Koldo, Víctor Aldama, quien cinco años y medio antes y bajo el mandato de Ana Botella había obtenido a dedo la concesión de dos restaurantes por 40 años en el distrito financiero a cambio de un canon anual de 91.000 euros. Escueto, el texto de la interventora anunciaba la remisión de datos al Departamento de Deuda para iniciar “la tramitación de cobro por la vía de apremio”: o sea, forzosa. En esa fecha, se lee debajo, el “importe del descubierto” imputado a Businesscity coincidía con el del canon anual: 59.282,35 euros por uno de los dos restaurantes acristalados y con terraza en una de las explanadas de la Castellana próximas a los rascacielos conocidos como las Cuatro Torres; y los 31.691,37 euros fijados para el establecimiento de enfrente.

A partir de ese 29 de marzo de 2019 se acabó la incorporación de nuevos papeles al expediente relativo a la concesión que en noviembre de 2013 había adjudicado a Businesscity SL un concejal que cuatro años más tarde, y ya sin cargo en el consistorio, se convirtió en socio mercantil de Víctor Aldama. Nada. Tras la llegada de José Luis Martínez Almeida a la Alcaldía no hay más decretos de revisión anual del canon –uno por año hasta entonces, tanto con el gobierno de Botella como con el de Carmena– ni más “Abonaré”, término que equivale a órdenes de pago irrevocables.

“No existe más documentación más allá de lo aportado”, fue la tercera y última respuesta ofrecida por el Distrito de Fuencarral-El Pardo a las repetidas peticiones de información sobre el misterioso periodo abierto en marzo de 2019 y cerrado en febrero de 2025. Porque fue en febrero cuando, a través de un expediente distinto, el Ayuntamiento dio los primeros pasos para revocar la concesión a Businesscity SL, que desde junio de 2021 mantenía arrendados sin permiso oficial previo y obligatorio los dos restaurantes a una empresa comprometida a pagar 240.000 euros los tres primeros años de alquiler y 300.000 a partir del cuarto. O sea, se comprometía a pagar a Businesscity el triple de lo que cada ejercicio tenía que desembolsar en concepto de canon. En resumen: le garantizaba un pelotazo y la libraba de las tareas que el funcionamiento de un restaurante exige a sus gestores.

¿Cómo se explica un vacío documental de casi seis años o, lo que es lo mismo, una legislatura municipal y media? Portavoces del consistorio se han limitado a asegurar que a partir de 2020 los “Abonaré” se emiten por vía electrónica. ¿Imposibles de imprimir? ¿Y dónde están los posteriores decretos sobre revisión del canon? No hubo respuesta. Sí la hubo a la pregunta de si Businesscity SL ha desembolsado entre 2019 y el año en curso el canon anual establecido: “El Ayuntamiento no informa de la situación de pago en la que se encuentra un particular, ni de actuaciones posteriores que no tengan que ver con el Ayuntamiento”.

En una segunda respuesta más amplia, las fuentes autorizadas del equipo de Almeida reiteraron que no cabe desvelar si Businesscity SL ha satisfecho o no el canon anual entre 2019 y 2025, sexenio en que la cifra total superaría los 600.000 euros. Pero esa hipótesis resulta imposible de verificar a día de hoy: ni la institución pública aporta los datos necesarios ni Aldama ha respondido a ninguna de las preguntas remitidas al letrado que le representa en el caso Koldo, el penalista José Antonio Choclán. 

En el campo municipal y respecto a por qué no hay nada posterior a marzo de 2019, los portavoces añadieron lo que sigue: “La información facilitada por Transparencia es la que incluye el expediente relacionado con la concesión para la construcción, explotación y conservación de dos quioscos permanentes de hostelería en las Cuatro Torres, que finalizó con la resolución de adjudicación de la concesión demanial. El resto de actuaciones municipales, si las hubiere, no pertenecen a ese expediente puesto que se corresponden con la explotación posterior. Como a todos los locales, a estos se les han hecho inspecciones, siete en los últimos cuatro años, cuyo resultado queda en el ámbito entre el Ayuntamiento y el particular”. La respuesta deja en el aire un interrogante: ¿por qué sostiene el consistorio que el expediente “finalizó con la resolución de adjudicación”, en noviembre de 2013, si hasta marzo de 2019 se incorporaron nuevos documentos?

El Ayuntamiento tampoco ha explicado por qué, pese a que tanto la Policía Local como inspectores sanitarios -y así le consta a este medio- visitaron en repetidas ocasiones los dos restaurantes en los últimos cuatro años, el Ayuntamiento no emprendió el trámite para revocar la concesión hasta el 25 de febrero de este año. Según el Ayuntamiento, que Aldama hubiese vulnerado la normativa legal al arrendar en 2021 sin autorización los dos establecimientos era un hecho desconocido hasta que la Policía Local lo detectó en 2024. La información sobre el proceso de revocación sí ha sido facilitada. Pero el expediente abierto para ello es otro. 

Fuentes conocedoras del caso Koldo aseguran que cuando Aldama pidió al juez en abril de 2024 el desbloqueo parcial de una cuenta bancaria de Businesscity SL alegó que su objetivo era doble: poder pagar la hipoteca suscrita con un determinado banco y poder recibir el importe mensual del alquiler a que venía obligada la arrendataria de los dos restaurantes, la firma Tría Restaurante Cuatro Torres SL. En la solicitud no figuraba ninguna referencia a la necesidad de que la cuenta estuviese disponible para abonar el canon municipal, aunque eso no significa necesariamente que haya dejado sin cumplir su obligación en 2025. Tras una demanda de desahucio interpuesta por Aldama contra sus inquilinos, los restaurantes permanecen cerrados desde hace meses. Las incógnitas, en cambio, continúan abiertas.

Víctor Aldama, el conseguidor que saltó a la fama tras el estallido del caso Koldo y los presuntos manejos corruptos para la compra de material sanitario por el Ministerio que dirigía el socialista José Luis Ábalos, campó a sus anchas en Madrid gracias a una adjudicación del equipo de Ana Botella con la que acabó haciendo un gran negocio vulnerando la normativa legal. El gobierno de José Luis Martínez Almeida ha tardado, oficialmente, cuatro años en descubrir y penalizar.

El pelotazo consistió en alquilar a un tercero sin autorización municipal previa la explotación de los dos restaurantes que en 2013 se había adjudicado a dedo y por 40 años a una de las empresas capitaneadas por Aldama, Businesscity SL. El contrato de alquiler obligaba al inquilino –la mercantil Tría Restaurante Cuatro Torres SL– a abonar a Aldama el triple del dinero que el conseguidor estaba obligado a desembolsar cada año en concepto de canon municipal por la concesión de un bien público. Aldama pagaba 90.000 euros al Ayuntamiento pero realquilaba esa concesión por 240.000 euros.

El consistorio madrileño no activó los mecanismos para revocar la adjudicación hasta que a comienzos de 2025 empezó a recibir peticiones de información sobre el expediente relativo a la concesión de los dos restaurantes, situados el uno frente al otro en el Paseo de la Castellana y dentro del potente distrito financiero de la capital. La adjudicación llevaba la firma de José Antonio González de la Rosa, un concejal que cuatro años más tarde se convirtió en socio transitorio de Aldama a través de una nueva compañía privada –Crisis Resolution SL– que, según ha asegurado el antiguo edil a este medio, se limitó a “la compra de un piso” de un familiar de Aldama para destinarlo al alquiler.

Fue en julio de 2021 cuando la gestión de los dos restaurantes –cuya concesión a Businesscity SL establecía el pago anual de un canon de 91.000 euros– quedó en manos de un tercero. Aunque sin fechas precisas, el traspaso del negocio de hostelería a la mercantil Tría Restaurante Cuatro Torres SL aparece en un informe de la UCO incorporado al sumario del caso Koldo. Emitido en noviembre de 2022, el informe de la unidad de investigación de la Guardia Civil no contiene ningún dato sobre las condiciones inherentes a tal concesión municipal ni, por tanto, sobre el incumplimiento flagrante de las cláusulas establecidas. Pero, como ha verificado elDiario.es mediante documentos obtenidos por distintas vías, el traspaso de los restaurantes se produjo en virtud de un contrato de arrendamiento firmado por Aldama y por la administradora de Tría Restaurante Cuatro Torres SL el 15 de julio de 2021.

Cuatro veces el canon municipal

El contrato aseguraba al gran conseguidor del caso Koldo hacerse con rentas de alquiler cuyo importe triplicaba el canon municipal de 91.000 euros a cuyo pago venía obligado desde ocho años antes. Traducido a números, Tria Restaurante Cuatro Torres SL se comprometía a abonar a Businesscity SL 240.000 euros cada uno de los tres primeros ejercicios y 300.000 a partir del cuarto. Las cláusulas de la concesión efectuada en 2013 prohibían de forma taxativa el subarriendo de los dos kioscos-restaurantes levantados en suelo público salvo que mediase autorización previa del consistorio.

Tal autorización nunca existió. Pero cuando el pasado 24 de febrero el Ayuntamiento comunicó a Businesscity SL el inicio de los trámites para revocarle la concesión de los dos restaurantes por haberlos subarrendado, fue Aldama quien ofreció al Ayuntamiento una respuesta insólita: que el cambio de manos de ambos restaurantes se conocía desde que se produjo. Y que aquel episodio no había tenido consecuencias. Así consta en el último lote de documentos facilitados por Transparencia tras varios meses de solicitudes.

Incorporada al escrito de alegaciones frente al procedimiento municipal para revocar la concesión, en la respuesta literal de Aldama se lee lo que sigue: “En el presente caso, la cesión para la explotación a Tria Restaurantes SL se produjo una vez expirado con creces el plazo señalado anteriormente [la quinta parte del periodo de concesión] y reuniendo dicha mercantil las condiciones exigidas en el precepto anteriormente citado del pliego [solvencia del arrendatario]. Dicha cesión, pública y notoria, no generó intervención alguna por parte del Ayuntamiento, encontrándose tácitamente autorizada”.

Aldama daba por hecho hasta tal punto que el Ayuntamiento permitía su decisión de traspasar los restaurantes, o cuando menos la toleraba, que el 18 de abril de 2024, mes y medio después del estallido del caso Koldo, dio un paso para preservar sus ingresos como casero de lujo y rentabilizar así el poder que desde 2013 ejercía sobre un bien público: su abogado, José Antonio Choclán, pidió al juez que en esa causa mantiene imputado a Aldama el desbloqueo parcial de una determinada cuenta bancaria de Businesscity SL para “percibir en dicha cuenta las rentas del arrendamiento del restaurante Tría Restaurante Cuatro Torres SL”. El 7 de mayo, el magistrado accedió a la solicitud y así lo ha corroborado elDiario.es al acceder a los documentos del caso Koldo.

Pero hubo algo más que reforzó la idea de que Aldama nada temía del Ayuntamiento de Madrid: al notificársele el 3 de marzo de este año cómo el hecho de que los dos restaurantes estuviesen cerrados constituía el segundo motivo para revocar la concesión, Aldama se defendió así: “La situación de cierre deriva del procedimiento judicial que la mercantil adjudicataria [Businesscity SL] ha tenido que iniciar contra el arrendatario Tria Restaurantes SL como consecuencia del impago de las rentas”. El procedimiento judicial mencionado buscaba, sin matices, el desalojo de Tria Restaurante Cuatro Torres SL.

El pasado 20 de diciembre, la jueza de primera instancia que tramitó la demanda de desahucio confirmó en un auto que las dos partes –Businesscity y Tria Restaurante– habían llegado a un acuerdo.

El Ayuntamiento “no disponía de información”

Los intentos de este medio por obtener la versión de Aldama a través de un cuestionario remitido a su letrado han resultado fallidos.

El Ayuntamiento de Madrid sí ha contestado a algunas de las preguntas formuladas. En la respuesta escrita facilitada por portavoces del equipo de gobierno destacan estos tres puntos: primero, que “el ayuntamiento no disponía de información respecto a la transmisión [de la concesión], pues todas las comunicaciones las ha mantenido con la entidad adjudicataria”. Es decir, con Businesscity SL.

En segundo lugar, el consistorio agrega lo que sigue: “Se tiene conocimiento del arrendamiento de los locales a un tercero, empresa Tria Restaurantes Cuatro Torres S.L., como consecuencia de un acta de policía sobre el ejercicio de la actividad, motivo que ha servido para la revocación de la concesión, unida a la comprobación material del cierre de los establecimientos”. Ni la fecha de la visita policial ni el acta han sido facilitados pese a las repetidas solicitudes de acceso a cualquier expediente relacionado con la concesión de los dos restaurantes a Businesscity.

El equipo de Almeida finaliza su relato describiendo la situación actual: “Ante la resolución del acuerdo de inicio del procedimiento, Businesscity presentó un recurso potestativo de reposición que ha sido desestimado y notificado en abril de 2025. Contra dicha desestimación cabe la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses. Transcurrido dicho plazo, continuará la tramitación del expediente y se acordará la revocación de la concesión”.

En lo que concierne a los inquilinos de Aldama, Tria Restaurante Cuatro Torres SL, su representante ha declinado ofrecer su versión y responder a la pregunta de cuándo la Policía Municipal de Madrid o los inspectores municipales que en distintas fechas visitaron los establecimientos tuvieron constancia de que ya no era Businesscity la que gestionaba los restaurantes. Originalmente, y como publicitó el equipo de la alcaldesa Ana Botella en un acto donde ella misma y el concejal responsable de la adjudicación posaron junto a Aldama, los dos grandes kioscos de cristal alzados en Castellana 259 nacieron bautizados como Welow y Befour. La empresa que los gestionó a partir de julio de 2021 les cambió el nombre. Pasaron a llamarse Tria Restaurante y La Pulpería.

El exconcejal que firmó la adjudicación defiende la limpieza del proceso

En prisión preventiva por otro caso de corrupción –el del presunto fraude fiscal a gran escala de la trama de los hidrocarburos y del supuesto desvío multimillonario de 73,9 millones a Portugal, China y Colombia–, Aldama recuperó la libertad cuando en noviembre anunció que aportaría datos sobre la implicación de distintos miembros del Gobierno en operaciones corruptas. Pero su negocio de hostelería en el madrileño Paseo de la Castellana había comenzado mucho antes de que Aldama se transformase en la figura que venía a reforzar las posibilidades de desmoronar al Gobierno mediante la aportación de pruebas todavía pendientes de entrega.

La concesión municipal de los dos restaurantes acristalados y con terraza que Businesscity levantaría en una explanada pública se otorgó exactamente el 11 de noviembre de 2013. La logró sin competidores: la licitación convocada un año antes había quedado oficialmente desierta pese a que en la zona conocida como las Cuatro Torres de la Castellana –los rascacielos que dominan el llamado distrito financiero, al norte de la ciudad– ya se contabilizaban en 2014 más de 10.000 trabajadores.

Que nadie se había interesado por aquella oferta lo afirmó públicamente el entonces concejal delegado del distrito Fuencarral-El Pardo, José Antonio González de la Rosa, firmante del decreto de adjudicación. Edil del PP, González de la Rosa se mudó en 2015 a la Asamblea de Madrid como asesor del grupo parlamentario de su partido. Y en 2017, cuando ejercía de gerente de la Fundación Madrid por el Deporte, propiedad del Gobierno autonómico, se enlazó mercantilmente con Aldama a través de una nueva sociedad –Crisis Resolution SL– dedicada entonces al sector inmobiliario.

En conversación telefónica, González de la Rosa asegura que la única actividad de Crisis Resolution SL mientras fue socio de Aldama –el conseguidor se marchó en 2021– consistió en la compra de un piso localizado en la zona de Barajas, propiedad de un familiar del empresario: lo destinaron al alquiler para azafatas y lo vendieron “tras la pandemia”, agrega quien también fue presidente del PP del distrito de Moratalaz y al que hoy, “desvinculado del PP” y “alejado de la política” le produce “pena la corrupción”.

El exedil, que defiende la limpieza de su actuación y remacha que de las adjudicaciones públicas del distrito municipal Fuencarral-El Pardo se ocupaban los funcionarios, aunque la firma final fuese la suya, ve una ausencia total de incompatibilidad entre su alianza mercantil con el jefe de Businesscity y el hecho de que cuando la sellaron en 2017 él mismo era gerente de la fundación pública del Gobierno regional Madrid por el Deporte. Según González de la Rosa, no fue Aldama sino un socio suyo –“se llamaba Sergio”– quien acudió con una oferta para hacerse con la concesión de los dos restaurantes. La convocatoria lanzada en 2012 –enfatiza– había quedado desierta “por los problemas que generaba la ausencia de parking en la zona”. Adjudicada la concesión, Aldama participó en el acto institucional donde Ana Botella y José Antonio González de la Rosa publicitaron la próxima apertura de los dos restaurantes. “Hace un año me preguntaron por esto grandes medios pero no publicaron nada porque vieron que no había nada”, apostilla el exconcejal.

La fundación Foro Libertad y Alternativa, presidida por el exdirigente del PP y cofundador de Vox Alejo Vidal-Quadras, se ha convertido en uno de los arietes extrapartidarios más activos contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Fue la que presentó en el Tribunal Supremo la primera querella que acusó directamente al fiscal general de filtrar ilegalmente datos sobre el presunto fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. A día de hoy, según atestiguan documentos oficiales, este Foro mantiene como vocal de su patronato –el órgano de gobierno de la entidad– a Julio Ariza Irigoyen, considerado uno de los grandes cerebros de la estrategia mediática de la ultraderecha. A pesar de que una sentencia judicial le condenó a pagar más de 11 millones de euros por la quiebra “culpable” de Intereconomía, la constelación mediática vinculada a la ultraderecha y predecesora de El Toro TV. Según el listado oficial de grandes morosos con Hacienda, siete mercantiles de este grupo adeudaban hasta 22,8 millones de euros a Hacienda en 2023.

Fuentes autorizadas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid han confirmado a elDiario.es que los tribunales declararon firme su sanción en marzo: una sentencia de la Audiencia Provincial de noviembre avaló otra resolución de un juzgado de lo mercantil que condenó a Ariza a pagar 11,1 millones. Contra esa decisión judicial no se ha presentado recurso de casación, aseguran las citadas fuentes. La resolución judicial también inhabilita al empresario para “administrar los bienes ajenos” así como para “representar a cualquier persona” durante dos años. Al igual que remarcó en 2023 la sentencia del juzgado de lo mercantil número 11 de Madrid, la de la Audiencia Provincial recuerda que Ariza fue declarado en “rebeldía” procesal.

Ariza forma parte del patronato de esta fundación, que opera como su órgano de gobierno. El de Libertad y Alternativa lo componen a día de hoy 16 personas. Pero en la web de la fundación no hay mención alguna a la pertenencia de Ariza al estado mayor de una entidad que en 2023 ya dio un enorme salto en su presencia pública al encabezar, nada más iniciado el año, la convocatoria de una manifestación contra el Gobierno que contó con el apoyo del PP y Vox, los dos antiguos partidos de su presidente Vidal-Quadras.

La web de Foro L&A incluye un extenso apartado que bajo el epígrafe 'Quién es quién', que incluye, con foto y pequeña biografía, a 129 integrantes destacados. La inmensa mayoría de ellos no pertenece al patronato. Por ejemplo, el exministro de Interior del PP Jaime Mayor Oreja, su estrecha colaboradora y exdiputada del PP María San Gil, el diputado autonómico del PP madrileño Daniel Portero, el filósofo Fernando Savater o el destacado editor venezolano de prensa Miguel H. Otero, entre otros. Pero en el listado nada hace pensar que Ariza –cofundador en 1993 junto con Vidal-Quadras de lo que entonces se llamó Fundación Concordia y hoy Foro Libertad y Alternativa– forme parte no ya de la fundación sino de su patronato, del que hoy es vocal y en el que ostentó el cargo de vicepresidente hasta el 22 de enero de 2016. Su cese en la vicepresidencia no se inscribió en el Registro de Fundaciones hasta cuatro años después. Se hizo en coincidencia con el cese como miembro del patronato de Juan José Aizcorbe Torra, diputado al Congreso por Vox desde 2019.

El pasado martes, y tras sucesivos contactos telefónicos con dos vicepresidentes de la fundación –uno de ellos el abogado Fernando García-Capelo, que representa a la organización en la causa abierta por el Supremo contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz– y con el secretario, se remitió a este último un cuestionario escrito de tres preguntas, dos de ellas centradas en la presencia de Julio Ariza: por qué Julio Ariza no figura en la web como miembro del patronato de la fundación y si la fundación considera que su condena judicial firme es compatible con la condición de vocal. El correo, además de las preguntas, incluía fragmentos de las dos sentencias que condenan a Julio Ariza a “responder de la cobertura del déficit concursal en la suma de 11.160.260,45 euros”. Es decir, a desembolsar tal cifra.

El destinatario del correo electrónico con las preguntas fue Arturo Merelo, abogado y secretario del patronato, que respondió el miércoles por la tarde: “Con relación al apartado 'Quién es quién' de la web de la fundación, como bien se señala en este, se recogen ”Algunos miembros del Foro“ y si bien aparecen unas 130 personas que así lo han solicitado, ni son patronos todos los que están, ni están todos los patronos que son, por lo que para saber la razón por la que el Sr. Ariza no desea figurar en ese listado, deberá dirigirse a él para preguntarle sus razones”. La pregunta de mayor calado –la de si la fundación considera compatible que a su patronato pertenezca un condenado por el concurso culpable de Intereconomía– quedó sin respuesta.

Obtener la opinión del propio Julio Ariza tampoco fue posible: no tuvo efecto la llamada telefónica a El Toro TV, canal heredero de Intereconomía y en el que Ariza continúa desempeñando un papel estelar, ni lo tuvo el correo dirigido a su secretaria en la dirección electrónica facilitada por la centralita telefónica de la cadena.

Las sentencias de los tribunales madrileños explican de dónde sale la cantidad de 11,1 millones a cuyo pago es condenado Julio Ariza. “Al cierre de 2012, el pasivo exigible [a Intereconomía] se cifraba en 37.268.880,44 euros mientras que a cierre de 2014 ese valor era de 48.429.140,85 euros”. Ese crecimiento en 11,1 millones es calificado por la Justicia de “agravación de la insolvencia” porque, según los magistrados, la declaración del concurso se demoró en lugar de presentarse finalizado 2012.

Dinero negro para Rajoy en una caja de puros

De la altura y el peso público alcanzado por Ariza hablan, por ejemplo, dos episodios. El más reciente se data el 6 de octubre de 2023, cuando la sentencia del juez de lo civil que había investigado la quiebra de Intereconomía ya estaba al caer. Ese día, Ariza ejerció en un acto público como presentador del magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, quien en la misma línea que el PP, Vox y el Foro Libertad y Alternativa, sugirió públicamente que la amnistía a los independentistas catalanes no cabe en la Constitución. Antes de cederle el atril, el antiguo presidente de Intereconomía definió al instructor de Púnica y Lezo –una especie de nuevas temporadas del caso Gürtel– como alguien que “resulta especialmente atractivo y especialmente interesante”.

El segundo episodio es más antiguo pero aún más explícito. Se remonta al 2 de junio de 2016, cuando faltaban tres semanas para las últimas elecciones a las que concurrió Mariano Rajoy. Ese día, Julio Ariza entrevistó en el programa 'El Gato al Agua' de El Toro TV a Pablo Casado, entonces vicesecretario de comunicación del PP. A partir del minuto 26:55, Ariza asestó a Pablo Casado un mazazo inconcebible. Paralizado, estupefacto como muestran las imágenes, el futuro presidente del PP permaneció a la escucha. Y lo que escuchó de labios de Ariza es que a lo largo de diez años a Rajoy le habían pagado cada mes 10.000 euros en dinero B escondido en cajas de puros. Puros Montecristo. 

Antes de que el joven dirigente articulase de nuevo la palabra en defensa de su líder, Ariza disparó la flecha final: “Espero la denuncia personal de Mariano Rajoy y que me emplace en un juzgado para demostrar este asunto”. Pero de aquello nunca más se supo. Ni hubo denuncia de Rajoy ni la fundación de la que Ariza era en aquel momento vicepresidente, el hoy denominado Foro Libertad y Alternativa, se personó como acusación en la trama Gürtel, por aquel entonces pendiente de juicio.

Tampoco presentó querella contra Mariano Rajoy, jefe del Gobierno y aforado ante el Tribunal Supremo hasta que en 2018 lo derribó el huracán de la sentencia del caso Gürtel. A aquella sentencia se opuso uno de los miembros del tribunal porque consideraba incorrecto calificar al PP como partícipe a título lucrativo de la trama. Hoy ese magistrado, Ángel Hurtado, es el que mantiene imputado al fiscal general por el supuesto delito de revelación de secretos tras las querellas relacionadas con la supuesta vulneración de los derechos que asisten al novio de Ayuso. Una de ellas la de la fundación Foro Libertad y Alternativa.