El Supremo obliga al Gobierno de Ayuso a levantar el secreto sobre las cuentas de Madrid Network, con un agujero de más de 50 millones

La decisión de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de mantener ocultas contra viento y marea las cuentas de Madrid Network acaba de derrumbarse en el Tribunal Supremo. Con un auto fechado el pasado día 8 y al que ha tenido acceso elDiario.es, el alto tribunal obliga al Gobierno madrileño a facilitar las memorias anuales de la entidad público-privada a la que la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, transfirió en 2011 nada menos que los 80 millones de un préstamo a bajo interés recién concedido entonces por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a la Comunidad de Madrid. Los impagos de las cuotas de devolución del préstamo por parte de Madrid Network ya le han costado al erario madrileño más de 50 millones.

A través del auto del pasado día 8, la Sala de lo Contencioso del alto tribunal inadmite el recurso de la Comunidad de Madrid contra la sentencia dictada en abril por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y que ordenaba al equipo de Ayuso facilitar las memorias de la asociación Madrid Network a un ciudadano que las había solicitado a través del portal de transparencia. Al inadmitir el recurso de casación planteado, el Supremo convierte en firme la sentencia del TSJM.

Para mantener bajo secreto las cuentas de una asociación opaca que por servicios aún desconocidos pagó 1,8 millones a la empresa fundada por el exministro Cristóbal Montoro y para la que hasta lograr un escaño en 2011 había trabajado Ayuso, el Gobierno regional ha venido argumentando lo siguiente: divulgar esos documentos “implica un real, claro y directo daño sobre los intereses económicos de numerosas empresas que se citan en ellas”. La asociación repartió de forma discrecional el dinero público del préstamo transferido por Aguirre. Y lo hizo entre empresas de las que solo ha trascendido la identidad de algunas, tres de ellas vinculadas a antiguos altos cargos del PP. Los préstamos a esas tres mercantiles resultaron fallidos.

Ahora, y en la misma línea que el TSJM, el Supremo subraya que, si bien la ley permite de forma excepcional esquivar la Ley de Transparencia cuando la información pública puede causar serios perjuicios a una empresa, en este caso la Comunidad de Madrid no ha explicado en ningún momento por qué se aferra a tal argumento: “Tales argumentos han de ser invocados y acreditados por la entidad que los alega, sin que valga una genérica afirmación sobre eventuales quebrantos sin una cumplida justificación sobre la incidencia y los peligros concretos y determinados que el acceso a una información específica generaría en el funcionamiento y actividad comercial y económica de la empresa”. Y además –agrega el auto a renglón seguido–, para que tales perjuicios cierren la puerta de la transparencia “han de ser relevantes y han de ponderarse en relación a los intereses en juego (interés público e intereses particulares), ya se trata de obstaculizar el total acceso a la información como en los casos de limitaciones parciales”.

El convenio en virtud del cual Aguirre le traspasó aquellos 80 millones estipulaba que debía pagar cada año a la Comunidad de Madrid la cuota de devolución del préstamo –unos 9 millones– para que, a su vez, esta se la abonara al Ministerio de Ciencia. Pero tal como señaló la Cámara de Cuentas en su informe sobre 2023, los impagos constantes de la asociación ya habían forzado al cierre de ese ejercicio a cubrir con fondos del presupuesto autonómico el agujero de 51,89 millones provocado por los incumplimientos de la asociación. A día de hoy, no es posible cuantificar cuánto ha crecido lo adeudado.

El auto del Supremo, del que ha sido ponente el magistrado Diego Córdoba Castroverde, pone el acento en que no cabe recurso de casación dada la falta de justificación del supuesto daño que difundir las memorias de Madrid Network infligiría a las empresas que deben aparecer en ellas por sus relaciones con la asociación: “Y lo que sucede en este caso en el que la Sala [la del TSJM que dictó la sentencia de abril] concluye que la Comunidad de Madrid no justificó suficientemente qué datos o extremos de las memorias solicitadas pueden ser susceptibles de causar perjuicios a los intereses económicos y/o comerciales de indeterminadas entidades, ni tampoco que esos daños puedan configurarse como reales y efectivos y no simplemente potenciales, frente a lo que alega la Comunidad de Madrid que dicha justificación se encontraba en la resolución de la Dirección General de Política Financiera y Tesorería, lo que evidencia que la cuestión no se refiere en realidad a la indagación de la hermenéutica [interpretación de textos] del precepto que se aduce infringido, sino únicamente a determinar su aplicabilidad al caso concreto, planteando una cuestión que se circunscribe a la valoración casuística de las circunstancias concretas de este pleito, que como tales no revisten un especial interés casacional, razón por la que el recurso debe ser inadmitido a trámite” .

Aunque el auto lleva fecha del 8 de octubre, el pasado lunes –día 20–, el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, se zafó en rueda de prensa de una pregunta sobre Madrid Network y el veto a las iniciativas parlamentarias que al respecto ha ido presentando la oposición. “Sobre Madrid Network -respondió Díaz-Pache-, lo que le puedo decir es que es un asunto que está judicializado y, además, judicializado desde hace varias legislaturas”. A partir de ahí, el diputado lanzó una afirmación inesperada: que “este asunto no es competencia del Gobierno actual de la Comunidad de Madrid y por tanto el Gobierno actual de la Comunidad de Madrid no tiene que rendir cuentas de la actuación de otros Gobiernos”.

Las reacciones

Este miércoles, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado que aún no tiene “conocimiento” de la resolución del Supremo, informa Europa Press. En cualquier caso acatamos todas y cada una de las resoluciones judiciales como no puede ser de otra manera“, ha garantizado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Además, ha defendido que el motivo que tenían para no entregar esas memorias era una cuestión de ”protección de datos de personas e instituciones que estaban en esos expedientes“, pero que al haber ahora ”una resolución que aclara esa cuestión“ no tendrán ”ningún problema en poder facilitar la información que obre“ en su poder.

García Martín ha insistido en que es una asociación privada y que se le ha reclamado “todos y cada uno de los préstamos” y de las “cantidades que en este momento” adeudaría al Ejecutivo autonómico. “Estamos siendo claros, estamos siendo contundentes y estamos siendo absolutamente transparentes”, ha zanjado.

Por su parte, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha afirmado que Madrid Network es “la línea de puntos que une la etapa corrupta de Esperanza Aguirre con los orígenes políticos” de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que “trabajó ahí colocada por su mentora y todavía no ha explicado a qué se dedicaba cuando estaba en nómina de ese chiringuito”. “Lo de las subvenciones es un agujero negro, un desfalco que nos ha costado al menos 50 millones de euros y que tiene toda la pinta de haber ido a parar a los bolsillos de amigos y amiguísimos del PP. Si no quieren que se conozcan sus cuentas es porque tienen algo que ocultar y eso se debe acabar ya”, ha apostillado.

Y la portavoz del PSOE en la Cámara de Vallecas, Mar Espinar, ha exigido que Ayuso explique “qué ha pasado con el chiringuito” que “creó Aguirre” para “colocar primero a (Santiago) Abascal y luego a ella misma” y del que “también se beneficia la presunta red clientelar del exministro Montoro”. “Madrid Network debe ya cerca de 70 millones de euros a la Comunidad de Madrid y sigue recibiendo dinero público”, ha proseguido la portavoz socialista, quien lo ha tachado de “otro agujero más” del PP que “quiere ocultar una y otra vez cómo dilapida el dinero de todos los madrileños”.