Al terminar el doctorado hace ya 20 años, mi primera oferta laboral universitaria se planteó en forma de una sustitución por un año dando tres cursos a razón de 300 euros brutos mensuales en una universidad pública. Decliné. Afortunadamente encontré empleo en el ayuntamiento de Barcelona. En 2007 salió a concurso una plaza en el Centro de Investigación y Docencia Económicas, en México, conocido como CIDE, y de financiación pública. Postulé a dicha posición y después de un proceso abierto y competitivo, conseguí dicha posición. Estuve en la ciudad de México hasta principios del 2010 cuando por razones personales regresé a Barcelona. En el CIDE coincidí con colegas brillantes: unos eran politólogos, otras economistas; había historiadores excepcionales y grandes juristas. De todos y todas se aprendía. Mucho. Las estudiantes eran trabajadoras y muchas de ellas muy brillantes.

La anécdota personal viene a cuento de que el CIDE, igual que otras instituciones académicas como Boğaziçi en Turquía, la Central European University -hoy en Viena, pero originalmente en Budapest- o como muchas universidades en Estados Unidos -donde en abril de este mismo año, varios de sus rectores firmaron una carta en la que se denunciaba la “intervención gubernamental sin precedentes y la injerencia política” que está experimentando la educación superior- están sufriendo ataques que erosionan la libertad académica y, por ende, a la democracia.

En un artículo muy reciente, los profesores Víctor Hernández-Huerta y María Inclán analizan cómo los gobiernos con líderes populistas están deteriorando la libertad académica, incluido en países que siguen siendo democracias liberales o electorales. Antes de explicar por qué es importante la investigación, sigamos las definiciones que utilizan los profesores Hernández-Huerta e Inclán en su artículo para cada uno de los términos. Respecto a libertad académica entendemos la posibilidad de investigar, enseñar, debatir y publicar sin sufrir represalias ni sanciones exceptuando, obviamente, casos de faltas éticas graves. La libertad académica es importante porque permite que las universidades sean espacios de investigación en el que se cuestiona, se investiga, se contrastan ideas y también se critica al poder -ampliamente definido- sin miedo. Y el miedo, lógicamente, está presente si las actividades de las investigadoras tienen consecuencias personales para ellas en forma de pérdida de empleo y/o, en el peor de los casos, represión. [1]

Los populistas entienden las universidades como elitistas puesto que, al menos las públicas (y muchas privadas), exigen procesos de selección (en algunos casos extremadamente competitivos); usualmente se requiere de ciertas credenciales para ejercer la profesión que provienen de estudios avanzados como un doctorado. Las universidades también son pluralistas: hay diversidad de ideas; se protege el debate razonado y la crítica (por cierto, cuando actos de partidos políticos que no nos gustan son vandalizados, mala señal).

Para un líder populista, que quiere presentarse como la única voz auténtica del pueblo y simplificar la política como una lucha entre “buenos” y “malos”, estos espacios de crítica y matiz como las universidades son incómodos. Cuando las políticas de los populistas se cuestionan con datos, estudios y expertos, su tolerancia al disenso y la disidencia disminuye, y la academia se convierte en un blanco natural.

También hay que considerar que muchos populistas gobiernan basándose en una conexión carismática y directa con “la gente”, más emocional que racional. Cuando su desempeño real, cotidiano, práctico, no cuadra con su relato de éxito, tienen incentivos para controlar el discurso público: atacar a periodistas, organizaciones civiles… y, por supuesto, también a universidades que producen información independiente.

Todo lo escrito anteriormente Hernández-Huerta e Inclán lo fundamentan en un estudio con datos para 59 democracias electorales y liberales entre 2000 y 2021 en el que se combinan la base ‘Global Populism Database’ y los indicadores del proyecto de investigación Varieties of Democracy (todos los datos están en abierto). Su análisis se basa en modelos estadísticos mostrando que 1) a mayor nivel de discurso populista del líder, menor es la libertad académica; 2) dicha relación negativa se mantiene incluso teniendo en cuenta en los modelos estadísticos variables como el nivel de democracia, salvaguardas constitucionales, la independencia judicial y legislativa, la polarización social y variables económicas. Dicho de otro modo, incluso dentro de democracias con instituciones relativamente fuertes, el populismo en el poder erosiona la libertad académica. Los efectos son significativos en contextos donde la libertad académica suele ser muy estable. Una ilustración: el paso de líderes “poco populistas” a “muy populistas” equivale a pasar de niveles de libertad académica similares al Reino Unido (entre 2017 y 2018) a niveles parecidos a Serbia (2004-08) o Ecuador (2000 -05).

Para ir más allá del estudio cuantitativo e ilustrar cómo se producen estos procesos de erosión institucional, Hernández-Huerta e Inclán detallan el caso del CIDE bajo el gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) quien, durante la pandemia afirmó -entre otras- que su mejor protección contra el virus se lo otorgaba su honestidad y un par de imágenes religiosa que llevaba en su cartera, llegando a decir “son mis guardaespaldas” contra el coronavirus. Según los autores, AMLO combina un discurso fuertemente populista con una profunda desconfianza hacia el conocimiento experto. Ridiculiza la ciencia, minimiza la necesidad de evidencia en la toma de decisiones y presenta a los académicos como parte de una élite neoliberal desconectada del pueblo.

En el caso de CIDE, además de ataques públicos en los discursos de AMLO con acusaciones de formar “cuadros neoliberales”, de estar al servicio de organismos internacionales y de haber sido cómplice del “saqueo” del país; también se rebajó el presupuesto significativamente afectando a las becas, proyectos de investigación además del fideicomiso (en este caso no solo del CIDE sino también de otros organismos algunos dedicados a las víctimas de violencia criminal y machista, a defensores de derechos humanos, y se aplicaron cambios en la dirección, destituciones de autoridades críticas, cierre de programas y unidades de investigación -entre ellos el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas y el Programa para el Estudio de la Violencia , con la consecuente salida de un porcentaje importante del personal académico: el 40% del personal académico dimitió y las nuevas autoridades decidieron no seguir financiando a 17 investigadores postdoctorales.

Claudia Sheinbaum, la Presidenta que ganó la elección por un margen mayor que el de AMLO en 2018, proviene del mismo partido, MORENA. Tal vez por su convicción, formación -Sheinbaum cuenta con un doctorado en ingeniería- como por las señales lanzadas hasta el momento, parece tener la intención de reconstruir las relaciones con la comunidad académica. Solo con el tiempo se podrán juzgar sus acciones. De la misma forma que en un momento determinado decidimos dotarnos de bancos centrales independientes, tal vez se deban considerar acciones para proteger la autonomía y blindar sus presupuestos. Como nos recuerdan Víctor Hernández-Huerta y María Inclán, sin universidades libres, capaces de incomodar al poder, las democracias corren el riesgo de perder su alma.

[1] Seguimos la definición de Cas Mudde sobre populismo: una ideología “fina” que divide la sociedad entre un “pueblo puro” y una “élite corrupta”; en esta perspectiva la política debe reflejar la “voluntad general del pueblo” (si bien es cierto que quien interpreta dicha voluntad suele ser el líder populista en cuestión, según conviene). Sus dos opuestos son el elitismo y el pluralismo.

Las elecciones estatales en Australia Meridional del 21 de marzo han marcado un punto de inflexión, con una victoria histórica para los laboristas, que aumentan sus escaños. A pesar de su escaso número de representantes, el partido populista de derechas One Nation se destaca al obtener un 22% de los votos, evidenciando que la derecha populista también llega a nuestras antípodas. Además, en estas elecciones, la situación se complica para los liberales, que enfrentan problemas internos y una creciente fragmentación.

El pasado sábado 21 de marzo se celebraron elecciones estatales en Australia Meridional, o del Sur (SA por sus siglas en inglés). En circunstancias normales, no escribiría sobre unas elecciones estatales de un estado que casi duplica la extensión de España, pero en el que viven, aproximadamente, 2 millones de personas, la gran mayoría en los alrededores de Adelaida, su capital.

Y sin embargo, esta vez es diferente. Primero, los resultados. A falta de finalizar el recuento -sobre esto, más abajo-, los laboristas han conseguido una victoria histórica. Han pasado de 29 a 32 escaños en una cámara baja de 47, a pesar de perder 2,3 puntos porcentuales respecto a la elección anterior (con 40 puntos). Los liberales[1] se han despeñado y, de momento, han obtenido 4 escaños (venían de 16), con un 19 por ciento de los votos en primeras preferencias -perdiendo algo más de 16 puntos. Los verdes se han mantenido con 10 por ciento de los votos, pero cero escaños (como estaban). Y los independientes se quedan con dos escaños, pierden dos y llegan casi al 5 por ciento de los votos. El éxito, quien esta acaparando los principales titulares y comentarios es el del partido One Nation que es populista de derechas, y que, de momento, ha conseguido un escaño.

¿Cómo puedo afirmar que con solo un escaño de 47 en liza, One Nation ha tenido éxito? Porque ha conseguido un 22 por ciento de los votos. Las cifras son correctas: los liberales han conseguido más escaños con menor porcentaje de voto que One Nation. ¿Cómo es eso posible? Por el voto preferencial. En SA, como en otros estados y en las elecciones federales, hay 47 distritos uninominales, en el que solo se obtiene un representante. Los ciudadanos deben distribuir sus preferencias entre los candidatos, esto es, ranquear a los candidatos.

Para ganar, un candidato debe obtener la mayoría absoluta de los votos, después de repartir las preferencias. Si ningún candidato alcanza el umbral -esto es que alguien consiga la mitad más una de las preferencias- en el primer recuento, se elimina al candidato con menos votos y estos votos pasan al candidato siguiente. Y así se sigue hasta que un candidato llega a la mayoría. Por ejemplo, en un distrito tiene 38 votos ponen a los laboristas como primera preferencia, 34 para los liberales, 16 para los verdes y 12 para un independiente. Nadie consigue superar el 50, así que el independiente se elimina. Si, por ejemplo, las preferencias de los 12 votos del independente se distribuyen en 7 para los liberales, 3 para los laboristas y 3 para los verdes, los resultados pasan a 41 votos tanto para los laboristas y los liberales y 18 para los verdes. Como aún no se consigue superar el 50, los verdes se eliminan. Supongamos que los 18 de los verdes se distribuyen de manera que14 pasan a los laboristas y 4 a los liberales. El resultado final seria 55 para laboristas y 45 para liberales.

Una de las características que choca a muchos europeos es lo que tarda en saberse los resultados de las elecciones en Australia. Mientras que en España el resultado se conoce en la noche por muy ajustado que sea, en Australia, si el resultado es ajustado, puede tardar días. Por ejemplo, en 2025 en el distrito de Ryan se tardó más de dos semanas en conocer el resultado. Es lo que tiene un distrito en el que se presentaron 8 candidatos.

Una de las grandes ventajas de este sistema de votación es que un candidato que no conecte con el electorado difícilmente puede ganar. En un sistema mayoritario puro, como en el Reino Unido, si hay tres candidatos con 34, 33 y 33 por ciento de los votos respectivamente, gana el que obtiene el 34. El 34 no es la mayoría. En SA y en el resto de Australia esto no es posible porque hay que conseguir el 50% obligatoriamente. Esto implica que los candidatos deben también apelar a más votantes o, al menos, no generar rechazo.

Tal vez el rechazo explique el número limitado de escaños de One Nation. Pero su éxito en porcentaje de voto es considerable y el rechazo puede irse limando. Primero, las encuestas así lo indican y One Nation está aumentando su intención de voto también a nivel federal. Segundo, el Partido Liberal tiene problemas internos serios tanto a nivel estatal[2] como federal[3]; además de problemas con sus socios de coalición (los Nacionales); como de conexión con sectores fundamentales como mujeres y núcleos urbanos. La fragmentación de la Coalición -unión de Liberales y Nacionales- ha dejado mucho espacio para One Nation. Tercero, no solo es un problema del partido liberal: como en una entrevista reciente declaraba un ciudadano “siempre he votado laborista pero esta vez lo he hecho por One Nation” o como el mismo premier de SA, el re-elegido Peter Malinauskas, ha declarado “Si todavía crees que existe algo así como un escaño seguro, te estás engañando.” Y no anda equivocado. Tan solo el 66% de los votantes dieron su primera preferencia a los laboristas o los liberales en las elecciones de 2025. Cuarto, la líder de One Nation es la veterana de la política australiana, Pauline Hanson. A pesar de los resultados desiguales durante los 30 años de presencia pública, es eficaz convirtiendo el descontento en activo político. Apela a la inmigración, al coste de la vida, y una ansiedad cultural ofreciendo soluciones simples y populistas. Obviamente, en dicha cosmovisión, la culpa es de las elites y los extranjeros. Por último, ha fichado una figura muy conocida de los Nacionales (que forman coalición con los liberales) que fue el equivalente a vicepresidente y tiene un dominio del medio -especialmente el rural- evidente.

Después de la gran derrota de 2025, los liberales, 80 años después de su formación, nombraron a Sussan Ley como líder del partido.  Ha durado 9 meses en el cargo después de, a mi juicio, varios intentos de moderar y modernizar el partido. Ley ha fracasado y el partido liberal ha mandado una señal terrible a una gran parte del electorado. En consecuencia, Ley se ha retirado y ha abandonado su escaño de Farrer, provocando una elección en dicho distrito. Las encuestas más recientes apuntan a un 29 por ciento del voto para One Nation, seguido de un 23,3 para un independiente. Se espera que la distribución de preferencias juegue un papel clave. El 9 de mayo se vota. Veremos como fluyen las preferencias.

[1] Nota: a nivel federal, el Partido Liberal suele ir en coalición con los Nacionales. Es lo que se conoce como la Coalition. En SA, los Nacionales tienen una presencia testimonial.

[2] En SA, en los últimos cuatro años, llevaba cuatro lideres y el tercero tuvo que dimitir porque se filtró un video en el que aparecía esnifando (supuestamente) droga.

[3] Desde la derrota de mayo de 2025, van por el segundo líder.

Siguiendo el ciclo electoral, y después de casi tres años, el pasado tres de mayo, se celebraron elecciones federales en Australia. Aunque la distancia geográfica con Europa es importante, y tanto la campaña como la elección han pasado bastante desapercibidas, algunas claves que se han dado en esta elección pueden dar pistas que nos pueden ayudar a entender otras elecciones que vienen. En esta entrada, además de explicar como ha ido la elección y los antecedentes, expongo dichas claves.

En primer lugar, esta legislatura ha estado marcada por una situación económica doméstica compleja. Si las últimas semanas del anterior primer ministro liberal, Scott Morrison, coincidieron con una subida de los tipos de interés justo dos semanas antes de la elección y una serie de escándalos por los que este se había autonombrado como ministro de algunas carteras (sin que los ministros responsables de dichas carteras lo supieran), el Partido Laborista liderado por Anthony Albanese -criado por su madre en vivienda social y diputado desde 1996- se impuso en las elecciones de 2022 con una mayoría absoluta por un diputado (había 151 diputados entonces; ahora 150) y una cámara baja muy diversa, con el mayor número de independientes (10) y en la que los Verdes habían conseguido su mejor resultado (4 escaños).

Los primeros años de la legislatura estuvieron marcados por dos eventos. Algo más de un año después de iniciar el gobierno, en octubre de 2023 se celebró el referéndum sobre la voz de los aborígenes y los de las Islas del estrecho de Torres. Básicamente, la propuesta consistía en reconocer en la constitución que los miembros de dichas comunidades tuvieran voz en los asuntos que les afectaran directamente-– a través de un organismo para que presente propuestas y sugerencias al gobierno federal en asuntos relacionados con los aborígenes. El primer ministro se había comprometido a celebrar el referéndum que, inicialmente, era una propuesta que contaba con el apoyo del Partido Liberal y los Verdes, aunque no de los Nacionales (el miembro menor que conforma la Coalición con los liberales). El referéndum salió derrotado y con ello las esperanzas de toda una generación, además del gobierno. Por aquel entonces, además de haber finalizado la luna de miel entre el gobierno y la opinión pública, la popularidad del gobierno baja y la coalición de liberales y conservadores se pone por delante en las encuestas.

El segundo evento que ha condicionado al gobierno en este periodo ha sido las constantes subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Australiano (RBA). Igual que en Europa, el RBA es un ente independiente que mantuvo las tasas muy bajas durante 2021 como respuesta a la pandemia. La inflación empezó a despuntar durante 2022 y entre la segunda mitad del 2022 y hasta noviembre del 2023, se aplicaron 13 subidas de tipo de interés. Si antes de la elección del 2022, los tipos estaban al 0.1%, enero de 2025 se cerraba al 4.35%. Esto es importante porque afecta, y mucho, al pago de las hipotecas. En contraste con muchos otros países, las hipotecas se negocian por plazos de dos a cinco años. Esto hace que condicione mucho a la economía familiar cuando una familia renegocia o firma una hipoteca -hablo de familia porque las compras de vivienda individuales son prácticamente testimoniales. Si además añadimos que hay una proporción relevante de familias que tienen la totalidad o parte de la hipoteca en variable, entendemos que muchas familias tuvieran problemas para llegar a final de mes. Y aquí solo me refiero a quien puede acceder o ha accedido a una hipoteca. Como es sabido, el precio de la vivienda en Australia se ha disparado. Hay dos cifras muy indicativas. La primera, mientras que en el año 2000, una familia necesitaba, en promedio, 9 años y medio de ingreso para pagarla, ahora son más de 16. La segunda, el precio mediano -el que está en mitad de la distribución- está por encima del millón de dólares, en las principales ciudades (en Sydney ya por encima de 1.8 millones). Obviamente, el gobierno lo seguía pagando en las encuestas y, a mayo de 2024, la Coalición, tiene unos diez puntos de ventaja en los sondeos.

En medio de estas dificultades, el gobierno consiguió el primer superávit presupuestario en 15 años. Siendo consciente del problema de la vivienda, lanzó un fondo por el que se invierten 10,000 millones de dolores para construir nuevas casas, 30,000 de ellas viviendas sociales. Además, se tomaron medidas para intentar reducir la dependencia del sector manufacturero y se aprobó que al menos tres días de guardería estuvieran subsidiados. Las relaciones con China, el principal socio comercial, mejoraron, terminando con la prohibición de ciertas importaciones que el gigante asiático había impuesto con Morrison.

La oposición del Partido Liberal la lideraba Peter Dutton, un antiguo policía que entró en el parlamento en 2001. Dutton pacificó el partido Liberal -y las disputas internas se mantenían así, internamente- pero también lo derechizó. Durante muchos meses estuvo por delante de las encuestas. Cambió la posición inicial de los liberales en lo que respecta al referéndum y estuvo insistiendo en los asuntos económicos porque los australianos no estaban en el mejor de sus momentos. Ahora bien, la campaña electoral fue francamente mejorable tanto en cómo se organizó, como en las propuestas que se hicieron, algunas importadas y con poco sentido. Por ejemplo, se propuso recortar en 41.000 servidores públicos de los 185.000 que hay en todo el país porque Canberra, la capital, “es el problema”. Pero Australia no tiene una excesiva presencia de trabajadores públicos -que se pueden despedir- y muchos ciudadanos asocian correctamente trabajadores públicos con profesoras, enfermeros, policías, etc…. Y que la mayoría de los trabajos amenazados no estaban en Canberra sino en otras ciudades. Proponer eliminar el trabajar en remoto tampoco es buena idea cuando beneficia especialmente a familias que se encuentran en los suburbios -una gran parte-y a las mujeres, un grupo con el que los liberales tenían, y siguen teniendo, un problema. Hubo una tercera propuesta que no convenció en absoluto al electorado y que los laboristas insistieron mucho: abrir siete plantas nucleares durante 20 años y, de paso, abominar de las renovables, cuando ya el 30% de los hogares tienen solar (y pagan menos de electricidad).

El día de la elección, los laboristas ganaron: de 77 a 94 escaños; la Coalición de 58 a 43, llegando Dutton a perder su escaño y a abandonar la vida política. La nueva líder de la oposición y de los liberales -Sussan Ley, la primera mujer- tiene una tarea ingente para reducir la distancia con los laboristas. Los Verdes han perdido tres y se quedan con 1 y los independientes siguen con 10.

La victoria de los laboristas ha sido arrolladora. Pero para muchos ha sido tan amplia gracias a la entrada de Trump en campaña. A raíz del “día de la liberación”, Estados Unidos imponía a Australia (y muchos otros países) una serie de aranceles. Este país tiene relaciones muy estrechas con la superpotencia -es uno de los pocos que le ha acompañado en todos los conflictos bélicos en los que ha estado desde la segunda guerra mundial- y la decisión de imponer los aranceles no se entiende como un acto amistoso. Los liberales se equivocaron al no cerrar filas con el gobierno y en intentar importar debates de los Estados Unidos que aquí no acaban de funcionar. Es más, una de las candidatas estrella de la Coalición, la senadora Jacinta Nampijinpa Price en una comparecencia dijo, por error, que quería “hacer Australia grande de nuevo”. El gobierno capitalizó la incertidumbre que conllevan las propuestas de Trump. Algo parecido sucedió en Canadá donde los conservadores lo tenían en la mano para gobernar… hasta que apareció Trump.

 Los eventos climáticos extremos - inundaciones, incendios, huracanes o las olas de calor- pueden afectar gravemente a las elecciones. En algunos lugares, algunas veces, las elecciones se podrían posponer, pero no en otros, porque el marco legal no lo permite o porque el evento climático extremo llega de forma imprevista. En el actual contexto medioambiental – y a pesar de los negacionistas-, la cuestión cómo minimizar el posible impacto de dichos eventos en las elecciones reviste clara importancia.

Desde el proyecto Impact of Natural Hazards on Elections liderado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA) -  organización intergubernamental con sede en Estocolmo - estamos reuniendo evidencia sobre estos desafíos para nuestras sociedades. En total, desde 2001 hasta la fecha, hemos identificado 60 casos en los que sucesos naturales extremos han afectado elecciones nacionales y subnacionales de más de 30 países de todas las regiones del mundo: pasando por Malawi y Somalia en África, a Belice y Canadá en América, Indonesia y Tuvalu en Asia-Pacífico o Alemania e Italia en Europa.

Se puede ver un mapa que recoge muchos de estos eventos aquí.

Los datos que hemos recopilado (que son de libre acceso) muestran cómo las elecciones en sus distintas fases pueden verse gravemente afectadas por una amplia gama de fenómenos naturales -principalmente inundaciones por desbordamiento de ríos, huracanes, incendios y olas de calor. En 13 casos, las elecciones se pospusieron, en todo el territorio nacional o en una zona concreta. Algunos ejemplos permiten ilustrar lo que contamos.

En Estados Unidos, las altas temperaturas afectaron la campaña electoral presidencial. En los actos de campaña de junio del candidato Donald Trump en Arizona, 11 personas fueron hospitalizadas. Días después, en Las Vegas (Nevada) se sobrepasaron los 37 grados y 24 personas recibieron atención médica.

La campaña electoral en la India también se vio afectada por las altas temperaturas que llegaron antes de la temporada de monzones. Los partidos se vieron obligados a cambiar el horario en el que hacer campaña pasando a primeras horas de la mañana. Pero no solo el calor cambió los actos de campaña, sino que se le atribuye el haber segado la vida de 33 trabajadores electorales en Uttar Pradesh, el estado más poblado. Obviamente, dichos fallecimientos afectaron al resto de los trabajadores de la campaña y su relación con la Comisión Electoral se deterioró. Además, según el ministro de Defensa, las altas temperaturas en parte explican la baja participación electoral en las primeras cuatro fases de las elecciones -como la India es un país tan grande, las elecciones se celebran en siete fases por todo el país durante dos meses y medio.

En México, en mayo se registraron temperaturas récord en el período previo a las elecciones generales del 2 de junio. En algunos lugares se superaron los 50 grados. El calor provocó varias decenas de muertes y cortes de energía. Al calor, en algunos estados como Tabasco, Tamaulipas, Veracruz o Morelos, se añadió que las colas para votar fueron muy largas mientras se supera los 45 grados de sensación térmica. Se informó de esperas de varias horas en algunos de los colegios electorales especiales destinados a las personas que viajaban el día de las elecciones, y al menos un elector murió tras desmayarse en un colegio electoral.

El calor también estuvo presente en las Maldivas donde experimentaron temperaturas récord en las elecciones de abril, superando los 46 grados de sensación térmica. La ola de calor, además, coincidió con el Ramadán, pudiendo exacerbar problemas de salud. Probablemente, el calor afectó a la participación -que se redujo en ocho puntos porcentuales- al recomendarse evitar actividades extenuantes entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde.

También en España hemos celebrado elecciones en medio de olas de calor. Durante las del pasado julio de 2023, el termómetro superó los 40 grados. Afortunadamente, no hubo incidencias, pero los partidos limitaron los actos al aire libre.

Como muestran estos casos, como mínimo, los fenómenos meteorológicos pueden afectar tanto al registro de votantes (donde no es automático), como al diseño de las campañas electorales, a las labores de candidatos, simpatizantes y trabajadores electorales y a los votantes y su afluencia a las urnas.

Sin duda la siguiente pregunta a responder es cuáles son los efectos electorales de estos eventos climáticos. La evidencia disponible no es del todo concluyente. Sabemos, por ejemplo, que las inundaciones de 2019 en Reino Unido beneficiaron en 2 puntos porcentuales al partido Laborista y que cuando hay olas de calor la gente está más en sintonía con los mensajes sobre el cambio climático. Esto en principio beneficia electoralmente a opciones progresistas. Sin embargo, otras investigaciones muestran que cuando hay eventos climáticos extremos, lo relevante es la inmediatez de las ayudas y la gestión que se hace de ellas. Mientras seguimos acumulando evidencia para entender mejor los efectos del cambio climático, el planeta se calienta y en muchos procesos sociales habremos de abordar no sólo el incordio de los negacionistas sino también los desafíos de adaptar el día a día a un clima cambiante y una meteorología menos predecible. Las elecciones no son una excepción.

*Este artículo como la investigación en la que se basa ha sido elaborada en colaboración con Sarah Birch, Erik Asplund y Maddie Harty.

En España el efecto par-impar existe: un escaño más en un distrito pequeño afecta al número de partidos, aunque solo si el distrito es pequeño y el nuevo número de escaños en él es impar.

España tiene un sistema electoral en el que el tamaño de los distritos varía. Así, hay circunscripciones muy pequeñas, como Ceuta y Melilla con un escaño en juego, y distritos más grandes como Valencia Barcelona y Madrid, con 16, 32, 37, respectivamente. Los partidos y candidatos conocen esta realidad y, por eso, concentran esfuerzos -como actos, visitas de candidatos, etc- en unos distritos (en España, las provincias) y no en otros. También sabemos que cuantos más escaños hay en juego, más fragmentado está el voto entre partidos y más partidos ganan escaños. Por ejemplo, en 2023, los representantes de Barcelona provienen de seis partidos, mientras que por Toledo son de tres partidos y por Teruel, dos. Tradicionalmente se ha establecido que a medida que aumenta el número de escaños, también lo hace el de partidos. Y esta relación es positiva: cuantos más escaños en juego, más partidos.

Sin embargo, un hecho que se suele ignorar es que, en todas las elecciones generales, excluyendo Madrid, Barcelona y Valencia, en el resto de las provincias se pusieron en juego entre uno y doce escaños, algo más del 75% de los escaños en liza. Es más, de las 52 provincias, 29 se juegan entre uno y cinco escaños y se consideran provincias pequeñas. El número de escaños en juego en una circunscripción son pares o impares. Y, aquí viene la pregunta, ¿es relevante si el número de escaños en juego es par o impar? Por relevante nos referimos a si los partidos y los votantes tienen en cuenta el hecho de que el distrito sea par o impar.

Por parte de los partidos cabría esperar que el hecho de que se compita en un distrito par o impar es relevante. Imaginemos un país en el que compiten dos partidos grandes (A y B) y varios partidos pequeños. También imaginemos que los votantes se distribuyen de forma uniforme por dicho país que se organiza en distritos de uno, dos, tres, cuatro y cinco escaños para reflejar la distribución de la población. Los escaños se asignan según la regla d’Hondt -la más popular en distritos plurinominales- que consiste en dividir el total de los votos conseguidos por cada partido por los divisores 1, 2, 3, 4 y 5 para obtener unos cocientes y distribuir los escaños a partir de los cocientes más altos. Supongamos que las encuestas predicen un 45% de los votos a cada partido aproximadamente. En tanto que las elecciones son competidas, en los distritos con un número impar de escaños, un simple puñado de votos pueden ser los decisivos para saber quién consigue el último escaño en juego. En cambio, en los distritos de dos y cuatro escaños, el partido ganador debe duplicar el porcentaje de votos del segundo (estrictamente hablando, el doble más un voto) para asegurarse un escaño más. En otras palabras, los partidos A y B deben soportar el costo de obtener un escaño marginal que es mucho menor en distritos de baja magnitud que asignan un número impar de escaños que en distritos de baja magnitud con un número par de escaños.[1] Es lo que en un reciente artículo llamamos el efecto par-impar.

Para investigar si existe el efecto par-impar nos centramos en las 15 elecciones al Congreso entre 1977 y 2019. España es un caso ideal por varias razones. Primero porque las elecciones se llevan a cabo bajo la fórmula d'Hondt, listas cerradas en sus 52 distritos, de un solo nivel y sin escaños compensatorios. Segundo, si lo hace, el número de escaños aumenta o disminuye de elección a elección en una unidad – lo que implica que distritos pares se pueden convertir en impares de una elección a otra (y a la inversa). Tercero, el sistema de partidos está regionalizado y fraccionado tanto entre distritos como a lo largo del tiempo, lo que permite comprobar la solidez del efecto.

El gráfico muestra que el efecto par-impar existe. En el eje horizontal agrupamos todos los escaños por distrito. En el eje vertical presentamos el número efectivo de partidos. Los puntos representan el numero efectivo de partidos y las barras los intervalos de confianza al 95%  (como solo tenemos 6 casos de distritos con dos escaños, los intervalos son muy grandes). 

Como se ve en el gráfico, la relación entre magnitud de distrito y número de partidos es creciente pero no lineal, especialmente en los distritos pequeños. Parece, más bien, que se siguen una serie de escalones. Los distritos pares pequeños (2, 4 y 6 escaños) tienen un número efectivo de partidos mayor que los distritos impares (de 1, 3 y 5). Esto va en consonancia con lo que sabemos y apuntábamos al principio: más escaños, más partidos. Sin embargo, en contra del saber convencional, el número de partidos es mayor en los distritos pares (de 2, 4 y 6) que en aquellos impares (de 3, 5 y 7). En otras palabras, un escaño más en un distrito pequeño solo afecta al número de partidos cuando la nueva magnitud de distrito es impar en distritos pequeños, menores o iguales a 5 escaños.

Nuestro resultado -puedes encontrar el trabajo en abierto aquí donde también analizamos cómo esta realidad afecta a los votantes- tiene consecuencias prácticas. Primero, desde una perspectiva institucional, cuando se decide qué sistema electoral se va a adoptar, es muy relevante considerar si el número de escaños otorgados en los distritos es par o impar si los distritos son pequeños. Desde una perspectiva político-electoral, para los partidos enfrascados en campañas electorales nacionales, el efecto par-impar es una información vital que, si se entiende correctamente, podría ayudarles a invertir sus recursos en campañas electorales de manera más eficiente.

¿Cuán generalizables son estos resultados más allá de España? Para poder responder con claridad a esta pregunta necesitamos la información de otros países con sistemas electorales parecidos al nuestro, como el portugués La evidencia que tenemos avalaría que es un fenómeno universal.

[1] En las circunscripciones de magnitud grande, el hecho de que la magnitud del distrito sea par o impar no desempeña ningún papel.

Durante una campaña electoral, el día de las elecciones o en los análisis que se hacen después, uno de los factores que se suele comentar es el de la participación. Por ejemplo, con las primarias republicanas de Iowa del pasado lunes 15 de enero, se aduce que el frío pudo dejar en casa a varios simpatizantes republicanos, si bien en Iowa (casi) siempre hace frío en enero. Durante los meses que vienen, las elecciones de los Estados Unidos ocuparán muchos minutos y espacios en los medios de comunicación. Así que no voy a hablar de esto.

Lo que me interesa resaltar es que se votó un lunes. Un lunes. Y es interesante fijarse en que es un lunes porque: ¿importa cuándo votamos? Por importar, me refiero a si afecta a la participación. Esto es, ¿sabemos si se vota más durante el fin de semana que, digamos, un martes? Los estudios disponibles hasta la fecha han proporcionado resultados divergentes. Por ejemplo, en 2004 un trabajo realizado para 29 países encontraba que cuando la elección se celebraba en domingo, la participación era más alta. En cambio, cuando se ampliaba el espectro para 63 países, el día no parecía estar relacionado con la tasa de participación.

Cuándo votar (y si votar o no) es un asunto que va mucho más allá de la investigación. Como se sabe, la participación es desigual y puede ser estratégica. Por desigual me refiero a que, en Europa, grosso modo, los más pudientes muestran tasas de participación mayores que los más pobres. (Nota: esta es una relación que no se observa necesariamente en muchos otros países como India o Indonesia). Por estratégica, me refiero a que no todos los partidos promocionan la participación por igual. Recuerden aquellas palabras del diputado Gabriel Elorriaga Pisarik, a la sazón director de campaña de Mariano Rajoy en 2008, cuando refiriéndose a los votantes socialistas indecisos declaró en el Financial Times que “si podemos generar suficientes dudas sobre la economía, la inmigración y los temas nacionalistas, quizás se queden en casa”.

Desde una perspectiva institucional también es relevante cuándo se vota. En este sentido, en sistemas parlamentarios donde el presidente del Gobierno, dentro del plazo del mandato de tres, cuatro o cinco años, tiene la capacidad de elegir cuándo se vota, el día puede ser un elemento que considerar. Por ejemplo, en España en las generales se vota en domingo desde 1986. Pero las elecciones de 1979 y 1982 se celebraron en miércoles y jueves, respectivamente (las de 1977 también en miércoles).

Además, vemos que hay un valor intrínseco en la participación. Dos ejemplos. Imagina dos escenarios: uno en el que gana la elección el candidato con un 51% de apoyo y una participación del 90% y otro donde gana por el mismo margen con una participación del 30%. Aunque ambas victorias –con un 90 o un 30% de participación– son válidas, solemos atribuir mayor legitimad a la que ha juntado más gente en las urnas. Segundo, cuando la participación se considera baja (un ejemplo suele ser las elecciones europeas), los medios de comunicación –igual que muchos comentaristas, creadores de opinión y académicos– hablan de crisis de democracia, falta de interés, etc. Dicho de otro modo, por norma general, tendemos a pensar que una participación alta es un signo saludable de nuestras democracias.

A pesar de que la participación es una información relevante, hasta la fecha no hay muchas bases de datos que proporcionen los datos de participación. Sin duda, la más conocida y utilizada es la del International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). Junto con Diego Leiva Van De Maele, hemos recopilado datos de participación para 3217 elecciones nacionales entre 1945 y 2020 en 190 países. Estos datos son más completos que los de IDEA porque incluyen más información, como 675 elecciones más para dicho periodo, los días de la semana o si las elecciones son de primera o segunda vuelta. También hemos prestado mucha atención a las fuentes y hemos sido consistentes en la recogida de datos. (El libro de código y los datos están disponibles aquí y el artículo, aquí).

El gráfico muestra que, en general, se vota los fines de semana (más del 60% de las elecciones), siendo el domingo el día preferido. Curiosidad: esto no es así en los países protestantes de la anglosfera donde, tradicionalmente, actividades públicas que no fueran ir a la iglesia estaban restringidas. Por ejemplo, en Australia, todo estaba cerrado en domingo: bares, cines, tiendas, no había eventos deportivos (la restricción se levanta paulatinamente en la década de los 80 del siglo pasado). También se vota en sábado en Chipre, Malta, Islandia, Taiwán o Nueva Zelanda. El día en que menos elecciones se celebran es el viernes.

Volviendo a la pregunta inicial, ¿hay alguna relación entre el día en que se vota y la participación? Como muestra el siguiente gráfico, parece que no es el caso. El valor mediano –el que se sitúa justo en medio de la distribución– es la línea horizontal blanca entre las cajas. Como se ve, está alrededor del 70% todos los días. En el eje horizontal del gráfico, también incluyo los valores medios de participación. Por ejemplo, la participación media los domingos fue del 71,6% mientras que el viernes, del 70%. Por lo tanto, no parece que el día en el que se celebra la elección se relacione con el nivel de participación.

Obviamente, esta respuesta es simplificada: estoy mezclando países que son democracias con los que no; lugares en los que hay voto obligatorio y en los que no; primera vuelta con segunda vuelta o sistemas parlamentarios con presidenciales, entre muchas otras posibilidades. (Los lectores interesados en profundizar en estas cuestiones pueden descargarse los datos y realizar sus propios análisis).

Los aborígenes australianos son los pobladores originarios de dicho país. Está establecido que migraron hacia la isla/continente hace unos 65000 años y es la cultura más antigua del mundo. En el censo de 2022 se registraron 167 lenguas y dialectos distintos -algunos incomprensibles entre ellos (se estima que antes de la colonización inglesa habían 250 lenguas). Cada nación/grupo es responsable de su territorio, animales y plantas, así como de mantener el vinculo con la tierra para las generaciones venideras. La asociación con la tierra no es baladí. Por ejemplo, Brisbane, desde donde escribo, se estableció en la tierra de los Yuggera, Turrbal y Yugambeh, mientras que Sydney comprende, por lo menos, la tierra de los Gayamaygal, Gamaragal, Garigal, Darramurragal, entre otros. Cuando uno ve la televisión pública australiana, a menudo ya se informa desde qué zona están retransmitiendo.

Cuando los británicos liderados por Cook en 1770 llegan a las costas australianas declaran que es ‘Terra nullius’, que no pertenece a nadie. Esto justifica legalmente el asentamiento. Pero no deja de ser curioso, también desde una perspectiva legal: cuando Cook llega tiene instrucciones del Conde de Morton de tomar posesión de los territorios de los nativos “con su consentimiento” llegando a decir que los habitantes nativos “son sus naturales y, en el estricto sentido de la palabra, los poseedores legales de las regiones que habitan” y que “ninguna nación europea tiene el derecho a ocupar ninguna parte de su tierra, o asentarse en ella sin su consentimiento voluntario.” Como decía, el 22 de agosto de 1770 Cook declara la costa este del continente posesión británica. Australia se convierte en país en 1901 pero la ‘terra nullius’ sigue en vigor. Hasta que en 1982 Eddie Koiki Mabo, Sam Passi, David Passi, Celuia Mapo Salee y James Rice empiezan una batalla legal para reclamar la propiedad de sus tierras en la isla de Mer en el estrecho de Torres -curiosidad: se llama estrecho de Torres en honor al marino Luis Váez de Torres, que iba al mando de uno de los barcos de la expedición de Pedro Fernández de Quirós que había partido del Perú en 1605 en busca de la mítica Terra Australis Incógnita. El caso, conocido Mabo, llevó 10 años, hasta que el Tribunal Supremo (a nivel federal) dictaminó que los pobladores originarios de la isla de Mer eran los legítimos propietarios de la tierra; que la posesión que hicieron los británicos no había eliminado la propiedad de los pobladores de la isla de Mer; y que “los pobladores de Mer tenían derecho frente al mundo entero a la posesión, ocupación, uso y disfrute de las tierras de las islas”. A esta decisión le siguió Ley de Títulos Nativos de 1993 con la intención de establecer y codificar las implicaciones de la decisión del tribunal y, a la vez, establecer un régimen legislativo bajo el cual los pueblos indígenas de Australia podrían solicitar el reconocimiento de sus derechos de títulos nativos. Esto fue una mejora en el reconocimiento de los pueblos aborígenes australianos.

Pero este país tiene una relación compleja -por ser diplomático- con los indígenas. Por ejemplo, desde una perspectiva representativa y política, consiguieron el derecho a voto en mayo de 1962 y mientras que para todos los australianos el registro del votante es obligatorio, para ellos se estableció en 1983. Igualmente, solo se les incluye en el censo a partir de 1971. Alguien puede pensar que eso no es del todo importante -si es así, que piense si le gustaría no poder votar o si cuando rellena el censo no puede decir cuales son sus orígenes. Tal vez más brutal es lo siguiente: durante muchas décadas, generaciones de niños y niñas aborígenes eran extraídos por la fuerza de sus familias y educados en misiones de iglesias o dados en adopción. Había una correlación positiva entre el grado de claridad de la piel del niño y la niña aborigen y su posibilidad de ser adoptado. En 2008, el primer ministro Kevin Rudd, pidió disculpas en el parlamento a lo que se conoció como las Generaciones Robadas. Lo que sigue tampoco es agradable: la tasa de suicidios entre aborígenes australianos es el doble que la de los no indígenas. Y esta tampoco ayuda: los aborígenes representan el 4% de la población del país. En las cárceles son el 32%. En definitiva, no es controvertido asegurar que hay un problema y no creo que sea muy loco asegurar que algo hay que hacer.

Respecto a lo primero, que hay un problema, todos los actores sociales así como los partidos políticos y las administraciones están de acuerdo. Respecto a lo segundo, durante años, de hecho, se han realizado diversas políticas de toda índole para intentar reducir la brecha entre los aborígenes australianos y el resto de la población. Y sin embargo la brecha ahí sigue. En algunos casos, ha ido a peor.

En 2017, unos 250 lideres aborígenes se reunieron en Uluru, y la gran mayoría aprobó una resolución, conocida como el Uluru Statement from the Heart, en la que se llamaba para el establecimiento de una ‘Voz de las Primeras Naciones’ en la constitución australiana, así como una comisión para la verdad y para un proceso de acuerdo. Durante la última campaña electoral en 2022, el candidato laborista y actual primer ministro, Anthony Albanese, prometió un referéndum sobre, precisamente, la voz. ¿En qué consiste la voz? En establecer un organismo para que presente propuestas y sugerencias al gobierno federal en asuntos relacionados con los aborígenes. Es el parlamento quien tendría el poder para hacer las leyes en relación a los asuntos de los aborígenes así como la regulación, composición, poderes y procedimientos de dicho organismo.

El primer ministro ha cumplido su promesa y hace campaña activa por el sí. Se vota el 14 de octubre. Hasta inicios de 2023, el apoyo a la voz estaba por encima del 60%. Pero en marzo empezó a declinar y, según todas las encuestas ahora se encuentra por debajo del 50%. Mientras que los representantes laboristas y verdes están claramente a favor del referéndum -al menos en público prácticamente no se ha oído ninguna voz discordante-, los liberal-conservadores están más divididos. Sin embargo, a nivel ciudadano (que es quien vota), la diferencia partidista está marcada, pero algo menos: tan solo un 26% de los votantes conservadores votarán a favor de la voz, pero solo un 60% de los laboristas y un 72% de los verdes. También hay diferencias claras por edad. Las generaciones más jóvenes (18 a 34 años) claramente apoyan el referéndum (65%) mientras que la de los mayores de 55 lo harán un 24%.

A día de hoy, el sí tiene la victoria bastante difícil por cuatro razones. La primera es que se necesita tanto una mayoría de votos ciudadanos como de los estados. Y hay 6 estados. Esto es, se necesita que el sí gane en 4 estados, además del total de los votos. La segunda es el contexto: como en otros lugares, la situación económica de los hogares en Australia se ha deteriorado de forma evidente en los últimos meses con subidas de precio y de tipos de interés. Muchos votantes que confiaron en los laboristas -quienes hicieron campaña con el argumento del coste de la vida- pueden preguntarse sobre la necesidad del referéndum cuando se llega a fin de mes con estrecheces. Este argumento está presente en algunos medios (y no es exclusivo de Australia). Tercero, la campaña que se está realizando desde el lado del no es simple, pero resuena: ‘si no sabes, vota no’. Es un argumento absurdo, porque el procedimiento que se ha establecido es claro -si sale que sí, el parlamento entonces tiene que decidir qué hace, como organiza dicho organismo, etc. Pero esto no consiste en lo que uno piense si no en lo que la mayoría decida. Por último, de los 44 referéndums que se han realizado hasta la fecha en Australia, solo 8 se han aprobado. El anterior referéndum que se votó fue en 1999 y fue sobre el establecimiento de una república. Salió que no. Los republicanos -los hay en ambos lados del espectro ideológico- saben que su causa, casi 25 años después, sigue perdida.

Hace unos años, Francisco Umbral, en un programa de Mercedes Milá en Antena 3, dijo una frase mítica de la televisión española: “He venido a hablar de mi libro”. El libro se titulaba ‘La Década Roja’. Como en Piedras de Papel tratamos asuntos diversos, hoy vengo a ‘hablar de mi libro’. Con mi colega de la City University de Hong Kong, Diego Fossati, acabamos de publicar uno breve, de 70 páginas: ‘The Meaning of Democracy in Southeast Asia’, ‘El Significado de la Democracia en el Sudeste Asiático’. Es un estudio sobre qué entienden por democracia los ciudadanos de Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia y Singapur. Las poblaciones combinadas de estos cinco países suman más de 490 millones de personas, 50 millones más que la Unión Europea. 

Ciertamente cuando pensamos en democracias referentes, estos países no son los que nos vienen a la cabeza. No son equiparables a Dinamarca o Noruega, por ejemplo, pero intuitivamente tampoco los clasificaríamos a la altura de China o Arabia Saudí. Si clasificáramos los países en un rango de 0 a 1 por índice democrático, tal vez los pondríamos en la mitad de la tabla. Indonesia es el más democrático de los cinco y donde la democracia ha sobrevivido durante dos décadas a pesar de tener altos niveles de fraccionalización étnico-lingüística, corrupción y desigualdad económica. Tailandia está en el otro extremo, pues en 2014 un golpe militar apoyado por la monarquía depuso a un gobierno elegido por las urnas. En medio, Filipinas, que ha sufrido una erosión de su democracia evidente, y Malasia y Singapur, dos regímenes iliberales. No es sorprendente, por tanto, que en la clasificación que hace el proyecto de investigación más completo hoy en día, Varieties of Democracy, estos países estén en mitad de la tabla dentro de los 179 que son evaluados, con puntuaciones similares a las de México, Colombia o Polonia.Tal vez por esto, porque no son los que están arriba en la clasificación, merezca la pena detenerse en ellos: no en vano, es en estos casos donde la democracia está menos consolidada o establecida, donde más debemos estudiar qué entienden los ciudadanos por democracia. A mi modo de ver, es en los niveles medios donde la incertidumbre es mayor y pueden ser más fundamentales para el devenir de la democracia desde una perspectiva global. Adicionalmente, desde una perspectiva geo-estratégica y de relaciones internacionales el área del Pacífico es una de las más candentes.

Hoy, el concepto de ‘democracia’ tiene una gran aceptación normativa. Políticos de casi todos los regímenes, sean autoritarios o demócratas, se definen como ‘demócratas’ y se adhieren a una retórica democrática para justificar y legitimar sus actuaciones. Es más, muchos políticos que promueven agendas autoritarias -tanto en nuevas como en viejas democracias- justifican sus decisiones para preservar o profundizar la democracia.

Para la gran mayoría de los ciudadanos, por su parte, vivir en una democracia es deseable; algo a lo que aspirar y perfeccionar. Sin embargo, en muchos lugares en los que que se observan altos grados de apoyo popular a la democracia, vemos que los valores liberales no se consolidan. Por ejemplo, autores como Helen Kirsch y Christian Welzel muestran cómo, en varios países, una parte importante de los ciudadanos entienden la democracia de forma ambigua y, aunque manifiestan apoyar a la democracia, lo hacen a la vez que muestran actitudes autoritarias. Tanto es así, que las ideas autoritarias superan a las liberales.

Otra de las cosas que sabemos de una gran parte de la investigación publicada es que, si bien la mayoría estamos de acuerdo en establecer que las elecciones libres y justas son un prerrequisito para la democracia, lo que es democracia y lo que ésta conlleva va más allá de dicho requisito electoral básico. Qué es lo que compone la democracia, además de la dimensión electoral, sigue siendo sujeto de debate tanto normativo como empírico. Por nombrar algunas posibilidades, para muchos la democracia también debe ser liberal; esto es un régimen político que limita los poderes de las mayorías electorales con pesos y contrapesos para proteger los derechos individuales y de las minorías. Otras acentúan la noción participativa, en la que se refuerza la importancia de que los ciudadanos se involucren en la política más allá de los canales formales para elegir a los representantes. Y aún hay otros que enfatizan la importancia de un concepción social o igualitaria de la democracia, concentrándose en la importancia material e inmaterial de las desigualdades y se cuestionan si todos los ciudadanos están igualmente equipados para participar y beneficiarse de la política democrática. Como queda claro, estas etiquetas son orientativas y, en ocasiones, la frontera entre una y otra es difusa.  

Partiendo de la base que, en democracia, la dimensión electoral es automática, nos preguntamos cuales son las dimensiones más presentes en Indonesia, Filipinas, Malasia, Tailandia y Singapur. Para ello partimos de un análisis histórico de cada país y también realizamos una serie de encuestas. Los principales resultados son dos. El primero es que, como en otros lugares del mundo, los ciudadanos de estos países tienen concepciones de la democracia multidimensionales y complejas. Vemos que la idea liberal de la democracia está muy asentada junto con la igualitaria. En este sentido, más que una dicotomía entre estas dos dimensiones, los resultados nos indican que son complementarias. Desde una perspectiva conceptual, las dos dimensiones son objetivamente distintas y puede haber una tensión entre ellas que, en ocasiones, sea difícil de resolver. Pero en la práctica valores liberales e igualitarios son compatibles, al menos para la población que hemos encuestado. También vemos que los principios liberales están asentados en una parte importante de la población, lo que no deja de ser curioso pues en la región, como repasamos en la parte histórica, las ideas liberales han sido tradicionalmente relegadas a un segundo plano.

El segundo resultado es la presencia, en todos los países que hemos estudiado, de una perspectiva participativa de la democracia. Aunque está menos asentada que la concepción liberal, tiene consecuencias relevantes para el comportamiento político. Más allá de que, obviamente, los demócratas participativos tienden a participan más en actividades políticas, este grupo es consistentemente más crítico con el estado de la democracia y las instituciones gubernamentales en sus respectivos países. Y es más crítico que los demócratas liberales. Nuestro resultado es novedoso porque, por norma general, los estudios de cultura política en el sudeste asiático suelen argumentar que es la baja consolidación de los valores liberales del público general lo que hace muy difícil profundizar en las democracias de la región. Nuestros resultados, en cambio, sugieren que, además, hay que tener en cuenta las interpretaciones participativas de la democracia pues son las que están más estrechamente asociadas con las evaluaciones críticas hacia esta.

En las conclusiones abordamos… no, mejor, no hago un destripe completo. No vivimos de los libros vendidos, pero si lo compras nos haces un favor.

En los sistemas parlamentarios, el primer ministro del gobierno tiene la prerrogativa de convocar las elecciones y, en función de sus intereses electorales y del plazo determinado por la ley -e.g. entre 3 y 5 años normalmente-, fija el día de la elección. Mayoritariamente, la celebración electoral se realiza durante el fin de semana y, tanto en nuestro país como en casi todas las democracias, nos acercamos al colegio electoral a depositar una papeleta. En casi todas las democracias también se puede votar antes del día de la elección, normalmente mediante el voto por correo. En algunos países esto es muy sencillo (e.g. Australia), mientras que en otros las trabas son mayores. Pero la norma es votar la jornada de la elección. Para que tengamos una referencia, según el INE, en las últimas elecciones generales el porcentaje del voto postal en España fue del 3.88%.

A priori, cuantas más posibilidades puedan utilizar los ciudadanos para emitir su voto, mejor. La lógica es muy sencilla: si queremos que participe la mayoría de la ciudadanía, queremos ponérselo fácil. Como se entiende, esta lógica es todavía más poderosa en contextos con voto obligatorio. Dicho de otro modo, cabe esperar una contrapartida: si se me exige votar, que menos que se me pongan pocas trabas. En este sentido (y parcialmente siguiendo la lógica expuesta), en Australia se puede votar el día de la elección, por correo, por anticipado en persona y por teléfono (con un sistema complejo y caro porque requiere de dos oficiales de la agencia electoral, uno para verificar la identidad del individuo y otro para que el individuo vote anónimamente). Además, la Comisión Electoral se desplaza: a centros de mayores para que puedan votar de forma privada; a casas de enfermos en algunos casos; zonas remotas; y prisiones.

Pero lo realmente interesante por la magnitud de lo que muestro a continuación es el voto anticipado en persona. Básicamente consiste en que el ciudadano durante dos semanas -hasta estas elecciones eran tres- antes del día de la elección, puede acercarse a cualquier centro de votación y depositar su voto. En Australia, el elector puede votar en cualquier centro de votación del país, sea su distrito o no. Tradicionalmente, uno podía votar de forma anticipada si tenía previsto no estar en el país o preveía no estar en su distrito electoral. Pero ha cambiado de forma significativa en los últimos 10 años. He recogido datos sobre cómo se vota para todos y cada uno de los 150 distritos uninominales desde 2004 de la Comisión Electoral Australiana. 

El gráfico que presento es simplemente la evolución de la media de los votos emitidos durante el día de la elección. Como se puede observar, el porcentaje de personas que votan el sábado de la elección -en Australia se vota ese día- ha ido cayendo paulatinamente. Si durante la primera década de los 2000 aproximadamente el 90% votaba durante solo el sábado, entre 2010 y 2013 se observa como hay un declive que aumenta a partir del 2016. En promedio, para 2022, algo más del 50% de los votos se emitieron el día de la elección. La línea azul representa la proporción de votos por correo. Si bien se observa una tendencia ascendente, situándose casi en algo más del 15% de promedio para esta última elección, ha sido muy constante. La gran diferencia es la línea discontinua (en gris), los votos anticipados en persona. Como se puede observar, entre 2004 y 2010 evolucionaba de forma casi igual con los votos por correo para desde entonces despuntar y situarse hoy por encima del 30%. 

Por definición, los ciudadanos que votan de forma anticipada, lo hacen antes del día oficial. También se entiende que, por cuestiones logísticas y procedimentales, los votos por correo -para que sean validos- han de ser emitidos antes del día de la elección. Dicho de otro modo, en estas últimas elecciones en Australia algo más del 45% de los votantes han votado antes del día de la elección.

Este 45% tiene varias implicaciones. La primera de ellas es la organización electoral: no es lo mismo organizar un evento que dura 24 horas que uno que se extiende por el plazo de dos semanas. Por compararlo con el caso español, sería muy difícil justificar que los ciudadanos tuvieran que, por sorteo, estar en la mesa electoral durante dos semanas. Seguramente, en esos casos, se contratarían a gente, que es lo que se hace en Australia. Pero, como es obvio, la factura de la elección es mayor.

Más allá de los desafíos logísticos, este nuevo enfoque donde pasamos del día de la elección a un periodo electoral de semanas, también afecta a nuestras democracias. La primera, las mismas campañas electorales y promesas que hacen los partidos y candidatos. Si prácticamente todo el mundo vota en la fecha asignada, partidos y candidatos pueden decidir jugar estratégicamente con las promesas o información negativa sobre el otro partido. Pero si un 45% vota antes, ¿Cuándo anuncias la política o promesa estrella de la campaña? ¿Qué margen tienen los ciudadanos? Supongamos que un ciudadano vota 12 días antes de la elección, pero en el transcurso de la campaña aprende algo que de haberlo sabido antes hubiera cambiado su voto. Al fin y al cabo, el día de la elección es un domingo y nuestro ciudadano votó un martes… ¿Podría cambiar su voto? Obviamente, tengo más preguntas que respuestas, pero siendo el voto anticipado una tendencia al alza en algunas democracias, merece la pena estudiarse.

Quiero cerrar con una última reflexión. Durante la pandemia, se celebraron elecciones en Galicia y País Vasco. Algunas voces sugirieron la posibilidad de ‘suspender’ la elección bajo el argumento de la emergencia sanitaria. A pesar de las razones sugeridas -en la mayor parte de los casos muy sensatas- a mi juicio deberíamos pensar en abrir o flexibilizar cómo se vota en España -y por ende en muchos países europeos- si pandemias, eventos climáticos extremos y otros eventos nos sorprenden. 

Una de las cosas que me sorprendió cuando llegué a Australia en 2013 fue la negatividad y la virulencia con la que se hablaba de la primera ministra del momento, Julia Gillard. Había visto sexismo en política en otros lugares, como en España -baste recordar las funestas declaraciones de un alcalde de Valladolid sobre la ministra Leire Pajín-, México o los Estados Unidos. Pero el caso de Gillard me llamó la atención por varias razones.

En primer lugar, Gillard llevaba mucho tiempo en política: entró en el Parlamento en 1998 habiéndose trabajado y ganado su escaño en un sistema político en que, a diferencia de España -en donde utilizamos listas electorales-, en cada distrito solo puede haber un candidato de cada partido.

En segundo lugar, Gillard tenía una amplia experiencia. Desempeñó durante seis años (desde 2001 hasta la victoria laborista de 2007) el papel de ministra en la sombra. Después de ganar las elecciones, Gillard se conviertió en Deputy Prime Minister, que viene a ser como la vicepresidenta, además de ministra de Educación, Empleo y Relaciones laborales. Y solo después de varias cuitas internas con el Primer Ministro Rudd, que estaba cayendo en popularidad, Gillard tomó las riendas del partido laborista en 2010 y se convirtió en la primera ministra mujer de la historia de Australia.

Cuando llegó la campaña de 2013, uno de los ‘argumentos’ utilizados por el candidato a primer ministro del Partido Liberal, Tony Abbot, es ‘Ditch the Witch’ (‘Deshaceos de la bruja’). Gillard recibe comentarios sobre su aspecto físico y le preguntan en muchas entrevistas sobre su decisión de no tener hijos.

En tercer lugar, los medios de comunicación no daban el mismo tratamiento hacia el candidato liberal: ni comentarios sobre su vestimenta, ni su corte de pelo, ni su cara, ni su insistencia en aparecer en bañador en la playa después de nadar un rato en el mar. Nada. Me extrañaba el doble rasero pero pensaba que, al fin y al cabo, la oposición trata de ganar al gobierno con lo que puede y que, para muchos, lidiar con ese tipo de comentarios va con el sueldo. Y sin embargo, cuando Abbot ganó las elecciones, no hubo comentarios sobre su apariencia.

Otra de las cuestiones que me sorprendieron es cómo y ante qué contrincantes el actual primer ministro consiguió su cargo. Cuando empiezan los movimientos contra Turnbull hay tres candidatos a sucederle: Scott Morrison, ministro del Tesoro, Peter Dutton, ministro del Interior, y Julia Bishop, ministra de Exteriores. Bajo casi cualquier parámetro -preparación, experiencia, conocimiento- Bishop era la mejor candidata. Bishop, además, tenía algo que los otros dos candidatos no y era que no polarizaba, o lo hacía en menor medida. Dicho de otro modo, entre los votantes de los otros partidos, Bishop levantaba menor rechazo que los otros dos. Y, sin embargo, cuando el partido liberal decide cambiar al primer ministro, opta por Morrison. Lo sorprendente es la votación dentro del partido: Dutton recibe 38 votos, 36 para Morrison y 11 para Bishop. En segunda vuelta, Morrison se impone a Dutton por 45 a 40. Bishop perdió y entre las razones que se dan de su derrota el ser mujer fue un factor decisivo. (Si quieren saber más de la situación de las mujeres en la política australiana, les recomiendo esta serie de cuatro capítulos de la periodista Annabel Crabb). Bishop decidió retirarse de la política y ahora tiene una carrera tan exitosa como lucrativa.

A los casos de Gillard y Bishop, hay que añadir que no más del 30% de los representantes de la cámara baja en Australia son mujeres, cuando en España es de más del 40%. ¿A qué se debe dicha diferencia? ¿Qué es lo que hace que haya tal desconexión con la realidad? Al fin y al cabo, cuando uno camina por las calles de cualquier pueblo o ciudad del país, las mujeres son el 50%. Hay varias explicaciones posibles, pero aquí me voy a centrar en dos. La primera es que los partidos discriminan contra las mujeres. La segunda es que no hay mujeres porque los votantes las discriminan y las votan menos.

Para intentar averiguar si son los partidos o los votantes quienes discriminan, Duncan McDonnell y yo realizamos una investigación (recientemente publicada), en donde recogimos datos para todos y cada uno de los candidatos que se presentaron a las elecciones en los 150 distritos australianos desde 2001 hasta 2019, así como de su desempeño electoral. 

Lo primero que examinamos es si los partidos discriminan a las mujeres a la hora de decidir las candidaturas en cada uno de los distritos. Encontramos que es así en el partido liberal pero no en el laborista o los verdes. Obviamente, la ideología de los partidos importa, porque los progresistas han estado tradicionalmente más vinculados a la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. De hecho, el partido laborista introdujo cuotas de género a principios de los 80 que han ido aumentando progresivamente. Así, el objetivo es que en 2025, el 45% de las candidatos del partido laborista sean mujeres. El partido liberal, por el contrario, ha rechazado las cuotas y siempre ha tenido un número menor de candidatas.

En segundo lugar, analizamos una forma un poco más sofisticada de discriminación por parte de los partidos. Los partidos pueden cumplir las cuotas pero nominando a mujeres en distritos menos seguros, es decir, más difíciles de ganar. Igual que en Estados Unidos, en Australia hay distritos que son claramente progresistas o conservadores, en los que el margen de victoria de uno de los dos partidos supera el 60%. Cabe, por tanto, la posibilidad de que los partidos cumplan con las cuotas acordadas pero poniendo a competir a las mujeres en distritos en los que no tienen muchas posibilidades de conseguir el escaño. De hecho, esto es lo que encontramos de forma consistente aunque es tan solo significativo en dos elecciones para el partido laborista.

(Por cierto, una de las reformas del partido laborista inglés que lideró Tony Blair para hacer al partido mas representativo de la sociedad fue aplicar las cuotas en los distritos claramente laboristas, asegurando una mayor representatividad y evitando este comportamiento estratégico que va en contra del principio de la norma)

Después de ver lo que hacen los partidos, analizamos qué hacen los ciudadanos. ¿Discriminan a las candidatas mujeres? Esta es una pregunta importante porque durante mucho tiempo una explicación que daban los partidos era que, precisamente, los votantes eran los que discriminaban. Asimismo, las investigaciones académicas reforzaban dicha explicación. Medimos, por tanto, la tasa de éxito de los partidos. Y vemos que tanto para los laboristas como los liberales, las tasas de éxito entre hombres y mujeres son muy parecidas: mientras que en unas elecciones la mujeres candidatas de los laboristas lo hacen mejor que los hombres, en otras es a la inversa y lo mismo sucede con los contendientes del partido liberal. Es más, siguiendo modelos econométricos que otros han empleado, observamos que las candidatas del partido laborista obtienen 1400 votos más en promedio que los candidatos del mismo partido, manteniendo el efecto de otras variables constantes. Dicho de otro modo, las mujeres del partido laborista obtienen mejores resultados que sus colegas hombres. Cada uno puede juzgar si 1400 votos en un distrito son muchos o pocos. Pero desde 2001 hasta 2019, un 3% de las elecciones se decidieron por un margen de menos de 1000 votos.

¿Por qué es todo esto importante? Dejando de lado todo lo anterior, que no es poco, la política australiana sufre de un sexismo rampante hasta el punto de que, durante estos tres años, una trabajadora del partido liberal fue violada en el Parlamento por un colega en marzo de 2019.

El comportamiento en el Parlamento dista mucho del ámbito privado o académico. Se sigue discriminando a las mujeres -vía salarios, por ejemplo - pero lo visto en este Parlamento estos años es inconcebible en la empresa privada. Tanto es así que el gobierno pidió a la comisionada contra la discriminación sexual, Kate Jenkins, un informe independiente sobre las prácticas laborales dentro del Parlamento. Entre otros resultados, Jenkins y su equipo han propuesto 28 acciones y reformas. Una de ellas es la de aumentar el equilibrio de genero entre los parlamentarios.  El trabajo aquí mencionado es uno de los referenciados en el reporte para apoyar dicha propuesta.

Hace unos días, Alexia Putellas se convertía en la primera jugadora de fútbol española en ganar el balón de oro, reconociéndola como la mejor jugadora del mundo. Enhorabuena. Hay que poner en contexto este primer balón de oro del fútbol femenino español: solo hay otro jugador que había conseguido tal galardón, Luis Suárez, bastante antes de que muchos hubiéramos nacido. Escuché la entrevista de Alexia Putellas en El Larguero de la Cadena Ser. En su entrevista, la deportista reivindicó el futbol femenino y dijo algo que justifica esta entrada: “Esto va a ser un chute de visibilidad, es lo que necesitamos, que se crea en estas jugadoras. Los resultados están ahí. Ya no hay excusa para no dar un paso más.” 

Durante la misma semana, el equipo de fútbol femenino australiano, conocidas como 'las Matildas', se enfrentó en una serie de amistosos a la selección de los Estados Unidos. El primer partido se disputó en Sydney con más de 36.000 asistentes. El segundo fue en Newcastle -con una población aproximada de 320.000 personas- y congregó a más de 20.000 personas. En Australia, estas cifras de asistencia son altas. Como referencia, en noviembre, la selección masculina jugaba para la clasificación al mundial ante Arabia Saudí y juntó a 25.000 espectadores. 

A pesar de que en algunos países hay más espectadores en los estadios de partidos femeninos que masculinos, en general, no es así. El dinero está en los equipos masculinos. Por ejemplo, el salario mediano en la liga de fútbol de los Estados Unidos está justo por debajo de los 200.000 dólares mientras que el de las mujeres está sobre los 30.000. Eso es en un país donde el fútbol femenino es relativamente popular y hay mayor presión para la igualdad. En competiciones internacionales (comparando sueldos de campeones y campeonas del mundo, por ejemplo), la brecha llega a ser de 30 veces a favor de los hombres. Esta diferencia tan grande no solo sucede en el fútbol, sino que es un patrón repetido en muchos otros deportes, como el baloncesto. Dicha diferencia entre salarios se suele justificar por el interés que genera: como el fútbol masculino genera mayor interés que el femenino, es normal que existan estas diferencias salariales. 

El problema con este razonamiento es que no fue siempre así, ni tampoco parece que el caso hoy en Estados Unidos o Australia. Ahora es cuando un poco de historia viene muy bien. Lo que viene se basa en una entrevista a Stefan Szymanski en junio de 2020 y que descubrí aquí. Szymanski se apoya en el trabajo de Gail Newsham.

Durante la primera guerra mundial, los hombres jóvenes en Inglaterra estaban en las trincheras. Las mujeres trabajaban en las fábricas y, entre ellas, en Dick, Kerr, que estaba en Preston, al norte de Liverpool y que hacía locomotoras de tren. Entre los hombres, el fútbol era muy popular en Inglaterra, pero las mujeres de la fábrica formaron un equipo para jugar contra los hombres. Resulta que el equipo tuvo éxito y siguió jugando más partidos, recaudando fondos para las tropas. Jugaron durante toda la guerra y cuando terminó, siguieron jugando por causas benéficas. 

Pero no se equivoquen, estos partidos no eran los típicos de cuñados de fin de semana o los que organizan gente reconocida durante las Navidades, por ejemplo. No. Por ejemplo, en 1920 jugaron contra otro equipo femenino -el St. Helen’s Ladies- en el campo del Everton y, más importante, juntaron a 53.000 personas, colgando el letrero de no hay entradas. Como cuenta Szymanski, difícilmente ningún equipo masculino hubiera conseguido dicha entrada. 

Siguiendo con el argumento que escuchamos a menudo -se gana dinero en función del interés que se genera-, deberíamos entonces haber visto un desarrollo distinto al actual entre el fútbol masculino y el femenino. Y, sin embargo, las jugadoras de hoy están en clara desventaja con la contraparte masculina, como apuntaba Putellas. 

¿Qué pasó? El fútbol a principios del siglo XX estaba bien asentado, con equipos profesionales, semi-profesionales, amateurs, etc. Décadas antes, en 1863, se forma la Asociación de Fútbol (FA, por sus siglas en inglés), que es la organización encargada de regular el deporte. Y la FA, ya desde 1902 sugería a sus miembros no permitir partidos entre equipos de mujeres. Cuando se juntan 53.000 personas en el estadio del Everton para ver el partido entre dos equipos femeninos, los dueños de los equipos masculinos se quejan pues se sienten amenazados pensando que los hinchas ya no asistirán a los estadios. 

Los dueños convencen a la FA para aprobar una resolución que traduzco así: “Se han expresado quejas porque las mujeres juegan al fútbol. El consejo se siente obligado a expresar su convicción que el fútbol bastante inadecuado para las mujeres y no se debería promocionar. Por estas razones, el consejo pide a los clubs que pertenecen a la asociación que rechacen el uso de sus instalaciones para dichos partidos”. Y así es como se prohíbe el fútbol femenino en Inglaterra. 

Dicha prohibición va más allá del ámbito profesional. Como las mujeres no pueden jugar, las niñas tampoco lo pueden hacer en las escuelas porque todas las escuelas estaban afiliadas a la FA. 

El efecto de la prohibición va más allá de Inglaterra y afecta también al resto de los demás países porque en aquel momento la FA es la federación más potente de la FIFA. Y la FIFA apoya dicha prohibición dura hasta 1971. Dicho de otro modo, cualquier organización que estuviera asociada a la FIFA, si permitía a las mujeres utilizar sus campos, podía ser excluida de dicha organización. Por eso apenas hay partidos entre mujeres por medio siglo. La FA primero y la FIFA después 'matan' la competencia del futbol femenino. 

¿Qué hubiera sucedido si el fútbol femenino no hubiera estado prohibido? Nadie lo sabe. No tenemos un contrafáctico. Tal vez, sugiere Szymanski, se parecería al tenis que es global y aunque hay diferencias entre hombres y mujeres, son menores. Puede ser. También podría ser que el futbol femenino tuviera mayor audiencia que los masculinos… no lo sabemos. 

Con la que está cayendo en términos de pandemia, desigualdad, exclusión social, discriminación, condiciones laborales, etc., algunos lectores pueden pensar que este es un problema menor. Sin embargo, puesto en perspectiva, esta situación entre jugadores y jugadoras profesionales refleja mucho de los problemas que observamos en la realidad laboral y social actual de muchos países. Aquí la FIFA, ligas profesionales y clubes que obtienen grandes beneficios tienen una oportunidad de oro para dar ejemplo y liderar la equiparación entre unos y otros. 

Cada vez que votamos, políticos, medios, periodistas, opinadores, politólogos, tertulianos, todólogos y otros hablamos de la participación. Una de las explicaciones que se ofrecen cuando la participación es baja es que es un síntoma de poca salud democrática. Otro argumento que se oye es que los ciudadanos no consideran la elección como importante. Y algunos candidatos admiten que no han sabido conectar con los ciudadanos por cualquier razón, entre ellos el tan manido “no hemos sabido comunicar” o “hemos tenido un problema de comunicación”.

Desde las ciencias sociales, los estudios sobre la participación son una constante desde hace, por lo menos, cincuenta años. Hay trabajos analizando los factores que explican la participación desde la ciencia política, la economía, la psicología, la sociología, la antropología, la historia y otras disciplinas. Hay varias formas de estudiar la participación. Una de ellas considera la perspectiva individual, esto es, ver qué factores hacen que los ciudadanos decidan votar o no. Por ejemplo, nuestra colega de Piedras de Papel Aina Gallego, entre otras, ha trabajado los factores a nivel individual en varios artículos y libros. Otra forma de analizar la participación es desde la perspectiva agregada, esto es, comparando los determinantes que hacen variar la participación, por ejemplo, entre regiones o países. Y de esto último es de lo que hoy escribo.

Supongan que alguien les preguntara qué factores afectan a la participación. ¿Qué dirían? Hasta la fecha, los determinantes de la participación se han clasificado en tres categorías. La primera es la institucional. Por ejemplo, si el voto es obligatorio o si la elección es concurrente con otras, como en países con elecciones parlamentarias y presidenciales. La segunda categoría es la socio-económica, donde se consideran factores como, por ejemplo, el impacto del crecimiento económico o la diversidad étnica entre países. En tercer lugar están los factores políticos. Por ejemplo, se suele argumentar, con razón, que la participación es más alta en aquellas elecciones que están más competidas entre los principales partidos candidatos.

En ocasiones, la distinción entre los factores que componen unas y otras categorías no es del todo clara. Por ejemplo, muchos consideran el sistema electoral un factor institucional, pero también podría clasificarse como una característica política. Tampoco dichas categorías son exhaustivas y hay elementos que no formarían parte de ninguna de ellas, como por ejemplo la meteorología. En España sabemos que la lluvia afecta negativamente a la participación pero, en cambio, en Suecia, tal vez porque llueve mucho, ese efecto no se ha encontrado. En cualquier caso, estas categorías nos ayudan a entender y organizar los distintos factores que se han propuesto hasta ahora.

Hablando de dichos factores, ¿cuántos creen que se han propuesto y examinado empíricamente en los últimos años para explicar la participación? En un trabajo reciente de acceso libre, junto con Richard W. Frank hemos identificado 127. Lo leen bien, 127. A continuación, cito algunos: el producto nacional bruto, la población, la tasa de urbanización, el desarrollo humano, la diversidad étnica, si hay voto obligatorio, la magnitud del distrito electoral, si el registro de votantes es automático o no, el umbral electoral efectivo, la competitividad de las elecciones, el grado de democracia, el número de elecciones que se han celebrado... y así hasta 127. De esta parte del análisis destacan dos resultados. Uno es que, si bien la participación es un acto político, los factores que más se suelen evaluar tienen que ver con aspectos institucionales y socioeconómicos. El segundo es que, a pesar de todos los estudios realizados y las variables empleadas, todavía estamos lejos de tener un modelo general que explique la participación. 

Está claro que los 127 factores identificados no son todos los determinantes que se han proporcionado para explicar la participación. De hecho, hemos obtenido dicha cifra a partir de una selección de trabajos que tenían que cumplir ciertas condiciones: artículos de revista científica que fueran a nivel agregado; de carácter comparado, lo que excluye estudios de caso; en el que la comparación fuera entre países y en lengua inglesa. Este criterio excluye libros, artículos en los que solo se analiza un país o en los que se analizan regiones. En total solo seleccionamos 44 trabajos que cumplían con esas condiciones. Como se entiende, y dados nuestros criterios, nos hemos dejado muchos posibles determinantes fuera de nuestro análisis.

Si al intentar explicar algo a un amigo le ofrecemos más de 100 posibles razones, nuestro amigo nos va a decir que muy parsimoniosos no estamos siendo. Si un evento se explica por 100 factores o más, casi todo afecta al evento. Y si todo o casi todo afecta a un fenómeno, casi nada lo explica. Dicho de otra forma, con más de 100 elementos explicando algo, no sabemos qué sucede.

La confusión se incrementa si tenemos resultados contradictorios, como es el caso. Por ejemplo, hay investigaciones que indican que en países con sistemas electorales proporcionales la participación es más alta. Pero también los hay que encuentran que tener un sistema proporcional no importa o que el efecto es negativo.

Ante tantos factores y resultados contradictorios la pregunta que surge es: ¿cómo ponemos orden? En el trabajo mencionado hemos optado por conseguir tantos datos como nos ha sido posible y analizar todas las posibles combinaciones de variables. Respecto a los datos, hemos conseguido información para 70 variables en 579 elecciones de 80 países desde 1945 hasta 2014. Respecto a las combinaciones posibles, hemos seguido una metodología conocida como extreme bounds analysis que nos permite realizar dichos cálculos. Al final del trabajo, realizamos más de 15 millones de regresiones. Dos millones y medio de regresiones nos han llevado unos 12 días de cálculos realizados en la nube sin interrupción.  

Nuestros resultados cuestionan mucho de lo que se ha dicho hasta el momento: de las 70 variables utilizadas, solo 22 se asocian robustamente con la participación. Las más relevantes son elecciones concurrentes, voto obligatorio, el nivel de competitividad, la globalización económica y algunas variables geográficas.

Obviamente, nuestro trabajo se puede mejorar relajando los criterios de selección de los trabajos que nos han llevado hasta los 127 factores explicativos; ampliando el número de variables que incluimos y mejorando los instrumentos de medición. Sin embargo, nuestra aportación en ese artículo consiste en reducir la información de forma considerable de tal manera que los resultados proporcionan un panorama de mayor comprensión que el que ofrecían los 127 condicionantes. Así las cosas, queda mucho por hacer en el estudio de los condicionantes de la participación política.

Hay más de 70 movimientos secesionistas en el mundo a día de hoy. Todos ellos dan argumentos de por qué deberían ser independientes del país en el que están incluidos y por qué deberían ser o tener un estado propio. Así, en Papúa Occidental, un grupo nacionalista sostiene que ha sufrido abusos y violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Indonesia. Los líderes de la República de Somalilandia contraponen sus instituciones a las de Somalia. En Nueva Caledonia, los Kanak apuestan por la independencia (de Francia) basándose en el principio de descolonización. Sin necesidad de irnos tan lejos, en España hay dos movimientos secesionistas, el catalán y el vasco. Un punto en común de todos los movimientos secesionistas es que fundamentan su aspiración, ser independiente, en algún tipo de injusticia.

Cuando los movimientos secesionistas promueven sus declaraciones de independencia las fundamentan en estas injusticias, aunque no todas las partes comparten que existan. Por ejemplo, el Estado que niega la independencia suele también negar dichas injusticias. Algunas de las que se utilizan para justificar el movimiento independentista pueden estar basadas en hechos objetivos, pero no siempre es así y también se utilizan de forma estratégica.

¿Qué tipo de injusticias utilizan los movimientos independentistas para justificar su razón de ser? ¿Son todas las injusticias iguales? ¿Son todos los movimientos independentistas iguales? A mi entender, estas preguntas no son fáciles de responder. La primera implica una sistematización de las razones que proporcionan los movimientos independentistas. La segunda y tercera son más complejas porque, con algunas injusticias, entramos en cuestiones valorativas, como mostraré más abajo. Y sin embargo, los investigadores Ryan Griffiths y Angely Martínez se han atrevido a categorizarlas en un reciente artículo.

Los autores comienzan su estudio diciendo que su análisis “no debe entenderse como apoyo para ningún grupo en particular. Todo esfuerzo secesionista es complejo y suelen haber argumentos válidos por las dos partes. Nuestro enfoque es objetivo, transparente y diseñado para minimizar sesgos.” Griffiths y Martínez definen un movimiento independentista como una “nación auto-identificada dentro de un Estado soberano que busca separarse y formar un nuevo (y reconocido) Estado”. Para que forme parte de su muestra el movimiento debe durar como mínimo una semana, incluir por lo menos 100 personas, reclamar un territorio de como mínimo 100 kilómetros cuadrados, tener una bandera, declarar la independencia y que el territorio sea contiguo al del Estado al que se pertenece.

Respondiendo a los tipos de injusticia presentes, Griffiths y Martínez diferencian cinco tipos. En primer lugar están las ‘restaurativas’ que, como indica el nombre, repondrían la situación previa de una nación concreta. Esto se relaciona, por ejemplo, con el principio subyacente de la descolonización: rectificar los errores del colonialismo y así devolver la independencia a un pueblo de un área concreta. Este tipo de argumentos se proporcionan en el caso de grupos indígenas y las sociedades que se instauran en esos lugares, como podría ser Hawaii en Estados Unidos, o algunos de los más de 200 grupos aborígenes presentes en Australia (asunto que en absoluto está cerrado).

El segundo tipo son los ‘remediales’ y aquí se proponen los argumentos de por qué se debería otorgar la independencia como un remedio a los abusos de los derechos humanos por parte del Estado. La independencia de Sudán del Sur o el caso de Papúa Occidental con Indonesia mencionado arriba se ajustan a este tipo de argumento.

El tercero se centra en el derecho de elección y, en este caso, la elección de independencia y de un estatus diferenciado. La idea es que una nación debería tener el derecho a elegir su destino político vía plebiscito, referéndum o similar. Para una parte importante del independentismo catalán este es el argumento.

La cuarta categoría se sustenta en agravios relacionados con una historia de violencia con el Estado. Por ejemplo, ¿se ha producido una guerra civil entre la nación que el movimiento independentista representa y el Estado? La lógica de esta categoría parte de la premisa de que cualquier conflicto violento con el Estado, particularmente cuando es recurrente, es fuente de queja continua e inestabilidad.

Finalmente, Griffiths y Martínez nos hablan de la funcionalidad. En contraposición con lo ‘restaurativo’, que se basa en el retorno de la situación perdida, el argumento funcional se basa en lo que ha conseguido el movimiento secesionista en comparación con el país del que se marcha. Dicho de otra forma, se justificaría porque gobiernan mejor que el país en el que están. Volviendo a Somalilandia, el argumento que utilizan sus promotores es que Somalia es un estado fallido y, en cambio, en Somalilandia las instituciones funcionan.

Como se entiende, estas categorías nos proporcionan un panorama completo de los argumentos que son utilizados por los movimientos independentistas. De igual forma, estas categorías no son excluyentes y se pueden observar movimientos que utilizan una o varias a la vez. Por ejemplo, en el caso catalán, la tercera, derecho de elección, sería la mayoritaria, pero algunos han presentado argumentos sustentando la primera y la quinta categoría -que ya discutí aquí y aquí- y que, a mi juicio, no tienen el mismo valor.

El siguiente paso es ver si son todas las injusticias iguales y, por ende, si son iguales todos los movimientos independentistas. Para ello, Griffiths y Martínez operacionalizan estas cinco categorías con distintos indicadores a los que asignan unos valores, de forma clara y transparente. Por ejemplo, para conseguir la máxima puntuación en la categoría restaurativa, el movimiento independentista debería estar en la lista de descolonización y haber sido un Estado. Ninguno de los 72 movimientos cumple con estos dos requisitos aunque las puntuaciones más altas las obtienen los Saharauis, los Kanak (de Nueva Caledonia) y los Cameruneses del Sur. Tal vez se pueda discutir la falta de algún indicador para medir algunas de sus categorías pero no sobra ninguna de las que se incluyen.

Después de seguir el procedimiento con cada indicador los autores presentan los resultados de las naciones con más y menos agravios. Entre las naciones que más puntúan en los agravios destacan Saharauis, Palestinos, Tamiles de Sri Lanka, Kachin de Myanmar, y los Cabinda de Angola. Las naciones que puntúan más bajo son Escocia, Islas Feroe, Guadalcanal en las Islas Salomon, Flandes y Cataluña. Como es esperable los grupos que más alto puntúan lo hacen porque tienen obtienen puntos en casi todas las categorías mencionadas. Por ejemplo, saharauis, palestinos y tamiles puntúan alto en las cinco dimensiones, mientras que quebequeses, escoceses y catalanes no lo hacen.

Como dicen Griffiths y Martínez, no deja de ser curioso que casos muy presentes a nivel internacional como Escocia o Cataluña obtengan los resultados más bajos, mientras que los resultados más altos se dan en contextos cronificados como Palestina o el Sahara Occidental.

Obviamente, cada movimiento secesionista es un mundo y no se consigue la independencia porque se merezca más o menos. De hecho, es más que probable que algunos movimientos independentistas con puntuaciones más bajas consigan sus objetivos antes que aquellos que, siguiendo estos criterios, lo merecen más. Pero, a mi juicio, esta investigación ayuda a poner en perspectiva los debates que tenemos sobre estas cuestiones.

La pandemia en la que nos encontramos nos ha afectado en innumerables aspectos de nuestras vidas. Las elecciones no son una excepción. Ante la COVID-19, muchos países, estados, regiones o municipios han tenido que decidir: celebrar la elección o no. Desde el 21 de febrero de este año hasta el 1 de noviembre, con datos del International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), al menos 73 países o han pospuesto sus elecciones nacionales o subnacionales debido a la COVID-19, mientras que en al menos 80 se han celebrado a pesar de ésta.

Entre los que pospusieron la elección debido a la pandemia, varios la celebraron semanas o meses después. Por ejemplo, tanto las elecciones vascas como las gallegas de julio iban a ser en abril. Las presidenciales polacas se esperaban para mayo, pero se llevaron a cabo entre junio -primera vuelta- y julio -segunda. Igualmente, en Uruguay las locales estaban previstas para mayo y tuvieron lugar en septiembre. Asimismo, en Nueva Zelanda, las elecciones se celebraron el 17 de octubre, pero estaban previstas para el 19 de septiembre.

Sin embargo, en otros lugares se han suspendido las elecciones o referéndums de forma indefinida o hasta nuevo aviso. Sin ser exhaustivo, es el caso de Perú -se esperaban las locales en marzo-, Kirguistán -locales en abril-, Armenia -tocaba un referendo en abril-, Gabón -legislativas parciales en abril-, Omán -locales en mayo-, Chad -legislativas en junio-, los cantones suizos de Neuchatel, Tizino y Lucerna -locales en marzo-, de Escocia, donde se tenían que celebrar algunas elecciones locales parciales en marzo y abril.

Entre los que votaron cuando estaba previsto se encuentran las legislativas de Israel de marzo (las terceras desde 2019), las parlamentarias de Corea del Sur en abril y de Montenegro, en agosto. También países que salen menos en las noticias como Kiribati celebraron sus presidenciales en abril y en Trinidad y Tobago, fueron las parlamentarias en agosto.

Parece que la decisión de celebrar o posponer la elección no responde a razones de desarrollo económico o de relación con la democracia representativa. Tanto países ricos y pobres como democracias jóvenes, más asentadas o dictaduras han tomado todo tipo de decisiones (si bien probablemente con justificaciones y criterios distintos).

De hecho, Australia es quizás el caso más curioso porque se observan todos los comportamientos descritos antes en un solo país. En julio, en el distrito electoral federal de Eden-Monaro -en el estado de Nueva Gales del Sur- se celebró una elección parcial. En dicho estado -Sydney es la ciudad más importante- debía haber celebrado elecciones locales en septiembre, pero las autoridades decidieron posponer los comicios por un año “para abordar los riesgos que plantea el virus COVID-19”. Por el contrario, en el Territorio del Norte y en el Territorio de la Capital Australiana, se celebraron elecciones legislativas en agosto y en octubre, respectivamente. Tal vez, el caso más curioso es el estado de Queensland, con una población de algo más de 5,1 millones de habitantes y 3,3 millones de votantes: el 28 de marzo, se celebraron elecciones locales en más de 70 municipios y el 31 de agosto fueron las estatales.

La elección de marzo en Queensland se celebró en el pico de la pandemia. Es importante recapitular los datos para el argumento. El periodo electoral arranca el 22 de febrero y la Organización Mundial de la Salud declara la pandemia el 11 de marzo. La Comisión Electoral de Queensland (ECQ) decide seguir con la elección fundamentándolo en un principio, una observación y una acción concreta. El principio es que las elecciones proveen la continuidad de la representación democrática y son facilitadoras de dicha representación. La observación que se hace en ese momento es que votar no conlleva mayor riesgo que cualquier otra actividad cotidiana. Y la acción es que se toman mayores medidas de prevención e higiene.

El pico de la pandemia en Queensland fue de 78 casos cuatro días antes de la elección y de 70 el mismo 28 de marzo. Hasta entonces se habían declarado 625 casos. Obviamente, las cifras de Queensland no son comparables a las de España o del resto de Europa -aunque las de Melbourne lo fueron durante semanas obligando al confinamiento durante 111 días a más de 5 millones de personas, uno de los confinamientos más duros del mundo. De haber tenido las cifras de Melbourne o Madrid, no sabemos qué se habría decidido hacer respecto a las elecciones en Queensland.

Si la pandemia fuera un hoyo del que saliéramos pronto, lo contado hasta aquí sería información útil sobre qué han decidido distintos países, regiones y municipios. Ojalá solo sea eso. Sin embargo, si este virus se queda entre nosotros por más tiempo u otro nos golpea, debemos plantearnos por adelantado cuándo vamos a votar y cómo vamos a hacerlo.

Teniendo en cuenta este contexto, a mi juicio, hay dos principios a considerar que engloban el cuándo y el cómo. El primer principio es el mismo que el de la ECQ pero expresado de forma distinta: debemos preservar y ejercer nuestro derecho a votar en el máximo plazo que tenemos, que en España son 4 años. Obviamente, también si los gobiernos autonómicos o el central deciden alterar el calendario electoral, es su prerrogativa.

El segundo principio es que se debe proteger tanto la salud de los ciudadanos como las del personal electoral, que en España suele ser por sorteo y son nuestros vecinos. ¿Cómo garantizar dicha seguridad con las cifras de contagio actuales? Una posibilidad sería mediante el voto electrónico. Pero esta opción presenta problemas de acceso, comprensión, seguridad y logísticos que, probablemente, se acentúan en una pandemia.

Una posibilidad más pedestre pero establecida sería organizar las elecciones por correo, como ya sucede en el estado de Oregón en Estados Unidos desde que lo aprobaran en 1998 y lo implementaran en 2000. Ahí tan solo se puede votar por correo. De forma automática, todos los electores reciben un sobre con las instrucciones sobre cómo votar, las papeletas y el franqueo pagado.

¿Sería posible que todos votáramos por correo en España? Seguramente se deberían reformar algunas leyes. Pero si en 2011 la Constitución se modificó muy rápidamente para algo que muy pocos habían pedido, bien se podrán cambiar algunas leyes para que todos podamos votar y lo hagamos de forma segura.

Cuando en Australia hay elecciones federales, se vota en distritos uninominales: tan solo un candidato por distrito sale elegido. Hay 150 distritos y Eden-Monaro ha sido, hasta la elección de 2016, un distrito ‘bellwether’: el partido del candidato que ganaba ahí, era el que ganaba la elección. El casi Ohio o Aragón de las casi antípodas. En 2016, Mike Kelly antiguo militar y candidato del partido laborista, volvía a ganar en el distrito que había representado entre 2007 y 2013. En mayo de 2019 hubo elecciones nacionales y Kelly fue reelegido. A finales de abril de 2020, Kelly alega razones de salud y abandona su escaño -diez días después se incorpora a una empresa tecnológica. Esto fuerza a celebrar nuevas elecciones para que un candidato sustituya a Kelly hasta que se convoquen nuevos comicios. Se conocen como by-elections o elecciones parciales.

Eden-Monaro es un distrito casi tan grande como Extremadura y rodea al territorio central, donde está la capital, Canberra. Es también muy diverso geográfica -con zonas montañosas y costeras- y socio-económicamente, con zonas de alto nivel adquisitivo y varias bastante pobres. Ha recibido menos inmigración que las grandes urbes de Sydney y Melbourne -que, como todas las grandes ciudades, son distintas del resto del país- pero viene a ajustarse a lo que sería la Australia media.

Las elecciones parciales como las de Eden-Monaro son importantes por varias razones. A nivel general, porque son una mini-prueba para el gobierno. Aunque en Australia los candidatos a nivel de distrito trabajan la circunscripción a diario y buscan obtener su espacio mediático, si los ciudadanos consideran que el gobierno federal no lo está haciendo bien, es una oportunidad para votar contra el gobierno. Y a la vez, sirven de señal: por muy parciales que sean, a ningún gobierno le gusta perder una elección pero, puestos a perder, mejor perder un escaño que muchos en una elección general. Así, las parciales pueden servir de termómetro de cómo lo está haciendo el gobierno. También son relevantes por su simbolismo al ser las primeras de ámbito nacional durante la pandemia (hubo municipales recientes en Queensland pero Nueva Gales del Sur ha retrasado las suyas por un año).

Entre todos los factores que pueden ser importantes para una elección como el desempeño económico, o la posición ante la expansión de derechos, en esta además se han juntado dos factores únicos que merecen atención. El primero, los incendios. El segundo, la maldita pandemia. Y aquí es donde se pone interesante.

En diciembre, las temperaturas fueron las más altas en años. Además, varias zonas del país estaban afectadas por una sequía pertinaz. Llegaron los fuegos. Australia celebró las Navidades achicharrándose. A 31 de enero, el fuego había matado a 33 personas. Más de 11 millones de hectáreas arrasadas, 110.000 kilómetros cuadrados. España tiene 505.370, siguiendo Wikipedia. Imagine toda Andalucía y la Comunidad Valenciana quemada. Ante dichas magnitudes, cabría esperar que los máximos responsables gubernamentales estuvieran presentes. La temperatura media de Australia el miércoles 19 de diciembre es de 40.9 grados. El primer ministro, Scott Morrison, está de vacaciones en Hawaii. A su regreso, Morrison va a visitar algunas de las zonas afectadas -entre las que está Eden-Monaro-  y no recibe precisamente una cordial bienvenida: varios ciudadanos le increpan y se niegan a saludarle. Tampoco le ayuda negar que el cambio climático afecta a la virulencia de los fuegos. Empieza a caer en las encuestas.

La pandemia llega más tarde que en Europa, pero llega. Los primeros casos se detectan a finales de febrero, pero es a mediados de marzo cuando la curva de contagios muestra una pendiente preocupante (aunque las cifras en ningún caso se acercan a las de ningún país de Europa. A principios de julio, el total de casos detectados era de 8.886 y 106 muertes. Si bien, en los últimos días, la pendiente es positiva y varios estados han vuelto a cerrar o mantener el cierre de sus fronteras). El gobierno de Morrison, después de unos días dubitativo con respecto a qué hacer, empieza a tomar medidas concretas y, en coordinación con los estados, ponen en marcha planes específicos como, por ejemplo, la introducción de la gratuidad de las guarderías hasta mediados de julio o el pago de salarios a trabajadores a cambio de evitar despidos, hasta septiembre. Las encuestas vuelven a girarse y sonríen de nuevo a Morrison.

Hace unos pocos días, Sandra León escribía sobre las elecciones vascas y gallegas y daba tres razones por las que los partidos que gobiernan pueden salir beneficiados de la pandemia: los sesgos ideológicos para atribuir responsabilidades; la valoración previa de la gestión gubernamental; y, la centralización de las decisiones durante el estado de alarma. En cambio, en Eden-Monaro, el gobierno se ha encontrado con dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, una mala valoración respecto a la gestión de los incendios. Por otro lado, una buena valoración con respecto al manejo de la pandemia a nivel nacional.

En esta elección parcial, se ha impuesto la candidata del partido laborista y, en consecuencia, una primera lectura podría poner en duda los argumentos sobre la fuerza del gobierno. Sin embargo, y a pesar de la derrota del partido del gobierno, hay varias razones para todavía dar más peso a la tesis de la fortaleza gubernamental. En primer lugar, la candidata de los conservadores consiguió 2.300 votos más que la laborista. Sin embargo, una vez se distribuyeron las preferencias, los laboristas se impusieron por 830 votos, de más de 100.000 emitidos. En segundo lugar, el proceso de nominación de los dos partidos fue muy distinto. Los laboristas, en cuanto Kelly anunció su renuncia, rápidamente nominaron a Kristy McBain, alcaldesa del Bega Valley, entre los más afectados por el incendio. Algunos candidatos conservadores, sin embargo, tuvieron actuaciones extravagantes anunciando un día que competían por la nominación y retirándose al siguiente. Al final, la candidata fue Fiona Kotvojs -quien perdió su granja durante los incendios-, de quien se dice que es aún más conservadora que el otrora primer ministro Tony Abbott, quien niega el cambio climático. En tercer lugar, desde una perspectiva histórica, el partido del gobierno lo tenía difícil: nunca, en cien años, el partido que está en la oposición a nivel federal ha perdido un escaño en una elección intermedia. De haberse impuesto los conservadores, habría sido algo histórico, en términos electorales.

En conclusión, a pesar de la victoria de los laboristas y de realizar un análisis comparado de las elecciones celebradas en tiempos de la pandemia, la tesis de la fortaleza del gobierno nos va a acompañar hasta que nos llegue una vacuna.

En una entrada anterior escribí sobre los antecedentes en el establecimiento del voto obligatorio, basándome en su puesta en marcha en Australia y en Holanda. Mostré dos cosas. La primera es que la introducción del voto obligatorio responde a motivos estratégicos: los partidos que lo aprueban en un momento concreto esperan -acertadamente o no- que les beneficie. La segunda es que, a la luz de la experiencia histórica que presentaba, quedaba claro que el voto obligatorio ni es una medida progresista ni conservadora.

En esa entrada también escribía que habría un segundo artículo en el que presentaría algunas razones por las que considero que adoptar el voto obligatorio sería positivo para nuestra democracia. Parto de dos premisas. Primera, sabemos que la participación no es aleatoria y que algunos grupos de individuos votan con mayor frecuencia que otros. Dicho de otro modo, la participación va por barrios -y por rentas- y hay algunos que se hacen oír más que otros. Y cuando eso sucede nuestros políticos tienden priorizar los asuntos de los votantes, antes que los de la ciudadanía

La segunda premisa es que es preferible una participación alta a una baja. Esto es lógico desde múltiples perspectivas: desde los medios de comunicación -cuanto insisten en la participación en las elecciones europeas o en las de Estados Unidos-, a una meramente operativa de la democracia que un ejemplo extremo ayuda a ilustrar: si nadie participa, no sabemos quién puede gobernar; si participa el 100% de los que tienen derecho a votar, el mandato parece claro.

En cualquier caso, como entiendo que no todo el mundo comparte esta propuesta, a continuación, presento varias razones por las que considero la introducción del voto obligatorio y discuto algunas críticas que se hacen al respecto. En las siguientes líneas, algunos lectores verán reflejados varios de los comentarios que hicieron en la anterior entrada. Varios argumentos provienen de distintas lecturas. A quien le interese profundizar, puede leer los trabajos de Lisa Hill, Sarah Birch y Emilee Booth Chapman para los argumentos a favor; en contra, Jason Brennan tal vez sea el más conocido.

Antes de nada, cuando me refiero a la adopción del voto obligatorio, me refiero a la participación obligatoria: 1) al hecho que el ciudadano se presente en el colegio electoral y quede constancia; y 2) deposite un sobre, si bien que éste contenga una papeleta o no, da igual.

El primer motivo por el que adoptar el voto obligatorio es de carácter práctico: cuando se implementa correctamente y se hace cumplir, se consigue una participación casi absoluta, como el caso australiano pone de manifiesto. Se puede decir, sin embargo, que el voto obligatorio no es el único medio para aumentar la participación. Reformas orientadas a hacer más conveniente el proceso de votación (como por ejemplo que se pueda votar a lo largo de varios días; facilitar el voto por correo; ampliar los horarios el día de la votación; o utilizar medios electrónicos para votar) pueden contribuir a que aumente la participación. Pero aún siendo esto cierto, hay varias limitaciones. Por un lado, encontramos que ninguna de estas reformas, para hacer el voto más conveniente, lo hace mejor que el voto obligatorio. Y, por otro lado, varios estudios apuntan a que esas reformas orientadas a aumentar la participación electoral lo que hacen, precisamente, es acentuar las diferencias entre los que votan y los que no.

El segundo motivo por el que el voto obligatorio es deseable es porque es una gran fuente de información. Cuando todos los ciudadanos participan, el concepto 'mayoría silenciosa' queda desactivado. No es un asunto menor. Cuando hay voto obligatorio, no hay preferencias que no se atribuyan. Unos votan al partido A, otras votan al B; unos votan en blanco, otros nulo y otros al partido C. Con independencia de los resultados, lo que es muy claro es que con un 100% de participación, los perdedores de las elecciones tienen muy difícil argumentar que hablan en nombre de la “mayoría silenciosa”, de la “gente corriente”, o de la “España que madruga”, ya que cualquier parecido con la realidad no es coincidencia.

El tercer motivo por el que cabe introducir el voto obligatorio es que conlleva un mayor control a los políticos: cuando la participación es casi universal, las elecciones mandan una señal muy clara a los representantes recordándoles que su posición depende de todos los ciudadanos, y no únicamente de los más movilizados que, además, suelen representar a ciertos grupos sociales en mayor medida que a otros.

Y el cuarto motivo es que la mayoría es real. Pensemos en el referéndum del Brexit, en el que se registró una participación del 72,2%. Un 51,2% votó por salir de la UE, frente a un 48,1%, y una diferencia de casi 1,3 millones de votos. Como se entiende, el 51% del 72% de los votantes, no son todos los ciudadanos del Reino Unido en edad de votar. Si, en cambio, el voto fuera obligatorio e implementado, el resultado ciertamente representaría a la mayoría de la sociedad.

Esto con respecto a los motivos a favor. En la anterior entrada, además, varias socias y lectores argumentaban estar en contra de la introducción del voto obligatorio. Dos eran los principales argumentos que utilizaban. El primero es el de la imposición. El segundo es el de la baja calidad del voto. No son los únicos, pero sí los más habituales. Un tercero es que hay otras formas de participación en política más allá del voto. A continuación, discuto cada uno de ellos.

Una crítica común al voto obligatorio es, precisamente, eso, la obligatoriedad. Algunos dicen que cada uno es libre y que, en aras de esa libertad, no se puede obligar ir a votar. En esta línea, cualquier obligación se debe justificar y un rasgo definitorio del liberalismo es ir contra la coerción. Lo primero -justificar las razones- es lógico y ya lo he hecho arriba. Pero ¿cuáles son las razones para el voto voluntario? ¿Dónde está la justificación? Lo mínimo sería exigir lo mismo. Asimismo, decir que ir contra la coerción es un rasgo del liberalismo, es tramposo. ¿De verdad se condiciona menos al individuo cuando éste no vota? Los gobiernos implementan políticas que afectan a la vida de los ciudadanos. Si todos votan, las políticas reflejan el sentir de la mayoría, creando más oportunidades para la libertad individual.

Un segundo argumento en contra del voto obligatorio es que disminuye la calidad del voto. Este es un razonamiento paraguas en el que caben varias interpretaciones. Una de ellas es que abre la puerta a opciones más populistas. Otra se relaciona con la falta de información: si no nos informamos, acabaremos votando lo que nos digan algunos influencers de los medios que sigamos. Ninguna de ellas tiene fundamento empírico. Las opciones populistas se dan tanto en países en los que el voto no es obligatorio (ej. Francia), como en países donde sí lo es (ej. Brasil).

La justificación de la falta de información parece interesante. Por ejemplo, se ha demostrado que en los países con voto obligatorio el número de votos nulos es mucho mayor que donde hay voto voluntario. Sin embargo, el argumento de la información tiene problemas: a) ¿estamos seguros que los ciudadanos se guían por lo que dicen los 'referentes' en otros sectores? Ya escribí (aquí) que los partidos se rodean de 'referentes' culturales o mediáticos, con efectos poco claros. Pero ¿alguien votará al partido X porque lo haga una cantante famosa? b) ¿Cabría pensar en justo lo contrario?

Tal vez aquéllos que no se informan, lo hagan si se ven obligados a votar: ¿Por qué descartar esta posibilidad? Incluso si descarta esta posibilidad, no parece que el nivel de información política dependa de si el voto es voluntario u obligatorio. ¿En qué se sustancia la calidad del voto? No se nos cuenta.

El tercer argumento es que la participación en las elecciones no es la única forma de participar en política. Sin duda, la influencia política se puede ejercer de muchas formas. Desde asistir a mítines electorales a firmar peticiones on line; asistir a manifestaciones, donar dinero a partidos o entidades o participar en asambleas ciudadanas, universitarias o de vecinos, por poner algunos ejemplos. Sin embargo, ninguna de estas actividades es sustitutiva de la participación en las elecciones. Más allá del voto, no hay ningún otro mecanismo de participación política igual para todos los ciudadanos.

Para terminar, he de reconocer que, durante años, me mostré contrario a la introducción del voto obligatorio. Pero hoy creo que hay razones sustantivas para la consideración de esta medida. Asunto distinto es su viabilidad política en estos momentos.

Para muchos, la historia electoral de un país -cómo, quién, cuándo, y dónde se consigue el voto- es un asunto de interés limitado. Los escritos que describen estos procesos suelen ser tediosos, cargados de jerga legal y conceptos abstractos; además de largos, con letra pequeña y papel del malo.

Hasta que lees el libro de Judith Brett “From Secret Ballot to Democracy Sausage: How Australia got compulsory voting”, y todo lo de arriba deja de ser cierto. ¿Qué cuenta Brett? Con la excusa de explicar los motivos y la logística con la que Australia pone en marcha el voto obligatorio, Brett ha escrito un libro sobre la historia electoral en la que nos cuenta cómo y por qué se implanta el voto secreto -lo que se conoce como 'Australian ballot', y con él la democracia moderna en aquel país.

Entre 1846 y 1851, la población del estado de Victoria, cuya capital es Melbourne, pasa de 32.000 a 77.000 habitantes. En 1861, supera el medio millón. Es lo que tiene descubrir oro. Muchos de los que llegan habían estado vinculados a los movimientos cartistas en la metrópoli. Sabían leer y estaban al corriente de los escritos de Mill y Bentham. En ellos se denunciaba el poder y los privilegios injustificables de la aristocracia y defendían una mayor representatividad del parlamento. Por aquella época, Australia todavía no era Australia -el país se funda formalmente el 1 de enero 1901-, pero la idea de que la creación de un nuevo país ofrece una oportunidad para que a través del diseño institucional se laminen los viejos intereses y privilegios cala.

Estos inmigrantes -cuidado, Abascal- no andaban muy equivocados. Tenemos que volver a Gran Bretaña. En 1832, el parlamento británico aprueba la 'Great Reform Act', que implicaba importantes cambios en el sistema electoral. Se criticaba, por ejemplo, que mediante el sistema anterior, poblaciones con pocos habitantes (los 'rotten borroughs', donde la compra de votos, además, era más fácil) tuvieran representación, mientras que ciudades como Manchester o Birmingham, que habían crecido mucho, permanecieran excluidas. Un segundo cambio, fundamental, fue la expansión del cuerpo electoral en más de 217.000 hombres -las mujeres, ni pensarlo- al relajarse los requerimientos para poder votar. Aprobar la reforma no fue fácil. Entre marzo y octubre de 1831 se produjeron dos intentos fallidos porque la Cámara de los Lores está en contra. En 1832, el Primer Ministro Charles Grey (sí, el del té) propone una tercera reforma que casi le cuesta el gobierno, pero que acaba siendo exitosa.

La reforma se aprueba con la oposición de la aristocracia (que en la votación se abstuvo), pero incluyendo algo que será un golpe maestro: el voto abierto. Es decir, vas a poder votar, pero todos vamos a saber a quién o qué votas. Es evidente que esto es un problema: muchos granjeros, pequeños comerciantes e inquilinos no tenían propiedad sino que la alquilaban. Y sabían que si votaban en contra del candidato del casero, podía haber represalias (y las había). De ahí que el voto secreto se entienda -y sea- como un mecanismo para limitar la capacidad del poder económico de traducirse en poder político.

Volvemos a Australia, volvemos a Brett. En un contexto de fortísima influencia inglesa, la primera crítica a la propuesta de implantar el voto secreto es que es una propuesta 'no-inglesa' ('un-English') y que los secretos son del ámbito femenino. Literal. Brett sugiere que esto sea un constructo protestante y hostil a la confesión católica.

Lo mejor de todo, y aquí viene la ironía del asunto, es que precisamente con el advenimiento del sufragio universal masculino casi total, la dinámica de los argumentos a favor y en contra del voto secreto se invierte. Ante el auge del movimiento obrero y el crecimiento en número de los simpatizantes laboristas, pasan a ser los conservadores los que pasan a defender el voto secreto como necesario para proteger a la ciudadanía de la intimidación de las masas radicales. Argus, el periódico conservador de Melbourne, deviene en un adalid en la defensa del voto secreto como protección ante los “excesos” de la democracia: “Sería de poca utilidad escapar de la influencia malvada de los propietarios y amos, para caer bajo el yugo de una mayoría tirana”[1].

El libro de Brett también muestra que hay razones prácticas además de normativas detrás de la adopción del voto secreto. Habla del papel histórico fundamental de unos pocos pero comprometidos funcionarios públicos que sostuvieron el sistema. Y muestra cómo la evolución del régimen electoral respondió también a errores de cálculo, como la extensión del voto entre los hombres, o posteriormente entre las mujeres. El libro explica también por qué se les restringe el voto a los aborígenes (argumentos racistas mediante) cuando lo tenían en 1901 reconocido, por qué se vota los sábados; y por qué cuando se va a votar en Australia se come una salchicha (de esto doy fe después de observar varias elecciones en varias zonas de distintos niveles socioeconómicos). De hecho, 'Democracy sausage' fue lapalabra del año en 2016. Definición: “salchicha hecha en la barbacoa servida en una rebanada de pan, comprada en el lugar de la votación el día de la elección”. Están buenas y ahora hay también vegetarianas.

El libro de Brett solo está por ahora disponible en inglés, pero alguien debería plantearse su traducción. Todos los interesados en conocer cómo nacen las democracias electorales modernas aprenderán con él.

---

[1] La cita exacta dice: “It would be of little use to escape the evil influence of landlords and masters, to fall beneath the yoke of a tyrant majority” (Brett, 2019: 19)

Ante las elecciones que se avecinan, todos los analistas apuntan a que la participación será fundamental para medir el éxito de cada uno de los partidos. Dejando de lado la obviedad del argumento -la participación siempre es fundamental para determinar los resultados electorales; caso contrario, ¿por qué los partidos hacen campaña?-, es cierto que la movilización de los potenciales votantes es uno de los principales parámetros que los partidos (y casas encuestadoras) tienen en cuenta a la hora de preparar la campaña electoral y estimar los resultados. Sabemos que no todo el mundo vota. De hecho, la participación es muy variable durante la misma elección. Por ejemplo, en las elecciones generales de abril, la participación en la Comunidad de Madrid rozó el 80%. Melilla, en cambio, apenas superó el 63%. Si casi 17 puntos de distancia son importantes, en 2016 la diferencia entre Madrid y en Melilla, aún fue mayor: casi 24 puntos.

El problema de esta distancia no es que en un territorio se vote más que en otro, sino que sabemos que hay unos ciudadanos que votan más que otros. Por ejemplo, nuestra compañera en Piedras de Papel, Aina Gallego nos ha mostrado en varios artículos académicos (y un libro estupendo) cómo la educación es un factor fundamental para explicar la participación: cuanto mayor es el nivel educativo, mayor es la participación. Esto es un problema porque también sabemos que cuando menos equitativamente está distribuida la participación -esto es, unos grupos sociales votan más que otros grupos- menos representativas son las políticas que se implementarán. Nuestros representantes tienen más incentivos para priorizar los asuntos que preocupan a los votantes que al resto de los ciudadanos.

Así las cosas, en esta entrada y en otra futura defenderé que una forma de atajar esta desigualdad es mediante la adopción del voto obligatorio. En esta explico cuándo, cómo y por qué se ha decidido adoptar esta medida en dos países muy distintos, y por qué se ha abandonado. En la segunda, discutiré algunos de los motivos por los que establecer el voto obligatorio creo que es una buena idea.

Primero, un poco de historia -viene de Anthony Fowler (aquí) y Judith Brett (acá). Viajemos a Australia, que siempre es interesante al ser uno de los países más innovadores en lo que a democracia se refiere. Por ejemplo, en 1856 en los Estados de Victoria (VIC) y South Australia (SA) se instaura la llamada Australian ballot- se vota de forma individual garantizando la privacidad del voto y todas las papeletas son uniformes y distribuidas por el Gobierno. Como se sabe, también en Australia -que deviene una federación en 1901 conformada por seis Estados- hay voto obligatorio.

Lo interesante de las (casi) antípodas españolas para el tema que nos ocupa es que el voto obligatorio entra por fases. El primer Estado en aprobarlo es Queensland en 1914. Y quien lo instaura es el gobierno conservador (con etiqueta de Liberal) de Digby Denham. La lógica de Denham -quien llevaba más de 20 años en política y las había visto de todos los colores - era que la oposición progresista (con etiqueta de Laborista) era mejor movilizando a los votantes. Los laboristas, precisamente, se opusieron a dicha medida. En la votación de la asamblea la medida se aprueba con 47 votos a favor de 72 posibles. De poco le sirvió: Denham perdió la elección de 1915 en la que se aplicó el voto obligatorio por primera vez. Pero lo curioso viene ahora. En 1924 la medida se adopta a nivel federal. En 1926 se instaura en Victoria; en 1928 en Nueva Gales del Sur y en Tasmania. En 1936 en Western Australia y en 1941 en South Australia. Tanto a nivel federal como en todos los estados, la medida se toma por unanimidad.

¿Cómo es posible que en Queensland los laboristas se opusieran a la medida pero, a partir de 1924, todos los partidos vayan estando de acuerdo? Por cuatro razones. Primero, en 1911, el registro de los votantes se hace obligatorio (pero no automático como en España). Se entendía que si registrarse era obligatorio, lo era para votar. Además, si todo el mundo votaba, el fraude (especialmente hacerse pasar por otra persona) sería más fácilmente detectable. Segundo, las multas a los que no votaran ayudarían a reducir los costes de las elecciones. Tercero, el voto obligatorio se percibía como la única forma de asegurar un resultado electoral justo. Por último, pero no menos importante, por intereses partidistas. Los laboristas contaban con una gran ventaja: muchas manos para trabajar en las campañas y, por tanto, acompañar (literalmente) a posibles votantes que el día de la elección remolonearan. Los conservadores contaban con una gran ventaja: tenían coches, lo que les permitía llevar (literalmente) a posibles votantes (a diferencia de los núcleos urbanos europeos en los que no se suele necesitar coche, pese a Martínez-Almeida o Díaz Ayuso). En definitiva, tanto los laboristas como los conservadores mediante el voto obligatorio esperaban reducir la ventaja que percibían tenían sus oponentes. El grado de apoyo a esta medida ha sido y es amplio: por encima del 70%.

Ahora, un poco más de historia -viene de Galen Irwin (aquí) y Henk van der Kolk (acá). Un país más cercano a España, que lo implementó y, años después, lo eliminó. Holanda, 1917. Junto con la adopción del sufragio universal y la representación proporcional, se aprueba el voto obligatorio que se aplica por primera vez en las elecciones de 1918. No todos los partidos están de acuerdo por igual. Por ejemplo, los católicos y los protestantes de la CHU (la Unión Cristiano-Histórica) apoyaban la medida. En cambio, los protestantes de la ARP (partido Anti-Revolucionario), la SGP (Partido Político Reformista) y el GPV (Unión Política Reformada) estaban en contra. Desde la izquierda, también había división de opiniones: los comunistas lo apoyaban mientras que la mayoría de los socialistas se oponían. Por último, la división también ha estado presente entre los liberales: D66 (Demócratas 66) a favor, el VVD (Partido Popular por la libertad y la Democracia) en contra.

Entre 1922 y 1965, se intentó revocar la medida hasta ocho veces. A la novena, en 1970, fue la vencida. Lo curioso de la revocación del voto obligatorio en Holanda es que no contaba con el apoyo ciudadano. Al revés, los holandeses apoyaban la medida. Según una encuesta de 1966 -entonces no había encuestas tan a menudo- el 69% apoyaba el voto obligatorio por un 30% que lo quería abolir. Sin embargo, el Parlamento votó 91 a 15 en favor de la abolición. Tan solo los comunistas, una parte de los liberales y 2 representantes de la Unión Cristiano-Histórica lo hicieron en contra. El promedio de participación en el periodo 1917-1967 fue del 93%. A partir de 1971, del 80%.

Un par de conclusiones a partir de estos dos casos. En primer lugar, parece claro que una de las motivaciones de los partidos para instaurar el voto obligatorio es, precisamente, el beneficio que correctamente o no esperaban obtener con esta medida. En segundo lugar, como muestran los ejemplos, el voto obligatorio NO siempre es una medida progresista. Ni tampoco conservadora. En la siguiente entrada abordaré algunas razones por las que considero que el voto obligatorio sería hoy positivo para nuestra democracia.

Desde los medios de comunicación y también desde la academia, la imagen que se ha dado de los candidatos populistas es las de un grupo de políticos mal educados o con malas formas porque se presentan contraviniendo las normas sociales, culturales y políticas. Tal vez, uno de los símiles más célebres lo proporciona el teórico político de la UNAM Benjamin Arditi cuando nos cuenta que un populista viene a ser lo que un invitado borracho en una fiesta de etiqueta: rompe los códigos de educación en la mesa, interrumpe las conversaciones de los demás, habla a voces, y, ya puestos, se pone a flirtear con invitados de forma descarada. Si la imagen que les viene a la cabeza es la de José Luis Torrente (o Matteo Salvini), no van desencaminados, pero no es la única. El estilo de los populistas, por definición, consiste en transgredir, exagerar, provocar. Esa forma de hacer las cosas, suele suscitar comentarios. Por ejemplo, el holandés Geert Wilders ha sido acusado de tener “una actitud controvertida y un estilo político aberrante”, mientras que en Rusia, Vladimir Zhirinovsky ha sido descrito como “el príncipe payaso de la política rusa” o “Trump de Rusia” .

Pero también es innegable que a los populistas se les asocia con cualidades de liderazgo y carisma. Según esta perspectiva, los populistas son capaces de establecer una conexión directa y efectiva con sus seguidores. A su vez, este estilo enérgico, emocional y audaz llevaría a persuadir y movilizar a su base. El difunto Hugo Chávez en Venezuela sería un excelente ejemplo. (Nota: Siguiendo una anterior entrada, nos basamos en la definición minimalista de populismo, de Mudde, que enfrenta al ciudadano medio a unas 'elites corruptas'. A esto se le puede añadir -aunque no es necesario- el rechazo a inmigrantes o la adhesión a concepciones patrióticas particulares).

Con todo lo que se ha escrito y dicho en los últimos años sobre el fenómeno populista, las horas de debates, tertulias, seminarios y discusiones dedicadas al asunto (piensen en Trump), nos sorprendió encontrar muy pocos trabajos que abordara la existencia o no, de una personalidad populista. Por tanto, en un reciente artículo (si no tienes acceso, envíame un correo) nos preguntamos si hay algo que se pueda entender como un estilo o personalidad populista. O, visto desde otra perspectiva, ¿en qué medida las personalidades de los candidatos populistas son distintas que las del resto de los políticos?

La importancia de estas preguntas va más allá de nuestra curiosidad. Primero, es posible que la personalidad de los candidatos y la percepción que sobre estos se tenga como personajes públicos afecten sus posibilidades de éxito cuando ocupan un cargo. Y si no lo creen así, piensen en si la suspensión del parlamento británico ideada por Boris Johnson -grandes tardes de gloria- sería una opción en su antecesora Theresa May. Mas allá del ejemplo, hay evidencia para los Estados Unidos en que el narcisismo está asociado con presidentes con grandes dotes de persuasión pública y “grandeza presidencial”, pero también con comportamientos poco éticos. Los ciudadanos también consideran la personalidad de los candidatos y la tienen en cuenta en sus decisiones de votación. Por lo tanto, mostrar si los candidatos populistas tienen una personalidad diferencial puede contribuir a explicar su impulso (o ausencia) en las elecciones en todo el mundo. En segundo lugar, apenas hemos encontrado una descripción de un candidato populista que no mencione directa o indirectamente a su carácter “inusual” o estilo político peculiar. Dicho de otro modo, desde los medios, casi siempre se recoge alguna referencia a sus personalidades. Por lo tanto, al proporcionar evidencia sistemática se puede separar el grano de la paja y diferenciar entre caracterizaciones de adornos retóricos sobre el carácter o la personalidad percibida de los populistas.

Para estudiar la personalidad, nos basamos en los Cinco Grandes rasgos: extraversión (sociabilidad, energía, carisma), amabilidad (comportamientos cooperativos y tolerancia), conciencia (disciplina, responsabilidad y sentido de organización), estabilidad emocional (calma, desapego, baja angustia emocional y ansiedad) y apertura (curiosidad, una tendencia a crear nuevas experiencias). Complementamos los Cinco Grandes con la Tríada Oscura que abarca el lado “oscuro” de la personalidad: narcisismo (conductas de refuerzo del ego, tendencia a buscar atención y admiración), psicopatía (falta de afecto, falta de remordimiento, insensibilidad) y maquiavelismo (tendencia a usar manipulación y comportamientos estratégicos). Cabe remarcar que estos rasgos son negativos pero están dentro del rango normal de funcionamiento, pues no son manifestaciones clínicas de trastornos (pero se pueden asociar con ellos). Lo que es más importante, estos tres rasgos “negativos” son construcciones separadas que los Cinco Grandes, y no responden a su ausencia; por ejemplo, el narcisismo no puede ser capturado conceptualmente como la ausencia de conciencia o estabilidad emocional. En esta entrada escribimos más en detalle sobre los distintos rasgos.

Hemos reunido información sobre 152 candidatos, 33 populistas, que han competido en 73 elecciones en todo el mundo entre junio de 2016 y diciembre de 2018, desde Albania hasta Zimbabwe. La información se basa en las respuestas proporcionadas por 1.280 expertos. El conjunto de datos contiene información sobre el estilo de campaña de muchos candidatos, incluidos muchos candidatos populistas, como Donald Trump, Viktor Orbán, Jair Bolsonaro, Recep Tayyip Erdoğan, Geert Wilders, Marine Le Pen, Norbert Hofer, Andrej Babiš, Matteo Salvini y muchos otros. Los datos son públicos.

Nuestros resultados muestran que para los Cinco Grandes, los candidatos populistas obtienen una puntuación más alta en extraversión, pero más baja en los cuatro rasgos socialmente deseables restantes, y especialmente en lo agradable. Los candidatos populistas obtienen puntuaciones altas y significativamente más altas que los candidatos convencionales en los rasgos socialmente no deseables de la “Triada Oscura”.

De nuestros análisis emerge un patrón de “reputación populista” que retrata a estos candidatos como desagradables, narcisistas y potencialmente desquiciados, pero extrovertidos y socialmente audaces. En resumen, malhumorados y provocadores, pero carismáticos. La amplia cobertura geográfica del trabajo ilustra dinámicas que no están (o menos) vinculadas a contextos geográficos y políticos específicos.

En conclusión, hoy el populismo goza de buena salud. Aunque el éxito electoral de los candidatos y partidos populistas, en algunos países, es más débil de lo que algunos observadores predican, es indiscutible que un tema habitual en los medios desde Australia hasta España. Más allá de su ubicuidad, esta atención parece estar acompañada de un conjunto específico de narrativas que describen a los populistas como políticos particulares con rasgos de carácter diferenciados: desagradable, propensos a la provocación, con carisma, agresivos y con un estilo político en desacuerdo con las normas sociales.

Llevamos ya varias elecciones discutiendo sobre si los candidatos deben o no celebrar debates

En otros países, como en Indonesia, se celebran hasta cinco debates. Hacerlo tiene más ventajas que inconvenientes

Ahora que termina este ciclo electoral de generales, europeas, locales y autonómicas es el momento de reflexionar sobre algunas de las características de nuestra democracia y proponer reformas que puedan ser útiles a todos los partidos y, por tanto, al conjunto de los ciudadanos.

A continuación, presento una propuesta sobre los debates electorales que podrían discutir todos los partidos. En el mejor de los casos, algunos de sus representantes la leerán y, ojalá, sirva de referencia para la discusión venidera. Es una propuesta sencilla e inspirada en lo que se hace en otros países y que, además, no tiene coste económico asociado. De hecho, representaría un cierto ahorro.

Empezaré con un breve diagnóstico que comprende a partidos y candidatos para luego presentar la propuesta con sus ventajas e inconvenientes.

Llevamos ya varias elecciones discutiendo sobre si los candidatos deben o no celebrar debates. Se considera normal -en tanto que entra dentro de la estrategia de los partidos- que cualquier candidato rechace debatir con uno (o más) de los restantes candidatos. Cuando hay dudas sobre la celebración del debate, se inicia eso que desde los medios y algunos académicos llaman el “debate del debate” y mientras ponemos nuestra atención en eso, no entramos a la confrontación de ideas y propuestas. La última campaña electoral nacional es el mejor ejemplo en el que terminamos realizando dos debates en dos días consecutivos por las diversas estrategias de los partidos. No hay nada malo en celebrar dos debates en días consecutivos. Lo triste es la forma en la que se llegó a ese resultado. Las formas, en este caso, importan.

Respecto a los ciudadanos, ¿para qué nos sirven las campañas electorales? Nos sirven tanto para (1) controlar o contrastar lo que se ha hecho como para (2) publicitar lo que se dice que se va a hacer. Teniendo en cuenta esto, en los dos debates de estas elecciones generales pasadas vimos bastante de lo primero pero menos de lo segundo: si pensamos en alguna medida o propuesta concreta, difícilmente recordemos algo. Los candidatos controlan y publicitan sus argumentos teniendo en cuenta, en teoría, lo que más preocupa a los ciudadanos, y lo que estiman que les puede ir mejor. ¿Fue ese el caso? Según el CIS (estudio 3240), no. He mirado la respuesta a la pregunta sobre el principal problema de España. La columna recoge el total de las respuestas y está disponible aquí. Por cierto, cuando se pregunta por los problemas que más les afectan a los encuestados, la independencia de Cataluña baja hasta el 5% en el acumulado.

Si bien durante los debates electorales se trataron varios asuntos, la presencia del asunto catalán superó, con mucho, la de asuntos clave como la educación y la sanidad o la calidad del empleo. En definitiva, los partidos durante los debates hicieron una cosa mientras que los intereses de los españoles habrían sugerido otra.

A pesar de este desfase entre los intereses ciudadanos y los asuntos discutidos, los debates electorales generan grandes audiencias y nos proporcionan información valiosa. Pero, a mi juicio, podemos obtener más y mejor información. ¿Cómo? Imitando a Indonesia. Allí se han realizado 5 debates ante las elecciones presidenciales de este año. En cuatro de ellos los dos principales candidatos (Widodo y Subianto) debatieron sobre (1) derechos humanos, terrorismo y corrupción, (2) energía, alimentación, recursos naturales o energía, (3) política exterior y defensa y (4) economía. También hubo uno (5) entre los candidatos a vicepresidentes.

La propuesta, por tanto, consiste en realizar debates electorales entre los candidatos que se centren en algunos de los temas más importantes para los ciudadanos. La propuesta tiene grandes ventajas. En primer lugar, la campaña, según la ley, en España dura 2 semanas más las dos previas de precampaña. Descontando los fines de semana, suponiendo que se vote en domingo, quedan 10 días hábiles. Tal vez 10 días con debates sobre 10 temas sean muchos pero, siguiendo los datos del CIS, no es complicado ponerse de acuerdo en 6 u 8 asuntos relevantes para el común de los ciudadanos (y sí, se puede celebrar uno sobre la unidad de España). La segunda ventaja es que reduce el numero de actos de los principales candidatos, y baja el coste de los actos de las campañas: al estar preparando el debate no pueden estar llenando plazas de toros. En tercer lugar, no es necesario que todos los debates los hagan los líderes y así se pueden dar a conocer a los respectivos equipos (ya lo vimos con el debate de Solbes y Pizarro) y, si quieren, llenar alguna plaza de toros. Cuarto, los candidatos se verían obligados a concretar sus medidas en mayor medida que ahora. Un ejemplo: cuando dicen que les interesan asuntos como la despoblación del interior del país y que eso es un problema, más allá de la declaración, ¿Qué propondrían? En muchas ocasiones, los periodistas querrían preguntar, repreguntar y volver a hacerlo hasta que se responda a la pregunta. Con la estructura actual difícilmente se puede hacer eso porque no hay suficiente tiempo. De esta forma, los candidatos tendrían que responder más claramente o, ser más hábiles si se quieren ir por las ramas.

Una de las principales desventajas puede ser que muchos debates saturen a los espectadores. Pero hay tres respuestas. Primero, los ciudadanos decidirían cuales ver y cuales no, como hacen cada noche cuando se sientan en el sofá. Segundo, los debates se celebrarían en la televisión pública, aunque también podrían hacerse en las privadas. Pero incluso así, la televisión pública sería la garantía de celebración. Tercero, la democracia no es una cuestión de audiencias y lo que interese a un ciudadano seguramente es diferente a lo que le interesa a otro.

Esta propuesta no es ideal. Como bien escribía Víctor Lapuente hace unos días, estamos expuestos al contraste electoral cuando es menos efectivo, durante el periodo electoral. Pero esta propuesta aumentaría los elementos de contraste para mejorar la calidad de nuestra democracia.