El pasado viernes será un día recordado en la lucha por el derecho a la vivienda. Centenares de personas se reunieron delante de la Casa Orsola, en el Eixample de Barcelona, para impedir que echaran a Josep de su casa, el primer vecino del bloque que, en su resistencia contra la apuesta especulativa de un fondo de inversión que los quiere expulsar, enfrentaba una fecha de desahucio. Y lograron impedirlo con una muestra espectacular de la fuerza que tiene la organización colectiva. El poder, sin embargo, es persistente, y los juzgados fijaron una nueva fecha con un horario insólito: la madrugada del lunes al martes, a las cinco de la mañana. El Sindicat de Llogateres, que organizó la resistencia el viernes, vuelve a convocar a la gente este lunes por la noche, y esperan poder mostrar otra vez lo que se puede lograr desde el apoyo mutuo.

¿Pero qué lleva a centenares de personas a congregarse para impedir que echen a una persona de su casa un viernes por la mañana, o un lunes por la noche? No es sencillo explicar por qué la gente se vincula a una lucha colectiva, y las razones pueden ser muy diversas. Vivir o conocer una situación de injusticia suele ser un impulso importante, pero visto el mundo tan desigual en qué vivimos, está claro que necesitar que las cosas cambien no siempre es suficiente para llevarnos a organizarnos para cambiarlas. A veces es un convencimiento ideológico, un horizonte claro del mundo que deseamos, lo que nos lleva a la organización. Muy a menudo es alguna experiencia vivida en colectivo la que nos lleva a hacer “clic”, a dejar de pensar el mundo con los parámetros del individualismo. O al menos a empezar a pensar que, si podemos cambiar las cosas, tendrá que ser juntas.

En noviembre de 2010, la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH) paró por primera vez un desahucio, el de Lluís, vecino de la Bisbal del Penedès (Tarragona) que a causa de los efectos de la crisis, no pudo seguir pagando su hipoteca. No sabían sí lo lograrían, pero fue el primero de centenares, que hizo triunfar el lema “sí se puede”. Observando la calle desde un balcón de la Casa Orsola el viernes, no pude evitar recordar la resistencia contra el desalojo de un bloque de la Sareb donde la PAH había realojado a varias familiar en Salt (Girona) en octubre de 2013. Ahí se congregaron PAHs de todo el Estado y gente que militaba en otros colectivos. Para muchas personas, esas fueron primeras veces para recordar. Otras estaban ahí porque antes habían estado resistiendo el desalojo de bloques okupados o manifestándose por las razones más diversas. Después de la PAH, muchos otros colectivos han seguido construyendo sobre lo aprendido.

Como periodista que sigue estas realidades, lo que me enganchó a la lucha por la vivienda ya desde mis primeras semanas de prácticas fue ver a gente muy distinta, la mayoría en situaciones muy precarias, que apostaba por lo colectivo como vía de conquista de derechos y de transformación social. Y no sólo por salvarse del desahucio, sino porque la solidaridad es lo que daba sentido a seguir luchando en contextos muy difíciles. Es mucha la gente que dice que cuando empieza a luchar por los casos de compañeras y compañeros, acaba olvidándose de luchar por el suyo propio, por más que también estén en riesgo de quedarse en la calle.

No siempre hay centenares de personas movilizadas para parar un desahucio. Lo habitual es que sean 15, 30 o 50 personas valientes y persistentes las que están semana tras semana poniendo el cuerpo para evitar que echen a sus compañeras. Lo hacen en las mañanas de días laborables, y la mayoría pueden estar ahí porque no tienen trabajo —y también se ven en riesgo de quedarse en la calle— o tienen empleos precarios que no entienden de horarios de oficina. Recuerdo que hace unos años Chary, de la PAH de Málaga, me contaba que en una protesta contra el ministro De Guindos le espetó a un policía: “Si tuviera trabajo, ¿tú crees que yo estaría aquí para darle un papelito al ministro? Yo me iría a trabajar para ganar dinero, que me hace más falta que qué”.

Muchas de las personas que estaban ante la Casa Orsola el viernes, y que volverán a estarlo este lunes por la noche, son esa gente, las que están cada semana poniendo el cuerpo para parar desahucios con los sindicatos de vivienda de barrios y pueblos, las PAHs, o el propio Sindicat de Llogateres. Pero muchas otras descubrían por primera vez el viernes cómo era parar un desahucio. Empezaron por todo lo alto.

Las primeras veces son poderosas. Lo son sobre todo cuando alguien sale con el sentimiento de que juntas somos más fuertes, de que, juntas, sí se puede. Son poderosas cuando son la primera vez de muchas.

La lucha de Josep y del resto de vecinos y vecinas de la Casa Orsola es una lucha emblemática. Un símbolo de cómo la especulación avanza y nos echa de nuestros barrios, de que, aun teniendo un trabajo estable y a pesar de llevar más de veinte años convencido de que tienes un hogar, el capital quiere seguir apostando por encima de nuestras posibilidades, vampirizar nuestras vidas para extraernos el máximo beneficio. La lucha de la Casa Orsola es un símbolo de la resistencia de las personas que quieren las casas para vivir poniendo freno a la maquinaria especulativa.

Necesitamos símbolos que nos muestren lo que podemos lograr, pero también necesitamos resistir cada día.

Según los datos del Poder Judicial, entre enero y septiembre de 2024 hubo en España 76 desahucios diarios, 20 sólo en Catalunya, que lidera históricamente el lamentable ranking. En muchos barrios, ciudades y pueblos hay gente organizada para impedirlos. Por poner algunos ejemplos de la semana pasada, el lunes en Barcelona había convocatorias para resistir a un desahucio en el Barri Gòtic y otro en el Poble-sec; en Sabadell, la PAHC convocaba a parar siete desahucios, cuatro de los cuáles el miércoles, de los que uno se consiguió parar antes en los juzgados y dos resistiendo en la puerta, pero los antidisturbios de los Mossos echaron a Bahore de su casa; en Manresa, había 22 personas pendientes de compartir su amenaza de desahucio en la asamblea de la PAHC de la comarca del Bages el domingo anterior, seis con fecha para la semana pasada, y el martes cuatro furgones de antidisturbios cortaron la calle donde vive Rosa para expulsarla a pesar de que tiene un 95% de discapacidad y que la PAHC estuviera negociando con los servicios sociales para que cubrieran su deuda con el propietario mientras esperaba una solución digna para su situación.

La mayoría de veces, las concentraciones logran parar los desahucios, pero esta sangría también es el pan de cada día de los movimientos por el derecho a la vivienda. Quienes han descubierto en la Casa Orsola la potencia de esta lucha, que sepan que, pasada la madrugada del lunes al martes, allá donde hay 15 personas parando un desahucio, seguro les iría bien ser 30 o 50.

La lucha por la vivienda tiene muchas caras, y todas necesitan respuestas colectivas. En un libro reciente, la antropóloga Irene Sabaté nos habla de la alienación residencial, que es la inseguridad constante de no poder dar por sentada una vivienda adecuada y estable, de saber que un cambio inesperado en la coyuntura del mercado, en la legislación o en tu situación vital pueden sacarte de lo que consideras tu hogar en cualquier momento. Lo que nos muestra a través de las historias de mujeres muy distintas, es que esa inseguridad llena de angustia las vidas de personas en condiciones sociales muy variadas, desde profesionales liberales a madres solas que no tienen acceso al mercado de trabajo.

“Defender la Casa Orsola es defender las casas de todos y todas”, le decía Josep a la multitud congregada la noche del jueves. Volver a parar el desahucio esta madrugada y forzar el fondo de inversión propietario de la finca a sentarse a negociar sería una gran muestra de lo que se puede conseguir colectivamente. Ojalá a muchas personas les ayude a hacer el “clic”, porque hace falta mucha gente para acabar con los 76 desahucios diarios.

Las personas que hemos trabajado la historia desde abajo sabemos que ningún cambio social lo provoca una sola persona. Pero también es verdad que a veces hay personas que, acompañadas por muchas otras, juegan un papel muy significativo. A Armand de Fluvià, fallecido la madrugada de este viernes a los 92 años, hay quien lo conoce como el padre del movimiento gay en el España, y no le faltaron méritos para ese título.

Su nombre aparece como referente en los relatos de muchas personas que empezaron su activismo LGTBI en la clandestinidad. En una conversación reciente, Lluís Rambla recordaba que llegó al Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH) porque, en plena dictadura, escuchó a dos personas hablando de manifestaciones y congresos en un bar de ambiente. Eran Armand de Fluvià y Germà Pedra discutiendo las consecuencias de los disturbios de Stonewall en Nueva York, y le abrieron las puertas del activismo político.

La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, cuenta que poco después de la creación del Front d’Alliberament Gai de Catalunya (FAGC) leyó una entrevista con Armand, con el pseudónimo Roger de Gaimon, en la revista El Viejo Topo, y llamó a la redacción desesperada por hablar con él. Él la recibió en Barcelona y al volver fue una de las fundadoras del Movimiento Homosexual de Acción Revolucionaria andaluz.

En una entrevista en Vilaweb con motivo de sus 90 años, recordando la influencia del FAGC para la creación de otros frentes en el País Valencià, las Baleares o el País Vasco, De Fluvià se comparaba con Santa Teresa de Jesús: “Fundaba conventos gays allí donde iba”.

Armand de Fluvià nació en 1931 en una familia acomodada. Por parte de su padre, venía de un legado de artistas, por parte de madre, de una familia de la industria metalúrgica catalana. Estudió derecho, pero se dedicó a la genealogía y a la heráldica, un campo del que fue el gran referente en Catalunya y en el que también obtuvo reconocimientos internacionales. Su primer activismo político, poco tuvo que ver con los derechos LGTBI. Pasó dos veces por la prisión durante el franquismo, pero nunca por homosexual. La primera fue por monárquico; su antifranquismo pasaba por la defensa de Juan de Borbón como jefe del Estado, aunque con el activismo gay también fue girando sus posturas políticas. La segunda fue en la revuelta estudiantil de 1957 en el paraninfo de la Universidad de Barcelona.

En 1969, las Cortes franquistas empiezan a debatir la propuesta de Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, que debía sustituir la Ley de Vagos y Maleantes de la República, a la que el régimen incorporó la homosexualidad en 1954. En ese momento, recordaba De Fluvià, la homosexualidad era “la condición que daba asco y repulsión a todo el mundo”. En febrero de 1970, junto a Francesc Francino, envía una carta anónima a todos los obispos, que eran procuradores en las Cortes, firmada por “un grupo de homófilos españoles”, contra la criminalización de “gran número de hombres y mujeres españoles, cuya única falta es la de haber nacido con, o la de poseer, una característica sexual cuya antigüedad se remonta a los orígenes de la humanidad”.

También se articulan con André Baudry, director de la revista homófila francesa Arcadie, para que envíe materiales sobre la homosexualidad a todos los procuradores de las Cortes. Fruto de ese primer activismo, y aunque hoy nos pueda saber a poco, Armand de Fluvià celebraba la que fue, a sus 38 años, una primera victoria de la lucha por los derechos LGTBI en el estado: la versión finalmente aprobada de la ley ya no perseguía el simple hecho de ser homosexual, sino que se cometieran actos —en plural— de homosexualidad.

Ese mismo año fundaron el Movimiento Español de Liberación Homosexual, “para hacer proselitismo entre amigos y conocidos”, que en la clandestinidad se reunía en distintos grupos, uno de ellos en el piso de Rambla Catalunya donde vivió Armand toda su vida. En enero de 1972 empezaron a editar un boletín, Aghois, que imprimían con una multicopista que había instalado en la carbonera de su casa y enviaban desde Francia. “Siempre recordaré las primeras vueltas a la manivela, me temblaban las piernas y le dije a Francesc: alea iacta est, ¿te das cuenta de que a partir de ahora somos delincuentes?”, recordaba en una entrevista en 2017 para el proyecto El Fil Rosa.

Del Aghois se publicaron 18 números, y llegó a tener 209 suscriptores, que Armand de Fluvià insistía en calificar como héroes. Un amigo suyo, que en esa época tenía unos 70 años, se negaba a suscribirse y le decía: “Por favor no me envíes nada, porque vivo con mi hermana y si se entera…”. “Me siento impotente para transmitir la atmósfera de pánico que había en aquella época”, enfatizaba Armand durante la entrevista. “Es imposible que hoy en día vuestra generación pueda entender el clima que vivíamos los homosexuales, vivías con pánico y autoodio”.

Un movimiento revolucionario

Fue también en el MELH donde Armand hizo un giro político, en gran medida influido por la activista lesbiana Amanda Klein, por ese entonces militante del PSUC. “Empezó a venir a las reuniones del MELH y nos contó que había una ideología dominante en el mundo, tanto en el capitalista como en el socialista, que era sexista, machista y heterosexista”, recordaba. Les hizo empezar a leer otras cosas, empezando por Engels, y para Armand representó un cambio radical: “Yo venía de un mundo conservador, y mi homosexualidad cambió radicalmente mi manera de pensar; era católico y ahora soy ateo, era muy españolista y ahora soy independentista, era muy pudoroso y ahora soy nudista, también soy vegetariano… todo lo que te convierte en un bicho raro”, apuntaba en la conversación.

Ese cambio no lo vivió sólo Armand, sino todo el movimiento, y con la muerte del dictador el MELH dio paso al Front d’Alliberament Gai de Catalunya, una organización de carácter revolucionario, que ya no buscaba sólo la aceptación de la homosexualidad sino subvertir el orden establecido. Repasar las actas de las primeras reuniones del FAGC, cuidadosamente preservadas por Armand y depositadas en el Archivo Nacional de Catalunya, mostraba una generación de militantes comprometidos que dedicaban horas y horas de sus semanas en la clandestinidad —ya que el FAGC no se legalizó hasta 1980— a construir una organización homosexual revolucionaria. El 26 de enero de 1977 convocaron la primera manifestación por la liberación homosexual en el Estado español. Armand de Fluvià estaba en la manifestación de Nueva York, representando al FAGC con una senyera, y pudo comprobar el éxito de sus compañeros a través de la prensa estadounidense.

En paralelo al FAGC, Armand de Fluvià también fue fundador del Institut Lambda, hoy Casal Lambda, para crear un espacio seguro también para las personas homosexuales que no tenían un interés en el activismo. Años más tarde, en 2008 fue uno de los impulsores de la Fundació Enllaç, que defiende los derechos de las personas mayores LGTBI.

Una memoria preservada

La última vez que tuve la oportunidad de entrevistar a Armand de Fluvià, el año pasado, su memoria ya era frágil. Sin embargo, seguía recitando como una epopeya los grandes hitos del movimiento por la liberación homosexual. En la conversación grabada para el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, lamentaba no acordarse de cosas. “Ya me falla la memoria, la suerte es que tengo un diario que va desde las primeras cosas que sé desde que nací, por lo que me contaron, hasta hoy, que lo continúo”. Los estaba digitalizando, y quedarán depositados, con todo su archivo y su biblioteca en el Archivo Nacional de Catalunya. “Cumpliré 92 años, y tengo que ir preparando estas cosas, porque si no, después los que vivan harán lo que les dé la gana, aunque sé que mi esposo se cuidará de esto”.

Consultar el fondo del movimiento gay depositado por Armand en el archivo es una experiencia emocionante. La carta enviada a los obispos en 1970, el primer boletín de AGHOIS de 1972, las actas de las reuniones del FAGC, publicaciones de temática homosexual de todo el mundo… “A mí no me gusta destruir, me gusta conservar, y gracias a conservar estas cosas podemos escribir la historia”, reivindicaba. Su preocupación por esa historia no se limitaba a su archivo personal y los de las organizaciones en qué participó. Hace pocas semanas, descubrí que cuando falleció Patricio Peñalver, activista gay y vecinal del barrio de Ca n’Oriach de Sabadell, Armand se encargó de recuperar sus papeles para depositarlos también en el archivo. Se empeñó en qué tuviéramos un fondo completísimo para que nadie pueda negar nuestra historia.

En un movimiento marcado desde sus inicios por divergencias y por el reto de reconocer distintos ejes de desigualdad dentro de la diversidad sexual y de género, Armand ha sido, más allá de las diferencias, un referente incontestable. En la conversación del año pasado, decía que en el año 1970 no podían imaginar lo que se ha conquistado hasta el día de hoy, “pero es lo que queríamos”. Sobre el futuro, se mostraba optimista, “creo que el mundo va siempre dos pasos adelante y uno atrás, pero al final, siempre va adelante”. ¿Y sobre su trayectoria? “Hemos hecho lo que teníamos que hacer, claro que podríamos haber hecho más, pero hemos hecho todo lo que hemos podido”.

Cuando Silvia Reyes (Las Palmas de Gran Canaria, 1949 - Barcelona, 2024), histórica activista fallecida este miércoles, contaba su vida, no parecía tan duro ser una joven trans en plena dictadura franquista. En la mili pensaban que la harían “un tío de verdad”, pero no fue así, confesaba riendo. Mostraba las fotos en las que posaba, amanerada, junto a otros reclutas, y contaba que la apreciaban mucho.

En la cárcel Modelo de Barcelona se dedicaba a compartir con otras presas transexuales las historias de sus primeros amores. Cuando la condenaron al exilio por “peligrosa social” compró unas plumas, unos bikinis de strass, un diccionario, y se fue a Bruselas a trabajar en el espectáculo. De ahí a Suiza, a París…

Pero lo que ella contaba con alegría tenía detrás una historia de represión y persecución. En la escuela las cosas le iban bien y le ofrecieron una beca para ir a la universidad, pero le dijeron que tendría que cortarse las uñas y el pelo “como un hombre”. “Si lo hago voy a estar toda la vida disfrazada, y eso va a ser un trauma”, se dijo.

Optó por empezar a trabajar en el Hotel Palace de Gran Canaria y de los 16 a los 20 años se ganó la vida en la hostelería. Cuando se mudó a Barcelona buscando nuevas oportunidades, en los hoteles de Lloret de Mar le dijeron que le podían dar trabajo… Si se vestía como un hombre. A falta de otras opciones, empezó a alternar en el Passeig de Gràcia con otras mujeres trans mayores que ella. Muchas de aquellas jornadas acababan en la jefatura de policía, donde podía pasar hasta tres días sin comer ni beber. “Nos detenían un viernes y nos soltaban el lunes”.

Pero aquella represión no detuvo a Silvia, quien estuvo en la primera fila de la primera manifestación por la liberación sexual y de género que se celebró tras la muerte del dictador. El 26 de junio de 1977, en las Ramblas de Barcelona, las mujeres trans arrancaron con la pancarta, dejando atrás a los organizadores del Front d’Alliberament Gai de Catalunya.

Ella, como muchas de su generación, fue pioneras de la lucha, pero sobre todo del vivir en libertad a pesar de todo. Aguantaron los golpes —simbólicos y literales— con los que conquistaron derechos y libertades de los que podemos disfrutar hoy, y no se lo hemos agradecido suficiente.

Son muchas las que no han podido llegar hasta aquí, como Sonia Rescalvo, amiga de Silvia que fue asesinada de una paliza en 1991

Cuando el año pasado me propusieron crear un fondo de memoria oral LGTBIAQ+ para el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, tenía claro que uno de los testimonios que tenían que quedar preservados era el de Silvia. Siempre estuvo dispuesta a contar su historia, a participar en debates y a marchar en las manifestaciones. Sin embargo, cuando se lo propuse, tanto ella como Antonio Ruiz, su amigo y compañero de la Asociación de Expresos Sociales, mostraron reticencias.

En 2009 la asociación empezó a conseguir indemnizaciones para las personas que la dictadura había encarcelado por su sexualidad o su identidad de género, pero eran muy pocas las que daban la cara en público para defender su lucha. Eso, decían, también las desgastaba.

Y, por otro lado, la reparación económica había hecho muy poco por reparar realmente el daño sufrido por la represión franquista (y postfranquista). Son muchas las que no han podido llegar hasta aquí, como Sonia Rescalvo, amiga de Silvia que fue asesinada de una paliza en 1991.

A las mujeres trans de esta generación nunca les gustó hacerse las víctimas. Habiéndose ganado la vida en la noche, el espectáculo o el trabajo sexual, además de supervivientes, han sido divas. Sin embargo, el hecho de estar limitadas a esos trabajos fuera del mercado formal —y en los que se premia la juventud— acarrea consecuencias hasta nuestros días.

Mujeres con trayectorias como la de Silvia viven hoy con una pensión no contributiva de menos de 500 euros. Las más afortunadas han podido tirar adelante porque en su momento ganaron lo suficiente como para comprarse un piso y no tener que enfrentar hoy el salvaje de alquiler.

Ante ese escenario, la conversación con Silvia y Antonio dejó a un lado la entrevista para centrarse en cómo ayudarla a acceder a otros recursos. Fuimos al Ayuntamiento de Barcelona a hablar de ello con la concejal de Feminismos, LGTBI y Servicios Sociales, Laura Pérez. Era el mismo día que la edil estaba recogiendo sus cosas del despacho, cuando el mandato de Ada Colau llegaba a su fin. 

Ambas hablaron de cuáles de los recursos que ofrecía el Ayuntamiento podrían interesar a Silvia, pero también de los límites de las ayudas económicas existentes para alguien en su situación. A la salida, la concejala saliente ofreció a Silvia una ruta por las salas y los pasillos del Ayuntamiento y se sorprendió de que no hubiera estado antes allí. “Señal de que no hemos hecho las cosas tan bien como nos hubiera gustado”, le dijo.

Luchar exclusivamente por los derechos políticos a menudo ha hecho poca diferencia para una gran cantidad de personas, cuyas vidas están determinadas por la pobreza y la exclusión social

Peter Winn — Historiador

En una investigación sobre lo que llaman “terrorismo de Estado anti-trans” en Chile, los historiadores Hillary Hiner y Juan Carlos Garrido hablan de cómo “la ausencia de políticas reparativas para mujeres trans y travestis complica más la situación actual de ellas”.

Reclaman que se reconozca que las violencias anti-trans no acabaron con la dictadura —sea en Chile o en España—, sino que perviven hasta la actualidad. Eso incluye discriminaciones económicas. Pero cuando se piensa en procesos de reparación, poco se tienen en cuenta los impactos de la desposesión que perviven en nuestros días.

En un texto sobre las batallas por la memoria histórica en el Cono Sur, el historiador Peter Winn destaca que, cuando se reivindica el “nunca más” después de las dictaduras, se pone el foco en los derechos civiles y políticos, pero se piensa muy poco en los derechos económicos y sociales de las personas excluidas o marginalizadas.

Luchar exclusivamente por los derechos políticos, dice, “a menudo ha hecho muy poca diferencia en la vida de gran cantidad de personas en el mundo, cuyas vidas están determinadas por la pobreza y la exclusión social a causa de su género, clase, raza, origen étnico o religión”.

La justicia y la reparación para Silvia Reyes y las de su generación pasa por reconocer el papel que jugaron para que hoy estemos aquí, pero también por crear las condiciones sociales para que puedan vivir con toda la dignidad que se merecen.

Al final de la entrevista para el Archivo Histórico, le pregunté a Silvia por qué se había prestado finalmente a participar del proyecto: “Porque yo quiero que Catalunya se entere de lo que estamos viviendo las transexuales y los gays mayores de 72 años, y que las personas gays se involucren más en lo que estamos luchando; si hay un evento gay tenéis que apoyarnos, porque si vais a lo vuestro y no os presentáis a ninguna manifestación…”.

Silvia dejó la frase inconclusa porque, como diva que era, no entró a hablar de la precariedad en la que viven muchas de su generación. Cuando le pregunté cómo era la vida de una mujer trans de 72 años, contó que hay algunas “que son más tranquilas y se quedan en casa viendo una película en la tele”. Pero ella no era así. “La que es más cachonda de todas, si un fin de semana se quiere poner guapa y se maquilla como yo, y va a una discoteca, pues es una ilusión”.

La deuda que tenemos con Silvia y su generación es enorme. A ella la añoraremos, también por su generosidad contándonos tantas veces de dónde venimos. Y yo al menos celebro nuestro encuentro del pasado verano, y que el archivo preserve su testimonio contando, divina, cómo seguía arreglándose despampanante, con tacones y vestido transparente, llevándose piropos de chicos de veintitantos en el ambiente barcelonés.

Manifestarse ante la sede del gobierno del estado de Nueva York no es tarea fácil. Mientras la mayor parte de la población del estado se encuentra en la ciudad del mismo nombre, el Capitolio y la sede del gobierno se encuentran en Albany, a unos 240 quilómetros de la Gran Manzana. A pesar de eso, centenares de personas se desplazaron hasta ahí el pasado 17 de mayo desde varios puntos del estado para reclamar a sus representantes que voten a favor de la ley de regulación de alquileres que plantea la plataforma Housing Justice for All (Justicia Habitacional para Todos y Todas), la ley del “desahucio con causa justificada”. Este martes un grupo de activistas irrumpió en la cámara para exigir una respuesta al problema de la vivienda antes que se acabe el periodo legislativo este jueves. Según algunas encuestas, la propuesta cuenta con el apoyo del 69% de los votantes del estado, pero el liderazgo del partido Demócrata no tiene previsto aprobar el texto presentado por su senadora Julia Salazar.

En ambas ocasiones, ahí estaba Andrea Shapiro, del Met Council on Housing, una entidad que trabaja para organizar y acompañar inquilinos en distintos puntos de la ciudad, y junto con otras organizaciones —la mayoría de carácter más local, de barrio—, forman parte de la plataforma Housing Justice for All. Desde Nueva York, celebra el éxito de la manifestación del pasado 17 en Albany, la más importante que han organizado desde el inicio de la pandemia, asegura. “Había gente que vino desde las principales ciudades del estado y eso que, por ejemplo, Buffalo está a seis horas de la capital; es increíble poder contar con gente dispuesta a tomar un bus a las cuatro de la mañana para ir a protestar”, celebra.

El proyecto legislativo, presentado en 2019, se inspira en los que ya han sido aprobados en los estados de New Jersey, California, Washington y Oregon, y ahora está en discusión en la Asamblea y el Senado del estado de Nueva York. Sus promotores calculan que el 70% de los desahucios se dan de manera “informal”: la propiedad les dice a los inquilinos que se tienen que ir, y se van en silencio. Plantean la ley como una propuesta por el “derecho a quedarse”, en que ni el final de un contrato ni las exigencias de reparaciones puedan ser motivos para echar a una familia.

La no renovación de un contrato tiene que estar justificada ante un juzgado, por ejemplo, porque los y las inquilinas no hayan cuidado adecuadamente del apartamento, hayan provocado problemas de convivencia, o no hayan pagado el alquiler. La ley, admite Andrea Shapiro, no es una solución para quien no puede pagar el alquiler: “El siguiente paso es idear más herramientas para ayudar a la gente que no puede pagar pero, mientras tanto, tenemos que evitar que los alquileres sigan subiendo, porque esta es la principal causa de no poder hacer frente a los pagos”.

La ley plantea una regulación de los precios en qué los propietarios no podrían subir los alquileres más de un 3% (y todavía menos si la inflación es inferior al 2%). Ante las críticas del sector inmobiliario, la activista del Met Council asegura que no dejarán de hacer negocio: “Los propietarios ya tienen muchísimos beneficios con la vivienda en Nueva York, y de hecho, la ley sigue contemplando aumentos y también establece que, si necesitan más dinero para una obra importante, pueden llevar sus libros de contabilidad a los juzgados y, si queda probado que es necesario más de lo que cobran de alquiler para el mantenimiento del edificio, sí que lo pueden reclamar”.

Shapiro cuenta que muchas personas en Nueva York viven pendientes de renovar su alquiler mes a mes: “Hay un punto en el que dejas de pensar en ello, pero hay gente que vive así durante décadas”. A ella, por ejemplo, la avisaron con pocos días de antelación que tendría que irse del piso que era su casa desde hacía diez. La última batalla legal del movimiento por la vivienda consiguió cambiar un poco esa situación de incertidumbre; en 2019 lograron aprobar una ley que obligaba a avisar de la renovación o de incrementos de más del 5% del alquiler con dos o tres meses de antelación, según el tiempo que lleve el inquilino en el piso. “Pero nada les impide expulsarte o subirte el alquiler, sólo tienen que avisarte”, explica Shapiro para el caso del mercado libre.

Sin embargo, más o menos la mitad de las personas que viven de alquiler en la ciudad de Nueva York cuentan con algún tipo de control de los precios, sea en vivienda pública o privada con renta estabilizada o bajo algún otro tipo de control; es decir, para la mitad de los inquilinos de Nueva York la administración pública limita, de una manera u otra, cuánto pueden subir los alquileres. “Estos programas son lo que hace posible que la población migrante y la gente de bajos recursos puedan vivir en Nueva York”, asegura Ángel Vera, de Make the Road, una entidad de personas migrantes que se organizan en distintos barrios de la ciudad.

Plantar cara a la gentrificación

Vera llegó al barrio de Bushwick, en Brooklyn, desde Ecuador, hace 30 años, y como muchos de sus familiares y amigos, se puso a trabajar en las fábricas textiles que abundaban en la zona. Tiene un buen recuerdo de la vida en comunidad, pero también que era “un vecindario abandonado, con uno de los índices más altos de asma en la ciudad, justamente por la situación en la que estaban las viviendas”.

Hoy en día, aproximadamente el 60% de las viviendas del barrio tienen su renta estabilizada, cuenta, pero el barrio está sufriendo una gentrificación intensa, “porque se van instalando artistas, gente joven, porque está cerca de Manhattan”. Las fábricas en las que trabajaba mucha de la población migrante fueron cerrando, deslocalizadas a México, Centroamérica o Asia, y esos edificios se han ido transformando en lofts para población con más poder adquisitivo.

Con la llegada de esa nueva población, se dispara el coste de vida. Vera añora las tiendas en las que podías sentarte y comer por cinco dólares al mediodía. Pero, sobre todo, se incrementa el acoso a vecinos y vecinas para que abandonen sus casas y dejen espacio a quién puede pagar más.

“El hostigamiento va desde la falta de reparaciones, los cortes de servicios sin razón, o el no cobrar los cheques del alquiler para decir que no pagaron, pero también hay quién ofrece dinero a las familias para que dejen sus pisos, que es una estrategia muy efectiva”, critica el activista. Por no hablar de otras estrategias que buscan infundir el miedo: “Muchos inquilinos, sobretodo indocumentados, reciben una carta falsa con el logo de la ciudad, o escuchan hablar de los juzgados, y se van por miedo”. Vera ha visto a varias familias que han tenido que dejar buenos apartamentos para pasar a alquilar una habitación porque no pueden asumir los precios del barrio. Se muestra esperanzado con el proyecto de ley, porque, asegura “cualquier protección que tenga que ver con frenar el incremento del alquiler y los desalojos, ayuda a frenar la gentrificación”.

Equilibrar la balanza

Ronald Hernandez asegura que la gentrificación no ha llegado todavía a su barrio, el Northwest Bronx, pero va emanando desde Brooklyn, y ya la percibe en las calles de Harlem, dónde nació: “Cuando paso, veo a más gente blanca en la calle que en toda mi infancia”. Hernandez es capitán en el departamento de prisiones de Nueva York y lleva 15 años viviendo en el mismo edificio y el reto que afronta es intentar organizar a sus vecinos y vecinas junto a la Northwest Bronx Community & Clergy Coalition (NWBCCC), pero asegura que hay mucho miedo a quejarse ante la propiedad. Cuenta que su bloque estaba en muy buenas condiciones hasta que lo compró una empresa: “Antes de que falleciera el propietario, venía él mismo a supervisar todas las obras, pero los nuevos dueños se limitan a hacer reformas baratas; hay una pared en mi casa que han tenido que revocar tres veces en el último año”.

La lista de agravios que plantea Hernandez es larga, y asegura que, si su hijo pequeño no estuviera todavía estudiando en un instituto del barrio, se iría. Su exmujer y su hija ya tuvieron que irse a vivir fuera de la ciudad ante los abusos inmobiliarios. También lo hizo el vecino que lo animó a empezar a organizarse con NWBCCC, y se siente impotente en esta lucha. “A la gente le asusta cuando llamamos a las puertas para intentar organizarnos”, lamenta. “Si se aprueba la ley y sabes que no pueden echarte por reclamar tu derecho a unos estándares razonables de vida, cambiaría el desequilibrio de poder y el propietario haría las reparaciones”, dice.

Además, Hernandez reivindica que, si los propietarios dejaran de tratar a los inquilinos “como un cheque cada final de mes” y entendieran que están prestando un servicio, podría haber corresponsabilidad. Actualmente, encuentra muchos problemas de suciedad y de seguridad en su bloque, “y eso me enfada, porque no deberías tener miedo en el lugar dónde vives, se supone que un hogar es un espacio seguro”. “Cuando equilibras la balanza, cuando tratas a la gente de forma humana, la haces sentir bienvenida en el edificio, viviendo en unas buenas condiciones, la gente se acostumbra a eso, y no deja que pase nada malo en el lugar dónde viven; pero mientras me trates como a un cheque, ¿por qué debería preocuparme?”, se pregunta.

A pesar de conocida desde hace años en la lucha de los pueblos indígenas en México, María de Jesús Patricio, Marichuy (Tuxpán, México, 1963), alcanzó fama internacional en 2017 cuando apareció como la apuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para las elecciones presidenciales mexicanas. Marichuy era la vocera, la portavoz, de una iniciativa que buscaba “volver a sacudir México” como lo hizo el levantamiento zapatista en 1994.

Después de la precandidatura de Marichuy, que no consiguió los apoyos necesarios para llegar a las elecciones, pero sí tejer alianzas a lo largo y ancho de México, la nueva sacudida del zapatismo pasa por Europa. En julio desembarcó en Vigo un primer escuadrón que buscaba abrir camino a la Gira por la Vida, que ahora cuenta con 28 grupos de zapatistas recorriendo el continente para compartir experiencias con colectivos europeos. Además, la gira incluye una delegación del Congreso Nacional Indígena (CNI), de la que forma parte Marichuy.

“A pesar de que estamos en geografías diferentes, tenemos un mismo dolor, o una misma lucha, que es por la vida”, afirma Nisaguie Flores Cruz, que también forma parte de la delegación del CNI en Barcelona. “Venimos porque no es lo mismo leer o escuchar que vernos, y no podemos llegar y decir qué tienen que hacer aquí, pero podemos compartir cómo estamos luchando”, añade.

Hace ya 25 años que los zapatistas invitaron a los pueblos indígenas de México a Chiapas para crear el CNI. ¿Qué ha cambiado en estos años y qué sigue igual?

El Congreso Nacional Indígena se creó un 12 de octubre, que es una fecha en que se celebra una masacre y un despojo. Ese día la Comandanta Ramona, del EZLN, vino a decir que somos mexicanos y queremos seguir siendo de México, pero queremos que nos respeten como colectivos y comunidades que somos. Ahora ya llevamos 25 años caminando, y la situación está más difícil que cuando nos encontramos por primera vez. Ahora hay despojos en todos los territorios de los pueblos, con intereses económicos transnacionales, empresas de Europa y Estados Unidos que están llegando de manera violenta, y avaladas por el mismo gobierno de México. Y cuando las comunidades levantan la voz, lo único que reciben son amenazas, encarcelamientos, muertes y desapariciones.

Hay un interés económico y político arriba al que no le importa la vida de los demás, y por eso las comunidades han levantado la voz para decir que para nosotros los bosques, las aguas, las plantas o los animales son la vida, y vamos a organizarnos y a luchar contra todos aquellos que dan muerte a esto. Por eso digo que la situación ha empeorado, y se ha acelerado después de que ganara el gobierno de cambio [de Andrés Manuel López Obrador] que tenemos.

¿De qué manera se ha acelerado?

La situación en los pueblos ha empeorado, han asesinado, encarcelado y hecho desaparecer a más gente. La relación narco-gobierno tiene más agresividad. No vemos el cambio. Eso no quiere decir que estábamos mejor antes con los otros partidos, sino que, gobierne quien gobierne, sólo le va a dar seguimiento al interés del dinero. Muestra de todo eso son los megaproyectos que venimos denunciando, como el Proyecto Integral Morelos [de infraestructuras eléctricas], el Corredor Interoceánico o el tren mal llamado Maya, que no va a beneficiar a las comunidades, sino que es algo turístico que va a venir a modificar nuestra forma de vida y lesionar la tierra, los cultivos, los cenotes, los árboles… Los pueblos han usado la fuerza, la cuestión legal y la cuestión organizativa, y aún así parece que no hay eco de sus demandas. Y eso pasa en todo el territorio, con gasoductos, eólicas, termoeléctricas, transgénicos… Es una serie de proyectos que están lesionando la vida de las comunidades y que se han acelerado en los últimos años.

Esos procesos de desposesión han acompañado a todo el proceso de colonización. ¿Qué hace distintos estos últimos años de los siglos anteriores?

Simplemente se ha matizado la forma de despojar. Hoy se sigue despojando, pero con el acuerdo político-económico. Hay derechos que están plasmados en la Constitución, en tratados internacionales, pero que se violan constantemente. Por ejemplo, tenemos el Convenio 169 de la OIT [sobre el derecho al trabajo de los pueblos indígenas], y los pueblos han recurrido a él como herramienta jurídica para detener la amenaza de los megaproyectos. Sin embargo, el gobierno de México lo que hace es usarlo para favorecer la introducción de esos proyectos. Dicen que están usando esa herramienta y consultando a los pueblos, pero es una consulta amañada. Traen regalos y promesas para que los pueblos crean que es un gobierno bueno, pero no les están explicando todas las consecuencias que van a traer esos proyectos. Han matizado todo ese despojo de hace 500 años, y se está haciendo un despojo a través de acuerdos. Dicen que es legal lo que están haciendo, y modifican leyes y tratados con el objetivo de desplazar a las comunidades.

En México vemos como comunidades enteras son expulsadas para que otros se queden con esas aguas, esos bosques, y puedan trabajar sus megaproyectos. No hay interés por parte del gobierno de cuidar la vida de los demás. El despojo es el mismo, pero usando las herramientas que están para cuidar los derechos humanos.

Cuando las comunidades levantan la voz, lo único que reciben son amenazas, encarcelamientos, muertes y desapariciones

¿Cómo pretende hacer política el CNI en un momento así?

Como espacio de los pueblos, el CNI siempre se ha planteado que tenemos que buscar formas organizativas que no caben en las urnas. Nuestra propuesta es poder crear otra forma organizativa desde abajo, porque está claro que desde arriba no va a venir el cambio que anhelamos. Todos los programas que plantean desde arriba nuestros gobiernos, o quienes ejercen el poder, quienes tienen el dinero, buscan engañar a la gente del pueblo, o usarla para sus fines. Los problemas cada vez son más difíciles y los programas del gobierno son puramente asistencialistas. Hay un camino ya trazado, y quien llega arriba se transforma y se olvida de la gente de abajo. Nuestra apuesta es por fortalecer la autonomía de cada pueblo, porque es la única manera de salir adelante, y no vamos a esperar que nos den el cambio desde arriba. Lo tenemos que construir ya, como pueblos, como trabajadores, como mujeres, como estudiantes, porque no hay otra alternativa. Y para eso creamos el Concejo Indígena de Gobierno.

Apostamos por una organización que vaya encaminada a fortalecer nuestro propio gobierno como pueblo, y que sea un gobierno que obedezca a ese pueblo. No podemos dejar que decida el que está arriba, porque quien llega arriba decide por todos, piensa por todos, y reparte, como un padre, pensando que va a ayudar, pero no lo está haciendo. Está acabando con todo lo que da vida a un pueblo, y ante eso tenemos que pensar que hay otras formas posibles de ir ejerciendo poder. No va a venir a través de los partidos, ni de las herramientas que utilizan para aplicar la democracia, sino que hay que fortalecer las herramientas que tienen des de hace años los pueblos y los barrios. No vemos que haya otra alternativa.

En ese proyecto que no cabe en las urnas, ¿cómo se explica la precandidatura a las elecciones presidenciales de 2018?

Hicimos balance de 20 años de caminada del CNI y vimos que la situación estaba peor que cuando nos conocimos. Entonces nuestros hermanos zapatistas dijeron que había que hacer algo, algo que volviera a sacudir México y mostrara que los pueblos indígenas están y están siendo masacrados. Eso no se dice en los medios, sino que solamente se muestra al indígena que tiene su fiesta, su lengua, su vestido; se ve el folclor, lo bonito, pero no se ve la situación que se vive abajo. Por eso la asamblea decide participar en esas elecciones con dos objetivos: Uno, poder visibilizar esos problemas que viven los pueblos, y el otro, poder recorrer el país, dar una gira por México visitando a los pueblos indígenas, y también los barrios, colonias y ciudades, para poder proponer otras formas organizativas. Nuestra propuesta organizativa era el Concejo Indígena de Gobierno, que cuando iniciamos eran 70 concejales, hombres y mujeres mandatados desde sus asambleas, y cuando terminamos fueron 157.

Ese proceso implica a adaptarse a algunas dinámicas, por ejemplo, presentar una candidatura individual.

Así fue y así se vio. Decidimos usar las herramientas que nos dan para ejercer la democracia, y eso implicaba que el candidato no podía ser un grupo. La precandidata que se registró fue la vocera, pero en realidad la propuesta de gobierno era la que comentaba. Había quién se preguntaba “¿Cómo van a gobernar los pueblos, si son repoquitos? ¿Y cómo, además, una mujer?”, pero el hecho de que se presentara una mujer llevaba también un mensaje. Queríamos decir que la mujer no se tiene que quedar a un lado en esas nuevas formas organizativas. Era decir que las mujeres estamos, y tenemos problemas porque nos han abandonado, olvidado y considerado de tercera.

Finalmente no consiguieron las 900 mil firmas que necesitaban para que fuera registrada como candidata.

No logramos conseguirlas todas, solamente cerca de 300 mil, pero eso nos permitió recorrer 28 de los 32 estados de México. Logramos nuestros objetivos como CNI porque lo más importante era escuchar, hablar, ver de cerca, y plantearnos juntos la búsqueda de otras formas organizativas. Lo ideal hubiera sido figurar en la boleta electoral, porque eso hubiera permitido otro tiempo de recorrer, pero no se pudo. También nos dimos cuenta de las herramientas que tiene el poder, no es cierto que los medios para aplicar la democracia estén a disposición del pueblo. Nos dicen que ahí están, que los usemos, que mandemos nuestro candidato como pueblos indígenas, pero nos pusieron muchísimas trabas.

El hecho de que tuviéramos que firmar con un celular de alta gama lo hacía difícil para comunidades que a duras penas escriben en papel. Fue denigrante. Había comunidades donde no había señal, donde no había ni luz, y había que viajar con el celular para buscar dónde mandar las firmas y regresar otra vez. Pero a pesar de eso, hicimos un trabajo colectivo, y no solamente de los pueblos, también participaron hombres y mujeres que se agruparon en redes de apoyo al CNI. Para nosotros eso ya fue ganar, porque cuando iniciamos éramos pocos y cuando terminamos éramos bastantes. Más que ocupar una silla presidencial, que luego quien llega ahí se transforma, lo importante era el trabajo que hicimos desde abajo.

Las mujeres estamos, y tenemos problemas porque nos han abandonado, olvidado y considerado de tercera

¿Pero Marichuy hubiera cambiado, de llegar ahí?

Pues creo que como no era Marichuy, sino el Concejo Indígena de Gobierno, entonces sí que iba a ser todo colectivo. Algún medio nos preguntaba qué íbamos a hacer si ganábamos, como dudando de la capacidad de los pueblos, y yo dije que haríamos una asamblea nacional. Eso es algo que no cabe en su cabeza, porque siempre el partido propone y al llegar ahí es sólo un grupito de ellos que piensa por los demás y decide cómo van a trabajar. Nunca le preguntan a la gente que les dio el voto. Al final es una contradicción, porque nos dicen que usemos sus herramientas, pero las usamos y vemos que están solamente para el poder y para el capital, que ellos deciden cómo se hace y quien llega se transforma facilito.

¿Las herramientas democráticas son sólo una ilusión de ese derecho?

Sí, nos dicen que las usamos pero que tenemos que hacer lo que nos digan. Si hubiéramos podido recoger libremente los apoyos hubiera sido mucha más fácil, en una sola asamblea hubiéramos recogido muchísimos, porque participan representantes de comunidades con 2.000 comuneros. En cambio, sólo podíamos con la aplicación, y además hubo gente que se registró para recoger firmas y nunca le llegó la autorización. A pesar de eso, nosotros trabajamos para que cada firma que nos dieran fuera una firma consciente. Y había quien no quería firmar ni quería votar, y está bien, pero queríamos que escucharan la propuesta. Voten o no voten, pero hay que organizarse, hay que inventar, hay que soñar otro mundo posible, como dicen nuestros hermanos zapatistas. Porque el mundo que hay nos está excluyendo de todo, nos está lesionando.

Recuerdo un señor ya grande, de un pueblo de Sonora, que decía: “Hay un cochinero en la actualidad, y a los pueblos nos toca limpiar”. Cada vez se está envenenando más todo, el aire, el agua, los bosques, y a pesar de eso, después de tantos años, hay pueblos que están ahí todavía, y algunos todavía tienen sus propias formas de tomar decisiones, de curarse, de ver la vida de otra manera, donde la tierra no tiene un precio, sino que para ellos el valor es la vida misma. Saben que, si nosotros la dañamos, ella luego nos va a dañar a nosotros, y somos parte de un todo, no existimos de manera aislada.

Ahora están de gira por Europa para hablar y escuchar a los colectivos del continente. ¿Qué articulaciones pueden generar aquí en su lucha contra esos megaproyectos en los territorios de los pueblos indígenas?

Hay empresas de acá que están trabajando allá en México y en otros lugares. En los lugares por los que hemos pasado, hemos hablado con colectivos, organizaciones o cooperativas para que esos grupos de resistencia se puedan manifestar también y denunciar que lo que hacen esas empresas en México es lesionar la tierra y los bosques. Están provocando la destrucción de la vida comunitaria. Eso que llaman desarrollo no lo es, y el venir acá y recorrer estas otras geografías nos ha dejado claro que los países que se dicen desarrollados también están siendo lesionados.

¿Qué es lo que han visto?

Por ejemplo, hace unos días en Galicia nos llevaron a ver las minas a cielo abierto de Touro, y el agua ahí está corriendo y dejando una huella de color mostaza por donde pasa, que llega a la ría, y luego llega al mar. En Pescara, en Italia, hay también una resistencia muy importante contra un puerto que quieren poner, porque dicen que van a lesionar sus tierras, sus aguas, y al final no los van a dejar pasar al lugar que es suyo. Es una muestra de que acá también el desarrollo les está despojando. Tenemos una lucha en común. Este sistema, capitalista y patriarcal, está muy diseñado, y parece que ahora preparan a los jóvenes para que no digan nada, para que crean que lo importante es tener más dinero. Pero los pueblos decimos que no es el dinero lo que vamos a comer después, vamos a comer maíz, o frijol, y lo que llega a la ciudad es lo que cultivamos en el campo. Si eso se acaba, ¿de qué sirve el dinero? Hemos visto que acá también están lesionados, y si no hay esa articulación de las diferentes fuerzas que están abajo, no va a haber un cambio para erradicar este sistema de muerte, que lo están pensando los que están arriba, porque tienen el poder, las formas y los medios. ¿Y a nosotros qué nos queda? Hacer la última lucha, organizarnos, y ponernos de acuerdo para lograr parar esto antes de que esto acabe con nosotros.

La que los medios apodaron como “crisis de los cayucos”, un considerable aumento de las llegadas a las Islas Canarias en 2005 y 2006, supuso una importante respuesta institucional en el incremento del control de las migraciones marítimas entre Senegal y España. En ese contexto se fundó Remidev (Red por la migración y el desarrollo), una plataforma compuesta por una treintena de organizaciones senegalesas: asociaciones de repatriados, de familias de víctimas de la migración irregular, de demandantes de asilo, así como asociaciones juveniles, ONGs, sindicatos o grupos de investigación. La red tiene como misión promover la libre circulación de personas y bienes.

Moustapha Kémal Kebe, el responsable de proyectos de la red, nos recibe en la sede que comparten con otras entidades en Dakar. Kebe plasma una realidad muy distinta a la que se describe en España: Senegal es un país que acoge a tantas personas como las que emigran, y de las que migran, sólo un 13% va hacia Europa. Sin embargo, el experto critica un relato en el que las auténticas cifras en Europa no importan. Construir un problema mayor del real permite la injerencia europea en las políticas senegalesas, según su punto de vista.

¿Cuál es el trabajo de Remidev?

Trabajamos en tres niveles. Por un lado, hacemos incidencia política en defensa de los derechos de los migrantes; por otro, hacemos formaciones para capacitar a nuestros miembros en función de sus necesidades; y finalmente recogemos y compartimos información de calidad acerca de las migraciones a nivel nacional e internacional.

¿Cómo valoran las políticas de la Unión Europea ante las personas que migran desde el continente africano?

La UE ha estado interviniendo en África a nivel de migraciones desde hace varios años, pero el contexto ha variado mucho últimamente. En el caso de Senegal, desde 2006 hemos visto oleadas de jóvenes que se van en cayucos, y mueren o desaparecen en el mar, o lo mismo en el desierto, y países como España o Italia, que no tenían mucha relación con Senegal, han reforzado la cooperación. Una cooperación que se traduce en más financiación para el dispositivo de gestión de fronteras.

La Comisión Europea ha desplegado muchos dispositivos para la gestión de flujos migratorios, especialmente para la externalización de fronteras. Han firmado acuerdos con los países de salida y de tránsito para que estos últimos bloqueen los desplazamientos de población, a través de herramientas como el desarrollo de carnets de identidad y pasaportes biométricos, mecanismos para el registro y filtraje de migrantes, radares, pero también aviones y barcos que se han puesto a disposición de estos países para controlar las fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias. Se han destinado miles de millones de francos a este dispositivo para frenar el flujo migratorio.

¿A qué se debe la externalización de fronteras?

Se está externalizando la gestión porque los estados europeos son estados de derecho y no se pueden permitir según qué prácticas en el interior de la Unión, donde hay una Justicia y cierta democracia. Sin embargo hay ciertos dispositivos que si se aplican no se están respetando los derechos humanos, y se permiten pedir a países que no han alcanzado cierto nivel de democracia que los apliquen. Lo piden a los países de tránsito como Marruecos, Líbia o Níger, con graves problemas presupuestarios. Especialmente después de la Cumbre sobre las Migraciones de Valeta en 2015 [que reunió a jefes de estado africanos y europeos], la ayuda pública al desarrollo está condicionada a la gestión del flujo migratorio.

¿Esta cooperación destinada a frenar la migración cumple con su objetivo?

Después de muchos años de cooperación entre nuestros países y la UE, lo que constatamos es que hay tres puntos a tratar: el primero, las causas profundas de la migración irregular; el segundo, la promoción de la migración regular; y el tercero, la promoción del empleo juvenil. Hay programas de sensibilización y de formación, pero en mi opinión no funcionan. Cuando vamos sobre el terreno y hablamos con potenciales jóvenes migrantes, nos dicen que ya conocen los peligros de la migración irregular, pero que esto no les impide irse. Algunos de ellos se consideran muertos socialmente en Senegal, y la idea de morir otra vez no les inquieta.

Es por eso que pensamos que hay que cambiar de paradigma, intentar encontrar otros medios, porque tenemos una población mayoritariamente joven que aspira a encontrar empleos decentes. Estamos en un país donde el paro es muy elevado y los jóvenes intentan encontrar otros medios para sobrevivir y ayudar a sus familias. Si no les damos trabajos decentes, probarán todos los medios para irse.

¿Se está dando ese cambio de paradigma?

El dinero siempre va dirigido al primero de los tres puntos: la lucha contra la migración irregular, que es lo que más le interesa a la UE. Y luego está lo que llamamos la 'realpolitik'. Se han firmado unos acuerdos que hablan de migración, pero al mismo tiempo se aprovechan para captar nuevos mercados. Somos un país que dispone de muchísimos recursos. En Senegal, dentro de dos o tres años se va a explotar petróleo y gas. Tenemos oro, zirconia, pesca, fosfatos… En definitiva, muchos recursos naturales. Más allá de los discursos sobre la migración irregular, todos los países están interesados en nuestro mercado. Eso hay que decirlo claro.

Los países de la UE no tienen esos recursos y los necesitan para su desarrollo. Es por eso que nuestros dirigentes tienen que tomar responsabilidades, y en la firma de los acuerdos para la explotación de estos recursos naturales tenemos que ser capaces de introducir cláusulas que permitan a los senegaleses desplazarse libremente como hacen los ciudadanos de otros países cuando vienen aquí.

¿Qué control de las fronteras se hace en África Occidental?

Tenemos un espacio comunitario, la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental), donde la gente puede circular libremente. Sin embargo, constatamos que a la gente que va a Níger para llegar a Agadez se les bloquea para impedir que vayan a Libia o a Argelia. Hay mucha gente que invierte en dispositivos de control, pero esto no impide que la gente se vaya, porque hay muchos medios para hacerlo. Hay control marítimo, pero a nivel terrestre los senegaleses pueden coger un bus, o un avión, e ir a Marruecos para intentarlo desde ahí. Otros se van a la ruta de Níger, y no se les puede impedir la libertad de movimiento. Podrían ser migrantes pero también viajeros o comerciantes. No es un delito cruzar la frontera de Senegal, sino que es un derecho reconocido a nivel internacional, especialmente en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos.

Pero desde Europa se pide el control exhaustivo de las salidas.

No podemos pedir a los países africanos que cierren las fronteras al mismo tiempo que se les pide que las abran para los bienes, servicios y empresas europeas. Actualmente estamos negociando la situación del Acuerdo de Cotonú, el acuerdo económico entre la UE y los estados de África, el Caribe y el Pacífico, y se nos pide a los países africanos la apertura de las fronteras para un 70% de productos europeos. Algunos de estos productos han sido subvencionados y cuando vengan a nuestro país no pagarán impuestos en la aduana. Esto va a perjudicar a las empresas locales. Por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas que producen leche estarán obligadas a cerrar si entra leche subvencionada de Europa sin pagar impuestos. Si estas empresas cierran, la consecuencia directa será que las personas tengan que migrar.

Se nos está obligando a firmar acuerdos que causan la migración irregular. El caso de la pesca es similar. Firmamos acuerdos con grandes barcos extranjeros que vienen a robarnos los recursos, y los pescadores locales, que se quedan sin peces, están obligados a migrar. Hay cuestiones impuestas por la Unión Europea que están en la base de la migración irregular.

¿Cuál es la situación de las vías reguladas de migración?

Ha habido un endurecimiento de las condiciones de los países de la UE para dar visado. El proceso es cada vez más largo y hay un aumento descomunal de los costes. Los últimos estudios han constatado, por ejemplo, que el año pasado hubieron 19.000 solicitudes de visados a Francia desde Mali, lo que representó 760 millones de francos CFA [1 millón de euros] para Francia. Hay una externalización de las gestiones, que se han convertido en un negocio. Dicen que quieren endurecer el acceso a los visados pero no deja de ser una forma de enriquecerse. Esto es algo que venimos denunciando desde hace años.

Las autoridades senegalesas, pero también a nivel africano, tienen que asumir responsabilidades para que estos países dejen de tratar así a los africanos. La espera es larga, y el hecho de tener que esperar hasta el último minuto también encarece los billetes de avión. Una vez en la UE los controles son a menudo humillantes. Lo que le pedimos a Senegal es que aplique las políticas de forma recíproca; si España pide visados a los senegaleses, Senegal también debería pedirlos a los españoles. Sería lo mínimo.

¿Cuál es la relación actual entre Senegal y España?

En 2008, España y Senegal firmaron un acuerdo de readmisión, que permite a España repatriar a los senegaleses. No estamos de acuerdo en esto, pero lo que nos preocupa realmente es que cuando estas personas son repatriadas, la sociedad civil no es informada. La información que tenemos de las repatriaciones es a través de los medios, dos o tres días después de haber sido repatriados. A veces ni tan solo los medios están al corriente.

Tenemos que pedir al gobierno senegalés y a la OIM (Organización Internacional por las Migraciones), que en caso de repatriación, nos permitan hacer un seguimiento para ver las condiciones en las que han sido repatriados y organizarnos para ofrecer un apoyo. En Senegal, tenemos que ver cómo podemos dar información a los repatriados para su reinserción económica y social. Desafortunadamente, se les trae de vuelta sin ningún tipo de información ni seguimiento.

¿Qué ocurre con una persona deportada en el momento que llega al aeropuerto de Dakar?

Los testimonios de los repatriados que volvieron entre 2006 y 2008 nos cuentan que a la llegada les daban 10.000 CFA [15 euros] para que volvieran a sus casas. Unos años más tarde hubo una organización que les daba 100.000 CFA [152 euros], pero esto es en función de los programas y la financiación que haya en cada momento. En el caso de la oleada que llegó de España en septiembre del año pasado, en los dos primeros aviones no les ofrecían dinero y en los otros sí. No sabemos el criterio.

¿Y qué representan esos 150 euros?

Los 100.000 CFA son el máximo que se les ha dado. Habría que evaluar las cantidades que se destinan y el impacto que tiene estos programas en las vidas de la gente. ¿Imagináis alguien que ha pasado varios años en un país, que ha trabajado, ha podido ahorrar algo y lo devuelven de repente a su país sin poder ni siquiera coger sus bienes? Ese dinero no es mucho tampoco para una persona que vive en Senegal, y la situación es muy compleja. Cuando llegan se sienten frustrados, tristes, avergonzados por no haber logrado establecerse en su lugar de destino.

Estos sentimientos crean un clima enrarecido en las familias, muchas de las cuales han dado apoyo financiero a los viajes. Mucha gente se avergüenza y en vez de volver a casa se quedan en Dakar u otras ciudades para encontrar los medios o la ocasión para poder irse otra vez. Europa gasta mucho dinero en devolver a los inmigrantes, y no sirve de nada, porque seis meses más tarde intentan irse otra vez. Si este dinero fuera invertido aquí podríamos destinarlo al desarrollo con estas personas para que no necesiten volver a irse.

También hay quien decide volver voluntariamente.

Hay migrantes de regreso voluntario y forzoso, y hay algunas devoluciones forzosas que las calificamos de voluntarias. Muchos de los senegaleses que han vuelto de Libia fruto de la colaboración entre la OIM y el Estado de Senegal nos cuentan que no lo han hecho de forma voluntaria, que han sido forzados. La OIM recibe financiación para el retorno voluntario. Por eso siempre abordamos con prudencia la cuestión del retorno voluntario, para saber a través de los propios migrantes si se tratan de retornos voluntarios o no.

Este reportaje forma parte del proyecto 'Deportaciones', del centro Irídia, que ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2019, impulsada con financiación del proyecto Frame, Voice, Report! de la Unión Europea, el Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Puedes leer aquí la primera y la segunda entrega.primerasegunda

Al llegar a casa, todo el mundo estaba durmiendo, excepto su mujer. “No le conté nada de la deportación. Me fui a dormir directamente”. Durante ese día de 2006 en que volvió a Senegal tras no conseguir prosperar en Europa, Moustapha Diouf no quería salir de la habitación. “Sentía vergüenza”.

Moustapha Diouf abandonó Thiaroye sur Mer –comuna perteneciente a Thiaroye, una localidad situada en la periferia de Dakar– en dirección a Europa en un cayuco por 300.000 CFA, algo menos de 500 euros, una pequeña fortuna, a causa del descenso de recursos pesqueros en la costa senegalesa allá por 2004. Diouf fue pionero en hacer uso de la 'Vía Canaria' para alcanzar territorio español. El recorrido migratorio vivió su máximo apogeo entre 2005 y 2006, momento en que España y Senegal firmaron un acuerdo que reforzó la protección en el Atlántico y obligó a las personas que querían irse del país a hacerlo por otras vías, como cruzando el desierto.

Decenas de embarcaciones de colores descansan en la costa de Thiaroye Sur Mer. Pegadas las unas a las otras, no dejan prácticamente espacio para los jóvenes, que revolotean alrededor de ellas mientras las pintan o reparan sus redes de pesca. Algunos de los cayucos están hundidos en la arena, como ballenas varadas. Se mueven mucho menos que antes. El flujo de salidas años atrás era constante, ya fuese para faenar o para emprender un arriesgado viaje hacia las Islas Canarias.

Diouf rememora desde la azotea de su casa, desde donde se divisa toda la línea de costa, los motivos de su viaje y las penurias del mismo, así como las innumerables pérdidas de paisanos en el intenso azul del océano. “Yo era el responsable de alimentar a mis hijos y a mis padres. Y el trabajo de pescador aquí ya no daba dinero. No podíamos competir con los barcos europeos, que tenían más maquinaria que la nuestra”, describe Diouf, rodeado por su familia, y bajo una boina que le protege de un sol naranja que marca el fin del día.

El viaje hasta las Canarias fue el segundo de Diouf, que antes había probado suerte por Marruecos. Una vez alcanzó suelo español, pasó 45 días en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), hasta que fue deportado. “El ministro de exterior senegalés negoció con el gobierno español la expulsión de los inmigrantes irregulares. Una expulsión injusta para mí. Porque les dieron dinero para que aceptaran nuestra expulsión a Senegal. Podemos decir que nos vendieron como si fuéramos animales”, critica. Diouf regresó de manera forzada. Muchos de sus compañeros, no. Habían muerto en el mar. “Entre 2004 y 2007, cada día había funerales”. Ahora, agradece a Dios la fortuna de estar vivo pero también explica las duras consecuencias del fracaso tras no alcanzar prosperar en Europa.

El estigma de volver

Diouf utiliza un lema de la lucha senegalesa, el primer deporte del país por delante del fútbol, para resumir sus sensaciones al volver a Senegal: “‘Nuestra lucha es un juego, cuando pierdes es una vergüenza’. Esto era lo que me pasaba. Cada día pensaba en volver a hacer el viaje”, explica.

La situación de Diouf no es aislada. Las personas que prueban una migración y son deportadas no sólo acarrean las consecuencias psicológicas de sus viajes, sino también de la convivencia de nuevo con un entorno que había depositado en el periplo sus esperanzas de mejor. “Las consecuencias psicológicas son múltiples: sentimiento de culpabilidad, vergüenza e incapacidad de sentirse bien dentro de su familia y entorno”, apunta Aminata Assis, terapeuta en el proyecto House of Hope, una organización evangélica alemana que da apoyo psicológico a los migrantes.

“Con las deportaciones, aumentan las posibilidades de padecer estrés traumático”, señala. En House of Hope tratan alrededor de 35 a 40 personas. La mayor parte, hombres. Y la mayoría de su actividad está centrada en Dakar, pero buscan más recursos para extender sus servicios a otras regiones.

Carecer de medios

Diouf jamás recibió ayuda de ninguna entidad. Es por ello que terminó creando una propia el año 2007, la Association des Jeunes Rapatriés. Un paraguas para los muchos migrantes senegaleses que, como él, son retornados sin recursos. Diouf volvió a Senegal, denuncia, con un bocadillo y 10.000 CFA (15 euros) que no le dieron siquiera para salvar en taxi los dieciséis kilómetros entre el aeropuerto de Dakar y Thiaroye sur Mer.

“Nos prometieron ayudas para proyectos sociales, pero hasta ahora no ha habido ninguna”, dicta Diouf, que realizó su viaje cuando rondaba los 40 años, algo poco común en la región, donde son los jóvenes los que se marchan más pronto. La labor de Diouf se ha ido expandiendo en la región con la ayuda de otros deportados, como en el caso de Pap Dibi Ndaw.

“Aquí no hay trabajo, madrugas y madrugas y luego, durante el dia, no hay nada que hacer. Te toca volver con los bolsillos vacíos a casa, donde te esperan niños y familiares... Y no llega para todos”, alerta Ndaw. Él se embarcó en un viaje a España por mar que tuvo múltiples problemas. Su patera volcó. De 120 personas, sólo alcanzaron territorio español quince. Estuvo ocho días en las Palmas, hasta que fue deportado. “Al despertar te suben a un coche, de ahí al avión y te tiran en Dakar”.

Diouf y Ndaw critican el destino para los jóvenes de la región: no quiere que su misma realidad la vivan los niños del pueblo, que se cuelan en la conversación con fuertes balonazos a las paredes. También denuncian la dejadez institucional en Thiaroye sur Mer. Y que no sólo afecta a la falta de trabajo: el pueblo vive constantes inundaciones por la lluvia. Las casas están pegadas al mar y las calles, estrechas, desiguales y cubiertas de arena, componen un laberinto imposible de resolver sin guía local.

“Si nos das un proyecto sólido que sustituya las ganas de migrar, los chavales no viajarán. Quiero un proyecto para formar a los jóvenes a los que les voy enseñando la profesión”, sostiene Ndaw, fontanero de profesión.

“Queremos crear conciencia para que todo el mundo entienda y luche por nuestros derechos y libertades. No puede ser que nos nieguen un visado y cuando una persona europea quiere venir aquí lo haga sin problema. La emigración clandestina es muy peligrosa. Necesitamos más financiación para sacar adelante nuestros proyectos: entre 2018 y 2019 hemos formado más de 50 personas, todas jóvenes, con la ayuda de Cáritas. Costureros, manipuladores de cereales… Ninguno de los 350 miembros de nuestra asociación ha recibido ayuda por parte del gobierno senegalés. Todos los gastos las tenemos que cubrir nosotros, con nuestro dinero”, zanja Diouf.

Este reportaje forma parte del proyecto 'Deportaciones', del centro Irídia, que ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2019, impulsada con financiación del proyecto Frame, Voice, Report! de la Unión Europea, el Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Pese a ser una tierra rica en recursos, en Tambacounda escasea el empleo. Sus habitantes buscan la salida por la falta de oportunidades, azuzados por la elevada tasa de paro que la región arrastra desde hace años. Y a ellos se han sumado otros cientos que no han visto en Tambacounda un lugar donde echar raíces sino un sitio desde el que también huir del país. Tambacounda es una tierra de paso.

La región más grande de Senegal tiene frontera con cuatro estados distintos: Mauritania, Mali, Guinea y Gambia. Se ha convertido, por lo tanto, en un trampolín de la migración. En la principal puerta de salida de Senegal. Es también una de las principales regiones donde retornan las personas deportadas desde Europa o incluso desde el norte del continente africano.

El aumento del control marítimo para evitar el viaje entre la costa senegalesa y las islas Canarias provocó un cambio de estrategia entre los migrantes. “Hace siete u ocho años que la ruta central hacia el Mediterráneo es la opción preferida por los migrantes; el número tan importante de personas que optan por esta ruta se debe a varias razones. La principal, el intercambio de información con amigos o conocidos que ya la han tomado”, explica Lia Poggio, de la oficina regional de la Organización Internacional por las Migraciones (OIM) en Senegal. Esa ruta central, por el desierto y hacia el Mediterráneo, tiene su puerta de salida en Tambacounda.

En el acompañamiento que hacen a migrantes que regresan a Senegal, la OIM, vinculada a Naciones Unidas, empezó a constatar desde 2017 que la mayoría de migrantes que acogían en su llegada a Dakar tenían como destino final las regiones de Kolda y Tambacounda, ambas situadas al sureste del país. Es decir, las personas habían iniciado ahí su periplo migratorio.

Las cifras justifican el abandono de Tambacounda. En 2018 el 60% de la población de la región vivía en la pobreza y la tasa del paro era del 36,5%. “En Tambacounda hay oro, hierro, tierras, agua. La gente quiere trabajar la tierra, pero si no tienes los medios o no tienes la tierra, no lo puedes hacer”, denuncia Cheick Fall que, a sus 37 años y tras haber intentado llegar a Europa en dos ocasiones, ahora es el presidente de una Asociación Regional de Migrantes de Retorno creada el pasado mes de abril.

Fall decidió irse de Tambacounda, como la mayoría de los suyos, porque no había trabajo. “A Europa todos le llamamos El Dorado, porque tenemos amigos que se han ido y han podido permitirse construir una casa aquí y sostener a su familia”, explica. En 2009 llegó hasta Marruecos y tomó una barca en Tánger para intentar llegar a España, pero los interceptó la policía marroquí. En 2015 volvió a intentarlo desde Libia, para llegar a Italia, pero la travesía resultó también sin éxito.

Tras la intensificación de los controles en la ruta marítima desde el año 2007, tras los acuerdos entre Senegal y España a causa de la apodada “Crisis de los cayucos”, los migrantes apuestan ahora por la ruta del desierto, mucho más peligrosa. Tambacounda suele ser la última parada en Senegal, con destino a Agadez, en Níger, desde donde intentan llegar a través del desierto a las costas de Argelia o Libia.

“La gente aquí tiene trabajo en el campo tres meses al año. Y prefiere morir antes que volver a esta vida”, cuenta Saraba Keita. Por eso él decidió irse en 2015. Fatou Diaby, también se fue con él: ella –relata, mirando continuamente hacia sus rodillas, con posado abatido– no se iba a quedar de brazos cruzados. Fue al encuentro de su marido a una parada de autobús el día que él se iba a Libia. El camino fue muy duro. Diaby estaba embarazada. “De noche, mientras duermes, vienen ladrones y te piden dinero, y si no tienes, se ponen agresivos, llegan a secuestrar o matar si es necesario”, recuerda, con su hija en brazos, que se escurre de sueño.

Cuando llegaron a Libia encontraron trabajo ayudando a una familia y optaron por quedarse allí. En Libia nació su hija, a la que llamaron Rania en homenaje a la dueña de la casa. Pero las cosas allí tampoco eran fáciles, y ante la grave situación de conflicto en el país, optaron por volver a sus casas. Diaby y Keita se acogieron a un programa de retorno voluntario de la OIM y se dedicaron a desandar lo andado. Aunque con menos riesgo, también fue difícil. “Estuvimos un mes alimentándonos de pan y café”, relata Diaby. Hoy viven en un pequeño pueblo, cerca de la frontera con Gambia, donde cultivan maíz y cacahuete.

En octubre de 2018, la OIM puso en marcha un centro en la ciudad de Tambacounda. En colaboración con el gobierno senegalés, y con financiación de la agencia de cooperación británica, el proyecto está destinado a una primera acogida a las personas que regresan. Se trata de un espacio con capacidad para 50 personas en el que los deportados pueden pasar 48 horas y recibir una primera atención psicosocial para facilitar su integración. Una vez en Senegal, trabajan con ONG locales, como La Lumière en Tambacounda, en proyectos de reinserción.

Ibrahima Ndaw, a sus 22 años, preside una asociación en Nguidiwol, uno de los pequeños pueblos de la región de Tambacounda, la que tiene menos densidad de población de Senegal. Con la ayuda de La Lumière han conseguido financiación para invertir en ganado. Él ha podido dedicarse a cultivar la tierra, la de Nguidiwol es zona productora de cacahuete, y se ha convertido en el campesino más productivo del pequeño pueblo. Por lo general, trabaja sólo sus campos; de vez en cuando cuenta con la ayuda de algún vecino del pueblo.

Ndaw se acogió al retorno voluntario tras un largo viaje, en el que, entre otras cosas, fue secuestrado durante tres meses en Libia. No es el único en Nguidiwol que ha pasado por esta situación. Su padre tuvo que vender una vaca, muy valiosa para la familia, para pagar su rescate, pero lo recibió con los brazos abiertos: el fracaso, término recurrente entre las historias de migraciones de regreso, en la migración quedó empañado por la alegría de haber recuperado a su hijo. Sin embargo, el joven campesino dice que sigue pasando vergüenza. “Sigo viendo a gente dispuesta a irse para ayudar a sus familias, y como no quiero volver a intentarlo, siento que la gente me menosprecia”.

Al igual que Ndaw, Diaby o Keita, entre junio de 2017 y junio de 2019, 4.090 personas regresaron a Senegal en el programa de retorno voluntario de la OIM, 544 a través del centro de Tambacounda. Sin embargo, la idea de retorno voluntario también recibe críticas por parte de algunos migrantes. “Muchos de los senegaleses que han vuelto de Libia fruto de la colaboración entre la OIM y el Estado de Senegal nos cuentan que no lo han hecho de forma voluntaria, que han sido forzados”, cuenta Moustapha Kebe, de Remidev, una red de entidades por la migración y el desarrollo.

La OIM hace patrullas en el desierto en Níger a la búsqueda de personas abandonadas por quienes las transportaban o por las autoridades que las deportaron. Sin embargo, como admiten los responsables del centro de acogida de Tambacounda, sólo rescatan a las personas que declaran querer volver a su país de origen.

Este reportaje forma parte del proyecto 'Deportaciones', del centro Irídia, que ha recibido el apoyo de la Beca DevReporter 2019, impulsada con financiación del proyecto Frame, Voice, Report! de la Unión Europea, el Ayuntamiento de Barcelona y la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.

Jean Wyllys (Alagoinhas, Brasil, 1974) es periodista, profesor universitario y teórico de la comunicación, pero no es por eso por lo que se le conoce. Su fama está marcada por dos hitos: en 2005 fue el ganador de Big Brother Brasil, la versión local del reality Gran Hermano, y en 2010 fue elegido como el primer diputado federal en llevar la causa del orgullo LGTB al Parlamento brasileño.

Desde entonces ha desarrollado su lucha por los derechos humanos como diputado del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), hasta que, tras la victoria del ultraderechista Jair Bolsonaro, optó por abandonar el país temiendo por su vida, ya que se habían intensificado las amenazas contra él y su familia. Actualmente se encuentra en Alemania, donde empezará una tesis doctoral sobre las fake news, con mucha atención a todo lo que ha sucedido en Brasil en los último años.

Jean Wyllys y Jain Bolsonaro coincidieron en el Congreso durante los últimos años como diputados. Según explicó el diputado de izquierdas en el documental 'Entre Hombres de Bien', mientras hablaba en el Parlamento, Bolsonaro le murmullaba detrás de él: “Marica, marica”.

En otra ocasión el actual presidente de Brasil le espetó: “¡Fuera de aquí, maricón!”. Jean Wyllys respondió escupiendo. 

Cuando el ultra derechista obtuvo la victoria electoral, el parlamentario decidió exiliarse. Su vida, sostiene, corría aún más peligro en un Brasil presidido por Bolsonaro. 

En 2011 entró en el Congreso brasileño como único diputado abiertamente LGTB.

Antes que yo hubo otra persona abiertamente gay en el Parlamento, Clodovil Hernandes, sin embargo, él era homófobo, y no abogaba por la extensión de la plena ciudadanía a la comunidad LGTB, al contrario. Se posicionó contra el matrimonio igualitario o la idea de orgullo LGTB. Era un tipo muy misógino. Yo llegué ahí con una historia completamente distinta de la suya.

¿Cuál era su bagaje?

Yo venía del activismo LGTB, y antes de eso mi vida ya había sido politizada por el movimiento pastoral de la iglesia católica, orientado por la teología de la liberación, que fue muy combatida por Juan Pablo II y la derecha católica en América Latina. Esta oposición se debía a que era un movimiento de inspiración marxista, un movimiento de facto cristiano, porque no hay nada más comunista que el cristianismo primitivo. Es en los años 90 cuando empiezo el activismo en el movimiento LGTB, que entonces era llamado movimiento gay, muy en relación con la epidemia del sida.

¿Y por qué dio el paso a la política institucional?

Cuando decidí presentarme a las elecciones fue para unir dos aspectos de mi vida que estaban separados. Mi formación académica y mi activismo político, por un lado, estaban disociados de una fama que conseguí a través de la participación en un programa de televisión, Big Brother Brasil.

Me convertí en una celebridad instantánea. El programa fue muy politizado por mi presencia, que generó incontables debates sobre lo que decía o hacía. Yo creía que esa fama pasaría, pero pasados cinco o seis años me seguían parando por la calle, pidiéndome fotos e invitándome a eventos en los que no quería participar. No podía librarme de eso, así que la manera de unir los dos caminos, el de la fama y el del activismo político y la actividad académica, era mi candidatura.

Así que me presenté, me eligieron y me convertí en la primera figura que llega al Parlamento diciéndose abiertamente gay pero con orgullo de serlo, abriendo la agenda de los derechos humanos para que incluya la cuestión LGTB. Pero también lo hice de forma distinta a como el movimiento LGTB conducía el debate.

¿Cómo era esa perspectiva sobre la cuestión LGTB?

El movimiento se miraba mucho al ombligo, teniendo como buque insignia la criminalización de la homofobia. No trabajaba de manera interseccional. Todos los gays somos vulnerables a la homofobia, pero es obvio que un gay pobre y negro es triplemente vulnerable, y no puede tratarse cada cosa por separado, así que no podemos tratar la homofobia de manera uniforme.

Por otro lado, yo también quería afirmar que un hombre gay no tiene que tratar sólo las cuestiones LGTB. Eso quizás fue lo que más molestó de mi presencia ahí, porque además de llevar la agenda LGTB, entré para hacer la “gran política”, participar en el “gran debate”, hablar de economía, abordar las políticas públicas o disputar el presupuesto. Eso fue un hecho inédito y abrió las puertas para que el número de candidaturas LGTB no haya dejado de crecer en Brasil desde mi elección.

¿Cómo vivió la homofobia en ese espacio institucional?

Tuve que enfrentar la homofobia social, practicada incluso por personas que son tus aliadas pero no se dan cuenta que están siendo homófobas. Diputadas a las que tengo mucho cariño pero que de repente soltaban algo como “no me gustaría que mi hijo fuera gay”, y cuando se daban cuenta añadían: “porque va a sufrir mucho en este mundo”.

¿Qué persona no sufre en este mundo? Eso no es una excusa para no querer un hijo gay. Desde este tipo de situaciones hasta los chistes con el objetivo de insultarme, por ejemplo dentro del baño cuando yo entraba.

Por otro lado, había también una homofobia institucional, que me trataba de manera distinta a los demás. Cada día tenía que imponerme para que los trabajadores de la cámara de los diputados me viesen y me respetasen como a un diputado, porque en su cabeza ese no es lugar para un gay. En su cabeza un diputado es un hombre blanco, hetero, rico, normalmente viejo, un oligarca y vinculado a una familia de políticos. A estos los servían como felpudos, pero personas como yo, o compañeros que venían del Movimiento Sin Tierra, no teníamos su respeto.

Finalmente enfrentaba también una homofobia deliberada, de amenazas de muerte, insultos programados, ataques orquestados, todo para silenciarme y coaccionarme para que desistiera.

¿Qué significó la elección de Jair Bolsonaro como presidente?

La elección de Bolsonaro corona un cambio político que empieza en 2013. En junio de ese año hubieron movimientos políticos iniciados por la izquierda con reivindicaciones muy justas, contra el aumento de los billetes de autobús o por la transparencia sobre los costes de las obras del Mundial de fútbol.

Sin embargo, ya en 2013, esos movimientos empiezan a ser cooptados y parasitados por una fuerza política que estaba silenciada pero presente: las fuerzas derrotadas por el proceso de democratización que tuvo lugar con la constitución de 1988. Tras 24 años de dictadura militar, esas fuerzas no fueron propiamente derrotadas. La ley de Amnistía en Brasil no castigó a ningún torturador ni a ninguno de los asesinos. Siguieron allí, recibiendo pensiones altísimas, y pudieron convertirse en empresarios con ese dinero. Veían su agenda derrotada en las urnas, y a partir de la primera elección de Lula no había perspectiva de que ese grupo volviera democráticamente al poder, porque la agenda que el Partido de los Trabajadores (PT) presentó contemplaba a los pobres, que eran la mayoría de la población. Era una agenda de reparación histórica a las injusticias practicadas contra los negros, que incluía los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres o que abrazaba a la población LGTB.

¿Y qué ocurrió?

Esas fuerzas políticas empiezan a parasitar el movimiento de 2013, se organiza, se financia no sabemos cómo, y empieza a producir un discurso usando sobretodo la táctica de la mentira y las fake news, aprovechando una inhabilidad de parte de la población, sobre todo la población mayor, con las redes sociales e internet.

Esos grupos empiezan a evocar un discurso de extrema derecha que encuentra su portavoz en Jair Bolsonaro, alguien que llevaba más de 20 años en el Congreso Nacional, como una voz solitaria, políticamente incorrecta, diciendo todo eso que empieza a decirse de manera más clara. Con el uso de la mentira y un portavoz como Bolsonaro, que por su naturaleza jocosa gana espacio en televisión, era obvio que la extrema derecha ganaría esa batalla, porque la izquierda, y me parece genial que sea así, no echa mano de esos artificios.

Pero más allá del uso de la mentira, parece que la izquierda tiene reparos en ocupar según qué espacio, como por ejemplo un reality show como Gran Hermano.reality show

La izquierda todavía tiene mucho prejuicios en relación al consumo cultural. Si bien se autoproclama defensora de los derechos de la mayoría de la población, y de hecho los defiende, la mayoría de la población no se identifica con la izquierda. Entiendo que la izquierda sea derrotada muchas veces, porque el suyo es un ejercicio de despertar las conciencias y mostrar las cadenas que atan a las personas, y no es fácil.

Pero además desprecia el consumo cultural de los pobres: las telenovelas, los reality shows, las divas del pop… Por ejemplo, la izquierda no ha percibido cómo las maricas en Internet aman a las divas. Esto no puede ser despreciado, nos tenemos que apropiar de ese lenguaje y hablar así con esas personas. En nuestro mandato contratamos a una persona especialmente para hacer eso, conectada con ese universo y esa jerga, y conseguimos politizar a muchas maricas de esa manera.

La izquierda no ha leído a Gramsci, porque si lo hubiera leído entendería, a partir del concepto de hegemonía, que tenemos que ocupar todos los espacios, porque todos son campos de batalla. En cambio, la tendencia de la izquierda es decirme que si participo en Big Brother Brasil soy el enemigo o un traidor. No se da cuenta de que estoy ahí ocupando una posición estratégica, hackeando un espacio que debe ser hackeado.

No tenemos que mentir como hace la extrema derecha, pero tenemos que apropiarnos del lenguaje que usan para mentir. No mentiremos pero tenemos que hacer una fábrica de memes, tenemos que poder decir nuestras verdades en forma de meme. Es por eso que quiero dedicarme al estudio de las fake news, no sólo porque destruyeron parte de mi vida, sino porque necesitamos encontrar los modos de combatirla. Tenemos que restituir la línea entre la verdad y la mentira.

Hay consenso en decir que Bolsonaro ganó las elecciones gracias a WhatsApp y a las fake news, pero parece una explicación simplista.fake news

La ascensión de la extrema derecha está muy basada en prejuicios que están en la mayoría de la población. Lo que pasa es que son prejuicios que no se dicen, porque una ola democrática que vino tras 24 años de dictadura militar remarcó que ya no eran políticamente correctos. Justo después de la aprobación de la constitución ciudadana de 1988, el racismo se convirtió en delito.

¿Significa eso que los racistas desaparecieron por la fuerza de la ley? No. Como dice el poeta Carlos Drummond de Andrade, los lirios no nacen de las leyes. Los racistas no lo decían pero seguían ahí. ¿Y los homófobos? Igual, y el racismo no es tan unánime en Brasil; pero la homofobia, sí. La homofobia es ubicua, está en todas las clases sociales, entre letrados, académicos, iletrados, ignorantes… está en todas partes. ,

¿Cómo?

En 2011 inventaron el bulo del “kit gay” [que teóricamente quería repartir el ministerio de educación], creando un pánico moral de que la homosexualidad es fruto de un proselitismo que se haría en las escuelas. Entonces hasta las personas enrolladas, de izquierdas, se sintieron aterradas con esa idea de que su hijo no iba a ver el partido del Flamengo el domingo en el Maracanã, sino que podría gustarle el ballet gracias al “kit gay”.

Esa mentira inventada en 2011 dio la victoria a Bolsonaro en 2018. Y, por supuesto,  para eso no era suficiente el discurso, sino que entra en juego un elemento que nunca debe ser menospreciado: la fuerza económica, que sigue definiendo quién gana y quién no. Antes el dinero se dedicaba a preciosas campañas de televisión, y ahora se está invirtiendo masivamente en las nuevas tecnologías.

Sobre todo porque trazan un perfil tuyo que permite enviar un mensaje muy específico, que te tocará específicamente a ti. Mediante esos bancos de datos se dispararon mensajes hechos a medida para diferentes grupos de personas con fake news.

Se caracterizan por su difusión a través de aplicaciones en las que estás con personas en las que confías o con las que has convivido y tienes un afecto, como tu grupo de la escuela, de la universidad, de la familia o del trabajo. Su transmisión en esos espacios hace que pienses que son ciertas o, aunque sepas que no lo son, prefieres no desmentirlas.

Cuando llegamos al punto de desmentirlas ya era demasiado tarde y empezaron las peleas y rupturas en los grupos de familia. Estabas en un grupo de familia y de repente tu tío ponía cualquier mierda contra los gays, faltándote al respeto. A lo mejor ni pensaba que estabas ahí, o le daba igual porque nunca le habías gustado y ahora no tenía problema en decírtelo.

Todo ese discurso cala porque había un conservadurismo en Brasil del que no parece que la gente fuera consciente.

Vivimos 350 años de esclavitud que se acabó porque una princesa blanca firmó una ley que liberaba a los esclavos. Punto. Esta ley se aprobó no porque ella fuera benevolente, sino porque Inglaterra presionó a Brasil, porque estaba viviendo una revolución industrial y necesitaba mano de obra y nuevos mercados de consumo.

La élite brasileña nunca quiso renunciar a la esclavitud. Todavía hoy hay personas que viven en condiciones similares a la esclavitud. No se desarrolló ninguna política de inclusión de la población negra en el mercado de trabajo, al contrario. Muchas haciendas importaron mano de obra blanca para sustituir a los esclavos en la agricultura como asalariados, sobre todo inmigrantes italianos. Había un propósito, después de la liberación de los esclavos, de emblanquecer la sociedad. Lo teorizaron y escribieron los intelectuales de la época.

Somos un país católico, de tradición judeocristiana, con una población de evangélicos neopentecostales que viene creciendo de forma abrumadora desde los años 80. Y en los fundamentos de estas religiones abrahámicas están el patriarcado, la subalternización de la mujer y el rechazo a la homosexualidad. Esto está dentro de la gente y lo que puede deconstruirlo son los sistemas educativos y de cultura, que nos llevan a conocer otros mundos y a pensar. Pero nuestro país tiene un déficit inmenso en términos de educación de calidad y de acceso a la cultura.

¿Los gobiernos del PT no revirtió esa situación?

La era Lula amplió el acceso a la educación, lo pudo masificar, pero no necesariamente garantizó la calidad de la educación pública. Hay ciudades en Brasil que no tienen ni un solo equipamiento cultural, ni siquiera uno. Un cinema, un teatro, una sala de conciertos… nada. En un país como este, que no ha dado acceso a las personas a estos sistemas de ampliación del imaginario, las iglesias neopentecostales sólo pueden triunfar, porque ofrecen eso.

Ofrecen un espacio de sociabilidad. Las personas quieren convivir, estar juntas. Ofrece música, puedes ir a cantar, y ofrece una caridad directa. Evidentemente, a cambio de todo esto introduce en las personas unos valores horribles, de racismo, homofobia, misoginia…

¿En qué momento los ataques a su persona lo llevan a optar por el exilio?

En realidad ya lo venía meditando antes de las elecciones. Estaba viviendo una vida muy mala, restringida, con guardaespaldas, sin poder ir a los lugares que frecuentaba, siendo insultado en los espacios, en una postura constantemente reactiva.

Desde 2016 mi equipo dejó de ser productivo para pasar a ser reactivo. No teníamos tiempo para proponer porque estábamos demasiado ocupados en defendernos. El equipo de comunicación gastaba el 20% del tiempo en difundir nuestro trabajo y el 80% en rebatir fake news. Con la muerte de Marielle Franco [concejal de su partido asesinada en Rio] esa voluntad de abandonar la política institucional ganó más fuerza dentro de mí, pero aún así hice la campaña, y fue muy difícil.

No quería estar en la calle, tenía crisis de pánico. Hay dos personas en Brasil que son odiadas en esta misma proporción, y quizás también queridas, pero una de esas personas es Lula, que fue presidente de la República dos veces, y la otra soy yo, que soy un simple diputado.

Cuando fui elegido para el nuevo mandato, Bolsonaro pasó a la segunda vuelta de las presidenciales y yo estaba seguro de que ganaría; y de que si ganaba, yo no seguiría vivo. Podría morir de muchas maneras, desde un asesinato ostensivo, como pasó con Marielle -porque cada vez hay más asociación entre organizaciones criminales y el poder constituido-. También podría morir en un asesinato fabricado, un asesinato político convertido en crimen pasional, por ejemplo.

Y, si no, moriría de depresión, porque no iba a aguantar cuatro años viviendo atrapado y amenazado. Pero cuando tomé esa decisión no imaginaba que la erosión del Gobierno sería tan rápida. Pensaba que duraría algo más, que engañaría a más gente durante más tiempo. Por suerte no está funcionando y mucha gente ya se ha dado cuenta del imbécil que es, pero no le causa ningún problema gobernar con la minoría contra la mayoría.

Ante cuatro años de Bolsonaro, ¿cómo se puede construir un futuro mejor?

No sé hacer futurología, pero la manera de construir un futuro mejor es trabajando, haciendo cada uno su parte en la resistencia y en la restitución del tejido democrático. Los movimientos sociales, los intelectuales, la universidad, los artistas… Los que fuimos desterrados, Débora Diniz, Marcia Tiburi y yo, estamos los tres en activo, actuando desde fuera junto a instituciones internacionales para denunciar las violencias que están sucediendo en Brasil. Incluso hemos conseguido cosas importantes, como que Bolsonaro no fuera a Nueva York, y pronto conseguiremos que no lo inviten a París.

En cada entrevista que doy, en cada denuncia, cuando cuento quién es esta figura, el mundo se asusta y quiere alejarse. Esto es un trabajo político en otro nivel, distinto del trabajo parlamentario. Me fui de Brasil para proteger mi vida, para tener una vida, pero no significa que me fuera para callarme, al contrario.

Y, en la política institucional, ¿también hay lugar para la esperanza?

Claro que hay esperanza, tiene que haberla, no hay más opción. Fuera de la política está la barbarie, así que lo que tenemos que hacer es política. Tenemos que aprender a hablar entre quienes somos diferentes, a articularnos contra el mal mayor que es el fascismo. Las personas de centroderecha, socialdemócratas, liberales, marxistas, socialistas, comunistas, tenemos que hablar más entre nosotros y defender la democracia contra el fascismo. Ese es el ejercicio que nos queda. Tengo muchas críticas al Congreso Nacional de Brasil y a los Parlamentos en todo el mundo, pero es peor sin ellos, sin el espacio de debate.

Raquel E. F. se quitó la vida la madrugada del 11 de abril de 2015 en una celda del Departamento Especial de Régimen Cerrado (DERT, por sus siglas en catalán) de la prisión de Brians 1. Llevaba seis meses en aislamiento y a partir de su muerte diversas entidades en defensa de los derechos de las personas presas empezaron una campaña para poner fin a la existencia de este régimen de vida penitenciaria.

El caso de Raquel tuvo la particularidad de que fue denunciado públicamente, pero ese suicidio dentro de una celda de aislamiento no ha sido el único en la última década. Los datos, adelantados por el programa '30 Minuts', muestran que, entre 2008 y 2018, de las 73 personas que se quitaron la vida en centros penitenciarios catalanes, 18 se encontraban en un DERT. Pese a que los reclusos en aislamiento representan tan sólo el 2% de la población penitenciaria, una de cada cuatro muertes por suicidio en cárceles de Catalunya se dan en este régimen cerrado.

En 2018, por ejemplo, a pesar de que hubo una reducción de la población en los DERT, que bajó hasta el 1,9%, 2 de las 9 muertes por suicidios registradas entonces –un 22%– fueron en estos espacios. Esto representa una prevalencia del suicidio 11 veces superior en aislamiento que en el resto de módulos de las prisiones.

Los departamentos de régimen cerrado, el llamado aislamiento, consiste en espacios dentro de las cárceles en los que los internos están hasta 18 horas diarias confinados en la soledad de una celda. Pueden estarlo a causa de una sanción, que tiene un límite de 14 días -aunque se puede encadenar tres sanciones hasta los 42-, o por recibir un tratamiento de primer grado o régimen cerrado, que no tiene un límite temporal, aunque actualmente dura tres meses de media.

Con todo, la prevalencia del suicidio es muy superior entre la población de las prisiones si se compara con el resto de la sociedad. En las cárceles catalanas la tasa es 9 veces superior a la media de la población de Catalunya. Eso significa que si en el conjunto de la sociedad murieron por suicidio en 10 años una de cada 16.949 personas, en las prisiones fueron una de cada 1.862.

Los servicios penitenciarios catalanes manifiestan su preocupación por los suicidios bajo su custodia, pero precisan que no son ni mucho menos algo exclusivo de Catalunya. Alegan, de hecho, que esta realidad es más alarmante en países del entorno. “No es un fenómeno de Catalunya o del Estado español, sino de todos los sistemas penitenciarios europeos y occidentales; en Francia la tasa de suicidios en cárceles se multiplica por 9; en Portugal, por 10, y en Italia, por 12. En todos los sistemas penitenciarios la tasa es más alta que fuera de la prisión”, asegura Carlos Soler, Subdirector General de Programas de Rehabilitación y Sanidad de la Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat.

“La explicación de este fenómeno es múltiple”, apunta Soler, “por un lado sabemos que la mitad de las personas que ingresan en prisión tienen o han tenido problemáticas de salud mental y adicciones, por lo que son personas más vulnerables a un episodio de suicidio”. “Por otro lado, por bien que funcione el sistema penitenciario, siempre es una situación traumática, ya que la persona se tiene que separar de su entorno, está confinada, es una situación de estrés que también influye en el riesgo de suicidio”.

El riesgo añadido del aislamiento

“Una de las explicaciones de la tasa de suicidios en prisión es el daño que provoca el aislamiento en las personas”, explica Olga Casado, médico y asesora del Síndic de Greuges en el Mecanismo Catalán de Prevención de la Tortura. Destaca que la literatura científica que el aislamiento prolongado durante más de 15 días puede provocar daños psicológicos irreversible. Es por eso que las reglas mínimas de Naciones Unidas para el tratamiento de personas reclusas establecen que ese debería ser el límite de las sanciones de aislamiento. Según la opinión de la experta, se debería aplicar el mismo límite también al tratamiento en primer grado.

En el Estado español las sanciones con aislamiento pueden prolongarse hasta 42 días y el régimen de vida en primer grado –que se cumple en condiciones de soledad similares– no tiene un límite temporal. En Catalunya, el año pasado el tiempo medio de duración de una sanción de aislamiento fue de 7 días. Sin embargo, en el régimen de primer grado, que representa el 81% de la población de los DERT, la media fue muy superior, de 99 días.

Casado asegura que “estar 18 o 20 horas con uno mismo, dando vueltas y pensando, genera mucha ansiedad, angustia e irritabilidad; las personas pueden sacar este malestar o bien entrando en paranoia y despersonalizándose, o bien entrando en situaciones de depresión profunda, que son las que tienen riesgo y pueden llevar al suicidio”. Por eso reclama que los centros penitenciarios sean proactivos en la detección del riesgo de suicidio, especialmente en los DERT.

Las mujeres sufren más el peso de la cárcel

Si se comparan los datos entre hombres i mujeres, los suicidios en la cárcel afectan mucho más a ellas que a ellos. Si bien sólo representan el 7% de la población penitenciaria, el 18% de las muertes por suicidio registradas durante la última década fueron de mujeres: 13 de 73.

El dato destaca en comparación con la situación inversa en el conjunto de la sociedad. Entre 2007 y 2017 la tasa de muerte por suicidio de mujeres en Catalunya fue un tercio de la de los hombres. Uno de cada 11.111 hombres murieron por suicidio, frente a una de cada 33.333. En cambio, el dato se invierte en las prisiones. Entre 2008 y 2018 se quitaron la vida una de cada 730 mujeres reclusas en cárceles catalanas, frente a uno de cada 2.110 hombres. Esa fue la causa de muerte de mujeres presas en una proporción casi tres veces superior a la de los hombres.

“Ese 7% de mujeres se encuentra en un sistema penitenciario pensado para hombres, y hay pocos programas de tratamiento y rehabilitación que incorporen una perspectiva de género e incluya las necesidades que tienen estas mujeres”, asegura Olga Casado. La asesora del Síndic destaca también el peso social distinto que sufren las mujeres: “Hay que tener en cuenta que muchas mujeres, cuando entran en prisión, vienen de una experiencia de exclusión social, y que una vez en la prisión pagan no sólo por haber cometido un delito, sino también por una transgresión de género”.

El reto de la prevención

“Existe un protocolo de prevención del riesgo de suicidio en los centros penitenciarios de Catalunya, pero a veces no está claro a quien corresponde iniciarlo, y por eso debe ser más proactivo, los servicios sanitarios deben evaluar de manera meticulosa el riesgo de cualquier persona que está en régimen de aislamiento, porque es un riesgo real”, reivindica Casado.

El responsable de la materia en la Secretaría de Medidas Penales de la Generalitat, Carlos Soler, recuerda por su parte que hace dos años, junto con el Departamento de Salud, revisaron los protocolos de prevención de suicidio que existían en las cárceles de Catalunya. “Hemos trabajado las experiencias de más calidad en prevención del suicidio fuera de las prisiones y las hemos adaptado a nuestros protocolos”, asegura. “Hemos mejorado los dispositivos de detección de riesgo y también se ha mejorado la atención psicológica y psiquiátrica y el seguimiento a estas personas”, añade.

Según Judit Pons, enfermera de salud mental en el Consorcio Hospitalario de Vic, “la mejor manera de prevenir el suicidio es que la persona que está en riesgo no pueda acceder a los medios para suicidarse, así que entrada una institución penitenciaria debería ser de menor riesgo”. Aunque añade que “hay más maneras de quitarse la vida de las que nos podemos imaginar”. Pons es una de las especialistas que ha asesorado a los profesionales penitenciarios.

Pons destaca la importancia de que los profesionales que están en contacto con los reclusos tengan conocimiento en la prevención del suicidio. “Algo tan básico como que si alguien dice que se quiere quitar la vida, es probable que lo haga, no nos podemos basar en la creencia popular de ‘él que lo dice no lo hace’”. Ese fue el caso de Raquel E.F., que manifestó en más de una ocasión su voluntad de quitarse la vida. Sin embargo, según expresaron los profesionales en el juicio sobre su muerte en 2015, no se activó un protocolo de prevención.

En el marco de su plan de actuaciones, la Generalitat ha incorporado 108 nuevos profesionales dedicados a la salud mental a las cárceles catalanas, un 61% más de los 177 existentes en 2016. A pesar de estas medidas, el 2018 hubo 9 muertes por suicidios en las cárceles catalanas, por encima de la media de los últimos 10 años.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca alcanza diez años de vida en los que ha conseguido parar cientos de desahucios y situar el derecho a la vivienda en el debate político

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), impulsora de uno de los movimientos sociales más decisivos de la historia reciente, cumple 10 años. En una década, han promovido la desobediencia para parar miles de desahucios, han conseguido colocar el derecho a la vivienda en el debate público y han propuesto cambios legislativos para proteger a quienes pueden perder su hogar.

Aún así, y pese a haber dado respuesta a miles de familias en lo más duro de la crisis, la PAH no ha logrado el cambio estructural que reivindicaba desde sus inicios. La legislación española sigue sin garantizar que no se desaloje de su casa a nadie sin ofrecerle una alternativa o que exista vivienda pública suficiente para la demanda social, y hoy sigue habiendo desahucios. En 2017, los últimos datos anuales disponibles, hubo 57.996 en toda España, contando los impagos de hipoteca y de alquiler (estos últimos han sustituido cada vez más a los primeros).

Esta es la cronología de una entidad que diez años después no se rinde.  

22/02/2009. Primera asamblea. La asamblea fundacional de la PAH reúne alrededor de 70 personas en la Casa de la Solidaritat del Raval de Barcelona. Se convoca a través de carteles que, más allá de un discurso político, buscan interpelar directamente a las personas que no pueden afrontar los pagos de la hipoteca, de ahí también el nombre tan claro de la plataforma. La iniciativa está impulsada por Ada Colau y Adrià Alemany, que provienen de 'V de Vivienda'; Ernest Marco y Guillem Domingo, del Ateneu Candela de Terrassa, y Lucía Martín y Lucía Delgado, que se implican por primera vez en una iniciativa de este tipo.

25/04/2009. Primera manifestación. Un pequeño grupo de activistas de la PAH se manifiesta por el centro de Barcelona bajo el lema “Contra el fraude hipotecario y por el derecho a la vivienda”. Los primeros casos que, llegados a las asambleas, habían permitido ver que el problema no era sólo la pérdida de la vivienda, sino por la deuda que les quedaba de por vida. Se empieza a ver entonces como fundamental la reivindicación de la dación en pago, es decir, que la entrega del piso sea suficiente para saldar la deuda.

03/11/2010: El primer desahucio frenado. Si bien las personas que impulsan la PAH ya han pensado en impedir los desahucios en la puerta de casa de los afectados, esta práctica no se hace realidad hasta que hay la primera persona en la asamblea se muestra dispuesta a hacerlo. Es Lluís Martí, vecino de la Bisbal del Penedès. Después de aplazar un primer desahucio en septiembre a través de una petición a los juzgados, en noviembre llega la fecha definitiva y la PAH se desplaza a la Bisbal para frenar por primera vez la comitiva judicial, impidiendo el acceso a la vivienda con una concentración. Es el punto de partida de la campaña Stop Desahucios que se extenderá por todo el Estado.

30/03/2011. Inicio de los trámites de una Iniciativa Legislativa Popular. La PAH presenta, junto a la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Catalunya (CONFAVC), la Taula del Tercer Sector, el Observatorio DESC y las delegaciones catalanas de CCOO y UGT, una iniciativa legislativa popular (ILP) en el Congreso para cambiar la ley hipotecaria y establecer una moratoria a los desahucios, la dación en pago retroactiva y la creación de un parque de alquiler social como alternativa habitacional. La Mesa del Congreso rechazó la iniciativa en dos ocasiones. Una iniciativa similar, presentada por los Verdes Ecopacifista, un partido valenciano de 300 militantes, impedía la tramitación de la ILP de la PAH, hasta que finalmente, el 8 de julio, la formación renunció para dejar paso a la propuesta con más apoyos.

15/05/2011. El 15-M. Los miembros de la PAH están implicados en la plataforma Democracia Real Ya, que convoca manifestaciones el 15 de mayo en las principales ciudades españolas bajo el lema ¡Democracia real ya! No somos mercancía en manos de políticos y banqueros!. En Madrid, la manifestación acaba en una acampada en la Puerta del Sol, desalojada aquella misma noche, que será la semilla del movimiento 15-M. En esas protestas la lucha por el derecho a la vivienda tendrá un peso muy importante. Parar desahucios será una de las respuestas prácticas que busca el movimiento. Antes del 15-M, la PAH ya se estaba ampliando en asambleas locales, pero después de las acampadas la plataforma empieza a llegar a todo el territorio.

25/07/2011. Desahucio de Verónica y Eliseo. La asamblea de barrio del Clot y la asociación 500x20 convocan una concentración para parar el desahucio de Verónica, Eliseo y sus tres hijos en el barrio barcelonés. Las convocatorias para parar desahucios empiezan a aglutinar a mucha gente después del 15-M, pero en este caso la multitud no puede evitar que se eche a la familia. Veinte furgones de antidisturbios de los Mossos d’Esquadra los echan por la fuerza, en un dispositivo hasta entonces sin precedentes.

01/09/2011. La familia de Elisa ocupa su propio piso. Después de no haber podido parar el desahucio de Elisa y su familia en Montcada i Reixac, que ya había superado tres intentos de desahucio, la PAH la ayuda a volver a ocupar su propio piso. Ya lo había hecho una familia antes en Terrassa, pero es la primera vez que la PAH lo hace público y presenta su campaña “Obra Social”, consistente en realojar familias desahuciadas en pisos vacíos propiedad de entidades bancarias.

25/09/2011. Manifestaciones en toda España. Bajo el lema “Por el derecho a la vivienda digna: Dación en pago retroactiva, Stop Desahucios y alquiler social ya”, la PAH apuesta por demostrar su fuerza llenando las calles y convoca manifestaciones en las principales ciudades del Estado para defender su ILP.

15/10/2011. El 15-M ocupa edificios para realojar a familias. Seis meses después del 15-M, el movimiento se vuelve a manifestar masivamente. En Barcelona adopta el lema “Pasemos de la indignación a la acción”, y al final de la protesta ocupa un edificio vacío para realojar familias que se habían quedado en la calle. En Madrid hacen lo mismo con un hotel abandonado. La ocupación de edificios enteros será una práctica que acabará adoptando la PAH más allá de los realojos en pisos individuales.

16/12/2011. La PAH de Terrassa ocupa dos bloques de entidades bancarias. Tras una manifestación, la PAH de Terrassa ocupa un bloque de viviendas de Catalunya Caixa para realojar a once familias y hace público que en otro edificio, ocupado desde hace meses, viven cinco familias afectadas por la hipoteca. Se trata de las primeras ocupaciones de bloques enteros en el marco de la campaña “Obra Social” de la PAH. Un año después la plataforma contará con seis bloques de viviendas vacías propiedad de entidades financieras ocupados en el área metropolitana de Barcelona para realojar a 30 familias.

01/03/2012: La relatora de la ONU se reúne con la PAH. La relatora especial de Naciones Unidas por el derecho a una vivienda adecuada, Raquel Rolnik, visita España para conocer los efectos del estallido de la burbuja y se reúne en Barcelona con miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Asegura que la situación que se da en España “es una locura”. “Entregar el inmueble y seguir endeudado es algo que no había visto nunca en mi vida, en ningún otro país”, asegura.

17/04/2012. Empiezan a recoger firmas para su ILP. La PAH empieza a recoger firmas para que su ILP pueda llegar al Congreso de los Diputados. Necesitan recoger 500.000 firmas hasta el 31 de octubre para que los diputados y diputadas pasen a estudiar la iniciativa, aunque finalmente el proceso se alargará unos meses.

05/02/2013. Colau arremete contra la banca en el Congreso.Colau arremete contra la banca en el Congreso Ada Colau comparece por primera vez en el Congreso de los Diputados, como portavoz de la PAH invitada a la en la Comisión de Economía. En su intervención califica de “criminal” al vicesecretario de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero, y anuncia que la PAH señalará a los diputados que se opongan a la aprobación de la ILP. “Estamos ante una estafa porque todo te llevaba a acceder a la vivienda e hipotecarte”, asegura Colau.

08/02/2013: Más de un millón de firmas por la ILP. La PAH y el resto de entidades promotoras de la ILP hipotecaria anuncian que han recogido 1.402.854 firmas de apoyo a la ILP para llevarla al Congreso. Se trata de casi tres veces el medio millón que necesitaban, señal del crecimiento que ha vivido el movimiento desde que se planteó la iniciativa, cuando el medio millón les parecía un reto difícil de conseguir.

12/02/2013. El PP cede y admite a trámite la ILP.El PP cede y admite a trámite la ILP A pesar del apoyo recogido, el Partido Popular, a través de su mayoría absoluta en el Congreso, tenía la intención de bloquear la tramitación de la ILP de la PAH. En tres días los diputados del partido reciben más de un millón de correos electrónicos y durante la jornada la plataforma convoca concentraciones ante las sedes del PP por todo el Estado. A la presión ciudadana se le suma el hecho que, durante la jornada parlamentaria, llega la noticia del suicidio de un matrimonio en Mallorca que estaban a punto de quedarse sin techo.

17/02/2013. Un 87% de la población, favorable a la ILP. Según una encuesta de Metroscopia para el diario El País, el 87% de la población española se mostraba a favor de la admisión a trámite de la ILP promovida por la PAH. El 92% estaba a favor de una moratoria a los desahucios y el 90% a favor de la dación en pago. El día anterior la PAH había convocado manifestaciones ante las sedes del PP para reclamar la aprobación de la ley.

13/03/2013. Los afectados interpelan a los diputados. Tras enviar cartas a todos los diputados y diputadas reclamando su apoyo a la ILP e invitándolos a sus asambleas, la PAH publica un vídeo dirigido a los diputados del PP, que es el único grupo parlamentario que no ha mostrado apoyo a la iniciativa. “Me acercaré yo a usted, porque resulta que usted me representa, pero no me conoce, no sabe nada de mí”, dicen las personas afectadas.

13/03/2013. Los escraches.Los escraches La PAH empieza a señalar en sus barrios a los diputados y diputadas que se muestran contrarios a la aprobación de la ILP. El primer escrache con los lemas “Sí se puede” y “Pero no quieren” es ante el domicilio de la diputada del PP Maria Ángeles Esteller en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona.

18/04/2013. La PAH retira su propuesta legislativa.La PAH retira su propuesta legislativa Después que el PP, con su mayoría absoluta, eliminara en el trámite parlamentario de la ILP hipotecaria sus tres principales medidas (la moratoria a los desahucios, la dación en pago y la creación de un parque de alquiler social que respondiera a la demanda), la PAH opta por retirar su propuesta legislativa.

15/10/2013. El desalojo del Bloc Salt.El desalojo del Bloc Salt Unas 700 personas de diversas Plataformas de Afectados por la Hipoteca y también de otros movimientos sociales se concentran en un bloque ocupado en Salt por la PAH de Girona para evitar el desalojo de una cuarentena de personas, la mitad menores de edad. A la mañana siguiente el desalojo se suspende por una medida cautelar del Tribunal de Estrasburgo en respuesta a un recurso presentado por el abogado Benet Salellas en representación de la PAH. El Tribunal Europeu de Derechos Humanos ordena la suspensión al considerar que no se garantiza una alternativa habitacional para las familias.

07/05/2014. Colau deja la portavocía de la PAH para preparar Guanyem.Colau deja la portavocía de la PAH para preparar Guanyem Ada Colau envía una carta a todas las asambleas de la PAH en la que se despide de los espacios de coordinación y de su rol como portavoz estatal dado el desgaste que sufre en esa función. Se compromete a seguir vinculada a la plataforma y asegura que no va a “fichar” por ningún partido político, pero que estará “encantada de apoyar y participar de procesos amplios que planteen un cambio real en las formas de hacer política”. Unos meses más tarde será la impulsora más visible de Guanyem Barcelona, que se convertirá en Barcelona en Comú.

10/07/2014. La PAH anuncia una nueva ILP a nivel catalán.La PAH anuncia una nueva ILP a nivel catalán Tras el fracaso en el Congreso de los Diputados, la PAH anuncia una nueva ILP, esta vez a nivel catalán, juntamente con la Alianza contra la Pobreza Energética y el Observatorio DESC, para llevar al Parlament una ley para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética. Se proponen adaptar las medidas que proponían en la ILP que llevaron al Congreso a las competencias autonómicas, en una lógica de “romper por abajo”.

24/05/2015. Colau gana las elecciones. Barcelona en Comú, la candidatura encabezada por Ada Colau, gana las elecciones municipales y la exportavoz de la PAH se convierte en la primera alcaldesa de Barcelona. Con ella, muchas personas vinculadas a la PAH llegarán al Ayuntamiento de Barcelona. También la regidora Gala Pin había sido activista de la plataforma, y los tenientes de alcaldía Gerardo Pisarello y Jaume Asens habían sido colaboradores habituales de la PAH en el ámbito jurídico.

23/07/2015. El Parlament aprueba la ILP.El Parlament aprueba la ILP La Cámara catalana valida la propuesta legislativa de la PAH prácticamente por unanimidad. La única voz discordante es la del PP, que vota a favor de la ley pero en contra de algunos de sus artículos en votación separada. La Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia habitacional y la pobreza energética aprobada permite hacer corresponsables a los grandes propietarios en la respuesta a los desahucios y también a las empresas suministradores, que no pueden cortar la luz, el agua o el gas sin consultar antes a servicios sociales la situación de vulnerabilidad de las familias. La ley catalana sirve de inspiración para otras PAHs y unos meses más tarde se llevan propuestas similares a los parlamentos de la Región de Murcia, Baleares, Valencia, Navarra y Cantabria.

01/12/2015. La PAH exige más al gobierno de Colau. En una carta dirigida a la alcaldesa, la PAH de Barcelona, exige a su antigua portavoz que haga más esfuerzos desde el gobierno municipal para garantizar el derecho a la vivienda con la aplicación de la ley 24/2015 para forzar a que las entidades bancarias cedan sus pisos vacíos para alquiler social.

29/04/2016. El Gobierno suspende el grueso de medidas de la ILP catalana con un recurso al Constitucional. El Consejo de Ministros recurre en la fecha límite para la impugnación varios artículos de la ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética impulsada por la PAH ante el Tribunal Constitucional, un hecho que implica su suspensión cautelar. Se paralizan así el grueso de medidas en materia de vivienda, aunque no en lo que se refiere a la pobreza energética. Quedan suspendidas tanto la obligación de los grandes propietarios de ofrecer una alternativa de alquiler social a las familias vulnerables antes de ejecutar un desahucio como también la obligación de esos grandes propietarios a ceder pisos vacíos a las administraciones para uso social. “Se recurren aspectos procesales que afecten a la igualdad de los españoles”, asegura la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría en relación a la ley catalana.

22/03/2017: La PAH presenta una nueva propuesta legislativa a los grupos parlamentarios del Congreso. La PAH vuelve al Congreso para presentar a los grupos parlamentarios una nueva propuesta legislativa con cinco reivindicaciones que consideran mínimas: la paralización de los desahucios, alquileres asequibles, viviendas sociales, suministros garantizados y la dación en pago retroactiva. Ante la experiencia anterior, la PAH considera que “no hay tiempo para una ILP”, y por eso proponen a los grupos que pongan en marcha la tramitación de lo que llamarán la Ley Vivienda PAH.

08/05/2017. Nace el Sindicato de Inquilinos. Se presenta públicamente el Sindicat de Llogaters, una organización inspirada en las que ya existen en otros países para defender a las personas que viven de alquiler ante posibles abusos de la propiedad. La inciativa, impulsada por activista de diversas luchas de la ciudad, cuenta también con miembros de la PAH desde su inicio, y empiezan a complementarse en las movilizaciones por el derecho a la vivienda, atendiendo diferentes frentes de la misma problemática.

10/01/2018: La Ley de Vivienda de la PAH que pretende regular los alquileres llega al Congreso. Las cinco medidas de mínimos de la PAH se concretan en una propuesta de ley registrada por Unidos Podemos, ERC, Compromís y EH Bildu. Un año después, la tramitación de la Ley Vivieda PAH no acaba de materializarse.

05/12/2018: Se aprueba la obligación de las promotoras a destinar un 30% de las nuevas construcciones a vivienda social en Barcelona. Tras la aprobación de la medida en el plenario municipal, la subcomisión de Urbanismo existente entre la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona aprueba definitivamente la obligación de que las promotoras inmobiliarias destinen un 30% de las nuevas construcciones o rehabilitaciones integrales a vivienda de alquiler social.

31/01/2019. El Tribunal Constitucional levanta la suspensión sobre el grueso de medidas de la ILP catalana. Tras los cambios de gobierno en la Generalitat y en la Moncloa, con los presidentes Quim Torra y Pedro Sánchez, respectivamente, la PAH empieza una campaña de presión a ambas administraciones para que lleguen a un acuerdo para la retirada del recurso de inconstitucionalidad sobre la ley catalana impulsada por la PAH. Finalmente, ese acuerdo se materializa y, tras semanas de espera, el Tribunal Constitucional acepta el desistimiento del recurso sobre la mayoría de los puntos de la ley por parte del Gobierno español y levanta la suspensión cautelar. Así, las administraciones y la ciudadanía de Catalunya recuperan una herramienta que permite exigir a los grandes propietarios que no ejecuten un desahucio sin ofrecer antes una alternativa habitacional a las familias vulnerables.

El 26 de junio de 1977, pocos días después de las primeras elecciones generales, el Front d’Alliberament Gai de Catalunya, arropado por muchas más gente y organizaciones, salió a la calle para reclamar libertad para las personas homosexuales, todavía perseguidas por la ley, por primera vez en España. Más allá del hito histórico, es especialmente destacable que desde aquel año en Barcelona se ha celebrado ininterrumpidamente a final de junio la manifestación por la liberación LGTBI. Y es “por la liberación” porque los derechos y libertades se conquistan día a día.

En la organización de esa manifestación no han sido bienvenidas las empresas destinadas al público homosexual, porque sus convocantes entienden que la lucha por los derechos y libertades es eminentemente anticapitalista. De ahí que en 2008 surgiera en paralelo el Pride de Barcelona, como ya existía en otras grandes ciudades, de manos de la Asociación Catalana de Empresas para Gays y Lesbianas (Acegal), la patronal del “ambiente”, una celebración que ha ido ganando adeptos año tras año, hasta el punto que la mayoría de organizaciones que convocan la manifestación histórica también participan en el Pride. Pero sigue habiendo una resistencia crítica, que pretende plantar cara al capitalismo rosa.

Por capitalismo rosa se entiende la integración a través del consumo de las disidencias sexuales y de género, que parte de una necesidad básica: espacios propios, de seguridad, de socialización… Cuando la propia comunidad no tiene capacidad de proveerse estos espacios es el mercado quien lo hace, porque de ahí puede sacar un beneficio. Jordi Barceloneta era un militante gay en la transición que en 1981 fundó el primer gay shop de España, la Sestienda, que todavía resiste en el centro de Barcelona. Hoy podría ser un sexshop como otro cualquiera, pero al principio, recuerda, lo puso en marcha por la necesidad de referentes, y donde ahora hay películas porno había montones de libros que no se podían encontrar fácilmente. Ahí nos recibió para hablar en el documental El Fil Rosa y nos contó que él ha vivido de su tienda, pero la abrió con ese objetivo, en cambio para otros “el negocio estaba ante todo”. “El que tenía un bar que no le funcionaba lo ponía en un ambiente gay porque recogía una cantidad de gente que no podía ir a otro sitio, entonces automáticamente funcionaba”, rememora.

A través de esta libertad vinculada al consumo se va construyendo también un imaginario, de qué es ser gay, que es tener un poder adquisitivo determinado, unos cuerpos normativos, unos gustos similares… y se van invisibilizando otras realidades presentes en las luchas y vivencias LGTBI. Lo gay es central, y difícilmente tienen cabida las mujeres lesbianas y bisexuales o las personas trans en este modelo, que reproduce el machismo imperante en la sociedad. Mientras, muchas empresas (o también estados) aprovechan para lavarse la imagen, y sacar del foco prácticas no muy bien vistas, gracias a la bandera del arcoiris, lo que se conoce como pinkwashing, un lavado de imagen rosa.

El Pride ha ido poniendo sobre la mesa reivindicaciones sociales, que sirven para mostrar el compromiso de las empresas implicadas. Este año se dedica a dar visibilidad a las personas refugiadas LGTBI, y lo hace de la mano de ACATHI, la principal entidad dedicada al tema en Catalunya. De forma muy oportuna, este año han cambiado la imagen corporativa del Pride. Hasta el año pasado tenía como elemento central una silueta rosa de Cristóbal Colón, que poco debe agradar a personas que llegan aquí viniendo de países empobrecidos por un expolio colonial.

Esta edición iba a contar con el apoyo de Airbnb, que patrocinaba las conferencias sobre refugio LGTBI como parte de su despliegue publicitario en Barcelona. No es que la empresa tenga una imagen especialmente buena en una ciudad donde hay una guerra abierta ante el modelo turístico y la subida de los alquileres. Tampoco es la primera campaña que impulsan focalizada en las personas LGTBI. Finalmente, tras las críticas recibidas el festival ha desistido de la colaboración con la compañía de alquiler turístico, pero de todas formas Acegal tiene un objetivo muy claro, y el Pride es su punta de lanza: “mejorar la rentabilidad de las empresas del sector, potenciando Catalunya como destino turístico LGBT”. De cara al 2022 pretenden postular Barcelona como sede del EuroPride. Mientras tanto, en mi escalera hay un Airbnb (sin licencia) que seguramente acogerá ese esperado turismo gay mientras a mi me suben un 40% el alquiler. ¿No debería un ayuntamiento que pretende cambiar este modelo de explotación turística cuestionarse su apoyo a una iniciativa de estas características?

Otra empresa sorprendente en el programa de actividades que tiene como núcleo el derecho al refugio es B The Travel Brand, la antigua Barceló Viajes, que hizo el pasado viernes un acto de presentación de sus viajes LGTBI a Punta Cana o la Riviera Maya. Sorprendente porque durante el último año dos compañías del mismo grupo, Evelop Airlines y Orbest, han estado efectuando los macrovuelos de deportación contratados por el Estado español, que ahora volverán a manos de Air Europa y Swiftair. En esos vuelos también habrá habido muchas personas LGTBI y también personas solicitantes de asilo que lo hayan tenido denegado. Ahí se plantaron personas del Encierro Migrante que lleva desde abril dando guerra en el centro de Barcelona para denunciarlo.

Hace pocas semanas se deportaba desde el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barcelona a Mohamed, un chico marroquí gay que solicitaba asilo en España porque en su país estaba amenazado de muerte por miembros de su propia familia. El Encierro Migrante intentó generar una movilización que parara la deportación de Mohamed, pero no fue posible. Ahora nos ponen encima de la mesa que no es posible defender a las personas refugiadas LGTBI sin cuestionar las políticas que menosprecian a personas migradas, refugiadas y racializadas.

Decía Paco Vidarte en su Ética Marica que “la lucha contra la homofobia sólo es posible y realmente eficaz dentro de una constelación de luchas conjuntas solidarias en contra de cualquier forma de opresión marginación y persecución”. “No por caridad”, añadía, “sino porque la homofobia, como forma sistémica de opresión, está imbricada con ellas, articulada con ellas de tal modo que, si tiras de un extremo, el nudo se aprieta por el otro, y si aflojas un cabo, tensas otro”.

Tenemos mucho que celebrar, sí, pero también mucho que luchar. Si celebramos olvidándonos del racismo, de la precariedad, del capacitismo, del machismo y de tantas otras opresiones presentes en nuestra sociedad, estaremos dejando atrás a muchas personas y celebrando unas conquistas sólo para unas pocas. El 30 de junio a las 18:30 nos convocan a salir a la calle a reivindicar nuestros derechos y libertades como cada año desde 1977. Aprovechemos para poner todo esto sobre la mesa.

Desde el pasado jueves se han ido repitiendo dos mensajes que, aunque no lo parezca, suenan contradictorios para muchos barceloneses: por un lado, que hay que recobrar la normalidad y, por el otro, que los ciudadanos volverán a pasear por la Rambla. La visión que se ha dado en los últimos días de la Rambla de Barcelona parece olvidar que su cotidianidad habla de turismo, y también de trabajos precarios, de luchas de colectivos vulnerables y de expulsión de los vecinos. Para dichos vecinos y vecinas del centro de la ciudad, la Rambla no es un lugar por donde pasear, sino un territorio a evitar.

Una semana después del fatídico atentado, la Rambla está abarrotada de nuevo. A turistas y transeúntes, que se mueven a un ritmo distinto al habitual, se han sumado en los últimos días periodistas de todo el mundo y también homenajes ciudadanos que han estrechado todavía más el paseo: un manto de velas y flores cubren el mosaico de Joan Miró, justo a la altura de donde el macabro eslalon tocó a su fin.

Según un estudio encargado por el anterior gobierno municipal, en los 1.200 metros de largo del paseo, quedaban sólo 661 residentes censados, y es una cifra que lleva años en descenso. El mismo informe apunta que este abandono de la Rambla tiene que ver con la falta de servicios necesarios para el día a día, y nos muestra que recorrerla de la plaza Catalunya al mar –o al revés– es una actividad reservada a los turistas, y que quien vive por la zona no hace más que atravesarla para cruzar entre el Raval y el Gótico (gráfico inferior).

La Rambla es, al fin y al cabo, el máximo exponente de la batalla por la ciudad que se vive actualmente entre intereses económicos y vecinos y vecinas movilizadas. Poco después del atentado comparecía en la televisión pública catalana la representante de una empresa que tiene más de una decena de restaurantes a lo largo del paseo. Eso, más que las memorias del bullicio contracultural de hace décadas, representa lo que es hoy la Rambla. Lo que no quiere decir que no haya barceloneses en la Rambla, hay muchos, pero no salen a pasear. La toman para resistir.

Resisten con trabajos precarios, sea en grandes cadenas de ropa o tiendas de souvenirs; en restaurantes con precios prohibitivos donde se sirve sangría y Paellador; con la venta ambulante de útiles para turistas, como abanicos o gafas de sol, o de latas de cerveza; o haciendo de estatuas humanas; o con la prostitución.

Según el estudio antes citado, el 28% de las licencias de actividad concedidas en la Rambla son de restauración, de locales destinados principalmente a turistas. Otro 34% de las licencias son de comercios, un tercio de los cuales dedicados a la venta de regalos y recuerdos y más de una cuarta parte a la moda y los complementos. Eso deja poco espacio a vecinos y vecinas que no se ganen la vida alrededor del turismo.

Para todas esas personas de la ciudad para las que la Rambla no es su día a día, es igualmente un lugar donde alzar la voz. Este año Barcelona celebra que hace 40 años que el colectivo LGTBI tomó las calles por primera vez en España. Y eso pasó en la Rambla, y la represión se hizo notar; la Rambla es también hoy territorio vetado para muchas protestas. El movimiento contra Bolonia en 2009 vivía el reto constante de bajar la Rambla, y topaba con barreras policiales. Cuando las protestas posteriores al desalojo de Can Vies quisieron tomar el centro de la ciudad, uno de los momentos más tensos se vivió cuando los manifestantes intentaron hacerse con el paseo desde las Drassanes.

Pero algunas manifestaciones sí han podido cruzarla, y no dejan de proporcionar imágenes sintomáticas. El pasado 28 de enero vecinos recorrían la Rambla bajo el lema “Barcelona no está en venta” y en los pocos edificios con personas residentes y plantas en los balcones –sin las macetas uniformizadas que usan tiendas y hoteles– había quien salía a aplaudir.

El pasado 1 de mayo, una manifestación durante la tarde generó enfrentamientos en las terrazas turísticas y terminó su recorrido con policías antidisturbios custodiando las terrazas al paso de los manifestantes, una imagen metafórica. Otro de los colectivos que más protagonismo ha tenido en el paseo, los manteros de Barcelona, han sido de los últimos en bajar sus calles: esta vez en solidaridad por los atentados, pero también contra bulos que los estigmatizan, como el que decía hace unos días que no estaban vendiendo en el paseo en el momento de los atentados porque “sabían algo”. Su objetivo no era otro que poder estar ahí.

Así que sí, Barcelona tiene un reto en recuperar la Rambla, pero es un reto que no comienza el fatídico 17 de agosto. Es un reto que viene de lejos, pero ahora más que nunca vecinos y vecinas vuelven a sentirla suya, y está en las manos de la ciudad apostar por recuperar la normalidad anterior al atentado o por hacer crecer las resistencias en esta arteria de la capital catalana.

Des del passat dijous s'han anat repetint dos missatges que, encara que no ho sembli, sonen contradictoris per a molts barcelonins: d'una banda, que cal recuperar la normalitat i, de l'altra, que els ciutadans tornaran a passejar per la Rambla. La visió que s'ha donat en els últims dies de la Rambla de Barcelona sembla oblidar que la seva quotidianitat parla de turisme, i també de treballs precaris, de lluites de col·lectius vulnerables i d'expulsió dels veïns. Per a aquests veïns i veïnes del centre de la ciutat, la Rambla no és un lloc per on passejar, sinó un territori a evitar.

Una setmana després del fatídic atemptat, la Rambla està abarrotada de nou. A turistes i transeünts, que es mouen a un ritme diferent a l'habitual, s'han sumat en els últims dies periodistes de tot el món i també homenatges ciutadans que han fet encara més estret el passeig: una catifa d'espelmes i flors vesteixen el mosaic de Joan Miró, just a l'alçada d'on el macabre eslàlom va tocar a la seva fi el passat 17 d'agost.

Segons un estudi encarregat per l'anterior govern municipal, en els 1.200 metres del llarg del passeig, quedaven només 661 residents censats, i és una xifra que porta anys en descens. El mateix informe apunta que aquest abandonament de la Rambla té a veure amb la manca de serveis necessaris per al dia a dia, i ens mostra que recórrer-la de la plaça Catalunya a la mar –o al revés– és una activitat reservada als turistes, i que qui viu per la zona no fa més que travessar-la per creuar entre el Raval i el Gòtic (gràfic inferior).

La Rambla és, al cap i a la fi, el màxim exponent de la batalla per la ciutat que es viu actualment entre interessos econòmics i veïns i veïnes mobilitzades. Poc després de l'atemptat compareixia a la televisió pública catalana la representant d'una empresa que té més d'una desena de restaurants al llarg del passeig. Això, més que les memòries de l'enrenou contracultural de fa dècades, representa el que és avui la Rambla. El que no vol dir que no hi hagi barcelonins a la Rambla, n'hi ha molts, però no surten a passejar. La prenen com a resistència.

Resisteixen amb feines precàries, sigui en grans cadenes de roba o botigues de souvenirs; en restaurants amb preus prohibitius on se serveix sangria i Paellador; amb la venda ambulant d'útils per a turistes, com ventalls o ulleres de sol, o de llaunes de cervesa; o fent d'estàtues humanes; o amb la prostitució.

Segons l'estudi abans citat, el 28% de les llicències d'activitat concedides a la Rambla són de restauració, de locals destinats principalment a turistes. Un altre 34% de les llicències són de comerços, un terç dels quals dedicats a la venda de regals i records i més d'una quarta part a la moda i els complements. Això deixa poc espai a veïns i veïnes que no es guanyin la vida al voltant del turisme.

Per a totes aquestes persones de la ciutat per a les que la Rambla no és el seu dia a dia, és igualment un lloc on alçar la veu. Aquest any Barcelona celebra que fa 40 anys que el col·lectiu LGTBI va prendre els carrers per primera vegada a Espanya. I això va passar a la Rambla, i la repressió es va fer notar; la Rambla és també avui territori vetat per a moltes protestes. El moviment contra Bolonya el 2009 vivia el repte constant de baixar la Rambla, i topava amb barreres policials. Quan les protestes posteriors al desallotjament de Can Vies van voler prendre el centre de la ciutat, un dels moments més tensos es va viure quan els manifestants van intentar fer-se amb el passeig des de les Drassanes.

Però algunes manifestacions sí que han pogut creuar-la, i no deixen de proporcionar imatges simptomàtiques. El 28 de gener passat els veïns recorrien la Rambla sota el lema “Barcelona no està en venda” i en els pocs edificis amb persones residents i plantes als balcons –sense els testos uniformats que fan servir botigues i hotels– hi havia qui sortia a aplaudir.

El passat 1 de maig, una manifestació durant la tarda va generar enfrontaments a les terrasses turístiques i va acabar el seu recorregut amb policies antiavalots custodiant les terrasses al pas dels manifestants, una imatge metafòrica. Un altre dels col·lectius que més protagonisme ha tingut en el passeig, els manters de Barcelona, han estat dels últims a baixar els seus carrers: aquesta vegada en solidaritat pels atemptats, però també contra rumors que els estigmatitzen, com el que deia fa uns dies que no estaven venent al passeig en el moment dels atemptats perquè “sabien alguna cosa”. El seu objectiu no era altre que poder-hi ser.

Així que sí, Barcelona té un repte a recuperar la Rambla, però és un repte que no comença el fatídic 17 d'agost. És un repte que ve de lluny, però ara més que mai veïns i veïnes tornen a sentir-la seva, i està a les mans de la ciutat apostar per recuperar la normalitat anterior a l'atemptat o per fer créixer les resistències en aquesta artèria de la capital catalana.

La Caravana Abriendo Fronteras que se encuentra estos días en Melilla busca poner luz sobre las situaciones de violaciones de derechos humanos que sufren las personas migrantes en la ciudad española. Uno de los colectivos más afectados es el de las porteadoras, mayoritariamente mujeres, que cargan grandes bultos de mercancías de un lado a otro de la frontera. Este miércoles han vuelto a presenciar abusos en el paso fronterizo y han presentado una queja ante la Delegación del Gobierno en Melilla a través del abogado Andrés García Berrio, de Irídia Centro por la Defensa de los Derechos Humanos.

Denuncian que los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional no llevan una identificación visible, que se producen agresiones a las personas que cruzan desde Marruecos y que la estructura arquitectónica pone a las personas en riesgo. “Está diseñada para que se generan aglomeraciones de personas y lesiones en las mismas, y exigimos un cambio urgente e inmediato, sobretodo en la parte por la cual pasan las mujeres en el paso del Barrio Chino”, asegura García Berrio. En el caso de Ceuta, dos mujeres han perdido la vida desde el mes de marzo.

Medio millar de personas han acudido al paso fronterizo en el marco de la caravana para hacer de observadoras, pero la Policía Nacional les ha barrado el paso. Solamente ha podido entrar en las instalaciones una comisión de formada por cinco mujeres de la caravana y el abogado que presenta la denuncia, que han presenciado agresiones a las porteadoras. “Los agentes de la policía deciden cortar el paso a golpes de porra, sin ni siquiera un aviso previo”, critica Marta Valldaura, del área de migraciones de Irídia. El colectivo ya había presenciado agresiones similares en una visita realizada el 31 de enero para la elaboración de un informe sobre la frontera sur.

“Por todo esto se ha decidido presentar otra queja a la Delegación del Gobierno y al Defensor del Pueblo denunciando una vez más todas las situaciones que se dan con las porteadoras tanto a nivel arquitectónico y sobretodo porque la policía no lleva identificación y por las situaciones de agresiones que se han vuelto a presenciar”, explica Valldaura.

“Cabe destacar que uno de los agentes ha agredido directamente de manera repetida con la defensa de manera completamente injustificada a un grupo de porteadoras en el momento que iba a indicar que dejasen de pasar, en vez de limitarse a dar indicaciones verbales y cuando las mismas estaban obedeciendo”, destaca el texto de la denuncia presentada este jueves.

El colectivo reclama a la Delegación del Gobierno en Melilla que tome medidas para garantizar que todos los agentes lleven el número de identificación visible, que abra una investigación sobre la agresión presenciada este miércoles, y que emprenda de forma urgente la reforma del paso de las porteadoras en el Barrio Chino.

El eslabón más débil de la frontera

Las porteadoras son el eslabón más débil del “comercio atípico”, sobre el que se sustenta la actividad económica de las fronteras de Ceuta y Melilla, según la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Especialmente en Ceuta, donde no existe una aduana comercial con Marruecos, debido a que el Estado alauíta no reconoce esta ciudad autónoma como territorio español.

Este comercio alegal genera cerca de 1.000 millones de euros anuales en Ceuta y Melilla, según los datos del Consejo español de Economía en 2005, recogidos en el informe elaborado por Irídia, Novact y Fotomovimiento. Atendiendo a los datos de la Cámara de Comercio Americana de Casablanca, 45.000 personas viven de esta economía atípica de forma directa. De ellas, el 75% son mujeres.

Son ellas, las porteadoras —mayoritariamente mujeres– quienes deben transportar sobre su cuerpo los fardos (que pueden alcanzar los 90 kilogramos) que posteriormente se venderán a un lado y a otro de la frontera. El trabajo pueden realizarlo a cuenta propia o por comisión. Tras cruzar el paso fronterizo, recogen los fardos en el polígono del Tarajal (en Ceuta) o en los terrenos y camiones aparcados en el Barrio Chino (en Melilla) y los transportan a territorio marroquí“, recuerdan en el informe.

Dificultades arquitectónicas

El informe también precisa cómo es el diseño de los pasos fronterizos, un factor clave que, a juicio de los investigadores, “conduce inevitablemente al amontonamiento de las personas” y lleva a “situaciones de tensión, amontonamiento, asfixia e incluso avalanchas”.

Según describen, en el paso del Tarajal, frontera oficial de Ceuta, apenas dos personas –una al lado de la otra y sin contar con la mercancía–, pueden pasar por los “estrechos” pasillos delimitados por vallas. En el caso del paso del barrio Chino, en Melilla, el documento lo califica como “un embudo” que se va estrechando y “solo permite el paso de las porteadoras una a una por sus extremadamente reducidas dimensiones”.

Un darrere l'altre, i pràcticament en fila índia. Com si d'una contrarellotge ciclista es tractés, el degoteig de persones amb grans sacs blancs a l'esquena és constant a la parada de metro Besòs Mar, a Barcelona. Cada matí, poc després de les vuit, plogui o troni, els manters entren a la boca del metro, amb destinació al centre de la ciutat o el passeig marítim. La tornada a casa està menys coreografiada: cadascú torna quan pot. Depèn de com es doni la venda.

Des de fa al voltant de cinc anys, al barri del Besòs, el quart més pobre de la ciutat (segons la distribució familiar de la renda disponible), ha estat aixopluc de la majoria de venedors ambulants procedents del Senegal. El barri té experiència en migracions: els moviments interiors, sobretot de persones provinents d'Andalusia i Múrcia, van edificar aquesta zona perifèrica de Barcelona en els anys seixanta.

Els manters han generat llaços al barri de litoral: la vida en comunitat és una de les màximes de les persones provinents del Senegal. Així ho apuntava el doctorand en migracions, Abdoulaye Fall, a la taula rodona “Visions del Sud”. És una cosa que l'activista del col·lectiu Tras la Manta, Áurea Martín, no només comparteix, sinó que posa en valor: “Ells tenen la seva pròpia organització”.

Les persones dedicades a la venda ambulant porten anys –segons Martín– generant vincles de solidaritat. És una forma d'aguantar el xàfec. Van resistir en silenci fins a l'estiu de 2015, quan la pressió al centre de Barcelona es va disparar.

En aquest moment, activistes en lluita pels drets de les persones migrants van generar una xarxa de solidaritat. Entre aquells activistes es trobava Rosa Sánchez, cantautora. “Es va fer una xarxa de veïnes i veïns que acudíem amb un telèfon d'urgències a les trucades que ens feien quan venien grups de 20 policies, de vegades vestits de paisà, simplement a pegar”.

Després naixeria Tras la Manta, empesa per les converses entre activistes de diversos col·lectius com l'Espai de l'Immigrant de Barcelona. No seria fins a uns mesos després quan, en aquests espais de diàleg, la idea d'una plataforma que donés veu al col·lectiu, cobraria força. Fet i fet s'estava gestant el Sindicat Popular de Venedors Ambulants.

La idea sobre un sindicat, segons explica un dels portaveus del mateix, Aziz Faye, neix de les experiències d'alguns venedors en un dels països que més tràfec de manters ha tingut a Europa: Itàlia. Allà l'organització dels venedors va ser necessària molt abans. Anant més enrere de la qüestió, l'autoorganització a Itàlia se suma a la pròpia capacitat organitzativa que els venedors ja tenen al Senegal.

“L'organització la porten des del Senegal”, assenteix César Zúñiga, també de l'Espai de l'Immigrant, i una de les persones que ha donat suport al col·lectiu des del principi. Bona mostra d'això han estat les diferents iniciatives que el Sindicat Popular de Venedors Ambulants ha emprès en poc més d'un any de vida: mercats rebels, una cooperativa pròpia o fins i tot una recentment estrenada firma comercial.

A Dakar hi ha fins a tres associacions que regulen la venda ambulant i que breguen amb els governs locals per millorar les condicions dels treballadors. Les organitzacions al Senegal, Itàlia o Espanya comparteixen un mateix si: totes han nascut fruit de la pressió policial.

Una de les organitzacions que ha estat testimoni de primera mà del pes de la repressió als carrers és SOS Racisme. Des de 2010, dels 77 casos que han atès contra la Guàrdia Urbana, 44 tenien relació amb la manta. Segons les seves dades, durant aquest temps –i dels episodis relacionats amb la venda ambulant– s'han produït tres casos d'identificació per perfil ètnic i dotze d'agressió física d'agents a manters per actuació en la venda ambulant.

L'advocada de SOS Racisme, Alícia Rodríguez, posa en paraules l'abús policial i el racisme inherent a algunes actuacions. “Els policies que actuen d'aquesta forma són conscients de l'estat d'indefensió de la persona. No tenen papers i no poden defensar els seus drets”, apunta. La situació s'agreuja si es suma que la manta torna a ser delicte penal des de fa dos anys. “Fiscalia està demanant delictes de dos anys, i un venedor ambulant pot acabar a la presó per vendre 22 bosses de mà”.

L'opinió la matisa l'Ajuntament de Barcelona. “Aquí hi ha un debat de fons: ¿Quin tipus de seguretat volem a la ciutat? Apuntant a la policia com un actor repressor no solucionarem res. L'esquerra no accepta la seguretat com a pròpia: sembla que la policia només hagi fet repressió... Quants casos hi ha d'agressió i quantes intervencions fa la Guàrdia Urbana realment?”, sosté Tatiana Guerrero, tècnica del consistori dedicada als assumptes relacionats amb la venda ambulant.

L'Ajuntament de Barcelona assegura que va viure una sobrepoblació de manters en determinades zones de la ciutat l'any passat. L'efecte crida, fruit de l'arribada massiva de turistes a la ciutat, va atreure centenars de venedors. La saturació de l'espai amb unitats de la policia es va succeir durant tot l'estiu; el mateix pla ja fa setmanes que opera a la ciutat.

El dispositiu policial a la capital catalana ha transcorregut en paral·lel a la resposta social per part de l'Ajuntament. Si bé el seu primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, reconeix que “el Govern de Barcelona podria fer autocrítica” per la tardança en l'arribada dels plans socials, també es felicita per les mesures portades a terme en els últims mesos.

La més destacada, un cooperativa composta per ex manters i impulsada en col·laboració amb el mateix consistori. “Per a la població estable de 250 venedors, que aconsegueixin sortida uns 70 és molt. Tenint en compte la llei d'estrangeria... S'ha de tenir molta imaginació jurídica per saltar aquest mur”, sosté Pisarello. Precisament per la llei d'estrangeria no són pocs els que han trobat esculls per regularitzar la seva situació. Més efectiva s'ha mostrat la cooperativa, que ja té a 15 persones treballant en fires de la ciutat. La cooperativa provoca recel per altres motius.

L'última gran mobilització de persones migrants en situació de risc, i pertanyents a l'economia informal, va ser la dels drapaires de la ferralla. Després de diverses protestes d'aquests –i les corresponents picabaralles amb el Govern de Xavier Trias–, l'Executiu convergent va muntar una cooperativa que amb el pas del temps va desorganitzar al col·lectiu. Va apagar la seva veu política.

Així ho recorda Áurea Martín, de Tras la Manta. Comparteix la visió de l'activista Aziz Faye. “No vam crear el Sindicat per aconseguir 15 o 20 llocs de treball, sinó perquè s'escoltés als exclosos”, diu. I continua: “Aquesta cooperativa ha de ser independent de l'Ajuntament, no per les seves propagandes mediàtiques”. La raó de ser del Sindicat Popular de Venedors Ambulants és que, en un futur, qui agafi el metro a la parada Besòs Mar sense por de tornar a casa sense material. Tornar masegat. O no tornar.

Uno detrás de otro, y prácticamente en fila india. Como si de una contrarreloj ciclista se tratara, el goteo de personas con grandes sacos blancos a la espalda es constante en la parada de metro Besòs Mar, en Barcelona. Cada mañana, poco después de las ocho, llueva o truene, los manteros entran en la boca del metro, con destino al centro de la ciudad o al paseo marítimo. La vuelta a casa está menos coreografiada: cada uno regresa cuando puede. Depende de cómo se dé la venta.

Desde hace alrededor de cinco años, el barrio del Besòs, el cuarto más pobre de la ciudad (según la distribución familiar de la renta disponible), ha sido cobijo de la mayoría de vendedores ambulantes procedentes de Senegal. El barrio tiene experiencia en migraciones: los movimientos interiores, sobre todo de personas provenientes de Andalucía y Murcia, edificaron esta zona periférica de Barcelona en los años sesenta.

Los manteros han generado lazos en el barrio de litoral: la vida en comunidad es una de las máximas de las personas provenientes de Senegal. Así lo apuntaba el doctorando en migraciones, Abdoulaye Fall, en la mesa redonda “Visiones del Sur”. Es algo que la activista del colectivo Tras la Manta, Áurea Martín, no sólo comparte, sino que pone en valor: “Ellos tienen su propia organización”.

Las personas dedicadas a la venta ambulante llevan años –según Martín– generando vínculos de solidaridad. Es una forma de aguantar el chaparrón. Resistieron en silencio hasta el verano de 2015, cuando la presión en el centro de Barcelona se disparó.

En ese momento, activistas en lucha por los derechos de las personas migrantes generaron una red de solidaridad. Entre aquellos activistas se encontraba Rosa Sánchez, cantautora. “Se hizo una red de vecinas y vecinos que acudíamos con un teléfono de urgencias a las llamadas que nos hacían cuando venían grupos de 20 policías, a veces vestidos de paisano, simplemente a pegar”.

Después nacería Tras la Manta, empujada por las conversaciones entre activistas de diversos colectivos como el Espacio del Inmigrante de Barcelona. No sería hasta unos meses después cuando, en estos espacios de diálogo, la idea de una plataforma que diera voz al colectivo, cobraría fuerza. A la postre se estaba gestando el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes.

La idea sobre un sindicato, según cuenta uno de los portavoces del mismo, Aziz Faye, nace de las experiencias de algunos vendedores en uno de los países que más trajín de manteros ha tenido en Europa: Italia. Allí la organización de los vendedores fue necesaria mucho antes. Yendo más atrás de la cuestión, la autoorganización en Italia se suma a la propia capacidad organizativa que los vendedores ya tienen en Senegal.

“La organización la traen desde Senegal”, asiente César Zúñiga, también del Espacio del Inmigrante, y una de las personas que ha apoyado al colectivo desde el principio. Buena muestra de ello han sido las diferentes iniciativas que el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes ha emprendido en poco más de un año de vida: mercadillos rebeldes, una cooperativa propia o incluso una recién estrenada firma comercial.

En Dakar existen hasta tres asociaciones que regulan la venta ambulante y que lidian con los Gobiernos locales para mejorar las condiciones de los trabajadores. Las organizaciones en Senegal, Italia o España comparten un mismo sino: todas han nacido fruto de la presión policial.

Una de las organizaciones que ha sido testimonio de primera mano del peso de la represión en las calles es SOS Racisme. Desde 2010, de los 77 casos que han atendido contra la Guardia Urbana, 44 tenían relación con la manta. Según sus datos, durante este tiempo –y de los episodios relacionados con la venta ambulante– se han producido tres casos de identificación por perfil étnico y doce de agresión física de agentes a manteros por actuación en la venta ambulante.

La abogada de SOS Racisme, Alicia Rodríguez, pone en palabras el abuso policial y el racismo inherente a algunas actuaciones. “Los policías que actúan de esta forma son conscientes del estado de indefensión de la persona. No tienen papeles y no pueden defender sus derechos”, apunta. La situación se agrava si se suma que la manta vuelve a ser delito penal desde hace dos años. “Fiscalía está pidiendo delitos de dos años, y un vendedor ambulante puede terminar en prisión por vender 22 bolsos”.

La opinión la matiza el Ayuntamiento de Barcelona. “Aquí hay un debate de fondo: ¿Qué tipo de seguridad queremos en la ciudad? Apuntando a la policía como un actor represor no solucionaremos nada. La izquierda no acepta la seguridad como propia: parece que la policía sólo haya hecho represión... ¿Cuántos casos hay de agresión y cuántas intervenciones hace la Guardia Urbana realmente?”, sostiene Tatiana Guerrero, técnica del consistorio dedicada a los asuntos relacionados con la venta ambulante.

El Ayuntamiento de Barcelona asegura que vivió una sobrepoblación de manteros en determinadas zonas de la ciudad el año pasado. El efecto llamada, fruto de la llegada masiva de turistas a la ciudad, atrajo a centenares de vendedores. La saturación del espacio con unidades de la policía se sucedió durante todo el verano; el mismo plan ya hace semanas que opera en la ciudad.

El dispositivo policial en la capital catalana ha transcurrido en paralelo a la respuesta social por parte del Ayuntamiento. Si bien su primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, reconoce que “el Gobierno de Barcelona podría hacer autocrítica” por la tardanza de la llegada de los planes sociales, también se felicita por las medidas llevadas acabo en los últimos meses.

La más destacada, una cooperativa integrada por ex manteros e impulsada en colaboración con el mismo consistorio. “Para la población estable de 250 vendedores, que consigan salida unos 70 es mucho. Teniendo en cuenta la ley de extranjería... Hay que tener mucha imaginación jurídica para saltar este muro”, sostiene Pisarello. Precisamente por la ley de extranjería no son pocos los que han encontrado escollos para regularizar su situación. Más efectiva se ha mostrado la cooperativa, que ya tiene a 15 personas trabajando en ferias de la ciudad. La cooperativa provoca recelo por otros motivos.

La última gran movilización de personas migrantes en situación de riesgo, y pertenecientes a la economía informal, fue la de los chatarreros. Tras varias protestas de éstos –y los correspondientes rifirrafes con el Gobierno de Xavier Trias–, el Ejecutivo convergente montó una cooperativa que con el paso del tiempo desorganizó al colectivo. Apagó su voz política.

Así lo recuerda Áurea Martín, de Tras la Manta. Comparte la visión de la activista Aziz Faye. “No creamos el Sindicato para conseguir 15 o 20 puestos de trabajo, sino para que se escuchara a los excluidos”, dice. Y prosigue: “Esa cooperativa tiene que ser independiente del Ayuntamiento, no para sus propagandas mediáticas”. La razón de ser del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes es que, en un futuro, quien coja el metro en la parada Besòs Mar sin miedo a volver a casa sin material. Volver magullado. O no volver.

A la costa de Kayar es dedica una gran extensió de platja a assecar peix. Quan van mal dades, aliments com aquesta conserva són un important recurs per a les famílies. Malik Wade és pescador però en dies com avui, amb mala mar, es concentra en arreglar les xarxes. “Viure aquí és una mica dur, per això ens sentim amb força per anar a Espanya”, diu. Aquesta força la prova la seva història. El 2008 va conduir una pastera amb 109 persones fins a Tenerife.

Kayar, al nord de Dakar, és una població de només 18.000 habitants, però de la seva platja han sortit no poques embarcacions rumb a Europa. Un veí de Wade va organitzar un d'aquests viatges, però les rutes que emprenen els capitans de les embarcacions són només d'anada, i per això al cap d'un temps li va demanar a ell que conduís un altre d'aquests vaixells. Portar l'embarcació li donava dret a quatre places, que va repartir entre amics i familiars; la resta de passatgers van pagar uns 450.000 francs CFA (al voltant de 686 euros) pel viatge.

La travessia del pescador va ser tranquil·la. Recorda que van sortir un 4 de setembre a mitjanit i sis dies més tard eren acollits per la Creu Roja a la platja de Tenerife. Les dificultats van arribar més tard, buscant-se la vida a la península i després a Itàlia. Va viure a empentes i rodolons, fins que un bon dia la policia el va parar en una batuda i el va deportar mentre tractava d'aconseguir un permís de residència.

“La migració irregular del Senegal a Espanya i a Europa va tenir molta atenció mediàtica el 2005 i el 2006 amb l'arribada d'unes 30.000 pasteres per any”, recorda Jo-Lind Roberts-Sene, de l'Organització Internacional per a les Migracions (OIM). “Es van formar patrulles a la costa senegalesa amb el suport del Govern espanyol i de Frontex [agència de la Unió Europea per al control de les fronteres exteriors] al llarg de la frontera senegalesa per evitar que sortissin més pasteres del Senegal”.

Per a Júlia Trias, d'Irídia Centre per la Defensa dels Drets Humans, aquest acord es dóna com a part d'una política d'externalització de fronteres per part d'Espanya i de la Unió Europea. “El que procura aquesta política és que determinades persones no puguin ni tan sols acostar-se a les fronteres europees”, apunta.

“El 2006 es crea un acord de col·laboració entre Espanya i Senegal que el que intenta, de manera molt clara, és que el Senegal retingui els fluxos migratoris que surten cap a les Canàries, i a canvi el que ofereix Espanya –i per extensió la UE– són una sèrie d'acords que citen com a processos de democratització, sobretot recursos i inversió”, explica Trias. La política de patrulla i controls tèrmics de la frontera va aconseguir el seu objectiu i el 2009 les 30.000 arribades anuals a Canàries s'havien reduït en un 87%.

Aquesta externalització de fronteres, sosté l'activista, ha fet que les vies d'entrada als països europeus siguin cada vegada menys segures. I més cares, reforça Jo-Lind Roberts-Sene. “Les rutes que prenen els migrants avui, per Mali, Níger i fins a Líbia, per després creuar el Mediterrani, té costos més alts; poden pagar prop de 3.000 euros arribar a Líbia, abans de creuar a Itàlia”, diu la cap de missió de l'OIM al Senegal. Més de quatre vegades més car que els prop de 700 euros que gastaven els migrants per pujar a una pastera.

“En el periple que fan les persones per arribar a les fronteres d'Espanya, Itàlia o Grècia, es troben en una situació de vulnerabilitat, i especialment en el cas de les dones, hi ha el risc de caure en xarxes de tràfic de persones o patir violència física i sexual”, afegeix Trias.

Les polítiques de fronteres espanyoles i europees no només tenen conseqüències en les rutes, també en tenen quan s'arriba a la destinació. Aziz Faye, portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, les ha viscut moltes vegades en la seva pròpia pell, aquestes conseqüències. Des de Senegal se'n va anar a Mauritània, a treballar com a pescador, però allà tampoc guanyava suficient per viure, així que l'agost de 2006 va decidir agafar una altra pastera cap a Espanya. Quan va arribar, el van internar al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) d'Hoya Fría, a Tenerife, i 40 dies més tard el van deportar a Senegal. Ho va tornar a intentar una segona vegada, i encara una tercera, fins que va poder sortir del CIE i anar cap a la península. Al juny de 2007 va arribar a Barcelona.

“Formalment la funció d'un CIE és senzillament tenir la gent retinguda i impedir-li la llibertat de moviment mentre es gestiona la seva deportació, però en més de la meitat dels casos no s'aconsegueix la deportació als 60 dies que poden tenir a una persona allà dins”, explica Mercè Duch, de la plataforma Tanquem els CIEs. Duch es pregunta quina funció té aleshores un CIE.

Les persones que queden en llibertat, sosté l'activista, “simplement tornen a la situació en què estan absolutament vulnerabilitzades, en qualsevol moment poden tornar a ser detingudes, tancades al CIE i potser deportades”. És el cas d'Aziz Faye, que va tornar a passar pel CIE més vegades després d'arribar a la península. Per exemple, el 2011 quan tramitava un permís de residència.

“Dos policies em van identificar en una estació de tren, sent jo l'únic negre, i com que no tenia documentació em van portar a comissaria, i encara no sé perquè vaig acabar al CIE, si estava tramitant els documents!”. Així recorda Faye, incrèdul, aquell episodi, en què va acabar deportat. Tot i això, l'ara portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants va tornar al cap de quatre mesos, fent gala de la persistència amb que ja havia aconseguit arribar a Europa anys abans. La seva tenacitat estava reforçada pel fet d'haver teixit vincles ja a Barcelona.

Després d'una trobada d'entitats socials en un equipament municipal de Barcelona, Mercè Duch lamenta que en l'actualitat estiguin creixent les deportacions exprés, en què una persona que té una ordre d'expulsió –en alguns casos expedida anys abans– pot ser identificada en ple carrer, retinguda a comissaria i finalment deportada. Tot en 72 hores.

“I també hi ha els vols de la vergonya”, apunta Duch. L'activista fa referència a vols que organitza la Unió Europea per deportar migrants de forma massiva a un país determinat. “Si tens la mala sort de ser senegalès i que hi hagi un vol al Senegal preparat cap al país en cinc dies... Tens molts números de patir una batuda policial pel teu perfil ètnic”, explica.

Aquesta situació d'irregularitat administrativa a què s'enfronten les persones migrants és al centre del treball de l'Espai de l'Immigrant. César Zuñiga, un dels seus membres, destaca que “hi ha una població, majoritàriament migrant, que treballa al carrer i està per sota de tots els conceptes dels drets humans, de la legalitat i del respecte”. La llista és llarga, i comença amb els manters o els llauners, però segueix amb els xofers que treballen a la porta d'Ikea, les dones que venen globus en zones turístiques, o els venedors de butà migrants. “Si parlem a nivell d'eficiència, convé que hi hagi certes persones que no tinguin accés a aquests drets bàsics per a poder explotar-les”, destaca Júlia Trias.

“L'entramat de la política migratòria europea és tremendament violent, tot està fet per seguir mantenint aquesta posició privilegiada colonial europea, d'aquesta Europa fortalesa, que presumeix de no tenir fronteres, però ho ha fet a costa de blindar-se i deixar fora a una gran majoria de persones”, conclou Mercè Duch. No obstant això, milers de persones, com ho van fer Malik Wade o Aziz Faye, segueixen posant la seva vida en risc a la recerca d'un futur millor.

En la costa de Kayar se dedica una gran extensión de playa a secar pescado. Cuando van mal dadas, los alimentos así conservados son un importante recurso para las familias. Malik Wade es pescador pero en días como hoy, con mala mar, se concentra en arreglar las redes. “Vivir en África es un poco duro, por esto nos sentimos con fuerza para ir a España”, dice. Esa fuerza la prueba su historia. En 2008 condujo un cayuco con 109 personas hasta Tenerife.

Kayar, al norte de Dakar, es una población de tan solo unos 18.000 habitantes, pero de su playa han salido no pocos cayucos rumbo a Europa. Un vecino de Wade organizó uno de esos viajes, pero las rutas que emprenden los capitanes de las embarcaciones son sólo de ida, y por eso al cabo de un tiempo le pidió a él que condujera otra de esos barcos. Llevar la embarcación le daba derecho a cuatro plazas, que repartió entre amigos y familiares; el resto de pasajeros pagaron unos 450.000 francos CFA (alrededor de 686 euros) por el viaje.

La travesía del pescador fue tranquila. Recuerda que salieron un 4 de septiembre a media noche y seis días más tarde eran acogidos por la Cruz Roja en la playa de Tenerife. Las dificultades llegaron más tarde, buscándose la vida en la península y luego en Italia. Vivió a trancas y barrancas, hasta que un buen día la policía lo paró en una redada y lo deportó mientras trataba de conseguir un permiso de residencia.

“La migración irregular de Senegal a España y a Europa tuvo mucha atención mediática en 2005 y 2006 con la llegada de unos 30.000 cayucos al año”, recuerda Jo-Lind Roberts-Sene, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). “Se formaron patrullas en la costa senegalesa con el apoyo del Gobierno español y de Frontex [agencia de la Unión Europea para el control de las fronteras exteriores] a lo largo de la frontera senegalesa para evitar que salieran más cayucos de Senegal”.

Para Júlia Trias, de Irídia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, ese acuerdo se da como parte de una política de externalización de fronteras por parte de España y de la Unión Europea. “Lo que procura esta política es que determinadas personas no puedan ni siquiera acercarse a las fronteras europeas”, apunta.

“En 2006 se crea un acuerdo de colaboración entre España y Senegal que lo que intenta, de manera muy clara, es que Senegal retenga los flujos migratorios que salen hacia Canarias, y a cambio lo que ofrece España –y por extensión la UE– son una serie de acuerdos de lo que llamaron procesos de democratización. Sobretodo recursos e inversión”, explica Trias. La política de patrulla y controles térmicos de la frontera logró su objetivo y en 2009 las 30.000 llegadas anuales a Canarias se habían reducido en un 87%.

Esta externalización de fronteras, sostiene la activista, ha hecho que las vías de entrada a los países europeos sean cada vez menos seguras. Y más caras, refuerza Jo-Lind Roberts-Sene. “Las rutas que toman los migrantes hoy, por Mali, Níger y hasta Libia, para luego cruzar el Mediterráneo, tiene costos más altos; pueden pagar cerca de 3.000 euros llegar a Libia, antes de cruzar a Italia”, dice la jefa de misión de la OIM en Senegal. Más de cuatro veces más caro que los cerca de 700 euros que gastaban los migrantes por subirse a un cayuco.

“En el periplo que hacen las personas para llegar a las fronteras de España, Italia o Grecia, se encuentran en una situación de vulnerabilidad, y especialmente en el caso de las mujeres, hay el riesgo de caer en redes de trata o sufrir violencia física y sexual”, añade Trias.

Las políticas de fronteras españolas y europeas no sólo tienen consecuencias en las rutas, también las tienen al llegar al destino. Aziz Faye, portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, lo ha vivido muchas veces en su propia piel. Desde Senegal se fue a Mauritania, a trabajar de pescador, pero ahí tampoco ganaba suficiente para vivir, así que en agosto de 2006 decidió tomar un cayuco hacia España. Al llegar, lo internaron en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Hoya Fría, en Tenerife, y 40 días más tarde lo deportaron a Senegal. Lo volvió a intentar una segunda vez, y todavía una tercera, hasta que pudo salir del CIE e ir hacia la península. En junio de 2007 llegó a Barcelona.

“Formalmente la función de un CIE es sencillamente tener a la gente retenida e impedirle la libertad de movimiento mientras se gestiona su deportación, pero en más de la mitad de los casos no se consigue la deportación en los 60 días que pueden tener a una persona allí dentro”, explica Mercè Duch, de la plataforma Tanquem els CIEs. Duch se pregunta qué función tiene entonces un CIE.

Las personas que quedan en libertad, sostiene la activista, “simplemente vuelven a la situación en que están absolutamente vulnerabilizadas, en cualquier momento pueden volver a ser detenidas, encerradas en el CIE y quizás deportadas”. Es el caso de Aziz Faye, que volvió a pasar por el CIE más veces después de llegar a la península. Por ejemplo, en 2011 cuando tramitaba un permiso de residencia.

“Dos policías me identificaron en una estación de tren, siendo yo el único negro, y como no tenía documentación me llevaron a comisaría, y todavía no sé porqué acabé en el CIE, ¡si estaba tramitando los documentos!”. Así recuerda Faye, incrédulo, aquel episodio, en el que acabó deportado. Aún así, el ahora portavoz del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes volvió a cabo de cuatro meses, haciendo gala de la persistencia con que la que había logrado llegar a Europa años antes. Su tenacidad estaba reforzada por el hecho de haber tejido vínculos ya en Barcelona.

Tras un encuentro de entidades sociales en un equipamiento municipal de Barcelona, Mercè Duch lamenta que en la actualidad estén creciendo las deportaciones exprés, en las que una persona que tiene una orden de expulsión –en algunos casos expedida años antes– puede ser identificada en plena la calle, retenida en comisaría y finalmente deportada. Todo en 72 horas.

“Y también están los vuelos de la vergüenza”, apunta Duch. La activista hace referencia a vuelos que organiza la Unión Europea para deportar migrantes de forma masiva a un país determinado. “Si tienes la mala suerte de ser senegalés y que haya un vuelo a Senegal preparado hacia el país en cinco días... Tienes muchos números de sufrir una redada policial por tu perfil étnico”, explica.

Esta situación de irregularidad administrativa a la que se enfrentan las personas migrantes está en el centro del trabajo del Espacio del Inmigrante. César Zuñiga, uno de sus miembros, destaca que “hay una población, mayoritariamente migrante, que trabaja en la calle y está por debajo de todos los conceptos de los derechos humanos, de la legalidad y del respeto”. La lista es larga, y empieza con los manteros o los lateros, pero sigue con los chóferes que trabajan en la puerta de Ikea, las mujeres que venden globos en zonas turísticas, o los vendedores de butano migrantes. “Si hablamos a nivel de eficiencia, conviene que hay ciertas personas que no tengan acceso a esos derechos básicos para poder explotarlos”, destaca Júlia Trias.

“El entramado de la política migratoria europea es tremendamente violento, todo está hecho para seguir manteniendo esta posición privilegiada colonial europea, de esta Europa fortaleza, que presume de no tener fronteras, pero lo ha hecho a costa de blindarse y dejar fuera a una gran mayoría de personas”, concluye la Mercè Duch. Sin embargo, miles de personas, como lo hicieron Malik Wade o Aziz Faye, siguen poniendo su vida en riesgo en busca de un futuro mejor.

Les botzines dels cotxes peten amb força als carrers del centre de Dakar. L'aturada dels vehicles és una constant, i a cada buit entre els cotxes, el tapa el conductor més àvid. No sense risc, encara que aquí els mil·límetres semblen metres. El trànsit de cotxes no és l'única constant: persones, cavalls i cabres ocupen cada racó. A la capital del Senegal, el passos de vianants no existeixen, i la carretera es comparteix. Les voreres, també. Al carrer es xerra, es resa, es menja i, és clar, es ven. 

Es ven –més aviat s'ofereix de manera frenètica: una botiga de ventiladors a una rotonda; fruita fresca a una cruïlla; o sabatilles esportives, col·locades en els pivots que delimiten un dels pocs passeigs de la capital. Cada racó és una opció.

No es pot imaginar una Dakar sense venda ambulant, però això no sempre va ser així. L'èxode rural al Senegal va començar cap als anys seixanta del segle passat, i es va anar amplificant als setanta, fruit de les sequeres que van devastar l'economia dels agricultors. Així ho explica Cheick Thiam, president de la Sinergia de Venedors Ambulants per al Desenvolupament (SYMAD).

La mala fama de la venda, segons el mateix Thiam, no es correspon amb la importància de la necessitat per a les persones... I per a les grans empreses al Senegal. Thiam cita el cas de les telefòniques, que aprofiten la venda ambulant per proveir les seves targetes i fer les recàrregues telefòniques. “Aprofiten les xarxes de venedors ambulants als carrers per a oferir els seus productes, i els va molt bé”, comenta.

Cheick Thiam, que fa anys que exerceix com a president de l'associació de venedors ambulants SYMAD a Dakar, també es dedica a la venda. Les camises són la seva especialitat. Quan obre la seva manta, els clients s'hi aproximen a tota velocitat, com abelles a la mel.

Al carrer tothom el coneix. Tant és així que, al cap de poc d'iniciar la conversa davant la càmera, altres venedors deixen els seus assumptes i se li arremolinen. En un país on el 72% de la població activa al comerç treballa en el sector informal, ser el president de la major associació de venedors, ha de donar galons. SYMAD negocia amb el Govern local les condicions de la venda. Com el mateix Thiam reconeix, malgrat que en segons quines zones hi ha llicències, la majoria de gent no les té. L'organització capitanejada per Thiam vetlla per mantenir els espais de venda.

“Després de les sequeres que comentava, molts van optar per l'èxode rural i van envair els centres urbans, sobretot a Dakar, per buscar feina i poder guanyar-se la vida. No es tracta d'instal·lar l'anarquia a la ciutat sinó d'intentar guanyar-se la vida per ajudar a les nostres famílies que s'han quedat als pobles”, matisa Thiam.

Les persones d'àrees interiors van a la capital a la recerca d'oportunitats. Davant la manca de possibilitats, la venda és la sortida més recurrent. El mecanisme és semblant al que es dóna en ciutats com Barcelona. Els venedors compren la mercaderia a grans majoristes. El resultat? Com el mateix Thiam explica, les sabatilles que es poden adquirir a la costa de Kayar poden haver compartit remesa amb les que es poden comprar al Passeig Joan de Borbó de Barcelona. Cheick Thiam assegura que la majoria del seu material procedeix, de fet, d'Holanda i d'Espanya. Una part d'aquest és de segona mà.

En un simple cop d'ull pels carrers de Dakar, no és difícil comprovar que les cares de la majoria de gent que es dedica a la venda comparteixen una característica: traspuen joventut. “Hi ha gent que va cinc anys a l'escola i després ho deixa. Què fan després? Fan d'ambulants aquí i després intenten migrar. Si van a Espanya, seran venedors”, destaca el periodista del diari Le Soleil, Omar Diop.

Sense conèixer-lo, Diop sembla estar definint la vida d'Ousmane Niang, que després de diversos anys estudiant va decidir emigrar per donar suport a la seva família. Ara Niang prefereix protegir la seva veritable identitat; els anys als carrers de Barcelona li han valgut diversos processos judicials. Alguns d'ells oberts.

Quan Niang va arribar a Barcelona, mai s'imaginava que el seu destí estaria entre ulleres de sol i bosses. Però, com li va passar a Aziz Faye, portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants, els vents sobre la necessitat de mà d'obra a Europa sonaven molt diferent a un costat o a un altre de l'Estret de Gibraltar. Els rumors que els van arribar a Niang i a Faye sonaven a ofertes de treball en abundància, però la realitat va ser una altra.

“Un dia vaig sortir al carrer i vaig trobar uns companys aquí a la Rambla, venent. Mai vaig voler vendre, per això em vaig dedicar els vuit primers mesos a buscar feina, però el carrer finalment va ser la meva única solució per a una vida més digna. Va ser llavors quan vaig parlar amb Lamine Sarr [també portaveu del Sindicat Popular de Venedors Ambulants] que em va portar a casa i em va aconseguir uns materials”, diu Faye, precisament des de la mateixa Rambla que tantes vegades ha vist la seva manta estesa. Ara combina la manta i els estudis; està acabant l'educació secundària obligatòria (ESO).

A Dakar la policia també t'empaita, diu Cheick Thiam. I el carrer també castiga (i a molta més temperatura). Sigui com sigui, per a Fatou Mbaye, actual membre de la cooperativa impulsada per ex manters i l'Ajuntament de Barcelona, la situació al Senegal és més suportable: “Hi ha més solidaritat i es comparteix, aquí la gent no té temps de res”, lamenta.

Mbaye, que ha deixat el carrer, s'havia dedicat a fer trenes a la platja de Barcelona o a vendre menjar als seus compatriotes. Però també a la venda ambulant, cosa que també fan altres dones manteres. “Sabem que les trenes són per a l'estiu, i a l'hivern cal treballar també: no queda una altra opció que la venda al carrer, tot i que és molt dura i comporta molts riscos que cal confrontar”, apunta.

Niang sap de la duresa del carrer. Però tot i així es lleva cada dia d'hora. Menja alguna cosa i a les nou ja camina amb els estris cap al Maremàgnum. Estén i plega la manta tantes vegades com sigui necessari, en funció de les patrulles que hi hagi aquest dia. Així durant el matí, i després de dinar, moltes més hores. Un dia més. I així serà –segons diu– com a mínim un parell d'anys més: els 150 euros de mitjana que envia cada mes a la seva família són vitals (la dada ho corrobora també l'Organització Internacional per a les Migracions). Els 150 euros tripliquen el salari mitjà del país, que no arriba als 55 euros (36.000 FCA).